1. Toluca de Lerdo, México,
9 de enero de 1996
CC. DIPUTADOS DE LA
H. LII. LEGISLATURA DEL ESTADO
P R E S E N T E S
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a
la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la presente
iniciativa de Código de Procedimiento y Proceso Administrativo del Estado de México, la
que tiene su fundamento:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Una de las constantes históricas del pueblo mexicano ha sido su aspiración a gobernarse
por leyes, de tal manera que tanto individuos como autoridades, ajusten sus conductas a
las normas jurídicas para que éstas, den fijeza y protección a los derechos, libertades y
propiedades y el Estado, basado en el marco jurídico, sea quien garantice la convivencia y
la armonía social
En el Estado de México siempre se ha creído en el imperio de la ley como medio
indispensable para fortalecer el estado de derecho, porque solo en éste se asegura,
protege y proyecta el ejercicio de las potencialidades de cada persona y de la sociedad en
su conjunto.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dispone que sus
autoridades solo tienen las facultades que expresamente les confieren las leyes y otros
ordenamientos jurídicos, principio, en el que descansa el equilibrio entre la autoridad y la
libertad y que soporta al régimen de derecho, al cual todos aspiramos.
Los ordenamientos jurídicos de la entidad, en los que se contienen las normas aplicables
a los procedimientos administrativos que se realizan ante las autoridades de la
administración pública estatal, municipal o de los organismos auxiliares con funciones de
autoridad, con excepción de los Códigos Fiscales estatal y municipal, con frecuencia, no
son del todo completas para conocer los derechos y los deberes procedimientales de los
particulares y aún, de los órganos de la administración en detrimento de los intereses
sociales, suscitándose así, las controversias cuya resolución corresponde al Tribunal de lo
Contencioso Administrativo mediante el proceso jurisdiccional respectivo.
Precisamente para normar los diversos procedimientos administrativos que hasta ahora
se encuentran dispersos en las distintas leyes de la entidad, se propone la expedición de
un Código de Procedimiento y Proceso Administrativo, que de unidad, coherencia y
sistematización a los actos de los órganos de la administración pública que intervienen en
ellos en armonía con las disposiciones que corresponden al proceso administrativo y que
regulan la organización y el funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
La iniciativa se desarrolla en tres títulos denominados: De las Disposiciones Comunes al
Procedimiento y Proceso Administrativo; Del Procedimiento Administrativo; y, Del Proceso
Administrativo.
Bajo el título de Disposiciones Comunes al Procedimiento y Proceso Administrativo, se
proponen las normas aplicables tanto por los órganos de la administración pública estatal

2. y municipal, organismos auxiliares con funciones de autoridad y por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo como son las materias relativas a las formalidades
procedimentales y procesales, notificaciones, plazos, pruebas, y valoración de la prueba,
que al ser desarrolladas sistemáticamente mejorarán la seguridad jurídica en la actuación
de los órganos de la administración pública, la legalidad de sus actos y los derechos de
los administrados frente a aquellos.
Dentro del título denominado Del Procedimiento Administrativo éste se norma bajo tres
modalidades: el común, el de ejecución y el sustanciación del recurso para impugnar ante
los órganos de la administración pública la legalidad de sus actos, motivo por el que las
disposiciones que regulan el procedimiento económico-coactivo que se encuentran en los
Códigos Fiscales estatl y municipal pasan a formar parte del Código que se propone en
esta iniciativa.
En el título denominado del Proceso Administrativo se desarrollan las disposiciones tanto
orgánicas como procesales que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, destacando las relativas a la existencia de la
Sala Superior con dos secciones integrada por tres magistrados cada una con sede en
Toluca y Tlalnepantla, respectivamente; la duración del cargo de magistrado por 15 años
y su sustitución escalonada; la duración del cargo de presidente por tres años, pudiendo
ser reelecto por una sola vez; la ampliación de la competencia del Tri bunal con el
conocimiento y resolución de actos relacionados con contratos y convenios
administrativos y fiscales, la resolución afirmativa ficta, la legalidad de reglamentos,
decretos, circulares y disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal; la
regulación de la suspensión del acto impugnado; el tratamiento de cuestiones previas, la
previsión de arreglos conciliatorios ante el Tribunal y la previsión de la jubilación de los
actuales magistrados.
En suma, la iniciativa del Código de Procedimiento y Proceso Administrativo, que se
somete a la consideración de esa H. Legislatura, contiene importantes avances en la
regulación jurídica de estas dos instituciones, porque al tratarse en forma sistemática se
mejorará la actuación de los órganos de la administración pública estatal y municipal, así
como de los organismos auxiliares con funciones de autoridad, en el ejercicio de sus
atribuciones, se dará mayor fijeza y seguridad jurídica a sus actos y se ampliará la tutela
de los derechos y las libertades de los particulares frente a aquellos.
Por lo expuesto se somete a la consideración del H. Cuerpo Legislativo la presente
iniciativa de Código, a fin de que, si la estiman correcta se apruebe en sus términos.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL GOBENADOR DEL ESTADO DE MEXICO
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. HECTOR XIMENEZ GONZALEZ

3. CESAR CAMACHO QUIROZ, Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, a sus
habitantes sabed: Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
DECRETO NUMERO 11
LA H. LIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO
D E C R E T A :
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DEL ESTADO DE MEXICO
TITULO PRIMERO
De las Disposiciones Comunes al
Procedimiento y Proceso Administrativo
CAPITULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales
Artículo 1.- Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y
tienen por objeto regular el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades
del Poder Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos descentralizados de
carácter estatal y municipal con funciones de autoridad, así como el proceso
administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.
Salvo disposición expresa en contrario, el presente ordenamiento no es aplicable a los
integrantes de la Legislatura del Estado de México, a la Universidad Autónoma del Estado
de México, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de México, a los consejos tutelares de menores, a las materias
laboral y electoral, ni a los conflictos suscitados entre los integrantes de los
ayuntamientos, y por la elección de las autoridades auxiliares municipales.
Para efectos de este Código, se entiende por:
I. Acto administrativo, la declaración unilateral de voluntad, externa y de carácter
individual, emanada de las autoridades de las dependenci as del Poder Ejecutivo del
Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal y
municipal, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación
jurídica concreta;
II. Autoridad: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios o de los organismos
auxiliares de carácter Estatal o Municipal, que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de
ejecutar actos o resoluciones administrativas y fiscales;
III. Particular en funciones de autoridad: Persona física o jurídica colectiva que realice
actos equivalentes a los de autoridad, afecte derechos y realice funciones que estén
determinadas por una norma general;
IV. Código Administrativo: Código Administrativo del Estado de México;
V. Código Financiero: Código Financiero del Estado de México y Municipios;
VI. Código de Procedimientos: Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México;

4. VII. Interesado: Particular que tiene un interés jurídico o legítimo, individual o colectivo,
respecto de un acto o procedimiento administrativo, por ostentar un derecho legalmente
tutelado;
VIII. Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de México y Municipios;
IX. Procedimiento administrativo: Serie de trámites que realizan las dependencias y
organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal, con la
finalidad de producir y, en su caso, ejecutar un acto administrativo;
X. Proceso administrativo: Serie de etapas del juicio contencioso administrativo, la acción
popular, el recurso de revisión y el cumplimiento de sentencia;
XI. Tribunal: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.
Artículo 2.- El incumplimiento de las disposiciones previstas en este Código, dará lugar a
la responsabilidad de los servidores públicos, en los términos de la Ley de
Responsabilidades.
Artículo 3.- El procedimiento y proceso administrativo que regula este Código, se regirán
por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, pu blicidad,
transparencia, gratuidad y buena fe; en consecuencia:
I. Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código y, en lo conducente, a las
previsiones que establece la Ley para el Uso de Medios Electrónicos del Estado de México;
II. Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios;
III. Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita;
IV. Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las partes interesadas;
V. Se cuidará que alcancen sus finali dades y efectos legales;
VI. Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés general exija que sean
secretas;
VII. Que la intervención del particular, de la autoridad y del personal del Tribunal, se
realicen con rectitud y honradez;
VIII. Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas;
IX. Las autoridades administrativas, el Tribunal y las partes interesadas se conducirán,
en las promociones y actuaciones, con honradez, transparencia y respeto.
Artículo 4.- Cuando en este Código se haga referencia a las leyes, autoridades, actos y
procedimientos de carácter administrativo, se considerarán incluidos los de naturaleza
fiscal.
Artículo 5.- Se deroga
CAPITULO SEGUNDO
De las Formalidades Procedimentales

5. y Procesales
Artículo 6.- Las promociones y actuaciones deben escribirse en lengua española. Cuando
las promociones no se presenten escritas en español, se acompañarán de su
correspondiente traducción; en caso de que no se exhiba ésta, la autoridad administrativa
o el Tribunal la obtendrán, de manera oficiosa, de traductor adscrito preferentemente a
las dependencias públicas.
Cuando intervengan en las actuaciones personas pertenecientes a los pueblos o
comunidades indígenas deberán ser asistidos por intérprete y defensor que tengan
conocimiento de su lengua y cultura, debiendo asentarse tal circunstancia en el acta
respectiva; dicho intérprete deberá ser preferentemente de instituciones públicas.
Artículo 7.- Las promociones y actuaciones del procedimiento y proceso a dministrativo se
presentarán o realizarán en forma escrita. Cuando una diligencia se practique de manera
oral, deberá documentarse inmediatamente su desarrollo.
Para documentar el procedimiento y proceso administrativo podrán utilizarse impresos
que estén legalmente autorizados, así como los elementos incorporables a un sistema de
compilación y reproducción mecánico o electrónico, que garantice su conservación y
recuperación completa y fidedigna.
Artículo 8.- En las actuaciones se escribirán con letra las fechas y cantidades. No se
emplearán abreviaturas ni se enmendarán las frases equivocadas, sobre las que sólo se
pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose con toda precisión el error
cometido antes de cerrar las actuaciones.
Artículo 9.- Toda promoción que sea presentada por escrito deberá contener la firma
autógrafa de quien la formule, requisito sin el cual no se le dará curso. Cuando el
promovente no sepa o no pueda firmar, estampará su huella digital.
En materia de transparencia también podrán presentarse promociones por medios
electrónicos.
Artículo 10.- Los menores de edad, los sujetos a interdicción, las sucesiones, las
quiebras y las personas jurídicas colectivas, actuarán por conducto de sus
representantes, en términos de la legislación aplicable.
Artículo 11.- Cuando una solicitud o promoción se formule por dos o más personas,
deberán designar un representante común de entre ellas. Si no se hace el nombramiento,
la autoridad administrativa o el Tribunal considerarán como representante común a la
persona mencionada en primer término. Los interesados podrán revocar, en cualquier
momento, la designación del representante común, nombrando a otro, lo que se hará
saber a la propia autoridad o al Tribunal.
Artículo 12.- Las promocione s y actuaciones se efectuarán en días y horas hábiles.
Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos y aquéllos que
se señalen en el calendario oficial correspondiente, que deberá publicarse, en el mes de
diciembre del ejerci cio anterior, en la «Gaceta del Gobierno» o en la del municipio cuando
se trate del calendario municipal. La existencia de personal de guardia no habilita los
días.
Son horas hábiles las comprendidas entre las 9:00 y las 18:00 horas.

