1. Ecuador admite la responsabilidad por la violación de derechos de
un pueblo indígena
Vista aérea de este sábado 21 de abril de 2012, de una comunidad indígena en Sarayaku (Ecuador),
donde el Gobierno reconoció la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos de un pueblo
indígena amazónico que se enfrentó con una petrolera argentina. EFE
Sarayaku (Ecuador), 21 abr (EFE).- El Gobierno de Ecuador reconoció hoy la responsabilidad
del Estado por la violación de los derechos de un pueblo indígena amazónico que se enfrentó
con una petrolera argentina, en una sesión "histórica" de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos celebrada en su territorio.
Es la primera vez que el Ejecutivo hace esa admisión, según Mario Melo, abogado de los
demandantes, que la calificó como "un paso muy importante", pues supone "un cambio de
timón de 180 grados", en su opinión.
Aunque las supuestas violaciones de los derechos ocurrieron durante sus antecesores, el
gobierno actual, encabezado por Rafael Correa, había seguido negando las acusaciones.
La declaración tuvo lugar al final de una sesión que Diego García, el presidente de la Corte,
tildó de "histórica", pues nunca antes esa entidad había escuchado testimonios en el lugar de
los hechos.
Además de él, que oyó el relato de nueve sarayakus sentado en una silla con el respaldo
labrado en forma de sol, también participó la jueza Rhadys Abreu Blondet.
Los hechos se remontan a 1996, cuando el Gobierno ecuatoriano de entonces otorgó a la
empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) el derecho a explotar el
petróleo en la tierra de los sarayaku sin consultarlos.
La compañía entró con el apoyo de soldados ecuatorianos, mientras que la comunidad se
movilizó para defender su territorio y logró expulsarla tras una disputa que no causó víctimas.
El Gobierno indemnizó recientemente a CGC con 20 millones de dólares.

2. En la casa comunal, con techo de hojas de palma y recién pintada, Alexis Mera, el asesor
jurídico del presidente de Ecuador, Rafael Correa, sorprendió con la nueva postura del
Gobierno.
"El Estado reconoce la responsabilidad y está dispuesto a llegar a cualquier acuerdo de
reparación", dijo Mera, uno de los consejeros más estrechos del mandatario.
"Los actos de las Fuerzas Armadas, los actos en contra, la obstrucción de los ríos, son temas
que condenamos como Gobierno", añadió.
Al mismo tiempo que Mera hablaba en la Amazonía, Correa aseveraba en su programa
sabatino que el caso es una "pantalla" para ciertas organizaciones ecologistas que "están en
contra de Ecuador" y que no quieren ninguna explotación de crudo.
Dijo que le indigna "que vengan estos 'gringuitos' (extranjeros) con la panza (estómago) bien
llena a tratar de hacer aquí lo que nunca han logrado en sus respectivos países".
Los 1.200 sarayaku esperan que una sentencia a su favor por parte del máximo tribunal de la
región cree un precedente legal para toda América Latina que obligue a los Gobiernos a
obtener el permiso de las comunidades indígenas antes de dar concesiones petroleras o
mineras.
En cambio, Correa dijo que la normativa internacional y ecuatoriana establece que esa consulta
previa "no es vinculante".
Mera afirmó que tampoco podía garantizar que el Gobierno no autorizará a otra compañía que
explote el petróleo bajo los bosques de los sarayaku. "No podemos porque el régimen
constitucional no lo permite", dijo.
El Gobierno prepara actualmente la licitación de una gran área amazónica donde ahora apenas
hay pozos, y que incluye la tierra de los sarayaku y de otros pueblos indígenas.
Mayor flexibilidad demostró Mera con respecto a la casi tonelada y media del explosivo
pentolita que CGC enterró en un área de 20 kilómetros cuadrados para hacer estudios
sísmicos pero que no llegó a detonar.
Hasta ahora el Gobierno había propuesto hacerla explotar o dejarla donde está, con el
argumento de que retirarla provocaría daño ambiental, mientras que los indígenas piden que se
saque.
Mera dijo hoy a la prensa que el Ejecutivo está abierto a dialogar al respecto.
No obstante, para los sarayaku no fue suficiente. Su líder, José Gualinga, anunció que no
negociarán con el Gobierno y esperarán el fallo.
"Damos nuestra confianza, nuestra fe en que la Corte Interamericana sabrá tomar sabiamente,
imparcialmente lo que corresponde la justicia", dijo Gualinda, que llevaba un tocado de plumas
y la cara pintada con rayas negras, como el resto de la comunidad.
El Gobierno, por su parte, envió a una delegación de alto nivel, compuesta, entre otros, por la
ministra de Justicia, Johana Pesántez, y el vicecanciller, Marco Albuja, además de Mera.