Declaración Febrero 2012

1. Los recursos económicos deben estar al
servicio del empleo y los derechos sociales
Declaración del III Plenario de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas
de Ahorros
En la última cumbre europea, al Presidente Rajoy se le escapó que ahora viene “lo más duro”.
Y eso que el número de desempleados ha llegado a casi 5,3 millones. Las medidas que está
tomando su Gobierno y una nueva recesión son una seria amenaza para la mayoría de la
sociedad. Sin embargo, la crisis no está afectando a todos por igual, y de muestra vale un
botón: la venta de automóviles de lujo casi se duplicó el año pasado. A una minoría le fue muy
bien antes de la crisis y ahora, evidenciando que sus intereses chocan con los de la mayoría de
la sociedad. El enorme sufrimiento que afecta a millones de familias, sobre todo trabajadoras,
no es inevitable ni el producto de la falta de recursos, si no de quién los controla y en beneficio
de quién. El Gobierno del Partido Popular está profundizando más en los recortes que inició el
anterior Ejecutivo y pretende aprobar medidas que aumentarán más la explotación de los
trabajadores. Ante ello, la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro manifiesta
que:
1.- Los recortes del gasto público son básicamente reducciones del gasto social y del
número y los salarios de los empleados públicos, y sus consecuencias las pagan
particularmente los trabajadores que son los usuarios de dichos servicios (Sanidad,
Educación, Dependencia y el resto de servicios públicos).
2.- A la vez, se transfieren miles de millones de euros a los bancos y cajas . El
anterior gobierno puso a su disposición 141.000 millones de euros, mediante inyecciones de
dinero, préstamos y avales. Nada garantiza que el erario público lo recupere ni que esos
avales no se ejecuten. Dichos recursos hubieran podido evitar que ningún parado carezca
subsidio, el desahucio de miles de familias o los recortes.
3.- El Banco Central Europeo presta dinero a los bancos al 1%, que su vez se lo prestan a
los gobiernos al 4% de interés o más. El negocio es redondo. Los bancos españoles tienen
más de 220.000 millones de euros en bonos del Estado español, una importante fuente de
ingresos.
4.- El sistema financiero actual es adicto al apoyo del dinero público, pero es
totalmente contrario a uso del dineros público para el bienestar de los
ciudadanos. La Unión Europea les ha transferido 1,6 billones de euros pero el problema
es que tiene un grado de “apalancamiento” (deuda financiada) insostenible. La media de la
UE es de 27 a 1, lo que implica que frente a todos sus activos, fundamentalmente créditos,
tienen un patrimonio neto que no llega al 4%. Apenas si pueden responder ante cualquier

