Ponencia presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, Lima 23 de octubre de 2015. Sobre los partidos políticos y la crisis del sistema democrático.
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la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes
elecciones.
A tal efecto, deben durar y consolidarse para alcanzar su finalidad
última y legítima de obtener el poder mediante el apoyo popular
manifestado en las urnas.
Más aún, en el Estado de derecho, los partidos políticos deben
expresar el pluralismo político, concurriendo a la formación y
expresión de la voluntad popular, en tanto son instrumento
fundamental para la participación política. Por supuesto, su
estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos, de allí
que los militantes necesitan asegurar su derecho a ser electores y
elegibles para todos sus cargos, a estar informados sobre sus
actividades y situación económica, y a concurrir para formar sus
órganos directores mediante sufragio libre.
En el Perú poco o nada de eso existe. Los partidos reales son
mínimos y ese grave problema afecta no solo a quienes militan en
alguna organización, sino que también cuestiona la calidad de
nuestra frágil democracia.
Los partidos no cumplen con su deber de participaren una
ordenada intermediación política y social entre Estado y sociedad;
sus organizaciones no tienen de alcance amplio (nacional o, por lo
menos, regional), carecen de ideología propia y estable, de una
estructura interna que haga predecible y democrática la elección de
sus dirigentes, y de programas de acción debidamente publicados.
Además no tienen financiamiento transparente y muchas veces
adolecende un liderazgo reconocido.
Actualmente, en nuestro país –quizá con la sola excepción del
Apra- no existen auténticos partidos, porque no cumplen con tales
requisitos. Pero esa dura realidad, aunque indigna, no sorprende: a
lo largo de nuestra república los intentos de partidarización fueron y
siguen siendo poco fructíferos.
Recordemos que el caos se apoderó de los criollos
independentistas en 1821 cuando la Sociedad Patriótica todavía no
decidía si el Perú debía ser una república o una monarquía; luego el
bolivarianismo desestructuró y mutiló al país hasta 1827; después la
malhadada Confederación Peruano – Boliviana partió al Perú en
tres segmentos artificiales entre 1836 y 1839; posteriormente, el
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militarismo se apoderó de la nueva república limeña (y digo esto
porque gran parte del interior continuó siendo feudal) hasta 1872.
Poco después, la infausta Guerra del Pacífico nos arrojó a la
tragedia humana e institucional
Entretanto, en todo el siglo XIX nuestra clase dirigente no tuvo la
capacidad de organizar una visión de Estado soberano, careció de
perspectiva geopolítica y se desbarrancó en el caudillismo torpe,
corrupto y criminal. Inclusive los primeros lineamientos liberales
fueron mayoritariamente trastrocados en los 14 textos
constitucionales que ha tenido en Perú hasta hoy.
Un ejemplo que grafica muy bien este drama son las elecciones de
1851, que constituyeron el primer proceso electoral moderno, con
competidores bien identificados, con debate a través de la prensa y
con una votación aceptable. Esas elecciones fueron convocadas
por el Mariscal Castilla que venía de terminar un gobierno
caudillesco. El pueblo eligió a Rufino Echenique y… sin embargo, el
propio Castilla lo derrocó en 1854 usurpando la presidencia hasta
1862.
Entendámoslo bien, no hemos tenido una tradición partidaria como
sí la tuvieron, por ejemplo, Colombia, Chile y Argentina. El civilismo
auroral de Manuel Pardo y Lavalle, el constitucionalismo del
Mariscal Cáceres y el democratismo de Piérola llevaron al país a
falacias republicanas y pseudo democráticas. De allí el origen de
las oligarquías y las aristocracias que velaron siempre por sus
intereses directos sin construir un auténtico proyecto nacional.
Quizá las únicas excepciones dignas de mencionar esta noche son
las que representaron los dos partidos de izquierda auroral, el
Partido Radical impulsado por don Manuel Gonzales Prada (que
duró entre 1899 y 1902) y el partido Liberal de Manuel Antonio
Durand que se funda en 1901 pero desaparece demasiadopronto.
