Cuando el poder ejecutivo no puede evitar las manifestaciones en las calles, o es condenado por la represión, interviene el legislativo para legalizar el uso de la fuerza y la restricción de derechos.

1. El Estado mexicano, obsesionado por el control del espacio
público
Fuente: Biodiversidad en América Latina y el Caribe. 21 de julio 2014
Cuando el poder ejecutivo no puede evitar las manifestaciones en las
calles, o es condenado por la represión, interviene el legislativo para
legalizar el uso de la fuerza y la restricción de derechos.
Por Carlos A. Ventura Callejas. Desinformémonos
México. Existe una andanada de intentos por restringir la
participación de las personas y pueblos en las decisiones medulares
del país. La organización social es mal vista por los gobiernos, y poco
a poco se construyen entramados legales que dejan al libre arbitrio
de las autoridades la “pertinencia” de las protestas sociales.
En medio de reformas neoliberales, despojos de territorios y bienes
comunes, adelgazamiento de derechos sociales y falta de acceso a la
justicia, las personas y colectivos denuncian esta avalancha de
violaciones sistemáticas a sus derechos. En su mayoría, las
organizaciones sociales se visibilizan precisamente a través de
manifestaciones en el espacio público. La protesta social se configura
como un mecanismo que debe ser considerado por los gobiernos
como privilegiado para la resolución de los asuntos públicos. Es un
indicador del grado de descontento o exigencia que existe entre la
población. Sin embargo, pretenden eliminarla.
Si aumentan las manifestaciones de protesta, es porque hay más
demandas, exigencias y desavenencias con un Estado que no cumple

2. sus obligaciones respecto a la realización de la justicia, la paz y la
vida digna de las personas y pueblos. Las protestas también son
muestra de la crisis del sistema representativo, y a través de éstas
surgen nuevas formas de participación política directa. Si se limitan
las protestas, se coarta la vida de los pueblos y se invisibilizan
problemáticas que conocemos por medio de ellas.
En México, en los últimos meses entramos en un debate sobre
manifestaciones y espacios públicos. Los congresos federal y local
iniciaron la aprobación de legislaciones que limitan derechos
asociados con la protesta social, por ejemplo, los reconocidos en los
artículos 13, 16 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y en los artículos 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
El poder legislativo asume con estas nuevas propuestas de leyes la
restricción de derechos, y argumenta falsamente la protección de
personas a las que se les impiden derechos como el libre tránsito, la
protección de sus propiedades, o bien su derecho a la paz y el orden
público. Privilegian la protección de las instituciones políticas y
económicas antes que a las personas que se manifiestan. En realidad,
buscan acabar de tajo con el derecho fundamental a la protesta
social.
Las legislaturas pretenden, a través de estas argucias, consolidar un
marco regulatorio para las protestas e incluso usar la fuerza pública
para impedirlas. Si la parte administrativa del poder ejecutivo no
puede detener por la fuerza que las personas salgan a la calle a
protestar, entonces la legislación se endurece, y so pretexto del
Estado de Derecho y el orden público, se violentan derechos
humanos.
Desde 2012, con el ascenso del nuevo gobierno federal, el país es
testigo de represiones violentas, detenciones arbitrarias, torturas y
malos tratos en contextos de manifestaciones públicas. La política del
Estado, en lugar de privilegiar las vías del diálogo y la negociación,
invierte el sentido de la fuerza pública y la impulsa hacia las personas
titulares de derechos: pone la yunta delante de los bueyes.
Después de más de un año de este escenario, y ante la reprobación
generalizada de los actos violentos de cuerpos de seguridad, el
Estado giró la estrategia y llevó al campo de lo legal la posibilidad de
reprimir el disenso. Esto es una práctica recurrente en países donde
la brutalidad policial en protestas es evidenciada; el siguiente paso
entonces es legalizar esa represión: se promulgan leyes penales o
administrativas restrictivas de derechos, se penalizan los actos de
organización social y se estigmatizan como dañinos para la sociedad,
se procesa como delincuentes a activistas y líderes comunitarios, y en
los procesos judiciales se anula el debido proceso. Esto genera un

