Contratos mercantiles

DERECHO MERCANTIL II. CONTRATOS MERCANTILES. 1

TEMA 5 Y 6
"LAS OBLIGACIONES MERCANTILES."
Es una actividad eminentemente mediadora. Se compone por unos instrumentos al servicio
de la actividad empresarial, dentro de los cuales nos encontramos con los contratos mercantiles,
para que así el empresario pueda desarrollar su actividad respecto a los empresarios o los
consumidores.

Los conceptos de obligación y contrato han de ser buscados en el marco del Derecho Civil,
ya que en Derecho Mercantil no existen como tales. Así, la teoría general de las obligaciones y los
contratos es la misma que la del ámbito civil. Para adaptar tales contratos al ámbito mercantil sí
que ha habido que introducir en cada figura mercantil alguna peculiaridad. Por ello, los contratos
que aparecen regulados en el Código Civil, cuando se incorporan al Código de Comercio, lo hacen
incorporando ya tales peculiaridades. Además, un gran número de contratos aparecen regulados,
simultáneamente, en ambos cuerpos legales.

A veces, el CCo contiene la regulación jurídica completa del contrato, pero en la mayoría de
las ocasiones, lo único que realiza el CCo, lo único que hace es determinar cuáles son las
especialidades de las que depende la mercantilidad del contrato, es decir, el criterio del que va a
depender que el contrato trascienda al ámbito mercantil. Ello es así, dado que tiene una gran
trascendencia práctica, ya que dependiendo de la naturaleza jurídica del contrato, se aplicarán
normas distintas, por ejemplo respecto a la mora en el cumplimiento de una obligación,
prescripción de la misma, etc.

La dificultad es que el legislador renuncia a ofrecer un criterio general para definir la
calificación del contrato como civil o mercantil; por contra, los criterios de los que se hace
depender tal circunstancia es diferente según cada caso. Así, en algunos supuestos es la aparición
de la figura de un empresario, el contrato será calificado como mercantil. En la mayoría de los
casos, según señala la doctrina, un contrato será mercantil cuando pertenezca al círculo de
actividades de la empresa. En otros casos, es la mayor agilidad y rapidez del ámbito mercantil, que
señalan determinadas figuras que operan en el mismo.

En todo caso, la jurisprudencia, dada la falta de un criterio uniforme, tiene ocasión de
entrar en el fondo de la naturaleza jurídica del contrato, pronunciándose sobre la naturaleza de los
contratos, lo cual manifiesta que la cuestión no es pacífica, incluso en muchos sectores las
sentencias son totalmente contrapuestas.

Ante este conflicto, la doctrina viene señalando una realidad ya existente en otros países
de nuestro entorno, que es la unificación de la materia de derecho y obligaciones. También en el
ámbito comunitario existen trabajos del Parlamento Europeo a favor de dicha unificación.

Al margen del CCo, recientemente también se constata en la práctica mercantil una serie
de fenómenos que van dotando a los contratos mercantiles de una fisonomía propia. El primero


de esos fenómenos es el creciente intervencionismo estatal, que ha venido a mediatizar principios
tan característicos del Derecho Privado como los principios de libertad de forma o de la autonomía
de la voluntad, está dando lugar en determinados sectores a contratos normados, que obedecen
a fórmulas previamente fijados por la Administración Pública, como el sector de seguros, o del
sector bancario.

Otro fenómeno es la proliferación de las grandes empresas. Como no pueden negociar de
forma individualizada el contenido de los contratos con cada cliente con el que contratan, operan
por medio de los llamados contratos de adhesión o contratos tipos, que son muy frecuentes en los
sectores de telefonía, suministro de energía, etc.

Finalmente, en línea con la tendencia solidarizadora, y según los principios constitucionales
en aras de la protección del consumidor, respecto a la política económica y social, se establece un
límite a la libertad de empresa, de manera que en todos los sectores se establecen normas que
están orientadas a proteger al consumidor, cuando contrata en ese sector en concreto. Como las
normas estaban totalmente diseminadas por el ordenamiento jurídico, éstas se refundieron en un
único texto legal, en el texto refundido de la Ley de Protección de Consumidores y usarios, de
16NOV07.

Otro fenómeno que aparece en el contexto de la contratación mercantil, es la aparición de
los llamados contratos atípicos, es decir, aquellos en los que las partes contratantes estructuran
sus relaciones jurídicas acorde a sus necesidades, pero sin que exista ninguna disciplina jurídica
objetiva para regular las mismas. Esa forma de contratar han sido poco a poco admitidos por la
realidad social, y lo normal es que con el paso del tiempo terminen desembocando con la
promulgación de una realidad jurídica. Su origen se atribuye a tres tipos de razones:

(a) Influencia del Derecho anglosajón, el cual impone nuevos tipos contractuales que
luego nosotros, dada su gran difusión en el tráfico económico, importamos a
nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, los contratos de factory o franquicia.
(b) Proliferación de avances tecnológicos que impone nuevas formas de contratar, que
exige la satisfacción de nuevas necesidades para operar en el tráfico, como es el
caso de la contratación electrónica, a la que se van adaptando modelos
tradicionales y las normas tradicionales de contratación, pero a determinados
matices novedosos, es necesario promulgar normas que resuelvan los interrogantes
que surgen. Así, surge en nuestro ordenamiento el RD 17SEPT99 sobre firma
electrónica. El régimen jurídico completo se contiene en la Ley de servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, 11JUL02, que es completada
por un gran número de normas posteriores, lo cual lleva a pensar a la aparición en
reciente fecha de un texto refundido de las mismas por parte del legislador.
(c) Debido a la obsolescencia de los textos legales básicos y clásicos en materia de
contratos, es decir, el CC y el CCo son normas de más de un siglo de vigencia, siendo
la realidad económica que contemplan poco práctica para reflejar la actual
situación.

El régimen jurídico aplicable en general a los contratos mercantiles, con las peculiaridades
que les son propias, aparecen reguladas en los arts. 50-63 CCo, bajo el epígrafe genérico de


disposiciones generales de los contratos de Comercio son reguladas por el legislador. Dichas
normas parten de que el ordenamiento básico y esencial en materia de contratos y obligaciones,
con continuas remisiones al mismo, es el CC. Así, el art. 50 CCo, alterando el principio de primacía
de fuentes del art. 2, establece que en todo lo no regulado por tal Código o la legislación especial,
los contratos mercantiles se regulan por el CC.

Al margen de dichas singularidades, el CCo regula algunos tipos contractuales concretos.
Esos contratos aparecen en los art. 116-572 CCo, aunque cada vez es más frecuente que las figuras
contractuales que aparecían reguladas por el Cco se regulen por legislación especial. Uno de los
ejemplos más recientes lo encontramos en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, sobre contrato de
transporte terrestre de mercancías, que ha venido a derogar el art. 349 y ss CCo y los
correspondientes preceptos del CC donde se regulaba el contrato de transporte.

Uno de los fenómenos característicos de la contratación mercantil es la utilización de
condiciones generales de la contratación, dado que el tráfico en masa exige que tales contratos
de adhesión agilicen la contratación en determinados sectores.

Tal forma de contratar presenta innumerables ventajas, pero también es cierto que esta
forma de contratar puede conducir a abusos, dado que nos encontramos en una situación en la
que una de las partes contratantes, la llamada predisponente, es la que unilateralmente redacta
las cláusulas contractuales, y se las impone a todo aquel que quiera contratar, de forma que la
otra parte contratante, llamada adherente, lo único que puede hacer es aceptar o no el contrato
sin más, sin poder influir en el mismo. Dada la naturaleza especial de estas cláusulas y la forma en
que se presta consentimiento, en los ordenamientos jurídicos se han intentado introducir vías
para corregir de alguna manera el desequilibrio en que se encuentran las partes contratantes.

