Lineamientos para la inserción del enfoque de Paz en los Planes de desarrollo Departamental y Municipal Documento tomado de: http://www.fnd.org.co/fnd/images/CNP.pdf Fecha de consulta: Junio-08-2016

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Agradecimiento especial por sus importantes aportes a:
Departamento Nacional de Planeación - DNP
Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP
Consejeros Nacionales de Planeación
Senadora Claudia López y su Equipo

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CONTENIDOS
I. Introducción
II. Agendas Territoriales de Paz
III. Contenidos de las Agendas Territoriales de Paz
A. Desarrollo integral sostenible y el ordenamiento territorial
B. Atención integral a las Víctimas del conflicto
C. Construcción de Estado desde las regiones
D. Generación de capacidades ciudadanas para la identificación y transformación de
conflictos
E. Construcción de Economías variables y solidarias para combatir las economías
ilegales
F. Desarrollo con enfoque territorial diferenciado
G. Presencia y control territorial a partir del monopolio de la seguridad y la justicia
H. Generación de acciones de ganancia rápida para la construcción de confianza
alrededor de la paz territorial.

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Lineamientos para la inserción del enfoque de Paz en los
Planes de desarrollo Departamental y Municipal
I. Introducción
Este documento preparado por el Consejo Nacional de Planeación en alianza con el
Departamento Nacional de Planeación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
con el acompañamiento de actores políticos y académicos; tiene por objetivo
presentarle a las Entidades territoriales, Consejos Territoriales de Planeación, a los
Consejos Municipales y Asambleas Departamentales, una serie de lineamientos
claves para la inserción del enfoque de paz en los Planes de Desarrollo Territorial
(PDT).
Las entidades territoriales afectadas por diversos fenómenos ligados al conflicto
armado (presencia de grupos armados, actividades económicas ilegales, debilidad
institucional, presencia de víctimas) y a la ausencia de Estado y mercado en gran
parte de su territorio se enfrentan a un reto único de planeación y ejecución que les
permita aprovechar el escenario de posconflicto como una oportunidad para el
desarrollo y el bienestar de sus poblaciones.
Los esfuerzos de los gobiernos para construir Estado, y para avanzar en la
construcción de instituciones democráticas y de una estructura económica moderna
e incluyente se han centrado a duras penas en la Colombia urbana y semiurbana. De
forma que una amplia porción del territorio nacional, correspondiente a “la
Colombia rural” (que concentra aún el tercera parte de la población del país) ha
quedado marginada de dichos procesos y con ello ha quedado a merced de distintos
agentes que han “reemplazado” el papel del Estado en lo local.
El presente documento recoge también los lineamientos metodológicos recogidos en
el marco de la Estrategia de incidencia para la incorporación de la Construcción de Paz en
los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), liderada por la mesa técnica
interinstitucional compuesta por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
(OACP); el Despacho del Ministro Consejero para el Posconflicto, los Derechos
Humanos y la Seguridad; y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta
estrategia tiene como objetivo generar herramientas e instrumentos que puedan ser
adoptados a las particularidades del territorio, para que los entes territoriales

