Ley Telecomunicaciones

Comité Editorial Sittel
Nélson Guzmán Sanjinés
Gabriela Urquidi Morales
Diego Arce Joffre
Alejandro Montaño
Alejandro Patiño Cordova
María José Guillen

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................................7

LEYES
LEY No. 1600 (28 de octubre de 1994)
LEY DEL SISTEMA DE REGULACIÓN SECTORIAL ...................................................................... 11
LEY No. 1632 (05 de julio de 1995)
LEY DE TELECOMUNICACIONES .................................................................................................... 19
LEY N° 2328 (04 de febrero de 2002)
MODIFICACIÓN AL ART. 22º DE LA LEY 1632.............................................................................. 39
LEY No. 2342 (25 de abril de 2002)
MODIFICACIÓN DE LOS ARTS. 2º, 4º, 11º, 21º, TÍTULO VII Y 28º DE LA LEY 1632........... 41
LEY No. 2341(23 de abril de 2002)
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ............................................................................. 43
LEY No. 2770 (07 de julio de 2004)
LEY DEL DEPORTE ............................................................................................................................... 66

DECRETOS SUPREMOS
DECRETO SUPREMO No. 24504 (21 de febrero de 1997)
REGLAMENTO A LA LEY DEL SISTEMA DE REGULACIÓN SECTORIAL ............................. 69
DECRETO SUPREMO No. 24132 (27 de septiembre de 1997)
REGLAMENTO A LA LEY DE TELECOMUNICACIONES ........................................................... 78
DECRETO SUPREMO Nº 24778 (31 de julio de 1997)
MODIFICACIÓN REGLAMENTO LEY DE TELECOMUNICACIONES ................................ 172
DECRETO SUPREMO No. 25950 (20 de octubre de 2000)
REGLAMENTO DE SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
POR INFRACCIONES AL MARCO JURÍDICO REGULATORIO ............................................. 190
DECRETO SUPREMO No. 26011 (01 de diciembre de 2000)
REGLAMENTO DE INTERCONEXIÓN ......................................................................................... 209
DECRETO SUPREMO No. 26401 (17 de noviembre de 2001)
REGLAMENTO DE FACTURACIÓN, COBRANZA Y CORTE ................................................. 226
DECRETO SUPREMO No. 28038
REGLAMENTO DE FACTURACIÓN, COBRANZA Y
CORTE DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES ................................................................ 229
SUSPENSIÓN OBLIGACIÓN DEL ART. 8º D.S. 26401 ............................................................... 242
DECRETO SUPREMO No. 26005 (30 de noviembre de 2000)
PLAN PARA LA APERTURA DEL MERCADO EN
EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES ................................................................................... 243
DECRETO SUPREMO N° 26248 (12 de julio de 2001)
MODIFICACIÓN PLAN APERTURA DE MERCADO ................................................................ 253
DECRETO SUPREMO No. 26188 (18 de mayo de 2001)
REGLAMENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (PRONTER) .................................. 257

REGLAMENTO GENERAL PARA TOP LEVEL DOMAIN (.BO)
NOMBRES DE DOMINIO INTERNET ............................................................................................ 266
RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA ................................................................................................. 273
DECRETO SUPREMO No. 27779 (08 de octubre de 2004)
REGLAMENTO A LA LEY DEL DEPORTE Y ANEXO ................................................................ 278
DECRETO SUPREMO No. 27113 (23 de julio de 2003)
REGLAMENTO A LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO .................................. 337
REGLAMENTO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA EL SISTEMA DE REGULACION SECTORIAL – SIRESE .................................................. 366

RESOLUCIONES SUPREMAS
RESOLUCIÓN SUPREMA 216900 (18 de noviembre de 1996)
PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS .......................................................................................... 391
RESOLUCIÓN SUPREMA 218762 (19 de mayo de 1999)
APROBACIÓN PLAN INTRODUCCIÓN PCS ............................................................................. 558
RESOLUCIÓN SUPREMA 219129 (09 de junio de 2000)
MODIFICACIÓN APROBACIÓN PLAN INTRODUCCIÓN PCS ........................................... 564
RESOLUCIÓN SUPREMA 218921 (21 de noviembre de 1999)
INTRODUCCIÓN NOTAS NACIONALES BOL 36 Y BOL 37
EN EL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS.............................................................................. 567

RESOLUCIONES MINISTERIALES
RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 46/1998 (26 de marzo de 1998)
REGLAMENTO DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
TÉCNICO DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA
EN FRECUENCIA MODULADA EN LA BANDA DE 88 A 108 MHz .................................... 575
RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 57/1998 (16 de abril de 1998)
REGLAMENTO PARA LOS SERVICIOS MÓVILES SATELITALES ............................................. 594
RESOLUCION MINISTERIAL No. 119/1999 (13 de julio de 1999)
REGLAMENTO DE SERVICIO SATELITAL DIRECTO - DTH ................................................... 598
RESOLUCION MINISTERIAL No. 126/1999 (13 de agosto de 1999)
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO DE
LA RADIOAFICIÓN BOLIVIANA ................................................................................................... 601
RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 120/2001 (05 de octubre de 2001)
COEFICIENTES DE DEPRECIACIÓN ............................................................................................. 620
RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 178/2001 (27 de diciembre de 2001)
REGLAMENTO DEL SERVICIO VIDEOCONFERENCIA ............................................................ 626
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 160/2003 (09 de diciembre de 2003)
COEFICIENTES DE DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS COOPERATIVAS ............................. 630
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 170/2003 (23 DE DICIEMBRE DE 2003)
MODIFICACIÓN AL ART. 2º DE LA R.M. 160/2003 ..................................................................... 632

PRESENTACIÓN

Con la creación del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) en 1994 a través de la Ley
Nº 1600, se concibieron paralelamente, además de las superintendencias sectoriales,
un cúmulo de disposiciones normativas reguladoras de las distintas áreas; es así que
el sector de telecomunicaciones en Bolivia, en esta etapa de su evolución, emergió
con la nueva Ley de Telecomunicaciones Nº 1632 y su reglamentación aprobada por
D.S. 24132.

El desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país durante estos últimos años,
ha sido creciente y vertiginoso, hecho que impulsó la generación y actualización
permanentes -con la participación de la Superintendencia de Telecomunicaciones-
del marco normativo correspondiente, ordenador de los servicios y actividades del
sector, en procura de satisfacer sus constantes desafíos y requerimientos.

Considerando la importancia que reviste el acceso y conocimiento particular de
la normativa por parte de todas las personas interesadas e involucradas en las
telecomunicaciones, el ente regulador emprendió y concluyó una labor institucional
de recopilación minuciosa del derecho, para que el mismo pueda ser utilizado en las
numerosas materias que conforman el sector (leyes, decretos supremos, resoluciones
supremas y ministeriales).

La Superintendencia de Telecomunicaciones, promoviendo la difusión de las normas
en vigencia, presenta el actual compendio de disposiciones, como valioso instrumento
de consulta, orientación y aplicación, en la seguridad que será de utilidad para la
comunidad y todas las esferas de la economía nacional.

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LEY No. 1600

LEY No. 1600
28 DE FEBRERO DE 1994
LEY DEL SISTEMA DE REGULACIÓN SECTORIAL-SIRESE

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º. CREACION Y OBJETIVO. Créase el Sistema de Regulación Sectorial
(SIRESE), cuyo objetivo es regular, controlar y supervisar aquellas actividades de
los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes, aguas
y las de otros sectores que mediante ley sean incorporados al Sistema y que se
encuentren sometidas a regulación conforme a las respectivas normas legales
sectoriales, asegurando que:

a) Las actividades bajo su jurisdicción operen eficientemente, contribuyan al
desarrollo de la economía nacional y tiendan a que todos los habitantes de la
República puedan acceder a los servicios;
b) Tanto los intereses de los usuarios, las empresas y demás entidades reguladas,
cualesquiera fuera su forma y lugar de organización o constitución, como los
del Estado, gocen de la protección prevista por ley en forma efectiva; y
c) La potestad de regulación estatal se ejerza estrictamente de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO 2º. ORGANOS, NATURALEZA Y DOMICILIO. El Sistema de Regulación
Sectorial (SIRESE), como parte del Poder Ejecutivo, bajo tuición del Ministerio de
Hacienda y Desarrollo Económico, estará regido por la Superintendencia General
y las Superintendencias Sectoriales, de acuerdo a lo establecido en la presente ley
y otras normas legales sectoriales y tendrán su domicilio principal en la ciudad de
La Paz.

La Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales, como órganos
autárquicos, son personas jurídicas de derecho público, con jurisdicción nacional,
autonomía de gestión técnica, administrativa y económica.

ARTÍCULO 3º. RECURSOS FINANCIEROS. Las actividades de los órganos del
SIRESE se financiarán mediante tasas y otros recursos que se establecerán en las
normas legales sectoriales respectivas.

TÍTULO II. DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DEL SIRESE

ARTÍCULO 4º. REPRESENTACION, NOMBRAMIENTO Y ESTABILIDAD. La
Superintendencia General del SIRESE estará dirigida y representada por el
Superintendente General, que será designado por el Presidente de la República, de
terna propuesta por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Cámara

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Marco Legal y Reglamentos del Sector de Telecomunicaciones

de Senadores. El Superintendente General tendrá un período de funciones de siete
años, no pudiendo ser reelegido sino pasado un tiempo igual al que hubiese ejercido
su mandato.

El Superintendente General ejercerá sus funciones a tiempo completo y dedicación
exclusiva, con excepción del ejercicio de las funciones docentes universitarias. Será
suspendido de sus funciones únicamente en los casos que determina el inciso b)
del artículo 6º de la presente ley y se restituirá en sus funciones si descarga su
responsabilidad. Podrá ser destituido únicamente en virtud de sentencia ejecutoriada
por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y gozará de caso de corte, de
acuerdo al inciso f) del artículo 118º de la Constitución Política del Estado, o por
los casos previstos en el inciso d) del artículo 6º de la presente ley, debidamente
comprobados.

ARTÍCULO 5º. REQUISITOS. Para ser Superintendente General se requiere tener
la nacionalidad boliviana, poseer título universitario y tener por lo menos diez (10)
años de experiencia profesional.

ARTÍCULO 6º. PROHIBICIONES. No podrá ser nombrado, ni ejercer el cargo de
Superintendente General:

a) El que tuviese conflicto de interés, relación de negocios o participación directa
o indirecta en cualesquiera de las empresas que realicen actividades sujetas a
la regulación del SIRESE;
b) El que tuviese auto final de instrucción que disponga procesamiento penal
o resolución por la que se atribuya responsabilidad administrativa o civil
conforme a la ley;
c) El que hubiese sido condenado a penas privativas de libertad por la comisión de
delitos dolosos, hasta cinco años después de cumplida la condena impuesta;
d) El que tuviese relación de parentesco de consanguinidad, en línea directa o
colateral, o de afinidad, hasta el segundo grado inclusive, con el Presidente o el
Vicepresidente de la República, o con los Superintendentes Sectoriales.

