Este artículo no pretende ser la última palabra sobre un caso complejo y delicado como el de Casitas del Sur. Tan sólo presenta algunas observaciones y cuestionamientos a certezas oficiales. Certezas desmentidas por el documento más importante y menos conocido: el propio expediente jurídico del gobierno federal de México contra el albergue Casitas del Sur y la Iglesia Cristiana Restaurada. El expediente —que tenemos a la vista— abarca más de tres años de investigaciones de la PGR, cuenta con cerca de 10 mil fojas y contiene las declaraciones, intervenciones telefónicas y sentencias judiciales dictadas por jueces federales; lo que en el ámbito del Derecho conocemos como la verdad legal. Página tras página, la historia del caso revela una saga de pasiones humanas más que de virtudes celestiales en una inesperada trama de venganzas, dinero, corrupción política, y ajustes de cuentas al interior de las organizaciones implicadas en la desaparición de 11 menores.

1. El Caso Casitas del Sur: ¿Otro michoacanazo?
Eduardo Manuel Escamilla Morales, el testigo protegido de la PGR que ha ocasionado vergüenza tras
vergüenza al gobierno de México por proporcionar datos falsos que han resultado en la exoneración de
6 acusados de delitos federales en el caso Casitas del Sur, es, en realidad, uno de los responsables de la
desaparición de 11 menores. Así lo indican documentos y evidencias que personas afectadas por el ex-
pastor de los llamados perfectos han difundido recientemente en medios de comunicación y redes
sociales.
Durante 2009, en declaraciones oficiales bajo protesta de decir verdad ante la SIEDO y en una entrevista
radial con la periodista Carmen Aristegui, Escamilla Morales aseguró que la Iglesia Cristiana Restaurada
adoctrinaba a sus adeptos para retener menores del alberge Casitas del Sur. No proporcionó evidencias
fuera de su dicho. Paradójicamente, un video en YouTube fechado en junio de 2009, con 45 mil vistas,
muestra al testigo estrella de la PGR arengando a fieles de dicha iglesia a retener y ocultar menores —
supuestamente con fines loables— mientras sataniza a las autoridades federales. Ver video. La
popularidad del video en redes sociales resultó bochornosa para el noticiero de Aristegui y otros medios
capitalinos que desconocían los sospechosos antecedentes del expastor. Su desprestigio fue inmediato y
los medios enseguida tomaron distancia. Si de enero a marzo de 2009 Eduardo Escamilla fue
entrevistado ocho veces, para septiembre de ese año había sido entrevistado una sola ocasión.
El testigo incómodo
A pesar de que la Procuraduría General de la República ha formulado acusaciones de delincuencia
organizada contra la Iglesia Cristiana Restaurada, las cientos de fojas del expediente No. 138/2009-III del
Juzgado 1º Penal Federal de Nayarit con la causa contra el albergue Casitas del Sur, no contienen
pruebas documentales ni testimoniales que indiquen que dicha iglesia, motejada “los perfectos” por sus
detractores, adoctrine a sus feligreses para cometer conductas ilegales como la retención o sustracción
de menores; lo mismo se desprende de una revisión de sus estatutos y credo registrados ante la
Secretaria de Gobernación el 16 de mayo del año 2000. El único indicio es el solitario dicho del testigo
protegido Eduardo Escamilla. El primer problema es que es precisamente él mismo quien aparece en el
video referido anteriormente incitando a realizar el ilícito del cual inculpa ante la PGR a su iglesia, iglesia
que lo expulsó por un cuantioso fraude a inicios de 2007.
El segundo problema es —de acuerdo a una denuncia ante la CNDH— la negativa de la PGR a recibir el
revelador video como prueba de la defensa de varios acusados en el caso Casitas del Sur, aun cuando
Escamilla Morales ha reconocido públicamente que la imagen y la voz en el video son de él y que, en
efecto, se trata de una predicación suya. El tercer problema es el más obvio: las motivaciones del
principal testigo en que el gobierno federal ha basado su investigación de Casitas del Sur y la ICR son de
entrada sospechosas. Dado que Escamilla fue expulsado de dicha institución sería normal que tenga algo
personal en su contra.
1

2. ¿Otro michoacanazo?
Con un enorme costo al erario público y a más de tres años de ocurrida, la desaparición de 11 menores
del caso Casitas del Sur no ha podido ser resuelta por las autoridades federales del gobierno panista. Los
menores siguen sin ser localizados, no se han logrado sentencias condenatorias contra ninguno de los
presuntos responsables, y lo que es peor por bochornoso, varias personas que en los últimos tres años
han sido capturadas y exhibidas como culpables ante los medios con bombo y platillo han resultado
exoneradas por los juzgados federales. De hecho, ni uno solo de los tan presumidos casos llegó siquiera
a juicio. Los fracasados procesos penales tienen todos algo en común: estaban basados exclusivamente
en el dicho del testigo de la PGR Eduardo Escamilla Morales. De acuerdo al Diario Reforma, el caso
contra Casitas del Sur se desmorona en semejanza al célebre michoacanazo. Esto ha hecho que en
círculos políticos y judiciales surjan cuestionamientos sobre si en los arrestos y detenciones contra
Casitas del Sur y la Iglesia Restaurada también se fabricaron delitos con un fin político.
