El documento describe las estrategias contrainsurgentes de Estados Unidos dirigidas a territorios indígenas en México, incluyendo expediciones de mapeo de tierras comunales bajo el pretexto de investigación académica. Estas expediciones son coordinadas por militares estadounidenses y tienen como objetivo incorporar estas tierras al modelo de propiedad privada, despojando a las comunidades indígenas. El documento también analiza cómo las reformas neoliberales de México podrían aumentar los movimientos de protesta indígena, lo que

1. La estrategia contrainsurgente estadounidense contra los
territorios comunales indígenas
Escrito por Renata Bessi y Santiago Navarro F.
Kaos en la Red 25 Agosto 2014
Los territorios comunales indígenas y campesinos son una piedra en
el zapato para los intereses económicos de las transnacionales y de
las élites locales. Por eso, EEUU camufla de misiones académicas las
acciones de contrainsurgencia dirigidas a despojar de las tierras a las
comunidades. Revelador trabajo de Renata Bessi y Santiago Navarro.
En el año 2006 un equipo de geógrafos de la Universidad de
Kansas realizaron una serie de mapeos de tierras comunales de la
Sierra Norte de Oaxaca, bajo el proyecto denominado México
Indígena, como parte de las Expediciones Bowman. Esto con el
objetivo de incorporar por la fuerza o por la vía de acuerdos, los
territorios indígenas al modelo corporativo transnacional de
propiedad privada, con el argumento esencialista propagado
por Geoffrey B. Demarest, que afirma que no hay paz sin propiedad
privada. Dichas expediciones de interés estratégico para los Estados
Unidos, con fines militares y geopolíticos, ha sido coordinadas desde
el inicio por Peter Herlihy y el propio Demarest, este último teniente
coronel del ejército de dicho país.
Aldo Gonzales Rojas, director de Vigencia de Derechos Indígenas
del gobierno de Oaxaca afirma:
Las expediciones Bowman están dentro de la lógica de
contrainsurgencia de los Estados Unidos y lo denunciamos en
el año 2009. Estas expediciones estaban haciendo una investigación

2. sobre la información geográfica que poseen las comunidades
indígenas de la Sierra Juárez. Los investigadores ocultaron que
estaban financiados por El Pentágono. Y creemos que esta
investigación era una especie de piloto para ensayar como
podrían hacer investigación en otros lugares del mundo en
relación con pueblos indígenas y sus tierras comunales.
De acuerdo con el investigador y antropólogo Gilberto López y
Rivas, “los agentes de las expediciones consideran que las formas
de propiedad comunal, colectiva y autónomas de las tierras
representan un obstáculo para los planes de desarrollo que ya
se están ejecutando de una forma muy agresiva, donde hay capital
de empresas mineras, farmacéuticas, energéticas, entre otras”. Las
tierras comunales en México se reconocieron después de la
Revolución Mexicana —en el año 1917— y han estado bajo
posesión de los pueblos indígenas desde tiempos inmemorables.
El geógrafo y profesor de la Universidad de Colorado, Joe Bryan,
afirma que como punto de referencia a esta ofensiva hacia las
tierras comunales, está el Comando Sur del ejército de los
Estados Unidos, uno de los diez que dicho país tiene desplegados
en el mundo y que abarca el área relativa al Sur del continente
Americano, América Central y el Caribe.
Han vuelto la vista donde no hay presencia estatal y ausencia de
propiedad [privada]. Van buscando áreas comunales y presentan
esas áreas como propicias para el narcotráfico y el crimen. Así
que el Comando del Sur está buscando como hacerse socio de los
gobiernos y de ONG en Latinoamérica y con ese fin utilizan, por
ejemplo, la operación llamada Misión Continua, que promueve
servicios de salud a las comunidades, como método de ocupar el
territorio y de contrainsurgencia.
El pensamiento de Demarest, como ideólogo o intelectual orgánico
de estas expediciones, considera que la propiedad colectiva de la
tierra es la matriz de la delincuencia y de la insurgencia y por ello
hay que destruirla. Demarest es uno de los militares que formó
la Escuela de las Américas, administrada por el Ejército de los
Estados Unidos y fundada desde 1946 en Panamá con el objetivo de
entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y
contrainsurgencia. En los últimos años graduados de la Escuela de las
Américas han participado en asesinatos en Colombia; han sido parte
del grupo narcotraficante Los Zetas en México; y han estado
involucrados en el golpe de estado en Honduras en el año 2009,
como lo demostraron los activistas estadounidenses de SOAW,
quienes ganaron una demanda en contra Departamento de Defensa
en febrero del año 2013.

