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Día Internacional
para la
Erradicación
de la Pobreza
Pobreza y
discapacidad
17 de
octubre

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Una de cada diez personas de las regiones en desarrollo viven
con menos de 1,90 dólares al día, que es la cantidad
establecida internacionalmente como el umbral de la
pobreza. Y muchos carecen de acceso a alimentos, agua
potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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Alrededor de 1.300 millones de personas viven en situación
de pobreza multidimensional. De ellas, la mitad son menores
de 18 años y una tercera parte menores de 10, según los
datos ofrecidos por el Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM) de 2019, publicado conjuntamente por el PNUD y la
Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford
(OPHI, por sus siglas en inglés).

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El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, con el reto de alcanzar el primer
Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que "poner
fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo" ...

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... un día que fue proclamado por la ONU en 1992, pero la primera
vez que se celebró fue en 1987 en París, cuando más de
100.000 personas se reunieron en la Plaza del Trocadero para
manifestarse a favor de los Derechos humanos y la libertad en honor
a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo.

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La erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos globales
con que se enfrenta actualmente el mundo, en particular en África
y en los países subdesarrollados. La pobreza no es solo una cuestión
económica. Se trata de un fenómeno que comprende la falta de las
capacidades básicas para vivir con dignidad, como el acceso al
agua potable, a la electricidad, saneamiento y alimentos.

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La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos
urgente y es causa y consecuencia de violaciones de los
derechos humanos. Por ello, reducir la pobreza y erradicarla
es una obligación de todas las sociedades.

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En un mundo caracterizado por un nivel sin
precedentes de desarrollo económico, medios
tecnológicos y recursos financieros, es un
escándalo moral que millones de personas
vivan en la extrema pobreza.
Por ese motivo, debemos dejar de pensar que
este problema es exclusivamente una falta de
ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional
que comprende, además, la falta de las capacidades
básicas para vivir con dignidad.

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Las personas que viven en la pobreza experimentan muchas privaciones
interrelacionadas que se refuerzan mutuamente, inmpidiéndoles ejercer
sus derechos y perpetuar su pobreza, entre ellas:
- condiciones de trabajo peligrosas
- vivienda insegura
- falta de alimentos nutritivos
- acceso desigual a la justicia
- falta de poder político
- acceso limitado a la atención médica.

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Este año marca el 27º aniversario de la declaración
del Día Internacional por parte de la Asamblea General,
en su resolución 47/196 de 22 de diciembre de 1992.
A su vez, 2020 marca el 32º aniversario del llamamiento
a la acción del Padre Joseph Wresinski - que inspiró la
celebración del 17 de octubre como el Día Mundial para
la Superación de la Pobreza Extrema y que, 5 años
después, conllevaría el reconocimiento por las
Naciones Unidas del día como el Día Internacional
para la Erradicación de la pobreza.

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El lema de este año del día internacional aborda el desafío de
lograr la justicia social y medioambiental para todas las personas.
El creciente reconocimiento de la multidimensionalidad de la pobreza
significa que ambos elementos están inseparablemente entrelazados,
y que la justicia social no puede realizarse plenamente sin abordar
simultáneamente y de manera drástica las injusticias medioambientales.
Aunque se ha avanzado en la lucha contra la pobreza en el ámbito de
los ingresos, se han tenido menos en consideración, en el marco de
un enfoque más global, otras dimensiones importantes de la pobreza
como el creciente impacto medioambiental.

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Las personas que viven en la extrema pobreza, a menudo por pura
necesidad, son las primeras en actuar de manera concreta dentro de
sus comunidades en respuesta a la misma, al cambio climático y los
desafíos medioambientales. Sin embargo, sus esfuerzos y su experiencia
suelen pasar desapercibidos y no se aprecian; no se toma en consideración
su capacidad para contribuir positivamente a la búsqueda de soluciones;
no se les reconoce como impulsores del cambio y sus voces no se escuchan,
especialmente en los órganos internacionales.
Pero esto tiene que cambiar. La participación, los conocimientos, las
contribuciones y la experiencia de las personas en situación de pobreza y
a quienes se deja atrás deben ser valoradas, respetadas y se deben reflejar
en nuestros esfuerzos por construir un mundo equitativo y sostenible en el
que haya justicia social y medioambiental para todas las personas.

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En este día internacional de 2020 el tema propuesto es:
Actuar juntos para lograr justicia social y medioambiental
para todas las personas; un lema que centra en conseguir una
verdadera justicia social y medioambiental, teniendo en cuenta
a las personas más pobres como impulsores del cambio,
escuchando sus opiniones y valorando sus contribuciones.

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Más de mil millones de personas viven en todo el
mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas,
casi 200 millones experimentan dificultades
considerables en su funcionamiento.
En los años futuros, la discapacidad será un motivo
de preocupación aún mayor, pues su prevalencia
está aumentando. Ello se debe a que la población
está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es
superior entre los adultos mayores, y también
al aumento mundial de enfermedades crónicas
tales como la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos
de la salud mental.

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En consecuencia, la Organización Mundial
de la Salud y el Grupo del Banco Mundial
han producido conjuntamente el Informe
mundial sobre la discapacidad, para
proporcionar datos destinados a la
formulación de políticas y programas
innovadores que mejoren las vidas de las
personas con discapacidades y faciliten
la aplicación de la Convención de Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, que entró en vigor
en mayo de 2008.
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_es.pdf?ua=1

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Según el VIII informe FOESSA, un 30% de las
personas con discapacidad se encuentran
en situación de exclusión social y un 16%
en exclusión social severa, el doble
que las personas sin discapacidad.
Según este informe, estos porcentajes
no solo “se explican por la presencia de
una discapacidad, sino por los obstáculos
que estas personas padecen en el acceso
al empleo de calidad, la integración
en el uso de la vivienda, los recursos
sanitarios o las relaciones sociales”.