En un correo electrónico fechado el 20 de octubre de 2009 y dirigido al ministerio público federal
adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Eduardo
Manuel Escamilla Morales proporcionaba información detallada para que fuera detenido Ignacio Juárez,
un campesino de 56 años, subordinado del mismo Escamilla hasta hacía poco tiempo. El correo incluía
fotografías y datos personales sobre Ignacio Juárez, con el cual, de acuerdo al expediente, Escamilla
Morales llevaba una relación pastoral de 12 años. El carteo electrónico entre la PGR y el testigo
protegido tiene contenidos peculiares. En el correo citado, Eduardo Escamilla solicita a la PGR favores
para recuperar unos terrenos que —coincidentemente— tenía en disputa con el campesino al que ahora
inculpaba. Ignacio Juárez fue detenido poco después del correo y enviado a prisión federal quedando
convenientemente imposibilitado para defender sus terrenos. Leyendo el expediente 567/2009-X, foja
194 del tomo SN, queda la impresión de que el supuesto delito federal del campesino fue haber
hospedado en su casa y ayudado a encontrar trabajo en 2006 a un mozalbete de 16 años que le solicitó
ayuda porque no tenía donde vivir. Ver email.
Fraude de terrenos ejidales
Existen más anomalías. Otro video en YouTube publicado en julio de 2010 parece indicar que varios de
los ya mencionados terrenos en disputa le fueron quitados a Ignacio Juárez mediante engaños de su
expastor. Las imágenes del video presentan a un Eduardo Escamilla refiriéndose despectivamente al
campesino y a otros ejidatarios oriundos del estado de Hidalgo como “gente de rancho” y fácil de timar.
A continuación, el pastor se jactaba de haberse aprovechado de la escasa educación del anciano para
apoderarse de miles de metros de terrenos ejidales a las afueras de la ciudad de Pachuca. Ver Video.
El video concuerda con documentos notariados que muestran que Eduardo Escamilla obtuvo en aquellas
fechas una suerte de cesión de derechos de vastos predios ejidales de la Familia Juárez, comprobándose
con esto la relación comercial entre ambas partes. Ver documentos notariales. El hecho de que los
terrenos fueron inmediatamente puestos a nombre de la esposa y del suegro de Escamilla Morales y el
que los documentos notariales no reportan monto alguno de la transacción, abona a la explicación del
2

3. fraude, que es la versión que sostiene hasta la fecha la familia Juárez y que es conocida entre los
ejidatarios de Azoyatla del Campo, Hidalgo.
El presunto fraude inmobiliario de Escamilla, tema que eventualmente originaría su expulsión de su
iglesia, es también de dominio público entre la membresía de la Iglesia Cristiana Restaurada desde 2007,
el año anterior al escándalo del caso Casitas del Sur.
El H1 y la fundadora de Casitas
Elvira Casco Majalca, fundadora y directora del albergue temporal Casitas del Sur, se encuentra presa
desde hace tres años en el penal Valle de Santiaguillo, Guanajuato por su presunta responsabilidad en la
retención de 11 menores de dicho centro privado de asistencia. Según el expediente
AP/PGR/SIEDO/UEITMIO/12/2009, la fisiatra retirada pasó de ser una consentida del Gobierno del
Distrito Federal y prolífica testigo colaborador del Caso Casitas —amplió y cambió su declaración más de
dieciocho ocasiones— a indiciada por los delitos que durante 10 meses imputó indistintamente a su
mesa directiva, a sus abogados, o a miembros y dirigentes de su iglesia.
De acuerdo al expediente de Casco Majalca radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Procesos
Penales Federales del Estado de Nayarit, el dramático vuelco de testigo colaboradora a presa federal se
origina a raíz de una extraña conversación telefónica que Elvira Casco sostuvo el día 26 de abril de 2009
con su abogado Luis Aguilera Beguerise. En la misma, intervenida y grabada por la PGR y la cual fue
utilizada por la dependencia como prueba en su contra, Casco Majalca afirma “haber prestado” a un
menor de edad que fue puesto bajo custodia de Casitas del Sur por la Procuraduría de Justicia capitalina.
Elvira Casco, amiga y discípula del expastor Escamilla, nunca revela en la llamada a quien se lo prestó ni
desde cuando. La conversación, consignada en la foja 134 del Tomo II del expediente, transcurre de
esta manera:
Nombre del Objetivo: Elvira Casco Majalca
Fecha de grabación: 4/26/2009
Dirección: Entrada
“Transcripción”
ECM: Elvira Casco Majalca
L: Luis Aguilera Berguerisse (sic), abogado de Elvira
ECM: Bueno
L: Hola señora,
ECM: Hola Luis,
L: Fíjese que me acaba de hablar la Subprocuradora,
ECM: Sí.
L: Este… que necesita que comparezcamos porque hay otro menor extraviado que es también la
mamá, eh este menor fue canalizado por la Procuraduría en 2007, lo recibió Araceli.
ECM: Ajá.
L: Se llama Jesús Alejandro Espinoza Sánchez.
ECM: Es el que yo presté Luis,
L: Ok, ok, no se preocupe, este… luego lo platicamos más a fondo.
ECM: Mhm
3

4. L: ¿Sí?
ECM: Mhm, mhm, mhm
L: Yo voy a ver con Roberto cómo está manejando ((inaudible))
ECM: Ok, mhm, ok.
L; Ok, ok, y se acuerda que en este… quien lo tiene y todo ¿no?
ECM: Ajá.
L: Ok, déjeme ver como lo planeamos con Roberto.
ECM: Mhm.
L: Quedé con ella de ir mañana, pero ((inaudible))
ECM: Ok.
L: ¿Ok?
ECM: Sí Luis, mhm
L: Entonces le voy a pedir que, bueno están pasando cosas, apárteme el día de mañana y el
jueves por favor.
