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PROPUESTA DE EXIGITORIO ÚNICO PUCV 2013
La condición social de la educación en Chile es el resultado histórico de la estructura
económica y política vigente. Durante los últimos 40 años, el Estado chileno, impulsado por una
ideología fundada en el mercado y la libre competencia, se ha desentendido progresivamente
de las condiciones mínimas para la vida digna de la sociedad.
El derecho social y universal a la educación no ha sido excepción. A este se le ha
impuesto la visión de los sectores empresariales y políticos neo-liberales, la que ha terminado
por convertirlo en un bien de consumo y un negocio lucrativo.
Bajo esta lógica, la posición socioeconómica se consagra como requisito fundamental
para acceder a la educación; la posibilidad de acceso a las instituciones de educación superior
depende de la capacidad real de las familias para realizar esta inversión.
Además, se ha profundizado la desvinculación del Estado con el sistema educativo en
todos sus niveles; el autofinanciamiento ha conducido a que la Universidad se sostenga
principalmente en base al endeudamiento del estudiantado y la entrega de becas para los
casos de mayor vulnerabilidad social: se ha pasado de un Estado garante a un Estado
subsidiario.
En esta línea, durante el desarrollo del primer semestre académico de este año 2013,
se realizó una reestructuración unilateral en los criterios de asignación de beneficios
estudiantiles otorgados por el MINEDUC: requintilización. Esta medida se tradujo
concretamente en la pérdida de becas y créditos, dejando en completa incertidumbre a miles
de estudiantes respecto a la posibilidad real de continuar con sus estudios.
Durante el transcurso de los meses marzo y mayo, junto con liberarse los resultados de
la renovación de beneficios otorgados por el MINEDUC, la red DAES publicó un documento
con los resultados de la asignación de beneficios producto de esta requintilización. Este
documento puso en estado de alarma al MINEDUC al demostrar la gran cantidad de afectados
que podrían haber a causa de esta nueva política.
Si bien la PUCV ha podido sostener medidas paliativas a esta situación, esto no ha
representado una solución real, pues no ataca el problema de fondo. Es más, se han
reemplazado aportes estatales para nuestra universidad por créditos internos, agudizando el
endeudamiento y la dependencia a entidades bancarias, lo que supone un retroceso y una
bofetada frente a las demandas asumidas por nuestro estamento: créditos y becas no son
gratuidad.
A raíz de esta situación, se inician las movilizaciones a nivel nacional, específicamente
en la Universidad de Tarapacá y Universidad de la Serena que paralizan sus actividades de
manera indefinida. En la misma lógica, el día 7 de mayo se inician las movilizaciones al interior
de la PUCV. Este hecho impulsa una serie de procesos reflexivos, que desencadenaron en el
aumento progresivo de carreras en estado de movilización.
2. 2
Los planteamientos generados en las distintas asambleas permitieron que aquellas
carreras que se encontraban movilizadas, inicialmente por la requintilización, pudieran utilizar
estos espacios para profundizar las demandas históricas del movimiento estudiantil y para
evidenciar problemáticas inmediatas y particulares que aquejan a los distintos estamentos de la
comunidad universitaria, tanto a nivel de carrera, de facultad y de universidad. Algunas de
estas van desde la infraestructura y equipamiento, hasta orientaciones ideológicas en las
mallas curriculares, perfil de egreso y relación entre las unidades académicas y las instituciones
o centros de práctica.
El hecho de que cada una de estas problemáticas, que se repiten año a año, hayan
provocado rechazo es síntoma de la nula incidencia de estudiantes y trabajadores —docentes y
funcionarios— en los procesos educativos, administrativos y políticos de la PUCV.
Las salidas al conflicto se han planteado desde tres perspectivas. En una primera
instancia, las autoridades universitarias deben dar respuestas concretas que apunten a los
planteamientos del movimiento estudiantil levantados el 2011. Luego, las autoridades deben
interpelar dentro del CRUCH, al MINEDUC para modificar las políticas de financiamiento
actuales, en vías de la gratuidad. Por otro lado, se hace urgente la toma de decisiones que
incluyan la participación efectiva y vinculante de todos los actores de la comunidad
universitaria, tanto en acceso, financiamiento, calidad y democratización.
