4. Índice
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36 CHIAPAS: Epidemia feminicida
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38 COLIMA:
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ANÁLISIS
42 /Jesús Cantú
43 Michoabang /Naranjo
44 /Héctor Tajonar
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49 /Axel Didriksson
INTERNACIONAL
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53 ARGENTINA:
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CORRUPCIÓN
6
de impunidad /Jenaro Villamil
11
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
14
oficial /Arturo Rodríguez García
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NARCOTRÁFICO
18 Cocoa
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24
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28
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POLÍTICA
32
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24
3214

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CULTURA
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71
/Luciano Campos Garza
DEPORTES
74 /Raúl Ochoa
77
/Yetlaneci Alcaraz
79
82 Cambio de estrategia
/Helguera y Hernández
75
50 74
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la revista, a partir del domingo 14 de julio, de manera temporal,
no ha estado a la venta en todos los locales cerrados
(tiendas de autoservicio y departamentales, cafeterías, librerías,
etc.) podrán encontrar-
la en algunos restaurantes Vip’s del área metropolitana de la
ciudad de México (consulte la lista en nuestra página web) y en
la librería Gandhi de Miguel A. de Quevedo. Además podrán en-
contrarla en puestos de periódicos y algunas tiendas locales.
También está disponible la versión digital que pueden adquirir
en nuestra tienda en línea en
71
38

6. 6 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013
Desde hace dos décadas
Proceso ha documentado
las trapacerías de Raúl
Salinas de Gortari, quien
en seis años (los mismos
de su hermano en la
Presidencia) acumuló
una inmensa fortuna.
Encarcelado en el sexenio
de Ernesto Zedillo,
aparentemente más por
un afán de venganza
que por uno de justicia,
y liberado en el de Fox,
El hermano incómodo
vuelve a ser noticia
ahora, cuando un juez
decidió que la fortuna que
amasó inexplicablemente
no es ilícita y le será
devuelta. Para el
historiador Lorenzo
Meyer, a contracorriente
de lo que pasa en otros
países, donde los políticos
corruptos van a dar a la
cárcel o al basurero de
la historia, en México la
corrupción se premia.
ArchivoProceso

7. 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 7
CORRUPCIÓN
JENARO VILLAMIL
S
ímbolo de corrupción duran-
te el gobierno que prometió
llevar a México al Primer
Mundo, Raúl Salinas de Gor-
tari se ganó el sobrenombre
de El hermano incómodo el 21
de noviembre de 1994, cuan-
do en su número 942 Proceso publicó por
primera vez el recuento pormenorizado
de las andanzas, negocios, tráfico de in-
fluencias y riquezas del primogénito de
una dinastía que encumbró a Carlos Sa-
linas en la Presidencia de la República.
Han pasado casi dos décadas desde
esa edición. Y transcurrieron 17 años y
tres meses de complicados litigios con-
tra Raúl Salinas de Gortari, incluyendo
una década en la cárcel acusado de ser
autor intelectual del asesinato de José
Francisco Ruiz Massieu, su excuñado y
secretario general del PRI.
El priista Ernesto Zedillo lo encarceló
y mandó a Carlos Salinas de Gortari al
exilio. Durante los 12 años de gobiernos
panistas Raúl Salinas fue liberado y exo-
nerado de cuatro de los cinco delitos que
pesaban en su contra: homicidio, pecu-
lado, defraudación fiscal y lavado de di-
nero, al mismo tiempo que su hermano,
el expresidente, “normalizó” su vida pú-
blica, publicó libros, se convirtió en so-
cialité y se autonombró protagonista del
“debate de las ideas”.
El miércoles 31 de julio la Procuradu-
ría General de la República (PGR) anun-
ció que apelaría la sentencia dictada
el 19 de julio anterior por el juez 13 de
Distrito en Materia Penal, Carlos López
Cruz, quien exoneró a Raúl Salinas del
último delito que pesaba en su contra:
enriquecimiento ilícito. Ese mismo día
Enrique Peña Nieto, el mexiquense que
protagonizó el retorno del PRI a la Presi-
dencia, fue intervenido quirúrgicamen-
te para retirarle un nódulo de la tiroides.
En los últimos 17 años la PGR ha perdi-
do todos los procesos contra Raúl Salinas.
Exonerado del delito de enriquecimiento
ilícito, a El hermano incómodo le serán de-
vueltos 224 millones de pesos deposita-
dos en 12 cuentas bancarias, así como 41
inmuebles en 24 entidades del país.
El juez López Cruz admitió en su
sentencia que Raúl Salinas acumuló en
menos de 10 años una fortuna inex-
plicable para alguien que vivía de
su salario como burócrata: Pasó de
tener 17 inmuebles y bienes por 60
mil dólares en 1983 –antes de ser
nombrado gerente general de Dis-
tribuidora Conasupo S.A. de C.V.– a
acumular en abril de 1992 un total
de 52 millones de dólares, 41 in-
muebles y fondos de inversión en el
extranjero.
Sin embargo el juez admitió que
“al no acreditarse que los bienes
que fueron adquiridos por el servi-
dor público Raúl Salinas de Gortari
son el producto del abuso de las
atribuciones conferidas”, se desva-
nece el delito de enriquecimiento
ilícito.
“Derrota de la justicia”
De esta manera Raúl Salinas de
Gortari pasaría de ser un símbolo
de la corrupción a un símbolo de
la impunidad,“la máxima derrota
de la procuración de justicia en
este país”, advierte el historiador
y ensayista Lorenzo Meyer,entre-
vistado por Proceso para anali-
zar las repercusiones políticas
del caso.
Raúl, de la mano de Carlos,
símbolo de
No hay espacio para el optimismo en
el análisis de Meyer, autor de La segunda
muerte de la Revolución Mexicana y crítico
puntual del salinismo:
“Para entender este proceso es ne-
cesario ver a los Salinas casi como un
accidente. Si no hubieran sido Carlos
y Raúl serían otros. El problema de
fondo es la calidad y la cantidad de la
corrupción, independientemente de
partidos políticos, de la alternancia o
del cambio de gobiernos. Algo está en-
impunidad

8. 8 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013
callecido en nuestra clase política.
“En el caso mexicano resulta que la
clase política fracasa una y otra vez y no le
pasa nada. En otros países la clase política
que fracasa debe terminar en el basure-
ro de la historia. Así está sucediendo con
Silvio Berlusconi en Italia. Así sucedió con
Menem en Argentina, con Collor de Mello
en Brasil, con Fujimori en Perú. Pero en
México no pasa nada. Al contrario, a Raúl
Salinas hasta le devuelven sus millones.”
Coautor de la Historia de la Revolu-
ción Mexicana, 1928-1934, conocedor del
periodo cardenista, especialista en las
relaciones entre México y Estados Uni-
dos, Meyer va articulando una hipótesis:
a diferencia del valor que se le da a la
competencia en el mercado económico,
en el caso político, la incompetencia y la
corrupción “es lo que conviene”.
“Hay solidaridad en la impudicia
de una clase política que fracasa una y
otra vez en su cometido fundamental
que debe ser el bienestar del país, pero
a ellos les va muy bien. Se han monta-
do en una tendencia que es histórica en
México: la incompetencia de la clase po-
lítica y su impunidad.”
–¿El caso de Raúl Salinas indica que
la corrupción durante el periodo neoli-
beral fue mayor que durante el estatis-
mo mexicano?
–No es mayor. Siempre ha sido igual.
Lo terrible es que, por un momento al-
gunos pensamos que México había dado
un salto cualitativo con la alternancia...
y no fue así.
“El mensaje que envía la clase política
a la sociedad con el caso de Raúl Salinas de
Gortari es tremendo: ‘Miren, bola de babo-
sos, la situación política real es ésta. Hagan
lo quieran.Al final, nosotros, la clase políti-
ca, entendemos la naturaleza de la corrup-
ción en este país y no va a cambiar’.”
–¿Es un mensaje de impunidad total?
–Sí. La principal responsabilidad es
de la PGR. Quizá porque su trabajo no es
procurar la justicia sino la injusticia. La
impunidad es la mayor de las injusticias.
–Sin embargo Raúl Salinas pasó al-
gunos años en la cárcel, dirían algunos...
–Sí, estuvo por una cosa que no se
le comprobó (la autoría intelectual del
asesinato de Ruiz Massieu), pero eso to-
davía sirve para hacer más cínica a la so-
ciedad mexicana.
“Es una pedagogía muy bien hecha
por la clase política: no hay que hacerse
ilusiones, aquí no pasa nada.
“El fenómeno de Raúl Salinas le
conviene a la clase política. Sin decirlo
explícitamente nos indica que nunca
habrá posibilidades de transformar el
enorme castillo de corrupción que es el
sistema político mexicano.”
–¿Por qué entonces encarcelan a per-
sonajes como Granier, Elba Esther Gordi-
llo, etcétera?
–Porque Granier es un advenedizo en
la clase política tradicional. Al sistema
político le sirve muy bien, de vez en vez,
que alguien caiga, como pasó con Jorge
L
a noche del 10 de octubre de 2000,
el conductor Joaquín López Dóriga
divulgó en su noticiero de Televisa la
grabación de una plática telefónica
entre Raúl Salinas de Gortari y su hermana
Adriana. En ella, el hermano mayor del ex-
presidente amenazaba con difundir toda la
verdad sobre los recursos depositados por
él en bancos extranjeros.
Reproducimos las partes sustanciales
de esa conversación:
Raúl (R). Bueno…
Adriana (A). Raúl (…) Hola, ¿cómo es-
tás? ¿Viste la entrevista?
R. Sí, sí la vi.
A. A ver, cuéntame; estamos aquí un
grupo de gente; a ver, cuéntanos.
(…)
R. Es decir, así fue el error de diciem-
bre… había tanto, etcétera, creo que em-
pezar a decir que no hay nada personal,
eso así la gente ya no se lo cree.
A. Ajá.
R. Porque finalmente lo que la gente quie-
re ver es lo personal. A final de cuentas, por
mucho que le expliques tú a la gente de quién
fue el responsable del error de diciembre, no
le devuelve ni su carrito, ni su casa, ni su tra-
bajo. Sin embargo, me parece que habría,
que es necesario contrarrestar todas las men-
tiras que se han dicho. Me parece muy im-
portante que se diga ya que este gobierno
fabricó una historia y una serie de historias...
A. Ajá.
R. Que son su responsabilidad. Me pa-
rece muy importante que el PRI tenga en
algún momento que enfrentar cuentas de
qué hizo cada presidente a favor o en con-
tra de la plataforma del PRI, de los proyec-
tos del PRI y del PRI como partido. Esto a
mí me parece muy bien. Eh... en cuanto a
mí, a mí no me gustó nada, porque no me
ayuda en nada en mi defensa; al contrario,
me la dificulta, me la tropieza. Yo tengo…
Conversación mortal pues un par de años haciendo un gran esfuer-
zo –o sea, el año pasado y este año–, e insis-
tiendo en que los fondos son lícitos. Y con
las manifestaciones que hizo Carlos, pues
reprobó moralmente esta posición.
A. Ajá.
R. Y entonces me deja en una posición
muy adversa, porque él dice: Raúl debe estar
en la cárcel porque hasta a mí me traicionó…
que es lo que la gente recibe. Y bueno, enton-
ces me hace muy difícil mi defensa. Es decir,
a mi juicio dio pasos en contra de mi defen-
sa que no eran necesarios. Y pudo haber di-
cho perfectamente: “Hay un proceso que…
al concluir su proceso, se sabrá. Yo entiendo
que... (inaudible), pero lo que más importa es
que no son parte de mi gobierno”... Que era lo
que yo había establecido...
A. Eso sí lo dijo, ¿eh?
R. Sí, de pasadita. Pero la actitud esa de
que a mí me lastimó, y eso, en primer lugar,
nadie se lo cree. Pero el segundo, lo que es-
tá diciendo es: moralmente Raúl está repro-
bado, y si Raúl está reprobado es porque los
fondos en la práctica son ilícitos. Y eso me
da en la torre a mi defensa.
La encuesta de López Dóriga