6. Artículo 13.- Las autoridades administrativas y el Tribunal pueden habilitar los días y
horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y
las diligencias que hayan de practicarse, notificando al particular interesado. Si una
diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupción y sin
necesidad de habilitación expresa.
Queda prohibida la habilitación que produzca o pueda producir el efecto de que se
otorgue un nuevo plazo o se amplíe éste para interponer medios de impugnación.
Artículo 14.- Cuando por cualquier circunstancia no se lleve a cabo una actuación o
diligencia en el día y hora señalados, la autoridad administrativa o el Tribunal harán
constar la razón por la que no se practicó.
Artículo 15.- Las autoridades administrativas o el Tribunal podrán ordenar, de oficio o a
petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que observen en la
tramitación del procedimiento y proceso administrativo para el sólo efecto de regularizar
el mismo, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones.
Artículo 16.- En el procedimiento administrativo no se producirá la caducidad por
inactividad de particulares o autoridades administrativas, sea por falta de promociones o
de actuaciones en un determinado tiempo.
Artículo 17.- Los servidores públicos no son recusables, pero deberán manifestar que
están impedidos para conocer de los asuntos de su competencia, en los casos siguientes:
I. Si son cónyuges o parientes consanguíneos o afines de alguno de los interesados o de
sus abogados o representantes, en línea recta sin limitación de grado, dentro del cuarto
grado en la colateral por consanguinidad o dentro del segundo en la colateral por
afinidad;
II. Si tienen interés personal en el asunto;
III. Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguno de los interesados o
con sus abogados o representantes;
IV. Si han sido abogados o apoderados de alguno de los interesados, en el mismo asunto;
V. Si hubiesen aconsejado como asesores respecto del asunto o si hubieren resuelto el
mismo en otra instancia, y
VI. Si son partes en un asunto similar, pendiente de solución.
VII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas, que impliquen
elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.
Artículo 18.- La autoridad administrativa o el Tribunal acordarán la acumulación de los
expedientes del procedimiento y proceso administrativo que ante ellos se sigan, de oficio o
a petición de parte, cuando las partes o los actos administrativos sean iguales, se trate de
actos conexos o resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos, para evitar la
emisión de resoluciones contradictorias. La misma regla se aplicará, en lo conducente,
para la sepa ración de los expedientes.
Artículo 19.- La autoridad administrativa o el Tribunal, para hacer cumplir sus
determinaciones o para imponer el orden podrán, según la gravedad de la falta, hacer uso
de alguno de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias:

7. I. Amonestación;
II. Multa de 10 a 100 días de salario mínimo vigente en el área geográfica de la actuación;
si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa
mayor del importe de su jornal o salario de un día; y tratándose de trabajadores no
asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso;
III. Expulsión temporal de las personas del lugar donde se lleve a cabo la diligencia,
cuando ello sea necesario para su continuación;
IV. Auxilio de la fuerza pública;
V. Vista al ministerio público cuando se trate de hechos probablemente constitutivos de
delito; y
VI. Los demás que establece este Código.
Artículo 20.- Las partes podrán consultar los expedientes en que se documenta el
procedimiento y proceso administrativo y obtener copia certificada de los documentos y
actuaciones que los integren.
Artículo 21.- Cuando se destruyan o extravíen los expedientes o alguna de sus piezas, la
autoridad administrativa o el Tribunal ordenarán, de oficio o a petición de parte, su
reposición.
Los particulares interesados en el procedimiento, y las partes en el proceso, coadyuvarán
con el Tribunal en la reposición del expediente.
Artículo 22.- Las resoluciones serán claras, precisas, exhaustivas y congruentes con las
cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente del procedimiento y
proceso administrativo.
Artículo 23.- Sólo una vez puede pedirse la aclaración o adición de la resolución que
ponga fin al procedimiento o proceso administrativo ante la autoridad administrativa o el
Tribunal que la hubieran dictado, dentro de los tres días siguientes a la notificación
correspondiente, indicando los puntos que lo ameriten. La autoridad o el Tribunal
formularán la aclaración sin modificar los elementos esenciales de la resolución. El
acuerdo que decida la aclaración o adición de una resolución, se considerará parte
integrante de ésta. Se tendrá como fecha de notificación de la resolución, la del acuerdo
que decida la aclaración o adición de la misma.
CAPITULO TERCERO
De las Notificaciones y Plazos
Artículo 24.- Las notificaciones se efectuarán, a más tardar, el día siguiente al en que se
dicten las resoluciones o actos respectivos.
Artículo 25.- Las notificaciones se harán:
I. Personalmente a los particulares y por oficio a las autoridades administrativas, en su
caso, cuando se trate de citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que
puedan ser impugnados. También podrán efectuarse por correo certificado con acuse de
recibo;

8. II. Por edicto que se publique por una sola vez en la Gaceta del Gobierno o en la del
municipio cuando se trate de actos municipales, y en uno de los periódicos de mayor
circulación a nivel estatal o nacional, tratándose de citaciones, requerimientos y demás
resoluciones o actos que puedan impugnarse, cuando el particular a quien deba
notificarse haya desaparecido, no tenga señalado domicilio en el Estado, se ignore su
domicilio, se encuentre fuera del territorio estatal sin haber dejado representante legal en
el mismo o hubiera fallecido y no se conozca al albacea de la sucesión.
Las subsecuentes notificaciones del procedimiento o del proceso, aún cuando se trate de
actos y resoluciones que puedan ser impugnados, podrán realizarse por estrados siempre
que exista apercibimiento de por medio;
III. Por estrados ubicados en sitio abierto de las oficinas de las dependencias públicas o
del Tribunal, cuando así lo señale la parte interesada, cuando se trate de actos distintos a
citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser impugnados o
bien, cuando se trate de las subsecuentes notificaciones del procedimiento o del proceso,
una vez realizada la primer notificación por edicto en la que se aperciba al particular para
que en el término de tres días señale domicilio dentro del Estado de México, y éste no
hubiese comparecido al procedimiento o proceso, o cuando habiéndose apersonado no
hubiese señalado domicilio dentro del Estado.
Las notificaciones por estrados se harán en una lista que se fijará y publicará en el local
de las oficinas de las dependencias públicas o de las salas del Tribunal, en lugar visible y
de fácil acceso, así como en el portal de internet de dichas oficinas o del Tribunal. La
fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de
la fecha de la resolución que la ordena.
El notificador, actuario o funcionario público de la dependencia de que se trate, asentará
en el expediente la razón respectiva;
IV. En las oficinas de las de pendencias públicas o del Tribunal, si se presentan los
particulares o autoridades administrativas a quienes debe notificarse, incluyendo las que
han de practicarse personalmente o por oficio.
V. Por vía electrónica previa solicitud que realice la parte interesada en los términos que
precisa la Ley para el Uso de Medios Electrónicos del Estado de México;
VI. Por cualquier otro medio que expresamente permitan las leyes aplicables.
Artículo 26.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio que pa ra tal efecto se
haya señalado en el procedimiento o proceso administrativo. Cuando el procedimiento
administrativo se inicie de oficio, las notificaciones se practicarán en el domicilio
registrado ante las autoridades administrativas.
Las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser notificada o su
representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona
que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora fija del día hábil
siguiente y de negarse a recibirlo, se efectuará por instructivo que se fijará en la puerta o
lugar visible del propio domicilio. Si quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la
notificación se hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio
en que se realice la diligencia y, de negarse a recibirla, se realizará por instructivo que se
fijará en la puerta de ese domicilio. En los casos en que el domicilio se encontrare

9. cerrado, la citación o notificación se entenderá con el vecino más cercano, debiéndose
fijar una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio.
En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona con quien se
entienda la diligencia, copia simple del documento a que se refiere la notificación.
El notificador asentará razón de todas y cada una de las circunstancias observadas en la
diligencia de notificación, contará con fe pública respecto de los datos y circunstancias
que asiente y sus actos gozan de presunción de legalidad.
El Tribunal podrá encomendar por exhorto a los tribunales de lo contencioso
administrativo de los estados, la práctica de las diligencias de notificación que deban
efectuarse en sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 26 bis.- Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas
siguientes:
I. A cualquier autoridad que tuviere intervención en el juicio, la primera notificación
deberá hacerse por oficio impreso en los términos precisados en el artículo 25 fracción I,
de este Código, o a través de oficio digital si ya cuenta con registro electrónico.
En todos los casos, las constancias de notificación respectivas se agregarán a los autos.
Todas las autoridades están obligadas a acusar de recibo la recepción electrónica de las
notificaciones que les fueren practicadas a través de medios electrónicos, a más tardar al
día siguiente al en que las reciban. En este plazo la dependencia pública o el Tribunal con
acuse o sin él, tendrá por hecha la notificación;
II. Los actores o terceros interesados que cuenten con registro electrónico, deberán acusar
por ese medio la recepción de la notificación.
De no acusar el recibo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que sea remitida
la notificación, el Tribunal la tendrá por hecha;
III. En cualquier momento del juicio, las partes que hayan solicitado notificaciones
electrónicas podrán pedir al Tribunal que dejen de practicarse en esa forma y se les
realicen por escrito.
Cuando las dependencias públicas o las salas del Tribunal ante las que se esté
tramitando un juicio o recurso, por la naturaleza del acto, el volumen de las constancias
o lo estimen conveniente, podrán ordenar que las notificaciones se hagan por conducto
del actuario o notificador, quienes además, asentarán en el expediente razón en
cualquiera de las situaciones anteriores.
Artículo 27.- Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles, con una
anticipación de 48 horas, por lo menos, al momento en que deba efectuarse la actuación
o diligencia a que se refieren las mismas.
Artículo 28.- Las notificaciones surtirán sus efectos:
I. Las personales, a partir del día siguiente hábil de la fecha en que fueren practicadas;
II. Las que se efectúen por oficio o correo certificado, desde el día siguiente hábil al en que
se reciban, salvo disposición legal en contrario;