Por ello, en general, se establecen dos tipos de control:

El denominado control de incorporación, que va encaminado a garantizar que el adherente ha
tenido ocasión de conocer tales condiciones generales. Por ello, se impone al predisponente un
deber de informar a la otra parte sobre el contenido del contrato. Ese deber de información exige
que las cláusulas contractuales estén redactadas de forma clara y comprensible.
Control de contenido, que va encaminado a evitar que en las condiciones se pueda incluir
cualquier tipo de elemento, y sobretodo, a decretar la nulidad de aquellas condiciones que sean
abusivas.

En este sentido, en nuestro ordenamiento jurídico el régimen jurídico de las condiciones
generales se encuentra contenido en la Ley de 13ABRIL98, sobre condiciones general de
contratación. Es la primera que las regula en nuestro ordenamiento jurídico, pero previamente, en
otros sectores, se habían regulado, como en la Ley de contrato de seguro de 1984, y la
jurisprudencia ya había realizado un control de hecho de las mismas.

El concepto que utiliza la Ley toma en consideración los datos de predisposición e
imposición de una de las partes contratantes, y ser aplicadas a una pluralidad de contratos.

En cuanto al ámbito de aplicación de la Ley, se aplica a todo aquel contrato que incluya


esas condiciones, tanto cuando el adherente es un profesional como cuando lo es un consumidor.

Respecto al régimen aplicable para el control de incorporación, se exige al predisponente
que informe al adherente de dichas condiciones, y que le facilite un ejemplar de las mismas. Así,
para que vinculen las condiciones al adherente, exige la Ley que dichas cláusulas sean firmadas.
Por tanto, las condiciones que no hayan sido conocidas o firmadas por el adherente quedan al
margen del contrato.

En cuando al control del contenido, el legislador establece que son nulas las condiciones
generales que contradigan en perjuicio del adherente disposiciones legales prohibitivas o
imperativas. En particular, lo más característico y novedoso de la Ley se establece respecto a que
serán nulas las condiciones generales que sean abusivas cuando el contrato se haya celebrado con
un consumidor. Actualmente, la regulación de las condiciones generales y de las cláusulas abusivas
en los contratos que se celebran con consumidores se encuentran reguladas en el art. 80 y ss del
texto refundido de la Ley de consumidores y usuarios.

En cuanto a los instrumentos procesales de control, en la Ley de 1998, se establece tanto
una acción individual que corresponde al adherente del contrato, así como otra colectiva, que
atribuye legitimación activa a aquellas instituciones y asociaciones que representen los intereses
de los afectados.

La competencia para conocer de estas acciones se atribuye en nuestro ordenamiento
jurídico a los Juzgados de lo Mercantil, que en virtud de lo establecido en la LO para le reforma
concursal, tienen competencia para conocer de los litigios suscitados a tal tenor.

Otra de las novedades más destacadas es la creación de un Registro de Condiciones
Generales de la Contratación, donde en principio la inscripción de las condiciones tiene carácter
voluntario, si bien también la propia Ley establece la posibilidad de que el Gobierno pueda
decretar la inscripción obligatoria de determinadas condiciones generales en sectores específicos.
Ello ha sucedido, por ejemplo, con los créditos bancarios para la adquisición de vivienda, o también
para las condiciones generales utilizadas en el seguro obligatorio del automóvil.


TEMA 9
"LOS CONTRATOS DE COLABORACIÓN."
El empresario mercantil no puede, hoy por hoy, afrontar personalmente todas las
obligaciones que su actividad empresarial le exigen. Debido a esa circunstancia, el empresario
necesita valerse de una serie de colaboradores que conozcan cada uno de los Mercados donde se
desenvuelve la actividad, y estos son los que realizarán tal tarea de desenvolvimiento de la
actividad empresarial.

Esa colaboración o intermediación que requiere el empresario mercantil se puede obtener
a través de dos vías distintas:

(a) Trabajadores asalariados que se integran en la plantilla de la empresa, y que están
regidos fundamentalmente por el Derecho del Trabajo.

(b) Empresarios independientes, que se dedican en el Mercado a ejercer
profesionalmente esa labor de intermediación. Esta segunda forma de colaboración
se consigue concertando entre las partes contratantes, empresario principal e
intermediario, un contrato de colaboración.

Sistematizar a todos los empresarios intermediarios es una labor muy compleja, debido a
las diversas tareas que realizan, y que prestan a los empresarios principales; pero lo que sí es
común a todos ellos es que sirven de cauce, de instrumento, para lograr la colaboración entre los
empresarios.

Sin embargo, la colaboración en que nos centraremos ahora son aquellos que se utilizan
para estipular o promover contratos por cuenta de un empresario principal. Y dado este tipo de
colaboración en que nos ubicaremos, nos encontraremos con dos tipos de sujetos:

(a) El contrato de comisión.
(b) El contrato de agencia.
(c) Un subgrupo, más allá de tales figuras clásicas, al que se denomina contratos de
distribución, y que tienden de forma específica es a colocar o difundir los productos
de un determinado empresario en el Mercado. Aquí nos encontramos con figuras
tales como el contrato de concesión comercial y de franquicia.

Dentro del primer grupo de contratos clásicos, nos encontramos con el CONTRATO DE
COMISIÓN, que es el más representativo de todos los contratos de colaboración. Esa importancia
se plasma en que el legislador le dedica, en el CCo, los artículos 244 a 280.

Históricamente, era un contrato por el que un empresario encargaba a otro, normalmente
residente en una localidad distinta, la compra de determinadas mercancías. Actualmente, el
contrato sufre en el tráfico mercantil un fenómeno de desplazamiento, es decir, no disfruta de la


importancia de antaño, dado que los empresarios prefieren sustituir la colaboración esporádica de
este tipo de contrato por una colaboración estable, permanente, situando en esos lugares
estratégicos sucursales, delegaciones de venta, etc.

Sin embargo, el contrato de comisión sigue conservando una gran importancia en
determinados sectores, como en la contratación bancaria. Lo mismo sucede en el ámbito de la
negociación de valores en Bolsa, incluso supuestos específicos, como la comisión de transportes,
suelen utilizarse en el tráfico mercantil actual.

Acudiendo el art. 244 CCo, nos encontramos con que en este precepto el legislador se
limita a indicar cuándo el contrato civil adquiere carácter mercantil, es decir, de contrato de
mandato a contrato de comisión. En tal sentido, el art. 244 CCo dice que "se reputará comisión
mercantil el mandato, cuando tenga por objeto un acto u operación de comercio y sea
comerciante o agente mediador del comercio el comitente o el comisionista." En virtud de tales
circunstancias, podemos extraer cuáles son las características presentes en el contrato mercantil:

(a) El encargo, que una de las partes contratantes, comitente, da a la otra, comisionista,
puede consistir en cualquier acto u operación de comercio. Sin embargo,
atendiendo a la tradición histórica del contrato, el legislador regula el contrato
alude únicamente a la comisión de compra o de vente, como si el objeto del mismo
sólo pudiera ser eso. A pesar de ello, la jurisprudencia se ha encargado de extender
el objeto del contrato a supuestos más dispares, como por ejemplo al transporte, al
depósito, arrendamiento de obra,...

(b) El comisionista actúa en nombre propio o en nombre del comitente, pero siempre
por cuenta y en interés del segundo.

(c) Al determinar el criterio subjetivo por el que el contrato tiene naturaleza mercantil,
el art. 244 establece que puede ser comerciante el comitente o el comisionista.
Ante la falta de concreción del legislador, la jurisprudencia se ha encargado de
determinar que quien ha de tener la condición de empresario mercantil es el
comisionista. Y ello dado que es éste el que se dedica profesionalmente a recibir y
ejecutar encargos por cuenta de sus clientes comitentes.

(d) Mediante este contrato se establece entre las partes contratantes una relación
esporádica, lo cual significa que, ejecutado el encargo por el comisionista, se
extingue la relación contractual.

