Las multinacionales que no tributan por los beneficios de sus operaciones en España, impiden a Hacienda recaudar cerca de 90.000 millones de euros anuales

1. NOTA DE PRENSA
“Hay demasiada economía sumergida” y fraude fiscal
CIAE (Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español) coincide con el ministro
de Hacienda cuando ayer declaró que en España “hay demasiada economía sumergida”, sin
embargo no podemos estar de acuerdo cuando a renglón seguido concluyó que esa economía
sumergida es difícil de atajar porque “por su naturaleza pertenece al ámbito de lo
desconocido”. Aunque el Gobierno desvincula esa llamada economía sumergida del otro
“ámbito de lo desconocido” que es la evasión fiscal, para CIAE ambas evidencias son distintas
caras de la misma moneda fraudulenta que impide al Estado recaudar lo que necesita para
cubrir las necesidades sociales e impulsar la sociedad en el ámbito económico.
Los propios Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) dibujan claramente el cuadro de
situación del gran fraude: La economía sumergida es el 23,3% del PIB (el doble de la media de
los quince primeros países de la UE). En la otra cara, el fraude es tan colosal que en el último
año la presión fiscal ha caído cinco puntos, aumentando en 7,4 puntos el diferencial con la
media europea. En el ámbito de lo conocido se sitúan las multinacionales que no tributan por
los beneficios de sus operaciones en España, esto impide a Hacienda recaudar cerca de 90.000
millones de euros anuales. Toda esa gran masa de dinero se va por el desagüe de la evasión.
Como consecuencia de este cuadro de situación, los propios Técnicos del Ministerio de
Hacienda estiman que cada español debe compensar esa anormalidad, pagando 1.910 euros
de más en impuestos, dinero que de otro modo iría al consumo.
CIAE coincide con los Técnicos del Ministerio de Hacienda en implementar un nuevo tipo
impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades para los beneficios que superen el millón de
euros, según los Técnicos eso supondría recaudar 13.943 millones de euros. No cabe duda de
que el Estado tiene una mina de oro que no explota y que está al alcance de su mano. Si se
pusiera mano a la obra, y se dotara de medios eficaces para su explotación, la economía real y
el crecimiento se verían estimulados, y las iniciativas del Gobierno, como la futura Ley de
Apoyo al Emprendedor, contarían con presupuestos adecuados para su éxito.
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