Repsol ha declarado que llevará a Ecuador ante un tribunal de arbitraje internacional por un litigio relacionado con el pago de impuestos que asciende a al menos 250 millones de euros. La filial de Repsol en Ecuador, OCP, ha tenido varias disputas con el gobierno ecuatoriano sobre el tratamiento fiscal aplicado a la deuda que emitió para financiar sus operaciones. Debido a varias resoluciones desfavorables de los tribunales nacionales ecuatorianos, OCP ahora busca defender sus derechos ante un tribunal internacional.

1. Repsol declara la guerra a Ecuador ante un tribunal de
arbitraje por pago de impuestos
Una filial de la petrolera española ha informado al país andino que le
llevará ante el CIADI por un litigio derivado del pago de impuestos
que asciende a al menos 250 millones de euros
http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-04-10/repsol-declara-
la-guerra-a-ecuador-y-le-lleva-a-un-tribunal-de-arbitraje_756556/
Latinoamérica ha sido El Dorado para las empresas españolas. Pero
en los últimos tiempos algunas de las principales multinacionales se
están encontrando con auténticos problemas, tanto de expropiaciones
–Iberdrola y Red Eléctrica–, como fiscales, los más costosos, tal y
como le acaba de suceder a Telefónica en Perú. La última en sufrirlo
es Repsol, que ha reconocido un conflicto con Ecuador que va a
acabar en un tribunal internacional de arbitraje.
La empresa petrolera dirigida por Antonio Brufau y sus socios de
Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) ya han advertido al país que
preside Rafael Correa que “está analizando la posibilidad de
interponer una demanda de arbitraje contra el Gobierno de Ecuador
por distintos motivos”. El principal es el contencioso que la filial de
Repsol tiene con el ejecutivo ecuatoriano por “el tratamiento fiscal de
la deuda subordinada emitida para la financiación de sus
operaciones”.

2. La sociedad obtuvo una primera sentencia favorable a sus
pretensiones en la Corte Nacional, pero fue recurrida ante la Corte
Constitucional por la propia Administración ecuatoriana. Esta
instancia judicial anuló la sentencia de la Corte Nacional y ordenó que
se dictara un nuevo fallo. Adicionalmente, el Gobierno destituyó a los
miembros de la Corte Nacional que habían fallado a favor de la
Repsol. Posteriormente, la nueva Corte Nacional emitió tres
resoluciones adversas en relación a los ejercicios 2003 a 2006 de
OCP, que ha decidido acudir a un tribunal internacional para defender
sus derechos. La reclamación total asciende a 250 millones.
El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa. (EFE)El mandatario
ecuatoriano, Rafael Correa. (EFE)
OCP opera uno de los dos mayores gaseoductos de Ecuador, con más
de 500 kilómetros de extensión. El Gobierno ha mostrado su
descontento con los accionistas, hasta el punto de que Correa les
acusó de haber estado evadiendo impuestos, ya que la matriz de esta
filial está domiciliada en las Islas Cayman. Además, les acusó de
haberse concedido préstamos ficticios con altos tipos de interés del
18% y de haber inflado el coste de la construcción, que se multiplicó
por más de dos desde los 600 millones iniciales.
Esta empresa está participada por China Andes Petroleum, controlada
a su vez por China National Petroleum y Sinopec, el socio chino de
Repsol en Brasil. La española es dueña de un 30% de esta filial, que
entre sus accionistas también tiene al gigante estadounidense
Occidental Petroleum Corp, la brasileña Petrobras, la francesa
Perenco y la italiana ENI.
Otros litigios y provisiones
Los tiras y aflojas de Repsol con Ecuador, país donde obtiene el 13%
de su producción de hidrocarburos, ha sido constante en el tiempo.
La empresa participada por CaixaBank y Sacyr ya tuvo un conflicto
internacional con el país latinoamericano, al que en 2008 llevó ante el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), el principal organismo de litigios corporativos.
La pelea, derivada también por una cuestión impositiva, provocó
amenazas de embargo por parte del Gobierno de Correa, que se
enfrentó a varias petroleras mundiales por una causa similar.
Finalmente, la disputa se resolvió alargando la concesión de un

3. bloque petrolífero a cambio de que Repsol se comprometiese a una
inversión mayor.
El conflicto de OCP no es el único que Repsol tiene en Ecuador, cuyo
Servicio de Rentas Internas de Ecuador (la Agencia Tributaria
española) ha cuestionado a los diversos consorcios petroleros en los
que participa la compañía por la deducibilidad en el Impuesto a la
Renta y por los pagos de la tarifa de transporte de crudo. El asunto
está pendiente de decisión ante el Tribunal Fiscal.
Además, el pasado año, otra filial de Repsol acordó pagar 31 millones
de dólares al Gobierno por una reclamación de la Agencia de
Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) de Ecuador en relación
con la cuantificación irregular de la venta de GLP a la empresa pública
EP Petroecuador. La sanción inicial era de 60 millones, pero las dos
partes llegaron a un acuerdo en octubre de 2014 para finiquitar el
litigio. Además, Repsol tuvo que provisionar 129 millones de euros
por el saneamiento de varios activos en el país andino.
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