Observatorio de la dependencia en españa.

José María Olayo olayo.blogspot.com
Observatorio de
la dependencia
en España

Las organizaciones firmantes del VI Convenio
Estatal de la Dependencia, tanto sindicales
(Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios
de CC.OO y CCOO de Construcción y Servicios y
Federación de Servicios Públicos de UGT), como
empresariales (FED, LARES y AESTE), han
presentado el primer informe del Observatorio de
la Dependencia de España, un instrumento creado
para analizar por parte de los agentes sociales de
forma rigurosa y sistemática el desarrollo e
implantación de la Ley de Dependencia en
nuestro país, con el objetivo de dar respuestas
a los problemas de viabilidad con los que
se encuentra en la actualidad ...

… a través de sus 130 páginas, presenta una
detallada radiografía del estado actual del sistema
de atención a la dependencia, atendiendo a
cuestiones como el número de solicitudes,
valoraciones y beneficiarios, el desarrollo
normativo de la ley tanto a nivel estatal como
autonómico, los problemas de financiación con
los que se encuentra actualmente el sistema y
la delicada situación por la que atraviesa el sector.

Entre las muchas reflexiones y análisis planteados,
el informe plantea que la aplicación de la LAPAD
se realiza con importantes retrasos en la valoración
y concesión de prestaciones, constatando que
algunas CC.AA no efectúan el reconocimiento de
la prestación hasta que disponen de crédito
presupuestario suficiente para hacerla efectiva
(Informe Tribunal Cuentas 2.014), lo que perjudica
que no resulte satisfecho en el momento oportuno
el derecho subjetivo de las personas dependientes ...

… observa que en España (2,64% Población
Dependiente sobre Población Total) la proporción
de personas valoradas GIII alcanza en nuestro país
30,03%, mientras que el GII es 36,18%, ambos
muy superiores a los de otros países europeos
con similar población dependiente.
Esta disfunción del Baremo puede tener relación
con la financiación por grados de Dependencia
reconocido, pudiendo existir un sesgo en la
valoración hacia los grados mejor financiados.

A pesar de que RD1050/2013 tenía como objetivo
priorizar servicios frente a prestaciones económicas,
la Ley continua 7 años más tarde de su entrada en
vigor con una proporción de un 42,81% de servicios
por cuidadores no profesionales, frente al 13,95%
de servicios de atención residencial, 12,71%,
SAD y 12,53% de teleasistencia.
Lo que es más grave, si se tiene en cuenta que
el 66,21% de los beneficiarios con prestación
corresponden al Grado III (30,03%) y Grado II
(36,18%) respectivamente y que además
invirtiendo ese porcentaje de cuidadores no
profesionales en servicios de residencia, se
crearían 125.000 nuevos empleos (ratio 0, 5).

La revisión del SISAAD -nueva aplicación prevista
para finales de 2014- ha arrojado duplicidad de
expedientes e irregularidades que un vez depuradas
alcanzan 39 millones de € (Informe Tribunal Cuentas
2014) y denotan la falta de controles eficaces, y el
incumplimiento de la obligatoriedad de certificar
por parte de las CC.AA la veracidad de datos.

La financiación finalista de la AGE ha sufrido
importantes disminuciones (regularización de
expedientes, reducción cuantías máximas prestación
económica y suspensión de cuotas SS de cuidadores
no profesionales que arrastraba deuda de 1.034
millones de €, suspensión del nivel acordado), lo
que unido al hecho de que las CC.AA no han
dispuesto de contabilidad analítica aplicable
en exclusiva a los gastos de dependencia,
imposibilita certificar con exactitud el importe
de los recursos destinados a la dependencia.
Tampoco el desarrollo del copago -a pesar de sus
incrementos- ha alcanzado la media del 33%
prevista en la memoria económica de la Ley.

El crecimiento de empleo generado en el
sector se ralentiza y comienza a disminuir
en 2.012, incrementándose desde esa fecha
los contratos no fijos y el empleo a tiempo
parcial, lo que unido a la disminución de
servicios e intensidades nos aleja de las
estimaciones de creación de empleo previstas.
La normativa relativa a la LAPAD es enorme: incluye
más de 671 normas de CC.AA y 134 normas estatales.
Sin embargo adolece de la falta de una normativa
estatal en materia de acreditación que responda a las
distintas necesidades de las personas dependientes.