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incluyan de manera transversal temas y tareas claves concernientes a la paz en sus
PDT y en otros instrumentos de planificación. De igual forma, pretende posicionar
la paz como un propósito de toda la población nacional.
Desde el Consejo Nacional de Planeación consideramos que el instrumento más
idóneo para la inserción del enfoque de paz en los PDT son las “Agendas
Territoriales de Paz, para las cuales proponemos la siguiente estructuración de
contenidos:
II. Agendas Territoriales de Paz - ATPs
Las Agendas Territoriales de Paz son apuestas participativas e incluyentes que
orientan en el corto, mediano y largo plazo, los objetivos, estrategias y proyectos
territoriales para la construcción de paz, así como la movilización de recursos y
generación de capacidades para su materialización.
Las Agendas Territoriales para la Construcción de Paz - ATCP deben contar con
mecanismos para la identificación de líneas de acción- prioridades de paz, para su
planeación estratégica (cadena de valor) y articulación de recursos técnicos y
económicos para la implementación de programas y proyectos. Para el adecuado
desarrollo de estos mecanismos es indispensable el reconocimiento de las lecciones
aprendidas y experiencias de construcción de paz vigentes en los territorios, así
como el fortalecimiento de las capacidades de los actores territoriales y nacionales
para su pertinente implementación.
La estructura de dichas ATCP deberá garantizar de una parte una lectura del
conflicto construyendo líneas de base territorial a partir de las cuales se adelante una
caracterización de los principales generadores de conflictos en el territorio. Las
entidades territoriales deben contar con la autonomía para llevar a cabo un proceso
de priorización territorial, que les permita a las administraciones diagnosticar el
estado actual de territorio y su población e identificar así las prioridades de
inversión. De esta manera, en los PDT debe quedar un apartado que identifique los
problemas del municipio por vereda y proponga un plan de acción y ejecución
En las entidades territoriales existe una presencia diferenciada del Estado que
genera brechas debido a la incapacidad de proveer los bienes públicos mínimos
requeridos. El nuevo escenario de planificación regional deberá abordarse a través

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de Agendas Territoriales para la Paz las cuales como minino deberán estar
estructuradas a partir de los siguientes ejes:
I. Desarrollo integral sostenible y el ordenamiento territorial
J. Atención integral a las Víctimas del conflicto
K. Construcción de Estado desde las regiones
L. Generación de capacidades ciudadanas para la identificación y
transformación de conflictos
M. Construcción de Economías variables y solidarias para combatir las
economías ilegales
N. Desarrollo con enfoque territorial diferenciado
O. Presencia y control territorial a partir del monopolio de la seguridad y la
justicia
P. Generación de acciones de ganancia rápida para la construcción de confianza
alrededor de la paz territorial.

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A. Desarrollo rural integral sostenible y ordenamiento territorial
Los esfuerzos de los gobiernos para construir Estado, y para avanzar en la
construcción de instituciones democráticas y de una estructura económica moderna
e incluyente se han centrado a duras penas en la Colombia urbana y semiurbana. De
forma que una amplia porción del territorio nacional, correspondiente a “la
Colombia rural” (que concentra aún el tercera parte de la población del país) ha
quedado marginada de dichos procesos y con ello ha quedado a merced de distintos
agentes que han “reemplazado” el papel del Estado en lo local.
El conflicto armado ha afectado principalmente a territorios que enfrentan grandes
desafíos en términos de desarrollo integral, sostenibilidad ambiental y
ordenamiento territorial. El 88% de los municipios donde la incidencia del conflicto
es alta y muy alta, son municipios clasificados como rurales y rurales dispersos
(Documento CONPES 3850, 2015).
Dentro de este eje temático se identifican problemáticas y conflictividades
relacionadas con: propiedad y uso de la tierra, presencia de zonas de reserva
ecológica, disponibilidad de recursos naturales, planes de ordenamiento territorial,
actividades agropecuarias, forestales y mineras en el territorio, oferta para el campo
en infraestructura, bienes y servicios públicos, seguridad alimentaria, y
productividad rural, necesidades de resguardos indígenas, consejos comunitarios y
zonas de reserva agrícola, entre otros.
Para este eje se hace también indispensable insertar el enfoque veredal. Más que
proponer acciones globales a nivel municipal, los Planes de desarrollo territorial
deben tener un enfoque de acciones e inversiones a nivel veredal. Esto en el marco
de la necesidad de cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural.
En el escenario de postconflicto es prioritario lograr la inclusión al desarrollo de los
territorios que no han tenido presencia de Estado y que han estado excluidos de las
lógicas modernas de mercado y ciudadanía. De esta manera, el objetivo específico
es lograr la construcción de líneas base o diagnósticos de necesidades y planes de
acción y ejecución por vereda. Para el establecimiento de planes de acción, será útil
que los PDT incluyan ejercicios orientados a estimar el valor per cápita de las
inversiones requeridas.