(e) Se trata de un contrato naturalmente oneroso, puesto que a cambio de su labor, el
comisionista recibe una remuneración, al contrario de lo que sucede en el mandato
civil, que es generalmente gratuito.

(f) Se trata de un contrato consensual, que se perfecciona por el mero consentimiento
de las partes, y sinalagmático, de manera que como consecuencia de la perfección
del contrato surgen obligaciones a cargo de ambas partes contratantes.


En cuanto a los MODOS DE ACTUACIÓN DEL COMISIONISTA, el art. 245 CCo establece que
puede actuar en nombre propio o en nombre del comitente. En el primer caso, en nombre propio,
no tiene por qué desvelar por cuenta de quién actúa. Por tanto, nos encontramos, según establece
el art. 246 CCo, con un supuesto de representación indirecta, y se distinguen en ese supuesto dos
tipos de relaciones jurídicas: internas, que nacen entre comitente y comisionista como
consecuencia del contrato de comisión, y las relaciones externas, en las que aparece ajeno el
comitente, que se establecen entre el comisionista y el tercero con el que lleva a cabo el negocio
de ejecución de la comisión.

Cuando el comisionista actúa en nombre del comitente, acudimos el art. 247 CCo. Así,
quien aparecerá ajeno en las relaciones jurídicas externas es el comisionista, dado que actúa
siempre en nombre del comitente.

En todo caso, el art. 253 CCo. determina que el comitente está obligado en todo caso a
asumir las consecuencias de la comisión.

Por otro lado, cuando hablamos de la comisión nos encontramos ante un negocio
consensual, dado que el legislador no establece requisito formal alguno en cuanto a la perfección
o formalización del contrato, perfeccionándose por el mero consentimiento de las partes. Ese
consentimiento se puede prestar por las partes de forma expresa o de forma tácita. Por ello, el
art. 249 CCo. determina que se entenderá aceptada la comisión cuando el comisionista
desempeñe alguna gestión relativa al encargo que le realizó el comitente.

Por otro lado, el comisionista no está obligado a aceptar el encargo, la comisión. Pero, sin
embargo, cuando recibe un encargo y no desea aceptarlo, el art. 248 CCo. obliga al comisionista a
que comunique al comitente el denominado rehúse lo antes que le sea posible. Además, dicho
precepto obliga al comisionista a conservar y custodiar los efectos que le pudo remitir el
comitente para el cumplimiento del encargo que no desea aceptar finalmente el comisionista. Esta
obligación de comunicación no es una obligación contractual, dado que el contrato de comisión ni
siquiera ha nacido; por tanto, su naturaleza es precontractual, pero se impone tanto en aras del
tráfico jurídico como en su condición de empresario que profesionalmente se dedica en el
Mercado a realizar tal tarea de mediación.

Evidentemente, la no comunicación del rehúse no implica que el comisionista tenga que
aceptar la comisión, aunque como establece el art. 248 CCo, habrá de indemnizar al comitente por
los daños y perjuicios que le haya podido causar.

Una vez que se perfecciona el contrato, dada su naturaleza bilateral, nacen para ambas
partes una serie de OBLIGACIONES.

Para el comisionista:

(a) La obligación de cumplir el encargo, de forma que una vez que acepta, estará
obligado a cumplir el mismo, y no puede renunciar al mismo. El legislador sí le
habilita, en una serie de supuestos, a que suspenda la ejecución del contrato. Tales
supuestos: cuando para el cumplimiento del encargo sea necesaria una previsión de


fondo, se podrá suspender hasta que tales fondos sea provistos por el comitente; lo
mismo sucede cuando el comisionista ya haya invertido los fondos, pero ello no sea
suficiente, y hasta que sean repuestos tales fondos; el art. 251 CCo también prevé lo
mismo en caso de concurso del comitente; finalmente, cabe suspensión cuando a
juicio del comisionista el cumplimiento del encargo pueda ocasionar un perjuicio al
comitente. Ese cumplimiento ha de ser siempre personal, dado que el contrato de
comisión se basa en la mutua confianza, y salvo que medie la autorización expresa
del comisionista, el comitente está obligado a realizarlo personalmente.

En cuanto a los modos de cumplimiento, distinguimos:

(a) Imperativa: el comitente suministra al comisionista de forma detallada todas las
instrucciones que ha de seguir para el cumplimiento del encargo.

(b) Comisión indicativa: en ésta el comitente otorga al comisionista una serie de
pautas que ha de seguir para el cumplimiento del encargo, y en lo no previsto por
las mismas, el comisionista tendrá que seguir los dictados de la prudencia y de los
usos de comercio para el cumplimiento del encargo.

(c) Finalmente, la comisión facultativa, en la que el comitente le indica al
comisionista que cumpla el encargo como si el negocio fuera para él mismo, de
forma que los únicos límites del comisionista son, nuevamente, la prudencia y los
usos del comercio.

El art. 260 CCo impone al comisionista un deber de información, que tiene que cumplir en
un doble sentido:

(a) En primer lugar, informando periódicamente sobre la marcha del
cumplimiento del encargo que le ha dado el comitente al comisionista,
permitiendo al primero dar instrucciones para tal cumplimiento.

Además, ha de informarle de que ha quedado cumplido el encargo
encomendado.

(b) El art. 263 CCo. impone también al comisionista el deber de liquidar y rendir
cuentas.

El comitente, como consecuencia del contrato, asume la obligación de la provisión de
fondos. Así, tendrá que poner los fondos a favor del comisionista, a efecto de cumplir el contenido
del contrato, así como de reponerlos en el caso de que se hubiesen agotado. Dicha obligación
corre a cargo del comitente, y cuando no se cumple, el comisionista tiene la facultad de suspender
la ejecución del contrato.

También el comitente ha de pagar la retribución pactada al comisionista. El CCo, en el art.
257, establece que cuando no se haya pactado la retribución, será la correspondiente a los usos de
la plaza. En todo caso, lo más habitual es que se pacte previamente la cuantía de la retribución.


Ésta suele consistir en un porcentaje sobre el volumen de las operaciones realizadas, y ello recibe
el nombre de COMISIÓN. Así, cuando el comitente no cumpla con esa obligación de retribuir al
comisionista, el art. 276 CCo atribuye al comisionista un derecho de retención, como privilegio que
se le otorga para que pueda exigir al comitente la recepción de la retribución. Ese mismo derecho
de retención puede ejercerlo el comisionista cuando el comitente no sufrague a éste los gastos y
desembolsos que haya tenido que realizar para el cumplimiento del encargo.

Finalmente, como última obligación, el art. 253 CCo determina que el comitente está
obligado a aceptar las consecuencias de la comisión.

El propio Cco regula dos SUPUESTOS ESPECIALES DE COMISIÓN. El primer supuesto es la
denominada comisión de garantía. Así, normalmente, el comisionista se obliga mediante el
contrato que nos ocupa a estipular el negocio de ejecución; sin embargo, el comisionista
normalmente no garantiza el buen resultado económico de dicha operación. Ello no se hace salvo
que expresamente se comprometa a ello el comisionista a cambio de una sobre-prima,
denominada de garantía, y que el propio legislador contempla y regula en el art. 272 CCo, en
relación con la comisión de venta.

Así, cuando se estipula esta comisión, el comisionista añade a sus obligaciones típicas la de
responder frente al comitente del incumplimiento del tercero, de manera que el comisionista
actuaría como fiador solidario. De manera que debería entregar al comitente el producto de la
venta en los mismos plazos que haya pactado con el comprador. Así, el comisionista respondería
en caso de impago del comprador, de forma que obligatoriamente debería hacerlo él en virtud de
la comisión de garantía.

