1. ¿PROCEDE LA NULIDAD DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE UN BIEN
PREVIAMENTE ENAJENADO?
En la casación Nº 2563-2008 PUNO el presente caso, se observa que el conflicto surge
como producto de la doble transferencia de un determinado bien inmueble a diferentes
sujetos, habiendo inscrito ambos su derecho ante registros públicos. Como consecuencia
de ello, aquel quien al parecer le fue transferido el bien con fecha anterior, interpone
una demanda de nulidad de acto jurídico de la transferencia del mismo bien que fue
realizada a favor del demandado y la posterior transferencia que hiciera éste al
codemandado en tiempo posterior. El A quo declaró infundada la demanda, mientras
que por su parte el A quem tras observar la apelación del demandante, declaró
improcedente la demanda considerando que era necesario acudir a un proceso de mejor
derecho de propiedad, dado que al existir dos títulos de propiedad sobre el mismo bien,
debía determinarse cuál de ellos tendría preferencia. La Corte Suprema, consideró que
lo resuelto por el A quem se encontraba arreglada a derecho por lo que declaró
infundado el recurso de casación interpuesto.
Nosotros consideramos incorrecto el pronunciamiento emitido por la Corte Suprema.
Como se sabe, la nulidad de acto jurídico de conformidad con lo establecido por el
artículo 220 del Código Civil es la sanción civil más severa, por lo que ostenta una
legitimación amplia pues puede ser solicitada por todo aquel que tenga interés, incluso
por el Ministerio Público, lo cual permite apreciar el interés público en analizar la
existencia de una causal de nulidad en los actos jurídicos. Ante este pedido los
juzgadores no dieron ningún fundamento loable para apartarse de conocer la
controversia. La improcedencia del Ad quem avalada por la Suprema pareciera
fundarse en el "petitorio jurídicamente imposible", sin embargo, según nuestro sistema
jurídico es totalmente posible pretender la nulidad en estos casos. Además debe
observarse que sin perjuicio de lo resuelto en torno a la nulidad o no del acto jurídico
solicitado, un análisis ulterior y muy distinto es el de la fuerza legitimadora que da el
registro público pues si el que adquirió lo hizo de buena fe no se verá perjudicado de
acuerdo con el artículo 2014 del Código Civil. Esta preferencia registral y la declaración
de nulidad no son instrumentos jurídicos contradictorios, ambos tienen operatividad
autónoma, es más, bien podría declararse la nulidad de un acto jurídico y, sin embargo,
no perjudicar el derecho del adquirente de buena fe, pero la declaración de nulidad
podría servir como título para que el afectado demande resarcimiento por
responsabilidad civil contra su enajenante.
Sin perjuicio de lo indicado hasta el momento, consideramos pertinente precisar que a
nuestro criterio la acción que debió iniciar el demandante no fue precisamente la de la
nulidad del acto jurídico, sino la de ineficacia. En efecto, desde una lectura atenta y
sistemática de nuestra normativa y de los intereses que esta tutela, siempre que nos
encontramos ante supuestos de ausencia de legitimidad, la sanción más adecuada es la
de la ineficacia y no la de la nulidad. Así, sucede en el caso del falso procurador (art. 161
del Código Civil), en los casos de venta de bien ajeno son consentimiento de uno de los
cónyuges y en general, en los casos de venta de bienes ajenos. Aquí, si bien no hay una
sanción clara, la jurisprudencia más aguda está empezando a sentar precedente en el
sentido que siempre que se enajene un bien sin el consentimiento de quien está
legitimado, dicho acto debe ser ineficaz y no nulo, pues el ordenamiento tutela antes

2. que un interés general un interés particular del tercer afectado y verdadero legitimado
para la transferencia. Tanto es así, que este tercer afectado podría ratificar el acto (si ese
es su interés) concediéndole los efectos que el ordenamiento había denegado, situación
que es imposible que sucedan si se tratara de nulidad, pues esta no admite ratificación.
CAS. Nº 2563-2008 PUNO

3. SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
DEMANDANTE : Pablo Mestas Añari.
DEMANDADO : César Cecilio Mestas Urrutia y otros
MATERIA : Nulidad de acto jurídico
FECHA : 11/12/2008 (El Peruano, 01/07/09).