En cuanto a la participación popular, hasta el leguiísmo, es decir
entre 1919 y 1930, la ciudadanía con derecho a voto estaba
compuestapor apenas el 2% de la población.
Los verdaderos partidos de masas en el Perú comienzan,
respectivamente, con la fundación de la Alianza Popular
Revolucionaria Americana (el Apra) el 7 de mayo de 1924 por obra
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de Víctor Raúl Haya de la Torre; y del Partido Socialista (luego
comunista), el 8 de octubre de 1928 bajo inspiración de José Carlos
Mariátegui. La Democracia Cristiana, luego el PPC aparece recién a
mediados de la década de 1950 y con arrastre esencialmente
costeño, urbano y especialmente limeño pero con ausencia
nacional.
Por supuesto, no intento esta noche hacer una historia cabal de los
todos los partidos políticos peruanos. Pero en una apretadísima
síntesis es justo recordar que entre las décadas de 1930 y 1950
hubo una alternancia nefasta entre caudillos civiles y golpistas
militares aliados de intereses oligárquicos.
Aparte de Haya de la Torre y los perseguidos líderes apristas, quizá
solo son rescatables las figuras de don José Lis Bustamante y
Rivero, presidente en 1945 y 1948; y de don Fernando Belaunde
Terry, fundador en 1956 del otro partido de masas, AcciónPopular.
El velascato socializante que se inició con el golpe de estado de
1968 nunca llegó a tener ideología propia más allá de los esloganes
propagandísticos inventados por sus mastines antidemocráticos. El
retorno a la democracia en 1980 no condujo, sin embargo, al fin del
populismo desgraciadamente proseguido por Belaunde y
empeorado por el primer gobierno de Alan García, cargado de
idealismo pero también de pésima gestión.
Desde la izquierda marxista las luchas intestinas de los comunistas
organizados por las tres líneas históricas, la pro moscovita, la pro
maoísta y la trotskista, desembocaron primero en las guerillas de
1965 lideradas por de la Puente Uceda del MIR que años después
se convertiría en el MRTA; y, luego en Sendero Luminoso, la banda
genocida que hoy se esconde detrás de la fachada del Movadef.
De acara al 2016 esa misma izquierda intenta construir una alianza
frentista improvisada, en la cual las líneas ideológicas y
programáticas son un literal zafarrancho.
Perú Posible es, hasta hoy, un curioso caso de éxito surgido de un
movimiento aluvional en contra del autoritarismo del fujimorato y el
montesinismo. No llega a ser propiamente un partido bien
estructurado y con ideología definida más allá de la conducción
caudillesca de Alejandro Toledo. El nacionalismo, hoy llamado
Gana Perú, es solo un proto partido sin ideología, sin estructura
nacional, sin bases, sin operadores políticos, surgida con
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financiamiento ilegal extranjero, sin un auténtico plan de gobierno y
liderado por una cúpula, como la dirigida por Nadine Heredia, que
está profundamente cuestionada por sus actos de corrupción y por
haber deformado al Ejecutivo con la creación de un poder paralelo
inconstitucional, por lo cual esperamos que pronto sea procesada y
debidamente sancionada.
A nivel de las 24 regiones que componen a la república – es decir
de un proceso artificial que se inició y sigue sin legitimidad- la
situación es peor. No solo por la corrupción sino porque se están
creando desde hace una década una serie de señoríos y regímenes
caudillescos que mayoritariamente solo tienen una mirada
chauvinista y localista con pretensiones autonómicas y con riesgo
para la repúblicaunitaria.
Hoy, pues, con honrosas pero muy pocas excepciones, el común
denominador de la organizaciones políticas peruanas es la
persistencia de cúpulas dirigenciales esencialmente caudillistas, o
basadas en el culto a la personalidad y estructuras jerárquicas
bastante cerradas, cada vez más alejadas de su propia militancia.