3. “Demarest es uno de los coordinadores de estas expediciones.
Fue entrenado en la Escuela de las Américas, posteriormente fungió
como agregado militar de la embajada estadounidense en Guatemala
en los años de 1988 y 1991, donde se implementó un proyecto
contrainsurgente que provocó terribles masacres contra poblaciones
indígenas”, asegura López y Rivas.
Manual de contrainsurgencia
Según el manual del ejército de los Estados Unidos (FM-3-24,
MCWP 3-33.5), que marca los puntos estratégicos para desarticular
cualquier forma de insurgencia, publicado en mayo del año 2014,
bajo el título Insurgencies and Countering Insurgencies, cuando los
elementos de una población crecen insatisfechos con el status quo y
están dispuestos a luchar para cambiar las condiciones a su favor,
utilizando tanto medios violentos y no violentos para afectar
un cambio en la autoridad que prevalece, están dadas las
condiciones para el surgimiento de insurgencias.
En ese mismo sentido, este manual está hecho para contrarrestar
cualquier tipo de insurgencia con distintos métodos y en colaboración
de lo que se considera como Socios de Acción Unificada, una
colaboración en un esfuerzo integral que va desde empresas
nacionales o multinacionales y Organizaciones Gubernamentales y No
Gubernamentales, hasta la presencia de organismos
intergubernamentales como las Naciones Unidas. “Las organizaciones
regionales como la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y de la Unión Europea (UE) o de organizaciones mundiales
como las Naciones Unidas pueden participar en algunas de las
operaciones de contrainsurgencia. Las Naciones Unidas, en particular,
tiene muchas agencias subordinadas y afiliadas activas en todo el
mundo”, dice textualmente el manual.
La academia en la contrainsurgencia
Cada año la Iniciativa Minerva, con fondos del Pentágono que,
entre otros proyectos, busca mapear 59 pueblos indígenas en
Centroamérica, premia a doce proyectos de 300 que se
presentan. En el año 2013, premió a un proyecto que se va a llevar a
cabo en Honduras con respaldo de la Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán, empleando como asistentes de
investigación a indígenas y mestizos para mapear la zonas de
propiedad comunal a destruir o aniquilar”, afirma López.
En el año 2013 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
aprobó un presupuesto de 1,5 millones, con posibilidad de ampliarlos
a 3 millones de dólares para Jerry Dobson y otros investigadores para

