POLPLASOC

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1.2 Políticas sociales y el estado
Las medidas de orden social son la expresión política visible de la solicitud del
Estado en favor de todos. Antes de la industrialización, la política social no formaba
parte de las funciones del Estado. La educación la aseguraba la convergencia de
fuerzas culturales, religiosas y filantrópicas. Los servicios sanitarios eran
competencia de las instituciones humanitarias y de los individuos.
Con la Revolución industrial, el Estado liberal confío a grupos de intereses diversos
(y con frecuencia opuestos entre sí) y a personas privadas la responsabilidad de
unas medidas que vagamente se pueden llamar "sociales". Este régimen
funcionaba gracias a la iniciativa privada que se ejercía dentro del contexto de una
sociedad que colectivamente minimizaba los problemas sociales o sencillamente
los ignoraba. Correspondía a la Ley, árbitro supremo en el seno de la sociedad,
garantizar la igualdad entre los seres humanos, al menos en un plano abstracto.
En el transcurso del siglo XX, las medidas sociales se convirtieron en parte
integrante de la política del Estado. La reconstrucción que siguió a las dos guerras
mundiales constituyó un contexto nuevo favorable a la introducción de políticas
sociales. De hecho, la institucionalización de la política social ha sido el fruto de un
esfuerzo incesante orientado a reducir los costos humanos de la industrialización:
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los obreros y concebir un mecanismo
de compensación de los riesgos. Poco a poco el Estado se fue comprometiendo en
la vía de los beneficios sociales (en especial indemnizaciones por desempleo), bajo
la constante presión de grupos de intereses en especial los sindicatos. También se
desarrolló el sistema de negociaciones colectivas entre patronos y sindicatos.
Las "políticas sociales" actuales se han elaborado en primer lugar como respuesta
a la "cuestión social", es decir a problemas sociales concretos.

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En lugar de ser un conjunto general de medidas destinadas a resolver un problema
preciso, las nuevas políticas fueron concebidas y aplicadas como reacción a los
desórdenes o a los enfrentamientos que reflejaban una permanente tensión en las
relaciones de poder. De hecho es en los períodos de presión socio-política cuando
parece más eficaz la movilización social; entonces es cuando el Estado y la
Sociedad unen sus fuerzas (como recuerda Boaventura Sousa Santos en un
número reciente de Revista Critica de Ciencias Sociales) para responder a las
nuevas exigencias fundadas en general sobre el principio de "redistribución de
recursos-como-igualdad".
Las ventajas adquiridas durante este proceso lo han sido como consecuencia de la
movilización de los actores que se sentían relegados al último puesto, mientras otros
progresaban económicamente. El régimen de política social nacido de esta relación
entre el Estado, la Sociedad Civil y el ciudadano es lo que llamamos Estado-
Providencia. Aparecen, por consiguiente, de modo general, las características de
las diferentes sociedades de cada nación.
La evolución no ha terminado: en la mayoría de los países los beneficios sociales
tienen que ser conquistados con fuertes luchas. La enseñanza misma no es gratuita
en ciertos países; en otros, aunque se han aprobado las leyes necesarias, no está
prevista la financiación de algunos servicios como la medicina primaria. Es
paradójico que el período actual de transición en Europa central y oriental haya visto
un cambio de la evolución anterior, que supone una regresión en el plano social y
un empobrecimiento de la población. Lo más sorprendente, quizás es que el mundo
actual no es capaz de encontrar una perspectiva global que permita luchar contra la
pobreza y el desempleo y de responder a las necesidades urgentes que van a surgir
del aumento previsible de la población.