2. aumento serio de la morosidad y por eso necesitan ayudas públicas. El apalancamiento
medio de la banca española es del 24 a 1. Sus créditos con dificultades, sólo en relación
con las empresas inmobiliarias y constructoras, ascienden a 181.000 millones de euros.
Además, la extrema debilidad de otros sectores económicos y el aumento del número de
parados incrementará sensiblemente la morosidad en préstamos, actualmente en una
buena situación. Por eso habrá más transferencias de recursos al sector
financiero.
5.- Además, la banca española prepara un nuevo recorte de plantilla que supondrá la
destrucción de entre 40.000 y 50.000 empleos, así como unas peores condiciones de
trabajo para los que se queden y peor servicio para la mayoría de los clientes, con
sucursales masificadas.
6.- En contra de lo que nos dicen, la mayoría de la deuda española es de empresas y
bancos, no pública. Sólo los bancos españoles deben más de 3 billones de euros frente
a los 700.000 de la deuda pública. ¡Estamos pagando sus deudas con dinero de todos!
¿Dónde están las ganancias que tuvieron estos años pasados? Buena parte en los paraísos
fiscales. Es infamante que los gestores de estas entidades estén recibiendo ayudas públicas
mientras ganan sueldos millonarios. En realidad, no están salvando al sistema
financiero sino el control de una minoría riquísima sobre el mismo , lo que les
permite utilizar los ahorros de toda la sociedad en beneficio suyo. Los defensores del “libre
mercado” están financiando con dinero público un oligopolio financiero cada vez mayor, con
la concentración del mismo en entidades privadas cada vez mayores y más poderosas, y
creando las condiciones para crisis más devastadoras en el futuro.
7.- Financiar con dinero dinero público el expolio de la mitad del sistema financiero, como está
haciéndose con las cajas, es un robo de Estado. Y, en última instancia, sanear con
dinero público el sistema financiero y dejarlo en manos privadas es garantizar
que el problema de fondo nunca se va a solucionar y que seguiremos pagando las
consecuencias de una gestión destinada a lograr el máximo beneficio privado, pues las
empresas privadas están sometidas por la competencia a la ley del máximo beneficio y no a
la atención de las necesidades de la mayoría de los ciudadanos que vemos cómo el dinero
de nuestros impuestos acaba beneficiando a quienes más tienen.
Ante esta situación, la Plataforma reclama:
1. Dado que el sistema financiero es un servicio esencial y está exigiendo enormes ayudas
públicas que pagamos todos, exigimos que la gestión de los ahorros de la sociedad
depositados en las cajas y bancos esté dirigida a la atención de las necesidades sociales, el
desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del
desempleo. Una banca pública fuerte permitiría impulsar otra política económica
centrada en la creación de una estructura económica sostenible a medio plazo, con ramas
empresariales e industriales tradicionales y nuevas, que permita erradicar el paro estructural

3. y los desequilibrios territoriales, junto con la dependencia del monocultivo del turismo y la
construcción.
2. Para ello proponemos la nacionalización del conjunto de las cajas de ahorros , que
gestionan la mayoría de los depósitos bancarios, para constituir un Sistema Público de
Cajas de Ahorros. Su gestión pasará a estar vinculada al desarrollo de las políticas
sociales y económicas públicas, a facilitar el acceso al crédito de la pequeña y mediana
empresa, y será controlada democráticamente con una rendición de cuentas pública y
regular. El sistema público financiero deberá armonizar las diferentes necesidades
financieras de las diversas Comunidades con criterios de reforzamiento de las relaciones
interterritoriales, con planes no sólo a corto plazo.
3. Además, todas las ayudas públicas de cualquier índole que reciban el resto de las entidades
financieras supondrá la entrada en sus consejos de administración de
representantes públicos con plenos derechos políticos en su gestión. Dichos
representantes rendirán cuentas públicamente ante sus respectivos parlamentos, central y
autonómicos.
4. Realización de auditorías a todas las entidades por personal cualificado de la
administración pública, sin vínculo alguno con las entidades financieras, que garantice una
información veraz y exhaustiva de todo el sistema financiero español para saber la situación
real de dichas entidades. Esa información deberá ser pública y asequible a toda la
ciudadanía. Con ella será posible saber la situación real de dichas entidades, determinar
las responsabilidades de los gestores y decidir qué deuda es pagable y cuál debe ser
declarada deuda ilegítima, que no debería pagarse, y exigir responsabilidades a quienes
se haya beneficiado con ella.
5. Las cajas y los bancos que reciban ayudas públicas de cualquier índole someterán su
gestión al interés general. Mientras el BCE no preste directamente a los Estados, como
debería, estas entidades prestarán dinero al sector público al mismo tipo de interés con el
que ellos reciben el dinero del BC (el 1%), a fin de acabar con la escalada de la
deuda y la sangría de recursos públicos .
6. Por la gravedad que reviste el problema de la vivienda, aquellas que son propiedad de los
bancos y cajas pasará a formar parte de un Parque Público de Viviendas para que se
proceda a su alquiler a precios asequibles. Igualmente, los suelos en propiedad de dichas
entidades engrosarán el patrimonio público de suelo a fin de que se utilice para la posible
construcción de vivienda protegida y dotaciones públicas que se sean necesarias. Las
deudas de familias desahuciadas que carezcan de recursos serán condonadas, puesto
que ya han entregado su piso, y a las familias que demuestren carecer de recursos para
hacer frente al pago de sus hipotecas podrán seguir ocupando su vivienda a cambio de un
alquiler asequible, en función de sus ingresos.
7. Ninguna entidad financiera pública o con participación pública participará en actividades
especulativas, en la promoción de la sanidad o la educación privadas; cerrará todas sus