ECM: Sí, cómo no Luis.
L: ¿No? Porque todavía no sé cómo me voy a organizar con ((inaudible)) y necesitamos este…
((inaudible)) como disponible,
ECM: Sí, está bien Luis, no te preocupes
L: ¿Sí?
ECM: Sí, claro que sí.
L: Gracias
ECM: Ándele, bye.
Anteriormente a esta críptica confesión, Elvira Casco había dicho todo lo contrario ante los medios de
comunicación y en sus declaraciones ante el ministerio público. La directora y fundadora de Casitas del
Sur había negado categóricamente en todas sus declaraciones ministeriales cualquier responsabilidad en
los ilícitos imputados por las autoridades a su asociación civil, siempre señalando a otros miembros de la
iglesia restaurada —en ocasiones con notorio encono personal— como los responsables de sustracción.
De acuerdo con la fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores,
Indocumentados y Órganos, la actitud de encono y las declaraciones cambiantes de Elvira Casco
despertaron sospechas, motivando la solicitud de una orden de intervención telefónica a su domicilio
particular. El Juez Sexto Federal Especializado la concedió el 8 de abril de 2009.
El problema de las versiones de Elvira Casco Majalca se complicó con una entrevista en televisión que la
fundadora de Casitas del Sur dio al noticiero de Adela Micha el 3 de marzo de 2009. En la misma, Casco
Majalca afirmaba no haber asistido en más de un año a su iglesia, de la cual presuntamente Casitas del
Sur reclutaba voluntarios para participar en las labores de su albergue. En sus declaraciones, sin
embargo, hablaba en tiempo presente. Elvira Casco también aseveró ante las cámaras que al momento
de la desaparición de los 11 menores del albergue de Casitas del Sur, ella ya no se encontraba en
funciones como titular de su asociación civil. En el acta constitutiva de Reintegración Social, A.C.,
aparece en esas fechas como la directora del albergue y las llamadas telefónicas intervenidas por la PGR
corroboran que lo era. El expediente 138/2009-III consigna la mendacidad de Elvira Casco al mostrar
que falseó sus declaraciones ministeriales para inculpar a sus empleados y subalternos. La llamada
4

5. intervenida comprobó que era la responsable de funciones ejecutivas, como “prestar” a menores de
edad que están desaparecidos hasta hoy.
Una de las preguntas que queda en el aire al revisar las más de diez mil fojas del expediente judicial de la
PGR es en qué otras cosas ha mentido Casco Majalca en sus declaraciones ante la PGR. La respuesta
puede estar en otras llamadas telefónicas intervenidas por la SIEDO. El expediente registra que entre
los días 26 y 29 de abril de 2009 la fundadora de Casitas del Sur recibió tres llamadas telefónicas
anónimas de una persona de género masculino a la que la PGR asigna la clave “H1”. Al leer las
trascripciones oficiales es notorio que la persona de la voz masculina es cuidadosa en no decir jamás su
nombre, como si supiese de antemano que las conversaciones estaban siendo grabadas. También es
notorio que las llamadas siempre entran al teléfono de la casa de Casco Majalca y nunca al revés. El
iniciador es siempre el anónimo H1 quien le da trato de subalterna a Elvira Casco.
En sus llamadas telefónicas, el H1 proporciona detalladas instrucciones a Elvira Casco para inculpar a
diversas personas de la iglesia de la cual Escamilla Morales había sido expulsado poco más de un año
antes. Las instrucciones abarcan cosas específicas para decir ante los medios y cómo involucrar a
distintas personas al ampliar su declaración ante el ministerio público federal. Las respuestas de Casco
Majalca a las llamadas de H1 son cortas, automáticas y sumisas: “Sí hermano”, “así lo haré”
“entendido”.
Demandas civiles y embargos contra Eduardo Escamilla antes del Caso Casitas
De acuerdo a actas notariadas de la ICR fechadas el 28 y 29 de marzo de 2007, las acusaciones de fraude
inmobiliario contra el pastor Escamilla por sus ovejas, aunque inicialmente centrada en la estafa a la
familia Juárez, abarcaban también otros rubros. En total, los montos reclamados por nueve familias
denunciantes sumaban casi un millón de pesos. Sin excepción, las familias estafadas eran sumamente
cercanas al pastor. La subsecuente investigación de la ICR, consignada con detalle en las actas internas,
derivó en el eventual despido de Eduardo Manuel Escamilla Morales, suceso que a juicio de familiares y
ex congregantes lo dejó resentido, desempleado y al frente de una numerosa familia. Una de las actas
circunstanciadas consigna que con el fin de evitar que el asunto trascendiera al ámbito penal y en
consideración a que tenía muchos hijos, Escamilla Morales solicitó a sus varios acreedores una
oportunidad para resarcir los montos defraudados, proporcionando varios pagarés firmados a los
afectados, mismos que fueron adjuntados por los quejosos al acta firmada de conformidad por el
susodicho. Uno de los pagarés fue hecho a favor de Miguel Fattel, un comerciante del Distrito Federal
conocido entre la feligresía por ser el discípulo preferido del pastor Escamilla. Cuando Eduardo
Escamilla incumplió esas obligaciones financieras en el verano de 2007, algunos de los afectados por el
desfalco promovieron denuncias mercantiles, mientras que otros, preocupados por salvaguardar la
reputación de su iglesia queriendo evitar litigios y un posible pleito público, optaron por mejor sufrir la
pérdida económica. El acta refiere otros eventos de la vida interna de la comunidad religiosa, como el
que una familia se conmiseró de su precaria situación perdonándole un desfalco de 100 mil pesos
aunque exigía su inmediata remoción del cargo de pastor.
