CausasMigración

Causas de la migración
Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que responde a
causas diversas y muy difíciles de determinar, en especial porque debido a las migraciones
irregulares de actividades turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos son difíciles de
obtener, especialmente en el caso de los países subdesarrollados.
Causas políticas
Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen presentarse en ciertos
países. Muchas personas que temen a la persecución y venganza políticas abandonan un país
para residenciarse en otro o, al menos, intentan abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar
inclusive a perder la vida cuando se trata de regímenes totalitarios.
Causas culturales
La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de decidir
a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura.
Causas socioeconómicas
Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. La situación de hambre y
miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a arriesgar su vida
con tal de salir de su situación.
Causas familiares
Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión de emigrar, sobre
todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier emigrante de algún país
subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para establecerse en otro país de mayor desarrollo
económico.
Requisitos de la migración
Requisitos para solicitar RESIDENCIA LEGAL en el país.

Solicitud de cambio de categoría
Todo extranjero que se encuentre en calidad de temporario -por ejemplo: turista- en el país
podrá gestionar un cambio de categoría a permanente -residente legal-.
La Dirección Nacional de Migración resolverá en cada caso.
El extranjero deberá iniciar el trámite de residencia legal en el país aportando, en ese acto,
la documentación que se detalla a continuación.
• UNA FOTO CARNÉ
• DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Fotocopias y original del documento de identidad con el cual ingresó al país.
• FECHA EXACTA DE INGRESO AL PAÍS
Tarjeta de entrada (T.E.S.) o en su defecto fotocopia del pasaporte donde figure el sello de
entrada.
• CARNÉ DE SALUD
Se requerirá a efectos de acreditar el estado sanitario del interesado, el Carné de Salud
Laboral, expedido por los prestadores de servicios de salud públicos o privados, habilitados por
el Ministerio de Salud Pública.
• MEDIOS DE VIDA: (opciones más frecuentes)
 Empleado de persona jurídica: El interesado deberá acreditar la
percepción de un ingreso mensual nominal, el cual deberá ser
suficiente para su manutención. Dicha circunstancia podrá probarse
mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos:
 Certificado notarial de ingresos: donde se certifique la remuneración
mensual nominal que percibe y el cargo que ocupa. Como así también
la existencia de la empresa: personería jurídica vigente, vigencia
del plazo social,objeto, domicilio constituido en el país, inscripción ante
el BPS y la DGI, representación de la empresa y vigencia de los
cargos de representación (persona o personas autorizadas a firmar por

la empresa) y acreditar el cumplimiento de la ley 17904 (inscripción del
Directorio de la empresa ante el Registro de Comercio). Eventualmente
si es SA. acreditar cumplimiento a la ley 18.930 (comunicación al
B.C.U). Debe presentarse con timbre de montepío notarial.
 Certificado contable de ingresos. Debe presentarse con timbre
profesional.
 Planilla de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
 Historia laboral del Banco de Previsión Social.
 Recibo de sueldo.
Podrá presentarse la documentación mencionada precedentemente original o testimonio
notarial por exhibición o fotocopia simple autenticada por Escribano Público; (en estos dos
últimos casos no se requerirán los documentos originales). En caso de que presente la
documentación en original y una copia, se agregará esta última y certificará su autenticidad el
funcionario actuante.
 Empleado de persona física (por ejemplo el servicio doméstico):
El interesado deberá acreditar la percepción de un ingreso mensual
nominal, el cual deberá ser suficiente para su manutención. Dicha
circunstancia podrá probarse mediante la presentación de alguno de
los siguientes documentos:
 Certificado notarial donde se certifique la relación de trabajo,
nombre y nacionalidad de la empleadora (en caso de ser
extranjera deberá aclarar situación legal en el país de la
misma), domicilio donde presta servicios, salario mensual
nominal que percibe y nro. de inscripción ante el BPS.
Debe presentarse con timbre de montepío notarial.
profesional
 Historia laboral del Banco de Previsión Social.