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Es de vital importancia incluir un enfoque veredal a través del cual más halla que proponer
acciones globales a nivel municipal, los PDT deben tener un enfoque de acciones e
inversiones para este nivel territorial. Esto en el marco de la necesidad de cerrar las brechas
entre lo urbano y lo rural. En el escenario de postconflicto es prioritario lograr la inclusión
al desarrollo de los territorios que no han tenido presencia de Estado y que han estado
excluidos de las lógicas modernas de mercado y ciudadanía.
En conclusión el campo es el escenario y la victima principal del conflicto, por ello debe ser
la más alta prioridad en las ATCP, para reconstruirlo desde sus estructuras político-
económicas y desde su tejido social. La tenencia de la tierra y su uso se deben replantear a
partir de una real reforma agraria. Los seis (6) millones de hectáreas arrebatadas a los
campesinos deben ser restituidas y la vocación agrícola de los territorios de ser rescatada
para garantizar la seguridad alimentaria. El restablecimiento de las vías interveredales es
esencial para garantizar el desarrollo de la economía rural.

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B. Atención integral a las Víctimas del conflicto
Según el Registro Único de Víctimas, Colombia cuenta con 7.640.180 víctimas del
conflicto armado registradas, que deben ser sujetos de reparación, cuyas
afectaciones se presentaron en territorios de alta presencia de grupos armados
ilegales, pobreza y baja institucionalidad (Red Nacional de Información -Unidad
Para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. Registro Único de Víctimas,
2016).
Por ello también cuenta con una Política de Atención, Asistencia y Reparación
Integral a las Víctimas del Conflicto Armando Interno. Además, las víctimas han
sido el centro de los actuales diálogos de paz, priorizando la garantía de sus
derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, como temas en los
que la nación y los gobiernos territoriales tendrán que hacer enormes esfuerzos.
Este eje temático recoge las problemáticas y conflictividades asociadas a la violación
de derechos humanos en el marco del conflicto armado (delitos de lesa humanidad,
genocidio, crímenes de guerra, secuestro, tortura, ejecuciones extrajudiciales,
desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado, uso de minas
antipersonales, y reclutamiento de menores, entre otros), y a la implementación de
los componentes de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras.
Diseño y fortalecimiento de las Rutas de atención integral a mujeres víctimas del
conflicto armado , especialmente campesinas estos se encuentran las áreas de
influencia de Grupos Armados Organizados al Margen de la ley en donde las
mujeres han estado y están sujetas a amenazas, señalamientos, detenciones,
secuestros, raptos, agresiones, discriminaciones y a todo tipo de hechos violentos
por causa de su participación social, política, ubicación geográfica o por el hecho de
reclamar y defender sus derechos, pero en la mayoría de las ocasiones, por el sólo
hecho de ser mujer.
En esta medida, se hace inminente e importante, por un lado la resignificación y
reestructuración de un estado patriarcal que ha permitido las diferentes formas de
violencia basadas en género, dicho cambio se debe iniciar a través de la adopción
por parte de los gobiernos territoriales del enfoque diferencial, de género, de
derechos y equidad para las mujeres; y de otro lado, diseñar y transversalizar
acciones de prevención, atención, asistencia y reparación integral en el marco del
conflicto interno armado, de acuerdo con las consecuencias desproporcionadas que
esto ha significado y generado en el país, teniendo en cuenta las solicitudes directas