10. III. Las que se hagan por edicto, desde el día hábil posterior al de la publicación; y
IV. El día siguiente hábil en que el interesado o su representante se haga sabedor de la
notificación omitida o irregular.
V. Las realizada s por vía electrónica, al día siguiente al en que la parte notificada envíe a
las dependencias públicas o al Tribunal el acuse de recibo.
Si dicho acuse no se recibe dentro del día hábil siguiente al en que se haya enviado la
notificación, ésta surtirá e fectos en términos del párrafo anterior.
El notificador de la dependencia pública o el actuario del Tribunal agregarán al
expediente la constancia respectiva.
Artículo 29.- Cuando la ley no señale término o plazo para la práctica de alguna
actuación o para el ejercicio de un derecho, se tendrá el de tres días.
Artículo 30.- Transcurridos los plazos fijados a las partes interesadas se tendrá por
perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declaratoria en
ese sentido.
Artículo 31.- El cómputo de los plazos se sujetará a las siguientes reglas:
I. Comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación
y se incluirán en ellos el día del vencimiento;
II. En los plazos fijados en días por las di sposiciones legales, autoridades administrativas
o Tribunal, sólo se computarán los días hábiles;
III. En los plazos señalados en años o meses y en los que se fije una fecha determinada
para su extinción, se entenderán comprendidos los días inhábiles; y
IV. Los plazos señalados en horas y los relativos al cumplimiento del acuerdo de
suspensión del acto impugnado, se contarán de momento a momento.
CAPITULO CUARTO
De las Pruebas
SECCION PRIMERA
De las Reglas Generales
Artículo 32.- En el procedimiento y proceso administrativo se admitirán toda clase de
pruebas, excepto la confesional de las autoridades administrativas mediante absolución
de posiciones, las que no tengan relación inmediata con el asunto y las que resulten
inútiles para la decisión del caso. Tratándose de los dos últimos supuestos, se deberá
motivar cuidadosamente el acuerdo de desechamiento de las pruebas.
Artículo 33.- Las autoridades administrativas o el Tribunal podrán decretar, en todo
tiempo, sea cual fuere la naturaleza del caso, la práctica, repetición o ampliación de
cualquiera diligencia probatoria, o bien acordar la exhibición o desahogo de pruebas,
siempre que se estimen necesarias y sean conducentes para el conocimiento de la verdad
sobre el asunto. Se notificará oportunamente a las partes, a fin de que puedan intervenir,
si así conviene a sus intereses.

11. Artículo 34.- Los actos administrativos se presumirán legales; sin embargo, las
autoridades administrativas deberán probar los hechos que los motiven cuando el
interesado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de
otro hecho.
Artículo 35.- Sólo los hechos están sujetos a prueba, el derecho lo estará únicamente
cuando se funde en leyes extranjeras.
Artículo 36.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y las autoridades
administrativas o el Tribunal deben invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las
partes.
Artículo 37.- Los servidores públicos y terceros están obligados en todo tiempo a prestar
auxilio a las autoridades administrativas y al Tribunal en la averiguación de la verdad; en
consecuencia, deben, sin demora, exhibir documentos y cosas que tengan en su poder,
cuando para ello fueren requeridos. Las autoridades administrativas y el Tribunal tienen
la facultad y el deber de compeler a los servidores públicos y terceros por los medios de
apremio para que cumplan con esta obligación; en caso de oposición, oirán las razones en
que la funden y resolverán lo conducente.
Artículo 38.- Son medios de prueba:
I. Confesional;
II. Documentos públicos y privados;
III. Testimonial;
IV. Inspección;
V. Pericial;
VI. Presuncional;
VII. Instrumental; y
VIII. Fotografías y demás elementos aportados por la ciencia.
SECCION SEGUNDA
De la Confesional
Artículo 39.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y
distintamente al formular o contestar un escrito o demanda, absolviendo posiciones o en
cualquier otro acto del procedimiento o proceso administrativo; tácita, la que se presume
en los casos señalados por la ley. La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al
que la hace.
Artículo 40.- Durante el procedimiento y proceso administrativo no se admitirá la
confesional de las autoridades administrativas mediante absolución de posiciones. No se
conside rará comprendida en esta excepción, la petición de informes a las autoridades
administrativas, respecto de hechos que consten en sus expedientes, archivos o registros.
Al ofrecer la prueba confesional, la autoridad exhibirá el pliego de posiciones
correspondiente. Sin este requisito no se admitirá la prueba.

12. Artículo 41.- Pueden articularse posiciones al mandatario, siempre que tenga poder
bastante para absolverlas o se refieran a hechos ejecutados por él en el ejercicio del
mandato.
Artículo 42.- El particular que haya de absolver posiciones será citado personalmente, a
más tardar, cuarenta y ocho horas anteriores a la señalada para la diligencia, bajo el
apercibimiento de que, si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso.
Artículo 43.- Si el citado para absolver posiciones comparece, la autoridad administrativa
o el Tribunal abrirán el pliego y procederán a realizar la calificación de las posiciones.
Artículo 44.- Las posiciones serán desechadas, cuando:
I. Sean ajenas a la cuestión debatida;
II. Se refieran a hechos o circunstancias que ya consten en el expediente;
III. Sean contradictorias;
IV. No estén formuladas de manera clara y precisa;
V. Contengan términos técnicos; y
VI. No contengan hechos propios del declarante o se refieran a opiniones, creencias o
conceptos subjetivos del mismo.
Artículo 45.- Si fueren varios los que han de absolver posiciones al tenor de un mismo
interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo día, siempre
que sea posible, evitando que los que absuelvan primero se comuniquen con los que han
de absolver después.
Artículo 46.- En ningún caso se permitirá que la persona que ha de absolver un pliego de
posiciones esté asistida por su defensor, ni se le dará traslado de las posiciones, ni
término para que se aconseje; pero si el absolvente no habla español, podrá ser asistido
por un intérprete, si fuere necesario y, en este caso, la autoridad administrativa o el
Tribunal lo nombrarán.
Artículo 47.- Hecha por el absolvente la protesta de decir verdad, la autoridad
administrativa o el Tribunal procederán al interrogatorio. El interrogatorio será aclarado y
explicado al absolvente al formulársele cada pregunta, a fin de que conteste a cada una
de ellas con pleno conocimiento de causa.
Las confesiones serán categóricas en sentido afirmativo o negativo, pero quienes las
hagan podrán agregar las explicaciones que consideren necesarias y, en todo caso, darán
las que la autoridad administrativa o el Tribunal les pidan.
Artículo 48.- Terminado el interrogatorio, la parte que lo formuló puede articular oral y
directamente, en el mismo acto y previo permiso de la autoridad administrativa o del
Tribunal, nuevas posiciones al absolvente, previa calificación de las mismas.
Artículo 49.- Si la parte absolvente se niega a contestar o contestare con evasivas o dijere
ignorar los hechos propios, la autoridad administrativa o el Tribunal la apercibirán de
tenerla por confesa, si insiste en su actitud.

13. Artículo 50.- La autoridad administrativa o el Tribunal pueden libremente, en el acto de
la diligencia, interrogar al absolvente sobre todos los hechos y circunstancias que sean
conducentes a la averiguación de la verdad.
Artículo 51.- Las declaraciones serán asentadas literalmente a medida que se vayan
produciendo y serán firmadas al pie de la última hoja y al margen de las demás en que se
contengan, así como el pliego de posiciones, por los absolventes, después de leerlos por sí
mismos, si quisieran hacerlo o de que les sean leídas. Si no supiere n firmar pondrán su
huella digital y si no quisieran hacer lo uno ni lo otro, firmarán sólo la autoridad
administrativa o el personal del Tribunal y se hará constar esta circunstancia.
Artículo 52.- Cuando el absolvente, al enterarse de su declaración, manifieste no estar
conforme con los términos en que se hayan asentado sus respuestas, la autoridad
administrativa o el Tribunal decidirán en el acto lo que proceda, determinando si debe
hacer alguna rectificación en el acta.
Artículo 53.- Firmadas las declaraciones por los que las hubieren producido o, en su
defecto, sólo por la autoridad administrativa o el personal del Tribunal, no podrán
variarse ni en la sustancia, ni en la redacción.
Artículo 54.- En caso de que la persona que deba declarar no pueda ocurrir a la
diligencia, por enfermedad debidamente comprobada a criterio de la autoridad
administrativa o del Tribunal, se señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba y de
subsistir el impedimento, la autoridad o el personal del Tribunal se traslada rá al lugar
donde la persona se encuentre para el desahogo de la diligencia, en presencia de la otra
parte en su caso.
Artículo 55.- La persona legalmente citada a absolver posiciones, será tenida por confesa
en las preguntas sobre hechos propios que se le formulen:
I. Cuando sin justa causa no comparezca;
II. Cuando insista en negarse a declarar; y
III. Cuando al declarar, insista en no responder afirmativa o negativamente o en
manifestar que ignora los hechos.
Artículo 56.- Cuando el citado para absolver posiciones no comparezca, la autoridad
administrativa o el personal del Tribunal abrirán el pliego y calificarán las mismas antes
de hacer la declaración de tener por confeso al particular. En los demás casos, la
autoridad administrativa o el Tribunal, al terminar la diligencia, harán la declaración.
SECCION TERCERA
De los Documentos Públicos y Privados
Artículo 57.- Son documentos públicos aquéllos cuya formulación está encomendada por
ley, dentro de los límites de sus facultades, a las personas dotadas de fe pública y los
expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de
sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes, salvo prueba
en contrario.