3. artefacto usado por el Estado que denominamos criminalización de la
protesta social.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló, en repetidas
ocasiones, que el uso de la criminalización para inhibir la participación
política de las personas y pueblos hace imposible la construcción de
Estados democráticos. Los Estados tienen que concebir a la protesta,
organización y participación social como conductos para el ejercicio
de muchos otros derechos económicos, sociales, políticos y civiles.
Por ello, deben abstenerse de acallar las voces en las calles, de lo
contrario son, como ahora lo vemos, proclives al autoritarismo.
La ONU estima que las protestas son una alternativa a la violencia, y
un medio principalísimo de expresión que atrae la atención hacia las
preocupaciones relativas a los asuntos públicos y el logro de cambios
favorables para la sociedad, por tanto, es obligación del Estado
respetar, promover y proteger la realización de este ejercicio entre la
población[1].
También es obligación estatal atender el tema del género en las
manifestaciones, pues existen actos brutales contra mujeres por
parte de los grupos de seguridad, que por lo general repercuten en el
ámbito sexual. Es decir, se les ataca intencionada y selectivamente, y
con ello se inhibe su participación en espacios de debate público,
porque ven amenazada mayormente su integridad y seguridad
personal en medio de protestas por el hecho de ser mujeres.
Si existen amplios consensos sobre la importancia de las protestas
sociales para las democracias, entonces ¿qué es lo que temen los
malos gobiernos? ¿Por qué se oponen a las manifestaciones públicas,
sobre todo a las de índole política? ¿Tienen miedo de perder poder,
privilegios y comodidad? El Estado está obsesionado por el control
extremo no sólo en el espacio público, sino también en el digital.
Quienes gobiernan piensan que de esta manera pueden mantenerse
estables en el poder, y por ello no dudan en generar políticas de
vigilancia y control de la sociedad.
Diversas organizaciones, movimientos y colectivos sociales
emprendimos una fuerte denuncia contra los intentos de limitar el
derecho a la protesta. Hacemos evidente que existe una tendencia a
criminalizar a toda persona o grupo que se presente en los espacios
público y digital con reclamos hacia los gobiernos. El Estado en su
conjunto, mediante un engranaje perverso de los órganos que le
conforman, restringe los derechos de personas que se expresan,
defienden sus derechos y hacen uso legítimo de mecanismos de
exigencia de sus causas[2].
Este tipo de regulaciones cobran sentido cuando vemos el clima
político que vive el país: existe un rechazo hacia la clase política y
empresarial que despoja a las comunidades y pueblos de sus bienes y

4. sus derechos. Los conflictos aumentan por las disputas entre
comunidades y empresas transnacionales. La falta de consulta y
participación en las principales decisiones del país, el clima de
violencia incontenible y la lacerante impunidad y corrupción en las
instituciones hacen que la sociedad levante la voz, intente
transformar y cambiar el rumbo de la realidad de México. Frente a
ello, el Estado se erige como salvaguarda de los intereses económicos
que están en juego, y no titubea en aplicar el “rigor de la ley” a
quiénes osan “desestabilizar el país” y oponerse al desarrollo.
Este Estado usa su maquinaria para contener el descontento social
por la fuerza y en beneficio de enormes capitales nacionales o
extranjeros. Es él quien dicta las reglas del juego y dice quién es
peligroso, violento y contrario al “orden y progreso” del país. Este
Estado ya no está legitimado por el pueblo, sino por la fuerza, el
miedo y la presión. A este Estado nos enfrentamos, y lo denunciamos
ahora como autoritario, violento y contrario a los derechos de
personas y pueblos. Sigamos entonces protestando.
El autor es colaborador del Centro de Derechos Humanos “Fray
Francisco de Vitoria OP”, A.C. e integrante del Frente por la Libertad
de Expresión y la Protesta Social.
21 de julio 2014
Notas
[1] Pueden consultarse diversos informes sobre el tema, por
ejemplo: Informe del Relator sobre derechos a la libertad de reunión
pacífica y de asociación del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, A/HRC/20/27, 21 de mayo de 2012, disponible aquí
(pdf) También véase: Seminario sobre medidas efectivas y mejores
prácticas para asegurar la promoción y protección de los derechos
humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, Informe de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, A/HRC/25/32, 29 de enero de 2014,
disponible aquí (pdf)
[2] Uno de los ejercicios al respecto fue la conformación del “Frente
por la Libertad de Expresión y la Protesta Social” que integran nueve
organizaciones sociales y la Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. En abril
de 2014, este Frente emitió un primer informe sobre los retrocesos
en relación con el derecho a la protesta social: Control del Espacio del
Espacio Público. Informe sobre retrocesos en las libertades de
expresión y reunión en el espacio público, disponible aquí (pdf)
Fuente: Desinformémonos