Corrupcion Mexico 1

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES, UNAM

LABORATORIO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA
CORRUPCIÓN

CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN EL
SERVICIO PÚBLICO:
Prácticas y percepciones relativas a los
procedimientos de adquisiciones

Encuesta a funcionarios responsables y funcionarios
usuarios de los departamentos de adquisiciones de 17
secretarías de estado y 4 organismos descentralizados

Abril de 2005

1

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
UNIDAD DE ESTUDIOS SOBRE LA OPINIÓN

Instituto de Investigaciones Sociales
Dr. Rene Millán Valenzuela
Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción
Dr. Antonio Azuela de la Cueva
Coordinación y Diseño de la Investigación
Mtra. Julia Isabel Flores Dávila

Asistentes de investigación
Mtro. Carlos Silva Forné
Mtro. Mauricio Padrón Innamorato
Mtra. Patricia Román Reyes
Lic. Rebeca Domínguez Cortina
Lic. Jorge Tello Torres
Diseño de la muestra y cálculo de estimadores para la obtención de muestra
Mtra. Yvon Angulo
Análisis estadístico
Act. Guillermo Cuevas Pineda
Act. Luis Calva Sánchez
Act. Enrique Martínez Carpio
Apoyo Técnico
Lic. Horacio Hernández Avilés
Lic. Alberto Romero Beltrán
Lic. Carlos Flores Ruiz
Apoyo de cómputo
Ing. Arturo Mondragón Lule

Apoyo secretarial
Navorina Díaz Pineda

2

CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO:
Percepción del ejercicio de la función pública: opiniones, actitudes y valores
Encuesta a funcionarios responsables y funcionarios usuarios de los
departamentos de adquisiciones de 17 secretarías de estado y 4 organismos
descentralizados

ÍNDICE GENERAL 3
I. INTRODUCCION 7
II. APROXIMACIONES TEORICAS 12
II.1. Acercamientos a la corrupción 12
II.1.1. Definiciones 13
II.1.2. Orígenes de la corrupción 14
II.1.3. Diferencias entre corrupción política y burocrática 15
II.1.4. Diversos acercamientos metodológicos 17
II.2. La cultura de la transparencia del servicio público 18
II.2.1. La cultura del servicio público: cultura de la transparencia y cultura de
18
las organizaciones
III. APROXIMACIONES METODOLOGICAS 23
III.1. Metodología de la investigación 23
III.2. Variables del estudio 25
III.3. Análisis de las categorías de las respuestas “no sabe” y “no contesta” 27
III.4. Criterios para la clasificación de los funcionarios entrevistados 33
IV. PERFIL LABRAL DE LA POBLACION ENTREVISTADA 37
IV.1. Funciones desarrolladas por los trabajadores 37
IV.2. Participación en los procesos de adquisiciones 38
IV.3. Condición de actividad 38
IV.4. Características del trabajo 39
IV.5. Trayectorias ocupacionales de los funcionarios 39
IV.6. Prestaciones 40
IV.7. Tipos de contratación 41
IV.8. Integración al servicio civil de carrera 41
IV.9. Reclutamiento de personal 42
V. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA 45
V.1. Sexo, estado civil y edad 45
V.2. Escolaridad 45
V.3. Nivel de ingresos 46
V.4. Diferencias por género 47
VI. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS 48
VI.1. Percepción de la situación política del país 48
VI.2. Percepción de la situación económica del país 48
VII. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 50
VII.1 Evaluación de la administración pública en México 50
VIII. CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 51

3

VIII.1. Procesos de adquisiciones 51
VIII.2. Adjudicaciones directas y licitaciones restringidas 53
VIII.3. Razones para realizar adjudicaciones directas 58
VIII.4. Evaluación del mecanismo de licitaciones 58
VIII.5. Tiempos de los procesos de adquisición de bienes y servicios 60
IX. RESULTADOS DE LAS ADQUISICIONES 63
IX.1. Evaluación de la calidad de los servicios 63
IX.2. Mejoras en el servicio 63
IX.3. Percepción de la relación con los proveedores 73
X. CONOCIMIENTO Y APEGO A LA LEY 79
X.1. Conocimiento de la ley 79
X.2. Excepciones a las licitaciones públicas 80
X.3. Apego a la normatividad 81
XI. MECANISMOS DE EVALUACION Y CONTROL 83
XI.1. Órganos de evaluación interna 83
XI.2. Consultas a los usuarios 84
XI.3. Procesos de evaluación interna y transparencia 85
XI.4. Procesos de evaluación externa y transparencia 86
XI.4.1. Evaluación de la SECODAM 86
XI.5. Conocimiento de la contraloría social 91
XI.6. Funciones del contralor ciudadano 92
XI.7. Existencia de otras formas de participación ciudadana en los procesos 94
XI.8. Medidas para mejorar la administración 95
XI.9. Beneficios obtenidos por las propuestas 96
XII. CULTURA Y PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS 97
XII.1. Reclutamiento de personal 97
XII.2 Desempeño según prácticas administrativas 99
XII.3. Denuncia de conductas ilícitas 101
XII.4. Aplicación de medidas correctivas 102
XIII. PERCEPCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN EN LA
103
ADMINISTRACION PUBLICA
XIII.1. Valores y actitudes hacia el superior jerárquico 104
XIII.2. Lealtad y confianza 104
XIII.3. Lealtad entre jefes y empleados 107
XIII.4. Lealtad y capacidad 110
XIII.5. Tolerancia hacia conductas de corrupción 113
XIII.6. Cultura de la denuncia 115
XIII.7. Prácticas de corrupción más frecuentes 117
XIII.8. Percepción de la corrupción según niveles de la administración pública 119
XIII.9. Percepción de la corrupción en la acción de la administración en
122
adquisiciones
XIII.10 Percepción de niveles de corrupción según Secretarías de Estado 126
XIII.11. Percepción de costos y beneficios de los actos de corrupción 127
XIII.12. Percepción de la penas aplicadas a los actos corruptos 128
XIII.13 Percepción de los tipos de sanciones aplicadas a los funcionarios 129

4

corruptos
XIV. ÍNDICE DE ACEPTACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA Y
132
CORRUPCIÓN Y RESULTADOS PRELIMINARES DE LA REGRESIÓN
XV. PERCEPCIONES GENERALES SOBRE LA CORRUCPION 140
XV.1 Origen, causas y responsabilidades frente a la corrupción 140
XV.2. Exceso de trámites 140
XV.3. Centralización de los servicios 141
XV.4. Calificación a la corrupción 141
XV.5. Soluciones percibidas frente a la corrupción 143
XVI. CONCLUSIONES 152
XVII. BIBLIOGRAFÍA 161
ANEXOS
ANEXO I. TABLAS CRUZADAS
ANEXO II. CUESTIONARIO
ANEXO III. DISEÑO MUESTRAL
ANEXO IV. LISTADO DE FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS POR
SECRETARIA

5

I. INTRODUCCION

Este trabajo sintetiza los resultados de la investigación Cultura de la
Transparencia en el Servicio Público: Prácticas y percepciones relativas a
los procedimientos de adquisiciones que consistió en una encuesta a
funcionarios responsables y funcionarios usuarios de los departamentos de
adquisiciones de 17 secretarías de estado y 4 organismos descentralizados

La investigación se orienta a conocer las características de la cultura del servicio
público, mediante el estudio de la relación que existe entre los ciudadanos y las
instituciones a través de las políticas públicas, que se manifiesta en una cultura del
servicio público.

Los objetivos generales de la investigación son los siguientes:
• Conocer las percepciones y prácticas relativas a los procedimientos de
adquisiciones

• El apego a una cultura de la legalidad

• Medir la tolerancia a prácticas de corrupción de los funcionarios
responsables, funcionarios usuarios y proveedores del sector de
adquisiciones de 21 dependencias y entidades del Gobierno Federal.
Como objetivos particulares de estudio la investigación se dirigió a:

• Conocer el impacto de la corrupción en sectores seleccionados de áreas
prioritarias en los ámbitos público y privado

• Conocer la percepción sobre la corrupción en el ejercicio de la función
pública

• Conocer el nivel de profesionalización con respecto a la normatividad de los
funcionarios y empleados de los sectores público y privado en materia de
adquisiciones

6

La encuesta fue diseñada por especialistas del laboratorio de Documentación y
Análisis de Corrupción y de la Unidad de Estudios Sobre la Opinión del Instituto
de Investigaciones Sociales de la UNAM (UDESO), y levantada por las empresas
BIMSA, Berumen y Consulta-Mitofsky y procesada por la UDESO, para conocer
los factores principales que inciden en las actitudes, opiniones y valores de la
población entrevistada frente a la transparencia, la legalidad y el servicio público.
La investigación se dirige también, a recoger las percepciones del desempeño
institucional y algunos elementos de la cultura del servicio público en México.

En ella se sintetizan los resultados de las percepciones, actitudes, opiniones y
valores de los funcionarios responsables de adquisiciones y de los funcionarios
usuarios de estos servicios, en 17 secretarías de estado y 4 organismos
descentralizados del gobierno federal.

Con el propósito de hacer posible que el estudio sea replicado por otros, se
exponen las nociones teóricas, las consideraciones metodológicas que
fundamentan el trabajo, los resultados de la encuesta en el lugar de trabajo
aplicada a 1641 personas, así como un breve análisis de sus efectos y
significados.

De la investigación se desprende que la cultura de la transparencia aún no ha
arraigado entre los funcionarios y sus proveedores en el país. La desconfianza y el
temor a brindar información se evidenciaron en las negativas de los funcionarios a
ser entrevistados.

Existe una brecha entre las élites responsables y los usuarios del servicio de
adquisiciones. Esta brecha se refleja también en la existencia de dos visiones
distintas del servicio público y dos culturas del servicio público distintas. Estas

7

culturas distintas evidencian dos percepciones distintas del país: entre las élites
responsables y los usuarios

El estudio indica la presencia de dos culturas distintas: entre funcionarios con
larga permanencia en la administración pública y los nuevos que recién ingresan,
así como entre quienes mencionaron contar con servicio civil de carrera y quienes
dijeron no tenerlo.