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El artículo 39 de la Constitución Española que los poderes públicos
deben “garantizar la protección social, económica y jurídica de
la familia” y el artículo 41 establece que “los poderes públicos
mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos
los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad [...]”

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No obstante, los hogares con miembros con discapacidad tienen muchas
mayores dificultades en el acceso a los recursos básicos para el desarrollo
de su vida económica y social, y son mucho mayores que las de los hogares
sin miembros con discapacidad.
De la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de
dependencia (EDAD 2008) se desprende que las discapacidades se concentran
en los hogares pobres. La renta media de los hogares de las personas con
discapacidad era un 25% inferior a la media de los hogares sin discapacidad.

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Esto tiene que ver, por ejemplo, con que el trabajo por cuenta propia
o ajena es la principal fuente de ingresos en el 79% los hogares españoles,
pero desciende hasta el 49,5% en los hogares en donde hay una persona con
discapacidad y al 40% en aquellos donde hay dos, ya que muchas veces uno
de los padres, sobre todo las mujeres, dejan de trabajar para atender a su
hijo o hija.
La discapacidad es, por tanto, un factor que agrava la
exclusión laboral, y en consecuencia, la exclusión social.

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Con respecto a las propias personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo, su tasa de actividad es 46 puntos más baja que la
de la población general (78% frente al 32%) y con relación al empleo,
la tasa de empleo de las personas con discapacidad es del 43% más baja
que la de las personas sin discapacidad (62,8%, frente al 20%).

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El actual sistema de prestaciones no
compensa además esta situación
de inequidad.
En su estudio “¿El sistema de protección
social protege económicamente a las
personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo? Análisis y propuestas de
mejora”, Plena inclusión ha analizado en
qué medida el sistema de protección social
compensa los costes económicos añadidos
que tienen las personas con discapacidad
intelectual y sus familias.
Un sobreesfuerzo anual que la organización
ha estimado en 24.237€ anuales (y en el
caso de personas con discapacidad con
necesidades extensas de apoyo, en
47.129€).
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/fresno_2018_web.pdf

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La cobertura económica de estas prestaciones es muy limitada, si la
comparamos con el sobrecoste que la atención de la situación de
discapacidad supone para las personas y sus familias. De hecho, muchas
de estas ayudas solo se pueden acumular hasta un límite de ingresos, que
por lo general se sitúa en una media de 476€ para una persona.
Además, estas prestaciones están dispersas y el acceso a las mismas en
algunos casos resulta complejo. En consecuencia, muchas personas no
se benefician de las mismas por desconocimiento de su existencia o
por barreras administrativas en su tramitación.

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Los niveles de apoyo económico, en aquellas prestaciones que dependen
de las comunidades autónomas, son muy heterogéneos: dependiendo de la
comunidad autónoma en la que se viva, los apoyos económicos a las personas
con discapacidad intelectual y a sus familias pueden ser muy desiguales.
Del conjunto de las 99 prestaciones estudiadas, prácticamente ninguna
está pensada para la discapacidad intelectual. Por ejemplo, aquellas que se
centran en la accesibilidad, no tienen en cuenta la accesibilidad cognitiva.

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Todos estos datos, nos llevan a concluir que las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo y sus familias afrontan situaciones de merma de
ingresos unido a sobrecostes derivados de la presencia de la discapacidad.
No obstante, no reciben los apoyos necesarios por parte de las
Administraciones Públicas, a pesar de su derecho a la protección
social, especialmente en situaciones de necesidad y dependiendo de
la Comunidad Autónoma en la que viva la persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y su familia las diferencias entre las
coberturas de las prestaciones son muy diferentes.

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La principal conclusión, del Informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social referida a la discapacidad es que las personas con discapacidad
soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no
tienen discapacidad. Esta circunstancia no está solo referida a los datos recientes sino
que muestra, según el período analizado, una situación de riesgo de pobreza estructural
que además se incrementa ligeramente durante los tres últimos años (2015-2017).

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Los datos referidos a 2017 señalan que la tasa AROPE de las personas con
discapacidad es de 31,5%, mientras que para aquellas sin discapacidad se sitúa en
24,4% (siete puntos porcentuales menos). “Prácticamente una de cada tres
personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o exclusión”.
El informe apunta entre los factores que influyen para este mayor riesgo
de pobreza y/o exclusión, la dificultad para el acceso al mercado de
trabajo y la carga económica que supone la discapacidad, entre otros.
Al considerar la edad, el sexo, se observan las siguientes variaciones
en la tasa AROPE en 2017:
- Altas tasas de riesgo de pobreza y/o exclusión entre los grupos más jóvenes
y más bajas a medida que la edad aumenta. Esta circunstancia es similar
para las personas sin discapacidad.
- Las mujeres con discapacidad presentan una tasa de riesgo de pobreza y/o
exclusión ligeramente menor que los varones con discapacidad. Destaca la
distancia que hay en el porcentaje de riesgo de pobreza y/o exclusión en
los hombres con discapacidad respecto a aquellos sin discapacidad.

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Tasa AROPE según sexo y situación de discapacidad.
Población de 16 años o más (porcentaje). Año 2017.

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Respecto a la tasa de riesgo de pobreza el informe señala que el 22,4 % de las personas
con discapacidad está en riesgo de pobreza. Este porcentaje se reduce hasta el 19,9%
para las personas sin discapacidad. Por el contrario la tasa de pobreza severa agrupa
a aquellas personas que viven en hogares cuya renta por unidad de consumo es
extraordinariamente baja.
Personas en pobreza severa según situación de discapacidad. 2008-2017.

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