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realizadas por las mujeres y organizaciones de víctimas con respecto a sus
necesidades, impacto de las violaciones a sus derechos y la particularidad de los
mismos dependiendo de las características etarias, étnicas, de orientación sexual e
identidad de género, discapacidad y ubicación geográfica o lugar de origen (sea esta
rural, en aislamiento voluntario, confinadas, dispersas o urbana), en donde dichos
efectos diferenciados se exacerban.
C. Construcción de Estado desde las regiones
Es necesario que la presencia estatal se lleve a las regiones que no la han tenido,
hecho que ha sido un síntoma principal del abandono y la marginalidad. Por esto se
debe construir Estado desde las regiones, de forma que sea posible contar con
instituciones de justicia, seguridad, recaudo tributario e inversión pública que sean
eficientes, completas y modernas. Si se cuenta con este tipo de instituciones
completas y confiables en regiones que no han tenido acceso a las mismas, podrán
crearse sinergias institucionales que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía y
la calidad de la ejecución y administración pública.
Dentro de este eje temático se identifican las problemáticas y conflictividades
relacionadas con una débil gestión institucional de los municipios (capacidades de
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, rendición de cuentas, articulación
con la sociedad civil), y con una débil o baja participación de la sociedad civil en
espacios de participación, veeduría ciudadana, construcción de agendas de
desarrollo y paz, iniciativas de paz existentes, interlocución con la institucionalidad,
entre otras. En este eje también se identifican las capacidades de la institucionalidad
y de la sociedad civil frente a la construcción de paz (abordaje de conflictos, diálogo,
concertación, mecanismos de resolución pacífica.

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D. Generación de capacidades ciudadanas para la identificación y
transformación de conflictos
En este eje temático es fundamental articular esfuerzos alrededor de la generación
de capacidades ciudadanas. Por un lado, esto se logra ofreciendo las mínimas
condiciones de participación ciudadana que permitan a las comunidades proponer
soluciones para sus necesidades, colaborar en los mecanismos para suplirlas y
capacidad de ejercer veeduría sobre la ejecución de la inversión pública,
aprovechando los mecanismos locales de la organización social.
El diseño y aprobación del PDT debe complementarse estrechamente con ejercicios
de presupuestos participativos y audiencias públicas con participación de la
comunidad y los concejales a partir del segundo semestre de 2016, con el fin de que
en cada vereda se definan los proyectos que deben priorizarse dentro del rubro de
inversión territorializada de manera participativa.
En este sentido los gobiernos territoriales deberían presentarle al Concejo la
propuesta de inversión de su presupuesto total (recursos de libre inversión del SGP,
recursos propios y deuda) distinguiendo el porcentaje que propone para
funcionamiento y su desglose, el que propone para inversión general, y el que
propone para inversión territorializada (es decir por veredas y centros poblados del
respectivo municipio)
En este mismo proceso, las entidades territoriales deberían, en conjunto con el
Consejo de Planeación, organizar audiencias públicas por veredas y centros
poblados para acordar con los concejales y comunidad la priorización de los
proyectos de inversión por sector.
El objetivo es que cada entidad territorial pueda diseñar un PDT de forma
participativa, que le permita conocer de antemano cuáles territorios específicos
deben ser priorizados en las inversiones haciendo énfasis en lo rural y diseñar estas
inversiones de tal forma que su ejecución se realice de forma veredal con el objetivo
de lograr un mayor impacto en la construcción de paz territorial.

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A continuación se presentan algunas propuestas de líneas de programas a
considerar para el fortalecimiento de la participación ciudadana y la transformación
no violenta de conflictos, a través de los planes de desarrollo territorial.
 Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana
y a la organización social por parte de las administraciones
públicas departamentales, municipales y distritales.
 Difusión y publicidad sobre las instancias de participación y la
participación como derecho constitucional fundamental del
ciudadano.
 Mapeo y apoyo a las instancias de participación existentes y
funcionales en su nivel territorial, fortaleciendo la discusión de
políticas, planes y programas en dichos escenarios, así como
acatando y dando cumplimiento a los compromisos suscritos
en las mismas.
 Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Planeación y de los
Consejos Territoriales de Planeación.
 Realizar ejercicios de presupuestos participativos en los
distintos niveles de organización territorial del país.
 Apoyo a iniciativas de control social enfocadas a promover el
seguimiento y la evaluación a la gestión de las autoridades
públicas del orden departamental, municipal y distrital.
 Apoyo a estrategias de rendición de cuentas y acceso a la
información pública.
 Apoyo a las organizaciones comunitarias y sociales para que
ejerzan su derecho a la participación en el marco del artículo
103 de la Constitución Política de 1991.