El segundo supuesto especial, es la denominada comisión de transporte. Se presenta
cuando el objeto del contrato es la conclusión de un contrato de transporte por cuenta de otro.
Ahora bien, dependiendo del objeto del contrato, de lo que se vaya a transportar, para lo que se
concierte dicho transporte, surgen dos tipos de comisionistas distintos:

(a) Cuando lo que se hace es concertar contrato de transporte de mercancías, la figura
que aparece en el tráfico como comisionista de transporte son las denominadas
agencias de transporte. Dicha figura se regula en la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres de 1987, y tal norma dice que las agencias de transporte
tienen reservada la intermediación de la contratación de cualquier tipo de
transporte terrestre de mercancía. Esa comisión, según el art. 120 de dicha Ley, y
actualmente también en el art. 5.2 de la Ley del Contrato de Transporte de
Mercancías, Ley 15/2009, es una comisión que siempre se estipula en nombre
propio. Además, se obligan a garantizar el resultado pactado.

(b) Cuando lo que se traslada, el objeto del contrato, son las personas, en ese caso
aparecen en el tráfico las agencias de viaje. En el tráfico, actúan también como
comisionistas de transporte, es decir, intermediando con los clientes que acuden
solicitando sus servicios en la tramitación de billetes de viaje en el ámbito en que
operan. Su actividad, además, se amplía considerablemente, ya que no sólo se


ocupan de intermediar sino que ofrecen también a quienes demandan sus servicios
plazas hoteleras, y también ofrecen a sus clientes los servicios turísticos más
variados. De manera que cuando la agencia de viaje ofrece al cliente servicios
integrales, surge la figura del contrato del viaje combinado, de regulación
autónoma, y esa figura contractual recibe tal nombre. Su principal características es
la combinación de servicios y, sobretodo, que se ofrece al consumidor un precio
global por los servicios demandados. Su regulación se consume en el texto
refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios de 16NOV07, en sus arts. 150-165.

En cuanto a la EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE COMISIÓN: se aplican las causas generales de
extinción de todo contrato. Además, por dos causas concretas:

(a) Art. 279 CCo: por la revocación por parte del comitente. En principio, según la
dicción del precepto, el comitente es libre para revocar el contrato cuando lo
estime oportuno, sin que existan causas concretas para ello. Sin embargo, a pesar
de esa libre revocabilidad del art. 279 CCo, la jurisprudencia ha ido evolucionando
en el sentido de admitir pactos de irrevocabilidad del contrato.

(b) Art. 280 CCo: determina que el contrato de comisión se extingue igualmente por
muerte o inhabilitación del comisionista.


TEMA 10
"OTROS CONTRATOS DE COLABORACIÓN."
La comisión tiene como nota característica el ser ocasional. Así, una vez ejecutado el
contrato, se extingue la relación jurídica entre las partes.

Sin embargo, cuando la necesidad de colaboración es continua, y referidas a un sector
concreto de la actividad empresarial, el empresario normalmente acude a otro contrato por el que
el colaborador lleva a cabo su representación en ese sector de forma duradera o continuada. Ese
contrato, que cubre esas necesidades, que da respuesta a dicha necesidad, es el denominado
CONTRATO DE AGENCIA, que aparece regulado en la Ley de 27MAY92. Esta Ley vino a incorporar a
nuestro ordenamiento jurídico una Directiva comunitaria, acerca de agentes comerciales
independientes.

Sin embargo, aparecen en el tráfico determinadas reglamentaciones sectoriales que
regulan la profesión de agente en determinados sectores, como sucede por ejemplo con los
agentes de seguro, cuya regulación específica se contiene en la Ley de Mediación de los Seguros
Privados de 2006. En estos casos, la LEY 27MAY92 desempeña un papel supletorio.

Teniendo en cuenta tales premisas, podemos establecer que las características esenciales
del contrato son:

(a) Es un contrato que se celebra siempre entre dos empresarios: el principal y el
agente, que es un empresario independiente que se dedica profesionalmente a
actuar en el mercado como mediador.

(b) Por ello, el contrato de agencia tiene siempre naturaleza mercantil, por
disposición legal.

(c) La colaboración entre las partes es duradera o estable, aunque el contrato
puede pactarse por tiempo determinado, así como por duración indefinida.

(d) Al extinguirse el contrato, la Ley reconoce al agente una indemnización por
clientela, que consiste en un porcentaje económico que ha de entregar el
empresario al agente sobre las comisiones que se sigan causando durante un
período de tiempo, como consecuencia de los contratos que estipuló el agente
durante la vigencia del contrato, dada la utilidad que reportan al empresario.

Dada su naturaleza mercantil, es un contrato que siempre devengará un derecho de
remuneración en favor del agente. Además, es un contrato que la propia LEY92 reconoce que es
consensual, aunque las partes pueden acordar celebrar el mismo por escrito. Además, la propia
Ley incentiva a las partes para que formalicen el contrato por escrito, porque algunas cláusulas,
como la de garantía o de no competencia, dice la Ley que sólo serán válidas si constan por escrito.


Es normal que en el contrato de agencia se establezca entre las partes un pacto de
exclusiva, que suele ser recíproco, y en virtud de éste el empresario principal se obliga a no
contratar con otro agente, y el agente la obligación de no actuar como tal para otro empresario,
aunque el art. 7 LEY92 admite la posibilidad de que el agente pueda actuar por cuenta de varios
empresarios. Así, nace la figura del agente vinculado.

En otros casos, en otras situaciones, el mediador se encarga de buscar a un tercero con
unas características precisas, para que después ese tercero contrate o no con el empresario
principal que emite el encargo. Ese contrato recibe el nombre de CONTRATO DE MEDIACIÓN, o de
corretaje. Es un contrato atípico en nuestro ordenamiento jurídico, aunque el CCo, en el art. 88 y
ss, dedica algunas menciones a los agentes mediadores. Una vez más, a falta de regulación jurídica
objetiva, han aparecido en el tráfico comercial contratos de mediación, y empresarios dedicados
sectorialmente a realizar dicha labor.

Por tanto, no existe una regulación jurídica objetiva.

La jurisprudencia se ha encargado de recordar, en todo caso, que la labor es la de mediar
en la contratación entre las dos partes que intervienen en el contrato.

El mediador o corredor, establece con el principal una regulación jurídica esporádica. Pero
a diferencia de otros contratos, como el de agencia o comisión, el corredor no contrata, ni
tampoco defiende los derechos de ninguna de las partes contratantes, sino que su labor es poner
en relación a dos partes para que éstas decidan si quieren o no contratar. Por tanto, una nota
esencial es la imparcialidad, si bien la retribución del mediador normalmente se vincula a la
ejecución del contrato.

Como contrato independiente, pero también relacionado con los contratos a que venimos
haciendo referencia, aparece como contrato atípico el del FACTORING, que es un contrato de
gestión de intereses ajenos, que surge en la práctica anglosajona, y que en nuestro derecho
aparece como una especialidad del contrato de comisión, aunque luego la práctica ha ido
otorgando a este contrato su perfil específico.

La naturaleza de este contrato es muy discutida. Debido a la gran cantidad de prestaciones
que se ofrecen por la sociedad de factoring a sus clientes, es prácticamente imposible estudiar un
catálogo cerrado de las mismas.

Las prestaciones más habituales que se ofrecen a los empresarios que contratan con dichas
sociedades son la llevanza de la contabilidad de la empresa, análisis de riesgos, estudio y
catalogación de la clientela, informes comerciales, etc.

Junto a esa labor, aparecen como un medio de financiación de las empresas. Y ello dado
que las sociedades de factoring se encargan de la gestión y del cobro los créditos que les ceden los
clientes.

Lo normal es que la cesión de crédito se realice pro solvendo, es decir, que la sociedad de
factoring no asume en ningún caso el riesgo de impago o de insolvencia de los deudores.