5

6. La demanda civil por vía mercantil número 573/08 en contra de Eduardo Manuel Escamilla Morales
resultó en dos sentencias de embargo contra el expastor de la ICR. Emitidas por el juez vigésimo civil del
DF el 4 de junio de 2008, las mismas adjudicaban la devolución de $187,000 pesos a una de las partes
afectadas. Eduardo Escamilla, para ese entonces, se había sustraído de la acción de la justicia,
cambiando de nombre sus pertenencias y trasladándose a vivir a Caracas, Venezuela, con el argumento
de ser víctima de una persecución por motivos religiosos. La sentencia condenatoria nunca fue apelada
por el expastor quien tampoco cubrió los montos ordenados por el juez civil.
La chispa que detonó la expulsión de Eduardo Manuel Escamilla Morales de la Iglesia Cristiana
Restaurada había sido una denuncia ante el Consejo de Administración de su congregación en el Distrito
Federal en febrero de 2007. Presentada por la familia Juárez, la acusación por fraude inmobiliario,
coerción y abuso del cargo pastoral tomó por sorpresa a los administradores de la iglesia de
aproximadamente mil miembros, iglesia en la cual Escamilla Morales ocupaba una posición de
predicador dominical. Los terrenos ejidales del despojo pertenecían a Ignacio Juárez y a su esposa
Clementina Vázquez.
Aquí es en donde las cosas se tornan más interesantes: Ignacio Juárez es precisamente la persona
inculpada por Escamilla en su email del 20 de octubre de 2009 a la PGR, email en el cual el pastor
convertido a testigo protegido entrega al campesino a la fiscalía federal a cambio de que le ayuden a
solucionar favorablemente su disputa inmobiliaria contra el susodicho.
Ignacio Juárez no fue el único denunciante que provocó la expulsión del pastor Escamilla. La segunda fue
la del comerciante Miguel Fattel, uno de sus amigos más cercanos. El 14 de Enero de 2007 Fattel
denunció ante los administradores de su iglesia en la Ciudad de México que 6 meses antes había sido
despojado con engaños de 200 mil pesos por el señor Escamilla. En la subsecuente auditoría interna,
Fattel relató que Escamilla Morales había acudido a su casa a pedirle invertir 2 millones de pesos para
hacer un desarrollo de cabañas turísticas. Su pastor le contó que tenía un contrato para adquirir varias
hectáreas con excelente plusvalía en la ciudad de Pachuca, predios que estaba negociando adquirir de la
familia Juárez y otros ejidatarios locales. Oír audio en donde Fattel dice eso.
El acta notariada de Marzo de 2007 consigna que Miguel Fattel había declinado hacer la inversión,
argumentando que los terrenos carecían de servicios y que Eduardo Escamilla no tenía experiencia
alguna en el campo de los bienes raíces. El emprendedor pastor no cejaría en su empeño: dos semanas
más tarde, “durante una carne asada” en casa del comerciante, obtuvo de él 200 mil pesos con la excusa
de necesitar urgentemente fondos para obtener permisos de uso de suelo y comenzar su
fraccionamiento. Miguel Fattel ignoraba en ese momento que su pastor, Eduardo Escamilla, quien se
ostentaba sin serlo como el nuevo dueño de los terrenos en la cita, no contaba con título de propiedad
o al menos contratos de compra-venta. Pocos meses después, cuando el dinero no fue devuelto a Fattel
conforme a lo acordado, una investigación de sus abogados reveló varias anomalías: los terrenos en
donde se realizaría el supuesto desarrollo turístico carecían de título de propiedad pues se trataba de
predios ejidales no lotificados ni asignados; no existían estudios de subsuelo, no se habían tramitado
permisos de construcción ni habían estudios de mercado. Más aun, era imposible saber si los predios
eran desarrollables o aun a quien pertenecían dado que eran ejidales. El fraccionamiento no existía.
6

7. Fraudes y Fraccionamientos fantasma
Una vez obtenido el dinero de Miguel Fattel, un comerciante respetado entre los feligreses, el pastor
Escamilla comenzó a vender lotes entre otros miembros de su iglesia usando como argumento que el
“hermano Miguel ya había comprado varios”, lo cual era ostensiblemente falso. Durante los últimos
meses de 2006 el pastor había comenzado un proceso de lotificación ficticia de predios que no poseía,
ofertando terrenos de diferentes medidas a 100 pesos el metro cuadrado. De las 7 quejas por fraude
inmobiliario consignadas en el acta de expulsión de Eduardo Manuel Escamilla Morales del 29 de Marzo
de 2007 se desprende que el pastor citaba discretamente a feligreses en su domicilio particular y una
vez cerrado el trato les pedía que le depositaran el monto total de la compra-venta a su cuenta personal
o a favor de su tarjeta de crédito. Nunca proporcionaba recibos ni documentos. A su vez, el pastor
solicitaba a sus clientes —la gran mayoría mujeres con algunos medios económicos pero en situaciones
de vulnerabilidad—, confidencialidad sobre la transacción “para no prestarse a malas interpretaciones
con los otros líderes de la iglesia.” Sin que sus víctimas lo supieran, Escamilla Morales había solicitado
a Ignacio Juárez certificados parcelarios como garantía de un automóvil viejo que le había vendido a
plazos al ejidatario. Estos certificados empeñados eran después mostrados por Escamilla a compradores
potenciales como prueba de que era el legítimo dueño de los predios en donde supuestamente se
llevaría a cabo el fraccionamiento.
