En el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba las mujeres fueron objeto de violencia de género por cuenta de la llegada del bloque Mineros de las autodefensas. / AFP

1. Los 'paras' se ensañaron con las mujeres
En el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba las mujeres fueron
objeto de violencia de género por cuenta de la llegada del bloque
Mineros de las autodefensas. / AFP
8 JUL 2014 – Por: María Flórez. El Espectador
Los monstruosos crímenes que los ‘paras’ ejecutaron contra las
mujeres del Bajo Cauca antioqueño.
Fueron víctimas de esclavitud y tortura
“Este sujeto Cobra me llevó hasta el parque. Cuando llegué allí miré a
mi mamá, que se encontraba al frente de una casa sentada; había
paramilitares al lado de ella, luego supe que la habían asesinado. De
ahí me llevaron con otros paramilitares, que me tiraron al piso y me
violaron. Luego salí para mi casa y no le comenté lo sucedido ni a mi
propia familia”. Este desgarrador testimonio es de una víctima de la
masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997, y hace parte del
contexto de violencia contra las mujeres que elaboró recientemente
el Tribunal de Medellín en el control de cargos contra seis
excomandantes del bloque Mineros de las autodefensas.
En el documento, de 822 páginas, el Tribunal incluyó un dramático
apartado en el que describe los monstruosos crímenes que los ‘paras’
ejecutaron contra las mujeres del Bajo Cauca antioqueño y el
municipio cordobés de San José de Uré, como un valioso aporte a “a
la identificación de víctimas cuyos hechos han sido históricamente
invisibilizados”. Lo que encontró fue, por decir lo menos,
espeluznante.

2. En una incursión armada que los ‘paras’ realizaron en agosto de 2002
en el corregimiento La Granja (Ituango), paramilitares violaron y
humillaron a varias mujeres campesinas. Cuenta una de ellas que “los
hombres cogieron a mi esposo y lo amarraron, lo tiraron boca abajo.
Uno de ellos me cogió del brazo y me metió a la habitación. El tipo
estaba encima mío, parecía el comandante”. Otra mujer contó que la
violaron, aun cuando estaba embarazada, por lo que casi pierde su
bebé.
Se conocieron, además, casos en que los altos mandos tuvieron
esclavas sexuales. Alexánder Bustos Beltrán, comandante del frente
Barro Blanco, habría sido uno de los mayores responsables de estos
hechos en el área de operación del bloque Mineros. Incluso, violó y
esclavizó a las combatientes que integraban sus propias filas.
Familias enteras tuvieron que desplazarse para impedir que sus hijas
cayeran en las garras de los ‘paras’. En 1999, en Tarazá (Antioquia),
la familia de la ganadora de un reinado de belleza se fue del
municipio por temor a que alias Lagartija, un pariente de Cuco Vanoy,
abusara de ella.
Los paramilitares también asesinaron a los novios o esposos de las
mujeres que deseaban y, en otros casos, mantuvieron relaciones
sentimentales con mujeres comprometidas, bajo la presión de las
armas. Al respecto, Luis Carlos García, alias Cedro, dijo que “ yo tuve
relaciones de ese tipo. Seguro que los esposos se enteraban, pero se
abstenían de hacer algún reclamo, porque a un grupo armado ilegal
no se le puede reclamar nada”.
Uno de los hechos más sanguinario, calcado de La Violencia de los
años 50, fue el crimen cometido contra Berta Céspedes, quien tenía
seis meses de embarazo y fue asesinada por hombres al mando de
Luis Alberto Chavarría, alias Lucho Mico, quienes “le abrieron el
abdomen, le sacaron el feto y lo enterraron de manera superficial,
dejándolo encima del cadáver”. Para el Tribunal, “los homicidios en
tales condiciones constituyen una de las más aberrantes
manifestaciones de la violencia de género”.
Otras mujeres fueron torturadas con choques eléctricos, obligadas a
cocinar, a vender sus animales por precios irrisorios y a prestar sus
bienes a los miembros de la organización. Las que se negaron fueron
golpeadas, amarradas y, en algunos casos, asesinadas. En Córdoba,
“a una señora la amarraron a un palo y le dieron tanto ‘plan’ como
‘juete’. Duraron como tres días con ella por allá porque no les quiso
prestar unas mulas”. Los paramilitares también sometieron a las
mujeres a tratos degradantes, especialmente cuando las acusaban de
“ser chismosas”. Algunos desmovilizados que delinquieron en
Caucasia y Tarazá (Antioquia) confesaron haberlas obligado a barrer
las calles y a “trotar en formación” como escarmiento.

3. Pese a este importante esfuerzo del Tribunal y de la Fiscalía por hacer
visible la violencia de género, la justicia enfrenta un enorme reto para
condenar a los responsables y atender a las mujeres que fueron
víctimas de violencia sexual en desarrollo del conflicto armado. El
Auto 092 de 2008, en el cual la Corte Constitucional le ordenó al ente
acusador avanzar rápidamente en la investigación de 183 casos de
ese tipo, ha pasado prácticamente de agache en la Fiscalía. A finales
del año pasado, las 12 organizaciones defensoras de derechos
humanos que integran la Mesa de Seguimiento al auto revelaron que
tan solo tres de los 183 crímenes cuentan con una condena.
Según Linda Cabrera, abogada de Sisma Mujer, una de las
organizaciones que integra la Mesa, “la impunidad es casi total.
Noventa y cinco de los casos llevan años en etapa preliminar, por lo
que muy seguramente van a ser archivados”. De ahí que las
organizaciones de mujeres se pregunten: “Si los casos que tienen una
orden de respaldo de la Corte no avanzan, ¿qué pasará con el resto,
que son casi todos?”.
El Tribunal de Medellín también llamó la atención sobre el subregistro
del número de violaciones, “ya que se tienen reportadas en las bases
datos de la Fiscalía más de 7.000 víctimas del bloque Mineros y sólo
26 casos de violencia sexual denunciados”. Tras nueve años de
Justicia y Paz aún faltan por conocer muchos de los crímenes que los
‘paras’ cometieron contra las mujeres, quienes con más rigor y
fortaleza han soportado los estertores de la guerra
mflorez@elespectador.com / @elenaflorezr