 Recibo de sueldo.

funcionario actuante
 Trabajador independiente (empresa unipersonal) y sus
empleados: Deberá acreditar la percepción de un ingreso mensual
nominal, el cual deberá ser suficiente para su manutención. Dicha
circunstancia podrá probarse mediante la presentación de alguno de
los siguientes documentos:
profesional
 Inscripción en el Banco de Previsión Social
 Inscripción en la Dirección General Impositiva.
funcionario actuante.
 Empresario, Accionista (S.A., SRL, etc.): Deberá justificar dicha
calidad mediante certificado notarial que incluya el contralor completo
de la empresa. Debe presentarse con timbre de montepío notarial.
 Rentista, jubilado y pensionista en el exterior: Presentar
certificado notarial donde se certifique dicha calidad, concepto de las
rentas, monto mensual nominal percibido en Uruguay y como se
percibe el mismo (debe presentarse con timbre de montepío notarial) o
recibos expedidos por el organismo competente debidamente
legalizados o apostillados y traducidos.

 Jubilado en Uruguay: presentar copia y original del último recibo de
cobro de la entidad pública.
• ANTECEDENTES PENALES
Certificado de Antecedentes Penales del país de origen y de los países donde residió los
últimos cinco años. Sólo para mayores de 18 años.
o Si el interesado nació en alguno de los países que mantienen convenio con
Dirección Gral. de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, se solicitará
los antecedentes penales a través de dicha Dirección.
o A efectos de acortar los plazos administrativos del trámite, el interesado podrá
aportar el certificado de buena conducta de los países que mantienen el
convenio con INTERPOL.
o Si nació en ARGENTINA, AUSTRALIA, BULGARIA, CANADÁ, COSTA
RICA, DINAMARCA, EL SALVADOR, ESPAÑA, FILIPINAS, GRAN
BRETAÑA, HONDURAS, HUNGRÍA, INDIA, INDONESIA,
JORDANIA, LÍBANO, LITUANIA, LUXEMBURGO, MARRUECOS,
MÉXICO, NICARAGUA, NIGERIA, NORUEGA, NUEVA ZELANDA,
PALESTINA, PANAMÁ, REP. DE COREA, REP. DOMINICANA,
REP. POPULAR CHINA, RUMANIA, SIRIA, TAILANDIA, TURQUÍA,
YUGOSLAVIA, ZIMBABWE.; los cuales no mantienen convenio
con INTERPOL, deberá presentar certificado de buena conducta.
o Si nació en ESTADOS UNIDOS deberá concurrir a Interpol en Montevideo a
tomarse huellas decidactilares, a fin de que dicha oficina solicite al F.B.I. el
certificado de antecedentes.
o Para el caso de Brasil, el certificado que se acepta es el expedido por la Policía
Federal, no requiriéndose traducción, de acuerdo a lo establecido en la ley
18.224 de fecha 11 de diciembre de 2007.
o El certificado de Antecedentes Penales válido para la presente gestión deberá
tener alcance nacional, dado que los estaduales, los departamentales y los
provinciales no son de recibo.

o Será válida también constancia del Consulado del país del cual requiere la
información de antecedentes, acreditado ante el Gobierno uruguayo. Se
extenderá en papel membretado del Consulado, estará firmado por la máxima
jerarquía disponible, y dirá si esa persona carece o registra antecedentes en
aquel país, deberá legalizarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en
Montevideo.
• PARTIDA DE MATRIMONIO
Si es casado con residente legal o en trámite en el país deberá exhibir cédula de identidad del
cónyuge y partida de matrimonio.
• PARTIDA DE NACIMIENTO:
Se requerirá en el caso de que el gestionante sea menor de 18 años y/o sea necesario
acreditar un vínculo entre involucrados en el expediente.
