El documento resume un debate sobre políticas de inmigración en Cataluña. Aborda temas como la integración de inmigrantes, los derechos de los inmigrantes, la percepción social de la inmigración, y los nuevos retos planteados por los cambios económicos y sociales. Se discuten informes sobre la situación laboral de los inmigrantes y sobre migración a nivel mundial. El debate concluye que se necesitan políticas que promuevan la igualdad de oportunidades e integración para todos los grupos.

1. “Cohesión, convivencia y diversidad”. Vivo y rico debate sobre la nueva realidad y
los nuevos retos de la inmigración.
Eduardo Rojo Torrecilla.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
4 de abril de 2012.
Texto publicado en el blog del autor: http://eduardorojoblog.blogspot.com.es/
1. El pasado sábado, 31 de marzo, tuve la oportunidad de participar en una sesión de
debate sobre cohesión, convivencia y diversidad, organizada por el Partit dels
Socialistes de Catalunya en el marco de la iniciativa puesta en marcha para analizar y
debatir como construir un nuevo pacto social en Cataluña. En dicha sesión contamos
con la presencia de representantes de diversas entidades y asociaciones de inmigrantes,
de organizaciones sindicales, del mundo local y del ámbito universitario, junto
obviamente con la de varios miembros del PSC responsables de las políticas de
inmigración. Hubo un muy interesante debate sobre las políticas de aplicación para
consolidar un modelo inclusivo de inmigración y que toma como punto de referencia la
aplicación y desarrollo del Pacto nacional para la Inmigración de Cataluña, suscrito en
2009 y que debe ser ahora objeto de actualización, y para la que su comisión de
seguimiento ha elaborado un documento consensuado en el que se asumen estos cuatro
compromisos que por su importancia reproduzco a continuación: “1. Ratificar el
consens entre les forces polítiques i socials que va donar lloc a l’aprovació del PNI,
manifestant així la seva plena vigència i la voluntat de seguir treballant en el marc de les
seves disposicions. 2. Reiterar el compromís de treballar per la cohesió de la societat
catalana, per un tracte igualitari a tota la ciutadania de Catalunya, en la línia d’una
política de drets i deures, des dels principis i valors democràtics, de foment de
l’autonomia personal i la igualtat d’oportunitats. 3. Atendre i gestionar des del consens
social i polític els efectes de la diversitat de la societat catalana. 4. Desenvolupar
missatges públics que siguin els mateixos per a tota la ciutadania, sigui quin sigui el seu
lloc d’origen ».
Con una extraordinaria rapidez, para la que sólo caben aplausos, los participantes ya
hemos recibido la síntesis del debate y los diferentes temas que fueron tratados y que
necesariamente deberán seguir siéndolo en el futuro inmediato; ante las nuevas
realidades económicas y sociales se plantean nuevos retos, y uno de ellos, y desde luego
muy importante, es de acertar sobre aquello que debe ser la integración de la población
inmigrada, partiendo de los datos más recientes, y cambiantes, sobre la valoración que
la ciudadanía concede a los problemas derivados de la inmigración y que se plasma en
las encuestas mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas; pues bien, la
encuesta del mes de marzo, conocida hoy, coloca a la inmigración como el séptimo
problema más importante existente en España (posibilidad de tres respuestas), como el
quinto cuando se permite una respuesta espontánea, el decimocuarto en la lista de los
que afectan personalmente al encuestado (posibilidad de tres respuestas) y baja al
decimonoveno (empatado con otros dos) cuando la pregunta permite una sola respuesta
y se refiere al problema principal del encuestado.