Transformación pacífica de conflictos y dialogo social
 Diagnosticar la conflictividad social presente en el territorio, implica entender que
ésta da cuenta de una situación de conjunto, no de un hecho particularizado. Se
recomienda hacer énfasis en conflictos socio económico, socios ambientales e
interétnicos.
 Realizar ejercicios de capacitación para diálogo social dirigidos a funcionarios
públicos territoriales del nivel municipal, departamental y nacional, y con
organizaciones de la sociedad civil.
 Elaborar protocolos municipales para el diálogo social y la transformación pacífica de
conflictos territoriales, que tengan presente las instancias de participación y diálogo
existentes en el territorio.

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E. Construcción de Economías variables y solidarias
El 60% de los cultivos ilícitos, censados en 2013 y 2014, se concentró en municipios
y departamentos altamente afectados por el conflicto armado. En estos mismos años,
las fronteras con Perú, Brasil y Panamá se consolidaron como los principales focos
de minería ilegal y explotación ilícita de recursos naturales (DNP, 2015). Para
atender este problema, el PND ha planteado los objetivos de fortalecer la
articulación del Estado en un marco de política criminal coherente, eficaz y con
enfoque restaurativo y de enfrentar el problema de las drogas desde una perspectiva
integral y equilibrada.2 Además, desde los diálogos de paz se ha propuesto una
solución con un enfoque de desarrollo rural, lucha contra el crimen organizado y el
narcotráfico, y programas para tratar el consumo de drogas como un problema de
salud pública.
Las principales problemáticas asociadas a este eje temático son la presencia de
cultivos ilícitos, de economías ilegales, la carencia de alternativas productivas
sostenibles y el consumo de sustancias psicoactivas.
Es necesario construir capacidades económicas de generación de ingresos que
dinamicen el mercado de las regiones, de forma que se ofrezcan oportunidades
distintas a las opciones de las fuentes de ingresos ilegales y se comience a generar
un tejido de economías locales viables.
Es estructural incluir desde los planes de desarrollo territorial políticas para
impulsar las cooperativas en las distintas líneas de importancia económico-social
que sean pertinentes en cada entidad territorial; Fomentar una política de compras
oficiales que beneficie y estimule el cooperativismo y la asociatividad cooperativa;
Crear fondos y destinar recursos presupuestales para apoyar la promoción de
cooperativas especialmente rurales. Adoptar políticas sociales y culturales para
mostrar a la población las ventajas y las alternativas de la cooperación.

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F. Desarrollo con enfoque territorial diferenciado
El Enfoque Territorial diferenciado busca integrar los territorios por un lado hacia
su interior, y por otro lado, con el resto de la economía nacional. Se persigue la
revitalización y reestructuración progresiva y la adopción de nuevas funciones y
demandas a partir de la integración de espacios, agentes, mercados y políticas
públicas, trascendiendo lo espacial.
La planificación del desarrollo debe diferenciar claramente el territorio étnico, el
territorio de parque natural, el territorio de frontera, el territorio de selva, el
territorio insular y el territorio de borde costero, y el territorio andino.
El territorio debe ser considerado como un producto social e histórico dotado de
recursos naturales, formas de producción, consumo e intercambio y red de
Instituciones. El Enfoque Territorial reconoce la complejidad de los territorios
urbanos y rurales con clara diferenciación.
El enfoque territorial diferenciado debe garantizar una gestión sostenible de los
Recursos Naturales, y de la forma como se relacionan las políticas públicas y las
poblaciones que requieren un tratamiento diferencial. Por ejemplo un elemento que
caracteriza y diferencia los territorios rurales es su dependencia de la base de
recursos naturales. Es necesario el apoyo y puesta en marcha de mecanismos tales
como: Denominaciones de Origen, Producción Orgánica, Sistema de producción
más limpia, Gestión y Certificación de Calidad ambiental.
De acuerdo con el documento de Rutas para la Paz – Lineamientos para la
planificación de la Amazonia Colombiana las comunidades indígenas están en
problemas. La presencia conflictiva dentro de su estructura social de dos formas de
organización y gobierno en figura de las asociaciones indígenas legalmente
constituidas, por una parte, y por la otra los sabedores, que compiten en una batalla
desequilibrada por el manejo del poder.
La mayoría de los municipios que se ubican selva adentro su territorio está
comprometido como reserva forestal, parques nacionales naturales o resguardos
indígenas. Lo anterior no permite que las inversiones públicas en obras públicas
puedan darse, los asentamientos humanos no puedan legalizar su posesión sobre
porciones del territorio y las entidades de apoyo no tienen competencia en su
jurisdicción (Banco Agrario, CORPOICA, UMATAS). (Miraflores, Cararú, El
Retorno, Calamar, Pacoa y los corregimientos departamentales en Amazonas).