• ÁNIMO DE PERMANENCIA
Se establecerá como criterio para establecer el ánimo de permanencia el establecido en los
Arts. 26 y 27 del Código Civil, no teniéndose en cuenta para el mismo las salidas esporádicas
por razones de recreación, familiares, negocios u otros, teniéndose especial consideración en
el caso de nacionales de países limítrofes. A efectos de probar la permanencia se podrá como
ejemplo aportar la siguiente documentación certificado notarial que acredite que el gestionante
es titular de negocio o empresa propia en Uruguay, o tener un empleo fijo en el país, o en el
caso de que tuviera hijos menores de edad que los mismos concurren a Centro Educativo en el
país.
CODIGO CIVIL
Art. 26. No se presume el ánimo de permanecer ni se adquiere consiguientemente domicilio
en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en
él, si tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la
residencia es accidental, como la del viajero o la del que ejerce una comisión temporal o la del
que se ocupa en algún tráfico ambulante.

Art. 27. Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un
lugar, por el hecho de abrir en él tienda, almacén, fábrica, taller, posada, escuela u otro
establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar
un cargo concejil o un empleo fijo, de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por
otras circunstancias análogas.
Consecuencias de la Migración
Consecuencias de las migraciones
Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los países
o áreas de emigración como en los de inmigración y en ambos casos, pueden
tener efectos tanto positivos como negativos:
♣ Para el lugar de emigración:
Constituyen consecuencias positivas:
♣ El alivio de algunos problemas de sobrepoblación
♣ El logro de una mayor homogeneidad cultural o política (los más
descontentos son los que primero emigran, quedando sólo los conformistas, los
que suelen estar de acuerdo con su situación socioeconómica o política)
♣ La disminución de la presión demográfica sobre los recursos
♣ La inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes
♣ La disminución del desempleo
♣ El aumento de la productividad al disminuir la población activa en el país de
emigración
♣ El aumento de la venta de productos en otros países, en especial, de los
países receptores de los emigrantes.
Estas situaciones provocan múltiples problemas en las familias (consecuencias
negativas), que van desde el envejecimiento de la población (por la salida de
población joven en edad de tener hijos), un decaimiento del rendimiento escolar
y de la escolaridad en general (por la disminución general de la matrícula), una
disminución de los ingresos públicos (por la emigración de gente trabajadora),
etc.
Leyes MigratoriasEl número de leyes migratorias aprobadas por las
legislaturas estatales en Estados Unidos repuntó en 2013, y su enfoque
cambió, en su mayoría, de medidas de acción policiaca a la ampliación
de beneficios a los indocumentados.
De acuerdo con un reporte elaborado por la Conferencia Nacional de
Legislaturas Estatales (NCSL), el año pasado se aprobaron un total de
184 leyes migratorias y se adoptaron 253 resoluciones.
Esas cifras representaron un incremento de 64% en comparación con las 267
leyes y resoluciones aprobadas en 2012.
Si se consideran sólo las leyes promulgadas, la cifra significa un aumento de
18% en 2013 en relación con el mismo período en 2012, con 156 legislaciones.

Sin embargo, la NCSL destacó en el reporte que la orientación de las leyes
migratorias estatales cambió en 2013 en relación a los años anteriores, pasando
de enfocarse en medidas policiacas a la de otorgar algunos beneficios estatales
para los inmigrantes.
El viraje, explicó, fue motivado por la decisión en 2012 de la Suprema
Corte de Justicia de Estados Unidos en la que anuló varias disposiciones
relacionadas con la aplicación de la ley antiimigrante SB 1070 de Arizona.
Apuntó que también influyó el Programa de Acción Diferida, emitido bajo orden
ejecutiva en 2012, que permite a algunos jóvenes indocumentados que llegaron
a este país siendo niños, el poder vivir y trabajar en Estados Unidos por un
período renovable de dos años, sin ser deportados.
Las iniciativas “oprobiosas” que contenían múltiples acciones relacionadas con
la inmigración han desaparecido en gran medida en las legislaturas estatales,
apuntó la NCSL.
En 2011, se presentaron más de 50 proyectos legislativos en un total de
30 entidades. Estados como Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y
Utah promulgaron leyes similares a la SB 1070 de Arizona, las cuales fueron
impugnadas y frenadas por las Cortes.