1

2. Hablamos en nuestra sesión de trabajo de los derechos políticos, económicos y sociales,
con énfasis sobre los primeros ya que son los que más críticas levantan (derecho a la
participación en procesos electorales o adquisición de la nacionalidad española, por citar
los dos más significativos); sobre el modelo actual de sociedad en el que se inserta la
inmigración, su percepción por la ciudadanía y como luchar contra los discursos
simplistas y que en más de una ocasión adquieren tintes claramente racistas y
xenófobos; de cómo facilitar el conocimiento de las lenguas que se hablan en nuestro
territorio en cuanto que elemento que ayuda, sin duda, a fortalecer la integración y
posibilita una mayor participación en el mundo político y social; en fin, de cuál debe ser
el papel de las fuerzas políticas, de las organizaciones sindicales, de las entidades
sociales, en esta nueva etapa abierta con los cambios económicos y sociales que han
llevado a una disminución importante del número de personas inmigradas en Cataluña y
España, al mismo tiempo que se incrementa el número de personas que adquieren la
condición de residentes de larga duración al amparo de la normativa vigente y con gran
parte de los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos autóctonos.
Sin olvidar, la importancia específica de la inmigración femenina y la necesidad de una
mayor protección por prestar buena parte de las mujeres inmigrantes su actividad
laboral en el sector del hogar familiar, donde es innegable la existencia de un alto grado
de irregularidad a pesar de las recientes, y a mi parecer positivas, reformas operadas en
España en el ámbito laboral y de Seguridad Social para el personal al servicio del hogar
familiar. Sobre la inmigración femenina recomiendo un reciente informe de Cáritas
Internacional, en el que demanda “desarrollar e implementar políticas y leyes que
aborden los problemas de los migrantes como, por ejemplo, opciones para una
emigración asequible, segura y legal”, así como también “asegurar derechos laborales a
las migrantes, especialmente las trabajadoras domésticas”.
En fin, otro dato interesante para conocer la situación laboral de los migrantes es el
proporcionado en un reciente informe de UGT en el que se analiza el posible impacto de
la reciente reforma laboral sobre la población extranjera, y se aporta el dato de que “más
del 28 % del total de contratos registrados por las empresas de trabajo temporal en el
año 2010 lo fueron para trabajadores extranjeros, incrementándose esta cifra hasta el 89
% en el caso de los contratos a peones de agricultura y pesca, y el 43 % en el servicio
doméstico y otro personal de limpieza de interior de edificio”.
Me ha gustado especialmente del documento de conclusiones la referencia a que la
inmigración ha de ser objeto y sujeto político y que el PSC (traduzco del original en
catalán) “ha de saber construir puentes entre su militancia para la permeabilización del
partido al conjunto de la sociedad. Es un proceso que requiere tiempo, proximidad,
pedagogía, pero es un proceso irreversible en esta visión estratégica a 10 años vista”. Y
un proceso, desde la perspectiva socialista, que debe tener bien presente que la
integración afecta a todos, autóctonos e inmigrados, y que es completamente distinto de
la asimilación, y en el que hay que compartir valores y derechos. Comparto la tesis
recogida en un reciente informe de la Fundación Friedrich Ebbert sobre los principios
de una política socialdemócrata de integración, referida básicamente a Alemania pero
perfectamente extrapolable a otras realidades, y en el que se defiende una cultura de
“reconocimiento mutuo”, ya que “The only kind of culture that promises successful
integration is a culture of recognition. This is an achievement both of the state and of
the people involved”. Uno de los mejores conocedores de la política de inmigración
española, el profesor Lorenzo Cachón, abunda en la misma tesis y defiende que no se
2

3. trata sólo, aunque sea importante, de disponer de políticas e instituciones
antisdiscriminatorias sólidas y eficaces para luchar contra la discriminación, sino que se
necesita también “avanzar hacia una sociedad que garantice la igualdad de
oportunidades, también para los inmigrantes. Y esas políticas que busquen la
integración de y con los inmigrantes deben basarse en 3R: Redistribución,
Reconocimiento y Representación”.
En las intervenciones de las personas participantes, breves en el tiempo e intensas e
interesantes en los contenidos (una vez más se demostró que el disponer de mucho
tiempo para una intervención pública no significa necesariamente que se transmitan
muchas más ideas que aquellas que pueden transmitirse en menos tiempo) se puso de
manifiesto, y así se recoge en las conclusiones, que estamos delante de nuevas
realidades del fenómeno migratorio, y que la crisis social enfatiza la necesidad de
reforzar las políticas de integración si queremos evitar conflictos sociales como los
ocurridos recientemente en algunos países europeos, y también que esta crisis, con su
secuela de aumento del desempleo, golpea especialmente a las personas inmigradas,
algunas de las cuales tienen importantes problemas de subsistencia.