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Los asentamientos nucleados dispersos deben arreglárselas como puedan para darle
continuidad a la dinámica administrativa, económica y social. En las pocas veces que
establecen relaciones con las cabeceras municipales es para el pago de salarios y
mantenimiento de los servicios, presencia de la autoridad pública, funciones
electorales, prestación y mantenimiento de servicios públicos como energía,
acueducto y comunicaciones, de vez en cuando funciones de policía y justicia.
Estas formas de ocupación del territorio absolutamente distintas deben ser tratadas
y abordas desde enfoques de desarrollo territorialmente diferenciados en temas
como:
 Tratamiento diferenciado para el aprovechamiento de sus recursos naturales
 La incompatibilidad fronteriza
 Las transferencias predefinidas
 La tenencia, ocupación y uso del suelo
 La titulación de predios conforme la ley 160 de 1994
 La planificación regional conforme las afinidades culturales de los pueblos étnicos.

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G. Presencia y control territorial a partir del monopolio de la
seguridad y la justicia
El acceso a la justicia y la seguridad en el territorio son dos condiciones necesarias
para conseguir una paz estable y duradera en el país. Según el PND 2014-2018, existe
un patrón demográfico de concentración de la impunidad como resultado de un bajo
desempeño de la justicia en departamentos de alta afectación por conflicto e
inseguridad; mientras que departamentos de baja intensidad del conflicto registran
bajas tasas de impunidad. Estos temas representan, además, enormes desafíos en un
escenario de posconflicto, donde gran número de excombatientes estarán pasando
por un proceso de desmovilización e incorporación a la vida civil, en comunidades
y territorios donde habrá que reconstruir el tejido social y generar condiciones de
convivencia pacífica, solidaridad y confianza
El eje de justicia y seguridad recoge las problemáticas asociadas a la inseguridad en
el territorio (por ejemplo: presencia de actores armados, crimen organizado, minas
antipersonales y otros artefactos similares), a la inseguridad ciudadana y humana, a
la baja capacidad en la prestación de servicios de justicia por parte del Estado, a la
subutilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos y a los retos
para la incorporación a la vida civil de desmovilizados, entre otras. También se
identifican las problemáticas relacionadas con el ejercicio de los derechos civiles y
políticos de personas, organizaciones y comunidades.

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H. Generación de acciones de ganancia rápida para la construcción
de confianza alrededor de la paz territorial
La capacidad de ejercer ciudadanía no puede estar completa si no se garantizan
condiciones mínimas de bienestar social con equidad, con el fin de lograr el cierre
de brechas que permita que todos los ciudadanos sean capaces de ser productivos,
de participar activamente en los sistemas democráticos y de acceder a
oportunidades.
La propuesta es definir un plan de acciones de acciones de ganancia rápida para la
construcción dela paz territorial, donde la ejecución de estas acciones se proyecte
para el inmediato lapso de 18 meses posterior a la refrendación de los acuerdos de
la habana, que se estima ocurran en julio de 2016. Este conjunto de acciones muestra
las necesidades más urgentes a cubrir de manera inmediata.
Así pues, las acciones de corto plazo que los municipios y departamentos consideren
pertinentes serán competencia exclusiva de los nuevos mandatarios y podrían
desarrollarse a cabalidad en sus planes de desarrollo con vigencia 2015-2018,
mientras que las de largo plazo deben adoptarse de manera gradual en la presente
vigencia y proyectarse para un plazo de 7 a 15 años dadas la magnitud de inversión
e implementación de las acciones.