La Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra rechaza la actitud tolerante de las autoridades frente a la contaminación minera y exige sanciones a las empresas contaminantes. Recientemente se produjo la rotura de un dique de colas en Potosí que está afectando a 26 comunidades, y también ocurrió una fuga de sulfatos de una tubería en una planta de cobre en Corocoro. Las mujeres deben cargar con los costos ambientales y de salud de la contaminación minera. Se pide a las autoridades que se pongan del lado

1. Pronunciamiento de la Red Nacional de Mujeres en
Defensa de la Madre Tierra
15 Julio 2014. Fuente OCMAL
Escrito por Observatorio de Industrias Extractivas y Derechos
Colectivos
Pronunciamiento de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la
Madre Tierra: Las mujeres de las comunidades indígena originarias,
articuladas en la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre
Tierra, hacemos conocer nuestro rechazo a la actitud tolerante de las
autoridades frente a la contaminación minera, siendo que a la fecha
han ocurrido varios casos que no han merecido una sanción y al
contrario se está permitiendo la impunidad de quienes por su
irresponsabilidad dañan a nuestra Madre Tierra.
En los últimos días se ha producido la rotura del dique de colas de
alta contaminación de la Empresa Minera Santiago Apóstol en la
localidad potosina de Canutillos, en el municipio de Tacobamba,
conforme a informes de autoridades ambientales se estaría afectando
a 26 comunidades de 9 municipios de Chuquisaca con niveles
superiores a los límites permisibles en compuestos como sodio,
manganeso, hierro, cromo entre otros y que ponen en riesgo la salud
de las poblaciones, el ingreso de las aguas a la cuenca del Pilcomayo
agrava su nivel de contaminación y pone en peligro a centenares de
habitantes de Potosí y Tarija. Y de forma consciente las autoridades
reconocen que no hay controles de los diques de colas.
Cabe recordar que desde la pasada semana comunarios de Vitichi,
Caiza D, Chaquí y Puna pertenecientes a 4 municipios de Potosi
realizaron acciones de incidencia para la defensa del agua con un
bloqueo de caminos exigiendo “cero” contaminación minera y la

2. reacción de las autoridades fue arrestar a sus dirigentes y reprimir
policialmente a quienes se defienden contra la contaminación.
Otro caso, que no ha recibido atención es la fuga de sulfatos por la
rotura de una tubería que lleva sustancias químicas al dique de colas
de la planta de cobre de la empresa minera Corocoro, causando la
contaminación del río Huaychuni con sulfatos, siendo que la única
acción de las autoridades ante esa denuncia fue el compromiso de
monitoreo y declaraciones minimizando los posibles daños en las
poblaciones afectadas. Podemos citar también las descargas directas
de los desechos de la empresa minera Huanuni al río Huanuni que en
su recorrido ingresa al lago Poopó sin ningún tratamiento, o los
muchos incidentes de empresas transnacionales que no son
reportados.
Pero lo que más indigna es, que quienes están pagando los costos de
la contaminación minera son nuestras comunidades, nuestras
familias, porque hasta ahora no vemos que se sancione a los
contaminadores, ni siquiera que se ordene la paralización de las
actividades contaminantes. Somos la mujeres, quienes una vez más
debemos cargar con el costo y los impactos de la contaminación
minera; ya que a diario tenemos que ir en busca de agua limpia, vivir
el estrés por la contaminación del agua, su escasez, los riesgos en el
consumo de alimentos con presencia de contaminantes en nuestras
familias, los impactos de bajos rendimientos en la producción
agropecuaria, los problemas en la salud de la familia, el despojo de
nuestras tierras vulnerando nuestros derechos como mujeres. Todo
eso constituye en una forma de violencia medioambiental contra la
mujer, que goza de impunidad y tolerancia desde el Estado y los
operadores mineros.
Por estas razones nos sumamos a las demandas de cero
contaminación minera y pedimos a las autoridades que se pongan del
lado de las poblaciones afectadas y no a justificar a las empresas
mineras. Basta de minimizar los accidentes ambientales mineros y los
costos ambientales. Rechazamos la represión policial y la
criminalización de quienes defendemos la madre tierra y le hacemos
frente a la contaminación. Exigimos sanciones inmediatas a las
empresas contaminantes, basta de tanta irresponsabilidad, es hora
de hacer cumplir las leyes, la Constitución Política del Estado, ley de
Medio Ambiente, y los Derechos de la madre Tierra.
Bolivia, 14 de julio de 2014