1. PROPUESTA FINAL DE EXIGITORIO ÚNICO PUCV 2013.
La condición social de la educación en Chile es el resultado histórico de la estructura
económica y política vigente. Durante los últimos 40 años, el Estado chileno, impulsado por una
ideología fundada en el mercado y la libre competencia, se ha desentendido progresivamente
de las condiciones mínimas para la vida digna de la sociedad.
Hoy, la posición socioeconómica se consagra como requisito fundamental para acceder
a la educación; por lo tanto, la posibilidad de acceso a las instituciones de educación superior
depende de la capacidad real de las familias para realizar esta inversión.
Además, se ha profundizado la desvinculación del Estado con el sistema educativo en
todos sus niveles; el autofinanciamiento ha conducido a que la Universidad se sostenga
principalmente en base al endeudamiento del estudiantado y la entrega de becas para los
casos de mayor vulnerabilidad social: Se ha pasado, por ende, de un Estado garante de
derechos a un Estado subsidiario.
En esta línea, durante el desarrollo del primer semestre académico de este año 2013,
se realizó una reestructuración unilateral en los criterios de asignación de beneficios
estudiantiles otorgados por el MINEDUC: La requintilización. Esta medida se tradujo
concretamente en la pérdida de becas y créditos, dejando en completa incertidumbre a miles
de estudiantes respecto a la posibilidad real de continuar con sus estudios.
Frente a esta situación, la PUCV resolvió subsanar los aportes fiscales perdidos por
medio de préstamos internos, agudizando el endeudamiento de decenas de estudiantes que
antes contaban con financiamiento, total o parcial, de su educación.
En este contexto, se inicia un proceso de movilización ascendente, basado en el
diagnóstico que reconoce la irregularidad e inconsistencia del sistema de becas y créditos es
síntoma de un modelo educacional orientado por el mercado, el que rechazamos de manera
tajante pues concebimos la educación como un derecho social y universal, cuyo financiamiento
debe estar en manos del Estado.
Así como las universidades de La Serena y Tarapacá, la PUCV ve aumentar de manera
progresiva las carreras paralizadas, situación que finalmente y a causa de la maduración del
debate al interior de las asambleas, desemboca en un paro general de carácter indefinido.
La evolución del debate llevó a las distintas carreras a enmarcar sus demandas
particulares, tales como falencias en infraestructura, equipamiento o actualización de mallas
curriculares, entre muchas otras, en un convencimiento más general: Toda transformación en el
modo en que se financia nuestra institución pasa necesariamente por el nivel de incidencia que
tienen los distintos estamentos de la Comunidad Universitaria en la toma de decisiones al
interior de la PUCV.

2. Es así como año a año vemos resurgir las mismas demandas, puesto que nuestras
necesidades no se encuentran representadas entre quienes tienen el poder para tomar
decisiones que afectan la cotidianidad de toda la comunidad universitaria.
De esta manera se articulan los dos ejes fundamentales en los que se basa nuestra
movilización: Financiamiento y Democratización. Estamos convencidos que tanto los docentes,
como estudiantes y funcionarios, históricamente marginados de la toma de decisiones, verán
satisfechas sus demandas a través del avance efectivo en estos dos puntos.
Entendemos esta alianza estratégica entre los tres estamentos universitarios como un
paso necesario para avanzar en pos de nuestro horizonte principal: La gratuidad total de la
educación chilena y la democratización de todas las instituciones de educación superior del
país.
Este último punto nos llama a acoger como nuestras las demandas por terminar con la
precarización, tercerización y flexibilización del empleo, así como con la exclusión de los
trabajadores de la toma de decisiones al interior de nuestra universidad. Siendo estas
exigencias propias del Consejo Nacional de Trabajadores de las Universidades Chilenas
(CONATUCH)1
.
En base a todo lo anterior y sabiendo que nuestras demandas por una educación
pública, gratuita, democrática y al servicio de la sociedad entera, son compartidas por los
chilenos con un 89% de aprobación2
, creemos que la urgencia de las mismas nos obliga a
presentar este documento, ya no como un petitorio más, sino como una exigencia mínima para
el desarrollo digno y justo de la comunidad universitaria.
1
Propuesta Políticas de los trabajadores de las universidades chilenas
2
CERC. “Barometro de la política”.
http://www.cerc.cl/cph_upl/20121029112544_barometro_de_la_politica_agosto-septiembre2011.pdf
Consultado el día 28 de mayo 2013.