9. 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 9
CORRUPCIÓN
Díaz Serrano; pero a los de a de veras,
como al señor Montiel del Estado de Mé-
xico, a esos no se les quita ni se les toca.
Los fondos en Suiza
Meyer recuerda también dos episodios
que hablan de la doble cara de la clase po-
lítica frente al fenómeno de Raúl Salinas
de Gortari: las confesiones del expresi-
dente Miguel de la Madrid y las conver-
saciones grabadas a Luis Téllez, entonces
secretario de Comunicaciones yTranspor-
tes,sobre el robo de la partida secreta de la
Presidencia.
En ambos casos, advierte el historia-
dor, “nos hicieron saber más o menos que
hubo saqueo de las arcas públicas,pero no
pasó nada”. “¡Qué mala suerte de este ti-
po!”, exclama Meyer al recordar a Miguel
de la Madrid. “Nos dijo que se arrepintió
de haber dejado a Carlos Salinas de Gorta-
ri porque resultó que le gustaba el dinero”.
En mayo de 2009 el expresidente De
la Madrid admitió en una entrevista con
Carmen Aristegui que su sucesor, Carlos
Salinas de Gortari, encubrió la corrup-
ción de sus hermanos, en particular de
Raúl y Enrique, quienes tenían “vínculos
con grupos del narcotráfico”.
Raúl Salinas “conseguía contratos de
gobierno, se comunicaba con narcotrafi-
cantes. No recuerdo exactamente cuáles,
pero con los que le dieron dinero para lle-
várselo a Suiza”, declaró De la Madrid.
“Cuando yo ya no era presidente me
di cuenta del dinero que se había lleva-
do Raúl, la cuenta de Suiza. Más o menos
me di cuenta que las operaciones se ha-
cían por medio de bancos norteamerica-
nos; hacían las transacciones de recoger
el dinero y llevárselo a Suiza”, abundó.
Las declaraciones de De la Madrid pro-
vocaron una inmediata y airada reacción
para obligar al expresidente a desdecirse,
al tiempo que sus familiares y excolabora-
dores cercanos argumentaron que estaba
mal de sus facultades mentales.
A. Estoy tomando nota.
R. ¿Mande?
A. Estoy tomando nota.
R. Eso me lastima mucho en mi defen-
sa, porque una reprobación moral es lo que
más daño me hace. He venido trabajando
con mucho esfuerzo para demostrar que
los fondos son lícitos, que no cometí deli-
tos, y si me reprueba moralmente, pues me
causa un daño. Creo que además es muy
torpe de su parte decir que me exige una
aclaración precisa, y la voy a dar, Adriana;
le voy a tomar la palabra nada más; ya to-
mé la decisión de cuándo. No va a ser ni
ahorita ni mañana, pero le voy a tomar la
palabra, y lo voy a aclarar todo, todo.
A. Ah...
R. Todo voy a aclarar: de dónde salie-
ron los fondos, quién era el intermediario,
para qué eran, de dónde salieron y adónde
fueron. Porque creo que, efectivamente, la
sociedad merece una aclaración completa,
y creo que más mentiras no ayudan.
A. Ajá.
R. Y voy a decir qué fondos salieron del
erario público para que se devuelvan. Yo
creo que con eso la sociedad sí quedará
contenta. Con esas mentiras a mí solamen-
te me dañan, y nadie se lo cree.
A. Bueno, está bien.
R. Pero no lo voy a hacer ni ahorita ni
mañana ni pasado. Mañana y pasado voy
a hacer otras cosas que necesito hacer pa-
ra mi defensa.
A. Mmh...
R. Porque claramente estas actitudes
desmoralizan mucho también a mis defen-
sores, porque no sienten que me apoye.
A. Mmm...
R. ¿Tú cómo crees que le caiga a Cár-
denas (Raúl, el abogado de Raúl Salinas)
ahorita que estamos en las conclusiones?
A. Mmm...
R. De la patada.
A. Mmm...
R. Porque no me apoya, porque no dice
que los fondos son lícitos, porque no dice qué
ha demostrado la defensa. Bueno, le mandé...
A. Lo de los empresarios.
R. No dijo de los empresarios...
A. ¡Claro que sí lo dijo! ¡Claro que dijo!
Los empresarios han dicho que ellos se lo
dieron. ¡Claro que lo dijo!
R. Y después ¿para qué sale con el
cuento ese de que me lastimó, y que me hi-
zo mucho daño a mí...
A. Dijo que me lastimó de... de... de las
cuestiones falsas de... papeles.
R. Sí, Adriana, lo saqué a través de Go-
bernación por instrucciones de él.
A. ¡No es cierto! ¡Tú me dijiste otra co-
sa! ¡No es cierto!
R. Sí Adriana, yo tengo papeles...
A. ¡No es cierto! ¡Tú me dijiste otra co-
sa! Tú lo sacaste con otra cosa y dijiste que
tú asumías esa responsabilidad.
R. Sí, pero no para que me estén a mí
golpeando… (inaudible).
A. Pero no es cierto que con su anuen-
cia, no es cierto, y tú me lo dijiste.
R. Tan te lo dije (...) Tan es cierto (...) que
en el expediente en donde está el pasapor-
te falso dice: por órdenes de Gobernación.
A. Esos tú los sacaste, y no por órde-
nes de Carlos, y no digas mentiras...
R. Y por órdenes de Carlos se com-
pró la casa de Explanada, y la compró Víc-
tor Cadena...
A. Estás hablando de los pasaportes
falsos. Y eso es mentira, y tú me lo dijiste
hace tres años.
R. Muy bien, Adriana. Yo voy a acla-
rar todo, en su momento, como él me lo es-
tá pidiendo.
A. Sí, pero tú también le dijiste muchas
cosas, y… (inaudible) cosas que no es cier-
to (inaudible)... no sé todo lo demás, pero
esto no es cierto...
R. Voy a decir... voy a decir toda la ver-
dad... toda... nada más que en su momen-
to (…) tú verás, te voy a decir todo lo de
Margarita, lo de Carlos, lo del pasapor-
te (…) todo, todo voy a decir, Adriana. Pero
es una cobardía de Carlos atacarme públi-
camente. Es una cobardía y una traición de
hermano...
A. No te atacó...
R. Me está atacando, porque él su-
po de todos los movimientos, todos los
fondos...
A. Es una mentira tuya...
R. …todos los movimientos...
A. ...es una mentira tuya...
R. ...se lo digo en su cara...
A. …(inaudible) que lo aceptabas (...),
y está grabado en Almoloya lo que me
dijiste...
R. Todo lo que tú quieras, Adriana, pe-
ro es una cobardía de Carlos atacarme
públicamente...
A. No te atacó...
R. Es una cobardía no defenderme (...)
Es una cobardía gigantesca de Carlos es-
tarme mandando recados con Juan José
de que le manden dinero porque el dinero
es de él y venir a decir que él no sabía na-
da. Esto... (fin de la grabación).
MarcoAntonioCruz
Con Peña Nieto. La exoneración