Para adecuar el régimen del factoring a la cesión de créditos, el legislador ha dictado una
normativa especial para determinar cómo funciona la cesión de crédito en el contexto del
contrato de factoring. Para que la cesión de créditos, tal cual se regula en el CCo, se adapte al
factoring, la legislación que la adecúa es la LEY 30OCT07. Dicha regulación permite es que el acto
de cesión de créditos pueda recaer simultáneamente sobre una masa de créditos. Incluso que se
puedan ceder créditos que todavía no han nacido, pero que se puedan originar como
consecuencia de la actividad empresarial del cedente.

CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN.

Surgen con carácter reciente en el tiempo, y que van adquiriendo una sustantividad propia.
Este tipo de contratos son atípicos, que no tienen una regulación jurídico-privada, y por tanto es
complejo establecer la línea de división entre un contrato y otro. Así, aparecen modalidades muy
diferentes de este tipo de contratación, primando lo que las partes estipulen en cada caso.

No obstante, y aunque tienen dicha naturaleza, sí podemos encontrar una serie de rasgos
más o menos comunes a todos los contratos de distribución. Dichas características son:

- Los contratos de distribución se celebran siempre entre empresarios independientes,
para facilitar mediante los mismos la colocación de los productos de un empresario en el mercado.

- Como consecuencia de ello, los contratos son siempre mercantiles.

- Además, de duración continuada.

- Normalmente, son contratos de adhesión, por lo que a estos contratos generalmente les
será de aplicación la normativa referente a condiciones generales de contrataciones, LEY 1998.

Son contratos basados en la capacidad técnica, profesional o financiera del distribuidor.
Por ello, se catalogan también dentro de los contratos que tienen naturaleza intitui persona.
Además de ello, son contratos que en la mayoría de los supuestos, suponen la cesión de derechos
sobre bienes inmateriales

Finalmente, son contratos atípicos porque carecen de una regulación jurídica objetiva.

Dentro de estos contratos, estudiaremos las dos figuras de mayor presencia en el tráfico
mercantil: contrato de concesión/distribución comercial, y el contrato de franquicia. A su vez,
admiten un gran número de derivaciones en el tráfico.

En cuanto al CONTRATO DE CONCESIÓN COMERCIAL, podemos definirlo aproximadamente
como un contrato por el que un empresario llamado concesionario adquiere el derecho a revender
en una determinada zona los productos generalmente de una marca concreta que le suministra
otro empresario llamado concedente. El concesionario actúa siempre en nombre y por cuenta
propia, lo que supone que el concesionario siempre asume personalmente el riesgo de las


operaciones comerciales que realiza. Por tanto, asume los riesgos relativos tanto a la recepción y
almacenamiento de la mercancía, así como también los riesgos que conlleva la financiación y el
cobro a la clientela. Ello es así porque el concesionario vende la mercancía que le suministra el
concedente a su propia clientela, aunque y ello es lo característico del contrato, esa clientela del
concesionario siempre se vincula al prestigio que en el mercado tienen los productos del
concedente.

El beneficio económico que recibe el concesinario por este contrato es el que deriva de la
diferencia que existe entre el precio de suministro de la mercancía y el precio de la reventa.

El contrato de concesión es atípico, que en líneas generales carece de regulación
sustantiva, si bien es cierto que la normativa comunitaria han dictado diversas normas para
regular los pactos que pueden incluirse tanto en el contrato de concesión y también en el contrato
de franquicia. Y ello dado que algunos de los pactos que solían incluirse pueden ser contrarios al
principio de la libre competencia.

Esas normas se contienen en un reglamento de la Comisión que es el Reglamento
330/2010, de 20 de abril. En éste, se determina la licitud de algunos pactos y la invalidez de otros.

Normalmente, como consecuencia del contrato, el concedente se obliga a suministrar al
concesionario la mercancía en los términos pactados, y además a ofrecer una garantía de los
productos que suministra. Por su parte, y normalmente, en contrapartida, el concesionario asume
como consecuencia del contrato, se obliga a comprar un determinado número o cantidad de
productos al concedente durante un período de tiempo, garantizando un volumen mínimo de
comercialización de productos.

El contrato se extingue por las causas que se prevean en el contrato, aunque siempre se
prevé, normalmente, si su duración es indefinida, que se podrá extinguir si se cumplen los
requisitos de buena fe y preaviso de todo contrato, es decir, una denuncia con una antelación
mínima de dos meses.

CONTRATO DE FRANQUICIA: de gran importancia en el tráfico económico actual. En tales
circunstancias carece de regulación jurídica sustantiva, es decir, es un contrato atípico. Aparece en
nuestro ordenamiento como una modalidad de concesión comercial, y al carecer de regulación
jurídica privada, la primera referencia que encontramos a este contrato es en la Ley de Ordenación
del Comercio Minorista, de 15ENE96.

Dicha Ley, en su art. 62, contiene una noción del contrato de franquicia. Indica que este
contrato es un negocio jurídico por el que una empresa, llamada franquiciadora, cede a otra,
llamada franquiciada, el derecho a explotar un sistema propio de comercialización de productos o
de servicios, de forma que con arreglo a tal concepto, encontramos que en este contrato aparecen
dos partes contratantes:

(a) Franquiciador, como dueño de la marca, producto o servicio, y de una
determinada manera de llevar el negocio, de una fórmula empresarial, de
forma que lo que se hace con este contrato es dar la posibilidad a otro


empresario de duplicar tal formato.

(b) En la otra parte contratante, aparece el franquiciado, que es quien se inicia en
el ejercicio de una actividad empresarial por cuenta propia, pero, como
característica de la franquicia, adscrito a la red de comercialización del
franquiciador. Ello supone tanto que el franquiciado recibe asistencia
permanente del franquiciador y, además, que se va a beneficiar desde el
principio del prestigio que tal fórmula empresarial ha adquirido previamente
en el mercado.

Posteriormente, el propio art. 62 fue desarrollado por el Real Decreto de 13NOV1998, y
dicho Real Decreto crea el Registro Central de Franquiciadores. Éste tiene carácter público,
naturaleza administrativa, y adscrito en un principio al Ministerio de Economía. Posteriormente,
otro RD de 7ABR06, adscribe este Registro, jerárquicamente, al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

El RD98 establece que en dicho Registro deberán inscribirse tanto las empresas
franquiciadoras que pretendan desarrollar su actividad en el territorio de más de una Comunidad
Autónoma, como también las franquiciadoras extranjeras que operen en España. Además de ello,
dicho RD98 ordena que se cree un Registro de Franquiciadores en el territorio de cada una de las
Comunidades Autónomas, donde deberán aparecer inscritas las empresas franquiciadoras cuyo
domicilio social se halle en el territorio de dicha Comunidad.

Por lo que se refiere a Extremadura, nuestro Registro fue creado a través de un Decreto de
26SEP00, y posteriormente éste Decreto se desarrolló por el art. 8 de la Ley de Comercio de
Extremadura de 2002. Así, establece la inscripción obligatoria para todas las empresas
franquiciadoras que cumplan sus requisitos.

Dado el carácter atípico del contrato, el régimen de obligaciones de las partes se determina
por el propio contrato. En el caso del contrato de franquicia, las partes usualmente ejercen una
serie obligaciones.

Así, en relación con el franquiciador, como establece el propio art. 62.3 Ley Ordenación
Comercio Minorista, existe un deber precontractual. Dicha obligación consiste en entregar a los
potenciales interesados en suscribir el contrato de franquicia con dicha entidad, una información
por escrito, como mínimo, con 20 días de antelación a la suscripción del contrato. Dicha
información hará referencia a las condiciones del contrato de franquicia, y además habrá de
entragar una información adicional sobre la estructura y extensión de la red del franquiciador en
España.

