1. EL Movimiento de Mujeres del Ecuador:
LAS MUJERES DEL ECUADOR DECLARAMOS Y EXIGIMOS:
Históricamente nuestra lucha social ha constituido la reivindicación y posicionamiento de
nuestros derechos humanos, especialmente los Derechos Sexuales y Reproductivos y el
Derecho a una Vida Libre de Violencias contra las mujeres, en todas sus expresiones.
En los actuales momentos de reforma institucional y normativa jurídica que vive el Ecuador, las
organizaciones de mujeres y feministas, consideramos que las Leyes que se están
implementando en el país deben dar estricto cumplimiento a los mandatos de la Constitución
2008, sobre protección y garantía de los derechos humanos y específicamente de los derechos
de las mujeres.
En esta formulación de las Leyes tiene importancia vital el Código Orgánico Integral Penal que,
en términos generales, está concebido como un código punitivo que intenta “disciplinar” a la
población ecuatoriana, dentro de un control que favorece la implementación de un Estado
represivo y controlado por el poder ejecutivo, que criminaliza el derecho a la resistencia
consagrado en la Constitución y la expresión de los movimientos organizados que buscan la
real implementación del buen vivir; que criminaliza la libre determinación de los cuerpos y
específicamente los cuerpos de las mujeres, negando nuestro derecho a las soberanías y al
libre ejercicio de nuestras sexualidades. Que criminaliza la pobreza y los intentos de la
diversidad de mujeres empobrecidas y excluidas, para organizarse, hablar y actuar juntas
contra todas las explotaciones, discriminaciones y opresiones.
Para nosotras todas, mujeres del campo y la ciudad, del mar y la montaña, indígenas,
mestizas, montubias, afroecuatorianas, este nuevo intento de controlar nuestras vidas, nuestra
libertad para decidir, nuestra posibilidad de vivir una vida sin violencias, con plenitud de
soberanías, de territorios, es una clara muestra de cómo el poder se ejerce desde arriba y sin
consultarnos. Sabemos que este código penal va acompañado de nuevos procesos de
acumulación y explotación, de avance de la frontera extractiva en el país, pero también de una
profundización de las formas de control sobre nuestras decisiones, y cuerpos; a la par que la
garantía de vivir una vida plena, de tener una institucionalidad que garantice la construcción de
la igualdad para las mujeres; está siendo recortada y desmantelada. Este código está hecho
para que cuando el consenso y los intentos de frenar los conflictos sociales no sean efectivos,
exista un marco normativo que pretende reformular el sistema de justicia para convertirlo en un

2. sistema que continúa castigando a mujeres, indígenas, campesinas, a los y las más pobres del
país. Código para todos quienes con nuestra sola existencia develamos los límites
estructurales de este gobierno.
Al querer impulsar un código penal como el actual, el poder deja ver que en esta arremetida
capitalista y patriarcal, conservadora y extractivista se va desmontando las bases materiales y
simbólicas, los territorios, relaciones de hermandad que permitirían construir una nueva forma
de organizar las relaciones entre todos y todas, hombres, mujeres, otras identidades sexuales,
campesinos y citadinos. El capitalismo necesita actuar con los territorios que aun no le
pertenecen, que aun nos pertenecen. No solo quieren volver nuestras tierras espacios privados
para empresas mineras, camaroneras, de agronegocios, madereras, pesqueras y florícolas, si
no que además pretenden ser dueños del territorio más nuestro: nuestro cuerpo. Este
capitalismo patriarcal que oprime a las mujeres le urge romper con nuestras relaciones
comunales, solidarias, para controlarnos y volvernos miedosas, subordinadas y silenciosas,
necesita anular nuestro derecho a decidir, a vivir sin violencia, a vivir el buen vivir, necesita
callarnos, no concibe que nosotras seamos quienes decidamos si queremos ser madres o no y
en qué circunstancias. Su crueldad llega a niveles tan innombrables que nos obligan
abiertamente a que si somos violadas no tengamos siquiera la posibilidad de decidir si
queremos interrumpir nuestros embarazos o no.