4. poder continuar con las Expediciones Bowman, ahora con el
programa de investigación Minerva. “La Iniciativa Minerva es un
consorcio que se mueve en relación a los intereses del Pentágono y
contacta a las mejores universidades de Estados Unidos y subsumen
a universidades latinoamericanas que se prestan para recibir
fondos del departamento de estudios militares del
Pentágono para realizar investigación para la contrainsurgencia”,
manifiesta López.
Así, hay por lo menos 12 proyectos de investigación con
financiamiento del Pentágono y canalizados por la Iniciativa
Minerva para recabar datos para la contrainsurgencia. “Otro
proyecto canalizado por la Iniciativa Minerva es el megaproyecto de
la Universidad de Washington, en colaboración con Harvard que
busca estudiar, el origen, las características y las implicaciones
de los movimientos políticos de 23 países, contando con una
base de datos de 58 países proporcionada por la Iniciativa Minerva,
pretendiendo hacer un mapeo de los movimientos sociales en espacio
y tiempo”, sostiene López.
El caldo de cultivo de los movimiento indígenas
Las últimas reformas aprobadas en México, que tienen que ver
con la privatización de la educación y el petróleo, por mencionar
algunas, impactarán directamente en la vida de más de 80
millones de mexicanos, considerando que el 40 por ciento del
gasto público del país han sido financiado con ingresos de Petróleos
Mexicanos (Pemex), que en teoría destina dichos ingresos a
educación, salud, infraestructura, seguridad y programas sociales. Un
impacto que se verá reflejado también en el aumento del costo de la
canasta básica, factor principal del aumento de la pobreza en México.
Estas reformas son solo la punta del iceberg de lo que podría ser un
caldo de cultivo que comienzan a provocar y agudizar nuevas
movilizaciones sociales —pacíficas y violentas— en este país,
catalogadas como movimientos insurgentes. Solo en tres sexenios de
gobierno se concesionaron a empresas mineras casi la misma
cantidad de tierras repartidas tras la Revolución Mexicana de
1910. Más de 94 millones de hectáreas concesionadas, una
gran parte de estas concesiones se localizan sobre territorio
indígena, a quienes no se les informó nada sobre el asunto. Desde
diciembre del año 2013 Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el
Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, ya había previsto
que los movimientos sociales se agudizarían al señalar que “la
situación propiciada en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox
y Felipe Calderón podrían provocar confrontaciones sociales en las
zonas afectadas”.

5. La reforma sobre la ley de hidrocarburos, junto con la reforma
educativa, la fiscal y la financiera, atentan contra los pueblos
indígenas y el pueblo de México en general, da pase libre a las
empresas transnacionales para expropiación de tierras, en lo que
el artículo 33 denomina “para utilidad pública”, lo cual contempla a
las tierras comunales. Las comunidades solo tienen en su jurisdicción
hasta 30 cm del subsuelo, después de ahí este es de ámbito federal.
Esto “abre la puerta a la expropiación de terrenos por supuesta
utilidad pública, a afectaciones, incluso a reservas de la biósfera,
también a una serie de violaciones a los derechos humanos”,
afirmó en la discusión que al respecto se dio en el Congreso, el
senador Zoé Robledo.
Estas reformas vienen acompañadas desde los primeros 16 meses de
gobierno del mandatario de México, Enrique Peña Nieto, con un
aumento de la criminalización del activismo y la lucha social en este
país. Las desapariciones y detenciones forzadas ya son
incuantificables. “Desde aquí le decimos a Peña Nieto que no va a
ser posible que decida por nosotros, porque nuestros pueblos
están organizados, estamos decididos a que nos maten, pero no
vamos a ceder las tierras a nadie”, sostuvo Felipe Flores, que
junto a otras comunidades indígenas se oponen a la construcción de
una de la presa hidroeléctrica de La Parota, en el estado
de Guerrero, al sur de México.
Para López, las luchas sociales están viviendo un contexto de
militarización y contrainsurgencia, en donde se ve un Estado
autoritario que usa la violencia selectiva, como lo hizo durante la
guerra sucia de los años 60 y 70, con las desapariciones forzadas, los
encarcelamientos y la persecución.
Guerra irregular
Las comunidades indígenas, donde se encuentran las bases de
apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en
Chiapas, son una muestra viva donde se aplican los mecanismo de la
denominada guerra irregular, como lo determinan los manuales
de contrainsurgencia.
Afirma Gilberto López y Rivas: “No es una Guerra de Baja
Intensidad, sino una Guerra de Desgaste Integral, que va desde
la cooptación de comunidades con programas asistenciales de
gobierno, que siguiendo el manual de contrainsurgencia es quitarle el
agua al pez, pero también se crean peces bravos al servicio del
Estado que atacan a los peces insurgentes, es decir, grupos
paramilitares de la misma comunidad, quienes son los que
perpetraron el último ataque al movimiento zapatista, un movimiento
que no ha realizado ningún acción ofensiva en estos últimos 20 años,