La mitad de la población encuestada reconoce no saber si se realizan licitaciones
en las secretarías para la adquisición de bienes, productos o servicios. Los
servicios que realizan licitaciones en más elevada proporción son los relacionados
con la papelería y los servicios de copiado. Mayormente son los funcionarios de la
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de
la Seguridad Pública quienes indican que nunca se realizan licitaciones.

Las razones más destacadas aducidas por los funcionarios encuestados para no
llevar a cabo licitaciones son, para cuatro de cada diez encuestados, la dificultad
para lograr la rápida adquisición de los bienes y servicios. Una elevada proporción
de trabajadores de PEMEX sostiene esta opinión

La investigación muestra que existe una gran desconfianza y falta de credibilidad
en las instituciones y los partidos políticos y se observa una amplia gama de
perspectivas y valoraciones, de corte negativo sobre el sistema de impartición de
justicia en el país. Los políticos, los partidos políticos y los sindicatos son las
instituciones reconocidas como las más corruptas por los encuestados en general,

Las medidas que la población encuestada considera son las más necesarias y
eficaces para solucionar el problema de la corrupción son la capacitación al
personal, el mejoramiento de la legislación y el aumento de los controles internos.
Las medidas consideradas menos eficaces son las denuncias anónimas

8

Finalmente, La presencia de una cultura de transparencia se asocia
principalmente con factores:

• De índole individual: la escolaridad y la autopercepción
• Asociados al sistema político: percepción de corrupción en actores político;
percepción de corrupción en la administración y percepción de impunidad,
costos de incurrir en conductas de corrupción (aprobar un trámite
incorrecto)
• Los factores asociados a la trayectoria y el desempeño profesional no son
relevantes para explicar la presencia de una cultura de transparencia: no
importa si se es funcionario responsable o usuario ambos tienen las
mismas posibilidades de participar en actos de corrupción
• El conocimiento de la ley no es un factor relevante para la presencia de una
cultura de transparencia

De lo anterior se desprende:
• La importancia de educar en una cultura de la transparencia y de apego a la
legalidad
• La consolidación efectiva del estado de derecho
• Crear condiciones de confianza en las instituciones del sistema político
• Homogeneizar y profesionalizar el servicio público

Los apartados en los que se divide este informe son los siguientes: el primer
apartado contiene una introducción al estudio. Las consideraciones teóricas y
metodológicas de la investigación se consignan en un segundo apartado; en el
tercero se presenta un perfil de la población entrevistada por lo que respecta a sus
puestos y trayectorias; en el cuarto apartado se analiza su perfil sociodemográfico;
en un quinto apartado se estudian las percepciones sobre la situación del país que
permiten reconstruir el contexto en el que se enmarcan las diversas opiniones; en

9

el sexto apartado se abordan las percepciones y evaluación de la administración
publica en México.

Un séptimo apartado se dedica a la calidad de los procedimientos administrativos
en el área de adquisiciones; en el octavo, se examinan las percepciones sobre el
sistema judicial de nuestro país; el octavo se hace lo mismo con los resultados de
las adquisiciones. Uno noveno apartado se dirige a estudiar el conocimiento de la
ley de adquisiciones, así como las percepciones de su vinculación con la realidad
actual del país. En un noveno apartado se estudian la disposición hacia la
democracia sus reglas y valores; el décimo apartado se dirige a analizar los
mecanismos de evaluación y control del desempeño de las instituciones.

El apartado undécimo se dedica al examen de la cultura y prácticas
administrativas, mientras que el duodécimo consigna las percepciones de la
transparencia y corrupción en la administración pública . El décimo tercer apartado
se dirige a recoger las percepciones generales sobre la corrupción en el país.
El apartado final incluye un resumen de los resultados de la investigación y
consigna las conclusiones del trabajo.

El documento se acompaña de cuatro anexos que comprenden: el diseño de la
muestra (anexo I), los instrumentos utilizados en la investigación (anexo II) y las
tablas que contienen los cruces básicos para cada pregunta (anexo III). En el
anexo IV, se presentan la metodología utilizada para realizar el trabajo de campo.

Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción
Unidad de Estudios Sobre la Opinión
Instituto de Investigaciones Sociales UNAM
Abril de 2005

10

II. APROXIMACIONES TEORICAS

II.1. Acercamientos a la corrupción

La corrupción es un fenómeno complejo y multifacético con múltiples causas y
efectos y asume varias formas y funciones en distintos contextos. El fenómeno de
corrupción varía desde un acto de pago de un soborno, o un pago contraindicado
por la ley hasta el mal funcionamiento endémico de un sistema político y
económico.

El problema de la corrupción ha sido visto como un tema estructural de política o
economía, o como un problema moral o cultural individual. La definición de
corrupción consecuentemente varía de los términos amplios de “abuso del poder
público” hasta “decaimiento moral” a definiciones legales estrictas como un acto
de soborno que involucra a un servidor público y una transferencia de recursos
tangibles.

En consecuencia, el estudio de la corrupción ha sido multidisciplinario y disperso y
abarca desde la construcción de modelos teóricos hasta descripciones detalladas
de escándalos de corrupción. Se ha estudiado como un problema de subdesarrollo
político, económico, moral o cultural.

La naturaleza compleja de la corrupción ha llevado a la mayoría de los
observadores a estar de acuerdo en que permea varias sociedades y no existen
soluciones fáciles a este problema. Se ha hecho notar también que la corrupción
no desaparece cuando un país se desarrolla, o se moderniza, sino que toma
nuevas formas (Girling: 1997).

11

II.1.1.Definiciones

En una extensa revisión de la literatura sobre el tema Amundsen clasifica los
discursos académicos contemporáneos sobre corrupción de acuerdo a distintas
disciplinas sociales (Amundsen and Fjeldstad 2000). La investigación sobre
corrupción incluye la clasificación de las diversas formas de corrupción con el
propósito de operacionalizar el concepto. Los investigadores han definido a la
corrupción como una relación particular entre el Estado y la sociedad y han
elaborado la distinción entre corrupción política y corrupción burocrática. Otra
distinción analítica amplia ha sido la de corrupción funcional y corrupción
disfuncional, o como un mecanismo de extracción “hacia arriba” o “hacia abajo”.
En otras ocasiones el enfoque se centra en la relación entre la corrupción y otros
fenómenos o procesos, como por ejemplo, en las agendas recientes de la ciencia
política, se ha colocado a la corrupción y la lucha contra la misma en la agenda
más amplia de la democratización1

El papel decisivo del estado se refleja en la mayoría de las definiciones de la
corrupción, que se entiende como una relación particular estado-sociedad. La
corrupción ha sido definida convencionalmente como la apropiación privada de
bienes públicos. Es el abuso de los recursos públicos por servidores públicos para
la obtención de beneficios privados. La definición de corrupción utilizada por
Transparencia Internacional y el Banco Mundial señala que “es el abuso del poder
público para fines (o beneficios) privados”2. Otra definición utilizada con frecuencia
es “una transacción entre actores de los sectores público y privado a través de la
cual los bienes colectivos son ilegítimamente convertidos en beneficios privados.
Este último punto, es enfatizado por Rose-Ackerman3 que señala que la
1
. Véase: Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad Research on Corruption a Policy Oriented Survey,
Final report, December 2000, NORAD Chr. Michelsen Institute (CMI) & Norwegian Institute of International
Affairs (NUPI)
2
. Transparency International (1998): “Corruption perception index 1998”.
http://www.transparency.de/index.html [13.12.00].
3
Rose-Ackerman, Rose (1978): Corruption. A Study in Political Economy. London/New York:
Academic Press.

12

corrupción existe en la interfase de los sectores públicos y privados, definición que
apunta a la distinción weberiana entre lo público y lo privado como fundamento de
la administración y la política no corruptas4

En la definición clásica de Nye la corrupción es “un comportamiento que se desvía
de los deberes formales de un rol público (por elección o designación) por causas
(personales, familiares o de un grupo) a la búsqueda privada de beneficios de
riqueza o status5. Samuel Huntington señaló que “donde las oportunidades
políticas son escasas, la corrupción ocurre a medida que la gente la utiliza para
obtener poder, y donde las oportunidades económicas son pocas, la corrupción
ocurre cuando el poder político es utilizado para perseguir riquezas”6.

II.1.2.Orígenes de la corrupción

Dadas las definiciones de corrupción como un estado particular de la relación
entre el Estado y la sociedad los orígenes de la corrupción se localizan en los dos
campos de interacción: entre el estado y la sociedad, y más allá de ellos, esto es a
nivel nacional e internacional. Además, tiene lugar dentro del propio Estado, en
sus varios niveles.

En el nivel institucional nacional dentro de los varios niveles y agencias del
Estado, la corrupción puede desarrollarse entre las distintas ramas del gobierno
(ejecutivo, legislativo o judicial) y entre las instituciones políticas y administrativas.
Estas relaciones pueden corromperse por la sobreposición de funciones,
autoridades en conflicto, luchas por el poder político o por acceso a recursos
escasos, flujos manipulados de información y relaciones personales de
dependencia o lealtad.

4
Rose-Ackerman, Susan (1999): Corruption and Government. Causes, Consequences and
Reform.Cambridge: Cambridge University Press.
5
Nye, J.S. (1967): “Corruption and political development”, American Political Science Review, vol.
61,no. 2, pp. 417-427.
6
Huntington, S.P. (1968): “Modernization and corruption”, en Political order in Changing Societies,
Samuel P. Huntington, New Haven, Connecticut: Yale University Press. Pp. 59–71.