De allí la expresióndespectivasobre la ‘clase política’.
La falta de institucionalidad la aportó más recientemente, en la
década de 1990, el fujimorismo, que emergió con la retórica
plagiada de la crisis venezolana contra los inexistentes “partidos
tradicionales” y ofreció una “nueva democracia”, sustentada en ese
hiperpragmatismo al que no le importó traicionar sus planteamientos
(caso del ‘fuji-shock’ inicial), mientras pudiera gobernar a partir de
un mercado desregulado en manos de tecnócratas, mecanismos
populistas en reemplazo de la auténtica inclusión social y
corrupción institucionalizada vía la cooptación del mando civil y las
cúpulas traidoras de las FF.AA.
Entre tanto, en tiempos de política mediática, los ‘independientes’
han desplazado a los partidos, convirtiéndose en gestores de
intereses sectoriales pero sin sólidas bases doctrinales, filosóficas y
programáticas. Y, sobre todo en el interior del país las agrupaciones
oportunistas son, simplemente, frentes anónimos o clubes
electorales.
Los escándalos que vemos en el Congreso de la República son
reflejo, entonces, de una crisis de identidad que se traduce en crisis
de representación ciudadana, y eso implica que en el Perú cada día
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nos alejemos más de la democracia institucional (por ello el ocaso
del Parlamento), para adentrarnos en una forma imprecisa de
democracia de lo público, en la cual la prensa, las encuestas y los
lobbistas terminan siendo representantes precarios de la
ciudadanía.
En la perspectiva académica podemos decir que estamos en un
estancamiento total de el sistema de partidos, no hay
representación ciudadana auténtica, no existe debate ideológico
alturado y tampoco se presentan propuestas programáticas que
puedan ser debidamente analizadas. Volvemos así a la vieja
admonición de Belaunde sobre cómo se ganan las elecciones: por
corrientes emocionales y estados de ánimo, antes que por la razón.
El modelo paradigmático postulado por la politóloga Hannah
Fenitsel Pitkin de la representación ciudadana a través de los
partidos por delegación, por defensa de intereses y por ‘espejo’
sociológico no se cumple.
Edmund Burke advertía, en “Speech to the electors of Bristol”, que
“…El Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden
intereses distintos y hostiles, intereses que cada uno de sus
miembros debe sostener, como agente y abogado, frente a otros
agentes y abogados. El parlamento debe ser una asamblea
deliberante de una nación, con un interés: el de la totalidad; donde
ningún propósito local, ningún prejuicio local, debe guiar, sino el
bien general que resulta de la razón general del todo.”
En cambio, entre nosotros se cumple la advertencia de Bernard
Manin respecto a que “la forma de representación del siglo XX – la
representación partidaria definida por la ideología, los programas y
la organización- ha entrado en crisis y tiende a ser sustituida por la
representación personalizada en la que juegan un papel central los
líderes pragmáticos,los medios,las imágenes y el espectáculo”.
En consecuencia, como bien anota Sartori, “.. el gobierno de la
mayoría se ha convertido en un "gobierno de la cantidad" regido por
la máxima: obtener el máximo número de votos como se pueda y a
cómo dé lugar. Si las elecciones estaban destinadas a seleccionar,
han llegado a mal seleccionar, sustituyendo así la "dirigencia
valiosa" por la dirigencia sin méritos”. Todo eso nos está llevando a
que se cumpla el principio del contratexto subversivo sobre el cual
trabajaron en la década de 1980 los semiólogo Zapata y Biondi,
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advirtiendo que cuando el trabajo de los políticos y las normas que
ellos producen no corresponden al interés real y la necesidad de los
ciudadanos, se genera una reacción subversiva que determina la
fractura institucional del Estado y su eventual inviabilidad.
