Nuevas disposiciones en el Subsidio Federal encaminado a la Capacitación
1. NUEVAS DISPOSICIONES EN EL SUBSIDIO FEDERAL
ENCAMINADO A LA CAPACITACIÓN.
Derivado de la Reforma Constitucional y para que este sea el organismo
coordinador encargado de coadyuvar al esfuerzo del Gobierno Federal y las
autoridades locales en el proceso de la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal, en el mes de octubre del año dos mil ocho, por decreto presidencial
se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal.
Una vez creado este Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal, se le fueron asignados recursos, para que este los
repartiera entre las entidades federativas, como apoyo a sus esfuerzos en la
implementación de este Nuevo Sistema, dicha repartición principalmente sería
para apoyar los ejes de capacitación, tecnologías de la información, planeación,
normatividad, evaluación y difusión.
Para el caso de esta narración, comentaremos las modificaciones realizadas al eje
de capacitación así como algunas prácticas erróneas de las autoridades locales
que han obligado al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema
de Justicia Penal ha modificar sus políticas en la asignación de recursos y de
cómo se deberán ejecutar los proyectos encaminados a este rubro.
Las entidades federativas solicitaban a la Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, los recursos
necesarios para la correcta implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal,
sin embargo, mas que una solicitud de recursos, literalmente eran cartas a Santa
Claus, pues al no conocer los parámetros en los que el Comité de Subsidios de
este Consejo se basaba para autorizar o no los proyectos presentados por las
entidades y al no existir una tabla proyectos prioritarios para cada Entidad, los
resultados obtenidos no eran los mejores, pues en muchas ocasiones se
autorizaban proyectos que las entidades metían como de relleno y los prioritarios
no resultaban beneficiados.
Así mismo, estos proyectos eran aprobados, pero en muchas ocasiones sufrían
cortes a los montos solicitados, por lo que los proyectos resultaban parcialmente
autorizados, lo que arrojaba los peores finales para estos, al no tener la entidad o
institución encargada de la ejecución de este proyecto, todos los medios para su
realización, por ejemplo, en el año dos mil doce, la Secretaría Técnica autorizó a
una institución la compra de equipo de telecomunicaciones, sin embargo no le
brindo los medios para concretar la instalación de este equipo, el resultado final
fue, que el equipo no fuera instalado y que esta adquisición no sirviera de nada.
Por otra parte, la Secretaría Técnica le aprobó a instituciones proyectos de
capacitación que no se acogían a sus necesidades ni actividades propias, pero
que en ánimo de justificar el gasto del recurso o justificar su trabajo, prefería
capacitaciones no productivas que el no ejercicio del recurso, tal es el caso que se
2. brindó a personal del Sistema Penitenciario una capacitación de la cadena de
custodia, que además tuvo un costo muy elevado y la que si bien, resulta en una
mejor preparación del personal que labora en los CERESOS, quizá hubiera
resultado mejor capacitación mas encaminada a sus funciones y este curso
haberlo desarrollado con policías municipales, pues los custodios difícilmente
podrán acudir a un llamado de emergencia. Lo que nos dice que las entidades
solicitan proyectos para ejercer el recurso, es decir, gastar para que la gente se
cuenta que se está trabajando y la Federación caía en el mismo error, aprobando
cursos de capacitación aún sabiendo que estos no tendrían los mejores
resultados.
Practicas como las anteriormente comentadas, que cabe señalar, no ocurrieron en
Zacatecas y que uno sabe de estas por ejemplos que utiliza el personal de la
Secretaría Técnica Consejo de Coordinación, desembocaron en un cambio en la
manera de presentar los proyectos por las autoridades locales y en la forma de ser
aprobados por el Comité de Subsidios, es decir, ahora para presentar una solicitud
de equipamiento de cómputo, primero se debería presentar la plantilla de personal
a contratar para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, es decir, si la
institución que solicita el proyecto tiene cien operadores, ahora solo se autorizan
equipos de computo para cien personas, no para mas. En el caso de capacitación,
obligaron a las autoridades locales a capacitar solo al personal sustancial y
además a apegarse a los planes nacionales de capacitación, con lo que se
garantiza este año, un mejor ejercicio del recurso.