10. 10 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013
Raúl Salinas de Gortari publicó una
carta aclaratoria el 14 de mayo de 2009
para defenderse de las acusaciones de
De la Madrid. En relación con el “fondo
de inversión” formado en 1994 con capi-
tal de distintos empresarios, incluyendo
a Carlos Peralta, Carlos Hank y Roberto
González Barrera, afirmó:
“Durante 13 años (1995 a 2008) fui
exhaustivamente investigado por cuatro
de los países más avanzados en materia
de investigación criminal (Suiza, Fran-
cia, Inglaterra y Estados Unidos). Los
elementos encontrados en estos países
fueron nutriendo la investigación suiza.
“Finalmente las autoridades suizas
concluyeron que no existían elementos
que pudieran vincular, ni siquiera a ni-
vel de indicios, el patrimonio depositado
en aquel país con alguna actividad rela-
cionada con el narcotráfico.
“En junio de 2008 el juez suizo Paul
Perraudin emitió una sentencia en la
que dio por cerrado el caso en Suiza, es-
tableciendo que no existían elementos
que me vincularan a mí o a mi familia
con el crimen organizado.”
La sentencia absolutoria del 19 de ju-
lio no se pronunció sobre el dinero depo-
sitado en Suiza e Inglaterra. De acuerdo
con la PGR, a Salinas de Gortari le fueron
devueltos 74 millones de dólares de esos
110 millones que formaron parte de un
“fondo de inversionistas”.
El otro escándalo que fue acallado se
produjo a raíz de la divulgación de una
grabación del exsecretario calderonista
de Comunicaciones y Transportes, Luis
Téllez, quien fue subsecretario de Agri-
cultura con Salinas y titular de Energía
en el sexenio de Ernesto Zedillo.
En febrero de 2009 se divulgó una
declaración de Luis Téllez que hablaba
de Ana Paula Gerard, esposa del expre-
sidente Salinas de Gortari: “Ana Paula
ya trae ese rollo también... y bueno, en
el caso de Salinas se robó la mitad de la
cuenta secreta; sí, hizo muchas cosas”.
El 12 de febrero, poco después de co-
nocerse las grabaciones, Téllez leyó un
comunicado en una rueda de prensa.
Admitió que era real la grabación donde
acusa a Salinas de sustraer la mitad de
la partida secreta, pero alegó que lo hizo
“de manera indebida”. “Nunca he tenido
evidencia alguna sobre acciones ilícitas
del expresidente Carlos Salinas”, atajó.
Cuestionado sobre su probable renuncia
a la Secretaría de Comunicaciones,Téllez
respondió que no había razón alguna pa-
ra abandonar el cargo. Semanas después
Calderón lo relevó (Proceso 1685).
El debate sobre el robo de la partida
secreta fue alentado por el propio Raúl
Salinas. En la llamada telefónica con su
hermana Adriana, divulgada en octubre
de 2000 en El Noticiero del Canal 2 de Te-
levisa, advierte que aclarará de dónde
salieron los fondos.
“Voy a decir qué fondos salieron del
erario público para que se devuelvan, yo
creo que con eso la sociedad sí quedará
contenta”, sentenció Raúl al quejarse de
las declaraciones recientes de su hermano
Carlos.
“Sí, Adriana, lo saqué a través de
Gobernación por instrucciones de él”,
apuntó Raúl Salinas.
Nunca volvió a mencionar Raúl Sali-
nas este episodio. Ni en su libro Diario del
infierno de Almoloya, editado en 2005 por
Diana.
López Cruz, en su sentencia del 19 de
julio, resolvió que entre septiembre de
1990 y julio de 1994 poco más de 2 mil
700 millones de pesos de la partida se-
creta fueron transferidos ilegalmente a
una cuenta de Banco Mexicano Somex,
por conducto de Ernesto Sentíes Hoyos,
entonces director general de Adminis-
tración de la Presidencia.
Sin embargo, el mismo juez advirtió
que “resulta irrelevante” si este dinero
fue desviado para beneficiar a Juan Ma-
nuel Gómez Gutiérrez, contador de Raúl
Salinas de Gortari, porque éste ya había
sido exonerado del delito de peculado
en la sentencia de 2004 dictada por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Penal de Toluca.
Paradójicamente los magistrados de
Toluca absolvieron a Raúl Salinas de ha-
berse beneficiado con 207 millones de
los 2 mil 218 millones de pesos desvia-
dos por Sentíes, afirmando que la parti-
da secreta de la Presidencia no tenía una
finalidad específica.
Cadena de impunidades
En síntesis, ninguno de los delitos o de la
cadena de favores y tráfico de influencias
que se le imputaron a Raúl Salinas de
Gortari desde que operaba como El Señor
Diez por Ciento en el sexenio de su herma-
no se confirmó y menos se sancionó.
En junio de 1991 Manú Dornbierer pu-
blicó en su columna “La Gente”, del perió-
dico Excélsior, que Raúl y Enrique Salinas
obtendrían 25% de la concesión del Hipó-
dromo de las Américas durante 25 años.
El entonces procurador general Igna-
cio Morales Lechuga y el gerente general
del hipódromo, Justo Fernández, negaron
la versión.Dornbierer,en una entrega pos-
terior, afirmó que el propio Raúl Salinas,
“evaluador técnico de Solidaridad, princi-
pal programa sociopolítico del gobierno”,
fue a quejarse con el director de Excélsior,
Regino Díaz Redondo, de ese artículo.
En abril de 1994, tras el asesinato de
Luis Donaldo Colosio,el comisionista britá-
nico Kaveh Moussavi generó un escándalo
al divulgar en Washington que él había si-
do víctima de un intento de soborno cuan-
do fue representante de IBM en México.
“Me refiero al proyecto de la refinería
Santa Cruz, que se concedió a la Corpo-
ración Mitsubishi. Fui testigo del hecho
de que los servicios del señor Raúl fueron
contratados por Mitsubishi por una tarifa
de 10% en el proyecto multimillonario”, es-
cribió Moussavi en el libro Carpizo expuesto.
La prensa cercana al entorno sali-
nista llamó a Moussavi extorsionador y
chantajista.
Durante el proceso de privatización
de Imevisión, Raúl Salinas le prestó 30
millones de dólares a Ricardo Salinas
Pliego, el concesionario que resultó ga-
nador, a través de un fondo de inversio-
nes que lideraba para la compra de los
canales 13 y 7. La noticia se conoció tres
años después del proceso de desincor-
poración de los canales del Estado.
En su libro El Tigre, Emilio Azcárra-
ga y su imperio Televisa, los periodistas
Claudia Fernández y Andrew Paxman
recordaron que Raúl Salinas “se acercó
a Serna, a Gómez Flores y al propio Sali-
nas Pliego, entre otros. A los Vargas, por
ejemplo, los visitó en su casa y les pidió
que le hicieran una presentación sobre
lo que haría Multivisión en caso de ga-
nar la televisión y qué haría para compe-
tir con Televisa”.
“Sobre el tráfico de influencias o de
información no hay pruebas documen-
tales; sólo testimonios como el de ejecu-
tivos de NBC Noticias que preguntaban
en México –un mes antes de la privati-
zación–, quién era un tal Ricardo Salinas
Pliego que decía que ya estaba amarrado
con el hermano del presidente”, escri-
bieron Fernández y Paxman.
Parte de la enorme riqueza inmobi-
liaria de Raúl Salinas fue publicada el 12
de diciembre de 2004 por Proceso (núme-
ro 1467). Un documento elaborado por la
Dirección General de Procesos de la PGR
detalla que sólo en el Distrito Federal, el
hermano del expresidente adquirió 25
propiedades: desde un terreno en las Lo-
mas de Chapultepec, adquirido por 750
millones de pesos en enero de 1989, hasta
varias casas en las delegaciones Coyoa-
cán,Álvaro Obregón y Benito Juárez.
En Guerrero, Raúl Salinas se hizo pro-
pietario de 17 inmuebles, incluyendo un
lote de 100 millones en Ixtapa Zihuatanejo
más otro en la zona hotelera que le costó
225 millones de pesos en 1991. En Morelos
adquirió seis inmuebles, entre ellos, dos
en Tepoztlán, entre 1990 y 1991. En Puebla
compró la exhacienda Las Mendocinas por
156 millones de pesos.Y todo con el salario
de director general y gerente general en la
estructura del gobierno federal.

11. 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 11
CORRUPCIÓN
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
S
i hubo delitos, Raúl Salinas
de Gortari no fue culpable de
ninguno. Esa fue la conclu-
sión que jueces y magistrados
fueron armando a lo largo de
17 años para liberar de toda
responsabilidad penal a El hermano incó-
modo. En la lógica que prevaleció en el Po-
der Judicial de la Federación, el desvío de
la partida secreta de la Presidencia de la
República durante el gobierno de su her-
mano Carlos (1988-1994) no fue su culpa.
Y si acumuló miles de millones de pesos
en ese mismo lapso fue por su creatividad
empresarial.
El autor más acabado de ese razona-
miento es Carlos López Cruz, juez 13 de
Distrito en Materia Penal federal en la
Ciudad de México, quien el viernes 19 de
julio exoneró del delito de enriquecimien-
to ilícito al mayor de los hermanos Sali-
nas de Gortari y, en consecuencia, ordenó
la restitución de sus bienes, estimados en
224 millones de pesos.
Esa cifra es independiente de los mil 300
millones de dólares que depositó en bancos
de Suiza e Inglaterra y que motivaron fuer-
tes disputas entre los descendientes del
jerarca Raúl Salinas Lozano, exfuncionario
que hizo su vida pública al lado del profesor
Carlos Hank González –ambos ya falleci-
dos, al igual que el menor del clan Salinas
de Gortari, Enrique, asesinado en diciembre
de 2004.
Las cuentas bancarias, casas, terrenos,
joyas, inversiones y cuantas propiedades
Raúl Salinas acumuló en nueve estados
de la República –que suman 41 y que le
fueron aseguradas en 1996– no las obtu-
vo mediante “prácticas corruptas, irre-
gulares o deshonestas”. Quien piense lo
contrario, que lo demuestre y, de acuerdo
con el juez, la Procuraduría General de la
República (PGR) no ha podido hacerlo en
17 años y tres meses.
Derrotada una y otra vez en el juicio
que se ha prolongado más de tres lustros,
la PGR impugnó la decisión de López Cruz,
quien ha sido uno de los jueces capacita-
dos en tratamiento de casos de lavado de
dinero por el Departamento del Tesoro y
el Servicio de Aduanas de Estados Uni-
dos. También ha recibido instrucción de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en cultura de la legalidad, transparencia y
combate a la corrupción.
Ha sido abogado de la Subdirección
Jurídica de la Dirección General de Reclu-
sorios del Distrito Federal, agente del mi-
nisterio público federal y director general
de la visitaduría de la propia PGR. En junio
de 2008 fue designado juez por oposición.
Su resolución judicial no fue anuncia-
da por el Consejo de la Judicatura Federal
Usted disculpe
Un juez federal comprobó que sí se desvió dinero públi-
co hacia las cuentas de Raúl Salinas. Es más: Detectó
que durante el tiempo en el que El hermano incómodo
desempeñó un cargo público multiplicó su fortuna 339
veces, y corroboró que en siete años el mayor de los
Salinas de Gortari pasó de tener 17 inmuebles a 41. ¿La
resolucióndeljuez?Declararloinocenteyordenareldes-
congelamiento de sus cuentas.Su enriquecimiento,dijo,
fue producto de“la efectiva inversión de sus haberes”.
y tome su dinero
Fernando Gutiérrez Juárez