Además, y con carácter general a todos los contratos de distribución, el franquiciador
generalmente ha de permitir al franquiciado el uso de sus signos distintivos. Así como también
habrá de prestarle la necesaria asistencia técnica y comercial para que pueda utilizar su sistema de
comercialización. Ello implica la obligación del franquiciador de transmitir una transferencia de
tecnología, un saber hacer, es decir, la necesidad de transmitir una serie de conocimientos
técnicos y comerciales que no se han hecho accesibles al público, pero son los que realmente


dotan de valor a la franquicia.

Igualmente, la entidad franquiciadora se compromete a realizar el esfuerzo de publicidad y
promoción de la empresa franquiciada.

A cambio, las entidades franquiciadas se comprometen a pagar una contraprestación a
cambio de la concesión de la franquicia, que normalmente supone el pago de un canon de
entrada. Además, el franquiciado se compromete a entregar a la empresa franquiciadora unos
porcentajes, royalties, según el volumen de venta y comercialización.

También se compromete a respetar las instrucciones recibidas por el franquiciador, y en
especial los precios.

Son aplicables también a este contrato las observaciones sobre los pactos limitativos de la
competencia.

También debe respetar el franquiciado un deber de confidencialidad respecto a la
transferencia de tecnología a que aludíamos antes. Se respetará no sólo mientras dure el contrato,
sino también una vez vencido éste.

Finalmente, se obliga al franquiciado a mantener un stock de productos para que el servicio
se preste de una forma continuada y uniforme.

En cuanto a la extinción del contrato, normalmente se establece una duración indefinida.
También se suele establecer en el contrato la posibilidad de que el franquiciado pueda ceder la
franquicia a un tercero, siempre que ese tercero cumpla con unas condiciones, requisitos, que
aparecen expresamente consignados en el contrato, de forma que el adquirente cumpla con lo
compelido en el contrato. En caso contrato, normalmente la entidad franquiciadora se reserva la
posibilidad de rescatar la franquicia.


TEMAS 18 Y 19
"CONTRATO DE TRANSPORTE."
El contrato de transporte, junto con el compraventa y comisión, son los que tienen una
tradición más antigua en nuestro ordenamiento jurídico.

La actividad de transporte es esencial en el desarrollo económico de cualquier país, dado
que las materias primas se trasladan a los centros de producción, y de ahí se distribuyen a los
centros de venta y consumidores. El negocio jurídico que permite tal desarrollo es el contrato de
transporte, que siempre disfruta de un carácter privado. Sin embargo, dada su gran relevancia
económica, y también a la necesidad de garantizar el abastecimiento continuo de productos, es
necesario dictar una reglamentación pública de ordenación del sector.

A tal fin, se orientó en nuestro ordenamiento la promulgación de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, de 30JUN87. Posteriormente complementada con un Reglamento de
1990, así como una serie de modificaciones sectoriales.

A pesar de esa regulación pública para asegurar una correcta ordenación del sector, como
indicábamos antes, a nivel administrativo, y dado su carácter privado, las normas que lo regulan
son de naturaleza privada.

Así, este contrato originariamente se regulaba en los arts. 1601-1603 CC, aunque dada su
nula presencia en el campo civil, la regulación jurídica del transporte se encontraba en el CCo,
concretamente en los arts. 349-379.

Actualmente, todas esas normas de carácter privado, han sido derogadas por la Ley
15/2009 de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías. De esta forma,
el contrato de transporte, de forma genérica, se puede definir el contrato por el que una parte se
obliga, frente a otra, y a cambio de un precio, a trasladar de un lugar a otro personas, cosas o
ambas a la vez.

Sin embargo, más allá de esta definición genérica, y dependiendo del medio geográfico
utilizado para el transporte, y el objeto concreto del mismo, se regulará por una disciplina jurídica
distinta. Así, el transporte de cosas y personas tienen regulaciones diferentes, así como el
transporte marítimo, terrestre o aéreo, si bien estudiaremos el contrato de transporte enfocado al
transporte terrestre de mercancías. Y ello dado que es el más frecuente, y además porque es el
que cuenta con una regulación jurídica más depurada.

El art. 2.1 LTT establece que, por medio de este contrato, "el porteador se obliga frente al
cargador, a cambio de un precio, a trasladar mercancías de un lugar a otro y ponerlas a
disposición de la persona designada en el contrato." Esta definición nos valdrá de punto de partida
en el estudio de este contrato. Así, en el art. 3 se establece que las disposiciones de la Ley
normalmente tienen un carácter dispositivo, salvo que a lo largo de su propio articulado el
legislador establezca lo contrario.


Si tratamos de definir los elementos del contrato, la primera figura que aparece es la del
porteador, que es quien asume la obligación contractual de transportar mercancías de un lugar a
otro, de tal manera que quien se obliga a transportar, con obligación de resultado, es también
responsable de ello, de verificar el transporte, respondiendo en caso de incumplimiento frente a la
otra parte contratante. Así lo que califica al porteador, no es que ejecute el contrato de forma
directa, sino que se obliga a verificar el resultado. Así, la Ley distingue, tanto en el art. 4 y 6, entre
porteador contractual, que es quien se compromete con el cargador a obtener el resultado de
transporte, y portador efectivo o de hecho, que es quien realiza por delegación del porteador
contractual la traslación física de las mercancías, pero no asume a efectos contractuales el papel
de porteador.

En cuanto a la forma, puede realizar un único porteador que realice el transporte desde el
punto de origen al punto de destino, o pueden existir varios porteadores sucesivos en la ejecución
del contrato. En este caso, surge la figura del transporte sucesivo o combinado, que consiste en
que mediante un único contrato y una única carta de porte, el cargador celebra un contrato de
transporte con varios porteadores, que irán entrando en el contrato y ejecutando y el transporte
por trayectos parciales hasta la llegada al destino de las mercancías. Ésa es la noción del
transporte sucesivo, que se recoge en los arts. 64 y ss. En este sentido, el art. 65 viene a decir que
todos los porteadores responden íntegramente de la ejecución del transporte, es decir, que la
pluralidad de transporte tiene consecuencia una respuesta solidaria de los porteadores. Así, en
caso de incumplimiento de contrato, el cargador puede dirigir su reclamación tanto frente al
primer porteador como frente al último, o cualquiera de los porteadores intermedios que
realizaron el trayecto, objeto de la reclamación.

Ahora bien, al ser la responsabilidad solidaria, si uno de los porteadores se obliga a
indemnizar, podrá luego, según el art. 66 repetir contra el resto de porteadores contra se cumplan
las reglas previstas en el propio precepto.

Junto a esa figura, aparece la figura del transporte multimodal, regulado en los art. 67 a 70.
Existe un único contrato, pero existe un único porteador responsable de la verificación del
transporte, siendo que este tipo de transporte es el que se verifica por distintos medios
geográficos, estableciendo el legislador que este contrato se rige por la normativa propia de cada
modo de transporte, como si el porteador y el cargador hubiesen estipulado un contrato de
transporte para cada fase del trayecto. En caso de reclamación, por incumplimiento del contrato,
existe un único interlocutor frente al que actuar.

Además del porteador, aparece el llamado cargador. Es el acreedor de la prestación del
porteador en el contrato. Será, así mismo, la persona obligada a entregar al porteador las
mercancías para que se verifique el transporte. En principio, la regla general que se establece en el
art. 37, el cargador ha de pagar el precio del transporte en el punto de origen.

También puede aparecer un tercer elemento personal, el destinatario o consignatario, que
es la persona a quien van dirigidas las mercancías. Puede ser la misma persona que el cargador,
habiendo identidad personal, o bien ser una persona distinta, en cuyo caso el destinatario irrumpe
en el contrato de transporte en la fase final, para recibir las mercancías y, en su caso, cuando así se
estipule, pagar el precio del transporte.


El contrato es de naturaleza consensual, sólo que en la práctica lo normal es que el
contrato se documente en la llamada carta de porte. La jurisprudencia establece que es un medio
de prueba privilegiado, en cuanto a la formalización del contrato, y también respecto a su
contenido. Además, juego un papel fundamental en cuanto al estado en que se entregan las
mercancías al porteador, dado que se describen las mercancías en el mismo. Así, ello será
relevante, la descripción de la carta de porte, si las mercancías presentaran algún tipo de daño o
deterioro.