En una entrevista colocada en YouTube el 14 de enero de 2010 —tres años después de su expulsión—,
el ex pastor Escamilla reconocería, en efecto, adeudarle al empresario Miguel Fattel “una fuerte suma
de dinero”. De acuerdo a numerosos exintegrantes de la Iglesia Cristiana Restaurada, dicho adeudo
siempre había sido negado por Escamilla aludiendo que se traba de una invención de la ICR para
desacreditarlo luego de su expulsión. En la entrevista referida, el ex pastor alega de forma poco
convincente que en realidad se trató de un préstamo que no ha tenido oportunidad de cubrir por vivir
en Venezuela. Al margen de las posibilidades que ofrecen los giros bancarios, de acuerdo con familiares
de Fattel, su expastor nunca contactó al empresario ni a su familia para resarcir el monto. “Ni siquiera
nos llamó para darnos las gracias por la casa que le prestamos muchos años para vivir con su esposa y
con sus hijos”. La casa habitación referida está en un fraccionamiento privado en el sur del Distrito
Federal.
Hoy Miguel Fattel, uno de los primeros afectados que denunció repetidamente la estafa inmobiliaria es
buscado por la PGR como presunto responsable del caso Casitas del Sur. ¿Su acusador único ante la
PGR? El testigo protegido Eduardo Escamilla, su expastor y deudor.
Con Fattel como presunto defraudado, y con Ignacio Juárez como presunto despojado de sus tierras por
su expastor, resulta una coincidencia sospechosa que dos prominentes acreedores de Escamilla Morales
sean perseguidos por la PGR debido al dicho de éste. Acreedores que, aparte de lo anterior, provocaron
que el 29 de Marzo 2007 el testigo estrella del gobierno federal perdiese el trabajo de pastor. Mas allá
del lógico interés económico —los presos y los prófugos no suelen ser cobradores eficaces— el testigo
protegido de la PGR tiene motivaciones de sobra también para el desquite personal contra Fattel,
Ignacio Juárez y la presente administración de la Iglesia Restaurada. ¿Hay evidencias que corroboren
esto?
7

8. Exoneración de Alonso Emmanuel Cuevas
En mayo de 2009 Eduardo Escamilla declaró ante la fiscalía de la SIEDO contra Alonso Emmanuel Cuevas
Castañeda acusándole de ser pastor de la iglesia restaurada y responsable criminal del caso Casitas del
Sur. La PGR publicitó en ese tenor su detención, arraigándolo. No se publicitó que Cuevas era garante
de algunas de las mujeres perjudicadas por las estafas del pastor Escamilla y que tenía un pagaré
firmado por éste por 250 mil pesos. Era, técnicamente, otro acreedor del singular testigo del gobierno
federal. Ver pagaré firmado por Eduardo Escamilla a Alonso Cuevas.
Después de la detención de Cuevas el 23 de junio de 2009, los medios de comunicación se limitaron a
repetir la versión oficial de la PGR (Ver boletín de la PGR) destacando “la captura del líder de la iglesia
Cristiana Restaurada” sin reparar en que Cuevas no era ministro. Se trataba, en sí, de un laico que en su
tiempo libre ocupaba una posición administrativa no remunerativa en su iglesia. De acuerdo con el
expediente, era también uno de los administradores que votaron por no demandar penalmente a
Escamilla Morales para evitar afectar la imagen de su iglesia. Alonso Cuevas había optado por enfocarse
en remover de su cargo al ahora expastor. En ese proceso, Cuevas Castañeda descubrió y documentó
otras anomalías económicas, incluyendo un vehículo de la iglesia restaurada que Escamilla había
cambiado subrepticiamente a nombre de su esposa, Blanca Angélica Galindo Mendoza, sin autorización
de la congregación. También halló que existían quejas recientes de una iglesia de Tehuacán, Puebla, con
cuyo líder Eduardo Escamilla Morales había instalado una maquiladora bajo el nombre Blanch and Vick
Fashions que se negaba a pagar prestaciones de ley a sus empleadas, mujeres de zonas marginadas. El
negocio de la maquiladora, como descubriría Alonso Cuevas en los primeros meses de 2007, estaba a
nombre de Blanca Galindo. Su esposo Eduardo, extrañamente, no aparecía en ningún documento.
El 27 de junio de 2009 Alonso Cuevas Castañeda, el administrador que fue pieza clave para la expulsión
de Eduardo Manuel Escamilla Morales fue formalmente arraigado y 80 días después indiciado por
delincuencia organizada y trata de personas. Con base exclusivamente en la declaración de quien fuera
su pastor por 7 años, Cuevas pasó 14 meses preso en el CEFERESO 4 Noroeste en Nayarit. La
declaración de Escamilla no contiene mención alguna de que Cuevas era su acreedor. La PGR, en
cambio, sí lo sabía pues tenía las actas notariadas de la expulsión de Escamilla Morales, confiscadas
durante un cateo a las instalaciones de la ICR. La procuraduría omitió mencionar el flagrante conflicto de
interés de su testigo estelar.
La fabricación de los cargos contra Cuevas Castañeda rindió dividendos políticos efímeros. Éste sería
exonerado y puesto en libertad el 31 de octubre de 2010. De acuerdo con la causa penal 138/2009-III,
un tribunal Unitario Federal lo declaró inocente de todos los delitos que le imputó la PGR.