En 2012, cinco entidades consideraron proyectos de ley similares: Kansas,
Mississippi, Missouri, Rhode Island y Virginia del Oeste. Ninguna de esas
iniciativas fue promulgada.
Alabama enmendó su ley de 2011, HB 56, y promulga una nueva y reformada
HB 658 en 2012.
En 2013, sólo Georgia actuó para modificar los requisitos de verificación de
autorización para el trabajo bajo el sistema federal E–Verify y los requisitos de
licencia de conducir.
Ocho entidades, incluyendo California, Colorado, Connecticut, Illinois,
Maryland, Nevada, Oregon y Vermont, se sumaron a Nuevo México, Utah y
Washington en autorizar la emisión de licencias de conducir a inmigrantes
indocumentados.
Georgia y Maine promulgaron leyes más limitadas en 2013. Georgia
permite un permiso de conducir temporal para aquellos con extensiones de visa
pendientes.
Maine exime del requisito de presencia legal en el país a los indocumentados
que han tenido licencias de conducir desde hace varios años.
En cuatro entidades, Colorado, Minnesota, Nueva Jersey y Oregón, se aprobó
otorgar colegiaturas estatales subsidiadas para estudiantes inmigrantes
indocumentados, con lo que se elevó a 15 el número de estados que ofrecen
actualmente este beneficio.
California promulgó en 2013 una serie de leyes que abordan la protección de los
inmigrantes no autorizados, una de las cuales prohíbe a la policía local retener a
las personas para la deportación federal si son detenidos por delitos menores.

También, California autorizó a la Suprema Corte del estado, el admitir
a indocumentados en el ejercicio de la abogacía.
Otras leyes aprobadas en California el año pasado incluyen las licencias de
conducir para los inmigrantes no autorizados y la prohibición a los
notarios públicos de actuar como consultores de inmigración.
Ley de Arizona SB1070
La ley SB1070 de Arizona abre el camino para regular la inmigración
de indocumentados desde los estados.
Ley de Alabama HB56
Una de las leyes de inmigración más restrictivas de Estados Unidos.
Ley de Carolina del Sur SB20
La restrictiva ley migratoria SB20, de Carolina del Sur ha sido
impugnada por un conjunto de organizaciones de derechos civiles y
sindicatos.
Ley de Georgia HB87
Georgia se suma a estados como Arizona y Alabama con su propia
legislación reguladora de la inmigración de indocumentados.
La postura de Marco Rubio sobre la inmigración y la reforma migratoria
Cuál es la postura de Marco Rubio en cuanto a la inmigración y la
reforma migratoria
Por qué algunos republicanos se oponen a la reforma migratoria
La teoría de la tarjeta azul - argumento del senador Saxby Chambliss
Situación de los migrantes ilegales
"Inmigrantes sin garantías", "EE.UU. endurece reglas", "Redadas en busca de ilegales",
"Cierran fábricas y apresan inmigrantes", "Difícil año para los inmigrantes latinos", son algunos
titulares de periódicos latinoamericanos que hablan de por si de la dramática situación que
están viviendo los inmigrantes en Estados Unidos.
Una mezcla de temor, desinformación e incertidumbre viven los cinco millones de inmigrantes
indocumentados, que esperando encontrar el paraíso abandonaron sus países de origen y hoy
afrontan el infierno de la persecución y la deportación, una vez que han entrado en vigencia las
duras disposiciones legales anti-inmigratorias aprobadas por el Congreso y las autoridades de
Estados Unidos.
La cacería humana ha comenzado. El Servicio de Naturalización e Inmigración (SIN), mas
conocido como la "migra", se ha dedicado a allanar fábricas, a apresar indocumentados y a
ponerlos sin más ni más en la frontera con México. Antes, los operativos de la "migra" se
limitaban a los estados de Arizona y California; ahora, como una advertencia de que ningún
inmigrante debe estar tranquilo, ha extendido sus acciones represivas a otros estados de la
Unión. En esta línea, la "migra", en este año, ha efectuado 20 allanamientos de centros de
trabajo en los estados de Iowa y Nebraska, deportando a 2400 personas, incluidos menores de
edad.