14. Artículo 58.- Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas para
los documentos públicos.
Artículo 59.- Los documentos públicos expedidos por autoridades de la federación, de los
estados, del Distrito Federal o de los municipios harán fe en el Estado sin necesidad de
legalización.
Para que hagan fe en la entidad los documentos procedentes del extranjero, deberán
presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares o
estarse a los convenios que el Estado haya celebrado en esta materia.
Artículo 60.- Los documentos que se ofrezcan como prueba deberán acompañarse al
escrito inicial, demanda o su contestación.
Si la parte interesada no tuviere los documentos a su disposición, designará el archivo o
lugar en que se encuentren los originales. Se entenderá que se tiene a su disposición los
documentos, siempre que existan los originales en protocolo, registro o archivo público de
los que se pueda pedir y obtener copias autorizada s de ellos.
Artículo 61.- La presentación de documentos públicos podrá hacerse con copia simple o
fotostática, si el interesado manifestare que carece del original o copia certificada, pero no
producirá aquélla ningún efecto si antes del dictado de la resolución respectiva no se
exhibiere el documento con los requisitos necesarios para que haga fe en el expediente
correspondiente.
Artículo 62.- Después de la presentación del escrito inicial, demanda o de la
contestación, no se admitirán otros documentos, excepto los que se hallen en alguno de
los casos siguientes:
I. Que sean de fecha posterior a los escritos señalados en el párrafo anterior;
II. Los de fecha anterior respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la parte
que los presente no haber tenido conocimiento de su existencia, salvo prueba en contrario
de parte interesada, en su caso; y
III. Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas que no sean
imputables a la parte interesada, siempre que se haya hecho oportunamente la
designación del archivo o lugar en que se encuentren los originales.
En estos casos, los documentos podrán presentarse hasta antes de que se dicte
sentencia.
Artículo 63.- Los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda
oportunidad las copias certificadas de los documentos que les soliciten las partes. Si los
servidores públicos no cumplieren con esa obligación, las partes podrán solicitar, en
cualquier momento, a la autoridad administrativa competente o al Tribunal que requieran
a los omisos.
Cuando la autoridad demandada niegue la existencia de documentos que el actor afirme
existen en sus archivos, el particular puede acreditar su existencia a través de otros
medios de prueba.
Artículo 64.- Los documentos que no se presenten en lengua española, deberán
acompañarse de su traducción, la que se mandará dar vista a la parte contraria, en su
caso, para que dentro de tres días manifieste si está conforme. Si lo estuviere o no

15. contestase la vista, se estará a la traducción aportada; en caso contrario, la autoridad
administrativa o el Tribunal nombrarán traductor, preferentemente de entre los adscritos
a las dependencias públicas.
Artículo 65.- Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, siempre que se
niegue o que se ponga en duda la autenticidad de un documento público o privado.
La persona que pida el cotejo designará el documento o documentos en los que deba
hacerse o pedirá a la autoridad administrativa o al Tribunal que citen al interesado para
que, en su presencia, ponga la firma, letra o huella digital que servirá para el cotejo.
Artículo 66.- Las partes sólo podrán objetar los documentos dentro de los tres días
siguientes a la notificación del acuerdo que los haya tenido como pruebas o, en su caso,
al contestar la demanda.
SECCION CUARTA
De la Testimonial
Artículo 67.- Los interesados que ofrezcan la prueba testimonial indicarán el nombre de
los testigos. Podrán presentarse hasta tres testigos sobre cada hecho.
Los testigos deberán ser presentados por el oferente, salvo que éste manifieste
imposibilidad para hacerlo y proporcione el domicilio de aquéllos, caso en que la
autoridad administrativa o el Tribunal los citarán a declarar.
Artículo 68.- Los servidores públicos no están obligados a declarar como testigos. Sólo
cuando la autoridad administrativa o el Tribunal lo estimen indispensable para la
investigación de la verdad, podrán ser llamados a declarar, de preferencia rindiendo su
testimonio mediante escrito que al efecto formulen.
Artículo 69.- La autoridad administrativa o el Tribunal señalarán día y hora para la
recepción de la prueba testimonial. Para el examen de los testigos no se presentarán
interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las
partes, previa calificación de la autoridad administrativa o del Tribunal.
Al final del examen de cada testigo, la parte contraria podrá, por una sola vez y en forma
oral, formular repreguntas, previa autorización solicitada a la autoridad administrativa o
al Tribunal. La autorización a una de las partes implica la de la otra cuando formulen
repreguntas relacionadas con preguntas directas que formule la autoridad administrativa
o el Tribunal.
Artículo 70.- Serán desechadas las preguntas y repreguntas, cuando:
I. Sean ajenas a la cuestión debatida;
II. Se refieran a hechos o circunstancias que ya constan en el expediente;
III. Sean contradictorias con una pregunta o repregunta anterior;
IV. No estén formuladas de manera clara y precisa;
V. Contengan términos técnicos; y
VI. Se refieran a opiniones, creencias o conceptos subjetivos de los testigos.

16. Artículo 71.- Después de tomarse al testigo la protesta de conducirse con verdad y de
advertirlo de la pena en que incurre el que se conduce con falsedad, se hará constar su
nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupación, si es pariente consanguíneo o afín de
alguna de las partes y en qué grado, si tiene interés directo en el asunto o en otro
semejante y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes. A continuación se
procederá al examen, previa calificación de preguntas y repreguntas.
Artículo 72.- Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos
puedan presenciar las declaraciones de los otros. Cuando no fuere posible terminar el
examen de los testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá para continuarse al día
siguiente hábil, salvo lo establecido en el artículo 13 del presente Código.
Artículo 73.- La autoridad administrativa o Tribunal tendrán la más amplia facultad
para hacer a los testigos las preguntas que estime conducentes a la investigación de la
verdad, así como para cerciorarse de la idoneidad de los mismos, asentándose todo en el
acta.
Artículo 74.- Si el testigo no habla español, rendirá su declaración por medio de
intérprete, quien será nombrado de oficio por la autoridad administrativa o por el
Tribunal. Cuando el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en español,
podrá escribirse en su propio idioma por él o por el intérprete.
Artículo 75.- Cada respuesta del testigo se hará constar en el acta respectiva, en forma
que al mismo tiempo se comprenda en ella el sentido o términos de la pregunta
formulada. Sólo cuando expresamente lo pida una de las partes, pueden la autoridad
administrativa o el Tribunal permitir que primero se escriba textualmente la pregunta y a
continuación la respuesta.
Artículo 76.- Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y la autoridad
administrativa o el Tribunal deberán exigirla, explicando previamente en que consiste .
Artículo 77.- El testigo firmará al pie de su declaración y al margen de las hojas en que
se contenga, después de habérsele leído o de que la lea por sí mismo y la ratifique. Si no
puede o no sabe leer, la declaración será leída por la autoridad y si no puede o no sabe
firmar, imprimirá su huella digital.
La declaración, una vez ratificada, no puede variarse ni en substancia, ni en redacción.
Artículo 78.- En el acto del examen de un testigo, pueden las partes interesadas atacar el
dicho de aquél por cualquier circunstancia que, en su concepto, afecte su credibilidad,
ofreciendo en ese momento las pruebas que estimen conducentes. Una vez impugnado el
dicho de un testigo, se dará el uso de la palabra al oferente, quien en ese acto podrá
ofrecer las prue bas que al respecto considere pertinentes.
Las pruebas se desahogarán, en su caso, en un plazo no mayor de tres días que al efecto
se fije.
Artículo 79.- Si algún testigo no puede concurrir a la diligencia, por enfermedad
debidamente comprobada a criterio de la autoridad administrativa o del Tribunal, se
señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba y de subsistir el impedimento, la
autoridad o personal del Tribunal se trasladará al lugar donde el testigo se encuentre
para el desahogo de la diligencia, en presencia de la otra parte en su caso.

17. Artículo 80.- La prueba testimonial será declarada desierta, cuando se acredite
fehacientemente que el testigo no vive en el domicilio señalado por el oferente o cuando
habiéndose comprometido éste a presentarlo, no lo haga.
SECCION QUINTA
De la Inspección
Artículo 81.- La inspección puede practicarse a petición de parte o por disposición de la
autoridad administrativa o del Tribunal, con citación previa y expresa, cuando pueda
servir para aclarar o fijar hechos relativos al asunto y no requiera conocimientos técnicos
especiales. Cuando la prueba se ofrezca por alguna de las partes se indicará con precisión
el objeto de la misma, el lugar donde debe practicarse, el período que ha de abarcar en su
caso y la relación con los hechos que se quieran probar.
Las partes y sus representantes podrán concurrir a la inspección y hacer las
observaciones que estimen oportunas.
Artículo 82.- De la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que a
ella concurran.
A criterio de la autoridad administrativa o del Tribunal o a petición de parte, se
levantarán planos o se sacarán imágenes del lugar o bienes inspeccionados, que se
agregarán al acta, para los efectos legales que procedan.
SECCION SEXTA
De la Pericial
Artículo 83.- La prueba pericial procede cuando sean necesarios conocimientos
especiales en alguna ciencia, técnica o arte y se ofrecerá expresando los puntos sobre los
que versará.
Los peritos deben tener título en la especialidad a que pertenezca la cuestión sobre la que
ha de oírse su parecer, si estuviere legalmente reglamentada. Si no la estuviere, podrá ser
nombrada cualquier persona entendida a criterio de la autoridad administrativa o del
Tribunal.
Artículo 84.- Al ofrecerse la prueba pericial, la parte oferente indicará la materia sobre la
que deba versar, nombrará a su perito y exhibirá el cuestionario respectivo.
Cuando la autoridad administrativa o el Tribunal lo consideren indispensable para la
solución del asunto acordarán la admisi ón de la prueba pericial, sea que se ofrezca por
alguna de las partes o así se determine de oficio. Al admitirse la prueba, se prevendrá a
las demás partes, para que dentro del término de tres días, nombren al perito que les
corresponda y adicionen el cuestionario con lo que les interese. La propia autoridad o el
Tribunal podrán adicionar el cuestionario, cuando se ofrezca por los interesados.
Los peritos deberán aceptar el cargo dentro de los tres días siguientes a partir de su
designación.
Cuando el perito nombrado por alguna de las partes no comparezca a aceptar el cargo o
no rinda su dictamen dentro de los plazos señalados se tendrá a la parte oferente de
dicho perito por precluído su derecho, pudiendo continuarse el desahogo con el dictamen

18. del perito de la parte contraria, con el cual se le tendrá por conforme su derecho, sin
necesidad de nombrar perito tercero.
Si ninguno de los peritos nombrados cumple con las obligaciones a su cargo, se declarará
desierta la prueba. Siempre y cuando a juicio del Tribunal o de la autoridad
administrativa de que se trate, el desahogo de dicha prueba, sea indispensable para
resolver el proceso o procedimiento administrativo, en cuyo caso, la autoridad
administrativa o Tribunal, podrá nombrar a un perito oficial.
Artículo 85.- En los supuestos en que proceda de oficio, la autoridad administrativa o el
Tribunal nombrarán a los peritos, preferentemente de entre los adscritos a las
dependencias públicas.
Los honorarios de los peritos designados por las partes serán pagados por éstas. En caso
de que existan diferencias en los dictámenes presentados por los peritos, en alguno o
algunos de los puntos esenciales sobre los que verse la prueba pericial, la autoridad
administrativa o el Tribunal determinarán la necesidad o no de nombrar un perito tercero
en discordia, mismo que será designado preferentemente dentro de los adscritos a las
dependencias, instituciones u organismos públicos, entregándoles copia de los
dictámenes discordantes y previniéndole para que rindan su dictamen en un plazo de
cinco días.
En caso de que existan diferencias en los dictámenes presentados por los peritos, en
alguno o algunos de los puntos esenciales sobre los que verse la prueba pericial, dichas
diferencias se razonarán, en forma cuidadosa, al resolver el asunto, sin necesidad de
nombrar perito tercero en discordia.
Artículo 86.- Los peritos no son recusables, pero los nombrados por la autoridad
administrativa o por el Tribunal deberán excusarse en los casos previstos por el artículo
17 de este Código.
Artículo 87.- En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones
siguientes:
I. Los peritos, previa aceptación del cargo, rendirán y ratificarán su dictamen, en el plazo
que al efecto se les fije;
II. La autoridad administrativa o el Tribunal dictarán las medidas necesarias para hacer
comparecer a los peritos; y
III. La autoridad administrativa, el Tribunal y las partes podrán formular observaciones a
los peritos y hacerles las preguntas que estimen pertinentes en relación con el dictamen
que presenten.
SECCION SEPTIMA
De la Presuncional
Artículo 88.- Presunción es la consecuencia que la ley, autoridad administrativa o el
Tribunal deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido; la
primera se llama legal y la segunda humana.
Hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente. Hay presunción humana
cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria
de aquél.