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Dado que un número creciente de países están iniciando grandes programas de
desarrollo económico mediante la industrialización, la Comisión sugiere que estos
países se inspiren en un modelo de Estado atento a todos, al menos al comienzo,
a fin de elaborar progresivamente las políticas adecuadas para luchar contra la
privación social y garantizar la seguridad social y la equidad. Según la Comisión, el
Estado-Providencia no es el de comienzos de la industrialización. Un Estado-
Providencia eficaz es más bien un Estado atento a dar la más alta prioridad a la
política social ya moviliza los medios materiales necesarios para ponerla en
práctica.
El compromiso del Estado en favor de la política social
Acabamos de ver que la emergencia del Estado-nación ha coincidido con las
primeras políticas sociales adoptadas por los Estados para hacer frente a las
tensiones sociales nacidas de la industrialización. Es fácil, por tanto, comprender
por qué este tipo de políticas no ha sido elaborado aún en los países en los que el
Estado-nación está formándose todavía o donde la industrialización está en sus
comienzos. Por otra parte, aparecen otras formas de tensión social --como los
conflictos étnicos o religiosos-- que no siempre son favorables a la promoción por el
Estado de los derechos sociales.
Los problemas que se plantean varían de un país a otro. ¿Cómo dar forma a
políticas sociales destinadas a promover los derechos sociales (enseñanza,
sanidad, trabajo, etc.) allí donde las condiciones son totalmente diferentes de las
que han permitido el nacimiento de una protección social ya familiar a muchos de
nosotros? ¿Pertenece a la sociedad civil tomar la iniciativa en este campo? ¿Es muy
importante suscitar la emergencia de una sociedad civil vigorosa? ¿O hay que partir
de la hipótesis según la cual el Estado sólo se sentirá impulsado a actuar cuando
aparecen las tensiones sociales?

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Por su misma definición, el Estado-Providencia es un Estado preocupado por el
bienestar de todos. Da a las familias y a las comunidades la capacidad de responder
a sus necesidades y de proteger el medio ambiente. El Estado atento a todos ofrece
los servicios que acrecientan las capacidades de protección de las familias y las
comunidades, anteponen la prevención y preparan a los individuos para ayudarse
a sí mismos.
El Estado debe permanecer a la escucha de todos, cualesquiera sean las
dificultades respecto a los recursos disponibles y la calidad de la gestión pública.
El Estado-Providencia es el que ha puesto en el corazón de su política, y con el fin
de responder a las diferentes necesidades sociales, la idea de una gratuidad, de
una "descomercialización" de ciertos bienes y servicios. Para conseguirlo ha creado
desde muy pronto grandes administraciones e instituciones cuyo papel es organizar,
gestionar y proporcionar esos bienes y servicios. Esta tendencia se ha invertido
durante el decenio de los 80 en algunos países de Europa y de América del Norte,
cuando ciertos servicios, que hasta entonces pertenecían al sector público han sido
privatizados en nombre de la eficacia y de la economía. Se admite hoy, cada vez
más, que no corresponde al Estado necesariamente el proporcionar esos servicios;
por el contrario, lo suyo es actuar como catalizador, sin abandonar sus deberes
normativos y de reglamentación, ni sus responsabilidades de cuyo ejercicio debe
rendir cuentas.
La evolución de la composición por edades de la población ha tenido consecuencias
sobre la política social. Las tasas de fertilidad más bajas y la esperanza de vida más
larga en los países industrializados han aumentado la importancia de los grupos de
edad de más de 65 años. De ahí la necesidad de poner en marcha estructuras que
proporcionen servicios médicos numerosos (y costosos) y la asistencia domiciliaria,
lo que dará un nuevo sentido a la vida después de la jubilación. La modificación de
la relación entre el número de activos y los desempleados amenaza además con

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poner en peligro, en el futuro, múltiples realizaciones del Estado-Providencia.
La experiencia de Europa del Este ha demostrado que la retirada del Estado de
algunos sectores de la política social y el desmantelamiento de organismos que la
administraban ha sido demasiado rápidas, demasiado brutales y demasiado
desordenadas. El sistema de protección social se ha visto fragmentado, disminuido
y, a veces, destruido.
La Comisión afirma que la política social es el corazón de las responsabilidades del
Estado. Esto puede traducirse, según las circunstancias, en programas sociales
llevados a cabo por las distintas instituciones oficiales o de acuerdo con iniciativas
privadas que intervienen en el marco de una reglamentación que aspira a asegurar
la equidad de las prestaciones. Si la financiación de los compromisos públicos no
está asegurada por el gobierno central, entonces deberá estarlo por el escalón
administrativo inmediatamente inferior, en virtud del principio de subsidiaridad
(devolución de la responsabilidad hacia abajo, en lo más cercano a la zona de
aplicación de la política aprobada).
Aquí se plantean también algunas cuestiones delicadas. ¿Cómo dedicar la energía
y los recursos necesarios a suprimir el azote de la pobreza? ¿Qué incentivos
ayudarán a movilizar los recursos necesarios para la política de sanidad y de
educación, que es indispensable durante la transición demográfica? ¿Cómo
encontrar el equilibrio justo entre indigencia y consumo superfluo? ¿Cómo animar,
mediante una llamada al sentido común, a evitar el derroche para no degradar el
medio ambiente?, Para conseguir una mejora sostenible de la calidad de vida, debe
ponerse la inversión social en el primer puesto de las prioridades oficiales. Este es
el principal