ARTÍCULO 7º. FUNCIONES. La Superintendencia General del SIRESE tendrá las
siguientes funciones:

a) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los recursos jerárquicos contra
las resoluciones de los Superintendentes Sectoriales de acuerdo a la presente
ley, las normas legales sectoriales y las normas procesales aplicables;
b) Fiscalizar y emitir opinión sobre la eficiencia y eficacia de la gestión de los
Superintendentes Sectoriales, y del adecuado control de las personas naturales

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LEY No. 1600

o jurídicas que realicen actividades reguladas de acuerdo a la presente ley y las
normas legales sectoriales;
c) Conocer y resolver aquellos asuntos que sean puestos en su conocimiento
por los Superintendentes Sectoriales, no pudiendo conocer otros asuntos, de
oficio ni a solicitud de parte interesada presentada en forma directa;
d) Adoptar las medidas administrativas y disciplinarias que sean necesarias para
que los Superintendentes Sectoriales cumplan sus funciones de acuerdo con
esta ley, las normas legales sectoriales y la legislación general que les sean
aplicables, libres de influencias indebidas, de cualquier origen;
e) Considerar y aprobar los proyectos de normas internas de la Superintendencia
General y de las Superintendencias Sectoriales;
f) Considerar y aprobar las políticas salariales y de recursos humanos del SIRESE,
así como la estructura general administrativa de cada Superintendencia
Sectorial, en base a las propuestas elevadas por las mismas;
g) Considerar y aprobar o modificar, de manera fundamentada, los presupuestos
elaborados por las Superintendencias Sectoriales, para su incorporación al
presupuesto del SIRESE;
h) Elaborar el presupuesto consolidado del SIRESE y presentarlo al Poder
Ejecutivo, para su consideración e incorporación al proyecto de Presupuesto
General de la Nación, que deberá ser presentado a consideración del Poder
Legislativo;
i) Dirimir y resolver los conflictos de competencias que se susciten entre los
Superintendentes Sectoriales;
j) Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
responsabilidades.

TÍTULO III. DE LAS SUPERINTENDENCIAS SECTORIALES

ARTÍCULO 8º. COMPOSICION, NOMBRAMIENTO Y ESTABILIDAD. Cada
Superintendencia Sectorial estará dirigida y representada por un Superintendente
Sectorial, que será designado por el Presidente de la República, de las ternas
propuestas por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Cámara de
Senadores. El Superintendente Sectorial tendrá un período de funciones de cinco
años, no pudiendo ser reelegido sino pasado un tiempo igual al que hubiese ejercido
su mandato.

Los Superintendentes Sectoriales ejercerán sus funciones a tiempo completo
y dedicación exclusiva, con excepción de la función docente universitaria. Las
normas relativas a la suspensión, restitución y destitución del Superintendente
General establecidas en el artículo 4º de la presente ley son de aplicación a los
Superintendentes Sectoriales.

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ARTÍCULO 9º. REQUISITOS Y PROHIBICIONES. Para ser Superintendente
Sectorial se requiere tener la nacionalidad boliviana, poseer título universitario y
tener experiencia profesional por lo menos de diez (10) años. Las prohibiciones y
normas del artículo 6º de la presente ley son de aplicación a los Superintendentes
Sectoriales.

ARTÍCULO 10º. ATRIBUCIONES. Son atribuciones generales de los Superintendentes
Sectoriales, además de las específicas establecidas en las normas legales sectoriales,
las siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, las normas legales sectoriales y sus
reglamentos, asegurando la correcta aplicación de sus principios, políticas y
objetivos;
b) Promover, en el marco de la ley, la competencia y la eficiencia en las actividades
de los sectores regulados por SIRESE e investigar posibles conductas
monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias en las empresas y entidades
que operan en dichos sectores, cuando considere que pueden ir en contra del
interés público, de acuerdo con el Título V de la presente ley;
c) Otorgar, modificar y renovar las concesiones, licencias, autorizaciones y
registros, y disponer la caducidad o revocatoria de los mismos en aplicación de la
presente ley, las normas legales sectoriales y reglamentos correspondientes;
En caso de concesiones, licencias, autorizaciones y registros relacionados a dos
o más sectores regulados por las normas legales sectoriales, los mismos
serán otorgados en forma conjunta por los Superintendentes Sectoriales que
corresponda.
d) Vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las empresas y
entidades bajo su jurisdicción reguladora y el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo la ejecución del plan de inversiones comprometido
y el mantenimiento de sus instalaciones;
e) Aprobar y publicar precios y tarifas de acuerdo a las normas legales sectoriales,
vigilando su correcta aplicación y asegurando que la información sustentatoria
esté disponible para conocimiento de personas interesadas;
f) Intervenir las empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora y designar
a los interventores, según lo dispongan las normas legales sectoriales;
g) Aplicar sanciones en los casos previstos por las normas legales sectoriales y
por los contratos de concesión y licencia;
h) Conocer y procesar, las denuncias y reclamos presentados por los usuarios,
las empresas y entidades reguladas y los órganos competentes del Estado, en
relación a las actividades bajo jurisdicción del SIRESE;
i) Conocer y resolver, de manera fundamentada, en primera instancia los
recursos de revocatoria que le sean presentados de acuerdo con la presente

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LEY No. 1600

ley, las normas legales sectoriales y las normas procesales aplicables;
j) Proponer al Poder Ejecutivo, normas de carácter técnico y dictaminar sobre los
reglamentos relativos a su sector, informando al Superintendente General;
k) Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
responsabilidades.

TÍTULO IV. CONCESIONES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y REGISTROS

ARTÍCULO 11º. CONCESIONESY LICENCIAS. Las concesiones de servicios públicos
y las licencias cuando corresponda, se otorgarán mediante resolución administrativa
y a nombre del Estado, por el respectivo Superintendente Sectorial, de acuerdo a las
normas legales sectoriales y demás disposiciones legales en vigencia.

Cuando las personas naturales o jurídicas, o los órganos competentes del Estado
demuestren razonablemente que han sido perjudicados en sus intereses legítimos
o en sus derechos, por la otorgación de una concesión o licencia, podrán impugnar
la resolución administrativa correspondiente en los términos y bajo las condiciones
señaladas por la presente ley, otras disposiciones legales vigentes y las normas
procesales aplicables.

Las resoluciones que otorguen concesiones o licencias deberán ser publicadas e
inscritas en un registro público, conforme a las normas legales sectoriales.

ARTÍCULO 12º. PROHIBICIONES. Ninguna concesión ni licencia será otorgada a
personas individuales o colectivas, cuyos socios, asociados, accionistas, directores,
síndicos, representantes legales o apoderados tengan relación de parentesco de
consanguinidad o de afinidad, hasta el segundo grado inclusive, con el Superintendente
General del SIRESE y el respectivo Superintendente Sectorial.

ARTÍCULO 13º. DECLARATORIA DE CADUCIDAD O REVOCATORIA. Las
concesiones y licencias otorgadas por las Superintendencias Sectoriales podrán
ser declaradas caducadas o revocadas únicamente por las causales establecidas en
las normas legales sectoriales, mediante resolución administrativa emitida por la
respectiva Superintendencia Sectorial. Esta resolución administrativa no será efectiva
mientras el titular de la concesión o licencia no haya agotado los recursos previstos
por la presente ley con sujeción a las normas procesales aplicables.

ARTÍCULO 14º. AUTORIZACIONES Y REGISTROS. Las autorizaciones y registros
serán tramitadas, otorgadas y revocadas o canceladas de acuerdo a lo establecido en
las normas legales sectoriales.

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TÍTULO V. DISPOSICIONES ANTIMONOPOLICAS Y DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA

ARTÍCULO 15º. ALCANCES. Salvo por lo dispuesto por las normas legales sectoriales
respectivas, las empresas y demás entidades que realicen actividades en los sectores
de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes y aguas y de otros
sectores que fueran incorporados a los alcances de la presente ley, adecuarán sus
actividades a principios que garanticen la libre competencia, evitando actos que la
impidan, restrinjan o distorsionen.

ARTÍCULO 16º. ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS. Las empresas y entidades que
realicen actividades en los sectores regulados por la presente ley, quedan prohibidas de
participar en convenios, contratos, decisiones y prácticas concertadas, cuyo propósito
o efecto fuere impedir, restringir o distorsionar la libre competencia por medio de:

a) La fijación conjunta, directa o indirecta de precios;
b) El establecimiento de limitaciones, repartición o el control de la producción,
los mercados, fuentes de aprovisionamiento o las inversiones; o
c) El desarrollo de otras prácticas anticompetitivas similares.

ARTÍCULO 17º. PRACTICAS ABUSIVAS. Queda prohibido a las empresas o entidades
sujetas a regulación bajo la presente ley, realizar prácticas abusivas que tuvieran el
propósito o efecto de perjudicar a sus competidores, clientes y usuarios, conduciendo
a situaciones anticompetitivas en la concurrencia a uno o más mercados. Dichas
prácticas abusivas podrán consistir en:

a) La imposición directa o indirecta de precios de compra o de venta u otras
condiciones comerciales no equitativas;
b) La limitación de la producción, de las fuentes de aprovisionamiento, de los
mercados, o del desarrollo técnico, en perjuicio de los consumidores;
c) La aplicación de condiciones desiguales para operaciones equivalentes, que
signifiquen para los clientes y usuarios una situación de desventaja;
d) Subordinar la suscripción de contratos a la aceptación por la contraparte
de obligaciones adicionales que, por su naturaleza, o según las prácticas
comerciales, no sean inherentes al objeto de dichos contratos;
e) Exigir que quien solicite la provisión de un servicio regulado, asuma la condición
de socio o accionista.

ARTÍCULO 18º. PROHIBICION DE FUSIONES ENTRE COMPETIDORES. Quedan
prohibidas las fusiones de empresas y entidades competidoras sujetas a regulación
bajo la presente ley, cuando las fusiones tengan como efecto establecer, promover y
consolidar una posición dominante en algún mercado específico.
A los efectos de esta ley, se entiende que una empresa o entidad tiene una posición

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LEY No. 1600

dominante en el mercado, si como oferente o demandante de un determinado tipo
de bienes o servicios regulados, es la única dentro del mercado o, cuando sin ser la
única, no está expuesta a una competencia sustancial en el mismo.