13

En particular, la débil separación entre el servicio público y los partidos políticos, la
débil profesionalización de la burocracia y la falta de rendición de cuentas y
transparencia administrativa, así como el deficiente control político y de los
mecanismos de auditoría incrementarán la corrupción: “A medida que aumenta la
discrecionalidad de los servidores públicos a través de regulaciones abundantes,
complejas y no transparentes, se incrementará la probabilidad de que aparezca la
corrupción”7

II.1.3. Diferencias entre corrupción política y burocrática

La distinción entre corrupción política y burocrática es ambigua. Depende de la
separación weberiana de la política y la administración, que se ha probado que es
difícil de implantar en los países más pobres y por lo tanto, escasamente
observable. No obstante, dicha distinción es importante en términos analíticos. La
corrupción política es algo más que la desviación de las normas legales formales y
escritas, de los mandatos de las cortes y de los códigos de ética profesionales. La
corrupción política es cuando los gobernantes abusan de las leyes y las
regulaciones o ignorar y arreglan dichas leyes para beneficiar a sus propios
intereses o a intereses privados. Se da cuando las bases legales contra las
cuales son juzgadas y evaluadas las prácticas corruptas son débiles o sujetas a
deformaciones por los líderes. La corrupción política puede ser incidental,
controlada o negociada, como en la mayoría de las democracias consolidadas.

La corrupción política o gran corrupción tiene lugar en los niveles más altos de la
autoridad política, cuando los políticos y tomadores de decisiones quien están
investidos del poder de autorizar e implantar las leyes en el nombre del pueblo son
corruptos. La corrupción política se da cuando la formulación de las políticas
públicas y la legislación se arreglan para beneficiar a los políticos y a los
legisladores.

7
Véase: Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad Research on Corruption, op. cit. p. 13

14

En forma similar, la corrupción burocrática puede tener lugar en el nivel de
implantación de las políticas públicas sin necesariamente ser parte del sistema
político o que tenga repercusiones políticas. Esto sucede con frecuencia cuando
un gobierno fuerte y transparente ha sido capaz de limpiar los corredores del
poder, pero no cada unidad del servicio público, siendo el caso de que ciertos
servicios o burócratas están todavía comprometidos con prácticas corruptas.

Al mismo tiempo, la corrupción burocrática y la política tienden a desarrollarse en
forma conjunta y a reforzarse una a la otra. La corrupción política está apoyada
generalmente en pirámides burocráticas extendidas, pirámides de extracción
hacia arriba. Y la corrupción en lugares con alto poder es contagiosa a niveles
inferiores, es por esta razón que una definición estricta de la definición de
corrupción como una desviación de las reglas formales y un enfoque particular en
la corrupción burocrática puede estar sesgado.

La corrupción burocrática puede ser controlada y restringida cuando existen
voluntad y capacidad política para implantar las regulaciones necesarias. En
algunas democracias liberales la corrupción ha disminuido a través de auditorías,
legislación y reformas institucionales. La corrupción política es de naturaleza
incidental y ocasional y se relaciona con el sistema político existente por las
reformas, revitalización de las instituciones políticas de rendición de cuentas como
las judiciales, legislativas y administrativas.

En los países son corrupción sistémica política o administrativa, el marco legal del
estado es insuficiente8 como término de referencia para juzgar el problema de la
corrupción. Así los efectos degenerativos de la corrupción política no pueden ser
contratacados sólo por enfoques legalistas o administrativos. Tendrán que
imponerse estándares o metas morales, normativas, éticas y políticas. La

8
Véase: Johnston, Michael (1996): “The search for definitions: The vitality of politics and the issue
of corruption.” International Social Science Journal, no. 149, pp. 639-58.

15

corrupción endémica necesita de reformas políticas radicales, un sistema de
rendición de cuentas y una democratización profunda.

II.1.4.Diversos acercamientos metodológicos

Los debates internacionales sobre cómo acercarse al fenómeno de la corrupción
se desarrollan sobre una definición general y ampliamente aceptada que es “el
abuso del servicio público para la obtención de ganancias privadas” (Amundsen
1999, Rose-Ackerman 1996). Esta definición depende de la existencia de un
dominio público que sea reconocible, separado de la esfera privada.

En la ciencia política la concepción del servicio público está fuertemente
influenciada por el tipo ideal de Max Weber de la racionalidad legal. El paradigma
de la racionalidad legal se considera básico para entender la corrupción como la
falta de separación de los ámbitos público y privado. Esta perspectiva de análisis
de la administración pública ha sido cuestionada.

La mayoría de los antropólogos sociales considera que la definición convencional
de corrupción es demasiado estrecha y se orienta demasiado a la ilegalidad de las
prácticas. “Los juicios de las personas sobre los cursos de la acción no emergen
de un juego invariable de normas culturalmente universal que ayude a las
personas a decidir si determinadas acciones podrían ser clasificadas como
corruptas o no. Sino que es necesario ver cómo varían de un país a otro” 9. Dadas
tales variaciones es necesario realizar exploraciones de cómo los actores evalúan
por si mismos las prácticas sociales.

Algunas normas sociales y de comportamiento tienden a facilitar la corrupción,
como la “existencia de unas reglas del juego fluidas y siempre negociables,
múltiples sistemas de normas, intermediarios, prácticas de donación de regalos,
cadenas de solidaridad, familias extensas, y formas de autoridad
9
Véase: Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad Research on Corruption, op. cit. p. 165

16

neopatrimonialistas” (Olivier de Sardan 1996). El examen de las lógicas
socioculturales que alimentan las prácticas cotidianas revelará lo que cada quien
considera que es y no es la corrupción y ello es materia de la experiencia social.

II.2. Cultura de la transparencia del servidor público

Es posible situar una de las causas de la corrupción en el modo de relación que
desde hace tiempo se ha establecido entre las instituciones y los ciudadanos. La
falta de transparencia e información en la toma de decisiones, la escasa
participación e involucramiento de los ciudadanos en la elaboración y cambio de
las políticas públicas, a los que se aúna la existencia de normas y
reglamentaciones inadecuadas u obsoletas, propician la transgresión de las
normas y el establecimiento de reglas de juego paralelas basadas en el uso de
mecanismos y acuerdos informales, y con ello, la aparición de conductas de
corrupción.

Lo anterior, ha contribuido a desarrollar una cultura del servicio público, presente
en los diversos ámbitos de acción y que es compartida tanto por los ciudadanos,
como por los servidores públicos. Una de las características de dicha cultura se
muestra en su falta de transparencia, la escasa responsabilidad ciudadana y del
servidor público con respecto al uso de los bienes y servicios públicos -que dada
la lejanía del ciudadano con respecto a la esfera pública, a la que se considera
ajeno-, son considerados como bienes que no pertenecen a nadie en particular, y
por ello, susceptibles de disposición.

II.2.1.La cultura del servicio público: cultura de la transparencia y cultura de
las organizaciones
Cultura de la transparencia del servidor público

La cultura de la transparencia en el servicio público se define como las ideologías,
normas y rutinas orientadas a brindar acceso a la información con oportunidad,

17

visibilidad del trabajo que gobiernan las expectativas y el comportamiento del staff
burocrático así como las relaciones de la organización con su entorno externo.

La creación de una cultura de acceso, significa crear una cultura donde proveer
información sea contemplado como una parte integral y valorada del trabajo de
cada servidor público, no entendido como algo accesorio al trabajo real o como
una molestia adicional. El cambio en esta percepción influenciará la manera en
que es creada la información gubernamental, clasificada y comunicada.

El elemento de transparencia significa que las siguientes metas son
fundamentales para la cultura del servicio público:

• Proporcionar al ciudadano la mayor visibilidad del trabajo que está siendo
desarrollado
• Proveer información disponible y con oportunidad

Uno de los obstáculos mayores que se presenta para implantar cambios
conducentes a la transparencia es la existencia de una cultura organizacional
fuertemente enraizada, que puede ejerce efectos en el cambio de la organización,
limitando la extensión de las reformas e impidiendo ir más allá de los cambios
estructurales y de reglas formales para romper con los valores e incentivos
subyacentes e incitar a realizar cambios significativos y sustanciales en el
comportamiento organizacional.

En aquellos lugares donde las metas de las reformas son consistentes con los
elementos de la cultura organizacional existente el éxito e dicha implantación ha
sido más evidente. Del mismo modo, en donde las reformas han demandado
cambios a un nivel profundo de las ideologías, normas y rutinas se ha encontrado
con resistencia considerable y en algunos casos, incluso, ha fracasado.

18

Lo que indica la experiencia es que un entendimiento completo de la dinámica
compleja del cambio de y dentro de las organizaciones, debe dirigirse no sólo a los
factores sistémicos que demandan un cambio, sino también, a los factores
internos críticos que moldean la ejecución de las reformas estratégicas y de sus
resultados finales.

Se plantea entonces la necesidad de discernir la relación dinámica entre las
organizaciones y el ambiente, especificar las condiciones bajo las cuales pueden
sobrevivir y alternativamente, como obtienen autonomía de e influencia sobre sus
principales funciones. independencia financiera, y control sobre la información y la
acción experta.

Estos son primeros pasos esenciales en la comprensión de las oportunidades y
condiciones para el comportamiento y el cambio de las organizaciones. No
obstante, sin una teoría social de la organización poco se puede explicar sobre el
contenido de esos comportamientos y la dirección y sentido del cambio. Los
académicos constructivistas de la teoría sociológica de la organización han
ampliado esos modelos para explorar la naturaleza de la acción: la vida social de
los actores organizacionales que explica los resultados de comportamiento y los
procesos de cambio no predecibles por otros métodos. Estos modelos exploran la
interacción de factores internos y externos que generan fuentes de poder
independiente e influencia en las políticas públicas y en las prácticas de las
organizaciones.

El denominador común es la afirmación de que las organizaciones, una vez
pasado el punto de su creación, evolucionan para convertirse en actores sociales
por derecho propio, desarrollando y desplegando intereses y comportamiento que
aseguren su legitimidad y sobrevivencia en los ambientes institucionales externos.