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mensaje de la Cumbre mundial para el desarrollo social. Se adquirieron
compromisos explícitos para suprimir el paro, asegurar el pleno empleo y la
integración social, respetar la igualdad y la equidad entre sexos, aumentar el
volumen de recursos dedicados al desarrollo social para garantizar un acceso
equitativo de todos a la educación y a la protección médica de base, acelerar el
desarrollo de África y de los países menos adelantados y reforzar la cooperación
internacional en el terreno del progreso social. La realización de estos compromisos
debe ser la tarea esencial de los gobernantes de hoy.
No todas las políticas sociales tendrán la misma influencia sobre el proceso de
transición demográfica. En los campos de la educación, de la sanidad y del empleo,
tendrá resultados directos una acción vigorosa y creadora. Y la rapidez con la que
se cumpla determinará las características mismas de la transición.
La Cumbre de Copenhague ha proporcionado una base sólida sobre la que ahora
es necesario construir con ardor. La Comisión aboga por tanto para que se
intensifiquen los esfuerzos para que se cambien prioridades presupuestarias y para
que se persigan nuevos objetivos para luchar contra la exclusión social situación
odiosa en todas sus dimensiones y a todos los niveles. La Comisión considera
también como imperativo que se cumpla sin retrasos el Acuerdo de Copenhague.
Según este acuerdo, todos los países se han comprometido a elaborar estrategias
de reducción general de la pobreza y a tomar las medidas necesarias para la
supresión de los obstáculos estructurales que impiden a los individuos salir de ella;
esta acción debe ser llevada a cabo lo más rápidamente posible, según las
circunstancias propias de cada contexto nacional.Cada país, con la participación de
la sociedad civil, debe elaborar un plan nacional único de desarrollo social que cubra
los principales elementos de la calidad de vida

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(en lo que concierne a los niños, las mujeres, la pobreza, el trabajo, la alimentación,
la vivienda, la educación. la salud y los derechos de reproducción de la vida): este
plan debe explicitar las medidas que se van a tomar en favor de los grupos más
pobres y marginales; precisará los objetivos y los calendarios, así como la
naturaleza de los indicadores que permitan medir los progresos conseguidos. Con
la participación activa de la población, las autoridades locales elaborarán el
programa local de aplicación de ese plan.
La comunidad internacional debe facilitar ese esfuerzo. Ayudará a superar ciertos
obstáculos, tales como el endeudamiento demasiado oneroso y proporcionará lo
esencial de los recursos que permitan a los países afectados actuar eficazmente.
Así se podrá crear una estructura equilibrada para hacer compatibles la economía
global y el uso sostenible de los bienes comunes globales, como los océanos y la
atmósfera.
 La región en la que vivo ya no es lo que era...; hubo un momento en el que
la gente fue engañada por todo lo que era nuevo, como por ejemplo,... las
luces. Éstas las pusieron con un fin (comercial). ¿A dónde va, pues, mi
pueblo? ¡Oh! Las decisiones -- las decisiones para lo mejor y para lo peor.
Llegó el capital a nuestra tierra y algunos ganan dinero con nuestros árboles.
Allí donde antes había bosque se extienden grandes desiertos. Y ¿qué ha
ocurrido con aquellos que abandonaron la tierra para aventurarse en las
ciudades?
Grupo Iluba Elimnyama, Zimbabwe
Sesión Pública de África Austral
 Nuestros políticos tienen una característica: tienen una forma
excepcionalmente cuantitativa de abordar los problemas de la protección
social. El principal personaje de todos los debates es el jubilado... Hay que
precisar la misma noción de "política social". Las prioridades no están ni
identificadas ni determinadas. El carácter transitorio de la crisis engendra una
gran incertidumbre. Es el factor más importante que no puede suprimir una
política social: sólo puede hacerlo si salimos de la crisis
Anatoly Vishnevsky, Moscú
Sesión Pública de Europa del Este