12. 12 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013
(CJF), encargado de informar
sobre las decisiones más im-
portantes de la justicia fede-
ral. Se conoció a través del
periódico Milenio el miércoles
31 de julio, al final del primer
receso judicial del año. Desa-
tado el escándalo, la PGR dijo
que ese mismo día impugnó
el fallo del juez. Pero no in-
formó más. Nada dijo sobre
la lógica jurídica del juzga-
dor. Al cierre de esta edición,
el CJF aún no anunciaba qué
Tribunal Unitario revisará el
fallo del juez López Cruz.
El 18 de marzo de 1996, al
inicio del gobierno de Ernes-
to Zedillo, la PGR consignó a
Raúl Salinas de Gortari por enriquecimien-
to ilícito y peculado. Un año antes, el mis-
mo gobierno zedillista ya había logrado su
encarcelamiento, acusado de ser el autor
intelectual del homicidio –en septiembre
de 1994– del entonces presidente del PRI
y excuñado de los Salinas, José Francisco
Ruiz Massieu, padre de Claudia Ruiz Mas-
sieu Salinas, actual secretaria de Turismo
del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Raúl Salinas pagó 10 años de cárcel
antes de obtener su libertad por vía del
amparo. El 14 de junio de 2005, durante el
gobierno deVicente Fox, quedó exonerado
del homicidio por el Segundo Tribunal Co-
legiado del Segundo Circuito, con sede en
el Estado de México.
Ya antes, en octubre de 2004, ese mis-
mo Tribunal Colegiado de Toluca le había
hecho ganar una batalla crucial para re-
cuperar su dinero. En un fallo dictado el
8 de octubre de ese año, estableció que
no había elementos para demostrar el
peculado, porque la partida secreta de la
Presidencia de la República se manejaba
de manera discrecional para gastos con-
fue ahora ratificado por el juez
13 de Distrito en Materia Penal
federal para exonerar al con-
tador de Salinas Juan Manuel
Gómez Gutiérrez y a Jesús Gó-
mez Portugal.
Después de aquella reso-
lución del Segundo Tribunal
Colegiado con sede en Tolu-
ca, el magistrado Soda Ortiz
fue reemplazado por Adalid
Ambriz Landa y, ocho meses
después, el mismo Colegia-
do decretó la exoneración de
Raúl Salinas del asesinato
de Ruiz Massieu, quien tam-
bién fuera gobernador de
Guerrero.
El cambio en el Tribunal
Colegiado fue atribuido al ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) Sergio Valls Hernández, un priista
que al inicio del gobierno de Carlos Sali-
nas pasó del Poder Ejecutivo al Poder Judi-
cial del Distrito Federal. De ahí regresó al
Poder Ejecutivo y luego saltó a la justicia
federal (Proceso 1725). Manuel Baraibar
falleció en mayo pasado, luego de haber
participado en una terna propuesta por el
entonces presidente Felipe Calderón para
convertirse en ministro de la SCJN. En sus
homenajes luctuosos estuvo Valls Her-
nández, chiapaneco como el magistrado
fallecido.
Desde su salida de la cárcel, Raúl Sali-
nas se ha dedicado a impugnar una y otra
vez en los tribunales federales para recu-
perar su cuantioso capital. Luego de haber
superado las acusaciones de peculado, de-
fraudación fiscal y de lavado de dinero,aho-
ra va por el cierre del caso para recuperar
en definitiva su cuantiosa riqueza. En su
defensa legal ha tenido una gran aliada, la
magistrada Antonia Herlinda Velasco Villa-
vicencio, titular del Quinto Tribunal Unita-
rio en Materia Penal en el Distrito Federal.
Es la misma magistrada que en 2005
decretó la exoneración del expresiden-
te Luis Echeverría y su secretario Mario
Moya en la acusación que el gobierno de
Vicente Fox les fincó como presuntos res-
ponsables del delito de genocidio, por la
matanza de estudiantes del 10 de junio de
1971, conocida como el halconazo.
Velasco Villavicencio fue integrante del
CJF hasta la reforma judicial del propio Ze-
dillo en 1995. Su salida como consejera fue
adjudicada en su momento, en el Poder Ju-
dicial, a su supuesta relación con el salinis-
mo. Se tituló de la licenciatura con la tesis
Las sociedades mercantiles irregulares. A partir
de abril de 2006, casi un año después de la
excarcelación de Raúl Salinas, la magistrada
le concedió una serie de amparos en la causa
penal 37/1997-I y su acumulada 54/2002 por
enriquecimiento ilícito. En agosto de 2006,
tingentes. El operador era el director ge-
neral de Administración de la Presidencia,
Ernesto Sentíes Hoyos.
Con esa decisión, los magistrados
echaron abajo lo que había determina-
do el juez Juan José Olvera López, titular
del Juzgado 12 con sede en el Reclusorio
Oriente, para quien en la causa acumula-
da por enriquecimiento ilícito, la 52/2002
abierta contra Raúl Salinas, quedó demos-
trado que entre 1990 y 1994 Sentíes fue
quien recibió de la tesorería federal 2 mil
700 millones de pesos.
Buena parte de ese dinero, 2 mil 227
millones de pesos, fue depositada en
cuentas de Araceli y Francisco Vázquez
Alanís, quienes trabajaban para Sentíes y
quienes traspasaron las cuentas que Raúl
Salinas disfrazó con los alias de Juan José
González Cadena, Rolando Gutiérrez Gar-
cía y Juan Manuel Gómez.
Pero los magistrados José Nieves Luna
Castro,Alejandro Soda Ortiz y Manuel Barai-
bar Constantino determinaron que no había
pruebas de que Salinas estuviera enterado o
haya facilitado el desvío. Ese mismo criterio
MiguelDimayuga
En presidio. Tiempos oscuros
Las Mendocinas. Remanso poblano

13. 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 13
CORRUPCIÓN
modificó el auto de formal prisión para que
no se le suspendieran sus derechos políticos.
Uno de los amparos más importantes
para Salinas fue el que la magistrada dictó el
22 de mayo del año pasado, que dejó insub-
sistente un fallo de 2007 del Segundo Tribu-
nal Unitario en Procesos Penales Federales,
que había confirmado el inicio de la instruc-
ción en su contra por enriquecimiento ilícito.
El amparo causó ejecutoria en junio de 2012.
El caso se radicó en el Juzgado Déci-
mo Tercero de Distrito en Procesos Pe-
nales Federales. Junto con Salinas, en la
causa penal fueron incluidos su conta-
dor Juan Manuel Gómez Gutiérrez y Je-
sús Gómez Portugal, señalados como sus
prestanombres.
Exonerado del delito de peculado, al
mayor del clan Salinas, de 67 años, sólo
le queda el de enriquecimiento ilícito, y el
juez Carlos López Cruz propuso desecharlo
yendo más allá incluso de la lógica de los
magistrados del Segundo Tribunal Cole-
giado de Toluca: Sí, El hermano incómodo es
millonario, pero gracias a sus habilidades
financieras, no porque se haya aprovecha-
do de la Presidencia de Carlos Salinas.
Concede: “El acusado se enriqueció…
incrementó sustancialmente su patrimo-
nio durante el tiempo en el que desem-
peñó un empleo, cargo o comisión en el
servicio público… en un periodo compren-
dido de enero de 1985 a abril de 1992”.
Salinas, en efecto, trabajó en la admi-
nistración pública federal desde Miguel
de la Madrid y continuó en la Presidencia
de su hermano. Con De la Madrid fue ge-
rente general de Diconsa, en la Conasupo;
director general de Imconsa y director de
Planeación y Programación Presupuestal
de Conasupo. Con Salinas fue secretario
técnico del Comité de Evaluación del Pro-
grama Nacional de Solidaridad (Pronasol).
La sentencia absolutoria asienta que
en su primera declaración patrimonial
Raúl Salinas declaró tener 10.6 millones
de viejos pesos (60 mil dólares al cambio
de 1983), y al dejar su último cargo públi-
co, en 1992, su fortuna ascendía a 3 mil
603 millones de viejos pesos (52 millones
de dólares). Esto significa que, en siete
años, multiplicó su riqueza 339 veces.
El juez López Cruz admite que el incre-
mento sustancial del patrimonio de Raúl
Salinas “no es acorde con los ingresos que
recibió por los cargos públicos que desem-
peñó”, y aunque acrecentó de tal forma su
peculio que sin lugar a dudas se sostiene
que experimentó un enriquecimiento, “no
se encuentra plenamente acreditado que
haya incrementado sustancialmente su
patrimonio con motivo de su empleo, car-
go o comisión en el servicio público y que
haya adquirido bienes en contravención
de… la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos; es decir, que
ese enriquecimiento y adquisición de bie-
nes tenga como causa prácticas corruptas,
irregulares o deshonestas… en el desem-
peño del servicio público encomendado”.
Además, esas dependencias ni tenían
presupuesto propio y ni siquiera tenían
fondo revolvente. La causa es otra, asen-
tó el juez: “La efectiva inversión de sus
haberes”. Por ello, dictó la sentencia ab-
solutoria a su favor en la acusación de en-
riquecimiento inexplicable.
Lo que el juez sí admite es la existen-
cia del delito de desvío de recursos de la
partida secreta. Pero en este caso también
libera del todo a Raúl Salinas. Él no tuvo
culpa ninguna aunque los recursos llega-
ron a sus cuentas.
Argumenta: el dinero se distrajo de su
objeto, que era satisfacer necesidades con-
tingentes de orden público de la Presidencia
de la República.Se desvió para fines propios
o ajenos y eso está sancionado penalmente,
pero para los efectos de este asunto resul-
ta “irrelevante y por ende necesario que se
acrediten los subsecuentes destinos que se
haya dado a ese numerario, ya que en todo
caso esas operaciones subsecuentes deben
ser materia de diverso análisis”.
Así absolvió a los operadores de Raúl
Salinas, toda vez que el responsable prin-
cipal, Ernesto Sentíes Hoyos, fue declara-
do muerto el 28 de agosto de 1998.
El juez fue muy claro en su resolución:
una vez que cause ejecutoria la sentencia,
se tiene que levantar el aseguramiento de
los bienes muebles e inmuebles, derechos
y cuentas bancarias en el Distrito Federal,
Estado de México, Guerrero, Jalisco, More-
los, Querétaro, Oaxaca, Baja California Sur
y Puebla. Pero “no se hace pronunciamiento
alguno en relación a las cuentas bancarias
abiertas en los países de Suiza e Inglaterra,
puestas a disposición del juez 12 de Distrito
de Materia Penal federal en la Ciudad de Mé-
xico,en relación con la causa penal 54/2002”.
Carlos Salinas siempre ha dicho que
desconocía las operaciones financieras
de su hermano, en especial los depósitos
de 100 millones de dólares en el extran-
jero. En su libro México. Un paso difícil a la
modernidad, publicado en el año 2000 para
exculparse y decir que la desgracia de su
familia se debió a una persecución de su
sucesor, dice: “El dinero que manejó mi
hermano no provino de ningún acto de
corrupción de mi gobierno”.
De un plumazo, deslinda a su hermano
en el desvío de las partidas secretas de la
presidencia de la República durante su se-
xenio. Dice que formó “un patrimonio con-
siderable antes de trabajar en el gobierno”.
Prefiere concentrarse en los millonarios
depósitos en el extranjero, que estuvieron
congelados en Suiza.
Según El hermano incómodo, esos recur-
sos fueron aportados por tres empresarios:
Carlos Peralta, Carlos Hank Rhon –hijo de
Carlos Hank González– y Roberto González
Barrera El Maseco,quien murió en agosto del
año pasado. Su justificación es que querían
crear un fondo para invertir en México.
Dice Carlos Salinas en su libro excul-
patorio: “Raúl debe responder por sus
actos” y más aún: “Como ciudadano, por
la duda que ha generado la constitución
de ese fondo, considero que el dinero de
Raúl debería regresar a México y aplicar-
se en su totalidad y de manera exclusiva
a resolver problemas sociales… Tengo la
convicción de que Raúl entenderá que ese
dinero que ofendió a la sociedad debe te-
ner un destino de bien”.
Al final del capítulo dedicado a la situa-
ción patrimonial de su hermano, insistió:
“Esos recursos deben regresar a México pa-
ra ser utilizados a favor de los que menos
tienen. Cuando… los procesos (penales)
se lleven conforme a derecho, la sociedad
mexicana en general y quienes servimos a
México durante mi administración, tendre-
mos de Raúl y de las evidencias objetivas,
una explicación precisa sobre esos recursos
que tanto daño han hecho”.Hace ocho años
que El hermano incómodo salió de la cárcel, y
todavía no existe esa explicación.