2. El debate sobre las políticas de inmigración, y así se constató en la sesión, tiene un
innegable perfil y dimensión internacional, ya que cada vez más personas viven en
sociedades cada vez más plurales y diversas, donde la existencia de una “única
identidad” se pone permanentemente en cuestión. Un reciente informe de la
Organización Internacional de Migraciones, a partir de una investigación previa con
más de 75.000 personas desde 2005, constata que alrededor de 630 millones de personas
adultas desean trasladarse a otro Estado, pero que menos de un 10 %, 48 millones, están
planificándolo para el próximo año, y que es mucho menor el número, alrededor de 19
millones, de quienes lo están preparando efectivamente con la solicitudes de visados y
la compra de billetes del medio de transporte elegido. Otros datos relevantes del informe
mundial es que el número de personas que se plantean la inmigración desde una
perspectiva temporal es casi dos veces superior al de quienes lo ven como una opción
permanente, y que la presencia de redes sociales consolidadas de inmigrantes en un
Estado es una fuente importante de atracción; pero quizás el dato de mayor interés, y
que ayuda a entender la importancia económica de la inmigración, es el de envío de
remesas económicas a los países de origen: alrededor del 3 % de los adultos en el
mundo viven en hogares que reciben remesas de personas que viven en otro país, siendo
este porcentaje superior al 10 % en 35 Estados.
2. He repasado las notas de mi intervención y me ha parecido interesante resaltar algo
más algunas de ellas para animar este debate, respetando sustancialmente aquello que
expuse, por cierto de forma bastante desordenada y es ahora cuando me he dado cuenta
de ello, en la sesión de trabajo. También me ha animado a ello la proximidad del VII
Congreso sobre migraciones internacionales en España, dedicado a “Movilidad humana
y diversidad social”, que tendrá lugar en Bilbao del 11 al 14 de este mes y del que
asume la dirección, y aprovecho esta entrada para felicitarla a ella y a todo su equipo
por la excelente organización, la Dra. Cristina Blanco de la Universidad del País Vasco.
El Congreso nacional se ha consolidado como un punto de referencia de los análisis y
debates sobre las políticas de inmigración que afectan a España, es decir no sólo las de
España, y la calidad de los ponentes y el importante número de comunicaciones
presentadas, y de cuya calidad puedo dar debida cuenta en mi condición de miembro del
3

4. comité científico del congreso y evaluador de las dedicadas a las políticas legislativas,
así lo ponen de manifiesto.
A) Primera idea: Podemos y debemos ser muy críticos con todas aquellas tesis que
convierten el debate sobre la inmigración en puro simplismo de “buenos y malos”, y
que tienen en muchas ocasiones tintes racistas y xenófobos, y tenemos ejemplos
suficientemente conocidos en Cataluña. Pero, al mismo tiempo, hay que hacer una
explicación muy clara y didáctica de cuál es la realidad de la inmigración y de toda su
aportación a nuestro desarrollo económico y social, e intentar que las políticas que se
pongan en marcha por los poderes públicos redunden en beneficio de toda la
colectividad sin diferencias por razón de nacionalidad, y coincido aquí con la tesis de
UGT del poco sentido que tiene, cada vez más, “establecer políticas y actuaciones
administrativas diferenciadas para el colectivo de trabajadores extranjeros en su
conjunto”.
Por poner un ejemplo bien claro: las políticas de lucha contra la economía irregular
deben ir dirigidas contra todas aquellas empresas, y también trabajadores, que se
encuentran al margen de la ley, y si hay que poner más el acento en un sector u otro así
debe hacerse. Hago esta afirmación porque todavía tengo en mi memoria la intervención
de un asistente a una reciente sesión sobre la reforma laboral, en la que tuve la
oportunidad de participar, en la que planteaba, y estoy seguro que la hacía desde la
buena fe, si los mayores controles sobre la economía irregular en sectores y empresas
donde está la población extranjera podía tener un efecto positivo para reducir el
desempleo (supongo que se refería al de los autóctonos).