ARTÍCULO 19º. EXCLUSION. Previo dictamen fundamentado del Superintendente
Sectorial, mediante Resolución Suprema correspondiente, podrán quedar excluidas
de la prohibición establecida en el artículo 18º de esta ley, las fusiones que contribuyan
a la mejora de la producción o distribución de bienes y servicios regulados o a
promover el progreso técnico o económico, en beneficio de los consumidores y
usuarios y que no conlleven la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una
parte sustancial de la producción afectada.

ARTÍCULO 20º. NULIDAD DE PACTOS. Los convenios, contratos y acuerdos
adoptados en infracción de las disposiciones del presente Título serán nulos de pleno
derecho y no causarán efecto legal alguno.

ARTÍCULO 21º. SANCIONES. Las transgresiones a las prohibiciones establecidas en
el presente Título serán sancionadas de acuerdo a las normas legales sectoriales.

TÍTULO VI. IMPUGNACIONES Y RECURSOS

ARTÍCULO 22º. RECURSO DE REVOCATORIA. Las resoluciones pronunciadas por
los Superintendentes Sectoriales podrán ser impugnadas, por cualquier persona natural
o jurídica, o los órganos competentes del Estado, cuando demuestren razonablemente
que han sido perjudicados en sus intereses legítimos o en sus derechos, interponiendo
recurso de revocatoria ante la misma Superintendencia Sectorial, en los términos y
bajo las condiciones y requisitos señalados por las normas procesales aplicables.

Los recursos que se interpongan contra las resoluciones que dispongan cualquier
intervención tendrán efecto devolutivo.

ARTÍCULO 23º. RECURSO JERARQUICO. En los términos y bajo las condiciones
y requisitos establecidos en las normas procesales aplicables, las resoluciones
denegatorias a los recursos de revocatoria pronunciadas por los Superintendentes
Sectoriales, podrán ser impugnadas en recurso jerárquico ante la Superintendencia
General del SIRESE, la cual se pronunciará mediante resolución administrativa, la misma
que agotará el procedimiento administrativo, quedando expedita la vía jurisdiccional
contenciosa conforme a ley.

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TÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 24º. APLICACION DEL TÍTULO V. Las disposiciones contenidas en
el Título V de la presente ley entrarán en vigencia en los plazos que establezcan las
respectivas normas legales sectoriales.

ARTÍCULO 25º. FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SIRESE. De ser
necesario, durante los dos primeros años de actividad del SIRESE, el Gobierno Central
incluirá dentro de su presupuesto anual una apropiación destinada a solventar los
gastos de establecimiento y operación del sistema creado por la presente ley.

ARTÍCULO 26º. PERIODO DE FUNCIONES DE LOS PRIMEROS
SUPERINTENDENTES SECTORIALES. Los primeros Superintendentes Sectoriales
serán designados por un período de diez (10) años. Sin embargo, cada año, a partir
del 31 de diciembre del año 2000, uno de los Superintendentes Sectoriales será
sustituido, mediante sorteo.

ARTÍCULO 27º. REGLAMENTACION. El poder ejecutivo reglamentará la presente ley.

ARTÍCULO 28º. DEROGACIONES. Quedan derogadas todas las disposiciones
contrarias a la presente ley.

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LEY No. 1632

LEY No. 1632
05 DE JULIO DE 1995
LEY DE TELECOMUNICACIONES

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º. OBJETO. La presente ley establece las normas para regular los servicios
públicos y las actividades de telecomunicaciones, que comprenden la transmisión, emisión y
recepción, a través de una Red Pública o Privada, de señales, símbolos, textos, imágenes fijas
y en movimiento, voz, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, o aplicaciones
que facilitan los mismos, por cable o línea física, radioelectricidad, ondas hertzianas, medios
ópticos u otros sistemas electromagnéticos de cualquier índole o especie. Están sometidas
a la presente ley, las personas individuales y colectivas, nacionales y extranjeras que realicen
dichas actividades originadas o terminadas en el territorio nacional.

ARTÍCULO 2º. DEFINICIONES.A los fines de la presente ley, se adoptan las siguientes
definiciones:

Operador. Es la persona individual o colectiva, pública o privada que administra,
controla y mantiene una Red de Telecomunicaciones de su propiedad.

Proveedor de Servicios. Es la persona individual o colectiva que presta Servicios
de Telecomunicaciones al Público.

Red. Son las instalaciones que en su conjunto establecen canales o circuitos entre
dos o más puntos para conducir símbolos, señales, textos, imágenes, voz, sonidos,
datos, información de cualquier naturaleza u otro tipo de señales electrónicas,
mediante líneas físicas, ondas electromagnéticas, medios ópticos, cualquier sistema
electromagnético u otro tipo de conexión. Son parte de la Red, los equipos y
programas desarrollados para la operación de los mismos.

Red Privada. Es aquella operada y utilizada exclusivamente por una persona individual
o colectiva para su propio uso, con el propósito de conectar varias instalaciones de
su propiedad o bajo su control. Esta Red no está interconectada con una Red Pública
conmutada dentro del territorio nacional o en el extranjero.

Red Pública. Es aquella utilizada para prestar Servicios de Telecomunicaciones
al Público, a la que se conectan equipo terminales de los usuarios, a través de
determinados puntos terminales.

Servicio Celular. Es aquel que se presta a través de medios radioeléctricos en las
bandas específicamente determinadas, utilizando equipo terminal móvil o fijo dentro

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del área de servicio del operador, que se encuentra configurada en celdas.
Servicio de Comunicación Personal. Es un Servicio Básico Móvil de
Telecomunicaciones digital que utiliza micro celdas en la banda de frecuencias de 1.8
GHz a 2.1 GHz.

Servicio deTelecomunicaciones al Público. Es un Servicio deTelecomunicaciones
conmutado, dedicado, de difusión o de distribución, que se presta a otra u otras
personas individuales o colectivas ajenas al Proveedor de Servicio. Incluye también
los servicios de reventa y los servicios prestados por una persona colectiva a sus
socios, asociados o miembros, cuando el objeto social de la misma sea la prestación
de servicios de telecomunicaciones. No incluye Servicios de Valor Agregado.

Servicio Local de Telecomunicaciones. Es aquel que se presta entre abonados
conectados a la Red Pública mediante equipo terminal fijo y ubicados dentro de un
área geográfica definida como tal por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Se
utilizan para proveer Servicios Básicos Fijos de Telecomunicaciones utilizando línea
física o frecuencias electromagnéticas específicas para este servicio.

Servicio de Larga Distancia Nacional. Es un Servicio al Público prestado entre
centrales de conmutación, ubicadas en áreas de Servicio Local de Telecomunicaciones
diferentes, dentro del territorio nacional.

Servicio de Larga Distancia Internacional. Es un Servicio al Público prestado
entre un área situada dentro del territorio nacional y otra situada en el extranjero.

Servicio de Teléfonos Públicos. Es aquel disponible al público, a través de puestos
telefónicos, cabinas o equipo terminal accionado por monedas, fichas o tarjetas.

Servicios Básicos de Telecomunicaciones. Son aquellos que agrupan los
Servicios Básicos Fijos de Telecomunicaciones y los Servicios Básicos Móviles de
Telecomunicaciones.

Servicios Básicos Fijos de Telecomunicaciones. Son aquellos que proporcionan
comunicaciones conmutadas de voz en tiempo real entre usuarios de Redes Públicas,
utilizando equipo terminal fijo, inclusive cuando éstas se transmiten en forma
digitalizada.

Servicios Básicos Móviles de Telecomunicaciones. Son aquellos prestados por
estaciones radioeléctricas terrestres con equipo terminal móvil o portátil, que utilizan
bandas de frecuencias específicas, para proporcionar comunicaciones conmutadas de
voz en tiempo real entre usuarios de Redes Públicas.

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LEY No. 1632

Servicios de Llamada Revertida. Son aquellos originados en el país, que permiten
por cualquier medio obtener tono o acceso a una Red Pública ubicada fuera del
territorio nacional, para realizar una comunicación de larga distancia, que se registra
como una llamada originada en dicha Red. No se consideran parte de estos servicios,
aquellos en los que existe un acuerdo específico firmado por un concesionario
nacional autorizado a proveer Servicios de Larga Distancia Internacional y aprobado
por la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Servicios de Distribución de Señales. Son aquellos que se proporcionan solamente
por suscripción, a través de estaciones cuyas emisiones se distribuyen para ser recibidas
por usuarios determinados y la comunicación se realiza en un sólo sentido.

Servicios de Radiodifusión o Difusión de Señales. Son aquellos cuyas emisiones
se destinan a ser recibidas directamente por todo el público, sin otra restricción que
no sea la de contar con un aparato receptor. Estos servicios incluyen los de radio y
televisión, cuya comunicación se realiza en un sólo sentido.

Servicios de Transmisión de Datos. Son aquellos prestados a través de una Red
Pública o Privada, que permiten efectuar comunicaciones codificadas entre equipos
informáticos situados en lugares diferentes. Estos no incluyen Servicios Básicos de
Telecomunicaciones transmitidos utilizando sistemas digitales.

Servicios de Valor Agregado. Son aquellos servicios de telecomunicaciones
que utilizan una Red Pública y aplicaciones de procesamiento computarizado, y
no emplean circuitos propios de transmisión, salvo que sean provistos por un
concesionario. Estas aplicaciones actúan en el formato, contenido, código, protocolo
de la información transmitida por el usuario o le proveen información adicional,
diferente o reestructurada, o lo involucran con información almacenada. No incluyen
Servicios Básicos de Telecomunicaciones.

Servicios no Competitivos. Son aquellos que presta una sola persona individual o colectiva
o que, sin ser la única, no está expuesta a una competencia substancial en el mercado.

Servicio de Radioaficionados. Es aquella actividad de intercomunicación e
investigación para aficionados, que buscan desarrollar la técnica de telecomunicaciones
y que permite la comunicación utilizando bandas y frecuencias autorizadas para dicho
efecto. Estas comunicaciones no podrán versar sobre temas religiosos, políticos,
comerciales ni tendrán finalidad de lucro, sea en forma ostensible o simulada.

Tope De Precios (Mod. p/Ley Nº 2342). Es la metodología utilizada para la
fijación del límite máximo del promedio ponderado de precios, tarifas o cargos de
servicios de telecomunicaciones.

21


Mercado Relevante (Incluido p/Ley Nº 2342). Área geográfica en la que se
provee el servicio, tomando en cuenta los servicios sustitutos, las restricciones
de acceso y el nivel comercial existente. El Reglamento establecerá los aspectos
mínimos que deberá considerar la Superintendencia de Telecomunicaciones para la
determinación del mercado relevante.

Posición Dominante (Incluido p/Ley Nº 2342). Es el control del mercado
relevante que ejerce un proveedor de servicios de telecomunicaciones y que le
permite actuar de modo independiente de sus competidores, clientes o proveedores,
debido a la ausencia de competencia efectiva en dicho mercado. El reglamento
establecerá los aspectos mínimos que deberá considerar la Superintendencia de
Telecomunicaciones para la determinación de la posición dominante por parte de un
proveedor. El proveedor calificado como dominante estará sujeto a las disposiciones
en materia de regulación con el propósito de prevenir el abuso de tal posición, sin
que ello lo exima del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.