“Estamos ante un sector que aporta retornos
importantes traducidos en empleo y riqueza pero
la realidad es que la falta de financiación es una
evidencia que debe afrontarse. Tenemos que
buscar una solución. Por otro lado es grave que
al mismo tiempo los precios de los concursos
siguen bajando mientras que permanecen
vacías más de 50.000 plazas y tenemos casi
200.000 dependientes sin prestación".
José Alberto Echevarría
Presidente de la Federación Empresarial
de Asistencia a la Dependencia (FED)

“Los puestos de trabajo generados por el sector
están muy por debajo de las expectativas. La falta
de inversión y la apuesta por los cuidadores
informales de las CC.AA explican, en parte, este
desequilibrio. Me preocupa el retraso de algunas
Autonomías para dar las certificaciones a
los trabajadores del sector, lo que está
dificultando la renovación de contratos"
Pilar Navarro
Secretaria de Salud, Sociosanitario y
Dependencia de FSP-UGT

“Debemos trabajar para alcanzar el compromiso
responsable y serio de qué asignaciones
presupuestarias aporta la Administración Central,
las Comunidades Autónomas y qué parte deben
aportar los ciudadanos mediante copago. Se
trata de saber con qué contamos para dotar
de estabilidad a Nuestro Sistema de
atención a la dependencia tras una
época de afrontar duros recortes".
M. Ángeles Sánchez
LARES

"La acreditación profesional y la falta de un
reglamento claro, es uno de los problemas
visualizados, sobre todo en el Sector de la Ayuda
a Domicilio y la Teleasistencia, por lo que hay
que actualizar el sistema de reconocimiento
de los títulos y los certificados requeridos en
función de la realidad observada. Además, toda
la inversión de tiempo y esfuerzo, por parte
de las trabajadoras, puede perderse".
Vicente Sánchez
Secretario General de CCOO
Construcción y Servicios

"Llevamos años esperando que este sector tenga
los visos de lo que tiene que ser: un sector de
alta cualificación, profesionalizado, porque
estamos hablando de la atención de personas.
El Sector de la dependencia es uno de los
potencialmente más importantes para
crear empleo en nuestro país y para
crear Estado de Bienestar".
Vicente Sánchez
Secretario General de CCOO
Construcción y Servicios

“Uno de los objetivos clave de la LAPAD era la
profesionalización del sector social, así como
prestar servicios de atención a la dependencia
para garantizar el derecho a las personas
dependientes, que inicialmente habían
previsto la creación de en torno a 300.000
nuevos puestos de trabajo”.
Antonio Cabrera
Secretario General de la Federación de Sanidad
y Sectores Sociosanitarios de CC.OO

"Una vez analizado el informe de lo sucedido hasta
la fecha podemos concluir que ni se generó el
empleo previsto, ni se ha optado por la
profesionalización del sector y se está poniendo
en peligro el derecho subjetivo de las personas
dependientes. Sin dejar de reconocer que en
los primeros años se generó en torno a
115.000 nuevos puestos de trabajo, a partir
de 2.012 se está destruyendo empleo,
coincidiendo con la reducción de la tasa
de cobertura del sistema y la minoración
de la intensidad de sus prestaciones".
Antonio Cabrera
Secretario General de la Federación de Sanidad
y Sectores Sociosanitarios de CC.OO

El presidente de AESTE, Jorge Guarner, aboga por
el cumplimiento de la Ley en base a servicios
profesionales, para reducir a cuotas excepcionales
el 42,81% de cuidadores no profesionales, que de
reducirse al ritmo actual del 2,5% anual, tardaríamos
más de 20 años en llegar a las cifras excepcionales,
que promulga la Ley, lo que es especialmente grave,
si tenemos en cuenta que alta y media dependencia
requieren una atención profesional y de calidad,
que pasa por que se regule una norma estatal
de acreditación de servicios profesionales,
que responda a las distintas necesidades
de las personas dependientes.

El sistema de dependencia nació en enero de 2007
para garantizar una asistencia profesional y universal
a las personas que no pueden valerse por sí mismas.
Siete años después, la patronal del sector y los
sindicatos describen en un análisis conjunto cómo el
sistema se encuentra en retroceso —hay 736.777
beneficiarios, 17.812 menos que a principios
de año, con una lista de espera de 184.060—.
Los tijeretazos a la norma y la reducción de la
financiación pública se han traducido en mayor
carga económica para los usuarios a través
de un incremento del copago, que ha
aumentado en un 68% entre 2009 y 2013.