El art. 10 deja a que sean voluntariamente las partes las que determinen si el contrato se
materializará o no en la carta de porte, salvo en determinados casos en los que el legislador sí
establece la necesidad de que dicha documentación exista.

La carta de porte, según el mismo precepto, ha de tener un contenido mínimo. Entre otras,
las partes del contrato, el precio, el lugar y fecha de recepción de las mercancías, su naturaleza,...
Además de estas menciones mínimas, igualmente se pueden incluir otras cláusulas, como por
ejemplo cuestiones relativas a seguros de las mercancías, o el sometimiento de las partes, en caso
de controversias, a una determinada junta arbitral de transportes.

Respecto al objeto del contrato, puede ser un único envío de mercancías, o bien tener por
objeto una serie de envíos de las mercancías que se estipulen en el contrato. En este caso, nos
encontramos ante un contrato de transporte de tracto sucesivo, recogido en el art. 8 bajo la
denominación de transporte continuado, que ha cumplir con los requerimientos que el legislador
fija.

El art. 21, respecto a las cosas transportadas, exige la necesidad de que en la carta de porte
se describan las mercancías que se transportan, para que puedan ser identificadas y haya
constancia del estado en que dichas mercancías se entregan al porteador. Además, éstas deben
ser entregadas al porteador de forma debida, siendo posible, según el art. 25 y ss que el porteador
pueda verificar si lo declarado por el cargador se corresponde con la mercancía que le ha sido
entregada, embalada, para el transporte.

En cuanto al precio del transporte, como contrato oneroso, es elemento fundamental, y ha
de aparecer consignado en la carta de porte. Si en la carta no se indica a quién corresponde el
pago del precio, dicha obligación, según el art. 37, corresponde al cargador en el punto de origen.
Pero aunque en el contrato se diga que el precio se pague por el destinatario en el destino, si éste
no paga, será subsidiariamente responsable del pago del precio el cargador, en virtud del art.
37.2.

Las obligaciones del porteador en el contrato de transporte son básicamente la obligación
de transportar, verificar el transporte, y también la obligación de custodia de las mercancías. Ello
significa que cuando el porteador incumple con las obligaciones del contrato, surge su
responsabilidad, que según establece el art. 46 es imperativa. Así, no serán válidas las cláusulas
contractuales que pretendan aminorar este régimen.

Los supuestos donde se refleja la responsabilidad del porteador, es en el supuesto de
pérdida de las mercancías. Ello significa que las mercancías se entregan en el punto de origen,


pero desaparecen físicamente sin entregarse en el destino. Esa pérdida pueden ser total o parcial.

El segundo supuesto es el de avería. Las mercancías son entregadas, pero alterando el
estado físico en que se entregaron al porteador, de manera que las mercancías en el punto de
destino disminuyen de valor. Finalmente, la responsabilidad en el supuesto de retraso, de forma
que se entregan las mercancías en el mismo estado, pero fuera del plazo estipulado por las partes.
Pero sólo surgirá la responsabilidad si en los tres supuestos concurren por culpa del porteador,
previendo la Ley de forma casuística un conjunto de supuestos, en el art. 48 que determinan la
exoneración de responsabilidad del porteador.

Para resolver cualquier controversia que nazca entre las partes por incumplimiento, o
cualquier otra razón, la Ley de Ordenación de los Contratos Terrestres, crea en cada Comunidad
Autónoma, la obligación de crear las llamadas Juntas Arbitrales de Transporte, que aparecen como
un órgano administrativo competente de la consejería competente en materia de transporte,
resolviendo las cuestiones que surjan.

Entre otras, actúan tales Juntas como depositarias de las mercancías no retiradas o no
pagadas en el punto de destino. Lo mismo se le atribuye para realizar peritaciones sobre el estado
de las mercancías, y todas las controversias que sean sometidas a su consideración se resolverán
mediante laudo.

Resuelven obligatoriamente todas las reclamaciones que no excedan de 6000 €, salvo que
alguna de las partes se haya opuesto a ello. Las que exceden de esa cantidad podrán también
someterse a la Junta, pero las partes han de someterse expresamente a la Junta Arbitral.

En cuanto al TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, tiene una incidencia económica muy
voluminosa, pero cuando se promulgó el CCo era muy escasa. Por ello, el CCo sólo contenía en el
art. 352 una referencia a este tipo de contrato. Posteriormente, una norma de 1949 de ordenación
de transportes por carretera, establecía que a este tipo de contratos les tendría que ser aplicada la
normativa dle transporte de mercancías. Sin embargo, por analogía de ese tipo de normas, nos
encontramos que al hablar de personas, si nos referimos a cargador, porteador no encajan en el
modelo. Así, es la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres la que se ha ocupado de
regular esta modalidad contractual, en los art. 67 a 83. De manera que al hablar de transporte de
viajeros, los elementos personales se simplifican, existiendo un porteador y el viajero.

La carta de porte se sustituye por el billete, que se expiden según establezca el clausulado
fijado por la Administración Pública. Otra de las características que se aplica a este contrato, es
que el porteador normalmente se obliga a trasladar al viajero y también al equipaje. Así, se fijan
indemnizaciones al porteador en caso de pérdida o daño del equipaje, en relación al peso del
mismo.


RÉGIMEN DE LOS VIAJES COMBINADOS

Su regulación se contiene, y se ha incorporado, al Texto Refundido de la Ley de
consumidores y usuarios, en los art. 150 a 165 del mismo.

Es un contrato que se caracteriza porque la agencia de viajes con la que contrata el
consumidor ofrece por los servicios contratos precios globales.


TEMAS 20 Y SS
"CONTRATO DE SEGURO."

Ante la eventualidad y riesgos que pueden afectarnos, podemos optar por la estipulación
de un contrato de seguro, que genéricamente, tiene como consecuencia que el asegurador, a
cambio de un precio, pague una indemnización, dentro de un baremo, en favor del asegurado.

Por tanto, la finalidad económica de todo contrato de seguro es obtener, ante una
determinada eventualidad, una determinada indemnización. Así, es fundamental la determinación
de cómo se determine dicha indemnización. Ante dicha circunstancia, en algunos casos
determinar la indemnización será una tarea relativamente fácil, dado que la valoración del daño es
sencilla, donde se llega a una indemnización efectiva del daño.

Sin embargo, en otros casos es muy difícil determinar tal indemnización, no sólo por la
dificultad de valorar el daño, sino porque el resarcimiento, por ejemplo en el caso de daños a
personas, es prácticamente imposible. Por eso, mientras que los seguros de daños tienden a una
reparación total de tal daño causado, de una indemnización efectiva, en los seguros de personas lo
único que se consigue es un alivio del mismo.

En ello consiste, en resumen, la actividad aseguradora. Pero dada su gran trascendencia
económica, la actividad aseguradora se regula por una rama del ordenamiento jurídico
denominada de los seguros. Tal Derecho, al igual que en el caso del transporte, se integra por
normas de muy distinta naturaleza, diferenciando normas de carácter pública, como la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, cuyo Texto Refundido se promulgó el 29 de
octubre de 2004.

En dicho Texto refundido se encuentran las normas de ordenación del sector, las que
determinan cuándo y cómo se constituye un seguro, normas de supervisión de entidades
aseguradoras. Estas normas se encuentran en fase de revisión, para adaptar nuestra normativa
interna a una Directiva Comunitaria, llamada Solvencia II. Ese proceso de adaptación e
incorporación tiene que estar concluido antes del 31 de octubre de 2012.