Esta concepción de la acción de las organizaciones está construida sobre la
observación de las organizaciones que buscan alcanzar sus metas en ambientes

19

competitivos y demandantes, no sólo por la adopción de estructuras formales
apropiadas y tecnología, sino también al crear en el tiempo distintas culturas
organizacionales.

Dentro de las organizaciones la cultura naturalmente evoluciona con el tiempo o
es estratégicamente creada por líderes como un medio de enfrentar los
requerimientos externos para su supervivencia y crecimiento, así como para
alcanzar la integración interna que permita realizar operaciones eficientes y
medios de adaptación. Los elementos definitorios de la cultura afectan al
comportamiento de las organizaciones a través de reglas formales y estructuras
informales que moldean las expectativas de los miembros acerca de sus propios
roles e identidades, así como lo que constituyen los pensamientos e ideas
normativa e instrumentalmente apropiadas.

A lo largo del tiempo, es a través de los procesos de socialización en el que los
miembros de la organización internalizan respuestas a los problemas y retos, la
cultura organizacional se enraiza fuertemente y se vuelve resistente al cambio.
Las mismas ideologías, normas, lenguajes y rutinas que ayudan a aliviar la
incertidumbre y proveen estabilidad, también inhiben el aprendizaje organizacional
que conlleva una reflexión acerca de ideologías, valores y metas. En otras
palabras, esta cultura se convierte en un filtro a través del cual las organizaciones
interpretan las señales del ambiente y las traducen en decisiones de la
organización con vistas a agendas selectivas y prácticas de política.

Más aún, esta cultura actúa como un punto de fricción o de tensión y constricción
sobre el cambio llevando a la organización en una trayectoria de múltiples
resultados que van desde la preservación del statu quo hasta diversos grados de
adaptación o aprendizaje.

20

De lo anterior, se desprende que la creación de acciones tendientes a la creación
de nuevas culturas organizacionales en el sector público es un elemento
importante para lograr una cultura de la transparencia en el país.

21

III. APROXIMACIONES METODOLOGICAS

III.1. Metodología de la investigación

Para dar cuenta de las situaciones anteriores, se requiere integrar en un marco
básico de interpretación conocimientos de varias disciplinas: la administración
pública, el derecho, la sociología, demografía y estadística, pero ello requiere
también, de una combinación de metodologías de investigación.

Es necesario, por una parte, identificar los puntos de referencia principales de la
población estudiada, dibujar un mapa inicial de los entrevistados y las
particularidades de su ocupación, trayectoria profesional y de sus características
demográficas, sociales y económicas. Por otra parte, importa conocer la opinión,
valoraciones y percepciones de los entrevistados sobre los procesos de
adquisiciones. Eso sólo es posible mediante el empleo de metodologías
cuantitativas, que permiten obtener representatividad, a la vez que extensión.

En la investigación se recurrió al uso de la encuesta, con este propósito se
diseñaron dos instrumentos: una ficha de registro diseñada para recoger la
información de cada entrevistado, su trayectoria profesional y su entorno; y un
cuestionario de opinión dirigido a recoger las percepciones, actitudes y
valoraciones de los entrevistados sobre el servicio publico, la transparencia en las
adquisiciones y la corrupción en el país y en la administración pública. El
cuestionario consta de preguntas cerradas y abiertas e incluye una sección
sociodemográfica que permite captar datos relativos a las condiciones de vida de
los entrevistados (Véase Anexo II).

Se elaboraron 16 versiones distintas del cuestionario, para su elaboración se
contó con la aportación de distintos sectores: académicos, de la administración
pública y del sector privado. Una vez que se aprobó la versión final se llevó a cabo
una prueba piloto para conocer la respuesta de los entrevistados a su duración y

22

fraseo, así como la pertinencia de las preguntas y se realizaron nuevas
adaptaciones al cuestionario.

Durante los meses de septiembre de 2004 a febrero de 2005, se entrevistó en su
lugar de trabajo a 1641 funcionarios responsables y usuarios de los
departamentos de adquisiciones en 17 secretarías de estado y 4 organismos
decentralizados del gobierno federal. Los detalles relativos al diseño de la muestra
se consignan en el Anexo metodológico I (Véase Anexo I).

Las bases de datos de funcionarios sobre las que se elaboró la muestra fueron
proporcionadas por la propia Secretaría de la Función Pública. Hubo que
rehacerlas varias veces, debido a imprecisiones y desactualizaciones. En esta
tarea colaboró la Secretaría de la Función Pública.

Se presentó una fuerte negativa inicial de los funcionarios a ser entrevistados. Al
mes de noviembre de 2005 se contabilizaron 2800 visitas y 920 rechazos en 19 de
los 21 organismos seleccionados. Dada esta negativa, se solicitó una carta
personalizada a cada funcionario responsable de los departamentos de
adquisiciones de la Secretaría de la Función Pública para que se permitiera
realizar las entrevistas. Se realizaron 3,800 visitas en los 21 organismos
seleccionados. Se dieron 294 rechazos definitivos

23

Cuadro 1
Secretarías y organismos públicos visitados
 SEP  SECTUR
 STRABAJO  PGR
 SEGOB  SSALUD
 SREXTERIORES  SECONOMÍA
 SRA  SENERGÍA
 SCT  SEDESOL
 SAGARPA  SEMARNAT
 SHCP  IMSS
 COMISIÓN NACIONAL
 CFE
DEL AGUA
 PEMEX  SFP
 SRE
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la
Opinión, IISUNAM, 2005.

III.2. Variables del estudio
Las variables consideradas en el estudio fueron las siguientes:

• Variables sociodemográficas y socioeconómicas de la población objeto
de estudio: Se tuvieron en cuenta variables como el sexo, la edad, así como
el nivel de escolaridad, la condición de actividad y el ingreso familiar, y las
características de profesionales. Con dichas variables se puede esbozar un
perfil sociodemográfico y de trayectoria en el puesto, sus características
generales y especificidades.
• Percepciones sobre la situación del país: Se tienen en cuenta las
percepciones sobre la situación por la que atraviesa México, y las expectativas
para el futuro que posee la población entrevistada.
• Evaluación de la administración pública en México: Se tuvieron en cuenta
las valoraciones de la población frente a diversas instituciones de la
administración pública, antes y después del año 2000.
• Calidad en los procesos de adquisiciones: Se tuvieron en cuenta los
procesos de adjudicaciones directas y licitaciones restringidas, las
contrataciones de emergencia, la evaluación de los mecanismos de licitación, y

24

los tiempos y costos de estos procesos.
• Resultados de las adquisiciones. En este rubro se consideraron el nivel de
satisfacción de los usuarios, la evaluación de la calidad y eficiencia al brindar
los servicios, las mejoras en el servicio, la relación con los proveedores y la
percepción de corrupción en las adquisiciones.
• Conocimiento y apego a la ley de adquisiciones. De acuerdo a los objetivos
de la investigación, se le concedió una importancia particular al análisis de las
actitudes, opiniones, percepciones y valores de los encuestados sobre la ley de
adquisiciones, así como de su aplicación y la cultura de la legalidad en
general.
• Percepciones sobre los mecanismos de evaluación y auditoría: Se
analizaron las actitudes y percepciones sobre los mecanismos de evaluación
internos y externos: auditorías, SFP y Contraloría ciudadana.
• Cultura y prácticas administrativas: las actitudes, percepciones y opiniones
sobre el servicio publico -elementos centrales en el cuestionario- se han
analizado a través de la exploración de las percepciones que posee la
población entrevistada sobre las prácticas más frecuentes n la administración y
los valores que las guían.
• Percepciones de la transparencia y corrupción en la administración
pública: De igual forma, se analizó esta esfera a través de las opiniones y
percepciones que posee la población objeto de estudio sobre las prácticas de
corrupción, su origen, causas y evolución, así como las responsabilidades
frente a la corrupción. Se incluyen además variables diseñadas para captar los
focos de corrupción, los costos y beneficios de los actos corruptos, la
percepción de las penas y sanciones aplicadas en esos casos.
• Percepciones generales sobre la corrupción. Incluye la calificación de
actores políticos y sociales corruptos, la autocalificación en la escala de
corrupción; las soluciones percibidas a este problema y preguntas para captar
los mecanismos percibidos para solucionarlo.

25

III.3. Análisis de las categorías de las respuestas “no sabe” y “no contesta”

La falta de respuesta por parte de los informantes es uno de los posibles errores
que afectan a una encuesta en la fase de recogida de la información. En este
sentido, nuestra encuesta presentó en muchas preguntas porcentajes muy
elevados de la categoría “no sabe / no contesta”, por lo cual, bajo una primera
mirada, podría suponerse que se está delante de un error del tipo antes
mencionado. Una encuesta que aborda temas sobre corrupción es posible pensar
que obtenga un porcentaje muy elevado de falta de respuesta por la reticencia de
los entrevistados a contestar sobre un tema de alta sensibilidad. Sin embargo, si
desglosamos la categoría entre aquellos informantes que respondieron que no
sabían responder la pregunta y aquellos que directamente no quisieron contestar,
es la primera categoría en la que se concentran casi todas las respuestas siendo
marginal la falta de respuesta en todo el cuestionario.

Igualmente habría que preguntarse acerca de tan altos porcentajes de “no sabe”
en muchas preguntas de la encuesta. La respuesta a esta interrogante es doble:
por un lado preguntas sobre conocimientos muy específicos que muchos
informantes no estaban en posición de conocer, y segundo y más preocupante (y
este es un resultado interesante del estudio), falta de conocimiento sobre temas
que sí deberían conocer funcionarios vinculados en su labores con la temática de
las preguntas.