De lo anterior se desprende la profunda necesidad de avanzar en la construcción de una
universidad democrática, que no sólo considere la opinión de los distintos estamentos, sino que
los haga partícipes reales, que deliberen y sean parte de las decisiones políticas; en este
sentido, se apuesta por generar un proceso que democratice nuestra universidad.
DEMANDAS
Financiamiento:
1) Dada la problemática de requintilización que afectó y afectará (si es que sigue en marcha en
los próximos años) a miles de estudiantes en el país, al MINEDUC y CRUCH les exigimos:
a. Reposición inmediata de dichos beneficios para todos los estudiantes afectados a
nivel nacional. Con ello rechazamos el cambio de becas por créditos que se han
instaurado en algunas universidades, ya que profundiza aún más el endeudamiento de
las familias.
b. Finalizar con el proceso de requintilización que ha impulsado el MINEDUC durante el
periodo 2012-2013, con el objetivo de que esta situación no se vuelva a repetir.
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2) Es evidente que la falta de recursos en la educación superior generan endeudamiento
estudiantil e institucional, lo que dificulta el desarrollo óptimo de las actividades propias de una
casa de estudio. Ante esto, al MINEDUC y CRUCH les exigimos:
a. Aumentar los aportes basales a las instituciones de educación superior con rol
público y sin fines de lucro; redefiniendo los parámetros de asignación de recursos. Con
esto se busca finalizar con la lógica de autofinanciamiento que impera en las
instituciones de educación superior pues impulsan formas de lucro y competitividad que
van en desmedro de la calidad de dichas entidades.
b. Impulsar en conjunto con toda la comunidad educativa dicho aumento en los aportes
basales, a fin de establecer un acuerdo marco para destinar dichos fondos; por ejemplo,
eliminar la matrícula, bajar significativamente los aranceles, aumentar los beneficios
estudiantiles, finalizar la externalización de servicios, incorporar permanentemente a los
profesores a honorario a la universidad, mejorar infraestructura y equipamiento, entre
otros.
c. Eliminar el Aporte Fiscal Indirecto por ser un incentivo a la competencia entre
diferentes casas de estudio, entendiendo que las universidades no se deben regir por
lógicas mercantilistas ya que promueven la segregación de los estudiantes.
Es preciso aclarar que la movilización estudiantil que hoy se ha levantado exige como demanda
inmediata el freno a la política de requintilización. Sin embargo, consideramos que en el
mediano plazo el Estado chileno debe aumentar su inversión en la educación siempre en vías
de la gratuidad. Por lo tanto, los gobiernos en ejercicio deben apuntar a la re-nacionalización de
los recursos naturales estratégicos y a la generación de una reforma tributaria dirigida contra
los sectores sociales y económicos que hoy concentran la mayor cantidad de riqueza en Chile
[ver Proyecciones, “Financiamiento”, pág. 8].
Democratización:
1) Consideramos que las problemáticas en calidad, acceso y financiamiento que hoy afectan a
las distintas unidades académicas y facultades —conformadas por académicos, funcionarios y
estudiantes— se deben a que la toma de decisiones se da de manera unilateral y autoritaria,
recayendo sólo en un grupo reducido de administrativos que no representa la voluntad de la
comunidad universitaria en su conjunto; a nuestro juicio, consideramos como un claro ejemplo
de esto, la política de re-diseño de mallas curriculares que surge a partir del Plan de Desarrollo
Estratégico para la PUCV 2011-2016. Para dar término a dichas problemáticas, a las
autoridades universitarias de la PUCV exigimos:
a. Eliminar el inciso 2 del Artículo 44 de los Estatutos Generales de la PUCV que
establece: La forma de participación de los estudiantes en los órganos colegiados de
gobierno de la Universidad, deberá adecuarse a Ia legislación vigente en el país, siendo
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éste uno de los obstáculos que impiden la participación democrática al interior de
nuestra universidad. Como lo indica el Gran Canciller de la PUCV en el Decreto
315/2010 (texto que modifica el Título V y fija el texto refundido del Reglamento
Orgánico de los Estatutos Generales), atendidas las facultades que me competen al
tenor de lo dispuesto en el Cánon 94 párrafo 3° del código de Derecho Canónico y en el
artículo 18 letra d) de los Estatutos Generales de la Universidad; es decir, recae en su
figura la potestad de modificar tanto los Estatutos Generales de la PUCV como su
Reglamento Orgánico.
