Para los que trabajamos en el sector salud es un hecho cotidiano reconocer el estado de desprotección e inseguridad en que venimos realizando nuestra labor; sobre todo los médicos del sector público.
1. Médicos y pacientes: Exijamos que el Estado asuma su
responsabilidad en salud
Iliana Romero Giraldo
CMP 27837
Para los que trabajamos en el sector salud es un hecho cotidiano reconocer el estado de
desprotección e inseguridad en que venimos realizando nuestra labor; sobre todo los médicos del
sector público.
El MINSA a nivel nacional cuenta con 383 establecimientos de salud organizados en
Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS). Este conjunto de recursos humanos y
tecnológicos (infraestructura, equipamiento, medicamentos, procedimientos clínicos, etc.) se
organiza para poder desarrollar funciones y producir servicios acordes a un nivel de complejidad
y capacidad resolutiva determinados. Sobre estos parámetros se basa la categorización de
establecimientos. Y como el papel aguanta todo.
Ahí empieza el problema, pues al margen de niveles de complejidad y categorizaciones
otorgadas y escritas en un papel, la realidad es muy diferente, tal así que un centro de tercer nivel
actúa como de primero simplemente porque el paciente no confía en la atención por niveles sino
por el prestigio o especialización y acude exigiendo ser atendido donde cree será resuelto su
problema y este desorden, falta de coherencia y respuesta del MINSA, encierra en un círculo
peligroso a los responsables directos de la prestación de la atención: los médicos.
¿Qué ha venido pasando cuando se indicaba un examen o un medicamento a un paciente
quien muchas veces por su condición económica no iba a poder conseguirlo? Nuestra vocación
de servicio o amor al prójimo hacia que nos pusiéramos a mover cielo y tierra para hacerlo
efectivo incluyendo: nosotros mismos donar sangre, conseguir medicinas (hasta con nuestro
dinero, juntar muestras médicas, etc.) que es digno de rescatar pero no es lo mejor para nadie
porque era encubrir la existencia de un problema. Igual, damos la cara cuando al paciente le
solicitamos una prueba de laboratorio, procedimiento de radiodiagnóstico o medicamentos y éste
regresa preocupado o molesto diciendo que las fechas de citas son muy lejanas o simplemente
no hay reactivos o se malogro la máquina o que su cita para la operación se postergo porque no
hay sala o no hay cirujanos o no hay insumos o equipos para la operación …es decir la
categorización no te da la garantía que trabajes en un lugar donde estas situaciones no deberían
pasar. Nuestra actitud benevolente ha sido por años vista como natural, pero con ella hemos
permitido que el Estado se exima de su responsabilidad y obligaciones que tiene con el pueblo
peruano sobre su derecho a la salud.
Esto nos ha convertido por años en cómplices silenciosos de un Estado que al final gasta
millonarias sumas de dinero en planillas de funcionarios amigos, publicidad que sirve para sus
fines políticos, abusos y tropelías varias mientras los hospitales y centros languidecen y son
exigidos sobrepasando su capacidad y por tanto, los médicos se exponen cada vez más a
situaciones innecesarias de riesgo laboral, legal y hasta ocupacional en su afán de querer ayudar
pero sin recibir el apoyo del responsable directo, desde el MINSA a las gestiones de turno.
Esta situación debe parar pues el médico merece respeto por su trabajo y que se garantice que
las condiciones del mismo sean las mínimas donde se pueda desarrollar un acto médico seguro y
minimizando el riesgo para su paciente. El art. 14° y 36° del Código de Ética del CMP dicen:
2. “ Art.14° En caso que las instituciones prestadoras de salud pública o privada no cuenten con los
recursos indispensables para una adecuada atención, el médico debe manifestar su actitud de defensa
del paciente, informando el hecho a las instancias superiores responsables y al Consejo Regional
correspondiente.
Art. 36° El médico funcionario no debe emitir o promover directivas que contradigan los principios del
presente Código.”
No es posible pues que se nos obligue a trabajar en condiciones paupérrimas y adversas y se
nos exija lograr un buen resultado mientras que el o los responsables de las serias deficiencias
del sistema- desde el MINSA hasta los funcionarios de la gestión de cada centro -se laven las
manos y fuercen a atender en condiciones que puedan conllevar a un evento que finalmente
sea causal de problema médico legal en que el colega se queda prácticamente solo contra el
mundo, ya sea por buena gente o querer mantener el trabajo o porque desconoce sus derechos.
Y esto pasa en todo nivel, desde el médico SERUMISTA hasta el asistente de un centro
público o privado de la capital, hasta con categorías nivel III: falta de insumos, de
medicamentos, sin grupos electrógenos de apoyo para apagones, falta de ambulancias, de
equipos mínimos para RCP, unidades de UCI operativas, etc. y como sabemos: la cuerda siempre
se rompe por el lado más frágil, por eso esta situación debe acabar.
¿Cómo hacer el cambio? La única forma es notificar o denunciar las carencias que
encontramos donde estemos y educar a los pacientes que su derecho a la salud debe ser
respetado desde el MINSA para que reclamen mejor atención que no depende –como muchos
quisieran hacerles creer – exclusivamente del médico. Informarles sobre nuestra responsabilidad
y alcance es algo necesario como parte de nuestra labor, pues ellos no saben que, por ejemplo,
las citas no dependen del médico sino de un sistema administrativo.
Depende de la capacidad de gestionar los recursos en forma adecuada y con criterio, depende
de planificar y cumplir el plan para que no falten antes de que acabe el año reactivos de
laboratorio, ni exámenes ni medicinas o no haya desabastecimiento de vacunas ante
contingencias.
Depende de la capacidad de respuesta de los médicos para prevenir las situaciones donde se
exponga su trabajo a un mal resultado por condiciones que escapan de su control. Ojo y no se
trata de cruzarse de brazos, lanzar la pelota a la cancha del otro o quejarse solo por el gusto de
hacerlo, se trata de salvaguardar responsabilidades pero sobre todo y lo más importante: de la
seguridad del paciente- que es el fin de nuestra labor-, pues no es justo que operemos o
hagamos procedimientos sin pensar a que riesgo se expone al paciente y ni siquiera por nuestra
culpa sino porque carecemos de los medios suficientes y mínimos requeridos.
El proceso de categorización no es malo, lo malo es que desde el arranque por ej. solo la
infraestructura de muchos centros de atención está muy mal, que los equipos, máquinas, insumos
no están acorde a lo esperado. La falencias claras y conocidas deben ser puestas en la mesa y
discutidas, no escondidas pues no se trata de poner un rotulo a un centro sino de que su trabajo
sea efectivo y que el usuario interno y externo sienta satisfacción por la atención realizada.
Nuestro derecho como médicos es denunciar ante los Cuerpos Médicos, ante los Consejos
regionales y nacional del CMP las deficiencias del sistema que encontremos, a quienes nos
obligan a hacerlo y educar a los pacientes sobre sus propios derechos – no solo para generar
3. demandas laborales o legales para los colegas como ahora se hace con permiso del MINSA y con
acciones individuales desde INDECOPI -, se trata de buscar el bienestar de todos aprendiendo
que es parte del ejercicio ciudadano, el derecho de decir lo que está mal para generar alternativas
de solución y mejora. Derecho que les asiste a los médicos y pacientes, quienes somos los
actores principales del acto médico y quienes debemos mantener unidad civil para exigir que el
Estado nos brinde la verdadera atención en salud con calidad, que es un derecho humano
fundamental y definitivamente de su absoluta y total responsabilidad como Estado elegido por
ciudadanía en democracia.