"Colocaron sus demandas en lugar destacado de la agenda política y gestaron la primera crisis de gobierno en décadas. Buena parte de la población entendió que está en juego la soberanía alimentaria y que el TLC la vulnera. Establecieron una potente confluencia entre los principales actores rurales, movilizándose de forma pacífica, sin crear un aparato que los hegemonice desde arriba. Su voz estará en las negociaciones de La Habana aunque ellos no formen parte de la cita."

1. Colombia, el retorno triunfal del campesinado
"Colocaron sus demandas en lugar destacado de la agenda política y
gestaron la primera crisis de gobierno en décadas. Buena parte de la
población entendió que está en juego la soberanía alimentaria y que
el TLC la vulnera. Establecieron una potente confluencia entre los
principales actores rurales, movilizándose de forma pacífica, sin crear
un aparato que los hegemonice desde arriba. Su voz estará en las
negociaciones de La Habana aunque ellos no formen parte de la cita."
“Estamos ante los dolores de parto de una nueva criatura que lleva
gestándose 50 años”, escribe Alfredo Molano Bravo, sociólogo,
escritor y uno de los más lúcidos y comprometidos periodistas de
Colombia[1]. Sostiene que lo que está sucediendo, las masivas
movilizaciones en el campo y las ciudades, “no es otra cosa que las
demandas represadas, y reprimidas a balazos, durante muchos
años”.
Desde el 19 de agosto el paro agrario nacional que movilizó a miles
de campesinos en todo el país confluyó con las demandas de
camioneros, cafeteros, pequeños y medianos mineros y de un amplio
conjunto de productores de alimentos que atraviesan una profunda
crisis que los está forzando a abandonar tierras y cultivos que han
sostenido con mucho esfuerzo.
Lo nuevo no es sólo la confluencia de demandas y protestas sino
también la articulación de actores a través de la Mesa Agropecuaria y
Popular de Interlocución y Acuerdos (MIA). Sectores que
habitualmente no tienen vínculos ni relaciones fluidas, fueron capaces
de acordar demandas y establecer jornadas de protesta comunes.
La respuesta inicial del gobierno de Juan Manuel Santos fue la
represión. Un comunicado de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina
y Popular destaca que en los últimos meses la represión causó doce
muertos, cuatro desaparecidos, 660 casos de violaciones de derechos
humanos, 262 detenciones arbitrarias, 485 heridos y 21 por armas de
fuego, 52 casos de amenazas y hostigamiento a dirigentes sociales y
51 ataques indiscriminados a la población[2].

2. La persistencia de la movilización a lo largo de casi cuatro semanas y
la inutilidad de la represión para detenerla, convencieron al
presidente de la necesidad de negociar un “Pacto Nacional por el Agro
y el Desarrollo Rural” puesto en escena el 12 de setiembre que no
incluyó a todos los protagonistas. Antes de dar ese paso, Santos se
vio forzado a reestructurar su gabinete, lo que revela la profundidad
del impacto que tuvieron las movilizaciones sociales, las mayores que
conoció Colombia en varias décadas.
Todos contra el TLC
El periodista viajaba en autobús por la carretera que lleva de Cali
hasta Popayán, una inmensa llanura saturada de cultivos de caña. En
cierto momento, cuando transitaban por la zona de lomas donde
despuntan cultivos campesinos, el bus frena en seco. La descripción
de Molano no tiene desperdicio: “Miré por la ventanilla y vi que de las
lomas que dan al occidente bajaban saltando cercas cientos de
campesinos negros. Gritaban y agitaban largos garrotes”.
Del otro lado de la carretera la escena era similar: “No había salido
de mi asombro, cuando vi que del lado opuesto llegaban otros tantos
indígenas con la misma actitud, aunque un poco menos nerviosos,
seguramente por la práctica que tienen de tomarse la carretera
Panamericana. Mezcladas las corrientes, atravesaron los vehículos,
les desinflaron las llantas y nos ordenaron a todos los nerviosos y
obedientes pasajeros que nos bajáramos porque ´la joda va para
largo´”[3].
La descripción desvela lo impensable. Los negros vienen de regiones
mineras “donde se explota el oro con batea desde hace cuatro
siglos”, donde unos años atrás les construyeron una hidroeléctrica
que les quitó tierras y minas. “Ahora, las retroexcavadoras explotan
lechos de quebradas y los paramilitares vuelven a rondar sembrando
el terror para que las comunidades terminen por aceptar la entrada
de las grandes mineras”.
Los indígenas nasa se volcaron a la carretera en demanda de tierras
para sus resguardos (territorios autónomos), por precios para sus
productos, exigen créditos y desmontar los monopolios agrícolas,
caminos para sacar sus cosechas, la desmilitarización de las regiones
y por “libertad de comercio para sus semillas ancestrales”, algo que
hoy está penado con cárcel gracias al TLC.
Lo más notable del relato es la mezcla de corrientes, del movimiento
indio con el afro, algo que raras veces ha sucedido en este
continente, pero que tiene un precedente en esas mismas tierras: en
octubre de 2008 la Minga por la Vida (marcha de 20 mil nasa del Cali
a Bogotá) coincidió con la huelga de doce mil cortadores de caña, casi
todos afrodescendientes. Ahora esa confluencia se multiplicó.