El profesor Lorenzo Cachón ha destacado la importante presencia de la población
inmigrada en el mercado de trabajo y, al mismo tiempo, las peores condiciones que
tienen (salarios, puestos de trabajo, seguridad y salud) con respecto a los autóctonos, y
de ahí que defienda con buen criterio una política de igualdad y no discriminación
realmente efectiva, y la UGT destaca el papel positivo que ha tenido la inmigración para
la creación de empleo y elevación de la tasa de actividad (por ejemplo, facilitando la
incorporación de las mujeres españolas al mercado de trabajo), así como también que
“su mayor movilidad laboral ha contribuido a flexibilizar el mercado de trabajo”.
El documento de la comisión de seguimiento del Pacto Nacional por la inmigración de
Cataluña destaca también la importancia de “Lluitar contra el racisme i la xenofòbia
mitjançant la difusió de dades públiques i oficials per contrarestar els rumors vinculats a
la immigració, i ajudar a “desmuntar tòpics”, tot implicant-hi al conjunt d’agents socials
i econòmics, així com als mitjans de comunicació i els partits polítics. D’acord amb les
Directives europees, elaborar una estratègia contra les discriminacions, la igualtat de
tracte i el suport a les víctimes”. Por su parte, el Comité Económico y Social Europeo
ha condenado recientemente, en su sesión plenaria del 28 de marzo, la existencia de una
página web abierta por el ultraderechista Partido por la Libertad neerlandés en el que
invita a formular quejas contra personas que provengan de países de la Europa Central y
Oriental y que trabajen en los Países Bajos, considerándola contraria a la normativa de
la UE y condenándola en cuanto que se trata de una actividad “contraria a los valores
fundamentales europeos como la libertad, la igualdad y el respeto de los derechos
humanos”.
4

5. B) Segunda idea: Se necesitan recursos, perdónenme la perogrullada, para las políticas
de integración, o dicho de otra forma para políticas que refuerzan la cohesión social y
que interesan al conjunto de la sociedad, de políticas que en el tiempo presente, y así se
constata en el documento recientemente elaborado por la Comisión de seguimiento del
pacto nacional para la inmigración de Cataluña, refuercen “el procés d’acollida-
convivència-cohesió i inclusió social, per centrar les actuacions en les polítiques
d’integració, enfront de la davallada en el nombre d’arribades de nous immigrants”. En
esta línea, y para el conjunto del Estado, conviene recordar que el artículo 2 ter, 4 de la
Ley Orgánica 4/2000 (modificada) sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, dispone que “De conformidad con los criterios y
prioridades del Plan Estratégico de Inmigración, el Gobierno y las Comunidades
autónomas acordarán en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción
bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes. Tales programas serán
financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se
dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las
Administraciones receptoras de las partidas del fondo”.
Pues bien, parece que este año 2012 no tendremos dinero estatal para las políticas de
integración que gestionan las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, y
no me interesa, lo digo claramente, el debate sobre si sólo se trata de una suspensión
para este año (tesis del Ministerio de Empleo y Seguridad Social) o puede tener
vocación de permanencia. No deja de ser triste y curioso que mientras que la Comisión
de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados aprobaba una moción el
día 27 de marzo en términos favorables al mantenimiento de este fondo, el Consejo de
Ministros aprobara el viernes 30 el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado
que no dedica partida alguna al fondo. Por si alguien tuviera alguna duda de lo que
estoy diciendo, leamos la disposición adicional cuadragésima quinta del proyecto de ley
que lleva por título “Suspensión normativa”: “Queda sin efecto en 2012 lo previsto en el
artículo 2 ter 4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero”. ¿Se modificará este
precepto en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley? Nunca se puede decir que
no, pero ciertamente las perspectivas a día de hoy no permiten ser optimistas.