Otras definiciones aplicables al sector de telecomunicaciones serán establecidas
mediante reglamento, tomando en cuenta las recomendaciones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones u otros convenios internacionales.

TÍTULO II. ORGANIZACION INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 3º. DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO
Y LA SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTE, COMUNICACION Y
AERONAUTICA CIVIL. El Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico y la
Secretaría Nacional de Transporte, Comunicación y Aeronáutica Civil ejercerán las
funciones relativas al sector de Telecomunicaciones, establecidas en la Ley No. 1493
de 17 de septiembre de 1993 y sus disposiciones reglamentarias. El Poder Ejecutivo
reglamentará el sector de telecomunicaciones, estableciendo las normas de carácter
general para su aplicación por la Superintendencia de Telecomunicaciones.

ARTÍCULO 4º. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA
DE TELECOMUNICACIONES. La Superintendencia de Telecomunicaciones es un
órgano del Sistema de Regulación Sectorial, creado mediante Ley No. 1600 de 28
de octubre de 1994, que regula el servicio público de telecomunicaciones, a cuya
cabeza se encuentra el Superintendente de Telecomunicaciones y cuyas atribuciones
específicas, además de las establecidas en dicha ley, son las siguientes:

a) Suscribir contratos de concesión y enmendarlos dentro del marco de la ley;
b) Controlar y coordinar el uso del espectro electromagnético y controlar los
medios y equipos a través de los cuales se emiten las ondas electromagnéticas.
Asimismo, regular el uso de frecuencias y protegerlas contra cualquier
interferencia dañina;

22

LEY No. 1632

c) Establecer el estándar técnico necesario para operar y mejorar los servicios
de telecomunicaciones;
d) Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones a las
personas individuales y colectivas que provean servicios de telecomunicaciones.
En el caso de Proveedores de Servicios de Radiodifusión o Difusión de Señales,
se requerirá únicamente información técnica;
e) Elaborar y mantener los planes técnicos fundamentales definidos por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones;
f) Considerar, aprobar o rechazar los acuerdos firmados por los Proveedores de
Servicios de Larga Distancia Internacional que establezcan o modifiquen las
tasas contables;
g) Administrar los recursos asignados en su presupuesto;
h) Aprobar los modelos de contratos de adhesión entre el Proveedor de
Servicios y los usuarios, de acuerdo a reglamento;
i) Disponer el uso de normas contables para su aplicación a los Servicios Básicos
de Telecomunicaciones y ordenar a los Proveedores de dichos Servicios la
separación contable y administrativa de los diferentes servicios prestados;
j) Identificar, bajo los criterios establecidos en el reglamento, los Servicios no
Competitivos;
k) Autorizar transferencias, cesiones, arrendamientos o cualquier acto de
disponer de una concesión o licencia; y
l) Realizar los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, de acuerdo a lo establecido en la presente ley y sus reglamentos.
m) (Incluido p/Ley Nº 2342) Elaborar, actualizar y modificar manuales,
instructivos, circulares y procedimientos a ser aplicados en el desempeño de
las funciones que le atribuyen en la presente Ley.
n) (Incluido p/Ley Nº 2342) Cubrir las obligaciones económicas que correspondan
a su participación en organismos nacionales e internacionales a los que
pertenezca.
o) (Incluido p/Ley Nº 2342) Contratar la realización de trabajos relativos al
ejercicio de sus atribuciones a personas naturales o jurídicas especializadas,
cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones lo considere pertinente.

TÍTULO III. CONCESIONES, LICENCIAS, REGISTROS Y PLAZOS

CAPÍTULO I. CONCESIONES

ARTÍCULO 5º. CONCESIONES. La Superintendencia de Telecomunicaciones otorgará
concesiones mediante la suscripción de contratos de concesión, bajo el procedimiento
de licitación pública, para la operación de Redes Públicas de Telecomunicaciones y la
provisión de Servicios de Telecomunicaciones al Público, siempre que se cumpla con
los requisitos técnicos y legales, y una de las siguientes condiciones:

23


a) Cuando así lo determinen los planes elaborados por la Secretaría Nacional de
Transporte, Comunicación y Aeronáutica Civil, aprobados por los Ministerios
de Hacienda y de Desarrollo Económico; o,
b) Cuando exista una solicitud de parte interesada, que reúna los requisitos
técnicos y económicos establecidos en reglamento.

En los casos en que se requiera de licencias directamente relacionadas con la concesión,
las mismas serán otorgadas de manera conjunta. El plazo de estas concesiones, será
similar al plazo de las licencias y no podrá exceder el máximo establecido para las
mismas.

Los servicios de telecomunicaciones, que por razones técnicas y económicas admitan
un número ilimitado de proveedores, según lo establezca el reglamento, no requerirán
de licitación pública. En tal circunstancia, el Superintendente de Telecomunicaciones
otorgará concesiones en forma directa, previa solicitud de parte interesada y siempre
que se cumpla con los requisitos establecidos por la presente ley.

ARTÍCULO 6º. PUBLICACION Y OPOSICION. Para otorgar concesiones y celebrar
contratos de concesión, la Superintendencia de Telecomunicaciones publicará
previamente un extracto de la concesión del servicio a licitarse, a través de por lo
menos un periódico de circulación nacional durante tres días consecutivos. Dentro del
plazo de quince (15) días a partir de la fecha de la última publicación, los propietarios
de bienes y otras personas que creyesen resultar afectadas por el otorgamiento de
dicha concesión, tendrán acceso a la documentación correspondiente para formular
ante la Superintendencia de Telecomunicaciones, las objeciones y observaciones
que juzgasen convenientes, las mismas que serán procesadas y resueltas por la
Superintendencia de Telecomunicaciones, de acuerdo a reglamento.

ARTÍCULO 7º. CONTRATOS DE CONCESION. Los contratos de concesión,
además de los requisitos generales establecidos por ley, deberán contener cláusulas
sobre los aspectos que se señalan a continuación, en la medida en que la naturaleza y
la extensión de los servicios así lo requieran:

a) Objeto, plazo y términos de caducidad;
b) Cláusulas reglamentarias y convencionales;
c) Instalaciones, tipos y áreas de servicios prestados y frecuencias otorgadas;
d) Derechos y protección del usuario;
e) Regulación de tarifas e interconexión;
f) Requerimientos de modernización, expansión y desarrollo de la Red;
g) Obligaciones respecto a servicios rurales;
h) Requisitos para la presentación de informes contables, operativos, de auditoría
e inspecciones;
i) Tasas y derechos;

24

LEY No. 1632

j) Obligaciones en casos de emergencia;
k) Sanciones;
l) Sistema de facturación;
m) Fianzas y otras garantías;
n) Separación contable y estructural de las operaciones;
o) Obligaciones respecto a rutas directas internacionales; y
p) Otras que la Superintendencia de Telecomunicaciones considere necesarias,
dentro del marco de la ley.

ARTÍCULO 8º. TRANSFERENCIA AL NUEVO TITULAR. Al vencimiento del plazo
o declaratoria de caducidad de la concesión, se efectuará una licitación pública
con el fin de otorgar una concesión, mediante un nuevo contrato de concesión
y transferir al nuevo titular todas las instalaciones, equipos, obras y derechos del
titular cesante. Este último tiene la obligación de cooperar durante todo el proceso
de licitación y transferencia, no pudiendo sus acreedores oponerse a la misma. En
el caso de vencimiento de plazo, el titular cesante podrá participar en la licitación
para el otorgamiento de una nueva Concesión. Las disposiciones establecidas en el
presente artículo se aplican únicamente a los Proveedores de Servicios Básicos de
Telecomunicaciones, incluyendo Local, Móviles y Larga Distancia.

El contrato de Concesión de los Servicios autorizará a la Superintendencia de
Telecomunicaciones a efectuar, en ambos casos, la indicada licitación. El monto del
pago que recibirá el titular cesante por los bienes afectados a la concesión será el
valor de libros o el de licitación, el que fuera menor; deduciendo en ambos casos, los
gastos incurridos en el proceso de licitación, multas y/u otros pagos pendientes.

Toda diferencia mayor que no se deba pagar al titular cesante, se depositará en una
cuenta del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para los efectos establecidos en
el Art. 28º de la presente ley.

CAPÍTULO II. LICENCIAS, REGISTROS Y PLAZOS

ARTÍCULO 9º. LICENCIAS. La Superintendencia de Telecomunicaciones otorgará
licencias para las actividades de telecomunicaciones que hagan uso de las frecuencias
electromagnéticas. La licencia para el uso de frecuencias electromagnéticas no
otorga ningún derecho de propiedad y se limita al derecho de uso por un plazo
limitado. Las Licencias para Redes Públicas se otorgarán mediante el procedimiento
de licitación pública, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y legales y una
de las siguientes condiciones:

a) Cuando así lo determinen los planes elaborados por la Secretaría Nacional de
Transporte, Comunicación y Aeronáutica Civil, aprobados por los Ministerios
de Hacienda y de Desarrollo Económico; o

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b) Cuando exista una solicitud de parte interesada, que reúna los requisitos
técnicos y económicos establecidos en reglamento.

Las licencias requeridas para Redes Privadas se otorgarán a solicitud de parte, previo
informe técnico-legal favorable de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Antes de dictarse la resolución administrativa de otorgación de cualquier Licencia,
deben encontrarse vigentes los reglamentos específicos del servicio relacionado a la
misma.

ARTÍCULO 10º. PUBLICIDAD Y OPOSICIÓN. Las disposiciones de publicidad
y oposición establecidas para las concesiones en el Art. 6º de la presente ley, son
también aplicables a las licencias para Redes Públicas. En el caso de las licencias para
Redes Privadas, se publicará un extracto de las mismas en un periódico de circulación
nacional durante tres días consecutivos. De no presentarse objeción alguna en un
plazo de diez días desde la última publicación, la licencia se otorgará siguiendo el
procedimiento establecido en el reglamento.

ARTÍCULO 11º (Mod. p/Ley Nº 2342). DERECHOS POR UTILIZACIÓN DE
FRECUENCIAS. Los titulares de licencias estarán sujetos al pago de derechos por la
asignación y el uso de frecuencias del espectro electromagnético, independientemente
de las tasas establecidas en el Artículo 22° de la presente Ley. Los montos obtenidos
serán depositados en la cuenta bancaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
para los propósitos establecidos en el Artículo 28° de la Ley de Telecomunicaciones,
previas las deducciones descritas a continuación:

a) De los recursos captados por concepto de derechos por asignación de
frecuencias, la Superintendencia de Telecomunicaciones deducirá los recursos
necesarios para pagar obligaciones del Estado Boliviano con la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
b) De los recursos captados por concepto de derechos por el uso de frecuencias,
la Superintendencia de Telecomunicaciones deducirá los recursos necesarios
para cubrir el costo del control del uso del espectro electromagnético.

