1. Comunicado ante el cierre de espacios para los defensores y
las defensoras de los derechos humanos en Guatemala
El Equipo de PBI fue testigo del desalojo violento por parte de la
Policía Nacional Civil del plantón de la Resistencia Pacífica de La Puya,
donde las comunidades locales se oponen a la construcción de la Mina
El Tambor
GUATEMALA.- El pasado 1 de julio 2014 el Gobierno de
Guatemala canceló la residencia temporal de dos integrantes
del equipo de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) en el
país, sin explicación de las razones o hechos que motivan la decisión.
Ambos, en cumplimiento de su mandato de observación
internacional, habían sido testigos del desalojo violento por parte de
la Policía Nacional Civil del plantón de la Resistencia Pacífica de La
Puya, donde las comunidades locales se oponen a la construcción de
la Mina El Tambor, el pasado 23 de mayo.
La resolución mencionada constituye un acto que no sólo afecta a las
dos personas citadas, sino que perjudica las posibilidades de
acompañamiento y observación internacional que contribuyen
a proteger espacios no-violentos de resolución de conflictos,
de promoción y reivindicación de los derechos humanos en
Guatemala y de construcción de una paz justa. Ante ello, la
CODPI hace público el siguiente comunicado.
COMUNICADO ANTE EL CIERRE DE ESPACIOS PARA LOS
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
GUATEMALA

2. La Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas
(CODPI) es una plataforma de organizaciones del Estado español
comprometidas con los derechos indígenas, que agrupa a Almáciga,
alterNativa Intercambio con los Pueblos Indígenas, Mugarik Gabe y la
Associació Perifèries. Entre los países con los que nos unen lazos de
solidaridad y cooperación se encuentra Guatemala, donde hemos
trabajado al lado de los pueblos indígenas, sus comunidades y
organizaciones, apoyando las demandas por la construcción de un
Estado incluyente. Somos, por tanto, conocedoras de la
preocupante situación de vulnerabilidad en la que los y las
activistas por los derechos indígenas y por la defensa de los
territorios y los bienes naturales desempeñan sus tareas,
especialmente en el actual escenario de cierre de espacios de diálogo
y agravamiento de los procesos de criminalización.
En este marco y en los últimos días, hemos tenido conocimiento de
que el pasado 1 de julio 2014 la Dirección General de Migración
(DGM) del Gobierno de Guatemala canceló la residencia
temporal de dos integrantes del equipo de las Brigadas
Internacionales de Paz (PBI) en el país, de nacionalidad chilena
y española, sin explicación de las razones o hechos que motivan la
decisión. Ambos, en cumplimiento de su mandato de observación
internacional, habían sido testigos del desalojo violento por parte de
la Policía Nacional Civil del plantón de la Resistencia Pacífica de La
Puya, donde las comunidades locales se oponen a la construcción de
la Mina El Tambor, el pasado 23 de mayo.
La resolución mencionada constituye un acto que no sólo afecta a las
dos personas citadas, sino que perjudica las posibilidades de
acompañamiento y observación internacional que contribuyen a
proteger espacios no-violentos y no-injerentes de resolución de
conflictos y de promoción y reivindicación de los derechos humanos
en Guatemala.
Ante esta situación, la CODPI quiere:
1. Respaldar la labor de defensores y defensoras de derechos
humanos en Guatemala y su derecho de recibir acompañamiento por
parte de PBI y de otras organizaciones.
2. Recordar al Estado guatemalteco su obligación de proteger
a los defensores y defensoras de derechos humanos, según los
compromisos contraídos con la firma de los tratados internacionales
en la materia.
3. Expresar nuestra más honda preocupación por la cancelación
de la residencia temporal en Guatemala a dos personas voluntarias
de PBI, y respaldar la labor de acompañamiento y observación
internacional que esta organización viene realizandoen

3. Guatemala desde hace más de 30 años, respondiendo a la petición de
organizaciones y actores sociales que enfrentan amenazas y
agresiones debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos,
actuando siempre dentro del marco legal del país y contando con los
debidos registros y acreditaciones.
4. Solicitar al Estado de Guatemala que anule las resoluciones
injustificadas de la DGM del 1 julio, de manera que las dos
personas voluntarias de PBI recuperen la residencia temporal que
había sido otorgada en su favor y que reconozca la importancia
de la labor que realizan en Guatemala las organizaciones
internacionales de acompañamiento cuando lo solicitan ciudadanos
y entidades guatemaltecas que sufren la violación de sus derechos
humanos.
5. Solicitar a las instituciones públicas del Estado español,
especialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(MAEC) y a la Embajada de España en Guatemala, que se interesen
por la situación de los acompañantes de PBI afectados por la
resolución, y hagan valer sus derechos.
6. Hacer un llamado a todas aquellas organizaciones y
entidades sociales y comunitarias, autoridades indígenas y
organismos internacionales preocupadas por los derechos
humanos en Guatemala para que muestren su solidaridad con PBI y
expresen su preocupación por este nueve cierre de espacios.
Porque la paz con justicia y dignidad sólo se puede construir en
un marco de total respeto hacia los derechos humanos,
individuales y colectivos de todas las personas y todos los
pueblos.
A Coruña, 8 de julio de 2014
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