14. 14 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
L
ejos de cumplir su promesa de
generar una ley y crear un órga-
no autónomo y ciudadano para
asignar la publicidad oficial, el
gobierno de Enrique Peña Nieto
emitió un acuerdo con fuerza
reglamentaria mediante el cual concentra
en la Secretaría de Gobernación (Segob) y
en la Oficina de la Presidencia de la Re-
pública el poder para autorizar o rechazar
los planes publicitarios de las dependen-
cias y entidades federales.
Utilizado históricamente como un ins-
trumento de control para premiar o san-
cionar la línea editorial de los medios de
comunicación, el procedimiento no prevé
una supervisión a la Segob, que tendrá un
poder irrestricto en la materia, pues si bien
la responsabilidad para contratar publici-
dad corresponde a las dependencias y en-
tidades federales, no podrán hacerlo sin la
venia de su Dirección General de Normati-
vidad de Comunicación (DGNC).
Lo anterior puede apreciarse en el
“Acuerdo por el que se establecen los linea-
mientos generales para las campañas de
comunicación social de las dependencias
y entidades de la Administración Pública
Federal para el ejercicio fiscal 2013”(Acuer-
do 2013) publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el pasado 30 de julio.
Ese acuerdo constituye el único ins-
trumento para regular la contratación de
publicidad gubernamental. Hasta ahora el
gobierno federal no ha presentado ningu-
na iniciativa de ley en ese sentido.
Aunque debió publicarse a finales de
diciembre pasado, el Acuerdo 2013 se pos-
tergó más de un semestre. Los tiempos es-
tablecidos por la Recomendación 35/2012
emitida por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) –aceptada
por la Segob en agosto de 2012– indican
que la elaboración de ese acuerdo debió
realizarse durante los últimos meses del
gobierno de Felipe Calderón.
Esta recomendación fue resultado
de una queja, interpuesta desde 2009
por el director de Proceso, Rafael Rodrí-
guez Castañeda. Para resolverla la CNDH
demoró más de tres años, y a un año de
emitida la recomendación la Quinta Visi-
taduría la tiene por “aceptada, sin prue-
bas de cumplimiento”.
Incumplimiento
El 27 de abril de 2009, Rodríguez Castañe-
da presentó una queja ante la CNDH por
considerar que el gobierno federal asigna-
ba de manera arbitraria la publicidad de
sus dependencias, lo que en ocasiones se
utiliza como mecanismo de premiación o
Una farsa,el Acuerdo 2013 sobre
publicidad oficial
OctavioGómez

15. 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 15
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
castigo, según la línea editorial que sigan
los medios.
En su escrito, el director de Proceso ex-
puso que al semanario se le restringió la
publicidad gubernamental en el sexenio
deVicente Fox y que el veto publicitario se
exacerbó en el de Felipe Calderón, hasta
reducir las compras a cero.
“La asignación discriminatoria de pu-
blicidad puede tener la intención de limitar
o afectar el derecho a la libertad de expre-
sión, además de que puede ser considera-
da como un medio indirecto de presión o
censura contra la línea crítica de Proceso,lo
cual contraviene el ejercicio de la libre ex-
presión”, planteó.
Tres años después de presentada la
queja, el 1 de agosto de 2012, la CNDH emi-
tió la Recomendación 35/2012, en la que
dio la razón al semanario. También obser-
vó que el gobierno federal violó derechos
humanos relativos a la legalidad, la segu-
ridad jurídica y la libertad de expresión e
información, al ejercer una censura directa
o indirecta a partir de la discriminación en
la contratación de publicidad oficial.
La CNDH recomendó a Gobernación
que para el ejercicio fiscal 2013 emitiera
lineamientos claros y criterios objetivos,
imparciales y transparentes para la asig-
nación de contratos publicitarios como
parte del Acuerdo 2013. Además, pidió
que se implementara una adecuada su-
pervisión de la manera en que se asigna la
publicidad oficial, y que el gasto en la ma-
teria se realizara conforme a los criterios
antes señalados.
La recomendación fue aceptada por
el entonces secretario de Gobernación,
Alejandro Poiré Romero. Sin embargo, el
plazo para aportar las pruebas de cumpli-
miento –15 días después de la aceptación–
no se aplicó.
Esta falta de cumplimiento fue confir-
mada a Proceso la tarde del viernes 2 por
el quinto visitador de la CNDH, Fernando
Batista Jiménez. El primer punto de la re-
comendación, dijo Batista, se refería a la
emisión del Acuerdo 2013, y aunque ésta
ya se realizó, aún no se evalúa.
De hecho, la última comunicación en-
tre la CNDH y la Segob en torno al caso
ocurrió a principios de año, cuando repre-
sentantes de Gobernación le informaron
al ómbudsman que el Acuerdo 2013 no
se emitiría sino hasta que se presenta-
ra el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2013-2018.
El argumento referido fue expuesto
también el 13 de febrero último. El secre-
tario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, publicó entonces en el Diario
Oficial de la Federación una modificación
del Acuerdo 2012 para renovar los tiem-
pos de presentación y trámite de los pro-
yectos de comunicación social en tanto
se aprobaba el Acuerdo 2013.
La explicación fue aceptada por la
CNDH en febrero, aun cuando el acuer-
do en cuestión está vinculado al paque-
te fiscal aprobado en diciembre de 2012,
más que al PND presentado el 20 de mayo
último.
Discrecionalidad
Los lineamientos del Acuerdo 2013 repro-
ducen la mayor parte del contenido del
Acuerdo 2012. La CNDH consideró que
éste fomentaba la discrecionalidad y vio-
Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende hacer
creer que los mecanismos para la asignación de publici-
dadgubernamentalserigenporcriteriosdetransparencia
y equidad, el Acuerdo 2013 en esta materia reproduce
los mismos vicios que el plan predecesor, sólo que con
distinta envoltura. En el nuevo instrumento perduran los
mecanismos que llevaron al director de Proceso, Rafael
RodríguezCastañeda,ainterponerunaquejaantelaCNDH
por considerar que el gobierno asigna arbitrariamente la
publicidad de sus dependencias. Si bien la Secretaría de
Gobernación aceptó la recomendación emitida por el óm-
budsman,hasta ahora no la ha cumplido.