3. FINANCIAMIENTO
1. Frenar la Requintilización
Considerando que producto de la requintilización, cientos de compañeros a nivel
nacional vieron suprimida su posibilidad de estudiar, creemos que los quintiles son un mal
mecanismo de clasificación, ya que se asigna a un quintil, por el ingreso per cápita, sin
considerar los egresos y eventuales gastos que tengan las familias chilenas3
. Estadísticamente
este mecanismo no aísla al 5% de la población chilena que sí puede pagar su educación.
Actualmente las becas y créditos solo se entregan hasta el 4 quintil (becas I-III, Créditos
I-IV), el sistema supone que las familias que pertenecen al IV y V quintil, pueden pagar su
educación, pero en la práctica esto no ocurre.
En vías de frenar esta política de asignaciones y con la convicción que debemos caminar
hacía la educación gratuita, hoy al Estado de Chile y al MINEDUC exigimos:
1. Reposición inmediata de los beneficios para todos los estudiantes afectados por esta
medida a nivel nacional. Con ello, rechazamos el cambio de becas por créditos que se
han instaurado en algunas universidades, ya que sólo profundiza aún más el
endeudamiento de las familias.
2. Eliminar el actual mecanismo de quintilizacion, reemplazando este, por un mecanismo
más representativo de los niveles socioeconómicos de las familias chilenas, a través de
la veintilización4
.
3. Adicionalmente debe existir un mecanismo que considere, no sólo los ingresos, también
los gastos básicos de las familias5
, de esta forma calcular un excedente, que esté sujeto
a evaluación para recibir beneficios en los veintiles que no posean ayudas económicas.
Los resultados de este cálculo deberán ser públicos.
Para avanzar prontamente en estos temas, a Rectoría exigimos:
1. Que sea un actor movilizador de esta demanda dentro del CRUCH, y que finalmente
este último agilice una respuesta concreta y satisfactoria de parte del MINEDUC.
3
Educación, vivienda, salud, alimentación, transporte, bienes y servicios, entre otros.
4
División del total de hogares en Chile, en 20 partes iguales, ordenados por ingresos. Fundación Sol en
micro datos, encuesta CASEN, Veintilización del ingreso total per cápita. Datos Expandidos.
5
Educación, vivienda, salud, alimentación, transporte, bienes y servicios, entre otros.

4. 2. Eliminación del AFI y aumento de los aportes basales a las Universidades del CRUCH.
La falta de recursos en la educación superior genera endeudamiento estudiantil e
institucional, lo cual dificulta el desarrollo óptimo de las actividades propias de una casa de
estudio. Falencias en infraestructura y equipamiento, calidad de los procesos formativos,
inestabilidad laboral de los profesores a honorario, externalización de servicios (casino,
guardias, librería, fotocopiadoras, entre otros), aumento de aranceles, cobro de matrículas
todos los años, cobro por certificados de título, son algunas de las problemáticas que afectan a
toda la comunidad educativa, consecuencia de este modelo de autofinanciamiento.
Ante esto, al Estado y todas sus entidades exigimos:
1. Eliminar los Aportes Fiscales Indirectos, traspasando estos recursos a los Aportes
Fiscales Directos.
2. Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre
disposición, permanentes y progresivos para terminar con el autofinanciamiento de las
universidades del CRUCH.
Para impulsar con fuerza una solución a estos problemas, es que se deben cumplir y
profundizar los compromisos asumidos en el documento “Puntos convergentes CRUCH-
CONFECH”.
Junto con proponer el aumento de los fondos basales desde el Estado hacia las universidades,
hoy a las autoridades de la PUCV exigimos:
1. Establecer un Acuerdo Marco que obligue al Gobierno Universitario a definir en
conjunto con estudiantes, docentes y trabajadores de la comunidad universitaria los
criterios de distribución de dichos recursos, siendo este un espacio que represente y de
respuesta a las demandas de cada uno de estos estamentos. Dicho acuerdo será
materia de trabajo de la comisión tetra-estamental detallada en el siguiente apartado.
DEMOCRATIZACIÓN
Consideramos que las problemáticas en calidad, acceso y financiamiento que hoy
afectan a las distintas unidades académicas y facultades —conformadas por académicos,
funcionarios y estudiantes— se deben a que la toma de decisiones se da de manera unilateral
y autoritaria, recayendo sólo en un grupo reducido de administrativos que no representa la
voluntad de la comunidad universitaria en su conjunto.
A nuestro juicio, consideramos como un claro ejemplo de esto, la política de re-diseño de
mallas curriculares que surge a partir del Plan de Desarrollo Estratégico para la PUCV 2011-