Si se dirige una rápida mirada a las tablas cruzadas resultantes del estudio se
puede apreciar como los porcentajes de la categoría “no sabe” no alcanzan cifras
muy elevadas en aquellas preguntas sobre información personal del entrevistado,
o en preguntas de opiniones generales que se realizan. Sólo se alcanzan elevados
niveles de no saber contestar en los casos de preguntas sobre conocimientos
específicos sobre el funcionamiento de procesos administrativas de su secretaría.
Un ejemplo claro de esto son las preguntas referidas a los procesos

26

administrativos en el área de adquisiciones. Los porcentajes de la categoría “no
sabe” van elevándose en función del nivel de especificidad de la pregunta en
cuanto a los procedimientos al respecto. Al preguntar sobre la frecuencia con la
que se hacen adquisiciones directas de algunos productos o servicios los
porcentajes de “no sabe” alcanzan a alrededor de un tercio de los entrevistados,
mientras que dichos porcentajes alcanzan a tres de cada cuatro entrevistados al
preguntar sobre el tiempo de anticipación con el que se inician estos procesos.
Ahora bien, podemos apreciar que el comportamiento de ese “no sabe” se
distribuye de forma esperable en función del tipo de funcionario que contesta la
encuesta. Por un lado, los funcionarios de ocupan cargos de personal de base
duplican en la categoría “no sabe” a otros funcionarios de mayor rango tal como
podemos apreciar en el siguiente cuadro para el caso de la adquisición directa de
vehículos:

Cuadro 2
¿Con qué frecuencia hacen adquisiciones directas de los siguientes productos o
servicios? Vehículos
A
Cargo SIEMPRE NUNCA NS NC Total
VECES
Mandos Superiores 1.7 7.6 67.1 23.1 0.5 100
Mandos Medios 2.0 10.1 55.7 31.4 0.9 100
Personal Operativo 17.5 55.0 25.0 2.5 100
Personal de Base 1.4 5.1 36.6 56.8 0.2 100
NC 100.0 100
Total 1.6 7.7 54.1 36.0 0.5 100

Más marcada es la diferencia en la misma categoría si se considera si el
funcionario tiene o no alguna participación en los procesos de adquisiciones. En
este caso en porcentaje de “no sabe” es más de tres veces más elevado para los
funcionarios que no participan en estos procesos. Nuevamente ejemplificamos con
las adquisiciones directas en el caso de los vehículos:

27

Cuadro 3
¿Con qué frecuencia hacen adquisiciones directas de los siguientes productos o
servicios? Vehículos
¿Tiene usted SIEMPRE A VECES NUNCA NS NC Total
alguna SI 3.2 20.2 62.8 13.9 100.0
intervención en NO 1.3 4.8 52.0 41.2 0.7 100.0
los procesos de
adquisiciones? Total 1.6 7.7 54.1 36.0 0.5 100.0

El comportamiento de la categoría “no sabe” es similar para el caso de los otros
productos y servicios sobre los que se consultó (Véanse Tablas 58 – 63). Como
mencionamos anteriormente, los porcentajes son más elevados en las preguntas
de procesos más específicos, por ejemplo los tiempos de anticipación de las
adquisiciones. En este caso el comportamiento de la categoría “no sabe” también
varía dependiendo si se trata de personal de base o de funcionarios de mayor
rango, pero por tratarse de conocimientos más específicos los porcentajes de “no
sabe” continúan siendo muy elevados. Vemos un ejemplo para el caso de los
tiempos de adquisición del material de papelería:

Cuadro 4
La última vez que contrataron los siguientes bienes y servicios en esta
dependencia, ¿con que tanta anticipación se iniciaron los procesos de
adquisición?... Material de papelería
MENOS
6 3
Cargo 1 AÑO DE 3 NS NC Total
MESES MESES
MESES
Mandos Superiores 7.4 5.2 7.3 13.7 65.6 0.8 100.0
Mandos Medios 7.5 6.4 4.2 15.8 64.5 1.8 100.0
Personal Operativo 7.5 10.0 5.0 2.5 72.5 2.5 100.0
Personal de Base 2.9 1.8 1.8 9.4 84.0 0.2 100.0
NC 100.0 100.0
Total 6.0 4.6 4.7 12.7 71.1 0.9 100.0

Para el caso de los funcionarios que declararon que participan o no participan en
los procesos de adquisiciones las diferencias de la misma categoría son mucho
más altas. Igualmente, llama la atención el bajo conocimiento sobre dichos

28

procesos por parte del personal que sí tendría que estar al tanto de dicha
información. Nuevamente ejemplifiquemos con el material de papelería, un
servicio que muestra un comportamiento similar al de otros productos o servicios
sobre los que se interrogó:

Cuadro 5
La última vez que contrataron los siguientes bienes y servicios en esta
dependencia, ¿con que tanta anticipación se iniciaron los procesos de
adquisición?... Material de papelería
MENOS
3
¿Tiene usted alguna 1 AÑO 6 MESES DE 3 NS NC Total
MESES
intervención en los MESES
procesos de SI 9.8 12.6 13.9 22.7 41.0 100.0
adquisiciones? NO 5.1 2.6 2.5 10.3 78.3 1.1 100.0
Total 6.0 4.6 4.7 12.7 71.1 0.9 100.0

Como puede apreciarse, la categoría “no sabe” es el doble para el caso de los
funcionarios que declararon no intervenir en las adquisiciones, sin embargo, el
porcentaje es muy elevado para los que sí participaron. Los porcentajes de “no
sabe” para la pregunta por la suficiencia o insuficiencia de estos tiempos sigue un
comportamiento similar al descrito anteriormente (Véanse Tablas 72 a 78).

La satisfacción con la calidad de los servicios, como sería esperable, ya no
muestra porcentajes tan elevados de “no sabe”. Sin embargo para algunos casos
como la flotilla de vehículos o el servicio de viajes los porcentajes de no saber
responder son mucho más elevados (53.4% para los vehículos y 46.3% para los
servicios de viaje, contra, por ejemplo, 15% en el caso del material de papelería).
Lo que sucede es que los usuarios de los dos primeros servicios son mucho
menos extendidos que los últimos y eso de refleja en los resultados señalados.
Similar es el comportamiento ante las preguntas referidas a la rapidez con que se
brindan esos productos o servicios (Véanse Tablas 85 – 90).

29

Cuando las preguntas vuelven a referirse a conocimiento más especializado sobre
los procesos de adquisición los porcentajes de la categoría “no sabe” se elevan,
pero nuevamente presentan una importante variación en función de nivel de los
funcionarios dentro de la secretaría, tal como se ejemplifica en el siguiente cuadro
para el caso de el servicio de computadoras.

Cuadro 6
Si se cambiara de proveedores, ¿qué tanto cree usted que mejorarían los
siguientes servicios? Computadoras
Cargo MUCHO ALGO POCO NADA NS NC Total
Mandos Superiores 9.0 13.6 15.6 34.4 26.5 0.8 100.0
Mandos Medios 10.1 14.5 14.7 30.9 29.4 0.4 100.0
Personal Operativo 5.0 22.5 12.5 10.0 50.0 100.0
Personal de Base 8.2 10.4 8.4 16.6 55.6 0.8 100.0
NC 100.0 100.0
Total 9.0 13.0 13.0 27.4 36.9 0.7 100.0

Como es esperable, una diferencia más marcada en esta categoría de respuesta
se presenta en el caso de la división entre funcionarios que participan y que no
participan de los procesos de adquisición. El porcentaje de “no sabe” para el caso
de los funcionarios que sí participan de los procesos de adquisiciones es menos
de la tercera parte del porcentaje que alcanza para el caso no los que no lo hacen.
Igualmente, podría considerarse como falta de conocimiento en la materia que
15% no haya sabido responder a la pregunta. Un comportamiento similar se da en
las preguntas que refieren a los otros servicios (Véanse Tablas 91 – 96).

Cuadro 7
Si se cambiara de proveedores, ¿qué tanto cree usted que mejorarían los
siguientes servicios? Computadoras
¿Tiene usted alguna MUCHO ALGO POCO NADA NS NC Total
intervención en los SI 7.9 17.0 20.2 39.7 14.8 0.3 100.0
procesos de NO 9.2 12.1 11.3 24.4 42.2 0.8 100.0
adquisiciones? Total 9.0 13.0 13.0 27.4 36.9 0.7 100.0

30

Otras preguntas sobre los procesos de adquisición siguen un comportamiento
similar al descrito hasta el momento, tal como es el caso de las preguntas sobre
las quejas que realizan los proveedores (Tablas 97 y 98), la normatividad sobre las
adquisiciones (Tablas 99, 100 y 116)

Las preguntas sobre áreas específicas de las secretarías y sobre el conocimiento
de la ley de adquisiciones también alcanzan porcentajes de la categoría “no sabe”
muy elevados. Para el caso de preguntas sobre áreas o dependencias en las que
existe mayor corrupción la frecuencia de la categoría “no sabe” no solamente es
muy elevada (cerca de la mitad de los funcionarios entrevistados), sino que el
porcentaje no varía en función de los tipos de funcionario. En este caso, el
porcentaje elevado no parece deberse a falta de información específica como era
el caso de muchas de las anteriores preguntas, sino a la temática sensible de la
pregunta y al no querer comprometerse con una respuesta al interior de la misma
secretaría en donde se trabaja cotidianamente (Véase Tabla 142).