16. 16 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013
No pago para que me peguen”, fue
la frase que utilizó López Portillo para
quitar la publicidad a Proceso. No era la
primera vez que ocurría el atropello ni
sería la última. Poco antes del golpe de
julio de 1976, Echeverría había cabildea-
do con las asociaciones patronales para
que privaran de anuncios a Excélsior con
la evidente intención de acorralarlo. En
el sexenio pasado, el gobierno volvió a
las andadas, al suprimir a partir de 2008
la presencia del gobierno federal en el
semanario político más importante de
México. La presión fracasó: Proceso no
perdió su filo crítico. La discriminación
persiste hasta ahora, pero no tiene ra-
zón de ser: si Proceso no merece contar
con publicidad oficial, entonces pocos
medios merecen tenerla.
No hace mucho conversé con Julio
Scherer sobre el tema. “El otorgamien-
to justo de la publicidad –me dijo– no
es una potestad del gobierno en tur-
no ni puede ejercerse por capricho.
Es una obligación del Estado”. Estuve
básicamente de acuerdo. Creo que el
gobierno federal debe tener una legí-
tima presencia en los medios, siempre
y cuando ésta sea pública y publicable.
“No hay nada más público que el anun-
cio”, le dije a Scherer. “Que el gobierno
publique a quién le da y cuánto, y que
el público juzgue si esa publicidad es
pertinente”.
La pertinencia de un anuncio oficial
en cualquier medio debería basarse en
dos criterios principales: la penetración y
la influencia. La penetración es ante to-
Publicidad transparente
E N R I Q U E K R A U Z E
do cuantitativa, pero debe calificarse con
criterios cualitativos. ¿Qué puede impor-
tarle a un lector de una revista del corazón
la política energética del gobierno? Es ahí
donde incide la influencia,que por lo gene-
ral está relacionada con la calidad.Quienes
deben elegir la adecuada combinación de
penetración e influencia, explicando sus
criterios, son los departamentos de Co-
municación Social de cada dependencia.
Y quien debe juzgar si el contenido de la
publicidad es útil y el vehículo adecuado,
es el público.De llegar a cometerse excesos
en la adjudicación de publicidad,debe acti-
varse la presión pública. En redes y en me-
dios se debe hacer la crítica del funcionario
que la otorgó y del medio que la publicó.
Los excesos deben combatirse con la crí-
tica, más que con regulaciones o comités
evaluadores.
La palabra clave es transparencia. Y
para hacer aún más transparente la con-
tratación, no sólo el gobierno federal si-
no los propios medios (televisión, radio,
periódicos, revistas, etcétera) deberían
tomar la iniciativa de hacer públicas sus
cifras de publicidad oficial.
El gobierno federal gasta miles de mi-
llones de pesos en publicidad. Un estudio
publicado por Etcétera (http://goo.gl/jP8xDh)
en septiembre de 2009, correspondiente a
2007, 2008 y el primer trimestre de 2009,
arrojó la cifra de 8 mil 779 millones 548 mil
pesos de publicidad oficial para diversos
medios. La distribución –medida en orden
decreciente– era como sigue: televisión,
28.75%; radio, 17.64%; medios internacio-
nales (radio yTV),16.41%; medios comple-
mentarios (publicidad en exteriores, cine,
agencias, internet, entre otros), 12.36%; di-
seño, producción, posproducción y copia-
do, 11.02%; diarios del DF, 5.77%; revistas,
3.62%; diarios de los estados, 3.41%; otros,
1.14%.
En el rubro“Revistas”(que alcanza ape-
nas 3.62% del total, es decir $317,819,640)
el estudio muestra que Proceso recibió
$1,983,030 en 2007, $99,360 en 2008 y cesó
de recibir anuncios en 2009. El caso no es
sólo insostenible, sino ridículo.
No son muchas las revistas (o me-
dios) que pueden vivir sin publicidad
oficial. Proceso es una de ellas, por su
cantidad de lectores. Letras Libres (en sus
dos ediciones, la mexicana y la española)
es otra (si se diera el caso), por la diversi-
ficación de sus fuentes de ingreso, entre
ellas sus anunciantes privados naciona-
les y extranjeros. Letras Libres y Proceso
no modifican su línea editorial por pre-
siones. Letras Libres ha contado con una
cuota de anuncios que representa 3% de
la publicidad federal en revistas. Proceso
merece eso y mucho más.
Bajo cualquier criterio de penetra-
ción e influencia, el gobierno federal
debe considerar a Proceso en sus presu-
puestos. El hecho de haberse mantenido
todos estos años con un público nutrido,
alerta y fiel es prueba de su penetración.
Y es imposible negar su influencia. Si el
gobierno quiere convencer a sus críticos
sobre las reformas que propone, nada
más natural que hacerlo en las páginas
de los órganos que más duramente lo
critican.
laba los derechos de Proceso y de otras
publicaciones.
El cambio más relevante consiste en
la incorporación de “criterios” para la
planeación de las campañas, programas
anuales y estrategias de publicidad oficial,
expuestos en el artículo 3 del acuerdo,
cuya fracción II establece que la distri-
bución en el plan de medios de cada de-
pendencia o entidad federal debe basarse
en los siguientes aspectos: capacidad del
medio asignado para llegar a la población
objetivo; equidad entre los medios de co-
municación que reúnan características
análogas, y transparencia de la informa-
ción relativa a la contratación de los me-
dios utilizados en una campaña.
Esos criterios son similares a los enlis-
tados por la CNDH en el numeral 83 de la
recomendación:
“Se considera necesario que la Subse-
cretaría de Normatividad de Medios de la
Secretaría de Gobernación elabore criterios
y objetivos claros, transparentes y no dis-
criminatorios en el otorgamiento y distri-
bución de publicidad oficial a favor de los
distintos medios de comunicación, pues
una regulación adecuada disminuye la dis-
crecionalidad para su asignación y propicia
las condiciones necesarias para garantizar
el libre ejercicio de la libertad de expresión,
sin sujeciones a presiones externas o cen-
suras indirectas.”
Sin embargo, los “estudios para medir
la pertinencia y efectividad de las campa-
ñas”, cuyo objetivo es obtener elementos
para el proceso de planeación de éstas,
se identifica entre los artículos reorgani-
zados –antes era el artículo 8 y ahora es
“

17. 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 17
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
del artículo 65 al 78–, pero el contenido es
idéntico.
La CNDH consideró que esa norma-
tividad gubernamental “es omisa en
contemplar criterios objetivos, claros y
transparentes en que las dependencias
puedan fundar y motivar la elección de
contratación en medios publicitarios”.
Esa y otras observaciones sirvieron para
sustentar el segundo punto de la recomen-
dación, el cual establece que “se lleve a cabo
una adecuada supervisión de la asignación
de publicidad oficial por parte de las dis-
tintas dependencias y organismos públicos
federales que incluya la evaluación adecua-
da de la asignación en la contratación que
éstas realicen; asimismo, que el gasto en
cada supuesto se realice conforme a proce-
dimientos y criterios objetivos, imparciales,
transparentes y no discriminatorios”.
Con los criterios establecidos en los
nuevos lineamientos y la conservación de
lo referente a los estudios de pertinencia y
efectividad, la omisión identificada por la
CNDH se traslada a la Segob, a través de su
Dirección General de Normatividad y Comu-
nicación, según el artículo 22 del Acuerdo
2013, que establece:
“Las dependencias y entidades no po-
drán realizar contrataciones sin contar
con la autorización de la DGNC, que inclu-
ye la clave de identificación de campaña
(publicitaria).”
El nuevo acuerdo tiene otra innova-
ción: faculta a la Presidencia de la Repú-
blica para la autorización de contenidos
publicitarios, propagandísticos y de difu-
sión, pues será la Coordinación de Estra-
tegia y Mensaje Gubernamental y, en el
caso de los portales electrónicos, la Coor-
dinación de Estrategia Digital Nacional las
instancias que los aprueben.
En el Acuerdo 2012 se ordenaba el ape-
go al Manual de Identidad Gráfica del Go-
bierno Federal, pero no mencionaba que
era necesario el visto bueno de la Ofici-
na de la Presidencia, sin el cual no serán
autorizados a su vez por la DGNC, según
se establece en los artículos 16 y 17 del
Acuerdo 2013.
Ahora, la contratación de publicidad
ya no queda al arbitrio de las dependen-
cias o entidades, sino que está sujeta a Go-
bernación y a la Oficina de la Presidencia.
Discrecionalidad concentrada: ninguna
parte del Acuerdo 2013 indica la manera
en que dichas dependencias garantizarán
el cumplimiento de los nuevos criterios.
Otra modificación se refiere al concepto
de Plan de Medios de Comunicación. En el
glosario establecido en el artículo 2, frac-
ción XLVI del nuevo acuerdo se establece:
“Los medios deben ser elegidos de
acuerdo a los objetivos de alcance geográ-
fico, frecuencia, capacidad y tarifas, bajo
los criterios de equidad y transparencia.”
El Acuerdo 2013 incluye como nuevo
concepto el de propaganda gubernamen-
tal definido en el mismo artículo 2 como
“Difusión en medios de comunicación
social sobre logros y acciones de gobierno
que realizan las dependencias o entida-
des de la administración pública federal”.
La CNDH no ha fijado postura respecto
a los nuevos lineamientos ni puede hacer-
lo. Oficialmente, no los conoce. Según Ba-
tista, Gobernación no ha tenido ninguna
comunicación oficial con la CNDH tras la
publicación del Acuerdo 2013, por lo que
la comisión está solicitándole un informe
donde se funde y motive el cumplimien-
to de la recomendación, si es que con la
publicación del Acuerdo 2013 pretende
cerrar el expediente.

18. “Cocoa” ataca: El priista Vallejo
entregó Michoacán
a los narcos
18 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013