6. porque tomaron la vía del apoyo a las autonomías de sus
comunidades”.
En los primeros días de agosto del año 2014, las comunidades
zapatistas realizaban un encuentro con pueblos indígenas de
México pertenecientes al Congreso Nacional Indígena (CNI) llamada
Primera Compartición de los Pueblos Zapatistas y los Pueblos
Originarios de México «Compañero David Ruiz García», cuando un
grupo armado del Ejido Pojcol realizó actos de ocupación y
hostigamiento hacia integrantes de la Comunidad Autónoma de
Egipto. Por esta razón y tratando de evitar un posible ataque, el 2 de
agosto de 2014, 32 personas —mujeres, niñas, niños y ancianos— se
desplazaron forzadamente, caminando durante toda la madrugada,
hasta llegar a otro pueblo zapatista en donde actualmente les
albergan, tratando de evitar una confrontación.
Oaxaca, peligro de insurgencia
Desde el levantamiento armado del EZLN en 1994 y desde la firma de
los acuerdos de San Andrés, en 1996, sobre derechos y cultura
indígena, la gran mayoría de los pueblos indígenas de México
hicieron eco de las exigencias plasmadas en ellos. Oaxaca,
siendo mayoritariamente indígena, provocó preocupación para el
gobernador en turno, Diodoro Carrasco Altamirano, y el entonces
presidente de México, Ernesto Zedillo, quienes optaron por
implementar una política de contención indigenista con una serie de
reformas a la constitución local de dicho estado. Las reformas fueron
acompañadas de una estrategia contrainsurgente elaborada por el
Centro de Estudios Gubernamentales de Oaxaca, que siguió las
mismas tácticas de contrainsurgencia implementadas por la Escuela
de las Américas, quien desde 1953 y hasta 1996, había recibido a
cerca de mil efectivos militares de México para tomar cursos de
capacitación, según consta uno de los capítulos del informe histórico
de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del
Pasado (Femospp).
Es así como en 1996, a partir de estas tácticas de
contrainsurgencia, en todo el estado de Oaxaca se implementaron
acciones políticas para cooptar o comprar líderes sociales, tareas de
inteligencia, se crearon grupos paramilitares, como el de ‘Los
entregadores’ en la región Loxicha, un grupo a sueldo de los
caciques y cuya labor más importante era la delación:
entregaban a los presuntos guerrilleros y realizaban acciones de
tortura, asesinato selectivo, violación de mujeres y detenciones
arbitrarias. De más de 150 indígenas detenidos en ese periodo,
hay siete presos políticos aún, mismos que son conocidos como “Los
presos Loxicha”.

7. En el año 2006 durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, se
volcaron a las calles más de 2 millones de personas que pedían
la destitución de dicho gobernador. Desde entonces las tácticas de
contrainsurgencia han sido renovadas constantemente en esta región
del país. Desde este periodo de gobierno, la ciudad de Oaxaca es
una de las mas vigiladas del mundo con tecnología C4 Inteligente,
con más de 230 cámaras que forman parte del Centro de Comando,
Control, Comunicación y Cómputo (C4), que entre otras
actividades no sólo filma y guarda los datos recabados en cada
una de las áreas monitoreadas, sino que también es capaz de
detectar rostros, gestos y rasgos, apoyados por sordomudos que
analizan cada movimiento.
La guerra en sus diferentes fases, define un terreno de acción y
un enemigo a reducir o controlar, en este caso, parece ser que los
pueblos indígenas son el enemigo potencial que representan
un peligro al conservar sus territorios de forma comunal o con
proyectos autogestivos o autonómicos, donde la resistencia y la
cohesión comunitaria, arma principal de la lucha de los pueblos
indígenas, contrasta con el poder bélico y destructivo de los
gobiernos y las empresas.
Fuente: http://otramerica.com/temas/conoce-la-estrategia-
contrainsurgente-contra-territorios-comunales-indigenas/3237