2) Concebimos nuestra universidad como una comunidad educativa, por ende creemos que la
postura de todos los estamentos debe estar reflejada en las políticas de la PUCV. Para
concretar este proceso de democratización, es necesario abrir este proceso, generar acuerdos
y establecer garantías a los participantes del mismo, es por eso que a las autoridades
universitarias de la PUCV exigimos:
a. Materializar un “Acta de Acuerdo” que contemple los procedimientos y plazos de la
reforma a los estatutos generales y al reglamento orgánico. Dicha acta debe ser
discutida por una comisión de trabajo que represente a toda la comunidad educativa,
siendo elegidos éstos por sus respectivos pares, respetando el principio democrático.
Serán miembros de la comisión: 2 representantes del consejo superior, 2 académicos, 2
funcionarios, 2 estudiantes propuestos por sus asambleas y electos por el CGE, 1
representante de la mesa ejecutiva de la FEPUCV y 1 representante de la iglesia. La
constitución de esta Acta de Acuerdo debe también considerar las posturas del
Seminario de Buga de 19671
, las que en el punto 4 de las “Recomendaciones para
mejorar las universidades católicas ya existentes”, especifican:
Descentralizar el poder directivo dentro de la Universidad, con mayor participación por
parte de los profesores y alumnos. Esta recomendación conlleva un profundo estudio de
las condiciones a las cuales hay que subordinar la concesión, a las partes interesadas,
del derecho de participar ya sea en la elección de los varios cargos, ya sea en el
ejercicio del poder ligado a los mismos, en aquella medida que sea adecuada para
garantizar mediante el aporte personal de las partes mismas, la mejor marcha de la
Universidad.
b. Comenzar un proceso de democratización para nuestra institución que garantice la
creación y reformulación de espacios e instancias de trabajo permanente y periódico, de
carácter vinculante y resolutivo, entre los distintos estamentos de la comunidad
universitaria. Dicho proceso se basará en el proyecto emanado de la Convención de
Estudiantes “Propuesta de democratización universitaria de la PUCV” (2012, páginas 74
- 83)
1
“La Misión de la Universidad Católica en América Latina” (Buga, 12 al 18 de febrero de 1967):
http://goo.gl/OaqWy
5. 5
c. Otorgar garantías, facilidades, recursos y fueros necesarios a todos los estamentos
de la comunidad universitaria para velar por su participación en dichas instancias.
3) Para avanzar en el plano nacional, en la democratización de las instituciones educativas, es
necesario que tanto rectoría como el CRUCH tomen postura clara y enfática en este tema, es
por ello que a las autoridades universitarias de la PUCV exigimos:
a. Que rectoría interpele al CRUCH la necesidad de eliminar del DFL 2, 2010, letra e) de
los artículos 56, 67 y 75 con el fin de hacer vinculante y efectiva la participación
triestamental en la toma de decisiones de cada institución. No bastan sólo
declaraciones y buenas intenciones, sino que acciones concretas que acentúen el
sentido de urgencia a esta demanda.
6. 6
PROYECCIONES
De las exigencias inmediatas a las exigencias al mediano plazo
Las demandas que se plantean a lo largo del exigitorio se articulan además como parte
de un proyecto a mediano plazo. De esta manera, las exigencias inmediatas presentadas en
una primera instancia de este Exigitorio Único se presentan como un paso coherente y
consecuente para la construcción y el desarrollo de un nuevo proyecto educativo en vías de
una educación gratuita, democrática, pública, de calidad, de libre acceso e intercultural. En esta
misma línea, y fruto de la maduración de las diferentes demandas, se presentan distintas
proyecciones que faciliten la concretización de las banderas de lucha del movimiento
estudiantil.