19. M
ichoacán es el foco rojo del
gobierno de Enrique Peña
Nieto.
Con un gobernador en-
fermo que pidió una segun-
da licencia por seis meses,
el crimen organizado muestra su poder
en esa entidad y pone en jaque al man-
datario interino Jesús Reyna con ataques
indiscriminados a la Policía Federal y a la
población, mientras los grupos de autode-
fensa y las policías comunitarias se mul-
tiplican y toman las armas para enfrentar
la crisis de gobernabilidad.
A diferencia deTamaulipas, en Michoa-
cán el crimen organizado controla todo el
territorio, sostiene la senadora panista Lui-
sa María Calderón Hinojosa, y considera
evidente que el gobernador con licencia,
FaustoVallejo, cedió el poder a esos grupos
delincuenciales. El presidente Peña Nie-
to, dice, no ha dado suficiente atención a
la entidad, además de que ha cancelado su
visita en tres ocasiones.
La legisladora señala que desde mayo
la violencia se extendió a toda la entidad, y
apunta que la gobernabilidad está sosteni-
da con alfileres, sobre todo por la ausencia
de Vallejo. A ello se suma la deuda pública
de 12 mil millones de pesos, la aparición de
grupos de autodefensa ciudadana en Tie-
rra Caliente y los ataques de Los Caballeros
Templarios a la Policía Federal, que ya co-
braron 24 vidas, incluidas las bajas de cua-
tro integrantes de la fuerza pública.
Para la excandidata a gobernadora y
hermana del expresidente Felipe Calde-
rón, mientras las autoridades de Michoa-
cán se debaten en la incertidumbre, los
grupos del crimen organizado tienen el
control de los policías municipales, algu-
nos de los cuales participan en extorsio-
nes contra la población.
Esos grupos, afirma, controlan también
la producción minera, así como la del agua-
cate y el limón; cobran impuesto a comer-
ciantes, empresarios, profesionistas, cam-
pesinos, hoteleros, transportistas… a todo
el que se les antoje. Es más: “Son los due-
ños de las minas y manejan incluso los tre-
nes que llegan a Lázaro Cárdenas”,sostiene.
De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Victimización de Empresas 2012 (EN-
VE) del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), hasta 2011 Michoacán
era una de las entidades con menores ta-
sas de delitos a empresas; ocupaba el si-
tio 16 entre las 32 entidades con índice de
2 mil 936 casos por cada 10 mil unidades
económicas.
La situación empeoró. En mayo pasa-
do firmas como Saba y Danone salieron
de la entidad luego de que en Tierra Ca-
liente Los Caballeros Templarios bloquea-
ran la distribución de sus productos. La in-
timidación se inició a finales de mayo de
2012, cuando el grupo criminal atacó cen-
tros de distribución e incendió 40 vehícu-
los de la subsidiaria del Grupo PepsiCo en
varios municipios porque realizaban “ac-
tividades nocivas” contra sus sicarios.
En algunos municipios de Tierra Ca-
liente la gente ha optado por abandonar
sus tierras. Según el diputado perredista
Osbaldo Esquivel, cada dos semanas salen
entre 30 y 40 personas rumbo a Guanajua-
to y Jalisco.
Desde que inició este gobierno la si-
tuación en Michoacán es terrible, comen-
ta la senadora Calderón, y asegura que el
gobernador Fausto Vallejo dobló las ma-
nos ante el crimen organizado.
En las ciudades, dice, los secuestros y
extorsiones están a la orden de día. Hoy,
la delincuencia organizada controla todo
el territorio. Los pistoleros de Los Caba-
lleros Templarios piden cuotas a los pro-
pietarios de los negocios; cuando se nie-
gan, los amenazan. En Morelia proliferan
los anuncios de “se renta o se vende”; mu-
chos locales comerciales están vacíos. Eso
sucede en todos lados, insiste la senadora.
Meses después de los comicios de
2011, en los que Fausto Vallejo resultó ga-
nador, relata Calderón Hinojosa, ella le pi-
dió ayuda para los 28 candidatos a alcal-
des panistas con la finalidad de enfrentar
a los criminales. “Así están todos”, afirma
Cocoa que le contestó el gobernador; y se
pregunta: “¿Qué más se puede decir?”.
Agrega que la falta de una autoridad
les deja el terreno libre a todos los delin-
cuentes, quienes le están cobrando al PRI
el apoyo que le dieron durante la campa-
ña electoral. Y así como Vallejo ganó la
elección, también la debe. “Yo le pedí que
no se arrodillara frente a los delincuentes
organizados…”.
–¿Se arrodilló?
–Bueno. No ha podido hacer gran cosa;
no ha podido cambiar funcionarios. El Cen-
tro de Inteligencia, Comunicaciones y Man-
do de la policía C4 lo tienen bajo control (los
delincuentes). ¡Qué es eso! A los ministeria-
les también los tienen bajo su control. ¡Qué
es eso!Y no ha podido cambiar las cosas.Es-
to no es un secreto, lo sabemos todos.
La crisis de gobernabilidad
El jueves 1, el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió por
primera vez con el gobernador interino
Jesús Reyna, los representantes del Con-
greso local, empresarios, académicos, los
líderes de los partidos en el estado y se-
nadores de la entidad. El encuentro duró
más de tres horas y fue a puerta cerrada.
Mientras el presidente Peña Nieto se
recuperaba de la operación de la tiroides,
Osorio Chong prometió a los michoacanos
que el Ejército,la Marina y la Policía Federal
continuarían en el estado.“hasta devolver-
le la paz y tranquilidad”. Estarán ahí has-
ta que la entidad tenga las instituciones y
la capacidad en materia de seguridad para
enfrentar a la delincuencia organizada, se-
gún un comunicado de Gobernación.
En medio de la violencia que envuelve a Michoacán, que incluye el asesinato
de un vicealmirante de la Marina,el secretario de Gobernación,Miguel Ángel
Osorio Chong, se comprometió a recuperar la paz del estado, dijo, munici-
pio por municipio. Pero la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa,
Cocoa, critica al partido en el poder, el PRI, por apoyar a Fausto Vallejo para
la gubernatura a sabiendas de que estaba enfermo y fue éste –quien hoy se
encuentra de licencia– el que cedió el poder a los grupos delincuenciales,
dice la hermana del expresidente Calderón, cuya guerra contra el narco se
inició precisamente en Michoacán.
JOSÉ GIL OLMOS
NARCOTRÁFICO
1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 19

20. Osorio Chong declaró que las fuerzas
federales irían “municipio por municipio,
comunidad por comunidad, a devolver-
les la paz, la estabilidad y el control a los
michoacanos”.
A su vez, el gobernador interino, Jesús
Reyna, dijo que la renuncia del procurador
Plácido Torres y la dimisión del secretario
de Finanzas, Carlos Río Valencia, eran par-
te de los ajustes en su equipo de trabajo.
Cristóbal Arias –quien buscó dos veces
la gubernatura arropado por el PRD e in-
cluso fue senador por ese partido– sostie-
ne que la estrategia de contención calde-
ronista que ahora continúa Peña Nieto ha
sido un fracaso. Sólo ha convertido a Mi-
choacán en una zona de desastre, afirma.
“La ingobernabilidad es tal –añade–
que las autoridades locales son formales
pero no gobiernan. Hemos desembocado
en un Estado fallido, aun cuando lo nie-
guen el gobernador y el propio presidente
Enrique Peña Nieto.”
Arias lo admite: La delincuencia orga-
nizada ha sustraído parte del territorio al
dominio gubernamental local. Si esta si-
tuación no se resuelve, la violencia crimi-
nal y de inseguridad se incrementará. Se-
gún él, habrá más sangre en la mayor parte
del territorio michoacano, con la posibili-
dad de hacerse extensivo a otros lugares.
Considera que la estrategia de seguri-
dad para Michoacán no debe ser de con-
tención, de patrullajes y retenes, sino de
investigación, persecución, detención y
congelamiento de bienes y cuentas banca-
rias. Y advierte: para enfrentar la crisis ge-
neral del estado, es urgente atender los pro-
gramas de educación, salud y empleo.
Durante la entrevista, realizada en sus
oficinas del Senado, Luisa María Calderón
insiste en que en Michoacán no hay cer-
tidumbre porque Fausto Vallejo no logró
que su gobierno despegara a causa de su
enfermedad.
Y en cuanto al interino Jesús Reyna,dice,
parece estar más ocupado en cabildear para
quedarse el resto de la gestión –dos años y
medio– que en establecer un programa y en-
frentar la crisis en el estado. Plantea: Valle-
jo debe evaluar su salud. Si no puede conti-
nuar, tendrá que dejar el gobierno a Reyna y
permitir al estado recuperar la certidumbre.
“Lo que ahorita necesitamos es certi-
W
ASHINGTON.- El gobierno de Es-
tados Unidos no ha solicitado al
de México la extradición de Mi-
guel Ángel Treviño Morales, El
Z-40, líder de Los Zetas, y ningún agen-
te o funcionario estadunidense ha tenido
acceso al narcotraficante, según pudo sa-
ber Proceso a través de un funcionario de
la PGR.
En entrevista telefónica desde la Ciu-
dad de México, el funcionario de la PGR,
quien habló del caso bajo la condición
del anonimato para “evitar problemas
con el gobierno estadunidense”, sostie-
ne que el gobierno de Barack Obama tie-
ne necesidad y urgencia de interrogar al
Z-40 por todo lo que este criminal pueda
saber sobre las operaciones del narco-
tráfico, de las redes de tráfico de perso-
nas, lavado de dinero y otras actividades
criminales que se realizan en México, pe-
ro repercuten en Estados Unidos.
“Lo más importante, y lo que siem-
pre hacen los agentes de la DEA cuando
tienen acceso a un capo mexicano del ni-
vel del Z-40, es interrogarlo sobre la rela-
ción que tienen los grupos del narcotráfi-
co con las policías mexicanas, desde las
municipales hasta la federal, pero sobre
todo con la clase política del país. De este
tipo de información que obtiene la DEA,
aunque no la verifique, elabora investiga-
ciones y encausamientos judiciales”, des-
taca el funcionario de la PGR.
El Z-40, capturado por elementos de
la Secretaría de Marina la madrugada del
pasado 15 de julio, a las afueras de Nuevo
Laredo, Tamaulipas, enfrenta varias acu-
Washington, marginado del “Z-40”
J. JESÚS ESQUIVEL
saciones en Estados Unidos por delitos co-
mo secuestro, tráfico de estupefacientes y
lavado de dinero, entre otros.
Consultada por este semanario, la Se-
cretaría de Gobernación insistió oficialmen-
te en que en el operativo de inteligencia de
la Marina que llevó a la aprehensión del Z-40
no participaron agencias federales estadu-
nidenses, como la DEA, el FBI o el Pentágo-
no (Proceso 1916).
Desde el 1 de diciembre de 2012, al
arrancar el sexenio de Enrique Peña Nieto,
su gobierno cambió la estrategia y enfo-
que de cooperación con las agencias fe-
derales de aquel país que tienen presencia
en México. El cambio se aplicó de manera
especial en la relación con la DEA.
En el marco de la Iniciativa Mérida, el
gobierno de Felipe Calderón permitió que
las agencias estadunidenses, de mane-
ra indirecta, dirigieran prácticamente to-
das las operaciones contra el narcotráfico.
Desde las Oficinas Binacionales de Inte-
ligencia, una en la Ciudad de México y la
otra en Escobedo, Nuevo León, la DEA, la
dumbre –reafirma–, que nos digan hacia
dónde y cómo hacerlo para que los dipu-
tados hagan su tarea, para que el gober-
nador tenga claro a dónde va, para poder-
le pedir cuentas y los senadores podamos
empujar.”
El PRI, insiste, tiene una enorme respon-
sabilidad porque desde el proceso electoral
sus dirigentes sabían que Fausto Vallejo es-
taba enfermo y lo eligieron candidato, y ya
comogobernadorinsistieronenmantenerlo.
“Decir que no pasa nada no nos ayu-
da, las cosas han ido empeorando”, reite-
ra, y señala que hay muchos responsables
por la situación de Michoacán, incluidos
los dos gobernadores del PRD, Lázaro Cár-
denas Batel y Leonel Godoy.
Sin embargo, en esta parte de la entre-
vista Cocoa omite citar a su hermano Felipe
Calderón, quien apenas arribó a Los Pinos
declaró su “guerra” al narcotráfico despla-
zando tropas del Ejército y policías federa-
les a Michoacán, su estado natal, con los
resultados desastrosos que ahora han he-
cho crisis en la región.
Viejos problemas
Según Calderón el narcotráfico en Michoa-
cán se remonta a la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando los gobiernos de México y Es-
tados Unidos firmaron un contrato por el
cual el primer país se comprometió a en-
viar cargamentos de mariguana en cigarri-
llos y goma de opio para que allá se produ-
jera heroína y se mandara a los soldados
del frente de batalla.
“Hasta allá –relata– se remonta la histo-
ria. Se desgaja de Sinaloa a Michoacán, don-
de se siembra desde hace muchos años.”
OctavioGómez
Calderón Hinojosa. “Queremos certidumbre”
NARCOTRÁFICO
20 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013