El encono personal del pastor Escamilla contra su ex-subordinado Alonso Cuevas es patente en todo el
proceso penal y en particular en acusaciones que formuló contra familiares cercanos de este. En una
declaración jurada ante la PGR con fecha 18 de noviembre de 2010, Escamilla Morales intenta enviar a
prisión a la esposa de Cuevas, quien además de tener a su esposo en un penal federal sin ser culpable,
en aquellas fechas tenía un bebé de brazos. Esta es parte de la declaración de Eduardo Escamilla al
respecto:
8

9. MARIELA MORENO GARZA…es esposa de ALONSO EMMANUEL CUEVAS CASTAÑEDA, esa misma
persona de la que ya remití información vía correo electrónico y supe que asistió en este mes al
sepelio de un joven de nombre “ARTURO” del que no se (sic) sus apellidos pero es hijo de ROSY
SALINAS, ambos eran de la Iglesia Cristiana en Mixcoac, no se (sic) la dirección exacta de la casa
donde fue el sepelio, pero fue en el Distrito Federal…”
Alonso Emmanuel Cuevas ha resultado ser el tercer acreedor de Eduardo Escamilla perseguido
diligentemente por la PGR. Como se ha visto, era más que su acreedor. Al igual que Ignacio Juárez y
Miguel Fattel, Cuevas fue pieza clave para que Escamilla perdiera su trabajo como pastor en Marzo de
2007.
El caso Escamilla ejemplifica, entre otras cosas, como en México se abusa cotidianamente de la figura de
testigo protegido para vendettas personales y obtener impunidad. Su uso no regulado provoca
descrédito a las instituciones de impartición de justicia, las cuales en vez de investigar y verificar
información, dependen del frágil dicho de individuos con antecedentes delictivos que a menudo tienen
graves conflictos de interés.
Perfil criminalístico
El escándalo del caso Casitas de Sur en la capital del país detonó al año siguiente del presunto fraude del
pastor Eduardo Manuel Escamilla Morales a la familia Juárez en el estado de Hidalgo. En el expediente
del caso se registra que entre agosto y noviembre de 2008 Elvira Casco, fundadora del albergue, inició
una serie de procedimientos legales contra la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en
específico contra la Fiscal del Menor, Alicia Beatriz Azzolini Bincaz. La lectura del documento no deja
lugar a dudas, se trataba de acciones legales de Elvira Casco a nombre de su asociación civil,
Reintegración Social AC. Acciones como la solicitud de amparos para revisar reincorporaciones al seno
familiar de menores bajo legal tutela del albergue. Reincorporaciones que Casco Majalca consideraba
cuestionables —supuestamente por poner en riesgo la integridad física de los menores— pero que le
eran requeridas por la fiscal.
Esta parte del expediente abre nuevos cuestionamientos sobre las versiones sobre el conflicto de Casitas
del Sur difundidas hasta ahora. Las fojas número 110 a 118 del tomo I del expediente penal, destacan,
inequívocas, la legalidad de las actividades de Reintegración Social y el albergue Casitas del Sur por lo
menos hasta noviembre de 2008. Aunado a eso, acciones como la promoción de amparos y quejas
administrativas por vías institucionales no corresponden con el perfil mediático que a inicios de 2009 se
comienza a construir sobre Casitas del Sur como banda criminal. Hay otros datos al respecto: la
asociación civil está legalmente constituida y operaba un albergue infantil con todos los permisos de la
autoridad de la capital del país. En noviembre de 2008, cuando irrumpe el escándalo en los medios, las
custodias de los menores estaban delegadas por las autoridades o por jueces de lo familiar. El albergue,
asimismo, era subsidiado parcialmente por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal.
Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la capital, por su parte, sabían que la mayoría
del voluntariado y la mesa directiva del albergue eran de una religión distinta a la católica. El acta
constitutiva de la asociación civil no deja dudas al respecto dado que estipula la orientación cristiana del
9

10. proyecto. Ver acta constitutiva notariada. De nuevo, el perfil del albergue Casitas del Sur y de
Reintegración Social no concuerda con el de una operación ilícita o engañosa.
A fines de 2008, al inicio del caso Casitas del Sur que meses después englobaría a la ICR, no existían
versiones mediáticas de menores secuestrados ni traficados, mucho menos abusados o sacrificados para
comerciar con sus órganos como después algunos diarios, alentados por el gobierno capitalino,
comenzarían a circular para tratar de desacreditar al albergue con el cual ya estaba abiertamente
confrontado en los medios de comunicación.
El expediente penal 138/2009-III muestra a una asociación civil legalmente establecida con custodias
legales y reconocida por su labor profesional por la Procuraduría de Justicia del DF, una organización lo
suficientemente acreditada como para que el gobierno de la Ciudad de México le otorgase la custodia
temporal de ciento ochenta y seis menores en un lapso de 6 años. Como para otorgarle subsidios
anuales por miles de pesos. Ver subsidio. El expediente federal presenta a la asociación
inconformándose por vías institucionales legales contra un requerimiento administrativo de reintegrar a
algunos menores a hogares en que fueron previamente sujetos a abusos, a abusos graves por los cuales
fueron canalizados al albergue Casitas del Sur por parte de la Procuraduría de Justicia del Gobierno de la
Ciudad de México.