19. Artículo 89.- El que tiene a su favor una presunción legal, sólo está obligado a probar el
hecho en que la funda.
Artículo 90.- Las presunciones humanas admiten prueba en contrario.
SECCION OCTAVA
De la Instrumental
Artículo 91.- La instrumental es el conjunto de actuaciones que obren en el expediente
formado con motivo del asunto.
Artículo 92.- La autoridad administrativa o el Tribunal están obligados a tomar en
cuenta las actuaciones que obren en el expediente.
SECCION NOVENA
De las Fotografías y demás Elementos Aportados por la Ciencia
Artículo 93.- Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el asunto
que se ventile, las partes pueden presentar fotografías o copias fotostáticas, videos, cintas
cinematográficas y cualquier otra producción de imágenes.
Artículo 94.- Como medio de prueba deben admitirse también los registros
dactiloscópicos, fonográficos y demás descubrimientos de la ciencia, la técnica o arte que
produzcan convicción en el ánimo de la autoridad administrativa o del Tribunal.
SECCION DECIMA
De la Valoración de la Prueba
Artículo 95.- La autoridad administrativa y el Tribunal gozan de la más amplia libertad
para hacer el análisis de las pruebas rendidas, tanto en lo individual como en su
conjunto, aplicando las reglas de la lógica y de la sana crítica, determinar el valor de las
mismas, unas enfrente de las otras y fijar el resultado final de la valoración, a menos que
este Código establezca las reglas para hacer la valoración.
Artículo 96.- No tendrán valor las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en
este Código, a menos que sólo teniéndolas en consideración la autoridad administrativa o
el Tribunal puedan formar su convicción respecto a los hechos de que se trata. En este
caso, deberán fundar especial y cuidadosamente esta parte de su resolución.
Artículo 97.- La confesión expresa hará prueba plena, cuando concurran en ella las
circunstancias siguientes:
I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse;
II. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; y
III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante y concerniente al asunto.
Artículo 98.- Los hechos propios de las partes interesadas aseverados en sus
promociones o en cualquier otro acto del procedimiento o proceso administrativo, harán
prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.

20. Artículo 99.- La confesión ficta produce el efecto de una presunción, cuando no haya
pruebas que la contradigan.
Artículo 100.- Los documentos públicos hacen prueba plena.
Artículo 101.- Las copias certificadas hacen fe de la existencia de los originales.
Artículo 102.- La documental privada, inspección, pericial y testimonial serán
valorizados según el prudente arbitrio de la autoridad administrativa o del Tribunal.
Al valorar la prueba testimonial, la autoridad apreciará las impugnaciones y
justificaciones que se hayan planteado y obren en el expediente.
Artículo 103.- Para que las presunciones sean apreciables como medios de prueba, es
indispensable que entre el hecho demostrado y aqué l que se trata de deducir haya un
enlace preciso. La autoridad administrativa o el Tribunal apreciarán en justicia el valor de
las presunciones.
Artículo 104.- Las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas aportadas por la
ciencia, técnica o arte quedan a la prudente calificación de la autoridad administrativa o
del Tribunal. Las copias fotostáticas sólo harán fe cuando estén certificadas legalmente.
Artículo 105.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las normas de la
presente sección, a menos que por el enlace de las pruebas rendidas y de las
presunciones formadas, la autoridad administrativa o el Tribunal adquieran convicción
distinta, respecto del asunto. En este caso, deberán motivar cuidadosamente esta parte
de su resolución.
TITULO SEGUNDO
Del Procedimiento Administrativo
CAPITULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales
Artículo 106.- El procedimiento administrativo ante las dependencias del Poder Ejecutivo
del Estado, los municipios y los organismos auxiliares con funciones de autoridad de
carácter estatal y municipal, se iniciará, tramitará y decidirá con arreglo a las
disposiciones de los títulos primero y segundo del presente Código.
Artículo 107.- A falta de normas expresas en este Código, se aplicarán los principios
generales del derecho.
Artículo 108.- Las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas de
observancia general, obligan y surten sus efectos al día siguiente de su publicación en la
«Gaceta del Gobierno» o en la del municipio respectivo cuando se trate de normas
municipales, excepto que en estos medios se señale expresamente el día en que entren en
vigencia.
Artículo 109.- La ley administrativa o disposición de carácter general sólo queda
abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que ésta
contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la anterior, siempre que la
primera sea de igual o menor jerarquía que la segunda.

21. Artículo 110.- El procedimiento administrativo puede ser común o especial. Sólo se
regula como procedimiento de carácter especial, al procedimiento administrativo de
ejecución y al recurso administrativo de inconformidad.
Artículo 111.- Los particulares podrán participar en el procedimiento administrativo con
el carácter de peticionario, afectado o tercero interesado. Es peticionario quien hace a la
autoridad administrativa una solicitud. Afectado es la persona susceptible a ser
perjudicada por un acto administrativo o fiscal en sus derechos e intereses legítimos. El
tercero interesado es aquél que tiene una pretensión contraria o coincidente con la del
peticionario.
Artículo 112.- Los particulares podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a
cualquier persona con capacidad legal, quien queda facultada para ofrecer y rendir
pruebas, presentar alegatos, recibir documentos y formular otras promociones en el
procedimiento administrativo. Esta persona no podrá desistirse del procedimiento ni
delegar sus facultades en terceros.
CAPITULO SEGUNDO
Del Procedimiento Administrativo Común
SECCION PRIMERA
De la Iniciación del Procedimiento
Artículo 113.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio por las
autoridades administrativas o a petición de los particulares interesados.
Artículo 114.- El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo escrito de autoridad
administrativa competente, en los casos que señalen las disposiciones legales aplicables.
Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento, la autoridad podrá abrir un
período de información previa, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y
estar en posibilidad de determinar la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
En esta etapa no se aplicarán las formalidades de la garantía de audiencia previa.
Artículo 115.- Las peticiones po drán formularse por los particulares en cualquier tiempo
mientras no se hayan extinguido los derechos que invocan, en términos de las
disposiciones legales aplicables, salvo los casos en que éstas señalen un plazo
determinado.
Artículo 116.- La petición de los particulares deberá hacerse por escrito, en el que se
señale:
I. La autoridad a la que se dirige;
II. El nombre del peticionario y, en su caso, de quien promueva en su nombre;
III. El domicilio para recibir notificaciones, que deberá estar ubicado en el territorio del
Estado;
IV. Los planteamientos o solicitudes que se hagan;
V. Las disposiciones legales en que se sustente, de ser posible; y

22. VI. Las pruebas que se ofrezcan, en su caso.
Artículo 117.- En las peticiones en las que se formulen denuncias o quejas que se
presenten ante las autoridades administrativas competentes, en contra de la conducta de
servidores públicos estatales y municipales, los particulares interesados podrán solicitar
el pago de daños y perjuicios causados por aquéllos, en forma directa y clara, en el
ejercicio de las funciones que les están encomendadas, ofreciendo pruebas específicas
que acrediten la existencia de los mismos.
Artículo 118.- El particular deberá adjuntar al escrito de petición:
I. El documento que acre dite su personalidad, cuando no se gestione a nombre propio;
II. Los documentos que ofrezca como prueba, en su caso; y
III. El pliego de posiciones y el cuestionario para los peritos, en el supuesto de
ofrecimiento de estas pruebas.
Artículo 119.- Cuando el escrito inicial carezca de algún requisito formal o no se
adjunten los documentos respectivos se requerirá al promovente para que, en un plazo de
tres días, corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole
de que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito o las pruebas, según
el caso.
Artículo 120.- Los escritos dirigidos a las autoridades administrativas deberán
presentarse directamente en las oficinas autorizadas para tales efectos o enviarse
mediante correo o mensajería. Los escritos enviados por correo o mensajería, se
considerarán presentados en las fechas que indique el sello o instrumento fechador de
remisión.
En ningún caso se podrán rechazar los escritos en las oficinas de recepción de
documentos. Los servidores públicos asignados a estas oficinas harán constar mediante
sellos fechadores o anotaciones firmadas, la recepción de los documentos que se les
presenten, inclusive en la copia que se entregue al interesado.
Artículo 121.- Cuando un escrito sea presentado ante una autoridad administrativa
incompetente, se remitirá de oficio a la que sea competente en el plazo de tres días,
siempre que ambas pertenezcan a la Administración Pública del Estado o a la del mismo
municipio; en caso contrario, sólo se declarará la incompetencia. Si la autoridad que se
considera competente se niega a conocer del asunto, enviará el expediente al superior
jerárquico común, quien decidirá la cuestión. Se tendrá como fecha de presentación la del
recibo por la autoridad incompetente. Se notificará al promovente la remisión practicada.
Artículo 122.- En el caso de que el servidor público tenga impedimento para conocer de
algún asunto, hará la manifestación al superior jerárquico, para que lo califique de plano
y notifique al particular interesado. En el supuesto de que proceda, se designará quien
deba sustituir al servidor impedido.
SECCION SEGUNDA
De la Tramitación del Procedimiento
Artículo 123.- Cuando se inicie el procedimiento, la autoridad administrativa le asi gnará
un número progresivo al expediente, que incluirá la referencia al año en que se inicia. El