Bueno, no todo ha de ser negativo en los boletines oficiales. Mientras estaba preparando
esta entrada tuve conocimiento del Decreto 95/2012 de 21 de marzo, del gobierno de
Aragón, que regula las bases de concesión de subvenciones para financiar actuaciones a
favor de la población inmigrante, que encuentra su punto de referencia en el Estatuto de
Autonomía, artículo 29, que incluye entre los principios rectores de las políticas
públicas el deber de los poderes públicos de “fomentar la integración socioeconómica
de las personas inmigrantes, la efectividad de sus derechos y deberes, su integración en
el mundo educativo y la participación en la vida pública. A la espera de conocer la
partida presupuestaria asignada, la norma prevé ayudas económicas para poner en
marcha programas de acogida (ej: los que favorezcan la inclusión social y el
conocimiento del castellano), programas de igualdad de oportunidades (ej: promoción
personal, social y laboral de las mujeres inmigrantes) y programas de integración (ej:
acciones formativas sobre los valores de la UE, constitucionales y estatutarios). La
cuantía de cada proyecto a subvencionar, ya sea de centros o asociaciones de
inmigrantes o de corporaciones locales, no podrá superar el 15 % de la cuantía máxima
del montante presupuestario asignado a la convocatoria.
5

6. C) Tercera idea: una especial atención debe prestarse al aprendizaje de lo hecho en otros
países europeos en materia de integración de la población inmigrada, y también a las
propuestas de la UE plasmadas en la llamada “agenda europea para la integración de los
nacionales de terceros países”.La Comisión pide que Europa adopte una actitud positiva
frente a la diversidad y que cuente “con garantías claras con respecto a los derechos
fundamentales y a la igualdad de trato, sobre la base del respeto mutuo de las diferentes
culturas y tradiciones”, y que se tenga especial atención con los grupos más vulnerables
de la población inmigrada. Es muy importante destacar, como hace el documento, que la
agenda no puede solo aplicarse mediante instrumentos europeos, y que requiere una
implicación muy estrecha de todos los actores implicados en el proceso de integración.
En la segunda parte del documento se analiza la integración como una responsabilidad
compartida, partiendo del planteamiento previo, en el marco jurídico vigente, que no es
la UE la que ha de determinar las estrategias nacionales de integración, pero sí que
puede (ex artículo 79.4 del Tratado) “proporcionar un marco para el seguimiento, la
evaluación comparativa y el intercambio de buenas prácticas, y establecer incentivos
mediante los instrumentos financieros adecuados”. Además, el resultado positivo de las
políticas de integración se valora, desde una perspectiva muy pragmático, como una
contribución relevante para alcanzar los objetivos marcados por la Estrategia Europea
2020 sobre incremento de la tasa de empleo (75 % de 20 a 64 años), reducción de las
tasas de abandono escolar (menos de 10 %), incremento de la población que supere la
educación terciaria (40 %), y reducir el número de personal en situación de pobreza y
exclusión social (20 millones menos).
Las medidas más concretas para incentivar la integración son las siguientes:
a) En primer lugar, pasa por la mayor participación de los migrantes en las sociedades
de acogida. Ello requiere poner en marcha medidas de apoyo al aprendizaje de las
lenguas oficiales, políticas adecuadas de acceso al empleo (puede ser necesario poner en
marcha “programas de introducción” para que la persona migrante adquiera un previo
conocimiento del mercado laboral en el que va a operar, y aquí me viene ahora a la
mente la ley catalana de acogida de la población inmigrada), la educación y la
formación profesional, y la lucha decidida contra todo tipo de discriminación
(recuérdese los importantes instrumentos jurídicos europeos de protección contra todo
tipo de discriminación, incluyendo el que ocurre por raza o etnia).
b) La integración pasa por conseguir la igualdad de trato y un sentimiento de
pertenencia, desde el respeto de los valores universales y los derechos fundamentales
que están consagrados en el Tratado. La participación política y social cobra aquí pleno
sentido, con una llamada de la Comisión a que los Estados faciliten el derecho al voto
en las elecciones locales y la participación de representantes del colectivo migrante en
los diferentes órganos consultivos locales, regionales y nacionales. El pleno respeto del
principio de no discriminación es responsabilidad de los Estados, debiendo asegurarse
la Comisión de “la correcta y plena aplicación de las directivas existentes en el ámbito
de la no discriminación y de la migración legal”.