Se castiga la pobreza
"Tanto tienes, tanto vales", parece ser el lema que están aplicando las autoridades. El 6 de
noviembre, el SIN hizo una redada en Manhattan. Los agentes detuvieron a 28 trabajadores
sospechosos de estar en los Estados Unidos sin sus documentos correspondientes, y los

llevaron a un centro de detención en New Jersey. 21 fueron liberados al día siguiente tras
pagar una garantía de 7000 dólares y demostrar que son el único sostén económico para sus
mujeres y niños. Los otros siete trabajadores continuaron detenidos por no tener la garantía,
enfrentando el riesgo de una inmediata deportación.
Las violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes están a la orden del día,
especialmente en el momento de su deportación. Un monitoreo realizado en la frontera
mexicano-estadounidense del 1ro. al 23 de abril de este año, por el "Frente Amplio Pro-
Defensa del Migrante", una entidad pluralista surgida en 1994, registró un promedio de 2500
deportaciones diarias solo por las ciudades fronterizas de Baja California. Muchas de las
deportaciones se realizan en horarios nocturnos de alto riesgo, afectando sobre todo a mujeres
y niños. Con frecuencia, los deportados no saben en qué ciudades se encuentran, no cuentan
con recursos económicos, ni tienen posibilidad de encontrar hospedaje, transporte ni ayuda.
De cincuenta testimonios de hombres, mujeres y niños, recogidos por el "Frente Amplio" en la
frontera, se deduce que no siempre se les proporciona información sobre sus derechos, ni se
les permite hablar por teléfono. Se les priva de sus familias, propiedades y dinero, firman su
salida voluntaria bajo amenaza y no tienen auxilio de un traductor. Algunos son trasladados en
condiciones inhumanas: esposados, con grilletes, amontonados y sin higiene. Muchos sufren
maltratos físicos y verbales y la destrucción de sus documentos de identificación.
Las murallas no han caído
El endurecimiento de las políticas anti-migratorias de Estados Unidos forman parte de un
fenómeno más amplio relacionado con la internacionalización de la economía, también llamada
globalización, y con el ahondamiento de la brecha Norte Sur. Primero fue la Comunidad
Europea la que impuso severas medidas para tratar de frenar las oleadas de africanos,
asiáticos y latinoamericanos. Ahora son los Estados Unidos. Y en los dos casos, hay grandes
coincidencias, pues se inspiran en una ideología descalificadora, racista y excluyente, que
persigue a los inmigrantes por sus razgos físicos, el color de su piel o la cantidad de dinero que
lleven en sus bolsillos.
En ambos casos los inmigrantes son tomados como "chivos expiatorios" de los conflictos y
problemas que aquejan a los países ricos, que no solo tienen que ver con los crecientes déficits
fiscales sino que abarcan otros como la drogadicción masiva, el aumento de la criminalidad y el
terrorismo de derecha, el desempleo y la pobreza (en los países desarrollados hay 100
millones de pobres y 37 millones de desocupados, según el informe de 1997 del Programa de
Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, PNUD).
Caído el Muro de Berlín que pretendía separar el socialismo con el capitalismo, en Europa se
erigió una nueva barrera imaginaria para dividir al opuleto Norte con el escuálido Sur. A
Estados Unidos, por su lado, le ha correspondido el dudoso honor de levantar, en la frontera
con México, una nueva muralla para impedir el paso de los pobres provenientes del Caribe,
Centro y Sur América. Ese muro está cobrando más víctimas que el Muro de Berlín, y hoy se lo
conoce como el "paso de la muerte". Hasta septiembre de este año, se habían registrado 54
muertos, según datos del Frente Amplio de Defensa del Migrante. Eso supone un aumento del
40% con respecto a 1996.
