1. Honorable Cámara de Diputados de la Nación
PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de
LEY
Imprescriptibilidad de las acciones tendientes a perseguir los actos ilícitos de corrupción
en ejercicio de funciones públicas.
Artículo 1º.- Declárase la imprescriptibilidad de las acciones penales, civiles y
administrativas tendientes a esclarecer y sancionar a los responsables por actos ilícitos de
corrupción que hubieran puesto en peligro o causado un daño al patrimonio público.
Se encuentran incluidos en materia penal los siguientes delitos:
a) Cohecho y Tráfico de Influencias;
b) Malversación de caudales públicos;
c) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas;
d) Exacciones Ilegales;
e) Enriquecimiento ilícito de funcionarios;
f) Blanqueo de dinero producto de los anteriores delitos.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

2. FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley se propone establecer la imprescriptibilidad del
juzgamiento penal, civil y administrativo de los actos concernientes a la corrupción en
ejercicio de la función pública.
La mencionada imprescriptibilidad ha sido incorporada en la legislación de varios países
del mundo, y considero que es el momento de al menos impulsar el debate de la cuestión
en la República Argentina, por una diversa serie de razones, que sintetizo a continuación.
El derecho internacional y el ordenamiento interno han consagrado la regla de
imprescriptibilidad para las acciones tendientes a perseguir y juzgar los delitos de lesa
humanidad.
La "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes
de Lesa Humanidad" de la Organización de las Naciones Unidas, dictada el 26 de
noviembre de 1968 (resolución 2391), ratificada por la República Argentina mediante la ley
24.584 de fecha 1 de noviembre de 1995, estableció que los crímenes de guerra y los
crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan
cometido (Art. 1 de dicha Convención).
El Preámbulo de la citada Convención declara que "... la aplicación a los crímenes de
guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la
prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública
mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos
crímenes". La Convención, además de amparar el principio de la imprescriptibilidad,
compromete a los Estados a adoptar todos los procedimientos constitucionales, legislativos
o de otra índole que fueran necesarios para que la prescripción de la acción penal o de la
pena no se aplique a los crímenes de guerra o de lesa humanidad o sea abolida (confr. art.
IV).
Los órdenes de fundamentos que justifican la imprescriptibilidad en el caso son dos: uno
relativo a la eficacia de la política criminal y otro de carácter axiológico. Desde la primera
óptica, la imprescriptibilidad se funda en que suelen existir impedimentos para perseguir y
juzgar los crímenes contra la humanidad que se extienden en el tiempo y que por ende
determinan la impunidad si se deja sujetas sus acciones a los plazos de prescripción. Ello
ocurre porque los delitos son generalmente cometidos por funcionarios estatales que
permanecen a resguardo de la persecusión penal en el tiempo por dos circunstancias: la
primera, porque los responsables permanecen en el aparato del poder de facto o al amparo
de él sin que durante la subsistencia de aquel los tribunales tengan poder de imperio para
juzgarlos. La prolongación de esa situación en el tiempo deriva en la prescripción y en la

3. impunidad. Por otro lado, y tal como lo demuestra la historia, los autores y partícipes en
delitos de lesa humanidad, ante el advenimiento de la caída del régimen que ha servido de
vía para su consumación, suelen utilizar los medios del aparato estatal de los que todavía
disponen para facilitarse a sí mismos la fuga y el ocultamiento, situación que puede
prolongarse por años. Nuestro país ha sido receptor de criminales nazis descubiertos
décadas después de su fuga (recuérdese el caso “Priebke”). Resultaría por ende paradójico
e inadmisible que el Estado en tales casos asegure por una doble vía la impunidad de los
más graves crímenes: por una parte facilitando su huída y por la otra beneficiándolos con
plazos de prescripción. Como conclusión, la única manera de posibilitar un seguro
juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad es mediante la supresión de los plazos de
prescripción.
Por su parte, desde el punto de vista moral y de la jerarquía axiológica de los bienes
jurídicos, la prescripción debe ceder frente a las implicancias sociales de los delitos de lesa
humanidad, y en mi opinión, de los delitos en general más graves del ordenamiento penal.
No debe olvidarse que la prescripción es un instituto que procura “mantener el orden,
concluir situaciones inestables y dar seguridad y firmeza a los derechos” (conf. C.S.J.N. en
"Botana, Helvio y otros c/CANEPSA s/ nulidad de acto jurídico", del 6/3/90), "disipando
incertidumbres del pasado" (voto del Dr. Fayt en autos "La Rinconada S.A. c/ E.N. s/
nulidad de resolución", sentencia de la C.S.J.N. del 4/5/93); poniendo para ello un límite
temporal al ejercicio de las acciones. Vale decir que su finalidad se vincula con los intereses
individuales, más que con intereses de carácter general, vinculados con la necesidad de que
las personas vivan en la certidumbre de que no pesa la posibilidad de acciones judiciales en
su contra.
Sin embargo, según ha sostenido la Corte Suprema respecto de los delitos de lesa
humanidad, cabe hacer excepción a la regla de la prescripción frente a “hechos que, por su
entidad y significación para la comunidad humana, no dejan de ser vivenciados como
gravísimos pese al transcurso del tiempo, ni por sus protagonistas ni por los afectados ni,
en fin, por la sociedad toda” (CSJN, 24/8/04 "Arancibia Clavell Enrique, LL, 2004-F-
296).
En tal sentido, cabe concluir, el bien jurídico vinculado con la certidumbre individual debe
subordinarse al interés social en la dilucidación y castigo de los crímenes cometidos contra
la sociedad misma, lo cual no puede quedar sujeto a límites temporales.
Es aquí entonces donde cabe formular la equiparación que se pretende –al sólo efecto del
tratamiento en materia de prescripción- entre delitos de lesa humanidad y delitos de
corrupción. Queda aclarado previamente que no concuerdo con las opiniones que
pretenden equiparar la naturaleza, la gravedad y las penas aplicables a ambos tipos de
delitos. Los primeros de la más alta gravedad y repugnancia, que incluyen
fundamentalmente la premeditación para el exterminio de un grupo humano, mientras