En ese contexto de litigio sobre custodias y de conflicto legal entre Casitas del Sur y el Gobierno del
Distrito Federal —específicamente por demandas de amparo promovidas por su directora Elvira Casco—
es que, de acuerdo a las llamadas intervenidas por la PGR, la directora del albergue comienza a recibir
instrucciones telefónicas en su domicilio de parte de “el H1”. Por ejemplo, la página 135 del Tomo II
consigna que el 29 de abril de 2009 una voz masculina le ordena contactarse a Internet para conversar
por ese medio en vez de por el teléfono para evitar ser intervenidos. En otra llamada, H1 instruye a
Casco Majalca a inculpar a diversas personas de la iglesia de donde meses antes Escamilla había sido
expulsado. Personas como el diácono Carlos Loredo—otro de los administradores—a quien Elvira Casco
señaló insistentemente en entrevistas televisivas como su pastor y la persona de quien recibía órdenes
detalladas de cómo dirigir Casitas del Sur.
El caso Loredo
Carlos Loredo es uno de los hombres más buscados en México por la policía federal. Se ofrecen por su
captura 10 millones de pesos. De acuerdo a esta generosa valuación, sería uno de los peces gordos del
caso Casitas del Sur. Nada más y nada menos que el autor intelectual. Como en casi cada caso en que
se ha atrapado a alguien de género masculino perteneciente a la restaurada, a Loredo se le identifica
oficialmente por el gobierno federal como “el pastor” de la ICR. Los comunicados de la PGR y las notas
de prensa del gobierno del PAN presentan un patrón de criminalización curioso. No importa si son
puestos en libertad antes de llegar a juicio o declarados inocentes, cada detenido es no un pastor, sino
“el pastor”. Sin importar en realidad qué cargo ocupen o no en dicha iglesia, para propósitos mediáticos,
en la versión oficial siempre fielmente reproducida por los medios, siempre se trata de “el pastor.”
Al respecto, una columna del diario El Universal da cuenta de este chusco método de propaganda
gubernamental.
10

11. Siempre que se detiene a un supuesto integrante de una banda criminal, por más bajo o insignificante
que sea su rango —si acaso lo tiene—, se le exhibe en los medios y el boletín de prensa dice que era “el
líder” de la banda x o “el autor intelectual” del tema mediático de la semana. Así es como la PGR crea la
apariencia de obtener resultados aunque los hechos digan lo contrario.
Volviendo al caso Casitas del Sur y a la ICR, Alonso Emanuel Cuevas, hoy exonerado, al ser detenido se
le exhibió ante los medios como el pastor. Todo México descansó con la noticia. César Mascareñas de
los Santos fue extraditado de los Estados Unidos y procesado por delincuencia organizada. Exonerado el
15 de diciembre de 2010, se publicitó en televisión durante su detención que era “el pastor” de la ICR.
Ignacio Juárez, el campesino defraudado por Eduardo Escamilla, resultó también ser el pastor. A Roberto
González, septuagenario exonerado en mayo de 2011 le tocó también ser el pastor de la ICR. Aun de
Ederly, el elusivo magnate, se dijo insistentemente que era el pastor. Él lo negó en una entrevista, la ICR
lo negó en un desplegado (ver desplegado) pero como quiera siguió siendo el pastor, para fines
publicitarios, unos meses más. Ahora El Kelu es el pastor. Por lo menos en este caso sí es verídico que se
trata de un pastor según el acta constitutiva de la ICR, aunque a estas alturas y por lo que dice el
expediente federal, es dudoso que tenga responsabilidad por acciones presuntas de un rebaño de más
mil personas.
En el caso de Carlos Loredo, a pesar de la elevada recompensa por su captura, el expediente indica que
se trata de un simple diácono. Un diácono que, de acuerdo con los documentos de la PGR, jugó un papel
primordial en la expulsión del pastor Eduardo Escamilla Morales de la Iglesia Cristiana Restaurada por
los fraudes de 2007.
Elvira Casco Majalca, sin embargo, ha señalado insistentemente a Loredo como el pastor y el máximo
líder de la iglesia restaurada en el DF. Como el dirigente de todo lo que se hacía y no se hacía en el
albergue de Casitas del Sur y por lo tanto el responsable criminal. La duda es, obviamente, si este
señalamiento de Casco es veraz o inducido. Hay cosas que de entrada no concuerdan con el
señalamiento: Según una ficha de localización de la PGR Carlos Loredo carece de estudios de primaria.
Es difícil imaginar a Casco Majalca, una profesionista con el temple para dirigir un albergue infantil con
más de cien menores y 40 empleados y voluntarios, como sujeta pasiva de un hombre 30 años más
joven que ella y sin estudios básicos. Lo otro que no concuerda es que Casitas del Sur era administrado
por una asociación civil, Reintegración Social, A.C., que tenía una mesa directiva. Si Loredo era el
dirigente real de Casitas entonces la mesa directiva era de membrete. El problema con ello es que la
PGR detuvo al director de la mesa directiva, Mario Zúñiga por ser presunto responsable de la
desaparición de 11 menores. Si él es culpable, entonces la mesa directiva realmente dirigía, no era de
membrete. La misma Elvira Casco, la directora, cayó en contradicciones y esta en prisión desde hace 3
años por reconocer que ella era la que mandaba en el albergue. Pastor o no, es absurdo que Loredo
fuera el dirigente de Casitas del Sur en 2008 cuando había una mesa directiva y una presidenta y
fundadora en funciones.