Acceso y Permanencia:
Parte fundamental de la problemática educativa, producto de la progresiva
mercantilización del sistema público y de la vida, se sostiene en la profunda desigualdad en las
posibilidades de acceso a la institución universitaria en la que aún si se tiene la oportunidad de
entrar, existe un porcentaje considerable de deserción; de acuerdo a cifras del Consejo
Nacional de Educación (2010) cerca del 50% de quienes se matriculan en la universidad o en
centros de formación técnica (CFT) no completan el programa en el que se matricularon,
mientras que en el caso de los institutos profesionales (IP) esta cifra llega al 60%. En este
mismo sentido, consideramos que la Prueba de Selección Universitaria (PSU) actúa como una
barrera estructural para el acceso universitario ya que fomenta la competencia y el mérito como
valores fundamentales del proceso educativo, pues sólo mide el nivel socioeconómico del
colegio o liceo de procedencia. y que se ven enfrentados a mallas curriculares rígidas sin haber
incorporado los conocimientos previos necesarios que provoque la pérdida de ramos anuales
durante el primer año de estudio, que aumenta el ya existente sobreendeudamiento. Bajo estas
premisas planteamos:
a. La conformación de mesas de trabajo al interior de la PUCV, en pos de la generación
de propuestas alternativas de ingreso, a la educación superior
Calidad:
La educación aporta al crecimiento constante y permanente de una nación, pues un país que
renuncia a la educación de sus ciudadanos, es un país que renuncia a su futuro
(Montessori, 1898).
7. 7
Este concepto ha gozado ambigüedad, más cuando se expresa en el ámbito político-
educativo. La definición imperante dentro del modelo educativo en Chile está condicionada por
la medición de resultados en base a pruebas estandarizadas y la formación de capitales
humanos funcionales al mercado.
De esta manera luego de la adopción a nivel mundial de los lineamientos del Plan
Bolonia y precisamente en América Latina del plan Tuning, se ha apuntado a una educación
concentrada en la generación de competencias que el mercado mundial está exigiendo.
En este sentido el plan estratégico y la mayoría de las reformas curriculares emanadas
dentro de la PUCV hacen eco de lo anteriormente señalado. Pareciera vislumbrarse que la
Universidad está encaminada en privilegiar la formación de sujetos reproductores y funcionales
al mercado, por sobre la generación de conocimientos que tengan un enfoque público, social,
crítico y autónomo.
Por otro lado la situación laboral del profesorado es precaria, al ser en su mayoría
profesores que trabajan a honorario, se les dificulta el poder desempeñarse con comodidad en
la generación de nuevos conocimientos.
Planteamos que una universidad que se define como de calidad, debe posicionarse de
manera crítica y autónoma (del mercado y el Estado) sobre los procesos y fenómenos que
estamos viviendo como sociedad y como cultura.
La Universidad que proyectamos debe promover desde el primer año de ingreso la
inclusión en instancias de investigación con estudiantes de cursos mayores, post-grado,
profesores e investigadores.
Con esto apuntamos a que todas las carreras de la universidad deban generar centros
de estudio disciplinares y trans-disciplinares, que sean activos en la generación permanente de
conocimientos, que apunten principalmente a salir del pensamiento único de matriz euro-
centrada que sigue siendo hegemónica. En otras palabras la educación que experimentamos
debe enfocarse a generar un nuevo paradigma de conocimiento para sacar a nuestro país de la
actual situación de dependencia económica y cultural.
Financiamiento:
RENACIONALIZACIÓN DEL COBRE
Codelco es la empresa nacional que entrega a Chile un 30% de sus ingresos. En los
años 70 la explotación del mineral era en su mayoría producida por Codelco, pero actualmente
se limita sólo al 33% de la producción1
. Esto debido a que desde los noventa en adelante las
firmas mineras privadas se comienzan a tomar las producciones cupríferas en el país, logrando
representar hoy, 2/3 de la producción total. Sin embargo la producción estatal se ha mantenido
8. 8
constante a lo largo de los años ya que lo que ha aumentado, y considerablemente desde
1970, han sido las utilidades que genera el cobre, en cifras cercanas al 80%.