CAS. N° 2563-2008 PUNO. Lima, once de diciembre del dos mil ocho.- LA SALA DE
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Vista la causa en la fecha; producida la votación con
arregle a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata
del recurso de casación interpuesto por Pablo Mestas Añari en contra de la sentencia de
vista de fojas trescientos veinticinco, su fecha treinta y uno de enero del dos mil ocho,
expedida por la Sala Civil Descentralizada de San Roman de la Corte Superior le
Justicia de Puno, que revocando la apelada de fojas doscientos atenta y cinco, su fecha
veintisiete de agosto del dos mil siete, declaró improcedente la demanda de nulidad de
actos jurídicos sucesivos, con lo demás que contiene. 2. FUNDAMENTOS POR LOS
CUALES SE HAN DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución
de fecha veintisiete de octubre del los mil ocho, corriente a fojas cincuenta del cuaderno
de casación, se ha declarado procedente el recurso interpuesto por Pablo Mestas Añari
por la causal contenida en el inciso 3 del articulo 388 del 26digo Procesal Civil,
sustentada en que la sentencia de vista ha infringido lo dispuesto en el articulo VII del
Titulo Preliminar del Código Procesal Civil al establecer que existen dos propietarios
especto de un bien provenientes de títulos distintos, sin embargo este pronunciamiento
es extra petita, por haberse pronunciado por hechos no alegados por las partes, dado
que los hechos y los puntos controvertidos cuestionan la validez de actos jurídicos
sucesivos y sobre todo sustentado en un derecho inscrito. Asimismo se alega fue la
sentencia recurrida ha vulnerado lo dispuesto en el articulo 22 incisos 3 y 4 del Código
Procesal Civil, al contener argumentos contradictorios que refiere que la nulidad de un
acto jurídico no es dable cuando existen dos propietarios, razonamiento incoherente
surque para calificar la existencia de la venta de un bien, ajeno corresponde determinar
el tracto sucesivo. De otra parte se alega que existe una deficiente valoración de medios
probatorios y omisión sin valorar medios de prueba, ya que no se ha tenido en cuenta
que el derecho de propiedad deriva de un acto registral inscrito, amparado en la fe
pública. Finalmente se señala que la sentencia recurrida contraviene el principio de la
reforma en peor del apelante, al declarar improcedente la demanda sin permitir un
pronunciamiento sobre el fondo y sin tener en consideración en que causal de
improcedencia se sustenta. 3.- CONSIDERANDOS: Primero: Que, cabiéndose
denunciado casatoriamente la causal contenida en el inciso 3 del articulo 386 del Código
Procesal Civil; cabe precisar al especto que, el debido proceso, consagrado en la
Constitución Política del Estado en su articulo 139 inciso 3, constituye un derecho
fundamental que comprende a su vez un haz de derechos que forman parte de su
estándar mínimo, entre éstos: el derecho al Juez saturas, el derecho de defensa, la
pluralidad de instancia, la actividad probatoria, la motivación de las resoluciones
judiciales, la congruencia le las resoluciones, la economía y celeridad procesales, entre
otros. Segundo.- Que, en ese sentido, atendiendo a los cargos contenidos m el recurso,
conviene señalar que las resoluciones judiciales deben estar informadas del principio de
congruencia procesal, según el cual cebe existir correlación entre la pretensión principal,

4. alegaciones de las partes y decisión del juez la que se sujeta al mérito de lo actuado t al
derecho que corresponda al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo
haya sido erróneamente; no pudiendo ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en
hechos diversos de los fue han sido alegados. Asimismo, las resoluciones judiciales
deben estar informadas del principio de motivación que constituye no solo al principio
sino un derecho de la función jurisdiccional que involucra a justificación lógica,
razonada y conforme a las normas constitucionales y legales, así como con arreglo a los
hechos y petitorios formulados por las partes, esto es, motivación de hecho in actum (en
el que se establecen los hechos probados y no probados mediante la valoración conjunta
y razonada de las pruebas incorporadas al proceso, sea a petición de parte como de
oficio, subsumiéndolos en los supuestos fácticos de la norma) y la motivación de
derecho o in jure (en el que se selecciona la norma jurídica pertinente y se efectúa una
adecuada interpretación de la misma). Tercero.- Que, de autos fluye, que el petitorio
principal de la demanda es que se declare: a) la nulidad del acto jurídico de compra