Con relación al conocimiento que los funcionarios tienen sobre la ley de
adquisiciones, las diferencias entre funcionarios de distinto tipo vuelven a ser muy
significativas. Pongamos el ejemplo de la pregunta sobre los procesos de
contratación que establece la Ley de Adquisiciones, particularmente de la mención
de la obligación de llamar a una licitación pública. Los porcentajes de la categoría
“no sabe” son diversos para los distintos niveles de funcionarios:
Cuadro 8
¿Podría decirme los procesos de contratación que establece la Ley de
Adquisiciones? Licitación pública nacional e internacional
SI NO
Cargo Total
MENCION MENCION
Mandos Superiores 71.6 28.4 100.0
Mandos Medios 61.4 38.6 100.0
Personal Operativo 42.5 57.5 100.0
Personal de Base 12.1 87.9 100.0
NC 100.0 100.0
Total 49.5 50.5 100.0

31

La diferencia es aún más marcada para la distinción entre funcionarios que
participan en los procesos de adquisición y aquellos que no lo hacen:

Cuadro 9
¿Podría decirme los procesos de contratación que establece la Ley de
Adquisiciones? Licitación pública nacional e internacional
SI NO
¿Tiene usted alguna Total
MENCION MENCION
intervención en los
SI 89.9 10.1 100.0
procesos de
NO 39.9 60.1 100.0
adquisiciones?
Total 49.5 50.5 100.0

Nueve de cada diez funcionarios vinculados a los procesos de adquisición
mencionaron la necesidad de convocar a licitación pública, mientras que sólo lo
hicieron cuatro de cada diez funcionarios que no participan en dichos
procedimientos administrativos. Un comportamiento similar de la categoría “no
sabe” es el que se presenta en las preguntas que refieran a las excepciones a la
ley de adquisiciones, a la realización de auditorias y a la existencia y
funcionamiento de los organismos de contralor ciudadano sobre estos
procedimientos (Véanse Tablas 162 a 184).

III.4 Criterios para la clasificación de los funcionarios entrevistados
La clasificación de tipo de funcionarios se hizo con base a sus facultades y nivel
de decisión señaladas en el articulo 5 la Ley Federal los Trabajadores al Servicio
del Estado, donde describe las funcionarios que desempeñan los funcionarios de
confianza de la administración pública federal:

Según el artículo 5, son trabajadores de confianza, aquellos que desempeñan
funciones que conforme a los catálogos de puestos sean de:

32

a).- Dirección, que le confieren la representatividad e implican poder de decisión
en el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos,
subdirectores y jefes de departamento.
b).- Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las jefaturas y
sub- jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o
entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y
permanente este desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha
son de confianza.
c).- Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de disponer
de estos, determinando su aplicación o destino. El personal de apoyo queda
excluido.
d).- Auditoria: a nivel de auditores y sub- auditores generales, así como el personal
técnico que en forma exclusiva y permanente desempeñe tales funciones, siempre
que presupuestalmente dependa de las contralorías o de las áreas de auditoria.
e).- Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la
dependencia o entidad de que se trate, con facultades para tomar decisiones
sobre las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con
elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente
considerados en estas áreas de las dependencias y entidades con tales
características.
f).- En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de
bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios.
g).- Investigación científica, siempre que implique facultades para determinar el
sentido y la forma de la investigación que se lleve a cabo.
h).- Asesoría o consultaría, únicamente cuando se proporcione a los siguientes
servicios públicos superiores; secretario, sub- secretario, oficial mayor,
coordinador general y director general en las dependencias del gobierno federal o
sus equivalentes en las entidades.
i).- El personal adscrito presupuestalmente a las secretarias particulares o
ayudantías.

33

j).- Los secretarios particulares de: secretario, sub- secretario, oficial mayor y
director general de las dependencias del ejecutivo federal o sus equivalentes en
las entidades, así como los destinados presupuestalmente al servicio de los
funcionarios a que se refiere la fracción i de este articulo.
k).- Los agentes del ministerio publico federal y del distrito.
l).- Los agentes de las policías judiciales y los miembros de las policías
preventivas.
Han de considerarse de base todas las categorías que con aquella clasificación
consigne el catalogo de empleos de la federación, para el personal docente de la
secretaria de educación publica.
La clasificación de los puestos de confianza en cada una de las dependencias o
entidades, formara parte de su catalogo de puestos.
iii.- en el poder legislativo; en la cámara de diputados; el oficial mayor el director
general de departamentos y oficinas, el tesorero general, los cajeros de la
tesorería, director general de administración, el oficial mayor de la gran comisión,
el director industrial de la imprenta y encuadernación y el director de la biblioteca
del congreso.

En la contaduría mayor de hacienda: el contador y el subcontador mayor, los
directores y subdirectores, los jefes de departamento, los auditores, los asesores y
los secretarios particulares de los funcionarios mencionados.

En la cámara de senadores: oficial mayor, tesorero y subtesorero;
iv.- en el poder judicial: los secretarios de los ministros de la suprema corte de
justicia de la nación y en el tribunal superior de justicia del distrito federal, los
secretarios del tribunal pleno y de las salas;
El personal de base (personal operativo) comprendidos dentro del articulo anterior.
Estos se subdividen según las funciones que desempeñan en:

Grupos servicios: Personal que se caracteriza por la ejecución de actividades de
apoyo mecanográfico, limpieza, mensajería, transportación de personas y

34

documentos, almacenamiento de recursos materiales, mantenimiento y vigilancia
de inmuebles, orientación al público

Grupo administrativo: Personal que desempeña funciones tales como: elaborar,
tramitar y controlar documentos, registrar en controles establecidos, actualizar
información, operar máquinas de oficina, glosar documentos, realizar actividades
secretariales y de archivo, así como, de cálculo, análisis y clasificación.

Grupo técnico: Personal en cuyos puestos se aplican conocimientos teóricos-
prácticos como el realizar estudios y programas técnicos, sobre diversas materias
de especialización, operar equipos especializados de cómputo y electrónica, etc.
Resolviendo problemas de carácter técnico.

Grupo profesional: Personal que lleva a cabo la aplicación de conocimientos
teórico-científicos, para realizar estudios técnicos y administrativos, que requieren
de investigación o del conocimiento de materias a nivel profesional y que permiten
evaluar situaciones y proporcionar alternativas de solución.

De los funcionarios responsables entrevistados el 68.9% (199) tiene una
intervención directa en los procesos de adquisiciones, el 4.5% son responsables
de administración de recursos humanos, el 5.5% son responsables de la
administración de recursos financieros, el 40.1% son responsables de adquisición
de bienes y contratación de servicios y el 26.0% son responsables de
administración de bienes y recursos materiales

De los funcionarios usuarios entrevistados sólo el 8.7% tiene una intervención
directa en los procesos de adquisiciones. El 39.6% de los entrevistados se
dedican a las siguientes labores; el 6.9% son analistas de información, el 8.8% se
ubican en el asesoramiento y apoyo jurídico, el 7.8% en la auditoria y control, el
10.2% en la elaboración de proyectos y normas y el 47.6% es personal operativo
del departamento.

35

IV. PERFIL LABORAL DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA

De acuerdo con el cargo que los funcionarios ocupan en las secretarías, el 38.0%
respondió que ocupa cargos que se podrían clasificar como de mandos
superiores, el 29.1% de los encuestados indicó que ocupa cargos que
corresponden a la categoría de mandos medios, el 33.0% contestó que ocupa
cargos que se pueden agrupar bajo el rubro de personal operativo (Véase tabla 5).

IV. 1. Funciones desarrolladas por los trabajadores
Es importante destacar en este análisis las funciones que desarrollan los
encuestados en las secretarías en las que trabajan. A este respecto se puede
decir que el 41.8% declaró desarrollar funciones operativas en general, el 9.6% se
ocupa en el área de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, el 8.9%
desempeña funciones relacionadas con la elaboración de proyectos y normas, el
7.9% tiene funciones vinculadas con la administración de bienes y recursos
materiales, y el resto de los encuestados desarrolla funciones que van desde el
análisis de la información (6.0%) hasta el seguimiento de programas (1.3%)
(Véase Tabla 1).

Entre los encuestados que declararon ocupar mandos superiores, el 31.5%
desarrolla funciones operativas en general, el 12.4% se encarga de la elaboración
de proyectos y normas y el 11.1% tiene como responsabilidad la adquisición de
bienes y contratación de servicios. Un patrón distinto se observa para los
encuestados que se ubican en mandos medios de los cuales el 34.6% están en
funciones operativas; el 15.1%, en la adquisición de bienes y contratación de
servicios y el 11.1% en la administración de bienes y recursos materiales (Véase
Tabla 1).

La amplia mayoría de los encuestados que se ubica como personal operativo
desarrolla funciones operativas en general (60.1%) (Véase Tabla 1).

36

IV. 2. Participación en los procesos de adquisiciones
Prácticamente ocho de cada diez encuestados (80.7%) indicaron que no participan
del proceso de adquisiciones, mientras que el 19.3% de los encuestados
manifestó que participa de este proceso (Véase tabla 12).

Los encuestados que tienen cargos de mandos medios y superiores participan en
el proceso de adquisiciones en mucho mayor medida (29.5% y 26.2%,
respectivamente) que el personal operativo (1.5%) (Véase Tabla 12).

Casi todos los funcionarios (97.7%) que trabajan en la Comisión Nacional del
Agua y en la Procuraduría General de la República (96.2%) señaló que no
intervienen en los procesos de adquisiciones. Mientras que son los entrevistados
de la Secretaría de Economía (28.3%) y la Secretaría de Desarrollo Social (27.7%)
quienes en mayor proporción señalan tener algún tipo de intervención en los
procesos de adquisiciones (Véase tabla 12).

IV. 3. Condición de actividad
Prácticamente todos los funcionarios de la muestra (93.7%) realizan su trabajo en
cada una de las secretarías de manera exclusiva, sin desarrollar otra actividad
laboral. Quienes tienen otra ocupación se dedican mayormente al comercio o a un
negocio por cuenta propia (32.0%), son profesores (23.3%), tienen oficios varios y
diversos (15.5%) o bien declaran ser consultores (10.7%) (Véase Tabla 196).

Este mismo patrón se observa al hacer el análisis por cargo o puesto ya que tanto
los mandos superiores (93.1%), como los medios (93.9%) y el personal operativo
(94.1%) indicaron no tener otro trabajo (Véase Tabla 196).

Entre los funcionarios que desarrollan otra actividad laboral además de
desempeñarse en las secretarías, destacan los trabajadores de la Secretaría de
energía (12.0%), de la Secretaría de Gobernación (10.5%) y el IMSS (9.5) (Véase
Tabla 196).