11

12. Declaraciones dictadas a Elvira Casco
Paralelamente a aquellas misteriosas llamadas de “el H1” a Elvira Casco en abril de 2009 presionándola
a que inculpase a Carlos Loredo, la fiscalía federal de la PGR comenzó a recibir correos electrónicos con
acusaciones anónimas contra el mismo Loredo. Estaban bajo el seudónimo “Caballero Negro”. Los
anónimos, sin firma ni verificación de su autenticidad y origen, se anexan al expediente
PGR/SIEDO/UEITMIO/085/2010 como prueba contundente de la supuesta criminalidad de Loredo en el
caso Casitas del Sur. Los correos contienen esencialmente la misma versión que le era dictada a Elvira
Casco por teléfono.
¿Será factible que Caballero Negro y el H1 de las llamadas intervenidas por la PGR en el domicilio de
Casco Majalca, fueran en realidad Eduardo Escamilla Morales? ¿Instruyó él a su cercana discípula para
inculpar a Loredo y Cuevas como venganza por haber sido expulsado por éste de su iglesia en 2007?
Viendo el proceder del testigo protegido de la PGR contra Cuevas, Juárez, González y Fattel, es más que
plausible.
Hay otras líneas de investigación en el caso Casitas del Sur, líneas que por alguna razón no han indagado
las autoridades. Fotografías familiares publicadas a últimas fechas han corroborado la gran cercanía
entre la familia Escamilla Galindo, Elvira Casco Majalca y los menores de Casitas del Sur. Una foto
fechada en marzo de 2006 tomada, en el Distrito Federal, muestra a Blanca Angélica Galindo Mendoza,
esposa de Eduardo Escamilla, con varios de los menores, algunos de ellos hasta hoy desaparecidos. Ver
foto. Hasta la fecha, Blanca Galindo no ha sido interrogada por la PGR al respecto. Otra foto
anteriormente desconocida muestra a la misma Blanca Galindo en compañía de Elvira Casco y Daisy
Lindarte. Daisy Lindarte es líder de una célula del ex pastor Escamilla en Venezuela. Ver foto. La
fotografía establece la gran cercanía entre los Escamilla Galindo y la directora de Casitas del Sur, misma
que ha hecho la única admisión o confesión de culpabilidad en las desapariciones de menores: que ella
“prestó” un menor de edad que estaba bajo su custodia. Daisy Lindarte radica en Caracas, Venezuela en
donde Eduardo Escamilla, el testigo estrella de la PGR, reside actualmente. Escamilla Morales vive, de
acuerdo al expediente federal, en casa de la familia Lindarte.
Se colapsa el caso Casitas del Sur
Con seis acusados hoy absueltos por jueces federales y un creciente cúmulo de información sobre el
carácter y motivos del principal testigo de la PGR en el caso Casitas del Sur, la pregunta medular sigue
siendo el paradero y el destino de 11 menores desde Marzo de 2009. Versiones periodísticas han
indicado que en algún momento después de que el albergue los recibió en custodia, los menores
habrían sido dados en adopción por la asociación de Casco Majalca a matrimonios sin hijos de la ICR. Al
margen de las responsabilidades penales que obviamente derivan de una acción ilegal así, esto echaría
por tierra las versiones sensacionalistas de venta, secuestro o trafico de órganos, versiones que tomaron
auge sobre todo al inicio del escándalo en los medios de corte amarillista pero que eventualmente se
extinguieron. Simultáneamente, esto explicaría en cierta forma la particular animadversión que la PGR
refleja en los expedientes judiciales contra la Iglesia Cristiana Restaurada en su totalidad al sospechar
que la iglesia apoya a dichos padres de familia. La versión de las adopciones al interior del grupo
12

13. religioso explicaría también la poca urgencia del gobierno federal y del Distrito Federal en hallar a los
menores, los cuales no han merecido ni una Alerta Ámbar. Tal vez asuman que los menores están bien y
que no corren peligro. Fuentes de la misma PGR y de la Secretaría de Gobernación han ido mas allá al
aseverar que el gobierno federal de hecho sabe en donde están los menores.
Más allá de la presión política que un caso escandaloso genera, y de la costumbre gubernamental de
simular ante los medios que resuelve casos sonados, una conclusión segura es que la PGR y su
cuestionable programa de testigos protegidos le han fallado otra vez a México en Casitas del Sur. Que
siguen los vicios de siempre, los de fabricar delitos y exhibir ante los medios presuntos culpables que
resultan no serlo. Que lo importante es poner a declarar a quien sea, no importando su veracidad o si
tiene claros motivos para mentir o inventar información. Que por pragmatismo político se vale fabricar
culpables al vapor y a posteriori crearles evidencias. Que no es sorprendente que los casos judiciales
construidos sobre mentiras, se desmoronen. Que en nuestro sistema de justicia se vale hacer favores,
como meter presos a acreedores con tal de obtener declaraciones a modo de personas con escasos
escrúpulos. Y que cuando los presuntos culpables resultan exonerados, el costo de la larga farsa es
pagado por el erario público. Que la autoridad permite que testigos utilicen de forma oportunista
asuntos de interés público, no para coadyuvar con la justicia sino para vulgares desquites y evadir la ley
ellos mismos.
Lo que no debería esperarse es que las autoridades federales, en vez de hacer su trabajo de investigar y
resolver casos como Casitas del Sur, cometa delitos por hacer favores a los delincuentes que utiliza para
redactar acusaciones a modo, acusaciones que a fin de cuentas siempre terminan colapsándose cuando
los jueces federales no hallan evidencia mínima para justificar una sentencia y terminan liberando a
quienes, luego de ser arrestados con fanfarria, resultan absueltos.
Para más información visita:
www.casitasdelsur.lacoctelera.net
www.testigoprotegidopgr.blogspot.com
13