c) La atención a colectivos vulnerables, y a evitar la segregación por razón de
instalación en zonas urbanas desfavorecidas, es una de las medidas más importantes
para facilitar la integración, y así lo demuestran (aunque los resultados sean desiguales)
las políticas emprendidas por diversos Estados (España y Francia entre ellos). Se trata
6

7. de apoyar el desarrollo urbano y estimular la actividad económica y cultural, con el
objetivo de contribuir a la cohesión social. De ahí la importancia de los llamados
“pactos territoriales” con implicación de poderes públicos y organizaciones sociales,
con medidas de carácter urbanístico y de empleo, o lo que es lo mismo “con un enfoque
integrado, con objeto de evitar la segregación”. El apoyo de la Comisión a tales pactos
debe manifestarse a través del Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales de
Terceros Países, fijándose unos objetivos claros en tales pactos para poder obtener
fondos europeos y que pasarían por incrementar, en el ámbito territorial de referencia,
las tasa de empleo, los niveles de educación, la inclusión social y la ciudadanía activa.
d) La integración no afecta sólo a las políticas que se adopten en los países de acogida.
Los países de origen también han de jugar un papel importante en el apoyo al proceso;
los inmigrantes deben tener información adecuada sobre todo aquello (idioma,
requisitos profesionales, documentación) que necesitan para su integración regular, y
también la UE puede ayudar a ello mediante la puesta en marcha del “portal UE sobre
Inmigración”. Deben producirse contactos entre las comunidades en el exterior y los
países de origen, y ahí las remesas de los inmigrantes y la transferencia de
conocimientos pueden jugar un papel de primera importancia en el desarrollo de los
países de origen y el fomento del espíritu empresarial. En fin, los países de origen
pueden preparar el retorno temporal (política de migración circular que reconozca los
derechos de las personas inmigradas y que no les dificulte, en el Estado de acogida, el
retorno) o definitiva de los migrantes. Para ello se requiere, y en general para toda la
política de integración, reforzar los mecanismos de cooperación, consulta y
coordinación entre los países de origen y los de acogida.
El Comité Económico y Social Europeo aprobó hace pocos días, en su sesión plenaria
del 28 de marzo, un Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión que trata sobre la
agenda de integración, que valora positivamente si bien pide que dada la gravedad de la
situación económica y social “se establezcan instrumentos institucionales y concretos
que respalden los objetivos de la integración”, al mismo tiempo que destaca el énfasis
de la Comunicación en el papel que desempeñan los entes locales y regionales en las
políticas de integración pero crítica que “no queda claro cuáles son los incentivos para
aumentar su participación”. El CESE pide modificaciones en la normativa existente,
especialmente en el ámbito de la participación política, ya que es del parecer que el
objetivo principal del Tratado UE, y de las normas y propuestas posteriores, de construir
una Europa competitiva e inclusiva “no se puede conseguir si el 4 % de su población,
representada por los nacionales de terceros países, se queda atrás”, apoyando otorgar el
derecho de sufragio activo y pasivo a los nacionales de terceros países en “las
elecciones locales, regionales, nacionales y europeas”. El CESE es del parecer que los
inmigrantes realizan “una importante contribución a la sociedad, la economía y la
cultura de los países de acogida”, y pide, una vez más, que se tengan en cuenta muchas
cuestiones laborales para conseguir una efectiva integración, tales como “el
reconocimiento de cualificaciones previas, salarios, prestaciones, incluida su
transferencia, acceso a la formación profesional y seguridad en el empleo”, así como
también “la incorporación de mujeres al mercado laboral”.
Sobre las prestaciones de Seguridad Social en concreto, recomiendo la lectura de una
muy reciente comunicación de la Comisión, de 30 de marzo, sobre “La dimensión
exterior de la coordinación en materia de Seguridad Social de la UE”, en la que se
aborda el enfoque bilateral de las relaciones de cada Estado con terceros países, el
7

8. enfoque común que se está desarrollando para la coordinación en materia de Seguridad
Social con terceros países, y se formulan algunas propuestas para continuar su
desarrollo y garantizar la “complementariedad del enfoque bilateral nacional y del de la
UE”.