23. número se anotará en todas las promociones y actuaciones que se produzcan con el
mismo.
Artículo 124.- La autoridad administrativa llevará a cabo, de oficio o a petición de
particulares, los actos de tramitación adecuados para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos sobre los que deba basarse la resolución del procedimiento.
Artículo 125.- En el despacho de los expedientes se guardará y respetará el orden de
tramitación en los asuntos de la misma naturaleza; la alteración del orden sólo podrá
realizarse cuando exista causa debidamente justificada.
Artículo 126.- Las cuestiones previas que surjan dentro del procedimiento se decidirán
de plano, salvo las que trasciendan al resultado del mismo, que se resolverán con éste.
Estas cuestiones no suspenderán la tramitación del procedimiento.
Artículo 127.- Cuando la autoridad administrativa que conoce del procedimiento
requiera el auxilio de otras para la obtención de informes, declaraciones o documentos, se
dirigirá a éstas por oficio en el que se indique lo que se solicita. La autoridad requerida
desahogará la petición dentro de los tres días siguientes a su recibo.
Artículo 128.- Las autoridades administrativas para comprobar el cumplimiento de las
disposiciones legales podrán llevar a cabo visitas de verificación en el domicilio,
instalaciones, equipos y bienes de los particulares, en los casos en que se señalen en las
leyes y reglamentos aplicables, conforme a las siguientes reglas:
I. Sólo se practicarán las visitas por mandamiento escrito de autoridad administrativa
competente, en el que se expresará:
a) El nombre de la persona que deba recibir la visita. Cuando se ignore el nombre de
ésta, se señalarán datos suficientes que permitan su identificación.
b) El nombre de los servidores públicos que deban efectuar la visita, los cuales podrán
ser sustituidos, aumentados o reducidos en su número, en cualquier tiempo por la
autoridad competente. La sustitución, aumento o disminución se notificará al visitado.
c) Los lugares o zonas que han de verificarse. Las visitas de verificación en materia
fiscal solo podrán practicarse en el domicilio fiscal de los particulares.
d) El objeto y alcance que ha de tener la visita.
e) Las disposiciones legales que fundamenten la verificación.
f) El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad que la emite.
II. La visita se realizará en el lugar o zona señalados en la orden;
III. Los visitadores entregarán la orden al visitado o a su representante y si no estuvieren
presentes, a quien se encuentre en el lugar que deba practicarse la diligencia;
IV. Al iniciarse la verificación, los visitadores que en ella intervengan se deberán
identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, con credencial o
documento vigente con fotografía expedido por la autoridad administrativa, que los
acredite legalmente para desempeñar su función;

24. V. La persona con quien se entienda la diligencia será requerida por los visitadores para
que nombre a dos testigos que intervengan en la diligencia; si éstos no son nombrados o
los señalados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán. Los testigos
podrán ser sustituidos por motivos debidamente justificados en cualquier tiempo,
siguiendo las mismas reglas para su nombramiento;
VI. Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la diligencia,
están obligados a permitir a los visitadores el acceso al lugar o zona objeto de la visita, así
como poner a la vista la documentación, equipos y bienes que les requieran;
VII. Los visitadores harán constar en el acta que al efecto se levante, todas y cada una de
las circunstancias, hechos u omisiones que se hayan observado en la diligencia;
VIII. La persona con quien se haya entendido la diligencia, los testigos y los visitadores
firmarán el acta. Un ejemplar legible del documento se entregará a la persona con quien
se entienda la diligencia. La negativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma, se
deberá hacer constar en el referido documento, sin que esta circunstancia afecte la
validez del acta o de la diligencia practicada;
IX. Con las mismas formalidades indicadas en los puntos anteriores, se levantarán actas
previas o complementarias, para hacer constar hechos concretos en el curso de la visita o
después de su conclusión; y
X. El visitado, su representante o la persona con la que se haya entendido la verificación,
podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a
los hechos u omisiones contenidos en el acta de la misma o bien hacer uso de ese
derecho, por escrito, dentro del término de tres días siguientes a la fecha en que se
hubiere levantado el acta.
XI. Al momento de practicar la primera visita de verificación y de encontrarse el
establecimiento cerrado, se colocará sello de aviso donde invariablemente se requerirá al
visitado para que dentro de los tres días siguientes, comparezca en la oficina de la
Jurisdicción de Regulación Sanitaria correspondiente al domicilio de su negociación, a fin
de acreditar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias consistentes en el dictamen
de factibilidad de impacto sanitario y aviso de funcionamiento, además del Cumplimiento
de la Ley General de Salud, la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento.
Sello que deberá contener la siguiente leyenda:
En términos del artículo 2.68 fracción XI del Código Administrativo del Estado de México,
se exhorta al propietario y/o representante legal de este establecimiento para que dentro
del término de tres días, comparezca en la oficina de la Jurisdicción de Regulación
Sanitaria correspondiente al domicilio de la negociación, a fin de que acredite el
cumplimiento de las disposiciones sanitarias consi stentes en el dictamen de factibilidad
de impacto sanitario, aviso de funcionamiento, además del cumplimiento de la Ley
General de Salud, la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento, apercibido
que de no dar cumplimiento a este requerimiento se hará uso de los medios de apremios y
medidas de seguridad previstas en el artículo 404 de la Ley General de Salud y 2.49 del
Código Administrativo del Estado de México respectivamente; con la advertencia de que el
retiro o destrucción de este aviso sin la orden de la autoridad competente, será
sancionado en términos del artículo 19 fracciones I, IV y V del Código de Procedimientos
Administrativos del Estado de México;
XII. Los avisos de requerimiento deberán ser colocados en el acceso al establecimiento y
permanecerán visibles para el público en general;

25. XIII. Los avisos de requerimiento deberán ser retirados una vez que el particular acredite
debidamente el cumplimiento de las disposiciones de carácter sanitario señaladas en el
propio aviso.
La falta de asistencia por parte del particular a la visita de verificación, no impedirá su
realización, en materia de Derecho de Vía y Publicidad Exterior reguladas en los capítulos
segundo y tercero del Título Segundo del Libro Décimo Séptimo del Código Administrativo
para el Estado de México.
Artículo 129.- Tratándose de la aplicación de sanciones y de la emisión de otros actos
administrativos que priven a los particulares de la libertad, propiedades, posesiones o
derechos, se otorgará previamente a los mismos la garantía de audiencia, conforme a las
siguientes reglas:
I. En el citatorio de garantía de audiencia se expresará:
a) El nombre de la persona a la que se dirige.
b) El lugar, fecha y hora en la que tendrá verificativo la audiencia.
c) El objeto o alcance de la diligencia.
d) Las disposiciones legales en que se sustente.
e) El derecho del interesado a aportar pruebas y alegar en la audiencia por sí o por
medio de defensor.
f) El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad competente que lo emite.
II. La diligencia se desahogará en términos del citatorio, por lo que:
a) La autoridad dará a conocer al particular las constancias y pruebas que obran en el
expediente del asunto, en su caso.
b) Se admitirán y desahogarán las pruebas que se ofrezcan.
c) El compareciente formulará los alegatos que considere pertinentes.
d) Se levantará acta administrativa en la que consten las circunstancias anteriores.
III. De no comparecer el particular en el día y hora señalados en el citatorio, se tendrá por
satisfecha la garantía de audiencia.
En los casos de actos fiscales, decretos de expropiación de bienes, medidas de seguridad,
recuperación administrativa y sanciones de tránsito, la garantía de audiencia se otorgará
en los medios de impugnación que se hagan valer en su contra.
Artículo 130.- Cuando en el procedimiento sea necesario el desahogo de las pruebas
ofrecidas, la autoridad administrativa fijará el día y hora para tal efecto, dentro de un
plazo no mayor de 10 días siguientes a la presentación de la promoción inicial. Las
pruebas supervenientes podrán presentarse hasta antes del dictado de la resolución.

26. Artículo 131.- Concluida la tramitación del procedimiento, cuando existan documentos u
otras pruebas que no sean del conocimiento de los particulares interesados, se pondrán
las actuaciones a disposición de éstos por un plazo de tres días siguientes a la
notificación del acuerdo respectivo, para que formulen, en su caso, los alegatos que
consideren pertinentes.
SECCION TERCERA
De la Terminación del Procedimiento
Artículo 132.- El procedimiento terminará por:
I. Desistimiento;
II. Convenio entre los particulares y las autoridades administrativas;
III. Resolución expresa del mismo;
IV. Resolución afirmativa ficta que se configure; y
V. Resolución negativa ficta.
Artículo 133.- Todo particular interesado podrá desistirse de su solicitud. Si el escrito de
iniciación se haya presentado por dos o más interesados, el desistimiento sólo afectará a
aquél que lo hubiese formulado.
Artículo 134.- Las autoridades administrativas podrán celebrar con los particulares
acuerdos o convenios de carácter conciliatorio que pongan fin a los asuntos, siempre que
no sean contrarios a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 135.- Las peticiones que los particulares hagan a las autoridades del Poder
Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados con
funciones de autoridad, de carácter estatal o municipal, deberán ser resueltas en forma
escrita, dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles posteriores a la fecha de
su presentación o recepción.
Cuando se requiera al promovente para que exhiba los documentos omitidos o cumpla
con requisitos, formales, o proporcione los datos necesarios para su resolución, el plazo
empezará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido. Si la autoridad omite
efectuar el requerimiento, la resolución afirmativa ficta se configurará en términos del
siguiente.
Transcurrido el citado plazo sin que se notifique la resolución expresa, los interesados
podrán solicitar a la autoridad ante la que presentó la petición, la certificación de que ha
operado en su favor la afirmativa ficta, que significa decisión favorable a los derechos e
intereses legítimos de los peticionarios.
Dentro de los tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de la
certificación, la autoridad deberá expedirla salvo cuando el interesado no cumpla con los
supuestos de procedencia establecidos en la ley de la materia.
En caso de que la autoridad competente no de respuesta a la solicitud de certificación
dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, los peticionarios acreditarán la existencia
de la resolución afirmativa ficta, que producirá todos sus efectos legales ante las
autoridades administrativas, con la presentación del documento que acuse de recibo