ARTÍCULO 12º. REGISTRO. La operación o uso de Redes Privadas que se extiendan
fuera del predio del propietario de la misma, así como la provisión de Servicios de
Valor Agregado, requieren del registro correspondiente. El reglamento determinará
el procedimiento de registro.

ARTÍCULO 13º. PLAZOS. Las concesiones tendrán el plazo máximo de cuarenta
(40) años, establecido por el artículo 134º de la Constitución Política del Estado. Las
licencias tendrán un plazo máximo de veinte (20) años y los registros se actualizarán
cada cinco (5) años.

26

LEY No. 1632

El plazo para cada uno de los servicios será establecido por reglamento, con anterioridad
a la licitación pública de la otorgación de las respectivas concesiones y licencias.

CAPÍTULO III. CADUCIDAD, REVOCATORIA Y CANCELACION

ARTÍCULO 14º. CAUSALES. Constituyen causales de declaratoria de caducidad de
concesiones o revocatoria de licencias, las siguientes:

a) Cuando el titular transfiera, ceda, arriende o realice cualquier acto de disponer
de una concesión o licencia, sin autorización previa de la Superintendencia de
Telecomunicaciones;
b) Cuando se dicte auto declarativo de quiebra contra el titular de la concesión
o licencia y el mismo quede ejecutoriado conforme a ley;
c) Cuando el titular no inicie, realice o concluya las obras o instalaciones, ni
efectúe las inversiones requeridas o incumpla las metas de expansión fijadas,
en los plazos establecidos en un porcentaje que, de acuerdo con el contrato
de concesión, sea considerado como causal de declaratoria de caducidad;
d) Cuando el titular, preste un servicio distinto o modifique el objeto para
el cual fue otorgada la concesión o licencia, sin aprobación previa de la
Superintendencia de Telecomunicaciones;
e) Cuando el titular luego de haber recibido una notificación de la Superintendencia
de Telecomunicaciones sobre el reiterado incumplimiento de las disposiciones
contractuales o legales, no las corrija o subsane en los plazos que señale el
contrato; y,
f) Cualquier otra causal establecida en los respectivos contratos de concesión y
en los actos administrativos de otorgación de licencias.

ARTÍCULO 15º. DECLARATORIA. Por las causales señaladas en el artículo precedente,
la Superintendencia de Telecomunicaciones declarará la caducidad de la concesión
y/o la revocatoria de la licencia, mediante resolución administrativa debidamente
fundamentada.

Esta resolución no será efectiva en tanto estén pendientes recursos administrativos
de revocatoria ante el Superintendente de Telecomunicaciones, recursos jerárquicos
ante el Superintendente General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) y
la vía jurisdiccional contencioso administrativa ante la Corte Suprema de Justicia,
conforme a lo establecido por los artículos 22º y 23º de la Ley No. 1600 de 28 de
octubre de 1994.

A fin de garantizar la continuidad del servicio,la Superintendencia deTelecomunicaciones
dispondrá la intervención mientras se proceda a la licitación, adjudicación y posesión
de un nuevo titular de la concesión o licencia, de acuerdo a procedimiento establecido
en reglamento.

27


Las licencias directamente relacionadas a concesiones caducadas serán
automáticamente revertidas.

ARTÍCULO 16º. CANCELACION. Los Registros serán cancelados cuando se
establezca que sus titulares no cumplen con los requisitos de la presente ley y su
reglamento o el servicio haya entrado en desuso.

CAPÍTULO IV. INTERVENCION PREVENTIVA

ARTÍCULO 17º. INTERVENCION PREVENTIVA. En caso de ponerse en riesgo
la continuidad en la provisión de Servicios de Telecomunicaciones al Público, la
Superintendencia de Telecomunicaciones, en el marco de su competencia, designará
un interventor por el plazo de 90 días, de acuerdo al procedimiento establecido en
reglamento y los respectivos contratos de concesión, mediante Resolución Administrativa
debidamente fundamentada y previa notificación al concesionario. El plazo podrá ser
renovado por un período similar, previa aprobación del Superintendente General.

Antes de la conclusión de este plazo, la Superintendencia de Telecomunicaciones, basada
en el informe presentado por el interventor designado para tal efecto, determinará la
declaratoria de caducidad por las causales establecidas en el Art. 14° de la presente ley o, en
su caso, las medidas que el concesionario deberá adoptar para evitar dicha declaratoria.

TÍTULO IV. INTERCONEXION, TARIFAS Y TASAS

CAPÍTULO I. INTERCONEXION

ARTÍCULO 18°. OBLIGATORIEDAD. Las Redes Públicas que sean funcionalmente
compatibles deben estar obligatoriamente interconectadas, respetando los siguientes
principios:

a) Atender de manera oportuna todas las solicitudes de interconexión;
b) Proporcionar interconexión de igual tipo, calidad y funcionalidad a los
Operadores que la soliciten, de acuerdo a los requisitos técnicos establecidos
por reglamento; y
c) Proporcionar oportunamente la información necesaria respecto a planes
técnicos que modifiquen la Red y que podrían afectar en el futuro las
interconexiones.

La interconexión no podrá se interrumpida, salvo autorización de la Superintendencia
de Telecomunicaciones.

ARTÍCULO 19°. CARGOS POR INTERCONEXION. Los cargos por interconexión
se basarán en los costos que demande la provisión eficiente de dicha interconexión

28

LEY No. 1632

y se establecerán de acuerdo a reglamento. Si estos cargos incluyeran un monto
adicional en favor de una de las Redes, el monto adicional sólo podrá ser autorizado
por la Superintendencia de Telecomunicaciones, siguiendo las normas establecidas en
reglamento. Este monto adicional se aplicará a todas las interconexiones similares en
la misma área de servicio.

ARTÍCULO 20°.ACUERDOS DE INTERCONEXION. Los acuerdos de interconexión
deberán ser negociados y definidos entre las partes, con sujeción a la presente ley y sus
reglamentos. El documento resultante de las negociaciones requerirá la aprobación
de la Superintendencia de Telecomunicaciones, de acuerdo a reglamento.

Si las partes interesadas no pudiesen llegar a un acuerdo, cualesquiera de ellas podrá
solicitar que la Superintendencia de Telecomunicaciones establezca los términos y
condiciones que deberán regir el acuerdo de interconexión, el mismo que será de
obligatorio cumplimiento.

CAPÍTULO II. TARIFAS Y TASAS

ARTÍCULO 21° (MOD. P/LEY Nº 2342). POLITICA TARIFARIA.
I. Los precios y tarifas de los servicios de telecomunicaciones serán establecidos
libremente.
II. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia de Telecomunicaciones regulará:
a) Los precios de los servicios prestados por proveedores de servicios que tengan
posición dominante, a través de topes de precios utilizando la metodología a
ser establecida por reglamento.
b) Los cargos de interconexión y los precios de los elementos y servicios de
apoyo de proveedores de servicios que tengan posición dominante, según
metodología a ser establecida por reglamento.
III. La metodología para la fijación del tope de precios se basará en el costo de
prestación del servicio e incluirá ajustes periódicos por inflación y mejoras de
productividad en la industria de telecomunicaciones.
IV. Todos los precios, cargos y tarifas de los servicios de telecomunicaciones deberán
ser publicados por los proveedores de servicios y estar disponibles para los
usuarios, otros proveedores de servicios y público en general.
V. Ningún proveedor de servicios podrá discriminar a otros proveedores de
servicios o abonados, que se encuentren en circunstancias parecidas, en relación
con sus tarifas y precios, incluyendo los cargos de interconexión y los precios de
los elementos y servicios de apoyo.
VI. La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá establecer precios, tarifas
o cargos mínimos para los servicios de telecomunicaciones, utilizando la
metodología a ser establecida por reglamento, para evitar prácticas que restrinjan,
distorsionen o impidan la competencia.
VII. A partir de la fecha de la presente Ley, los operadores de servicio básico local fijo,

29


quedan autorizados a cobrar optativamente a sus abonados, el valor equivalente
a su unidad de medida, un pulso o un minuto, de una llamada local para las
llamadas que se originen hacia las redes de servicio móvil, larga distancia y de
cobro revertido.

ARTÍCULO 22° (Mod. p/Ley Nº 2328). TASAS DE REGULACION. Las actividades
regulatorias de la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como la alícuota parte que
corresponda a la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, serán
cubiertas mediante tasas de Regulación. Los montos y formas de pago de estas tasas
serán establecidos mediante reglamento, en función de los siguientes topes máximos.

a) Para titulares de licencias y/o registros, que no sean Proveedores de Servicios
o no presten Servicios de Valor Agregado: hasta el uno por ciento (1%) anual
del valor estimado de mercado de los equipos utilizados que no son de
propiedad de un Concesionario.
Se excluye a la actividad de la Radioafición de la aplicación de ésta tasa;
b) Para titulares de concesiones, licencias y/o registros, que sean Proveedores de
Servicios o presten Servicios de Valor Agregado: hasta el uno por ciento (1%)
de sus ingresos brutos de operación del año anterior; o
c) Para los Servicios de Radiodifusión o Difusión de Señales: hasta el medio por
ciento (0.5%) de los ingresos brutos de operación de los titulares, deduciendo
las comisiones pagadas a las agencias de publicidad por dichos ingresos y los
impuestos indirectos de Ley.

TÍTULO V. USO DE BIENES PUBLICOS Y SERVIDUMBRES

ARTÍCULO 23°. DERECHO DE USO DE BIENES DE DOMINIO ORIGINARIO DEL
ESTADO. El titular de una concesión tiene el derecho de uso, a título gratuito, de la
superficie, el subsuelo y el espacio aéreo de dominio originario del Estado, destinado
exclusivamente a la prestación del servicio objeto de la concesión.

ARTÍCULO 24°. SERVIDUMBRES. A solicitud del titular de una concesión, el
Superintendente de Telecomunicaciones podrá imponer servidumbres para el tendido
de Redes Públicas, así como para la construcción de obras y otras instalaciones en
bienes de dominio patrimonial del Estado, de cualquier entidad pública, incluyendo las
autónomas, o en bienes de propiedad privada. Los procedimientos serán establecidos
en el reglamento.

Cuando la servidumbre tenga que imponerse sobre bienes de propiedad privada,
el monto indemnizatorio y/o compensatorio se establecerá en negociación directa
entre el titular de la concesión y el propietario del bien. En caso de que éstos no
pudiesen llegar a un acuerdo en el plazo establecido en el reglamento, dicho monto

30

LEY No. 1632

será determinado por el Superintendente de Telecomunicaciones. El simple paso de
Redes Públicas no da derecho al pago compensatorio.

TÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 25º. INFRACCIONES. Constituyen infracciones las transgresiones a las
disposiciones contenidas en la ley No. 1600 de 28 de octubre de 1994, a la presente
ley, a sus reglamentos y a los contratos de concesión y normas aplicables que no
constituyen causales de caducidad, revocatoria o cancelación.

ARTÍCULO 26º. SANCIONES. Sin perjuicio de las sanciones establecidas por el
Código Penal, el Superintendente de Telecomunicaciones aplicará a los infractores,
las sanciones de apercibimiento, secuestro o embargo de equipos y material, multas
e inhabilitación temporal para ejercer las actividades de su giro por un plazo máximo
de un año.

La graduación de las sanciones se establecerá en el reglamento y los montos y forma
de pago en los respectivos contratos de concesión. El monto proveniente del pago
de estas multas se depositará en la cuenta bancaria del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional para los propósitos establecidos en el Art. 28º de la presente ley.

TÍTULO VII. (Mod. p/Ley Nº 2342) TELECOMUNICACIONES DE INTERES
SOCIAL

TÍTULO VII. TELECOMUNICACIONES EN EL AREA RURAL

ARTÍCULO 27º.OBLIGACIONES PARA ELAREA RURAL.Los titulares de concesiones
de Servicios Básicos de Telecomunicaciones tienen la obligación de operar, mantener
y expandir la Red de los servicios rurales, de acuerdo a lo estipulado en los contratos
de concesión.

ARTÍCULO 28º (Mod. p/Ley Nº 2342). TELECOMUNICACIONES DE INTERÉS
SOCIAL. El importe por derechos de asignación y uso de frecuencias, con arreglo a
lo dispuesto en el Artículo 11° de la presente Ley, derechos de concesiones, multas,
los montos de licitaciones para la otorgación de nuevas concesiones, montos netos
resultantes del remate de bienes secuestrados y los excedentes resultantes de
la transferencia a nuevos titulares, serán depositados en una cuenta bancaria del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con destino al financiamiento de proyectos
de telecomunicaciones de interés social que no demuestren niveles de rentabilidad
adecuados. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que se dispondrán estos
recursos, dentro del marco de las políticas integrales de desarrollo del sector de
telecomunicaciones.

31


El Poder Ejecutivo podrá además canalizar, recursos de financiamiento externo para
los proyectos señalados.

TÍTULO VIII. DE LOS ACTUALES OPERADORES

ARTÍCULO 29º. ADECUACION. Los actuales Operadores y Proveedores de Servicios,
cuyas concesiones, licencias, autorizaciones y registros se encuentren vigentes y hayan
sido otorgados conforme a ley, adecuarán las mismas a las disposiciones de la presente
norma legal dentro del plazo de seis meses de su vigencia.

Los Operadores de Redes Privadas, incluyendo servicios IBS, IDS y otros, que en la
actualidad ofrecen servicios a terceros y cuyas concesiones o licencias se encuentren
vigentes y hayan sido otorgadas de acuerdo a ley y se adecuen a la presente norma legal,
podrán continuar ofreciendo dichos servicios hasta el vencimiento de plazo de sus
respectivas concesiones, autorizaciones y licencias. En este caso, los ingresos brutos
contables por venta de dichos servicios de todos estos operadores no excederán el
cuatro (4%) por ciento de los ingresos brutos contables por Larga Distancia Nacional
e Internacional de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).

Los Operadores de Servicios de Radiodifusión o Difusión de Señales y de Distribución
de Señales, cuyas licencias se encuentren vigentes y hayan sido otorgadas de acuerdo
a ley, celebrarán contratos de concesión por los plazos establecidos en la presente
norma legal.

ARTÍCULO 30º. TITULARIDAD DEL ESTADO. De acuerdo a lo establecido por el
artículo 136º de la Constitución Política del Estado, el D.S. 09740 de 2 de junio de
1971 y el D.S. 17730 de 20 de octubre de 1980, en la actualidad el Estado ejerce los
derechos de explotación de todos los servicios públicos de telecomunicaciones a
nivel nacional en forma directa, exclusiva y por tiempo ilimitado, a través de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), con excepción de las concesiones que, por
delegación, fueron otorgadas a personas individuales o colectivas conforme a ley.

ARTÍCULO 31°. CONCESIONES A ENTEL S.A.M. Al amparo de los artículos 1º y
2º de la Ley No. 1544 de 21 de marzo de 1994, a tiempo de constituirse la sociedad
de economía mixta, el Estado aportará a dicha sociedad los derechos y privilegios
de exclusividad de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), para la
explotación de los servicios que se detallan a continuación: Larga Distancia Nacional
e Internacional, satelital, Móvil Celular (Banda “B”), Distribución de Señales por
medio de cable, Transmisión de Datos, telex, telegrafía, rurales, portadores, busca
persona, Comunicación Personal, Teléfonos Públicos, alquiler de circuitos y Local
de Telecomunicaciones. Con el objeto de adecuar los derechos mencionados a la
presente ley y sus reglamentos, el Superintendente de Telecomunicaciones y la Empresa

32

LEY No. 1632

Nacional de Telecomunicaciones (S.A.M.), suscribirán contratos de concesión por el
plazo máximo autorizado por la presente ley.

ARTÍCULO 32º. LIMITACION DE PRIVILEGIO DE EXCLUSIVIDAD. Como efecto
de la capitalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.M. (ENTEL
S.A.M.), de acuerdo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley No. 1544 de 21 de
marzo de 1994, el privilegio de exclusividad a que se refiere el Art. 31º de la presente
ley, se limitará al Servicio de Larga Distancia Nacional e Internacional por un plazo
de seis años, computable a partir de la capitalización de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A.M. (ENTEL S.A.M.).

A los fines de lo dispuesto en la Ley No. 1544 de 21 de marzo de 1994, la conversión
de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones sujeta a la capitalización se considerará
reorganización de empresa y no alterará sus derechos y obligaciones.

ARTÍCULO 33º. ADECUACION DE LAS COOPERATIVAS TELEFONICAS.
Las cooperativas telefónicas que actualmente prestan el Servicio Local de
Telecomunicaciones adecuarán sus derechos vigentes y otorgados conforme a
ley, mediante la suscripción de contratos de concesión con el Superintendente de
Telecomunicaciones, por el plazo máximo autorizado por la presente ley.

ARTÍCULO 34º. PRIVILEGIO DE EXCLUSIVIDAD A LAS COOPERATIVAS
TELEFONICAS. Como efecto de la capitalización de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A.M. (ENTEL S.A.M.) y la suscripción de los contratos de
concesión a que se refiere el Art. 33º de la presente ley, las cooperativas telefónicas
tendrán un privilegio de exclusividad para el Servicio Local de Telecomunicaciones,
en sus áreas de concesión por un plazo similar al establecido en el Art. 32º de la
presente ley, computable a partir de la capitalización de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A.M. (ENTEL S.A.M.).

ARTÍCULO 35º. METAS DE EXPANSION Y CALIDAD. Las metas de expansión y
calidad de los servicios prestados por los concesionarios serán definidas en las cláusulas
reglamentarias del contrato de concesión, en base a estudios de demanda que tomen
en cuenta la realidad socioeconómica del país y de calidad que serán elaborados por
empresas especializadas independientes seleccionadas por los concesionarios de una
nómina establecida por la Superintendencia de Telecomunicaciones y contratadas por
ésta. Estas metas serán reajustadas anualmente y verificadas cada seis meses.

ARTÍCULO 36º. EXTINCION DEL PRIVILEGIO DE EXCLUSIVIDAD. El
Superintendente de Telecomunicaciones declarará la extinción del privilegio de
exclusividad de aquellos concesionarios que no cumplan las metas de expansión o
calidad en un porcentaje establecido en el contrato de concesión, de acuerdo a lo
siguiente:

33


Los operadores de Servicio Local de Telecomunicaciones que cuenten con más de
50,000 líneas instaladas y que incumplan las metas anuales de expansión o calidad,
perderán el privilegio de exclusividad de 20% del mercado en toda su área de
concesión, por cada año de incumplimiento.

Los operadores de Servicio local de Telecomunicaciones que cuenten con menos de
50.000 líneas instaladas y que incumplan las metas anuales de expansión o calidad,
perderán el privilegio de exclusividad de 25% del mercado en toda su área de
concesión, por cada año de incumplimiento.

Como efecto de la extinción del privilegio de exclusividad otorgado a cualesquiera
de las cooperativas telefónicas, la concesión del Servicio Local de Telecomunicaciones
otorgada a la Empresa Nacional Telecomunicaciones S.A.M. (ENTEL S.A.M.), tendrá
eficacia jurídica inmediata, permitiendo que ENTEL S.A.M., o ENTEL capitalizada,
pueda prestar dichos servicios en esa área de concesión. Asimismo, cualquier otro
operador podrá prestar dichos servicios, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente ley.

Los recursos que se interpongan contra esta resolución de extinción tendrán efecto
devolutivo.

TÍTULO IX. OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 37º. INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES. Los servicios
de telecomunicaciones son declarados de utilidad pública. Salvo disposición judicial
en favor de autoridad competente, queda terminantemente prohibido interceptar,
interferir, obstruir, alterar, desviar, utilizar, publicar o divulgar el contenido de las
telecomunicaciones.

ARTÍCULO 38º. SERVICIOS DE LLAMADA REVERTIDA. Está prohibida la
comercialización, promoción, venta o uso de Servicios de Llamada Revertida.

ARTÍCULO 39º. CORTE DE SERVICIO. La falta de pago de los servicios por parte
de un usuario conectado a la Red Pública, dará derecho al Proveedor de Servicio a
proceder al corte del mismo, de acuerdo a reglamento.

Cuando un Usuario no cumpla con el pago por los servicios prestados por un Proveedor
de Servicios que utiliza la Red Pública, el Operador de esta Red, encargado del cobro, está
obligado a efectuar el corte de servicio, cuando el Proveedor de Servicios así lo solicite.

ARTÍCULO 40º. CASOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL. En casos
de guerra internacional, conmoción interna, desastres naturales, calamidades públicas
y paralización de servicios públicos, los Operadores de telecomunicaciones estarán

34

LEY No. 1632

obligados a cooperar con las autoridades en la emisión, transmisión y recepción de
las telecomunicaciones de emergencia que les sean requeridas. Los servicios de
telecomunicaciones relacionados con la protección de la vida de los seres humanos
tendrán absoluta preferencia, sin excepción.