D) Cuarta idea: acercarse a la realidad de la inmigración debe hacerse con especial
atención a los importantes cambios operados en los últimos años, tanto en términos de
menor presencia de los flujos de entrada como de una mayor consolidación jurídica de
la población inmigrada al ser cada vez más relevante el número de aquellas personas
que disponen de la residencia de larga duración. Tampoco conviene olvidar, por su
impacto sobre las políticas laborales dirigidas a la población inmigrada, el importante
número de personas que han adquirido la nacionalidad española en los últimos años
como consecuencia de la aplicación de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, “por la que
se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, y más
concretamente de su disposición adicional 7ª relativa a la adquisición de la nacionalidad
española (“1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un
año.2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron
que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”); en fin, en el
debate sobre las políticas de migración circular y las políticas de retorno, convendrá
recordar que buena parte de la población que ha abandonado España en los últimos tres
años posee la doble nacionalidad, y por consiguiente podrán reincorporarse al mercado
de trabajo español en igualdad de condiciones que aquellos residentes en nuestro país.
Al respecto, es interesante el dato recientemente hecho público por el Instituto Nacional
de Estadística sobre la población española residente en el extranjero, un total de
1.816.835 personas a 1 de enero de 2012, con un incremento de 114.057 (6,7 %) sobre
la misma fecha del año anterior, y más exactamente que “el 36 % de los españoles
residentes en el extranjero nacieron en España, el 58,2 % en su actual país de residencia,
y el 5,1 % en otros países” (654.395, 1.057.730 y 92.473, respectivamente), así como
también que el 62,4 % (1.133.228 personas) tienen su residencia en América.
a) Concreto algo más algunos de estos datos: a 31 de diciembre de 2011, según los datos
publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración del MEySS, de los
extranjeros del régimen general, el 67.64 %, es decir 1.826.598 personas disponen de
autorización de residencia de larga duración (con un elevado porcentaje, 44,67 y 37,99
% de ciudadanos africanos y de América Central y del Sur, respectivamente), mientas
que las autorizaciones temporales (869.878) suponen el 32,36 % del total.
De las autorizaciones de residencia temporal y trabajo, 402.247 son por cuenta ajena y
6.922 por cuenta propia De las autorizaciones de residencia temporal, 225.023 son por
reagrupación familiar, 151.219 por residencia no lucrativa, 76.499 por circunstancias
excepcionales de arraigo, y 2.873 por “razones humanitarias y otras”. En el cuarto
trimestre de 2011 se concedieron un 29,98 % de autorizaciones iniciales, 26,25 % de
autorizaciones renovadas por primera vez, y 43,77 % de segundas renovaciones. Es
importante destacar el descenso de 37.857 autorizaciones en vigor que han sido
renovadas por primera vez, mientras que se ha incrementado el número de
autorizaciones iniciales en 8.772 y las de segunda renovación en 1.804. En el colectivo
8

9. de trabajo por cuenta propia destaca el colectivo asiático, que supone el 34,67 % del
total.
b) En relación con los “nuevos españoles”, aquí están los datos oficiales facilitados por
el Ministerio de Justicia el pasado 30 de marzo: se han presentado un total de 503.439
solicitudes de opción a la nacionalidad española, y de ellas el 94,84% (477.462) de las
solicitudes presentadas en el mundo lo fueron en las Oficinas Consulares de España en
Iberoamérica. Por el tipo de solicitudes presentadas, el 92.34% del total (464.858)
corresponden a hijos de padre o madre originariamente español, mientras que el 6,32 %
(32.141) de las solicitudes corresponden a nietos de quienes perdieron o tuvieron que
renunciar a la nacionalidad española por motivo del exilio. El restante 1,28% (6.440)
“corresponde a las solicitudes de transformación en nacionalidad española de origen de
aquellos casos en que la opción dio lugar a una nacionalidad española no de origen”. El
Ministerio de Justicia aporta el dato de la aprobación de un 48,02 % de la solicitudes, es
decir 241.763 personas, al mismo tiempo que recuerda, y debemos tenerlo en cuenta,
que “Es preciso tener en cuenta que hay un número importante de solicitudes que se
encuentran en fase de estudio o pendientes de presentación de documentación, caso este
último no infrecuente al ser necesaria la presentación de documentación (especialmente
certificados de nacimiento de padres y abuelos) no siempre fácil de conseguir”.