En el año 2010, el Estado recibió poco más de 10 mil millones de dólares de las
empresas de la minería del cobre, que suma aportes de Codelco y los impuestos del conjunto
de la minería privada. Si la minería extranjera fuera nacionalizada, y teniendo en cuenta que la
producción total del cobre es de 5,243 millones de dólares a un precio promedio de 3,5 dólares
la libra (precio proyectado por expertos de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco)2
, las
exportaciones del cobre podrían alcanzar la gran suma de 40 mil millones de dólares. Ahora,
considerando que el costo es alrededor de un quinto de esa cifra, el Estado podría percibir 32
mil millones de dólares. Cabe mencionar que de estar todo el cobre nacionalizado, Chile
manejaría el 35,6% del cobre comercializado a nivel mundial3
y podría fijar su propio precio.
Es decir, de renacionalizar el cobre, Chile podría financiar una educación superior
completamente gratuita 11,8 veces4
.
Además, Codelco hacia el tercer trimestre del año 2012, sumaba ganancias de 6.777
millones de dólares. Proyectando esa ganancia hacia la producción de la minería extranjera, o
sea, aproximadamente el doble, podríamos concluir que se necesitaría que el sector privado
aportase un 13,2% de sus ganancias para financiar de modo completo la educación de
las universidades tradicionales.
PROPUESTA
En resumen, establecemos como una necesidad fundamental la implementación de una
nueva política estatal que reestructure el sistema privado de extracción cuprífera a favor de los
derechos sociales fundamentales de la ciudadanía, particularmente la educación. También es
necesaria la creación de un sistema tributario que permita gravar de mejor manera las
utilidades producidas por los privados.
ROYALTY A LA MINERÍA
El royalty corresponde a una regalía que debe pagar al Estado quien explota un
recurso, generalmente no renovable del país.
En Chile existe un remedo de royalty, que se aplica de forma muy sesgada y no a más
de 10 empresas.
Las cupríferas privadas pagaron en 2007 cerca de 3 mil millones de dólares5
, tres veces
menos que la empresa estatal. Hoy, y por el nuevo sistema de royalty adoptado en 2010,
establece un impuesto variable entre un 4 y 9% en función de márgenes operacionales6
.
Por ejemplo, si fijamos un royalty del 30% a las exportaciones de recursos naturales, le
significaría al país 16 mil millones de dólares aproximadamente, es decir que para llevar el
gasto público en educación de un 4,2% del PIB actual hasta un 7% que exhiben países
9. 9
como Noruega o Nueva Zelanda, se requerirían sólo 7 mil millones de dólares anuales
adicionales.
PROPUESTA
El royalty que se aplique tanto a la explotación como a la extracción de recursos
naturales, debe gravar a montos por extracción y explotación efectiva del recurso natural y no a
las utilidades declaradas de las empresas que extraen los recursos. De esa forma evitamos
que se grave únicamente por extracción de cobre fino y tome en cuenta también al
concentrado, por dar un ejemplo, una de las formas en que se elude el pago de este impuesto.
El aumento del royalty debe enfocarse en aumentar notablemente el gasto público en
educación, acercándose a los márgenes de la OCDE.
REFORMA TRIBUTARIA
Intentamos demostrar que una reforma tributaria puede generar miles de millones de
dólares sin aumentar para nada los impuestos a las personas.
Se define como “brecha tributaria” la diferencia entre lo que el Estado debería recaudar
de acuerdo a la más fiel interpretación de la legislación tributaria, con lo que realmente
recauda. La elusión tributaria es un concepto que hace referencia al uso abusivo de la
legislación tributaria, o sea que no respeta el espíritu de la ley con el objetivo de reducir el pago
de impuestos7
. Los informes de finanzas de la Dirección de Presupuesto, señalan que el gasto
tributario asciende a la suma de 5 mil millones de dólares8
. Gran parte de este gasto tributario
corresponde a un verdadero subsidio –elusión- que el Fisco otorga a grandes empresas y a las
familias más ricas del país mediante exenciones tributarias, es decir, que no cobran impuesto a
la renta por una serie de diversas ganancias que realizan las empresas.