ARTÍCULO 41º (Mod. p/Ley Nº 2328). EXCLUSION. Se excluye de la aplicación
de la presente Ley, a excepción de los aspectos técnicos relacionados con el uso
del espectro electromagnético, las telecomunicaciones vinculadas a la seguridad y la
defensa nacional establecidas por el Poder Ejecutivo, así como las de carácter social
relacionadas con la educación, salud y emergencias, como la actividad de Radioafición.
Estos servicios están exentos del pago de tasas y derechos por utilización de
frecuencia, siempre que utilicen frecuencias electromagnéticas establecidas por los
Ministerios de Hacienda y Desarrollo Económico.

ARTÍCULO 42º. ACTIVIDAD DEL RADIOAFICIONADO. Se reconoce oficialmente
a la Radioafición como una actividad de intercomunicación e investigación para el
desarrollo de la Técnica de las Comunicaciones. En sus fines y propósitos se la declara
de interés nacional.

Los Radioaficionados desarrollan sus actividades sin fines de lucro en servicio de la
comunidad. El Poder Ejecutivo dictará Reglamento en el que se establecerán normas
de su funcionamiento y control por parte de la Superintendencia.

TÍTULO X. DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 43º. RANGO DE LEY. Se eleva a rango de ley los artículos 60 al 70,
73, 75 y 78, del D.S. No. 09740 de fecha 2 de junio de 1971. El término “Dirección
General de Telecomunicaciones” utilizado en dichos artículos será reemplazado por
el término “Superintendencia de Telecomunicaciones”. Estos artículos regularán el
contenido de las emisiones de los Servicios de Radiodifusión en tanto se promulgue
una nueva ley para dichos servicios.

ARTÍCULO 44º. DEROGATORIAY ABROGATORIA. Se deroga todas las disposiciones
contrarias a la presente ley y particularmente el D.S. No. 09740 de fecha 2 de junio de
1971, excepto los Artículos elevados a rango de ley.

Se abroga la Ley No. 603 de 15 de abril de 1984 debiendo el Poder Ejecutivo reglamentar
la disolución y liquidación del Fondo del Trabajador de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (FOTRATEL), así como su distribución en favor de los beneficiarios.

ARTÍCULO 45º. REGLAMENTO. El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones
reglamentarias para la aplicación y cumplimiento de las materias contenidas en la
presente ley.

35


ARTÍCULO 46º. VIGENCIA. La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha
de designación del Superintendente General del Sistema de Regulación Sectorial y
del Superintendente de Telecomunicaciones. Entre tanto continuarán aplicándose las
disposiciones del D.S. No. 09740 de fecha 2 de junio de 1971 y demás disposiciones
reglamentarias.

Juntamente con la presente ley, entrarán en vigencia para el sector de
Telecomunicaciones, las normas contenidas en el Título V de la Ley No. 1600 de fecha
28 de octubre de 1994, salvo las excepciones establecidas en la presente ley.

TÍTULO XI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO I. REORDENAMIENTO DE FRECUENCIAS. El Poder Ejecutivo
procederá al reordenamiento del espectro electromagnético en cuanto a distribución
y asignación de frecuencias, tomando en cuenta las recomendaciones del Sector de
Radio Comunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.),
(antes Comité Consultivo Internacional de Radio “C.C.I.R.”) prohibiendo la asignación
de canales adyacentes en las bandas VHF y UHF de los Servicios de Radiodifusión.

ARTÍCULO II. FUSIONES, ADQUISICIONES Y TRANSFERENCIAS. Durante el
período de seis años establecido en el Art. 32º de la presente ley, los Operadores
de Servicios Básicos de Telecomunicaciones podrán fusionarse entre sí, adquirir o
transferir acciones a otros Operadores similares existentes, previa autorización de la
Superintendencia de Telecomunicaciones.

ARTÍCULO III. DERECHO DE ASIGNACION Y USO DE FRECUENCIA PARA
RADIODIFUSION O DIFUSION DE SEÑALES. Los actuales titulares de licencias
para los Servicios de Radiodifusión o Difusión de Señales estarán exentos de pago de
los derechos de uso de frecuencia.

ARTÍCULO IV.ACUERDOS INICIALES DE INTERCONEXION. Los acuerdos iniciales
de Interconexión a ser establecidos entre los Operadores de Telecomunicaciones
se regirán por los términos, condiciones y cargos generales que determinará la

ARTÍCULO V. TOPES DE PRECIOS INICIALES. Los Topes de Precios iniciales
para todas las Canastas de Servicios no Competitivos serán establecidos por la

ARTÍCULO VI. TRANSFERENCIA A NUEVO TITULAR POR DECLARATORIA DE
CADUCIDAD DURANTE EL PERIODO DE EXCLUSIVIDAD. Para los fines establecidos
en el Art. 8º de la presente ley, cuando se tratare de una declaratoria de caducidad de la
concesión de una cooperativa de teléfonos, que se haya adecuado a la presente ley y sus

36

LEY No. 1632

reglamentos, y mientras esté en vigencia el período de exclusividad establecido en el Art. 34º
de esta ley, el monto que recibirá el titular cesante por los bienes afectados a la concesión
será el valor obtenido de la licitación, deduciendo todos los pasivos, los gastos incurridos en
el proceso de licitación y el diez (10%) por ciento del monto de la licitación.

Este monto será depositado en una cuenta del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
para los efectos establecidos en el Art. 28º de la presente ley.

ADDENDA AL ARTÍCULO 43°. RANGO DE LEY. Se eleva a rango de ley los artículos
………

Art. 60°.- La radiodifusión que comprende la transmisión de sonido, video y otros
tipos, es un servicio de interés público que tiende a elevar el nivel cultural y exaltar
los valores nacionales para conservar la tradición. Propende a fortalecer los principios
de la moral, la dignidad de la persona humana y la familia, así como de la amistad y
cooperación internacionales.

Art. 61°.- Las transmisiones se efectuarán en idioma castellano y lenguas nativas del
país, como también en idiomas extranjeros de acuerdo con las normas previstas por
la Reglamentación.

Art. 62°.- La radiodifusión informa y expresa sus ideas sin censura previa, salvo las
limitaciones establecidas por las Leyes de la República.
Se propalarán informaciones veraces, objetivas e imparciales, procedentes de fuentes
autorizadas que deberán citarse al transmitirlas.

Los responsables de las emisoras controlarán los programas para evitar que aún
las informaciones auténticas puedan dañar o alarmar a la población por la forma u
oportunidad de su difusión.

Art. 63°.- Entre 07:00 y 21:00 horas las transmisiones deben ser aptas para menores,
sin contenido alguno que pueda perturbar el desarrollo normal y armónico de la
niñez y la juventud.

Art. 64°.- El programa de las emisoras comerciales se compondrá diariamente con
un porcentaje de producción nacional y la participación de artistas bolivianos. La
Reglamentación fijará las normas.

Art. 65°.- La publicidad, en su clase, forma y cantidad, no deberá afectar la calidad y jerarquía
de los programas. No está permitido el procedimiento de percepción subliminal.

Art. 66°.- Las emisoras estarán en cadena para la transmisión de programas oficiales
sólo cuando lo disponga el Ministerio de Información.

37


Art. 67°.- Las emisoras están obligadas a realizar transmisiones sin pago alguno en
los siguientes casos:

a) El contemplado en el artículo anterior.
b) Grave emergencia nacional, guerra o alteración del orden público.
c) Mensajes o avisos relacionados con la salvaguardia de la vida humana (SVH), y
de buques, aeronaves o artefactos navales o aéreos que se hallen en peligro.
d) Programas cívicos y de alfabetización.
e) Anuncios de interés general, libre de cómputo comercial, hasta noventa
segundos por hora, a simple requerimiento de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.

Art. 68°.- Las radiodifusoras se clasifican en oficiales y privadas.
Oficiales son las de propiedad de organismos dependientes del Estado y constituyen
la Red Oficial de Radiodifusión.

Privadas son las de propiedad particular que se conceden para fines comerciales o las
que se autorizan con fines exclusivamente culturales o educativos.

Art. 69°.- Las emisoras oficiales no transmitirán publicidad comercial privada, con
excepción de las emisoras de televisión y de aquellas que se encuentran en áreas
donde no exista estación comercial.

Art. 70°.- Está reservada al Estado la transmisión de programas con destino al
exterior. Las estaciones privadas pueden prestar este servicio solamente con
autorización del Poder Ejecutivo, previo informe favorable de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.

Art. 73°.- La concesión para explotar una emisora de radiodifusión, se otorgará
exclusivamente a ciudadanos bolivianos y sociedades comerciales constituidas por
ciudadanos bolivianos.
Las sociedades no podrán ser filiales o subsidiarias de empresas nacionales o
extranjeras, y los capitales deberán ser efectivamente pagados por los socios.

Art. 75°.- No se otorgarán concesiones a los dignatarios de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, personal militar en actividad, dignatarios eclesiásticos y
funcionarios jerárquicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sea a título
personal o como integrante de una sociedad.

Art. 78°.- Los nombres de las emisoras de radiodifusión aprobados por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, aún cuando sean propuestos por los concesionarios,
no serán reconocidos como derechos intelectuales.

38

LEY No. 2328

LEY N° 2328
LEY DE 4 DE FEBRERO DE 2002
MODIFICACIÓN AL ART. 22º DE LA LEY 1632

ARTICULO PRIMERO.- Modifícase el Artículo 22º de la Ley Nº 1632, de
Telecomunicaciones, de acuerdo al siguiente texto:

“ARTICULO 22º.- TASAS DE REGULACION.- Las actividades regulatorias de la
Superintendencia de Telecomunicaciones, así como la alícuota parte que corresponda
a la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, serán cubiertas
mediante tasas de Regulación. Los montos y formas de pago de estas tasas serán
establecidos mediante reglamento, en función de los siguientes topes máximos:
a) a) Para titulares de licencias y/o registros, que no sean Proveedores de
Servicios o no presten Servicios de Valor Agregado: hasta el uno por ciento
(1%) anual del valor estimado de mercado de los equipos utilizados que no son
de propiedad de un concesionario. Se excluye a la actividad de la Radioafición
de la aplicación de ésta tasa;
b) b) Para titulares de concesiones, licencias y/o registros, que sean proveedores
de Servicios o presten Servicios de Valor Agregado: hasta el uno por ciento
(1%) de sus ingresos brutos de operación del año anterior; o
c) c) Para los Servicios de Radiodifusión o Difusión de señales: hasta el medio por
ciento (0.5%) de los ingresos brutos de operación de los titulares, deduciendo
las comisiones pagadas a las agencias de publicidad por dichos ingresos y los
impuestos indirectos de Ley”.