venta de fecha dos de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, celebrado entre
Marcelina Mercedes Añari viuda de Mestas y Cesar Cecilio Mestas Urrutia, y de la
escritura publica que lo contiene que data de la misma fecha; y, b) la nulidad del acto
jurídico de compra venta de fecha diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y
res celebrado entre César Cecilio Mestas Urrutia y Juan Gozme Puma, y de la escritura
publica que lo contiene de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y cuatro;
esgrimiéndose como fundamentos que el recurrente adquirió el bien de su anterior
propietario en fecha anterior a la celebración de los actos jurídicos materia de nulidad,
por lo que Marcelina Añari no podía disponer de un bien que no era de su propiedad,
más aún, si el bien no ha sido afectado por reforma agraria, ni por un proceso de
expropiación; además, que el contrato de compra venta de fecha dos de diciembre de
mil novecientos ochenta y dos ha sido celebrado entre abuela y nieto, existiendo
simulación absoluta, tanto más si la enajenante era una persona de avanzada edad, por
lo que los dos actos jurídicos son nulos de puro derecho, al haberse realizado por una
persona que no tenia facultades para enajenar. Cuarto.- Que, absuelto el traslado por el
Curador Procesal de los demandados y fijados los puntos controvertidos conforme a la
referida pretensión, el Ad quem, absolviendo el grado, revocó la apelada que declaraba
infundada la demanda y reformándola declaró improcedente la demanda, bajo el
amparo del inciso 5 des articulo 427 del Código Procesal Civil. Quinto.- Que, la Sala de
mérito arribó a dicha conclusión tras considerar que de los documentos que obran en
autos no puede establecerse que los demandados hayan enajenado un predio de
propiedad del demandante, y que por ello tales actos sean nulos por finalidad ilícita y
objeto jurídicamente imposible, pues lo que en realidad existiría son varias titularidades
dominicales sobre el mismo predio, lo que implica que tal conflicto de intereses deba
dilucidarse a través del proceso de declaración de mejor derecho de propiedad, en el
que además debe individualizarse el predio materia del conflicto. Sexto.- Que, el
recurrente alega que la aludida sentencia de vista contiene un pronunciamiento extra
petita al haber resuelto la controversia fundándose en hechos no alegados por las partes
cuando establece que existen dos propietarios respecto de un bien proveniente de
títulos distintos; alega además que dicha sentencia contiene una motivación incoherente
y contradictoria y que existe una deficiente valoración de medios probatorios al no
haberse tenido en cuenta que el derecho de propiedad del recurrente deriva de un acto
registral inscrito; finalmente alega que la sentencia de vista contraviene el principio de
la reforma en peor del apelante, al haberse declarado improcedente la demanda sin

5. permitir un pronunciamiento sobre el fondo y sin tener en consideración en qué causal
de improcedencia se sustenta. Sétimo.- Que, sin embargo, según se observa de la
sentencia recurrida, Esta no ha vulnerado los principios alegados precedentemente,
toda vez que la Sala de mérito, luego de haber valorado el caudal probatorio obrante en
autos, consistente en los títulos que acreditan el derecho de propiedad del demandante
y los actos jurídicos materia de nulidad, ha llegado a establecer que al existir títulos de
propiedad adquiridos indistintamente por ambas partes y debidamente inscritos a
favor de éstas no se puede declarar la nulidad de los actos jurídicos por las causales de
finalidad ilícita y objeto jurídicamente imposible invocadas en la demanda y
establecidos era los puntos controvertidos y que por tanto la demanda deviene en
improcedente. Octavo.- Que, en ese orden de cosas, se concluye que la Sala de mérito al
expedir decisión impugnada no sólo ha respetado los principios de congruencia y
motivación de las resoluciones judiciales sino también la norma procesal contenida en el
articulo 197 del Código Procesal Civil, relativo al principio de la valoración conjunta de
la prueba y su apreciación razonada por el Juzgador, toda vez que en el presente caso se
advierte que se ha realizado una correcta valoración de los medios probatorios que
obran en autos; debiendo acotarse que la labor de valoración de la prueba es una que
corresponde ser efectuada por el juzgador, que es a quien compete compulsar los
medios probatorios de manera conjunta y razonada de acuerdo a su discrecionalidad
pera formarse la convicción que lo conduzca a resolver la litis. Noveno.- Que, en cuanto