También, alrededor de 5 mil millones de dólares anuales, pierde el Fisco por causa de
la evasión tributaria que corresponde al no pago de impuesto por fraude a la ley.
Entendemos que estas prácticas existen porque la ley deja abierta las brechas por
donde fluye la evasión tributaria, sobre todo de aquellas grandes empresas que pueden pagar
asesores tributarios.
PROPUESTA
Es necesario impulsar una verdadera reforma para evitar la elusión y evasión tributaria
en la minería y en el sector empresarial. Los informes del SII hasta el 2003 señalan que las
grandes mineras extranjeras no pagaron ningún peso de impuesto a la renta excepto Minera
Escondida9
. Hoy, y considerando el aumento exponencial de las utilidades que genera el cobre,
las mineras extranjeras pagan poco más de 3 mil millones de dólares de impuestos, cuando
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controlan gran mayoría de la producción nacional, mientras que Codelco controlando un 33%
de esta, aporta con 7 mil millones de dólares al Estado. Se vuelve indispensable eliminar
estas brechas tributarias.
REDUCCIÓN DEL GASTO EN DEFENSA
Estadísticas del SIPRI apuntan a que Chile el año 2010, alcanzó un gasto militar
promedio equivalente a un 3,1% del PIB, cifra igual a 6198 millones de dólares. Actualmente
las cifras ascienden a un 3,3%10
siendo el tercero a nivel latinoamericano que más gasta en
esta materia luego de Ecuador y Colombia, siendo Colombia un país que se encuentra en
conflicto armado hace más de 50 años. Cabe mencionar que el gasto de los demás países
oscila entre un 0,5 y un 1,5% del PIB.
En los últimos 20 años, Chile ha triplicado su gasto militar, pasando de gastar un poco
más de 2 mil millones de dólares en 1990 a más de 6 mil millones de dólares hasta el 2010. Al
contrario, la tendencia de crecimiento en políticas de financiamiento de la educación ha ido
decayendo.
PROPUESTA
Reducir el gasto militar de Chile en un 1%, lo que permitiría al Estado ahorrar una
suma cercana a los 2 mil millones de dólares. Esto equivale a financiar la totalidad de los
aranceles de 300 mil estudiantes pertenecientes a universidades del CRUCH
(considerando un arancel promedio de 3 millones anuales).
ELIMINACIÓN APORTE FISCAL INDIRECTO
El aporte fiscal indirecto (AFI) es un fondo dirigido a todas las instituciones
pertenecientes al sistema de educación superior, tanto públicas como privadas (incluye IP y
CFT) que matriculen a los 27.500 estudiantes con puntajes más altos en la PSU. La totalidad
de esos estudiantes, se dividen en 5 grupos de 5.500 cada uno, donde el primer grupo recibe
aportes 12 veces más altos que el último.
El AFI se creó para promocionar la calidad de las instituciones de educación superior,
estimulando la competencia para atraer a los mejores estudiantes. En la práctica, dirige fondos
públicos hacia las instituciones que tienen una alta reputación establecida, cuyos estudiantes
vienen más probablemente de las familias de más altos ingresos.
Por otro lado, empuja a universidades privadas que no pertenecen al CRUCh, a adoptar
los resultados de la PSU (método discriminatorio cuyo carácter evaluativo depende únicamente
de la realidad socioeconómica del estudiante) como su principal criterio de captación y
11. 11
selección de estudiantes para poder recibir recursos adicionales del Estado, motivando más la
publicidad que la misma calidad que intenta estimular, en el papel, este fondo.
Cabe recalcar que, se destinan sólo a 5 universidades, más del 50% del fondo; dando
un ejemplo, en el 2011, la Universidad de Chile se lleva un 20,9%, la PUC un 18% y la
PUCV un 3,4%, por debajo de la Universidad Adolfo Ibañez11
. Esto deja a 12 universidades
pertenecientes al CRUCh con menos de 3,7% del fondo cada una.
PROPUESTA
Transformar la totalidad de estos recursos en aportes basales destinados a la totalidad
de universidades considerando como norma el rol público.