5. 2016. Para dar término a dichas problemáticas, a las autoridades universitarias de la PUCV
exigimos:
1. La creación de una comisión tetra-estamental de carácter temporal con una duración
máxima de cuatro meses que esté integrada por dos representantes del Consejo
Superior, dos académicos, dos funcionarios, dos estudiantes propuestos por sus
asambleas y electos por el CGE, un representante de la mesa ejecutiva de la FEPUCV
y un representante de la iglesia.
Serán objetivos de la comisión:
a. Elaborar el “Marco de Acuerdo” para las exigencias de financiamiento ya
establecidas, con el objetivo de democratizar el destino de dichos fondos.
b. La materialización de un “Acta de Acuerdo” que contemple los procedimientos y
plazos de la reforma a los Estatutos Generales y al Reglamento Orgánico.
La constitución de esta Acta de Acuerdo debe también considerar las posturas del
Seminario de Buga de 19676
, las que en el punto 4 de las “Recomendaciones para
mejorar las universidades católicas ya existentes”, especifican:
Descentralizar el poder directivo dentro de la Universidad, con mayor
participación por parte de los profesores y alumnos. Esta recomendación
conlleva un profundo estudio de las condiciones a las cuales hay que subordinar
la concesión, a las partes interesadas, del derecho de participar ya sea en la
elección de los varios cargos, ya sea en el ejercicio del poder ligado a los
mismos, en aquella medida que sea adecuada para garantizar mediante el
aporte personal de las partes mismas, la mejor marcha de la Universidad.
c. La creación de un Consejo tetra-estamental de carácter permanente que:
I. Como primera tarea, en el plazo de un año se encargue de la elaboración de una
propuesta de Plan de Desarrollo Estratégico PUCV 2016-2021, para ser presentado
al Consejo Superior para su posterior discusión y aprobación.
II. Trabajar en pos de recuperar gradualmente lo conseguido por esta Casa de
Estudios en el año 1967 en relación a la democratización universitaria sobre la base
del proyecto emanado de la Convención de Estudiantes “Propuesta de
democratización universitaria de la PUCV” (2012, páginas 74 - 83), garantizando la
creación y reformulación de espacios e instancias de trabajo permanente y
periódico, de carácter vinculante y resolutivo, entre los distintos estamentos de la
comunidad universitaria, siguiendo los mecanismos que en él se señalan.
6
“La Misión de la Universidad Católica en América Latina” (Buga, 12 al 18 de febrero de 1967):
http://goo.gl/OaqWy Consultado el 28 de mayo del 2013

6. III. Otorgar garantías, facilidades, recursos y fueros necesarios a todos los estamentos
de la comunidad universitaria para velar por su participación en dichas instancias.
Este Consejo estará integrados por: dos representantes del Consejo Superior, dos académicos,
dos funcionarios, dos estudiantes propuestos por sus asambleas y electos por el CGE, un
representante de la mesa ejecutiva de la FEPUCV y un representante de la iglesia, todos
distintos a los integrantes de la Comisión.
2. La reforma de las normas que impiden la participación de estudiantes y funcionarios en
los órganos de gobierno universitario, tanto a nivel interno como en el marco de la
legislación vigente. En atención a que consideramos lo anterior como un proceso
paulatino y progresivo, es que creemos que deben tomarse las siguientes medidas:
a. En conjunto con el CRUCH, siguiendo los acuerdos del documento “puntos
convergentes” con el CONFECH, impulsemos la derogación de las normas de la
legislación vigente que impiden la participación de estudiantes y funcionarios en
el gobierno universitario7
. Para aquello rectoría debe tomar una postura clara
frente al tema.
b. Que rectoría interpele al CRUCH con el fin de que se establezca en reemplazo
de la normativa señalada anteriormente, una cláusula facultativa que asegure la
posibilidad de participación de estudiantes y funcionarios en las instancias de
gobierno universitario.
c. Eliminar el inciso 2 del Artículo 44 de los Estatutos Generales de la PUCV que
establece: La forma de participación de los estudiantes en los órganos
colegiados de gobierno de la Universidad, deberá adecuarse a Ia legislación
vigente en el país, siendo éste uno de los obstáculos que impiden la
participación democrática al interior de nuestra universidad.
Según señala en el Decreto 315/2010, (texto que modifica el Título V y fija el texto
refundido del Reglamento Orgánico de los Estatutos Generales), el Gran Canciller de la PUCV
(Actualmente Monseñor Gonzalo Duarte), posee dentro de sus potestades la derogación de
artículos del Reglamento Orgánico de los Estatutos Generales. Es decir, recae en su figura la
potestad de modificar tanto los Estatutos Generales de la PUCV como su Reglamento
Orgánico8
7
El artículo 45 letra e) de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Ley nº 18.962). Y los
artículos 56 letra e), 67 letra e) y 75 letra e) del Decreto con Fuerza de Ley nº2 del año 2010
del Ministerio de Educación.
8
Dicha potestad se basa en lo dispuesto en el Cánon 94, párrafo 3° del código de Derecho
Canónico y en el artículo 18, letra d), de los Estatutos Generales de la Universidad.