37

IV. 4. Características del trabajo
La mayoría de los funcionarios encuestados (68.4%) indican que trabajan de
manera interna, en tanto que el 20.5% de los trabajadores desarrolla su actividad
tanto de forma interna como de cara al público, y uno de cada diez (10.2%) solo
trabaja de cara al público (Véase tabla 4).

Prácticamente la totalidad de la población encuestada manifestó que el
departamento en el que trabaja no cuenta con otras oficinas o centros. Los
trabajadores de la Secretaría de la Función Pública son quienes en mayor medida
señalaron esta situación (94.8%), seguidos de los encuestados en la Secretaría de
Energía (88.0%) y por último los trabajadores de la Secretaría de Gobernación
(87.4%) (Véase Tabla 2).

La amplia mayoría (83.3%) de los encuestados indicó que, en la oficina en la que
trabajan son asistidos por algún tipo de servicio externo para el desarrollo de su
trabajo, mientras que el 15.7% de los encuestados señaló que no reciben
asistencia de ningún tipo (Véase tabla 17).

IV.5. Trayectorias ocupacionales

La mitad de los encuestados (50.1%) señala que ha trabajado siempre en la
administración pública en tanto que el 49.7% no lo había hecho hasta el trabajo en
la actual secretaría (Véase tabla 6).

Mientras que la mayoría de los encuestados con mandos superiores (51.5%) y de
mandos medios (51.2%) señalaron haber trabajado siempre en la administración
pública, esta proporción desciende al 47.5% del personal operativo (Véase tabla
6).

38

Los funcionarios del IMSS son los que en mayor proporción (65.1%) indican que
han trabajado siempre en la administración pública, mientras que los funcionarios
de la Secretaría de Gobernación son quienes en menor medida (40.0%) se han
desarrollado en este nicho laboral (Véase tabla 6).

Si bien no se observaron diferencias significativas en la proporción de
encuestados que siempre trabajaron en la administración pública, se encuentran
diferencias en las respuestas de los encuestados que siempre han trabajado en la
misma secretaría. Casi tres de cada diez encuestados (28.3%) de mandos
superiores han trabajado siempre en la misma secretaría, proporción que aumenta
a cuatro de cada diez (45.9%) de los encuestados de mandos medios y se
incrementa aún más para el personal operativo (75.9%) (Véase tabla 7).

Son los trabajadores de PEMEX los que en la proporción más elevada (71.2%)
manifiestan que siempre han trabajado en esa institución, mientras que en el
extremo opuesto se encuentran los funcionarios de la Secretaría de de Seguridad
Pública (el 85.7% de los encuestados indican que no han trabajado siempre en
esa secretaria) (Véase tabla 7).

Otras instituciones estatales en las que los funcionarios encuestados se han
desenvuelto son el Gobierno Estatal (12.6%), la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (6.8%), la Secretaría de Salud (5.8%), el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (5.6%) y la Procuraduría General de la
República (4.3%) (Véase tabla 8).

IV.6. Prestaciones
El 57.5% de los encuestados reportó contar con prestaciones del ISSSTE, el
21.0% indicó tener prestaciones del IMSS, el 19.7% de los funcionarios
entrevistados declaró que cuenta con algún seguro médico privado y el 6.0% de
los trabajadores cuentan con prestaciones del hospital de PEMEX (Véase tabla
202).

39

Atendiendo esta situación para cada una de las secretarías se puede observar que
la mayoría de los funcionarios entrevistados cuentan con seguros del ISSSTE,
IMSS o particulares (Véase tabla 202).

IV.7. Tipos de contratación
La mayoría de los encuestados (65.4%) indica que es personal de confianza,
mientras que el 17.1% señaló estar contratado como empleado de base, el 6.2%
de los funcionarios manifestaron que sus contratos son por honorarios; y un 9.8%
de los entrevistados indicó que trabajan como eventuales (Véase tabla 14).

Los encuestados de mandos superiores en un 88.3% son personal de confianza,
los mandos medios en un 76.1% indicaron ser personal de confianza y el personal
operativo, en el 36.8% señaló ser empleado de base (Véase tabla 14).

Las personas que laboran en la Secretaria de Seguridad Pública indicaron
prácticamente en nueve de cada diez casos (87.9%) que son trabajadores de
confianza, mientras que el 21.6% de los trabajadores de la Secretaría de
Educación Pública trabajan por honorarios. Por otra parte el 32.5% de los
entrevistados de las Secretaría de Turismo laboran como empleados de base y el
36.4% de los entrevistados de la Comisión Nacional del Agua respondieron que
tienen trabajo por eventualidad (Véase tabla 14).

IV.8. Integración al servicio civil de carrera

Llama la atención que quienes dijeron pertenecer al servicio civil de carrera
superan en número a los funcionarios que realmente pertenecen al servicio civil de
carrera de la administración pública federal. Un número considerable de los
entrevistados dijo pertenecer al servicio civil de carrera de la administración
pública federal: el 36.6% señaló contar con esta integración, mientras que el

40

56.8% de la población encuestada manifestó no encontrarse integrada al servicio
civil de carrera (Véase tabla 10).

Lo anterior no sólo pone de relieve un desconocimiento de lo que es el servicio
civil de carrera entre los entrevistados, que no conocen en qué consiste dicho
servicio y los requisitos necesarios para pertenecer a él; sino que al mismo tiempo,
manifiesta una carencia en la información y capacitación brindada en las diversas
secretarías y en el servicio público federal.

Si se analizan con cuidado las opiniones de quienes dijeron estar incorporados al
servicio civil de carrera, contrastan fuertemente con las de los funcionarios que
dijeron no pertenecer.

La mayoría de los encuestados de mandos superiores (54.7%) indicó estar
incorporado al servicio civil de carrera. Esta proporción desciende al 41.7% de los
mandos medios y a tan sólo 1 de cada diez encuestados del personal operativo
(10.9%). Es de destacar la alta proporción de personal operativo que indicó no
saber si está incorporado al servicio civil de carrera (11.2%) frente a 4.2% de los
mandos medios y el 2.4% de los mandos superiores (Véase tabla 10).

La mayor proporción de funcionarios (61.7%) que se encuentran incorporados al
servicio civil de carrera son trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y trabajadores de la Secretaría de Gobernación (55.8%). Por otra parte
entre las secretarías con menor proporción de trabajadores incorporados al
servicio civil de carrera se encuentran el IMSS (el 93.7% de los entrevistados
indicó no estar incorporados al servicio civil de carrera) y PEMEX (el 87.5%
respondieron de igual forma) (Véase tabla 10).

IV.9. Reclutamiento de personal
En el cuestionario se incluyó una batería de preguntas que permitieran lograr un
acercamiento al reclutamiento de personal y la relación de éste con prácticas de
corrupción.

41

Una de las preguntas empleadas con este fin fue: Por lo que usted ha visto, ¿las
personas que trabajan en esta oficina, tienen o no tienen parientes trabajando en
esta secretaría? El 2.1% respondió sí, todos tienen parientes aquí; el 12.1%, sí,
muchas personas tienen parientes aquí; el 38.5%, sí, pocas personas tienen
parientes aquí y el 36.5%, no, nadie tiene parientes aquí. El 0.2% dio otra
respuesta. El 10.5% no supo y el 0.1% no contestó (Véase tabla 101).

Es el personal operativo quien en mayor medida considera que muchas personas
tienen parientes trabajando en la secretaría (21.4%), en comparación con los
mandos superiores y medios (7.1% y 8.0%, respectivamente) (Véase tabla 101).

Por un lado, los encuestados que más señalaron que pocas personas tienen
parientes en esa dependencia fueron los de la Secretaría de la Reforma Agraria
(60.0%) y los que menos respondieron de esta forma fueron los de la Comisión
Nacional del Agua (11.4%). Por otro lado, los funcionarios que más contestaron
que nadie tiene parientes en esa secretaría fueron los de la Procuraduría General
de la República (61.5%) y los que menos respondieron de esta forma fueron los de
la Secretaría de la Reforma Agraria (11.7%), con lo cual se verifica el dato antes
mencionado (Véase tabla 101). A continuación se señalan los resultados del
análisis con base en el tipo de funcionario.

Se percibe que los responsables contestaron en menor medida que pocas
personas tienen parientes en esa dependencia (31.5%), en comparación con los
usuarios (40.0%). En cuanto a la opción de respuesta no, nadie tiene parientes
aquí, se observa una tendencia opuesta (53.3%, los responsables y 32.9%, los
usuarios) (Véase tabla 101).

El 38.7% de los funcionarios siempre han trabajado en la administración pública
ofreció la primera respuesta aquí analizada, mientras que el 38.4% de los no lo
han hecho respondió de la misma forma. Para la segunda respuesta con mayor

42

mención, los resultados son los siguientes: 35.2% para los que siempre han
trabajo en la administración pública y 38.0% para los que no (Véase tabla 101).

Los encuestados que siempre han trabajado en la misma secretaría respondieron
en mayor medida que pocas personas tienen parientes en esa dependencia
(42.5%), en comparación con los que no lo han hecho (34.9%). En contraste, los
que siempre han trabajado en la misma secretaría respondieron en menor medida
que nadie tienen parientes ahí (28.6%), en comparación con los que no lo han
hecho (41.6%) (Véase tabla 101).

El 37.7% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera
manifestó que pocas personas tienen parientes en esa secretaría, en comparación
con el 38.7% de los que no lo están. Del mismo modo, el 44.7% de los
funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera manifestó que
nadie tienen parientes ahí, en comparación con el 32.4% de los que no lo están
(Véase tabla 101).