Junto a esta norma, aparecen las normas relativas a la Promoción y conclusión de contratos
de seguro, de manera que al igual que en el caso de los contratos de colaboración, sucede que las
entidades aseguradoras necesitan valerse de sujetos que profesionalmente se dediquen a realizar
esta labor para las entidades aseguradoras. El estatuto jurídico de estos profesionales se
encuentra actualmente en la Ley de mediación de seguros y reaseguros privados de 17 de julio de
2006.

Esta norma, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico una Directiva comunitaria,
pretende conseguir dos resultados:

(a) Fomentar la libre actuación de los mediadores en todo el territorio de la UE,


bajo los principios de libertad de establecimiento y libre prestación de
servicios.

(b) Establecer mecanismos mucho más protectores de los consumidores que
contratan un producto de este tipo. Así, se establecen dos mecanismos:

i. Obligación de todos los mediadores de informar previamente al
potencial contratante sobre las condiciones del contrato.
ii. Mecanismos extrajudiciales para resolver las controversias que puedan
surgir entre estos mediadores y la clientela con ocasión de la suscripción de
un contrato de seguro.

En cuanto a las figuras de mediación contempladas en la Ley, aparece la clásica figura del
AGENTE. Junto al agente exclusivo, que es el que actúa únicamente para una entidad aseguradora,
la Ley de 2006 recoge también la figura del agente vinculado, que es el que desarrollada tal
actividad de mediación para varias entidades aseguradoras.

Junto a esta figura aparece, igualmente, la del operador banca-seguro, que son una
modalidad de agente contemplada en la Ley, pero cuya característica es que realizan la
medicación mediante las redes de distribución de las entidades de crédito.

Finalmente, otra figura clásica es la del corredor de seguros. Así no dedica su actividad
respecto de ninguna de las partes, sólo acerca posturas.

La Ley ha previsto que las entidades puedan valerse de auxiliares externos, que no son
mediadores, y sencillamente captan clientela para tales mediadores.

Aparece, en el ámbito privado, la Ley del contrato de seguro, de 8 de octubre de 1980. Se
encarga de regular las relaciones jurídicas que se establecen entre las partes contratantes por el
hecho de haber estipulado un contrato de seguro. Esta Ley sufrió una importante modificación
mediante Ley de 19 de diciembre de 1990, sobretodo para incorporar a la Ley el seguro de defensa
jurídica, e incorporar igualmente determinadas normas de derecho internacional privado.

Dicha Ley vino a derogar los preceptos del Código Civil y Código de Comercio respecto de la
regulación del contrato de seguro, de forma que a partir de ese momento su regulación ya no se
encuentra bifurcada, sino únicamente en la LEYOCT80. En todo caso, está siendo objeto de
revisión, y debemos contemplar un anteproyecto de abril de 2011.

Las normas que aparecen contenidas en la LCSeguro son de carácter general,
imponiéndose imperativamente a las partes. Así lo establece el art. 3 LCS, salvo para los
denominados grandes riesgos, según el art. 44.2 LCS, como es el caso de buques, medios
ferroviarios, aeronaves, etc.

En cuanto a la clasificación del contrato es la que divide en seguros de daños o de
indemnización efectiva, y seguros de personas o de sumas. Así aparece en la LCS 1980. Y ello dado
que esa diferenciación se establece atendiendo a la forma en que se calcula y determina la


indemnización en los casos de siniestro. En los seguros de persona, normalmente, la
determinación de ésta se realiza a priori, en el momento del contrato, estableciéndose la suma
que el asegurador proporcionará al asegurado de producirse el siniestro previsto, de forma que
cuando éste tenga lugar, no será necesario el cálculo de la indemnización.

Respecto a los ELEMENTOS DEL CONTRATO, personales, en primer lugar aparece el
asegurador. En realidad, es el empresario de la rama de seguros. Esos aseguradores son a los que
el art. 7 texto refundido de ley ordenación denomina genéricamente como entidades
aseguradoras. Éstas, según dispone el propio texto refundido, establecen que éstas
obligatoriamente han de revestir la forma de sociedad anónima, mutua, cooperativas o
mutualidades de previsión social, siendo lo más frecuente que adopten la forma de sociedad
anónima.

Una vez que la entidad se constituye con alguna de las formas jurídicas de la Ley, además
de ello, la normativa exige que para que la entidad pueda operar en el Mercado, es necesario que
obtenga la autorización administrativa correspondiente. Ésta se otorga si se cumplen los requisitos
que la normativa establece, mediante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y
que se mantendrá vigente para toda la existencia de la entidad aseguradora.

El asegurador normalmente contrata con el tomador del seguro. Normalmente, además de
tomador, es asegurado. También es posible que no sean la misma persona, dado que la Ley de
Contrato de Seguro permite que el contrato de seguro se estipule por cuenta propia, pero también
por cuenta ajena, como en el caso de que el vendedor asegure las mercancías por cuenta del
comprador.

Cuando no se diga nada de forma expresa, se entiende que el contrato se estipula por
cuenta propia, siendo en todo caso el tomador el que quede obligado a cumplir las obligaciones
frente al asegurador.

En otros casos, la ejecución del contrato se complica cuando además de ambas figuras,
aparece la del beneficiario, que sería el destinatario de la indemnización del asegurador.
Obligatoriamente, esa figura aparece en los seguros para caso de muerte.

También aparece la figura del beneficiario, como sucede en los casos de responsabilidad
civil del art. 76, se otorga derecho a percibir la indemnización al tercero perjudicado, como en el
seguro a terceros de vehículos a motor.

Normalmente, el contrato de seguro es consensual, pero el art. 5 LCS obliga a que el
asegurador entregue al tomador, al contratante, un documento donde se contenga el contrato y
todas sus modificaciones. Y tal documento es lo que se denomina la póliza de seguro. Y ese
contrato contendrá unas condiciones generales, y también unas condiciones particulares, que
serán las que determinan las circunstancias propias de ese contrato, como son las partes
contratantes, suma, etc.

Dependiendo de las necesidades del tomador, existen diferentes tipos de póliza,
dependiendo del número de asegurados (póliza individual o de grupos, sólo para seguros de


personas), o en función de las modalidades de riesgo cubiertas por el contrato (pólizas simples o
bien multi-riesgo).

Finalmente, el contrato de seguro es oneroso, por lo que el tomador del seguro está
obligado a satisfacer una cantidad de dinero, llamada prima, en favor del asegurador. Esa prima no
se fija arbitrariamente por la entidad aseguradora, sino que se calcula mediante técnicas
actuariales en función de unos parámetros que sí aparecen contenidos en el texto refundido, es
decir, mediante referencias. Lo que sí establece la Ley es que la prima ha de ser suficiente en
relación a los riesgos cubiertos.

La prima, a efectos de su pago, puede ser única, pagada de una sola vez, o periódicas, que
prevén el fraccionamiento del pago de la prima. Se establece que cuando sean periódicas han de
ser pagadas anticipadamente. El lugar de pago es el del domicilio del tomador, aunque lo más
habitual es que se domicilien en una entidad bancaria tales pagos.

Cuando se incumple la obligación principal del tomador, respecto al pago de la prima,
autoriza al asegurador, salvo pacto en contrario, a resolver el contrato de seguro. Si se verifica el
siniestro y la prima no se hubiera pagado, el asegurador quedaría liberado de su obligación.

En cuanto a la duración del contrato, en principio es aquella que las partes convengan. Sin
embargo, la Ley establece importantes restricciones respecto al pacto libre de la duración. El art.
22 LCS establece que en todo caso deberá ser determinado, no cabe contrato por tiempo
indefinido. Para los seguros de daño, además, no cabe establecer una duración inicial del contrato
superior a 10 años, si bien luego se puede pactar la prórroga automática del mismo por períodos
que no sean superiores al año, salvo que ambas partes denuncien el contrato de seguro, lo cual
requiere para resolver el contrato, una antelación de dos meses a la expiración del contrato o
prórroga, y siempre por escrito.

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