3. César Pachón, vocero de cultivadores de papa y cebolla de Boyacá,
departamento cercano a Bogotá, explica los motivos que los llevaron
al paro el 19 de agosto. “Participamos en el paro papero del 7 de
mayo. También habíamos hecho uno con los cebolleros, el 16 de
noviembre de 2011. Desistimos de los paros anteriores por promesas
del gobierno que nunca cumplió. Ahora vamos a resistir”[4].
Pachón representa a Dignidad papera y Dignidad cebollera de Boyacá.
Se trata de 110 mil familias que dependen de cultivos de papa y unas
17 mil de la cebolla. Cuando le preguntan por las causas del paro, no
duda: “Los efectos desastrosos de los tratados de libre comercio que
aprobaron los dos últimos gobiernos, los altos precios de los insumos
que encarecen la producción, la ausencia de una política agropecuaria
que proteja a los pequeños y medianos cultivadores frente a la
libertad absoluta de importaciones”.
En detalle, explica la ruina de los pequeños productores: “Producir
una carga de 100 kilos de papa cuesta 70 a 75 mil pesos. La
vendemos a 25 mil. La producción de una carga de cebolla está en 65
mil pesos y se vende a 10 mil. Desde que empezó la política de
apertura económica nos ha tocado salir de lo que habíamos
conseguido durante toda una vida. Yo vendí la casa y la finca de mi
familia y ahora lo único que me queda es un carro ¿Cómo voy a
pagar las deudas y comprar los insumos para los cultivos? Y esto que
me pasa a mí, nos pasa a todos”.
Luis Gonzaga Cadavid, de Dignidad cafetera del departamento de
Caldas, explica que las 36 mil familias cafeteras de la región “están
inconformes con las políticas del gobierno y de la Federación Nacional
de Cafeteros”, tanto por los precios como por “la manera
antidemocrática como se toman las decisiones en el sector”. En
febrero iniciaron un paro porque el precio del café cayó más de la
mitad.
Tienen cuatro demandas: control de precios e insumos que son
monopolizados por cuatro multinacionales; control a la explotación
minera en zonas cafeteras ya que la entrega de títulos mineros
amenaza su existencia; democratizar la Federación; y flexibilizar el
pago de las deudas con la banca.
La confluencia de actores es asombrosa. Cafeteros, paperos,
cacaoteros, arroceros, lecheros, cebolleros, frijoleros, productores de
cereales y leguminosas, paneleros (fabricantes de azúcar),
citricultores, floricultores y cerealeros. Pequeños y medianos
productores no representados por las grandes federaciones
patronales y agrupados ahora bajo el paraguas de Dignidad
Agropecuaria Nacional.
Torcer el rumbo