Desorden mundial excluyente
En las décadas del 70 y el 80, las razones para inmigrar a Estados Unidos y otros países tenía
que ver con motivaciones de tipo político: persecución de las dictaduras militares, guerras,
violencia. En la década del 90, predominan las causas de orden económico y social: el
incremento demográfico, la pobreza, el desempleo, la exclusión, el deterioro de los salarios, la
falta de tierra para cultivar.
Y es que el esquema globalizador trae desórdenes económicos y sociales que alientan las
corrientes migratorias. La profundización de las desigualdades entre el Norte y el Sur, y la
concentración de la riqueza en el Sur; la depredación de la naturaleza (los países del Sur
sobreexplotan sus recursos naturales para poder cumplir con las obligaciones de la deuda

externa); la imposición de políticas de ajuste por parte de los organismos financieros
controlados por el Norte; la transnacionalización de las economías y el abandono del modelo
de industrialización; la acelerada tecnificación; el achicamiento de los estados y el abandono de
las políticas sociales han agudizado la situación social y económica de América Latina,
convirtiéndola en expulsora de fuerza de trabajo.
Grandes contingentes humanos se ven privados de medios para reproducir la vida, viéndose
obligados a emigrar del campo a la ciudad, de un país a otro, e incluso de un continente a otro.
Cruzar las fronteras nacionales, constituye una de las estrategias de sobrevivencia no solo para
los pobres sino para los profesionales que no encuentran oportunidades de trabajo en los
países que han invertido en su formación. La existencia de redes familiares y sociales entre
países expulsores y receptores, es un factor que facilita y alienta la emigraciones.
Cerrar la frontera
La cruzada anti-inmigrante se inició en la administración Reagan, pero se ha agudizado en la
de Clinton. Promovida por los republicanos duros ha sido avalada y llevada a la práctica por los
demócratas.
Con la aprobación en 1994 de la Ley 187 en California, impulsada por el gobernador del estado
Pete Wilson, se negaron los servicios de asistencia social, así como la salud y la educación a
los inmigrantes indocumentados. Al mismo tiempo, se puso en marcha la operación "Guardián"
para reforzar el control fronterizo, utilizando las más sofisticadas tecnologías.
Estas medidas alarmaron a las comunidades "hispanas", las que se movilizaron sin lograr
alterar la tendencia oficial de endurecer las condiciones para los inmigrantes. El 30 de
septiembre de 1996 fue aprobada la Ley IIRAIRA (The ilegal Inmigration Reform and Immigrant
Responsability Act of 1996), parte de la cual entró en vigencia inmediatamente y otra a partir
del primero de abril de 1997. Con esta ley se imponía un plazo de 6 meses para que todo aquel
que quiera permanecer en este país, legalice su situación. Este plazo que debía cumplirse el 30
de septiembre fue prorrogado por el Congreso, primero hasta el 21 y luego hasta el 7 de
noviembre.
Ley inhumana
Los objetivos de la Ley IIRAIRA son claros. Se trata de restringir y desalentar la inmigración
legal e ilegal, reforzar el control fronterizo y criminalizar la inmigración ilegal.
"Creemos que esta es una ley inhumana, con carácter esencialmente político, que mira y trata
a los migrantes como criminales y como chivos expiatorios de la sociedad, con el riesgo
inmenso de fomentar todavía más la mentalidad xenofóbica y racista en contra de toda persona
distinta", señala la Comisión Católica Internacional de Migración, en su boletín "Migraciones
América Latina".
"A partir de nuestra tradición judeo cristiana y con fundamento en la Declaración Universal de
Derechos Humanos creemos y reafirmamos que nadie es ilegal en cualquier lugar que viva y
que emigrar no es delito, delito es lo que causa la migración", agrega.
Con las leyes anti-inmigratorias se cierran las posibilidades de trabajo para los inmigrantes al
endurecer las penas para quienes los contraten.
Con la Ley IIRAIRA se niega la asistencia social y educación para los hijos de los inmigrantes.