Por primera ocasión, este año al presentar los proyectos ante la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal, la Entidad fue cuestionada sobre los alcances de los proyectos,
pues antes de recibirlos, una comisión conformada por cada una de las
direcciones, revisaba los proyectos y en el momento trataba de aclarar dudas
sobre los mismos y así mismo solicitaba una justificación de las necesidades
reales, es decir, ahora se defendieron los proyectos y los recortes a los mismos
fueron decisiones bilaterales, por así decirlo, pues si la entidad no podía justificar
la necesidad por ejemplo de una sala de juntas para una oficina que no acredita el
espacio físico suficiente para su instalación, en el momento se desechaban los
bienes solicitados del proyecto, pero también si se acreditaba contar con los
espacios y la necesidad de los mismos, se garantizaba su aprobación.
Este año además de la documentación que año con año era solicitada, la
Federación solicitó que las instituciones acreditaran contar con los espacios físicos
donde colocarían el equipamiento a adquirir, pues en años anteriores se autorizó
equipar edificios inexistentes o que en ese momento estaban en proceso de
construcción, pero que, por falta de recursos, años después aún no se encuentran
concluidos, pero que, por bajar los recursos encaminados al proceso de
implementación eran solicitados y autorizados, aún y cuando ambas partes sabían
que proyectos como estos, tendrían un resultado que podría terminar en
observación de una auditoría.
3. No podemos decir que antes todo era malo, sería erróneo pensarlo así, lo que
ocurre es que antes no existía la fiscalización al recurso que en este momento se
esta dando y tampoco el seguimiento que ahora, también es importante mencionar
que gracias al subsidio recibido, las entidades federativas han tenido avances
considerables en su proceso de implementación, pues han equipado los espacios
en lo que lo operadores laborarán y han capacitado al personal sustancial, así
mismo, han creado o modificado leyes y códigos para que estén alineados al
Nuevo Sistema, entre otros muchos apoyos, que sin lugar a duda, de no existir
este tipo de apoyos, no se hubieran concretado o quizá se hubiera contado con
menos recurso para su realización.
Respecto a los cambios en el eje de capacitación que resulta importante
mencionar para este ejercicio fiscal, es que ahora se establecen topes para el
pago de docentes, ahora se estableció como máximo $800.00 por hora para un
docente que acredite tener el grado de doctor, es importante señalar que el precio
por hora incluye el I.V.A. así como el I.S.R., pues anteriormente se les pagaba a
los docentes hasta $1,500.00 pesos por hora, pero a este precio se le aumentaba
el I.V.A. y el I.S.R., lo que resultaba en capacitaciones carísimas, las que no por el
alto costo significaban que eras las mas adecuadas, pues se les pagaba los
mismo a un docente con licenciatura, que a uno con maestría o doctorado.
Desafortunadamente esto permitía beneficiar no a los docentes mas idóneos para
llevar a cabo las capacitaciones, sin embargo, lo que ahora busca la Secretaría
Técnica Federal es tratar de garantizar que los docentes contratados estén lo
mejor posible preparados, en el entendido que un docente con doctorado, brindará
una mejor capacitación a sus alumnos.
Por otra parte, el obligar a las instituciones a apegarse a los programas de
capacitación establecidos por la autoridad Federal, por un lado garantiza que el
plan de estudios será el adecuado para el personal, evitando practicas como las
que ya anteriormente había comentado, en la que por ejercer el recurso, brindaron
al personal penitenciario, un curso de cadena de custodia, el que como ya
mencionaba, les sirve, pues el curso en verdad se impartió, sin embargo por el
desarrollo de sus funciones, este no es el mas idóneo por el perfil del personal, por
otro lado, ahora se limitan las capacitaciones a cien horas de clase, lo que también
es importante señalar, en algunos casos resulta insuficiente, pues realizar talleres
y simulaciones en una sala de juicio oral, para el personal, resulta en una
experiencia enriquecedora para los operadores, que en cien horas y además si
descontamos las horas en las que se les brindará la teoría en el curso, resulta
insuficiente.