c) Los datos más recientes sobre la población extranjera en Cataluña, facilitados por la
Generalitat en su boletín trimestral sobre la misma y el mercado de trabajo, ponen de
manifiesto que en 2011 su número es de 1.185.852 personas, un 15,7 % sobre el total,
con una disminución de 12686 personas sobre el año anterior. De más interés para el
análisis de las políticas laborales es el dato de la EPA del cuarto trimestre de 2011, en la
que un 17,1 % del total de la población en edad de trabajar de Cataluña es de
nacionalidad extranjera (886.000 personas), y de esta 696.700 (18,4 % del total) son
activas (tasa de actividad del 80,9 % 3,4 puntos superior a la española), distribuidas
entre 435.600 personas ocupadas (62,5 %) y 1.261.100 desempleadas (37,5 %). La tasa
de empleo de la población extranjera de 16 a 64 años es del 50,4 % (64,5 % la
nacional), y la de desempleo del 37,5 % (16,7 % la nacional). Es especialmente
destacable el dato del intenso proceso de destrucción de empleo de la población
extranjera durante 2011 (72.000 personas menos, un 14,2 %), superior al experimentado
por la población nacional (54.700, 2,1 % menos).
La difícil situación del empleo se comprueba también en los informes de las
asociaciones o centros de inmigrantes vinculados al mundo sindical, y traigo aquí como
ejemplo el Informe de AMIC-UGT sobre la actividad de su red de oficinas en todo el
territorio catalán durante 2011, en el que se pone de manifiesto que “poco más de la
mitad de las personas atendidas tienen autorización de residencia y/o trabajo en sus
diferentes modalidades”, y que “cerca del 30 % no tienen autorización en el Estado
español, aquello que popularmente se conoce en la calle con el nombre de sin papeles”,
y de ahí que no deba extrañar que las consultas sobre arraigo hayan pasado a ocupar el
primer lugar en sus oficinas.
d) Por fin, no conviene olvidar una realidad social como la de las personas que solicitan
asilo y que son el más vivo reflejo de muchos dramas humanos. Los datos recientes de
la oficina estadística de la Unión Europea, EUROSTAT, constatan que se presentaron
301.000 demandas de asilo en países de la UE durante 2011, por ciudadanos que
provenían, en un 30 % del total de demandas, de Afganistán, Rusia, Pakistán, Irak y
9

10. Serbia, siendo Francia, Alemania e Italia los países receptores de la mayor parte de las
demandas. Del total de las solicitudes presentadas, han sido resueltas en primera
instancia 237.400, de las que un 75 % (177.900) han sido rechazadas. En España, el
número de solicitudes presentadas fue de 3.420, siendo los solicitantes más numerosos
los naturales de Costa de Marfil Cuba y Nigeria, habiendo sido rechazadas un total de
2.410.
3. Concluyo… de momento, porque se anuncian nuevas reuniones y debates para
profundizar en todas las cuestiones planteadas el 31 de marzo. Y si tuviera que destacar
alguna en la que centrar más la atención de las personas que participen, haría referencia
a la del modelo de sociedad y cómo cambiará esta a diez años vista, con una mayor
participación de los jóvenes y también con un peso cada vez más relevante de la
población de edad, en un marco económico y social que seguirá requiriendo la presencia
de la población inmigrada y a la que también se le requerirá mayores cualificaciones
profesionales. Y todo ello, como se afirma en el documento de conclusiones, en el
marco de una “polifonía voces y opiniones diversas” que, no obstante, “comparteixen la
preocupació per la construcció d’una societat cohesionada, plural, eficaç en la producció
d’oportunitats i respectuosa amb la diversitat cultural”.
10