4. sucursales en paraísos fiscales y revisará la política de todas las empresas de las que
sea accionista para garantizar el respeto a los derechos laborales, sociales y
ecológicos. Los salarios de sus directivos no superarán nunca el máximo de los
salarios de los trabajadores del sector público, suprimiendo los salarios “milloneuristas”. A la
vez que se acabará con los privilegios de los altos ejecutivos, se detendrá la destrucción de
empleo y se establecerán las plantillas necesarias, en condiciones dignas, para una
atención adecuada a los depositarios.
8. La banca pública o con participación pública garantizará unas condiciones crediticias
asequibles a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas, y, en especial, un trato
preferente a las cuentas nómina y, en general, a las rentas más humildes. También se
deberán resolver y poner fin a los abusos a que están sometidos decenas de miles de
pequeños ahorradores de la CAM , Bankia , Santander etc... con las titulaciones
preferentes, cuotas participativas, acciones de recompra minusvaloradas, quitas
escandalosas etc.
Estas reivindicaciones son imprescindibles. Para acabar con el desempleo crónico es
necesario un desarrollo del sector público, bajo control democrático de la ciudadanía, en todos
los terrenos —desde los servicios sociales, sanidad, educación al terreno productivo— puede
garantizar un desarrollo acorde con las necesidades sociales y que haga realidad el derecho
constitucional a un empleo digno. El primer requisito es controlar los recursos financieros, para
lo que debe crearse una banca pública sobre la base de las cajas de ahorros, incluyendo
también el ICO y las Cajas Rurales.
Siendo el PSOE y sus diputados responsables junto con los del PP de aprobar la Ley del
2011 de Privatización de las Cajas, la magnitud de la crisis ha hecho surgir en el primero una
corriente de opinión en las bases a favor de una Banca Pública, aunque poco precisa en su
composición, que ha llegado al Parlamento a través de uno de los candidatos a la secretaría
del PSOE, y que parece que podría llegar a su Congreso de Sevilla. Lástima que no tomaran
medidas a favor de esas medidas cuando gobernaban, en lugar de privatizar las cajas. Pero si
realmente han llegado a esa conclusión tienen que pasar a los hechos.
Izquierda Unida ha presentado una Proposición No de Ley en el Parlamento para la
creación de una Banca Pública mediante la nacionalización de las Cajas de Ahorros y sus
bancos participados. Las fuerzas parlamentarias que se han pronunciado claramente por una
Banca Pública: IU, ICV, BNG, etcétera deberían en nuestra opinión ser capaces de articular
una coordinación sobre este punto y con carácter urgente, ya que daría una extraordinaria
cobertura a toda la campaña, siempre que no se aborde en plan cosmético sino con una
propuesta seria que ponga a esa banca pública al servicio de la mayoría de la sociedad, del
empleo y los derechos sociales. La propuesta de IU debería poder conseguirlo. Necesitamos
una Banca Pública, controlada socialmente, potente, de modo tal que ningún gobierno pueda
actuar sólo como notario de las decisiones de los denominados "mercados" e "inversores"

5. nacionales y extranjeros, ya sean de España, de la UE o del resto del mundo.
Llamamos a coordinarse en pro de estos objetivos a las fuerzas políticas, sindicales,
vecinales, al 15M y a todas las Plataformas a favor de una banca pública en todas las
Comunidades.
Madrid, a 4 de febrero de 2012

6. nacionales y extranjeros, ya sean de España, de la UE o del resto del mundo.
Llamamos a coordinarse en pro de estos objetivos a las fuerzas políticas, sindicales,
vecinales, al 15M y a todas las Plataformas a favor de una banca pública en todas las
Comunidades.
Madrid, a 4 de febrero de 2012