Pero nosotras no estamos dispuestas a que este Estado colonial, racista, explotador, patriarcal
organice nuestras vidas sin consultarnos. Por esto, desde nuestra unidad en las diversidades,
exigimos:
1. ¡Por el Derecho a la toma de decisiones libres e informadas y las soberanías de
nuestros cuerpos! La Despenalización del Aborto es un tema de Justicia Social y Salud
pública que debe considerar los profundos problemas sociales, las altas tasas de mortalidad
materna y el actual contexto de vulneración al penalizar el libre desenvolvimiento y desarrollo
integral de miles de mujeres y la ausencia de garantía del Estado hacia víctimas de violencia
sexual que genera condiciones de revictimización y de retrocesos en la protección de
derechos.
2. ¡Por el Derecho a una vida libre de violencias física, psicológica, sexual, económica,
patrimonial y política! El costo social, político y económico que hemos pagado las mujeres en
la lucha por la reivindicación de nuestros derechos es alto, donde la vida de las víctimas de
violencia muchas de las veces ha sido el precio. Exigir al Estado la garantía de la protección
de mujeres víctimas de violencia, continúa y continuará siendo una constante lucha de la cual
no renunciaremos, aún si el precio a pagar siga siendo nuestras vidas. En el año 1995
logramos que el Estado sancione la Violencia contra la Mujer en la Ley 103. Demandamos el
mejoramiento de las acciones y mecanismos de protección adecuados para asegurar la vida de
las mujeres.
3. ¡Por el Derecho a la Protección de nuestra Integridad Sexual en todos los ciclos de
nuestras vidas! El actual proyecto del COIP reduce la figura del Abuso Sexual que afecta
mayoritariamente a niñas, adolescentes y mujeres, a una forma de vulneración a su integridad
sexual negando su verdadera dimensión. Por ello exigimos la determinación de figuras penales
apropiadas y armonizadas con el espectro internacional de protección que tutelen el derecho a
la libertad sexual, donde además la lucha contra la Trata con fines de explotación sexual y
laboral sea priorizada evitando el crecimiento de economías ilícitas con la venta de nuestros
cuerpos.
4. ¡Por la tipificación del femicidio y el feminicidio! Es urgente la tipificación del asesinato
de las mujeres tanto en las relaciones de pareja (femicidio) como desde el Estado (feminicidio),
para sancionar y erradicar la violencia feminicida y el feminicidio, pues son formas extremas de

3. violencia de género contra las mujeres, producto de las violaciones de sus derechos humanos
en los ámbitos público y privado. Tipificar el feminicidio responde a la necesidad de enfatizar el
carácter estructural de la violencia contra las mujeres, que no ocurre como resultado de la
patología de los agresores o sólo en las relaciones de parejas, sino que también interpela al
Estado, que con acciones, omisiones y permisividades mantiene la impunidad, sin establecer
procedimientos claros para la prevención, investigación y sanción de estos graves delitos de
género.
5. ¡Por el Derecho a la Protesta Social! Nosotras, conocedoras de la importancia de la
movilización social, nos unimos a las voces de los movimientos sociales y condenamos las
propuestas para criminalizar la protesta social. Esta ilegítima pretensión atenta contra la
auténtica democracia y vulnera derechos constitucionales a la organización, legitimidad y
resistencia social, bases indispensables para ejercer las libertades. Por ello, exigimos la
derogación de todas las normas que atenten contra expresiones democráticas como la
organización, protesta social y derecho a la resistencia de los pueblos.
¡El MOVIMIENTO DE MUJERES DEL ECUADOR está más vivo que nunca!. Nosotras
jamás perderemos la capacidad de indignación ni renunciaremos a nuestro derecho a
protestar frente a las injusticias e inequidades que solo generan violencia y muerte.
¡LUCHADORAS, SIEMPRE! ¡PASIVAS, JAMAS!…¡No nos acomodaremos al injusto
sistema! … nos desacomodaremos para cambiarlo!!