El centro de detención de Guantánamo es una prisión de alta seguridad situada en una base naval que Estados Unidos tiene en la bahía de Guantánamo, Cuba. Desde 2002, las autoridades estadounidenses la han usado como centro de detención para detenidos acusados de terrorismo, la mayoría de ellos capturados en Afganistán durante la invasión de este país que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

1. Cárcel de Guantánamo Integrantes: Nicol Astorga Valentina Eggers Ailyn Valencia Curso: 1° Medio Colegio : Santa Isabel

2. Historia Base militar Vista general de la base naval de Guantánamo. La base fue instalada en Cuba por Estados Unidos a principios del siglo XX durante la dictadura de Batista gracias a un acuerdo firmado entre los dos países, acuerdo que actualmente Cuba rechaza alegando que fue firmado bajo presión.

3. Descripciónfísica Campo Delta Situada junto a la bahía de Guantánamo920 kilómetros al sureste de La Habana, tiene 117,6 kilómetros cuadrados, de los que sólo 49,4 son de tierra firme, y una línea costera de 17,5 kilómetros. Está cercada por una alambrada electrificada de tres metros de altura. Tiene una dotación permanente de 435 marines que conviven con otros militares y civiles estadounidenses. La población total se cifra en unas 8.500 personas.

4. Situación legal Estados Unidos los considera "combatientes enemigos ilegales" -la mayoría están acusados de pertenecer a los talibán o a Al Qaeda, y no prisioneros de guerra, por lo que entiende que no tiene por qué aplicarles la Convenció de Ginebra y, por tanto, que puede retenerlos indefinidamente sin juicio y sin derecho a la representación de un abogado, algo que ha sido criticado por gobiernos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. Estados Unidos admitió posteriormente que, salvo los miembros de Al Qaeda, el resto de los prisioneros sí estarían amparados por las convenciones internacionales. Algunos juristas consideran que la situación se encuentra en un "vacío legal".

5. Posición de la justicia estadounidense La primera decisión judicial fue tomada el 31 de julio de 2002. La juez federal de Columbia, Colleen Kollar-Kotelly, determinó que el sistema legal estadounidense carecía de jurisdicción sobre personas retenidas en Guantánamo. Este fallo fue ratificado en marzo de 2003 por otro juez federal. En junio de 2004, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, dictaminó que "los tribunales de Estados Unidos tienen la jurisdicción requerida para disputar la legalidad de la detención de ciudadanos extranjeros capturados en el extranjero en actividades hostiles y encarcelados en la bahía de Guantánamo" y falló que tres prisioneros que habían invocado su derecho a ser juzgados podían llevar su caso ante tribunales civiles. No obstante, la mayoría de jueces federales, en cuyas manos está cómo aplicar la doctrina marcada por el Supremo, secundó las tesis de la Administración de que es posible retener a los "combatientes extranjeros" indefinidamente, sin presentar cargos contra ellos o someterles a juicio.

6. Estados Unidos afirma que los detenidos reciben un "trato humanitario". No obstante, el hecho de que no se encuentren en suelo estadounidense -las autoridades no consideran la base de Guantánamo como parte del país- hace que no disfruten de los derechos que otorga la constitución de Estados Unidos a los detenidos, entre ellos, la presunción de inocencia o el derecho a un juicio con jurado. Con respecto a las condiciones del centro de detención, la administración estadounidense niega que se practique la tortura, insiste en que se trata de "una instalación modelo", y recuerda que ha sido visitada por más de 2.000 periodistas de 400 medios de comunicación de todo el mundo. Informes de Naciones Unidas señalan que existen evidencias de que algunos detenidos han sido torturados y denuncian alimentaciones forzosas a prisioneros en huelga de hambre -docenas de ellos protestaron de este modo en 2006- e interrogatorios llevados a cabo tras confinamientos solitarios prolongados o en condiciones extremas de temperatura, luz y ruido. Otros tratos vejatorios han sido denunciados por organizaciones como Amnistía Internacional