El procedimiento extraordinario romano se caracterizaba por ser totalmente escrito, eliminar las etapas orales, y tener al juez como un funcionario público investido con autoridad para decidir los casos. Las partes debían presentar sus argumentos por escrito con la ayuda de un abogado. El proceso incluía la presentación de la demanda, la notificación al demandado, la respuesta por escrito, la valoración de pruebas según una tarifa legal, y la posibilidad de apelación a instancias superiores e incluso al Emperador.