Frente a eso, no podemos mantenernos en la anomia paralizantes y
el desinterés por la cosa pública so riesgo de convertirnos en los
imbéciles que el mundo helénico describía cuando los ciudadanos
no se interesaban en la cosa pública. Tampoco podemos regirnos
por la oclocracia de las turbas. Es urgente, más bien, abrir un
debate nacional sereno pero profundo, que nos permita encontrar
nuevos caminos de participación y restauración de las instituciones
constitucionales que garanticen un sistema político realmente
representativo y funcional.
Nuestra república está compuesta por 1.845 distritos, 195
provincias y 25 regiones y dentro de pocos meses 31’200.000 de
peruanos tendremos nuevas autoridades que, podrían terminar
siendo advenedizos, dispuestos a lucrar con el dinero de los
ciudadanos y levantarse en peso cuanto recurso estatal les sea
factible.
Nos enfrentamos, así, a una situación complicadísima. La ley
electoral no es adecuada, apenas se le han puesto parches, pero
nadie se ha atrevido a enfrentar la cuestión clave del
financiamiento: ¿Cuánto puede valer una campaña para ser
alcalde? Según cálculos diversos, pero fiables, para Lima
Metropolitana unos 4 o 5 millones de dólares. Para un distrito de
clase media alta, unos 200 mil dólares; para un distrito principal del
interior del país (si no tiene canon) entre 80 mil y 150 mil dólares y
así sucesivamente. Y la ‘inversión’ para una presidencia regional es
multimillonaria, sino pregúntenle al ex presidente de Áncash, quien
sigue preso,lo mismo que el de Cajamarca.
¿Quién financia a los candidatos? Pese a que la ley electoral lo
exige, la ONPE sostiene que hasta hoy solo 13 partidos declararon
sus gastos de campaña del 2011, y de estos, 9 sostuvieron no
haber recibido financiamiento. Es decir, una tomadura de pelo
general.
¿Y para qué tanto afán? Según el JNE, en el país hubo unas
14.171 listas de candidatos, con un número total de postulantes de
116.252 personas para los cargos edilicios y regionales este año.
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¿Postularon solo con la esperanza de ganar sueldos que van de
1.400 a 14.600 soles mensuales? ¿O será para administrar a su
gusto y con poquísimo control más del 60% del presupuesto total
del país?
Después cabe preguntarse: ¿quiénes postulan? Pues pocos
vinculados a la institucionalidad partidaria: 50,8% de las listas de
candidatos son movimientos regionales; 42,26%, partidos políticos
(si puede llamárseles así); 4,44%, alianzas ocasionales; 1,36%,
organizaciones locales provinciales; y 1,14%, organizaciones
locales distritales. En el caso del Vraem (donde campea el
narcoterrorismo), prácticamente no están presentes los partidos,
sino grupos muy vinculados a la mafia de la droga.
Sobre las regulaciones, el abuso del derecho es increíble: los 91
jurados electorales especiales recibieron en las elecciones de este
año más de 4.000 casos (desde tachas, observaciones,
exclusiones, etc.). En cambio, ¿cuántos candidatos realmente han
presentado programas y planes concretos?
En gran medida, las campañas son solo diatribas, insultos,
publicidad chusca y torpe (como recurrir a cómicos y ‘vedettes’ para
llamar la atención), pero hasta hoy hay enorme dificultad para el
elector al identificar en cédulas mal concebidas entre el símbolo
partidario y el candidato por quien votará.
La lista de atingencias es mayor y, aunque se puede entender que
una democracia frágil como la nuestra tenga muchas deficiencias, la
verdad es que, reitero, no tenemos partidos sólidos y eficientes. Por
eso el Estado se debate en manos de muchísimos ineptos. Por eso
necesitamos liderazgos nuevos, honestos y sólidos. Forjar una
alternativa seria y convincente es tarea nuestra, de los académicos
y de los ciudadanos, y, cuidado, porque si no cumplimos con
nuestro rol no nos quejemos: quien elige mal no es víctima, sino
cómplice deldesastre.