Así mismo el que las instituciones se deban apegar solo a los temarios
establecidos por la autoridad Federal para el desarrollo de sus capacitaciones, es
muy limitativo, considerando el sin fin de temas que existen para capacitar a los
operadores sustanciales del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pues además de
capacitar a estos en temas del derecho penal y normatividad local y Federal en la
materia, así como además los tratados internacionales y si consideramos
derechos humanos y todo el campo que estos abarcan, cualquier plan de
4. capacitación que enumere los temas y asegure que estos en cien horas pueden
ser cubiertos, ya es limitativo.
Estos cambios son positivos y los cambios plasmados este año, son la prueba
latente del ánimo que existe por mejorar las cosas, pues a dos años de que el
Sistema de Justicia Penal entre en operación en todo el país, son pocas las
entidades con avances considerables, pues en este momento existen entidades
que siguen planeando su implementación, es mas, no olvidemos que el Gobierno
Federal, en este momento se encuentra con mínimos avances para su
implementación, pero como mencionaba, los cambios son la prueba latente que el
Consejo de Coordinación pretende eficientar el recurso pues estos dos años que
quedan, el recurso será insuficiente para apoyar no solo a las entidades
federativas, si no además al propio gobierno Federal, aunque no hay que olvidar,
que este año se logró duplicar el recurso en apoyo al proceso de implementación.
Dentro de las nuevas disposiciones también podemos encontrar que ahora se
considera un gasto diario de $30.00 pesos para alimentos de los participantes en
las capacitaciones, lo que nos demuestra lo mal acostumbrados que estamos en
las entidades a solo querer recibir apoyos de la Federación sin dar nada a cambio,
pues no es posible que las propias instituciones no subroguen los gastos del
denominado Cofee Break, considerando el subsidio que ya de por si están
recibiendo y que si comparamos este último gasto, contra el gasto total del curso,
este resulta insignificante.
El gasto para el traslado de los docentes se mantiene en $7,000.00 pesos, si bien
es una inconformidad muy grande en todo el país, pues con esa cantidad no
pueden pagar los boletos de avión con las conexiones que tiene un vuelo de
Chihuahua, esto debería de obligar a las entidades a contratar docentes de
lugares mas cercanos, pues cada año aumenta el padrón de docentes certificados
y traer nuevos docentes permite una capacitación mas diversa. Si bien Chihuahua
fue el primer Estado en implementar en su totalidad el Nuevo Sistema, existen en
las entidades buenos docentes ansiosos por compartir sus experiencias. Lo
anterior obedece a que en muchos lugares solo quieren contratar docentes de ese
Estado.
Finalmente, para que se autorice cualquier curso de capacitación, la institución
responsable de ejecutar el proyecto, deberá demostrar que cuenta con el personal
que se pretende capacitar y que este personal labora para la institución, pues en
algunos casos, instituciones solicitaron recursos para el desarrollo de cursos, sin
embargo, no capacitaron al personal mas importante o vital, es decir, optaron por
capacitar personal de áreas no involucradas con el Nuevo Sistema de Justicia
Penal.
Como hemos podido constatar, existieron muchas anomalías en el ejercicio del
recurso, pero en muchos casos se trato del desconocimiento para contratar,
desarrollar y ejecutar el recurso Federal. Zacatecas ha recibido subsidio en apoyo
a la implementación desde dos mil once y cada año su manera de ejecutar el
5. recurso es mejor. Si bien ha recibido observaciones por parte de la Federación,
estas han sido por omisiones mínimas y hasta la fecha no ha sido susceptible de
una sanción administrativa.
Quizá la mas grande omisión en el Estado resulta en no crear formadores de
formadores, es decir, capacitar a los primeros operadores el Nuevo Sistema de
Justicia Penal, para que a su vez estos capaciten a las generaciones posteriores,
en vez de estar destinando tanto recurso al traslado, viáticos, honorarios, etc…
Esto por que en promedio, un curso con duración de cien horas para operadores,
tiene un costo de mas de doscientos mil pesos.
Quizá la parte mas difícil de ejecutar el recurso Federal para este Estado es,
enfrentarse a los trámites burocráticos para la contratación de servicios, situación
que retrasa en gran medida la ejecución de los mismos.