ARTICULO SEGUNDO.- Modificase el Artículo 41º de la Ley Nº 1632, de
Telecomunicaciones, de acuerdo al siguiente texto:

ARTICULO 41ª.- EXCLUSION.- Se excluye de la aplicación de la presente
Ley, a excepción de los aspectos técnicos relacionados con el uso del espectro
electromagnético, las telecomunicaciones vinculadas a la seguridad y la defensa nacional
establecidas por el Poder Ejecutivo, así como las de carácter social relacionadas con
la educación, salud y emergencias, como la actividad de Radioafición. Estos servicios
están exentos del pago de tasas y derechos por utilización de frecuencias, siempre que
utilicen frecuencias electromagnéticas establecidas por los Ministerios de Hacienda y
de Desarrollo Económico.

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los treinta días
del mes de enero de dos mil dos años.

39


Fdo. Enrique Toro Tejada, Luis Ángel Vásquez Villamor, Felix Alanoca Gonzales, Rubén
E. Poma Rojas, Fernando Rodríguez Calvo, Juan Huanca Colque.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cuatro días del mes de febrero de
dos mil dos años.

FDO. JORGE QUIROGA RAMIREZ, Alberto Leytón Aviles, MINISTRO
INTERINO DE LA PRESIDENCIA, Jacques Trigo Loubiere, Carlos Kempff Bruno.

40

LEY No. 2342

LEY No. 2342
25 DE ABRIL DE 2002
LEY DE MODIFICACIONES A LA LEY DE
TELECOMUNICACIONES, No. 1632 DE 5 DE JULIO DE 1995
Y DE OTROS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL SECTOR
DE TELECOMUNICACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA
COMPETENCIA

ARTÍCULO 1º (MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2º, 4º, 11º, 21º, TÍTULO VII
Y 28º DE LA LEY 1632).
[... Las modificaciones se muestran en la propia Ley Nº 1632].

ARTÍCULO 2º (USO DE RECURSOS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES).
A partir de la fecha de promulgación de la presente Ley, no se podrán utilizar los
recursos indicados en el Artículo 28º de la Ley de Telecomunicaciones Nº 1632, de
5 de julio de 1995, para los fines establecidos en el citado Artículo 33º de la Ley de
Reactivación Económica.

ARTÍCULO 3º (COBRO COACTIVO). Las resoluciones administrativas ejecutoriadas
de la Superintendencia de Telecomunicaciones que impongan multas, así como las
que dispongan la existencia de una deuda líquida exigible y vencida, se constituyen
en suficiente título coactivo a efectos de su cobro coactivo, en el marco de lo
aplicable por la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, Decreto Ley Nº 14933, de 29
de septiembre de 1977, elevado a rango de Ley por la Ley Nº 1178, de 20 de julio
de 1990.

ARTÍCULO 4º (PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA). A fin de
promover y defender la competencia, están prohibidas las prácticas anticompetitivas,
las prácticas desleales y las operaciones de concentración económica, entendida ésta
como la toma de control de una o varias empresas, cuyo objeto o efecto sea limitar,
restringir, suprimir o distorsionar el ejercicio de la competencia.

El Poder Ejecutivo reglamentará las prácticas que de acuerdo a sus objetos o efectos
serán consideradas como anticompetitivas, desleales y de concentración económica.

La Superintendencia de Telecomunicaciones está facultada para realizar las acciones
necesarias para:

a) Prevenir, evitar y sancionar las conductas anticompetitivas que restrinjan,
impidan o distorsionen el funcionamiento eficiente del mercado de
telecomunicaciones;

41


b) Controlar las operaciones de concentración económica e impedir prácticas
desleales encaminadas a obstruir o restringir la libertad económica; y

c) Promover la eficiencia económica y la diversidad de la oferta.

42

LEY No. 2341

LEY No. 2341
23 DE ABRIL DE 2002
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º (OBJETO DE LA LEY). La presente Ley tiene por objeto:

a) Establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento
administrativo del sector público;
b) Hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración Pública;
c) Regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos
subjetivos o intereses legítimos de los administrados; y,
d) Regular procedimientos especiales.

ARTÍCULO 2º (ÁMBITO DE APLICACIÓN).
I. La Administración Publica ajustará todas sus actuaciones a las disposiciones de la
presente Ley. A los efectos de esta Ley, la Administración Pública se encuentra
conformada por:
a) El Poder Ejecutivo, que comprende la administración nacional, las
administraciones departamentales, las entidades descentralizadas o
desconcentradas y los Sistemas de Regulación SIRESE, SIREFI y SIRENARE; y,
b) Gobiernos Municipales y Universidades Públicas.
II. Los Gobiernos Municipales aplicarán las disposiciones contenidas en la presente
Ley, en el marco de lo establecido en la Ley de Municipalidades.
III. Las Universidades Públicas, aplicarán la presente Ley en el marco de la Autonomía
Universitaria.
IV. Las entidades que cumplan función administrativa por delegación estatal
adecuarán necesariamente sus procedimientos a la presente Ley.

ARTÍCULO 3º (EXCLUSIONES Y SALVEDADES).
I. La presente Ley se aplica a todos los actos de la Administración Pública, salvo
excepción contenida en ley expresa.
II. No están sujetos al ámbito de aplicación de la presente Ley:
a) Los actos de Gobierno referidos a las facultades de libre nombramiento y
remoción de autoridades;
b) La Defensoría del Pueblo;
c) El Ministerio Público;
d) Los Regímenes agrario, electoral y del sistema de control gubernamental, que
se regirán por sus propios procedimientos;
e) Los Actos de la Administración Pública, que por su naturaleza, se encuentren
regulados por normas de derecho privado; y,

43


f) Los procedimientos internos militares y de policía que se exceptúen por ley
expresa.

ARTÍCULO 4º (PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA).
La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:

a) Principio fundamental: El desempeño de la función pública está destinado
exclusivamente a servir los intereses de la colectividad;
b) Principio de autotutela: La Administración Pública dicta actos que tienen
efectos sobre los ciudadanos y podrá ejecutar según corresponda por sí
misma sus propios actos, sin perjuicio del control judicial posterior;
c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá
sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el
debido proceso;
d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad
material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;
e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración
Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación
y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos,
orientarán el procedimiento administrativo;
f) Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuarán en defensa
del interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre
los administrados;
g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la
Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen
legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario;
h) Principio de jerarquía normativa: La actividad y actuación administrativa
y, particularmente las facultades reglamentarias atribuidas por esta Ley,
observarán la jerarquía normativa establecida por la Constitución Política del
Estado y las leyes;
i) Principio de control judicial: El Poder Judicial, controla la actividad de la
Administración Pública conforme a la Constitución Política del Estado y las
normas legales aplicables;
j) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su
finalidad, evitando dilaciones indebidas;
k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos
administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad,
evitando la realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias;
l) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales
no esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas
posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el
procedimiento administrativo;

44

LEY No. 2341

m) Principio de publicidad: La actividad y actuación de la Administración es pública,
salvo que ésta u otras leyes la limiten;
n) Principio de impulso de oficio: La Administración Pública está obligada a
impulsar el procedimiento en todos los trámites en los que medie el interés
público;
o) Principio de gratuidad: Los particulares sólo estarán obligados a realizar
prestaciones personales o patrimoniales en favor de la Administración Pública,
cuando la Ley o norma jurídica expresamente lo establezca; y,
p) Principio de proporcionalidad: La Administración Pública actuará con
sometimiento a los fines establecidos en la presente Ley y utilizará los medios
adecuados para su cumplimiento.

TÍTULO PRIMERO. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I. REGIMEN DE LOS SUJETOS

SECCIÓN PRIMERA. SUJETOS PUBLICOS

ARTÍCULO 5º (COMPETENCIA).
I. Los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un
asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la
Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias.
II. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable
y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o avocada conforme
a lo previsto en la presente Ley.

ARTÍCULO 6º (CONFLICTOS DE COMPETENCIA).
I. La autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte, podrá pronunciarse
respecto a su competencia para conocer un asunto.
II. Los conflictos por razón de competencia entre autoridades administrativas
serán resueltos por la autoridad que corresponda conforme a reglamentación
especial establecida para cada sistema de organización administrativa aplicable
a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el artículo 2º de la
presente Ley. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

ARTÍCULO 7º (DELEGACIÓN).
I. Las autoridades administrativas podrán delegar el ejercicio de su competencia
para conocer determinados asuntos administrativos, por causa justificada,
mediante resolución expresa, motivada y pública. Esta delegación se efectuará
únicamente dentro de la entidad pública a su cargo.
II. El delegante y el delegado serán responsables solidarios por el resultado y
desempeño de las funciones, deberes y atribuciones emergentes del ejercicio

45


de la delegación, conforme a la Ley No 1178, de Administración y Control
Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y disposiciones reglamentarias.
III. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
a) Las facultades que la Constitución Política del Estado confiere a los poderes
públicos;
b) La potestad reglamentaria;
c) La resolución de recursos jerárquicos, en el órgano administrativo que haya
dictado el acto objeto del recurso;
d) Las competencias que se ejercen por delegación; y,
e) Las materias excluidas de delegación por la Constitución Política de Estado, o
por una ley.
IV. Las resoluciones administrativas dictadas por delegación indicarán expresamente
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante, sin perjuicio
de lo dispuesto en el numeral Il de este artículo.
V. La delegación es libremente revocable, en cualquier tiempo, por el órgano que la
haya conferido sin que ello afecte ni pueda afectar los actos dictados antes de la
revocación.
VI. La delegación de competencia y su revocación surtirán efecto a partir de la fecha
de su publicación en un órgano de prensa de circulación nacional.

ARTÍCULO 8º (SUSTITUCIÓN).
I. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser sustituidos temporalmente
en el ejercicio de sus funciones en casos de vacancia, ausencia, enfermedad,
excusa o recusación. El sustituto será designado conforme a reglamentación
especial para cada sistema de organización administrativa aplicable a los órganos
de la Administración Pública comprendidos en el Artículo 2º de la presente Ley.
II. La sustitución no implica alteración de las competencias y cesará tan pronto
como cese la causa que la hubiera motivado.

ARTÍCULO 9º (AVOCACIÓN).
I. Las autoridades administrativas jerárquicas podrán avocar para sí la competencia
de conocer asuntos que correspondan a sus órganos o autoridades administrativas
dependientes. La avocación se realizará mediante resolución expresa motivada,
pública y cuando concurran circunstancias de índole técnica, económica o legal
que así lo justifiquen.
II. La autoridad administrativa jerárquica avocante será exclusivamente responsable
por el resultado y desempeño de las funciones, deberes y atribuciones emergentes
de la avocación, conforme a la Ley No 1178, de Administración y Control
Gubernamentales y disposiciones reglamentarias.
III. La avocación no será aplicable en las relaciones administrativas de tuición ni en
los Sistemas de Regulación señalados en el Artículo 2º, parágrafo I, inciso a) de la
presente Ley.

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