Se refuerza a la Policía fronteriza, duplicando sus efectivos hasta el año 2001 y se incorpora
300 nuevos inspectores por año para investigar los casos de inmigración ilegal.
Cuando a los extranjeros se les haya expirado sus visas en Estados Unidos, deberán regresar
a sus países de origen para solicitar otra. En caso de permanecer ilegalmente en EE.UU. de
seis meses a un año, se les prohibirá regresar por un período de tres a 10 años. Y se vuelven
antes del plazo fijado, serán excluidos de por vida.

A esto se suman otras regulaciones de las leyes de Inmigración y Servicio Social que entrarán
en vigencia el próximo 19 de diciembre. Estas se refieren en particular al reagrupamiento
familiar y afectarán sobre todo a los latinoamericanos y mexicanos que ingresan cada año a
Estados Unidos.
Los inmigrantes deberán contar con un "padrino" residente en el país del norte, el que deberá
tener un ingreso de 20.062 dólares, justificar tres años de ingresos sujetos a impuestos y
aceptar la responsabilidad financiera del inmigrante hasta que el mismo haya demostrado
haber trabajado durante 10 años y haberse convertido en ciudadano de Estados Unidos. Si un
inmigrante recibe por error ayuda social, será expulsado y se reclamará a su padrino el dinero
que recibió por equivocación.
En California, ahora se promueve la supresión de la educación bilingüe que ha estado vigente
desde hace varios años. En este sentido, el millonario republicano Ron Unz, bajo el lema "Una
nación, una California", impulsa, para junio de 1998, una consulta para que todos los niños en
las escuelas de California reciban sus clases solo en inglés. Los niños que no hablen este
idioma, deberán tomar un año de aprendizaje, el cual no sería opcional sino obligatorio.
En los niveles más bajos
Es difícil calcular el número de indocumentados, pero el SIN estima que son 5 millones de los
cuales más del 50% son mexicanos, aunque encontramos a salvadoreños, guatemaltecos,
canadienses, haitianos, filipinos, hondureños, polacos, nicaragüenses, colombianos,
ecuatorianos. Se ubican en California, Texas, Nueva York, Florida, Ilinois, Nueva Jersey.
En 1996, la población de origen hispano en Estados Unidos era de alrededor de 27´856.000
personas, lo que representa el 10.5% del total de la población del país, según estimaciones de
US Census Bureau, citadas por la revista peruana Que Hacer(# 108). Se calcula que para el
año 2000 llegarán a 31´366.000 personas, representando el 11.4 % de la población.
Dentro de la escala social y económica, los "hispanos" ocupan los niveles más bajos. El 27.3%
de las familias hispanas están por debajo del nivel de pobreza, en circunstancias en que el
promedio nacional de la pobreza es de 10.8%. Las diferencias en cuanto a los niveles
educativos también son notables: mientras el 80% de los no hispanos consigue graduarse en
secundaria, el 50% no lo consigue. En el nivel superior esta situación se agrava pues el 73% no
ha asistido nunca al college y solo el 6.2 % ha obtenido el bachillerato.
Así viven
Los trabajadores indocumentados reciben salarios más bajos que los normales, cumplen las
labores más pesadas y peligrosos para la salud y carecen de seguridad social y las
prestaciones que tienen los demás trabajadores.
Por lo general, asumen los trabajos que los anglosajones rechazan, encontrándolos como:
meseros, cocineros, lavaplatos, empleadas domésticas, cultivadores, obreros de la
construcción, empleados de frigoríficos, fábricas textiles, fundidoras de metales. Se alimentan
mal, cumplen largas y extenuantes jornadas y generalmente comparten el alojamiento en las
"camas calientes", llamadas así porque unos se acuestan y otros se levantan. Asumen estas
privaciones para ahorrar, pagar los costos del viaje a Estados Unidos y enviar los excedentes a
sus familiares en sus países de origen.