También se advierte que los funcionarios que intervienen en el proceso de
adquisiciones respondieron en mayor medida nadie tienen parientes en esa
secretaría (46.7%) en comparación con los que no intervienen (34.1%).
Finalmente, los dos tipos de funcionarios respondieron casi con la misma
frecuencia que pocas personas tienen parientes en esa dependencia (34.4% y
39.5%, respectivamente) (Véase tabla 101).

43

V. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA

V.1. Sexo, estado civil y edad

El 54.5% de los funcionarios de secretarias entrevistados fueron hombres y el
45.5% mujeres. El 58.9% de los encuestados están casados, el 28.9% se
declararon solteros, el 3.2% indicaron encontrarse viviendo en unión libre, el 4.1%
se encuentra divorciado, el 2.1% manifiesta ser viudo y el 2.7% reporta estar
separado.

Esta población se distribuye por sexo de acuerdo a los grupos de edades de la
siguiente manera;

Cuadro 10
Distribución por sexo según grupos de edad (porcentajes)
Grupos de edad Hombres Mujeres Total
18 a 19 años 28.9 71.1 100.0
20 a 24 años 46.4 53.6 100.0
25 a 29 años 43.3 56.7 100.0
30 a 34 años 50.8 49.2 100.0
35 a 39 años 58.2 41.8 100.0
45 a 49 años 67.4 32.6 100.0
50 a 54 años 58.6 41.4 100.0
Más de 55 años 67.0 33.0 100.0

V.2. Escolaridad
Como se puede observar en el siguiente cuadro prácticamente la mayoría de la
población encuestada (46.1%) tiene nivel de estudios de licenciatura, en tanto que
el 14.3% cuenta con estudios a nivel de maestría, y el 7.8% de los funcionarios
declararon haber realizado una carrera comercial.

Tan sólo el 0.7% de los encuestados no han tenido estudios, mientras que una
proporción muy pequeña (2.1%) no ha concluido la primaria. Se trata entonces de
un universo con alta escolaridad (Véase Cuadro 11).

44

Cuadro 11
Nivel de estudios
Nivel de estudios Porcentaje
No estudió nada 0.7
Primaria incompleta 2.1
Primaria completa 3.2
Secundaria incompleta 2.0
Secundaria completa 6.1
Carrera comercial 7.8
Carrera técnica 3.8
Preparatoria incompleta 3.2
Preparatoria completa 5.0
Licenciatura incompleta 5.0
Licenciatura completa 46.1
Maestría 14.3
Doctorado 0.7
Total 100.0

V.3. Nivel de ingreso familiar
La mayoría de la población encuestada (62.1%) declaró percibir ingresos
superiores a los diez salarios mínimos, en tanto, tan sólo el 2.0% de los
entrevistados manifestó contar con ingresos de 0 a un salario mínimo. La
distribución de cada uno de estos estratos se presenta en el siguiente cuadro;

Cuadro 12
Distribución del ingreso de la población encuestada (Porcentajes)
Más de 10
0 a 1 S.M. 1 a 3 S.M. 3 a 5 S.M. 5 a 7 S.M. 7 a 10 S.M.
S.M.
2.0 9.6 10.2 5.6 7.8 62.1

Los funcionarios encuestados de las secretarías de la Procuraduría General de la
República (el 80.8%), de PEMEX (el 80.2%), y de la Secretaría de Educación
Pública (el 68.6%) son los trabajadores que señalaron en mayor medida percibir
remuneraciones superiores a los 10 salarios mínimos. Dentro de los funcionarios
que reportaron percibir los niveles salariales más bajos (de cero a un salario

45

mínimo) se encuentran los de la Secretaría de medio ambiente y recursos
naturales (el 6.8% percibe de 0 a 1 salario mínimo), los trabajadores de la
Secretaría del Trabajo y la Prevención Social (el 6.4% se ubica entre 0 y 1 salario
mínimo) y los funcionarios de la Secretaría de turismo (el 6.3% reporta ingresos de
0 a 1 salario mínimo) (Véase Tabla 198).

V.4. Diferencias por género
A pesar que prácticamente en todas las secretarías predominan los hombres, las
mujeres son mayoría en la Secretaría de turismo (constituyen el 62.8% de los
funcionarios), la Secretaría de la Función Pública (las mujeres representan el
54.2% del total de trabajadores) y la Secretaría de medio ambiente y recursos
naturales (el 51.1% de los funcionarios son mujeres). De los hombres encuestados
el 80.3% se desempeña como responsable frente al 19.7% de mujeres en ese
mismo puesto. Las mujeres son mayormente (51.0%) usuarias frente a un
porcentaje de 49.0% de hombres en esa misma posición. Mientras el 76.0% de los
hombres interviene en el proceso de adquisiciones tan solo el 24.0% integra y
participa de este proceso. Los hombres están incorporados al servicio civil de
carrera en mayor medida (66.0%) que las mujeres (34.0%) (Véase Tabla 193).

Importantes diferencias se encuentran para hombres y mujeres tanto por edad
como por nivel de escolaridad. Los hombres de 18 a 24 años constituyen el
28.9%, en tanto que las mujeres de ese mismo grupo de edad representan el
71.1%. Por su parte mientras que las mujeres mayores de 55 años representan el
33.0%, los hombres de esa edad representan el 67.0% en el grupo de mayores de
55 años. A su vez mientras que los hombres con primaria o menos representan 2
de cada 10 personas encuestadas con ese nivel de escolaridad (23.5%), las
mujeres con este mismo nivel son casi 8 de cada 10 (76.5%). La relación inversa
se observa para el nivel de escolaridad más alto: el 76.4% de los hombres cuentan
con estudios de posgrado, frente a tan solo el 23.6% de las mujeres en esa
situación. También se observa una relación en este sentido al analizar los ingresos
(Véase Tabla 193).

46

VI. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS

VI.1. Percepción de la situación política del país
Tomando en cuenta las respuestas de los encuestados se puede observar que
una alta proporción de entrevistados (46.6%) percibe como preocupante la
situación política del país con respecto a la del año pasado, mientras que el 24.5%
indica que es muy inestable la situación del país, el 7.4% de la población
encuestada indicó que la situación del país muy estable, el 9.3% señala que es
tranquila y el 8.5% señala que la situación política del país es esperanzadora
(Véase Tabla 44).

Los funcionarios de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (53.9%), la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (53.4%) y la Secretaría de
Relaciones Exteriores (51.3%) son quienes en mayor medida consideran que la
situación política del país es preocupante (Véase Tabla 44).

Los grupos de encuestados que en mayor medida consideraron que la situación
del país es preocupante son: los que tienen primaria o menos (55.1%), aquellos
cuyo ingreso oscila entre 1 a 3 salarios mínimos (51.0%), y los que pertenecen al
grupo de mayor edad. (52.4%) (Véase Tabla 44).

IV.2. Percepción de la situación económica del país
Las opiniones con respecto a la situación económica del país están divididas; por
un lado el 38.0% de la población encuestada considera que la situación
económica del país va a empeorar, y por otra parte el 35.5% opinó que la situación
ha empeorado. El 15.4% de los encuestados manifestó que la situación va a
seguir igual de mal y el 5.4% de los entrevistados opinó que la situación va a
seguir igual de bien (Véase Tabla 45).

Las características sociodemográficas de la población indican que tanto la edad,
como la escolaridad y los ingresos impactan en la percepción de los encuestados,

47

ya que para los más jóvenes la situación del país va a mejorar en un 22.4% de los
casos, proporción que se incrementa en un 34.1% en el caso de los de mayor
edad. Del mismo modo se puede señalar que mientras que los encuestados con
niveles de primaria y menos opinaron que la situación del país mejorará en un
15.3%, para los entrevistados con posgrado esta percepción se incrementa al
35.4%. Finalmente las personas con ingresos más bajos consideran que la
situación del país va a mejorar en menor medida (12.1%) que los entrevistados
con mayores ingresos (28.3%) (Véase Tabla 45).

Las personas que en mayor proporción afirman que la situación del país puede
empeorar son las de 18 a 24 años (44.7%), con estudios de primaria o menos
(54.1%) y que reciben de 1 a 3 salarios mínimos (54.1%), lo que indica que los
entrevistados en situación de mayor vulnerabilidad tienen una expectativa más
pesimista –justificada por las carencias de su realidad personal-, sobre el futuro
del país (Véase Tabla 46).

48

VII. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

VII.1. Evaluación de la administración pública en México
Observando las respuestas de las personas que trabajan en las diferentes
secretarías, se puede decir que una gran parte de los entrevistados opina que la
administración pública en México es más eficiente que en años anteriores (49.8%).
Por otro lado el 26.5% afirma que la administración pública es menos eficiente, el
11.9% dice que es igual de eficiente y el 7.3% asegura que es igual de ineficiente
que en años anteriores (Véase Tabla 48).

Mientras que para la amplia mayoría de los encuestados que ocupan mandos
superiores (88.3%) y medios (80.1%), la administración pública en México es más
transparente desde el año 2001 a la fecha, esta proporción desciende al 53.2% del
personal operativo (Véase Tabla 48).

Entre los funcionarios que consideran que administración pública es mas eficiente
que en años anteriores, destacan los trabajadores de la Procuraduría General de
la República (73.1%), los de la Secretaría de Gobernación (60.0%) y los
funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (57.3%). Los
responsables de los servicios de adquisiciones en las distintas secretarías
opinaron en mayor proporción (56.7%) que es más eficiente la administración
pública en México en comparación con los usuarios (48.3%) (Véase Tabla 48).

Entre los funcionarios que afirman que la administración pública en México es más
transparente sobresalen los entrevistados de la Procuraduría General de la
República (92.3%), la Comisión Federal de Electricidad (87.5%) y la Secretaría de
Seguridad Pública (86.4%) (Véase Tabla 48). Cabe mencionar que las personas
que en mayor proporción contestaron que es más transparente la administración
pública, son personas de 25 a 29 años (88.9%), con un alto nivel de estudios
(postgrado 87.0%) y con más de 10 SM (86.0%) (Véase Tabla 48).

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