A finales de septiembre, la nación indígena Dena del Río Ross fue informada por la Corte Suprema de Canadá que no daría curso a la apelación intentada en su contra por el Gobierno del Yukón en el sentido de revertir una decisión anterior que limita fuertemente la legislación territorial sobre la libre entrada para ortogar concesiones mineras. Esto significa que la decisión anterior de la Corte de Apelación del Yukón se mantiene

1. El fin de la libre entrada para las empresas mineras en
territorio indígena a la vista
Victoria legal de pueblo indígena tendrá implicaciones para
todo el país
Martes, Octubre 15, 2013. Traducción por Alfredo Lascoutx.
La decisión completa de la Corte de Apelación se puede
leer acá.
A finales de septiembre, la nación indígena Dena del Río Ross fue
informada por la Corte Suprema de Canadá que no daría curso a la
apelación intentada en su contra por el Gobierno del Yukón en el
sentido de revertir una decisión anterior que limita fuertemente la
legislación territorial sobre la libre entrada para ortogar concesiones
mineras. Esto significa que la decisión anterior de la Corte de
Apelación del Yukón se mantiene.
La comunidad de Rio Ross Dena decidió llevar a los tribunales al
gobierno del Yukón en razón a sus prácticas inconsultas de otorgar
concesiones mineras y autorizar actividades de exploración minera
preliminar en las tierras tradicionales de esta nación indígena, sin
tomar en cuenta sus derechos y títulos aborígenes. (La Sociedad
Conservacionista del Yukón tiene una excelente animación
gráfica que plantea el tema de la reclamación de territorios.) El juez
de la causa en el Tribunal de Apelación del Yukón estuvo de acuerdo
y falló a favor de la comunidad del Rio Ross solicitándole al gobierno
territorial mecanismos de consulta para dar cabida a los derechos y
títulos aborígenes de los indígenas del Rio Ross antes de darle curso a
concesiones mineras y actividades de exploración.
[Mapa de concesiones mineras en el Yukon, Canadian Geographic]

2. Si bien el requerimiento de consulta pública para realizar actividades
de exploración minera avanzada está claramente establecido en la
jurisprudencia canadiense (aun cuando no es respetado en todas las
jurisdicciones) esta es la primera vez que los tribunales han indicado
claramente la necesidad de adelantar consultas previas al
otorgamiento de concesiones mineras. Esta decisión es un
reconocimiento importante sobre las consecuencias que puede
generar el otorgamiento de concesiones mineras al afectar los títulos
aborígenes, ya que al establecer la existencia de intereses de terceros
ello puede impactar considerablemente las futuras decisiones sobre el
uso de la tierra.
El gobierno del Yukón había argumentado que no tenían la obligación
de consultar, ya que no estaban tomando decisiones activamente
sobre el otorgamiento de concesiones mineras o la exploracion
minera preliminar. Sin embargo, el Juez del Tribunal de Apelación no
aceptó este argumento, declarando que:
"Existe la obligación de consultar para asegurarse que la
Corona [el Estado en Canadá] no administra sus recursos de
una manera que hace caso omiso de las reclamaciones
indígenas. Es un mecanismo por el cual los reclamos de las
Primeras Naciones (Pueblos Originarios Indígenas) pueden
conciliarse con el derecho de la Corona a la gestión de los
recursos. Regímenes legales que no permiten la consulta y no
ofrecen otros medios igualmente eficaces para reconocer y dar
cabida a las reivindicaciones indígenas son defectuosos y no se
puede permitir su permanencia".

3. Como era de esperar, las declaraciones de la Asociación de
Exploradores del Yukón exageraron sobre los peligros para la
industria minera local, citando al presidente de la Asociación
argumentado que:
“Cualquier cosa que afecte la buena reputación del Yukón como
un lugar para invertir en exploración minera hará que sea más
difícil para nosotros (las empresas mineras) defender las
propiedades que estamos explorando”.
No obstante, la Asociación de Exploradores no reconoce que la
persistencia de conflictos y la actual falta de claridad legal sobre el
proceso para conciliar los derechos y títulos aborígenes sobre su
territorio tienen la misma probabilidad (si no más) para ahuyentar a
los inversionistas, tal como factores adicionales involucrados para la
solicitud de concesiones, la consulta previa temprana o la limitación
de áreas con acceso a concesiones, cuya finalidad es hacer respetar
los derechos y títulos indígenas.
El requerimiento de abordar la cuestión de los títulos aborígenes
previamente al establecimiento de concesiones mineras
probablemente traerá consecuencias legales futuras en todo Canadá,
ya que actualmente no existe una jurisdicción que tenga un
mecanismo para ello. Algunas zonas de algunas provincias y
territorios podrán cumplir con la decisión del Río Ross respecto al
replanteo de los mecanismos de solicitud de concesiones, si los
planes sobre el uso del suelo que identifican posibles áreas de
concesiones se realizan conjuntamente de acuerdo con los pueblos
aborígenes de la zona. Sin embargo, hoy día existen relativamente
pocas áreas en que esto sea el caso.
El requisito de consulta previa a cualquier actividad de exploración
minera es probable que requiera modificaciones en la mayoría de los
procedimientos actuales de consulta en el país. La provincia de
Ontario sería la posible excepción ya que recientes regulaciones
exigen la consulta por las empresas mineras antes que estas
presenten sus planes de trabajo o solicitudes de permisos para
exploración.
Provincial, territorial and the federal governments will likely argue
that the decision doesn’t apply to areas with historic or modern
treaties as their interpretation of the treaties is that they extinguish
all prior Aboriginal rights and title. Aboriginal signatories and some
legal experts disagree with the Crown’s interpretation of the treaties
and will likely push to apply the decision more broadly.
Áreas sin tratados territoriales históricos o modernos incluyen la
mayor parte de la provincia de Colombia Británica, y partes de las
provincias de Ontario, Quebec, Terranova y Labrador, y todas las

4. provincias marítimas. En teoría, debería haber pocas barreras para la
aplicación general de la decisión de la Corte Suprema sobre el Río
Ross en estas áreas.
Al gobierno del Yukón le ha sido ordenado responder a la corte por su
decisión antes de finales de año, pero su respuesta hasta el momento
indica que el gobierno territorial no tiene la intención de aplicar la
decisión fuera de la zona del Río Ross. Está por verse si otros
gobiernos territoriales y provinciales pueden ver los señales de
cambio. Si la historia del pasado es una indicación, puede que sea
necesario que se produzcan más demandas judiciales a fin de
asegurar que se cumplan con las normas establecidas por el caso del
Rio Ross- un patrón que ha sido señalado por el Comité de la ONU
para la Eliminación de la Discriminación Racial. En su informe del
2012el Comité sobre Canadá expresa su preocupación "de que los
pueblos aborígenes incurren en gastos financieros fuertes producto
de litigios para resolver conflictos de tierras con el Estado
(Canadiense) debido a las rígidas posiciones adversas tomadas por
los partidarios del Estado en esas controversias."