Debido a la represión, se les hace muy difícil organizarse. "El acoso del SIN, con redadas en
lugares del trabajo, excesivas garantías y multas, hace que los indocumentados sean fáciles de
explotar: tienen miedo a la deportación, son los que menos se quejan, convirtiéndose en
víctimas de violaciones como no pago de sobretiempo, no pago del salario mínimo vital,
condiciones de trabajo inseguras, y trabajo infantil", según señala la Coalición por los Derechos
Humanos de los Inmigrantes
"Muchos de los contratistas de la industria de la costura no saben que ellos pueden impedir que

el SIN haga una redada con tres días de aviso; muchas veces los mismos contratistas son los
que llaman al SIN, para evitar pagar a trabajadores sus salarios, o destruir campañas
organizativas", agrega la Coalición.
El aporte de los inmigrantes
La contribución de los inmigrantes, legales o ilegales, a la economía estadounidense es
significativa pues aportan 10 billones de dólares al año.
El trabajo de los inmigrantes hace más saludable la economía de los estadounidenses, pues se
trata de una fuerza laboral permanente con bajos salarios. Ello ayuda a mantener bajos los
precios de los servicios y de numerosos productos, lo que repercute a su vez para que la
inflación no suba y los ciudadanos tengan un mayor poder adquisitivo.
Para muchos países, las remesas económicas que envían los inmigrantes a sus respectivos
países constituyen una de las principales fuentes de divisas. Así por ejemplo para El Salvador,
Nicaragua, Honduras constituye la primera fuente de ingresos; para Guatemala y República
Dominicana, la segunda y para México, la cuarta.
Unos 3 millones de centroamericanos que viven en EE.UU. envían anualmente a sus familias 2
billones de dólares, lo que representa el 10% del PIB de la región.
Ningún ser humano es ilegal
Los inmigrantes indocumentados son trabajadores que con su esfuerzo diario aportan a la
prosperidad del país, pero son considerados como parias y tratados como delincuentes. Por
ello, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, expresa: "Todos los
trabajadores merecen los derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a trabajar para
sobrevivir, vivir libres de todo acoso, el derecho a una representación legal, sin importar su
estatus migratorio".
Con huelgas de hambre, manifestaciones, demandas judiciales y petitorios han respondido los
"hispanos" en Estados Unidos. Pero los "abusos van a continuar, si los trabajadores
inmigrantes y otra gente consciente no empiezan a luchar por lo que es justo", dice Bertha
Wilson, del Sindicato de Trabajadores de Costura, Textiles e Industrias Afines (UNITE) de
Nueva York.
El problema de los inmigrantes ha pasado a convertirse en un asunto de la agenda
internacional. México y los gobiernos centroamericanos, cada uno por su lado, tratan de lograr
acuerdos con Estados Unidos para proteger los derechos de sus ciudadanos. Estados Unidos,
por su lado, ha logrado ensanchar el cerco contra los inmigrantes, involucrándo a éstos en sus
políticas de control y represión.
Está pendiente, por otro lado la ratificación de la Convención Internacional sobre Protección de
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", que fue aprobada por
la Asamblea General de la Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1990. Para que entre en
vigor, 20 Estados deben ratificarla. Hasta 1995, solo seis la habían ratificado (Colombia, Egipto,
Filipinas, Marruecos, Seychelles y Uganda) y tres la habían firmado (Chile, México y Mónaco).
La solución definitiva para la inmigración radica en eliminar las causas de la misma en los
países expulsores y en alcanzar relaciones justas entre el Norte y el Sur. Cuando los gobiernos
latinoamericanos orienten sus políticas a superar la pobreza y el desempleo, seguramente
estarán dando un gran paso para impedir el éxodo, la humillación y la persecución de sus
ciudadanos.
Qué es el TPS?
La Ley de Inmigración de 1990 [Pub. L. 101-649, 104 Stat. 4978 (Nov. 29, 1990)] estableció los
Programas de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El TPS es una medida
utilizada a nivel internacional para proteger a personas que huyen de condiciones desfavorables en sus
países de origen.

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