4. A ese enorme universo deben sumarse los camioneros y los mineros.
El paro minero se había iniciado el 17 de julio con un pliego de nueve
condiciones entre las que destacan “el reconocimiento oficial de la
minería artesanal pequeña y mediana”, que se defina un nuevo
código de minas, el cese de los operativos policiales y militares, el
respeto a las comunidades afro e indígenas y congelar la entrega de
títulos a las multinacionales mineras.
Después de 48 días de paro y protestas de 58 mil mineros de 18
departamentos, el gobierno y la Confederación Nacional de Mineros
de Colombia (Conalminercol) llegaron a un acuerdo que entre otros
puntos reconoce “zonas de trabajo para los pequeños y medianos
mineros” que se formalizarán a través de una ley que en los hechos
les permite “mantener el derecho al trabajo”[5].
Los camioneros paralizaron unos 250 mil vehículos desde el 19 de
agosto para que se respete una tabla de fletes que los propietarios de
mercancías pagan por debajo de lo estipulado. Las movilizaciones
fueron apoyadas por la Central Única de Trabajadores (CUT),
Coordinación Nacional Agraria (CNA), Asociación de Camioneros de
Colombia (ACC), Alianza por el Derecho a la Salud (ANSA),
Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la Mesa
Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y Asociación de Trabajadores
Hospitalarios, entre otros[6].
Convocaron un “cacerolazo nacional” en apoyo a los sectores en
conflicto y jornadas de protesta para el 11 y 12 de setiembre cuando
se realizó la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular. En
realidad los movimientos comenzaron en febrero con la protesta de
130 mil caficultores, que fue un serio aviso no tenido en cuenta por el
gobierno. En junio la protesta de miles de campesinos incendió el
Catatumbo (Norte de Santander), zona fronteriza con Venezuela
donde rechazan la “erradicación no concertada de cultivos de
coca”[7].
En agosto se produjo la confluencia de todos los sectores que venían
elevando sus quejas y demandas sin obtener respuestas. Presionado,
el gobierno decidió negociar por separado con cada sector, hizo
concesiones, firmó acuerdos y consiguió que se despejaran las rutas
del país. No será fácil que cumpla, como lo saben los caficultores que
vieron sus acuerdos incumplidos desde marzo pasado.
Héctor Mondragón, economista y asesor de movimientos campesinos
e indígenas, establece cinco razones para comprender la crisis que
azota a la economía agropecuaria y que está en la base de la actual
oleada de protestas. La primera es el TLC con Estados Unidos que
permite la importación de productos agrícolas subsidiados, establece
normas de propiedad intelectual injustas que “atacan el derecho del
agricultor productor a reproducir sus semillas”[8].

5. En Colombia y en el mundo está circulando un documental titulado
“9.70”, de la realizadora Victoria Solano, donde analiza la resolución
970 aprobada en la firma del TLC en el que se impide a los
campesinos reservar parte de su cosecha para la próxima siembra.
En base a esa resolución en el municipio arrocero Campoalegre,
departamento de Huila, se incautaron y destruyeron toneladas de
arroz[9].
El segundo problema para Mondragón es “la destrucción de la
institucionalidad agropecuaria” ya que Colombia necesita “una
poderosa institución de crédito agropecuario” de carácter estatal para
planificar el mercado agropecuario, garantizar precios mínimos y
evitar que los campesinos se endeuden pagando altos intereses.
Por último destaca el acaparamiento de la tierra. “Más de 16 millones
de hectáreas aptas para la agricultura están desperdiciadas en manos
de grandes propietarios, ocasionando que Colombia tenga los precios
más altos de la tierra e toda América Latina”, señala Mondragón. Más
grave aún es que la guerra provocó “un acelerado proceso de despojo
o traspaso de tierras ya cultivadas por los campesinos”.
Los derechos del campesinado
Desde 1990 en que se produjo la apertura económica, la producción
de maíz cayó de 700 mil a 200 mil hectáreas; el trigo de 60 a sólo
cinco mil; el arroz de riego de 330 mil a 140 mil hectáreas; desde
2010 la papa cayó de 150 a 90 mil hectáreas y el frijol se redujo a la
mitad[10]. Nadie puede dudar de la profunda crisis que afecta a las
familias campesinas.
Sin embargo, el nudo del problema agraria está en otro lugar. El
pliego de demandas del paro campesino, sector que representa el
32% de la población del país, señala en su punto tercero: “Exigimos
reconocimiento a la territorialidad campesina, de afrodescendientes e
indígenas”. Exigen, por tanto, “la delimitación y constitución
inmediata de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)”[11].
Las ZRC fueron creadas en 1994 a través de la ley 160 que promueve
“la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural, la
eliminación de su concentración y el acaparamiento de tierras baldías,
así como fomentar la pequeña propiedad campesina y prevenir la
descomposición de la economía campesina del colono”[12]. En suma,
la ley buscaba defender al campesino frente a la voracidad de los
terratenientes.
Hasta el momento se han creado seis ZRC, en zonas que se
encuentran “en los límites de la frontera agropecuaria, en regiones
altamente afectadas por la dinámica de la confrontación armada y
ausentes de la presencia estatal”[13]. La mayoría fue solicitada de
forma directa por procesos de organización campesina, como

