1. DECLARACIÓN PÚBLICA DEL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES ESTATALES FRENTE A LA
REUNIÓN CONVOCADA POR SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
El país requiere un profundo cambio en el modelo educacional y universitario. Los ciudadanos y muy especialmente
nuestros jóvenes se han expresado mayoritariamente, con creatividad y de manera pacífica por estos cambios.
La reunión a la que nos ha invitado el Presidente de la República, constituye una gran oportunidad para que el
Gobierno solucione las graves falencias de la educación superior chilena, que han sido puestas de manifiesto por el
movimiento estudiantil.
Las soluciones debieran contemplar, al menos, las siguientes directrices:
1. La voluntad de fortalecer la Educación Superior Pública. Esto debe materializarse a través del
reconocimiento de un pilar público en educación basado en un trato preferente del Estado con sus
universidades, el cual supone una nueva estructura de financiamiento permanente con aportes basales
incrementados, incluyendo un fondo de revitalización y una Ley de Universidades Estatales. Lo anterior,
garantiza la construcción democrática de la sociedad, a través de espacios laicos, republicanos, pluralistas, con
predominio de lo público y orientados a la inclusión y a la movilidad social.
Adicionalmente, deben fortalecerse las universidades regionales públicas, como instancias de cohesión social y
territorial, vinculadas al desarrollo local y regional. Ellas constituyen un sistema que aporta desde lo regional al
desarrollo nacional.
2. Fin del Lucro en Educación Superior. El Estado debe fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece que las
universidades son corporaciones sin fines de lucro, lo que en nuestra opinión, debe ser aplicable a todo el
sistema de Educación Superior. Para un efectivo cumplimiento de la ley, la fiscalización debe realizarse a
través de una Superintendencia que garantice la total transparencia de ingresos y gastos y del funcionamiento
de las instituciones.
Además, se debe establecer la acreditación obligatoria para todas las instituciones de educación superior y sus
carreras, a través de una Agencia Pública, autónoma y transparente, que incorpore como criterios, además de
la calidad a través de estándares de desempeño, la adecuación de la misión de la institución a objetivos
educativos de país, el desarrollo regional, la ausencia efectiva de lucro y la existencia de organización
estudiantil, académica y funcionaria.
Este nuevo y riguroso sistema de acreditación debe ser prioritario y previo a cualquier expansión de recursos al
sector privado.
3. Inclusión, acceso equitativo y mantención en la educación superior para los alumnos provenientes de
sectores vulnerables. Ello debe considerar criterios de equidad, al incorporar mecanismos de reconocimiento
de talentos complementarios a la PSU, tales como el ranking de egreso de la educación media y propedéuticos,
lo que hace necesario dotar a las instituciones de fondos adecuados para acoger y nivelar a estos alumnos.
Además, el sistema de ayudas estudiantiles debe asegurar becas de gratuidad para el 70% de los estudiantes
con menores ingresos. Para los segmentos superiores, debe existir sistemas de créditos blandos, contingentes
al ingreso, y que no signifiquen subsidios al sistema financiero. Para ello, los aranceles reales deben regularse
por medio de las políticas públicas.
4. Institucionalidad. Se requiere una Subsecretaría de Educación Superior que incorpore Ciencia y Tecnología.
En particular, debe contar con una instancia de dirección, coordinación y financiamiento de la Educación
Superior Estatal, la que debe contemplar la sustentabilidad de las instituciones, planes de desarrollo
plurianuales y evaluaciones periódicas.
Santiago, 2 de Septiembre de 2011