4. que la corrupción involucra conductas que –aunque gravísimas- tienen menor relevancia,
vinculadas con la ética y con el patrimonio público, y aunque también puedan derivar
mediatamente en la muerte de víctimas inocentes (piénsese en los muertos recientes en
accidentes en el sistema ferroviario, devastado este como consecuencia de la corrupción
público-privada que ha dominado su gestión en los últimos 20 años. También podría
citarse en igual sentido al desastre de Cromagnon de fines de 2004. Casi doscientas
víctimas fatales como consecuencia de la corrupción vinculada con la habilitación y la falta
de controles en el local). En suma, los delitos de corrupción no son crímenes de lesa
humanidad ni se les puede comparar, lo cual no quita que no puedan someterse a la regla
de imprescriptibilidad por razones y fundamentos similares a los que han sido tenidos en
cuenta para establecer la imprescriptibilidad en el caso de delitos de lesa humanidad.
Ello es así pues en el caso de los delitos de corrupción sus responsables también gozan de
la protección del Estado y de los funcionarios, tanto durante su ejercicio de la función
pública como después, a través de la protección política que incluso muchas veces surge de
pactos de impunidad entre fuerzas políticas. Cuando esa protección se prolonga en el
tiempo, permite la prescripción de las acciones. Lo mismo sucede cuando un gobierno
político logra el control total o parcial del Poder Judicial: los jueces que le responden son la
garantía de la falta de control actual y de la impunidad futura. Sólo la renovación de esa
penosa casta de jueces podría reabrir la esperanza de juzgamiento de la corrupción, y para
ello es necesario que no existan límites temporales que malogren dicho juzgamiento.
La sociedad argentina exige el esclarecimiento de los actos de corrupción en el momento
que sea. A contrario de lo que en el pasado podía argüirse en favor de la prescripción en
cuanto a la dilución de la prueba, los avances tecnológicos permiten que las evidencias
sean conservadas por muchos años sin deteriorarse (escuchas telefónicas, documentos
digitalizados, filmaciones, etc.).
El daño que ha sufrido el patrimonio público como consecuencia de la corrupción de
gobierno, y los recursos que por esa vía han resultado sustraídos de la inversión en
infraestructura, educación, salud, asistencia social y cobertura previsional, nos obligan a
establecer todos los mecanismos jurídicos que se encuentren al alcance para asegurar el
castigo y contribuir a la disminución de la corrupción.
A su turno, la dilucidación de la corrupción, su visibilidad con fuerza de verdad legal
establecida en procesos judiciales con prueba y defensa, en cualquier tiempo, resulta a mi
modo de ver imprescindible para el progreso de la sociedad democrática, la mejor elección
de opciones políticas, la mejora de los mecanismos de prevención de la corrupción y una
veraz construcción de la historia nacional.
Recientemente se han producido casos de prescripción en causas vinculadas a corrupción
de funcionarios, y muchas otras corren el riesgo de seguir igual suerte en poco tiempo más

5. (por sentencia del 25/4/13 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 en la causa
"Alsogaray, María Julia s/ negociaciones incompatibles" resolvió declarar la prescripción
de la acción penal por haber transcurrido el plazo máximo establecido en el Art. 62, Inc.
2º).
Transparencia Internacional, una organización no gubernamental fundada en 1993,
representada en Argentina por la Fundación Poder Ciudadano, difunde anualmente el
INDICE DE PERCEPCION DE LA CORRUPCION MUNDIAL, que mide, en una escala de
cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción), los
niveles de corrupción en el sector público en cada país.
En 2012 la Argentina ocupó el puesto 102 de la lista de un total de 174 países. Tiene 35
puntos de un índice que se mide del 0 al 100.
Cabe recordar también que nuestro país ha aprobado dos tratados internacionales que
obligan al Estado argentino en el sentido indicado en el presente proyecto. La Convención
Interamericana contra la Corrupción (1996), aprobada mediante la Ley 24759, establece en
su Preámbulo: a) “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta
contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los
pueblos”; b) “que la democracia representativa, condición indispensable para la
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma
de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción
específicamente vinculados con tal ejercicio”; c) “que el combate contra la corrupción
fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la
gestión pública y el deterioro de la moral social”; d) “la importancia de generar conciencia
entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este
problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la
prevención y lucha contra la corrupción”; y e) “que para combatir la corrupción es
responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre
ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva”.
Por su parte, la Argentina aprobó mediante la Ley 26.097 la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, firmada (2003), la cual dispone que "cada Estado Parte
establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción
amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando
el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia" (art. 29).
Vale decir que existe una norma de jerarquía superior a la ley que obliga al menos a
ampliar los plazos de prescripción existentes y que se encuentran sujetados a la escala
penal, de acuerdo con el sistema del Código.

6. De todo lo expuesto se desprende claramente la necesidad de al menos debatir seriamente
una adecuación de la legislación nacional que combata a la corrupción desde todos los
frentes, tanto en lo que hace a la prevención como en el esclarecimiento de las
responsabilidades penales, civiles y administrativas de sus responsables.
Por lo expuesto, solicitamos el tratamiento y aprobación del proyecto de ley que ha sido
puesto en consideración.