a la presunta vulneración del principio de la reformatio in peius, este Colegiado
advierte que en el caso de autos no se ha vulnerado dicho principio dado que al haberse
declarado infundada la demanda en primera instancia, la Sala de revisión estaba el
facultad de revocar la apelada y declararla improcedente si consideraba que la misma
incurría en alguna de las causales de improcedencia contempladas en la ley, situación
que se ha presentado en el caso de autos, habiendo cumplido la resolución recurrida
con precisarla causal de improcedencia al invocar el inciso 5 del articulo 427 del Código
Procesal Civil. Décimo.- Que, en consecuencia, no se evidencia la contravención de
norma alguna que garantice el derecho a un debido proceso, habiéndose expedido la
sentencia impugnada conforme a ley. 4.- DECISION: Por estas consideraciones:
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Pablo Mestas Añari
contra de la sentencia de vista de fofas trescientos veinticinco, su fecha treinta y uno de
enero del dos mil ocho, CONDENARON a la parte recurrente al pago de la Multa de
Una Unidad de Referencia Procesal; así como a las costas y costos del recurso;
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial EL Peruano;
en los seguidos contra y Cesar Cecilio Mestas Urrutia y otros, sobre Nulidad de Acto
Jurídico; los devolvieron. Vocal ponente.- RODRIGUEZ MENDOZA RODRIGUEZ
MENDOZA, GAZZOLO VILLATA, PACHAS AVALOS, FERREIRA VILDOZOLA,
SALAS MEDINA C-359337-44

6. permitir un pronunciamiento sobre el fondo y sin tener en consideración en qué causal
de improcedencia se sustenta. Sétimo.- Que, sin embargo, según se observa de la
sentencia recurrida, Esta no ha vulnerado los principios alegados precedentemente,
toda vez que la Sala de mérito, luego de haber valorado el caudal probatorio obrante en
autos, consistente en los títulos que acreditan el derecho de propiedad del demandante
y los actos jurídicos materia de nulidad, ha llegado a establecer que al existir títulos de
propiedad adquiridos indistintamente por ambas partes y debidamente inscritos a
favor de éstas no se puede declarar la nulidad de los actos jurídicos por las causales de
finalidad ilícita y objeto jurídicamente imposible invocadas en la demanda y
establecidos era los puntos controvertidos y que por tanto la demanda deviene en
improcedente. Octavo.- Que, en ese orden de cosas, se concluye que la Sala de mérito al
expedir decisión impugnada no sólo ha respetado los principios de congruencia y
motivación de las resoluciones judiciales sino también la norma procesal contenida en el
articulo 197 del Código Procesal Civil, relativo al principio de la valoración conjunta de
la prueba y su apreciación razonada por el Juzgador, toda vez que en el presente caso se
advierte que se ha realizado una correcta valoración de los medios probatorios que
obran en autos; debiendo acotarse que la labor de valoración de la prueba es una que
corresponde ser efectuada por el juzgador, que es a quien compete compulsar los
medios probatorios de manera conjunta y razonada de acuerdo a su discrecionalidad
pera formarse la convicción que lo conduzca a resolver la litis. Noveno.- Que, en cuanto
a la presunta vulneración del principio de la reformatio in peius, este Colegiado
advierte que en el caso de autos no se ha vulnerado dicho principio dado que al haberse
declarado infundada la demanda en primera instancia, la Sala de revisión estaba el
facultad de revocar la apelada y declararla improcedente si consideraba que la misma
incurría en alguna de las causales de improcedencia contempladas en la ley, situación
que se ha presentado en el caso de autos, habiendo cumplido la resolución recurrida
con precisarla causal de improcedencia al invocar el inciso 5 del articulo 427 del Código
Procesal Civil. Décimo.- Que, en consecuencia, no se evidencia la contravención de
norma alguna que garantice el derecho a un debido proceso, habiéndose expedido la
sentencia impugnada conforme a ley. 4.- DECISION: Por estas consideraciones:
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Pablo Mestas Añari
contra de la sentencia de vista de fofas trescientos veinticinco, su fecha treinta y uno de
enero del dos mil ocho, CONDENARON a la parte recurrente al pago de la Multa de
Una Unidad de Referencia Procesal; así como a las costas y costos del recurso;
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial EL Peruano;
en los seguidos contra y Cesar Cecilio Mestas Urrutia y otros, sobre Nulidad de Acto
Jurídico; los devolvieron. Vocal ponente.- RODRIGUEZ MENDOZA RODRIGUEZ
MENDOZA, GAZZOLO VILLATA, PACHAS AVALOS, FERREIRA VILDOZOLA,
SALAS MEDINA C-359337-44