El gasto público destinado al sistema
va claramente a la baja.
Las Administraciones han pasado de
abonar 8.648 euros por usuario
en 2009 a 6.879 euros en 2013.
La reducción es del 20,4%, lo que resulta
especialmente grave teniendo en cuenta que
ha caído el número de beneficiarios por año.
Conclusión: “Menos beneficiarios
y menos gasto por beneficiario”.

La menguante aportación pública al
sistema de dependencia supone que
el desembolso de los usuarios respecto
al coste total del sistema ha aumentado
desde 2010 casi un 80% y se ha
duplicado desde 2009.

Los beneficiarios han pasado de asumir el
10% al 20% del coste de la dependencia,
aunque no se ha llegado al 33% que, en
un primer momento, preveía la memoria
de la ley, algo que siempre se consideró
de difícil cumplimiento dadas las
pensiones de los jubilados en España.
El colectivo de los mayores, es el
principal beneficiario del sistema.

El informe menciona retrasos en la
valoración y concesión de prestaciones,
constatando que algunas comunidades,
como la valenciana, no reconocen la
prestación hasta que tienen crédito
presupuestario suficiente para hacerla
efectiva. Es decir, si no tienen dinero,
no pagan ayudas.

El informe también analiza las diferencias
entre autonomías: en Andalucía, Comunidad
Valenciana, Extremadura o Asturias el plazo
medio para que los dependientes reciban la
prestación supera los 300 días; en regiones
como Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia,
Baleares, Galicia y Aragón el plazo
medio se calcula en 200 días.

Reducción de los fondos finalistas estatales.
Esta partida ha sufrido “importantes
disminuciones”. El estudio recuerda la
reducción en las prestaciones económicas
(el dinero destinado a las familias para
atender a los dependientes o para pagar
las residencias que elijan) o la suspensión
de las cuotas a la Seguridad Social de
los cuidadores no profesionales.

El documento excluye de los recortes la
financiación estatal no finalista, que son
los recursos adicionales contemplados
en la ley que regula la financiación de
las autonomías de régimen común que
pueden ser empleados en cualquier
concepto que las autonomías consideren,
sea dependencia u otro.

Disminución del empleo en el sector
desde 2012. En 2010 el sector empleaba
a 184.000 personas, para 2012 esa cifra
aumentó hasta los 218.000, pero
entre 2013 y lo que va de 2014
se ha reducido hasta los 178.000.

Normativa excesiva.
Hay más de 671 textos legales autonómicos
y 134 normas Estatales y, sin embargo, falta
una regulación estatal de acreditación
de servicios profesionales de calidad
que responda a las distintas
necesidades de los dependientes.

Más prestaciones económicas que servicios.
A pesar de que se pretendía priorizar los
servicios (residencias, centros de día) frente
a las prestaciones económicas (ingresos de
dinero a los beneficiarios o sus cuidadores),
no ha sido así. La atención más extendida es
la prestación económica por cuidados familiares
(un 42%). Muy por delante de las residencias
(14% de los usuarios), ayuda a domicilio
(12,7%) o centros de día (7,5%).

Elevada valoración de grandes dependientes.
El informe advierte de la elevada valoración de
grandes dependientes (30% del total) y severos
(36,1%), “ambos muy superiores a otros países
europeos”. El motivo “puede tener relación
con la financiación por grados, pudiendo
existir un sesgo en la valoración hacia
los grados mejor financiados”.

http://www.eldiariomontanes.es/apoyos/documentos/observatorio-dependencia.pdf

http://www.pv.ccoo.es/pv/Inici:653260--El_Observatorio_de_la_Dependencia_de_Espana_alerta_de_un_grave_riesgo_para_la_viabilidad_del_sector_y_el_derecho_de_las_personas_dependientes

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/02/actualidad/1404295449_834633.html

http://www.actasanitaria.com/el-observatorio-de-la-dependencia-alerta-de-un-grave-riesgo-para-la-viabilidad-del-sector/

El informe concluye que la normativa relativa a la Lapad es enorme, ya que incluye más de 671
normas de Comunidades Autónomas y 134 normas estatales. Sin embargo, adolece de una normativa
estatal en materia de acreditación por grado de dependencia, que garantice una atención de calidad.
http://www.alimarket.es/noticia/159924/El-Observatorio-de-la-Dependencia-alerta-sobre-la-viabilidad-del-sector

Observatorio de la dependencia en españa.

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (16)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (15)

Ähnlich wie Observatorio de la dependencia en españa.

Ähnlich wie Observatorio de la dependencia en españa. (20)

Mehr von José María

Mehr von José María (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Observatorio de la dependencia en españa.