27. original que contenga la petición formulada en el que aparezca claramente, o sello
fechador original de la dependencia administrativa o la constancia de recepción con firma
original del servidor público respectivo.
La resolución afirmativa ficta operará tratándose de peticiones que den inicio a
procedimientos en las materias reguladas por el Código Administrativo, excepto,
tratándose de peticiones que tengan por objeto la transmisión de la propiedad o la
posesión de bienes del Estado, municipios y organismos auxiliares de carácter estatal o
municipal, la afectación de derechos de terceros, el otorgamiento o modificación de
concesiones para la prestación de servicios públicos, autorizaciones de conjuntos
urbanos, licencias de uso del suelo, normas técnicas, dictámenes de protección civil y del
Dictamen de Factibilidad de Impacto Sanitario emitido por el Consejo Rector de Impacto
Sanitario del Estado de México, y resolución del recurso administrativo de inconformidad.
Tampoco se configura la resolución afirmativa ficta cuando la petición se hubiese
presentado ante autoridad incompetente, así como en los casos de la rescisión de las
relaciones laborales con los policías.
En todos los casos en que no opera la resolución afirmativa ficta, el silencio de las
autoridades en el plazo de treinta días hábiles posteriores a la presentación o recepción
de la petición, se considerará como resolución negativa ficta, que significa decisión
desfavorable a los derechos e intereses de los peticionarios, para efectos de su
impugnación en el juicio contencioso administrativo.
Las peticiones que los particulares hagan al Titular del Poder Ejecutivo, podrán ser
turnadas para su respuesta a las Dependencias, Organismos o Entidades, quienes
deberán notificar al peticionario tal supuesto; así como, la autoridad que conocerá y dará
respuesta.
Artículo 136.- La resolución expresa que ponga fin al procedimiento indicará:
I. Nombre de las personas a las que se dirija y cuando se ignore se señalarán los datos
suficientes para su identificación;
II. La decisión de todas las cuestiones planteadas por los interesados, en su caso;
III. Los fundamentos y motivos que la sustenten;
IV. Los puntos decisorios o propósitos de que se trate; y
V. El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad competente que la emite.
Artículo 137.- Cuando se impongan sanciones administrativas, excepto las que sean
fijas, la motivación de la resolución considerará las siguientes circunstancias:
I. La gravedad de la infracción en que se incurra;
II. Los antecedentes del infractor;
III. Las condiciones socio-económicas del infractor;
IV. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, en su caso; y
V. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado del incumplimiento de
obligaciones, si lo hubiere.

28. Artículo 138.- En las resoluciones en las que las autoridades administrativas apliquen
sanciones a servidores públicos estatales o municipales, como resultado de denuncias en
las que los particulares interesados hayan solicitado el pago de daños y perjuicios, se
determinará si los mismos proceden o no, cuantificando el importe en su caso. Las
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, municipios y organismos auxiliares de
carácter estatal y municipal a las que pertenezcan los servidores públicos sancionados,
pagarán los daños y perjuicios, debiendo cobrarlos posteriormente a dichos sancionados,
a través del procedimiento administrativo de ejecución.
Artículo 139.- Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses
legítimos de los particulares, las autoridades administrativas deberán informarles al
momento de la notificación, el derecho y plazo que tienen para promover el recurso de
inconformidad o el juicio ante el Tribunal.
Artículo 140.- Los actos administrativos tienen fuerza ejecutiva, por lo que las
autoridades administrativas los pondrán en práctica en términos de ley por sus propios
medios, salvo en los casos en que se otorgue legalmente la suspensión. Para la ejecución
de los actos, la autoridad administrativa deberá notificar a los interesados el acuerdo que
la autorice.
CAPITULO TERCERO
De los Procedimientos Administrativos Especiales
SECCION PRIMERA
Del Procedimiento Administrativo de Ejecución
Artículo 141.- Derogado.
Artículo 142.- Derogado.
Artículo 143.- Derogado.
Artículo 144.- Derogado.
Artículo 145.- Derogado.
Artículo 146.- Derogado.
Artículo 147.- Derogado.
Artículo 148.- Derogado.
Artículo 149.- Derogado.
Artículo 150.- Derogado.
Artículo 151.- Derogado.
Artículo 152.- Derogado.
Artículo 153.- Derogado.
Artículo 154.- Derogado.

29. Artículo 155.- Derogado.
Artículo 156.- Derogado.
Artículo 157.- Derogado.
Artículo 158.- Derogado.
Artículo 159.- Derogado.
Artículo 160.- Derogado.
Artículo 161.- Derogado.
Artículo 162 .- Derogado.
Artículo 163.- Derogado.
Artículo 164.- Derogado.
Artículo 165.- Derogado.
Artículo 166.- Derogado.
Artículo 167.- Derogado.
Artículo 168.- Derogado.
Artículo 169.- Derogado.
Artículo 170.- Derogado.
Artículo 171.- Derogado.
Artículo 172.- Derogado.
Artículo 173.- Derogado.
Artículo 174.- Derogado.
Artículo 175.- Derogado.
Artículo 176.- Derogado.
Artículo 177.- Derogado.
Artículo 178.- Derogado.
Artículo 179.- Derogado.
Artículo 180.- Derogado.
Artículo 181.- Derogado.
Artículo 182.- Derogado.

30. Artículo 183.- Derogado.
Artículo 184.- Derogado.
Artículo 185.- Derogado.
SECCION SEGUNDA
Del Recurso Administrativo de Inconformidad
Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y
fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso
administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad,
previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio
Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede
impugnarse ante el Tribunal.
Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de parti culares las personas
afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados,
incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad
administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados
en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables.
Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de:
I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de
ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los
organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las
mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando
trasciendan al sentido de las resoluciones;
II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten
de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los
organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de
particulares de imposible reparación; y
III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera
unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los
organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y
otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias
administrativa y fiscal.
Artículo 188.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la
autoridad administrativa competente o ante la propia autoridad que emitió o ejecutó el
acto impugnado dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos su notificación.
También podrá enviarse el recurso por correo certificado con acuse de recibo, caso en que
se tendrá como fecha de presentación del escrito la del día en que se deposite en la oficina
de correos.
Artículo 189.- El escrito de interposición del recurso deberá llenar los siguientes
requisitos formales:

31. I. El nombre y domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, de quien
promueva en su nombre;
II. La resolución impugnada;
III. El nombre y domicilio del tercer interesado, si lo hubiere;
IV. Las pretensiones que se deducen;
V. La fecha en que se notificó o se tuvo conocimiento del acto impugnado;
VI. Los hechos que sustenten la impugnación del recurrente;
VII. Las disposiciones legales violadas, de ser posible;
VIII. Las pruebas que se ofrezcan; y
IX. La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso.
Artículo 190.- El recurrente deberá adjuntar al escrito de interposición del recurso:
I. El documento que acredite su personalidad, cuando no se gestione a nombre propio;
II. El documento en el que conste el acto impugnado;
III. Los documentos que ofrezca como prueba; y
IV. El pliego de posiciones y el cuestionario para los peritos, en caso de ofrecimiento de
estas pruebas.
Artículo 191.- Si al examinarse el escrito de interposición se advierte que éste carece de
algún requisito formal o que no se adjuntan los documentos respectivos, la autoridad
administrativa requerirá al recurrente para que aclare y complete el escrito o exhiba los
documentos ofrecidos, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, se desechará de plano el
escrito o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, según el caso.
Artículo 192.- Cuando sea procedente el recurso, se dictará acuerdo sobre su admisión,
en la que también se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se
dictarán las providencias nece sarias para su desahogo.
Artículo 193.- La autoridad administrativa competente desechará el recurso, cuando:
I. El escrito de interposición no contenga la firma autógrafa o huella digital del
promovente;
II. Si encontrare motivo manifiesto e indubitable de improcedencia; y
III. Cuando prevenido el recurrente para que aclare, corrija o complete el escrito de
interposición, no lo hiciere.
Artículo 194.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado,
siempre y cuando:
I. Lo solicite expresamente el recurrente;

32. II. Se admita el recurso;
III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público;
IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el
caso de no obtener resolución favorable; y
V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las
formas previstas por la legislación financiera aplicable, cuando así lo acuerde
discrecionalmente la autoridad.
Artículo 195.- Es improcedente el recurso:
I. Contra actos que hayan sido impugnados en un anterior recurso administrativo o en un
proceso jurisdiccional, siempre que exista resolución ejecutoria que decida el asunto
planteado;
II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del recurrente;
III. Contra actos que se hayan consentido expresamente por el recurrente, mediante
manifestaciones escritas de carácter indubitable;
IV. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos cuando el recurso no
se haya promovido en el plazo señalado para el efecto;
V. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto
impugnado;
VI. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto alguno, legal o material, por haber
dejado de existir el objeto o materia del mismo; y
VII. Contra actos que hayan sido impugnados por el mismo recurrente, en otro medio de
defensa y que se encuentre pendiente de resolución;
VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal.
Artículo 196.- Será sobreseido el recurso cuando:
I. El recurrente se desista expresamente del recurso;
II. Durante el procedimiento apareciere o sobreviniere alguna de las causas de
improcedencia del recurso;
III. El recurrente fallezca durante el procedimiento, siempre que el acto sólo afecte sus
derechos estrictamente personales;
IV. La autoridad haya satisfecho claramente las pretensiones del recurrente; y
V. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir
resolución que decida el asunto planteado.
Artículo 197.- La autoridad competente o el superior jerárquico de la autoridad que
emitió o ejecutó el acto impugnado, en su caso, dictará resolución y la notificará en un
término que no exceda de 30 días siguientes a la fecha de interposición del recurso. En el

33. ámbito municipal, el recurso será resuelto por el síndico. Para efectos de impugnación, el
silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado.
El recurrente podrá decidir entre esperar la resolución expresa o promover juicio ante el
Tribunal, en contra de la presunta confirmación del acto reclamado.
Artículo 198.- En la resolución expresa que decida el recurso planteado, se contendrán
los siguientes elementos:
I. El examen de todas y cada uno de las cuestiones hechas valer por el recurrente, salvo
que una o algunas sean suficientes para desvirtuar la validez del acto impugnado;
II. El examen y la valorización de las pruebas aportadas;
III. La mención de las disposiciones legales que la sustenten;
IV. La suplencia de la deficiencia de la queja del recurrente, pero sin cambiar los hechos
planteados; y
V. La expresión en los puntos resolutivos de la reposición del procedimiento que se
ordene; los actos cuya validez se reconozca o cuya invalidez se declare; los términos de la
modificación del acto impugnado; la condena que en su caso se decrete y, de ser posible
los efectos de la resolución.
TITULO TERCERO
Del Proceso Administrativo
CAPITULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales
Artículo 199.- El proceso administrativo ante el Tribunal se substanciará y resolverá con
arreglo a las disposiciones de los títulos primero y tercero de este Código.
Artículo 200.- El proceso administrativo comprende al juicio contencioso administrativo,
la acción popular ante las salas regionales del Tribunal, al recurso de revisión y otros
trámites ante la sala superior del mismo.
CAPITULO SEGUNDO
Del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
SECCION PRIMERA
De la Integración del Tribunal
Artículo 201.- El Tribunal es un órgano autónomo e independiente de cualquier
autoridad y dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus resoluciones.
Artículo 202.- El Tribunal tiene por objeto dirimir las controversias de carácter
administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado,
municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad, particulares en funciones
de autoridad y los particulares.
Artículo 203.- El Tribunal se integrará por una Sala Superior, salas regionales y
supernumerarias que se requieran para el cumplimiento de su objetivo.