6. alternativa a la dinámica de violencia. Desde la llegada de Álvaro
Uribe al gobierno, en 2002, la creación de esas zonas fue bloqueada.
Aunque la legalidad juega a favor de los campesinos, las ZRC son
“vilipendiadas por los militares, terratenientes y gamonales”, como
señala Alfredo Molano. Es, entonces, un problema político, de poder,
de relación de fuerzas. Por eso la Declaración Política de la Cumbre
nacional, Agraria, Campesina y Popular reunida el 12 de setiembre en
la Universidad Nacional en Bogotá, señala: “Luchamos por el
reconocimiento político del campesinado”[14].
Se trata de inversión social en la población rural y, en paralelo, de
garantías reales para el ejercicio de sus derechos políticos. Un
reciente estudio del Centro de Investigación y Educación Popular
(CINEP), uno de los más prestigiosos centros de estudios del país,
coincide en que el Estado tiene una “deuda histórica” con los
campesinos y que “ha fracasado en asegurar un satisfactorio
reconocimiento político del campesinado”[15].
Es el sector que ha sufrido los más altos niveles de victimización y
violación de los derechos humanos en las cinco décadas de guerra. El
CINEP incluye entre los campesinos a pueblos indígenas,
comunidades negras, mujeres y jóvenes rurales quienes padecen
“desvalorización y déficit en la representación política antigua y
estructural.”
A ellos se suman las víctimas del conflicto armado, los desplazados, y
los nuevos afectados por el TLC, pequeños y medianos propietarios.
Un reciente informe de Human Rights Watch señala que el conflicto
armado “ha forzado a más de 4,8 millones de colombianos a
abandonar sus hogares”, siendo el país con más desplazados del
mundo, que se han visto forzados a abandonar seis millones de
hectáreas que fueron usurpadas por terratenientes[16].
Con estas tremendas asimetrías de poder y representación en el
Estado, se cerró el primer capítulo de lo que podemos llamar como el
retorno triunfal del campesinado. El 12 de setiembre miles de
delegados asistieron a la Cumbre Agraria. El mismo día el gobierno
convocó el Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, dominada
por la presencia de la Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC)
que propone la agricultura a gran escala y está muy lejos de las
necesidades campesinas.
La mayoría de los grupos campesinos no asistieron o se retiraron de
la reunión, entre otras cosas porque, como dijo un papicultor de
Boyacá, el gobierno insiste en no modificar el TLC. Mientras el
gobierno cosechó algunos éxitos a corto plazo, al negociar por
separado con los diversos sectores y desactivar así la protesta, los
campesinos pueden considerarse los grandes vencedores de este
pulso.

7. Colocaron sus demandas en lugar destacado de la agenda política y
gestaron la primera crisis de gobierno en décadas. Buena parte de la
población entendió que está en juego la soberanía alimentaria y que
el TLC la vulnera. Establecieron una potente confluencia entre los
principales actores rurales, movilizándose de forma pacífica, sin crear
un aparato que los hegemonice desde arriba. Su voz estará en las
negociaciones de La Habana aunque ellos no formen parte de la cita.
Por Raúl Zibechi | 23 / septiembre / 2013
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de
Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la
Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos
sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas
(www.cipamericas.org)
Notas
[1] “La papa caliente”, El Espectador, 31 de agosto de 2013.
[2] “Declaración Política Cumbre Nacional Agraria, Campesina y
Popular”, 13 de setiembre de 2013 en www.nasaacin.org
[3] “La joda va para largo”, El Espectador, 24 de agosto de 2013.
[4] El Espectador, 24 de agosto de 2013.
[5] El Colombiano, Medellín, 3 de setiembre de 2013.
[6] Colombia Informa, 3 de setiembre de 2013.
[7] Semana, 22 de junio de 2013.
[8] Héctor Mondragón, “La gran oportunidad del agro”, Caja de
Herramientas, Bogotá, 5 de setiembre de 2013.
[9] El video se puede ver en youtube bajo el título “9.70”.
[10] Le Monde Diplomatique edición Colombia, setiembre 2013.
[11] IPS, Bogotá, 29 de agosto de 2013.
[12] “Zonas de Reserva Campesina”, ILSA-INCODER; Bogotá, 2012.
[13] Idem p. 27.
[14] Cumbre Nacional, Agraria, Campesina y Popular, Bogotá, 12 de
setiembre de 2013, en www.nasaacin.org
[15] CINEP, “Luchas sociales, derechos humanos y representación
política del campesinado 1988-2012”, Bogotá, agosto 2013, p. 7.
[16] Guillermo Rico Reyes, “Colombia, el país con más desplazados
del mundo”, Desdeabajo, 18 de setiembre de 2012.