34. Artículo 204.- Los magistrados serán numerarios, sin perjuicio de que también se
nombren magistrados supernumerarios para auxiliar o suplir, temporalmente, a los
primeros. Todos los magistrados tendrán los mismos derechos y obligaciones.
Artículo 205.- Para ser magistrado del Tribunal se requiere:
I. Ser mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber
residido efectivamente en el Estado durante los últimos cinco años;
II. Tener más de 35 años el día de su designación como magistrado de sala superior y de
30 años para magistrado de sala regional;
III. No padecer enfermedad física o mental, que lo inhabilite para el desempeño del
encargo;
IV. Ser licenciado en derecho con título profesional, con cinco años de antigüedad, al día
de su designación;
V. Tener por lo menos tres años de práctica profesional en materia administrativa o fiscal;
VI. Ser de notoria buena conducta y honorabilidad manifiesta;
VII. No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe formal y
definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años anteriores al día de su
designación; y
VIII. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria, por delito intencional, ni estar
inhabilitado para ejercer un cargo público.
Artículo 206.- El nombramiento de los magistrados se hará con apego al procedimiento
constitucional respectivo. Realizada la designación, la sala superior determinará la
adscripción de cada magistrado.
Artículo 207.- Los magistrados durarán en su encargo diez años y serán sustituidos cada
cinco años en una mitad. Solo podrán ser privados de su cargo por la Legislatura del
Estado, en los casos y de acuerdo con el procedimiento que marca la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México y la Ley de Responsabilidades.
Artículo 208.- Las faltas temporales de los magistrados de la Sala Superior serán
cubiertas por los magistrados de las salas regionales o supernumerarios que aquélla
designe; las definitivas se comunicarán al Gobernador del Estado por el Presidente del
Tribunal, para que proceda al nombramiento de los magistrados que las cubrirán, por el
tiempo que falte para concluir el período. Las faltas temporales de los magistrados de las
salas regionales, se suplirán por los magistrados supernumerarios que señale la Sala
Superior o, en su caso, por el secretario de acuerdos de la propia Sala Regional; las
definitivas se cubrirán con nueva designación, por el período faltante.
Artículo 209.- Las licencias a los magistrados serán concedidas por la Sala Superior
hasta por 15 días. Las que excedan del plazo anterior, pero no de 60 días, sólo podrá
concederlas el Gobernador del Estado, con la aprobación de la Legislatura o la Diputación
Permanente, en los términos previstos por la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México.

35. Artículo 210.- El Tribunal tendrá un Presidente, quien durará en su encargo tres años,
pudiendo ser reelecto por otro período igual.
Artículo 211.- El Tribunal contará con un secretario general del pleno, secretarios
generales de acuerdos, secretario particular de la presidencia, directores, jefes de unidad,
jefes de departamento, secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas, asesores
comisionados, mediador conciliador, actuarios y demás servidores públicos necesarios
para su funcionamiento.
El ingreso y promoción de estos servidores públicos, se realizará mediante el sistema de
carrera jurisdiccional, en la que se considerarán los factores de honestidad, preparación,
eficiencia y antigüedad.
Se exceptúan de la carrera jurisdiccional a los directores, jefes de unidad y demás
personal que así lo determine el Consejo de la Justicia Administrativa.
Artículo 212.- Las atribuciones del secretario general del pleno, secretario particular de
la presidencia, director general del instituto de formación profesional, director de
mediación y conciliación, de los secretarios generales de acuerdos, jefes de unidad, jefes
de departamento, secretari os de acuerdos, secretarios proyectistas, asesores
comisionados, mediador conciliador, actuarios y demás servidores públicos, se
establecerán en el reglamento interior del Tribunal.
Artículo 213.- Los magistrados, secretario general del pleno, secretario particular de la
presidencia, secretarios generales de acuerdos, directores, jefes de unidad, jefes de
departamento, secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas, asesores comisionados,
mediador conciliador y actuarios, estarán impedidos para desempeñar cualquier otro
empleo dependiente de la federación, Estado, municipios, organismos auxiliares o de otra
entidad federativa o de algún particular, excepto los de carácter docente, siempre que su
desempeño se realice fuera del horario laboral. También estarán impedidos para ejercer la
profesión de abogado, salvo en causa propia, de su cónyuge o de sus familiares hasta el
cuarto grado. Tampoco podrán ser agentes de cambio o ministros de algún culto religioso.
Artículo 214.- Los magistrados, secretario gene ral del pleno, secretario particular de la
presidencia, secretarios generales de acuerdos, directores, jefes de unidad, jefes de
departamento, secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas, asesores comisionados,
mediador conciliador y actuarios que padezcan incapacidad física o mental, para el
desempeño de su cargo, no podrán seguir prestando sus servicios en el Tribunal.
Percibirán las prestaciones que establezca la legislación aplicable.
Artículo 215.- Los servidores públicos del Tribunal tendrán cada año dos períodos
vacacionales de 10 días hábiles cada uno, en las fechas señaladas en el calendario que
apruebe la sala superior.
SECCION SEGUNDA
De la Sala Superior
Artículo 216. - La Sala Superior se integrará con los magistrados nombrados para
conformarla, de entre los cuales será electo el presidente del Tribunal.
La Sala Superior actuará en pleno y en tres secciones, que tendrán su sede, en los
municipios de Toluca, Tlalnepantla y Ecatepec, cuya jurisdicción será establecida en el
Reglamento Inte rior del Tribunal.

36. El pleno estará integrado por los magistrados de las secciones de Sala Superior y el
Presidente del Tribunal; para sesionar será necesaria la presencia del Presidente del
Tribunal y cuando menos seis Magistrados.
Artículo 217.- Las resoluciones del pleno se tomarán por unanimidad o por mayoría de
votos de sus integrantes presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando
tengan impedimento legal. En caso de empate el Presidente del Tribunal tendrá voto de
calidad.
Artículo 218.- Son atribuciones del pleno de la Sala Superior:
I. Designar al presidente del Tribunal;
II. Aprobar la integración de la jurisprudencia del Tribunal;
III. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de la
competencia del Tribunal;
IV. Fijar y cambiar de adscripción a los magistrados del Tribunal;
V. Conceder licencias a los magistrados del Tribunal, hasta por 15 días;
VI. Designar a quienes suplan las ausencias temporales de los magistrados del Tribunal;
VII. Nombrar al Secretario General del pleno, a los Secretarios Generales de Acuerdos y
Jefes de Unidad del Tribunal;
VIII. Formular anualmente el presupuesto de egresos del Tribunal;
IX. Expedir y reformar el reglamento interior del Tribunal, así como las demás
disposiciones necesarias para su buen funcionamiento;
X. Conocer el resultado de las visitas reglamentarias practicadas a las secciones de la
Sala Superior, Salas Regionales y Magistraturas Supernumerarias;
XI. Presentar ante las autoridades administrativas competentes propuestas de reformas
de la legislación administrativa y fiscal del Estado y municipios; y
XII. Expedir el Calendario Oficial del Tribunal;
XIII. Conocer y resolver los recursos de inconformidad en contra de las resoluciones que
dicte el Consejo de la Justicia Administrativa en los procedimientos de responsabilidad
administrativa;
XIV. Las demás que se señalen en este Código.
Artículo 219.- Las secciones de la sala superior se integrarán con tres magistrados cada
una, de entre los cuales se elegirán a sus presidentes. Para que puedan sesionar será
indispensable la presencia de sus tres integrantes. El presidente del Tribunal no integrará
sección.
Artículo 220.- Las resoluciones de las secciones de la sala superior se tomarán por
unanimidad o por mayoría de votos de sus integrantes presentes, quienes no podrán
abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal.

37. Artículo 221.- Son atribuciones de las secciones de la sala superior:
I. Designar al presidente de la sección;
II. Re solver el recurso de revisión que promuevan las partes, incluyendo el desechamiento
del mismo;
III. Intervenir y resolver en definitiva en el procedimiento de cumplimiento de
resoluciones, a solicitud de las salas regionales de su jurisdicción;
IV. Resolver sobre las excitativas de justicia que se promuevan en contra de los
magistrados de la sección y de las salas regionales de su jurisdicción;
V. Calificar las excusas por impedimento de los magistrados de la sección y de las salas
regionales de su jurisdicción y, en su caso, designar al magistrado que deba sustituirlos;
VI. Resolver los conflictos de competencia territorial que se susciten entre las salas
regionales de su jurisdicción; y
VII. Las demás que se establezcan en este Código.
Artículo 222.- Son atribuciones de los presidentes de las secciones de la sala superior:
I. Despachar la correspondencia de la sección;
II. Convocar a sesiones de la sección, dirigir los debates y conservar el orden en ellas;
III. Informar al presidente del Tribunal de las contradicciones de que tenga conocimiento
entre sentencias dictadas por las salas regionales;
IV. Autorizar, en unión del secretario general de acuerdos, las actas en las que se hagan
constar las deliberaciones y acuerdos de la sección;
V. Designar por turno al magistrado ponente en los recursos de revisión y demás trámites
de la competencia de la Sección;
VI. Tramitar los asuntos de la competencia de la sección, hasta ponerlos en estado de
resolución;
VII. Firmar, conjuntamente con el secretari o general de acuerdos, los engroses de las
resoluciones de la sección;
VIII. Rendir a nombre de la Sección los informes en los juicios de amparo que se
promuevan en contra de las resoluciones de la Sección; así como interponer los recursos
correspondiente s ante los Tribunales Federales y designar delegados;
IX. Imponer correcciones disciplinarias al personal de la sección, que no impliquen
sanciones administrativas;
X. Informar, semanalmente, al presidente del Tribunal, el estado de las labores de la
sección; y
XI. Las demás que se señalen en este Código.