21. mento de hacer la prueba de verificación de
la identidad al detenido”, sostiene la fuente
de la PGR.
No lo extraditarán “por ahora”
El gobierno de Peña Nieto desconfía de los
agentes de la DEA y de sus métodos de in-
vestigación, pero aún más de los mecanis-
mos y formas que utilizan para elaborar
los informes confidenciales que envía de
México a Washington, con base en los
cuales se formulan cargos o señalamientos
contra narcotraficantes y políticos.
“El gobierno de Estados Unidos ha pe-
dido acceso a Treviño Morales. Se les ha
negado porque la PGR y el comisionado na-
cional de Seguridad (Manuel Mondragón y
Kalb) no quieren que en este momento los
agentes de la DEA intervengan en el caso”,
reitera el funcionario entrevistado.
Treviño Morales ingresó el 20 de julio al
Centro Federal de Reclusión número 1 del
Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado
de México, y es ahí donde el gobierno de
Estados Unidos ha solicitado tener acce-
so a él.
Al relevar Jesús Murillo Karam a Marise-
la Morales en la PGR, el gobierno de Peña
Nieto descubrió la intervención de los agen-
tes de la DEA en muchas de las investiga-
ciones más delicadas y sensibles: “Una de
las primeras decisiones que se tomó al re-
CIA, el FBI, el Pentágono y el Departamen-
to del Tesoro de Estados Unidos maneja-
ban a su antojo todos los sistemas de inte-
ligencia dirigidos a la lucha contra el narco
en territorio mexicano.
De acuerdo con el funcionario entrevis-
tado, “la procuradora Marisela Morales le
dio licencia a la DEA para hacer lo que qui-
siera dentro de la PGR. Sus agentes tenían
incluso acceso a las líneas de investigación
que se realizaban y a las averiguaciones
previas, pero con la llegada del nuevo go-
bierno se puso un alto a esos atropellos”.
Y explica que a fin de reestructurar los
sistemas de inteligencia de México y la rela-
ción con las agencias de Estados Unidos, el
gobierno de Peña Nieto congeló la coopera-
ción con la DEA, y mantuvo parcialmente la
colaboración con la CIA y el FBI.
“Pocos tomaron nota de esto, pero le
recuerdo que el día de la captura de Treviño
Morales, por primera vez en muchos años,
en México no estuvo presente ningún agen-
te de la DEA ni de otra dependencia de Es-
tados Unidos. Tampoco estuvieron al mo-
Cuenta una anécdota: Afirma que en
1986 ella atestiguó el poder del narco du-
rante la campaña de su correligionario Luis
Mejía Guzmán. Un día, en una plaza apare-
ció un chico de 13 años a bordo de una ca-
mioneta con rines de magnesio y un cuer-
no de chivo. “Traía un enorme aparato de
sonido y decía que no iba a la escuela, que
él trabajaba moviendo macetas de día ha-
cia donde estaban los rayos del sol. Lue-
go vimos a otros chiquillos con los dedos
negros por estarle quitando la goma a las
amapolas”.
Por esas fechas empezaron a secues-
trar mucha gente. Decían que en tiem-
po de estío el negocio de la venta de dro-
ga se equilibraba con plagios: “Empezaban
los secuestros de gente adinerada en los
municipios pequeños, como Ario de Rosa-
les, pero también en Uruapan y Aguililla.
Cuando íbamos a Lázaro Cárdenas (los si-
carios) ponían en fila a los autobuses, ba-
jaban a la gente, le quitaban sus cosas; ha-
bía incluso violaciones.
AlanOrtega
Semar
Treviño Morales. Aislamiento
Reyna y Osorio Chong. Compromiso
1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 21

22. “Así que no es un tema nuevo.Tiene mu-
chos años,pasan muchos años y ya hay este
tipo de diversificación”, cuenta la senadora.
Las cosas fueron empeorando. En el se-
xenio de Vicente Fox crecieron las narco-
tienditas,así como la producción de drogas
sintéticas –hoy Michoacán ocupa el primer
lugar en este fenómeno– y la aparición de
grupos locales del crimen organizado.
En 2006 el narcomenudeo se tipificó
como delito federal y se hizo concurren-
te su persecución en los estados, pero en
Michoacán no se legisló en la materia y se
dejó crecer el problema, comenta.
Además, agrega, la delincuencia orga-
nizada comenzó a actuar con la siguiente
lógica: “‘Bueno, si estos policías estatales y
municipales van a ser mis enemigos, mejor
los hago mis amigos’. Entonces empieza a
cooptarlos.La primera llamada de atención
grave fue el secuestro de la secretaria del
ayuntamiento de Uruapan en 2007”.
Ese mismo año personeros de las ban-
das delincuenciales citaron a los aguaca-
teros en un hotel.Ahí, presuntamente Na-
zario Moreno, El Chayo, les pidió una cuota
para protegerlos. Y como los aguacateros
aceptaron, los cobros de piso se extendie-
ron a los productores de limón y a los em-
pacadores de los ejidos, según Cocoa.
En 2009, advierte, los grupos crimina-
les irrumpieron en la política. En el proce-
so electoral intermedio, que ella coordinó
para el PAN, a varios precandidatos de los
specto fue cerrarles inmediatamente todo
el acceso que la exprocuradora Morales les
había concedido”, comenta el funcionario
de la PGR.
–¿Por qué le tenía tanta confianza la ex-
procuradora a la DEA? –se le plantea al en-
trevistado, con varios sexenios en la PGR.
–Porque a través del informante Jenni-
fer (Roberto López Nájera), que le puso la
DEA en charola de plata, se puso en mar-
cha la Operación Limpieza y ello le ayudo
para saldar cuentas con varios enemigos
suyos y de la gente que la protegía a ella
en la Secretaría de la Defensa, o de sus
colaboradores más cercanos dentro de la
PGR.
–¿Quiénes?
–Noé Ramírez Mandujano, Javier Herre-
ra Valles y el general Tomás Ángeles Daua-
hare, por ejemplo.
Conforme al recuento de hechos que
hace el entrevistado, en la PGR dirigida por
Morales “se elaboró una línea de investi-
gación, no una averiguación previa”, sobre
una presunta relación entre Ramírez Mandu-
jano y Treviño Morales.
“En la PGR creemos que la DEA quiere
el acceso a Treviño Morales, entre otras co-
sas, para darle seguimiento a esta línea de
investigación de la cual ellos fueron la fuen-
te básica para que Morales autorizara su
elaboración”, insiste el funcionario.
–¿Por qué se detuvo la línea de investi-
gación sobre la presunta relación del Z-40 con
Ramírez Mandujano? –pregunta el reportero.
–Porque las declaraciones de Jennifer so-
bre la relación de Ramírez Mandujano con el
Cártel de Sinaloa se las garantizó la DEA a la
procuradora Morales… y ya ven lo que pasó.
El entrevistado afirma que “por aho-
ra, y en el corto y mediano plazo”, no hay
planes para entregar a Treviño a la justicia
estadunidense. Dice que la prioridad del go-
bierno mexicano es interrogar al máximo al
Z-40 sobre todo tipo de actividades crimina-
les en las que están inmiscuidos Los Zetas.
Reitera la necesidad de averiguar el pa-
radero de miles de personas desaparecidas,
la ubicación de rutas y plazas del trasiego
de drogas, las alianzas y confrontaciones
con otros grupos criminales, “y obviamente
darle seguimiento a lo que pueda decir Tre-
viño Morales sobre la presunta relación de
Los Zetas con políticos, policías y funcio-
narios de todos los niveles del gobierno, e
incluso en el extranjero”.
También descarta que sea una decisión
invariable la negativa del gobierno mexicano
a darle acceso al Z-40 a la autoridad estadun-
idense: “Esto puede cambiar, dependiendo
de la actitud que tome Washington sobre las
nuevas restricciones que se impondrán a sus
agencias de inteligencia y a la DEA en México
(…) Primero tendrán que ser menos injerencis-
tas en los asuntos nacionales y, en segundo
lugar, modificar sus métodos de trabajo e in-
vestigación en el territorio mexicano”.
Proceso pidió al Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos aclarar si solicitó o
no al gobierno mexicano la extradición de
Treviño Morales. Al cierre de esta edición, la
respuesta no había llegado.
EnriqueCastroSánchez/Procesofoto
municipios pequeños de Tierra Caliente y
del oriente de la entidad los grupos crimi-
nales les dijeron que no contendieran por-
que ellos iban a poner a los candidatos.
“El día de las elecciones amenazaron
a nuestros representantes de casilla. Les
pidieron no presentarse y amenazaron
con matar a quienes votaran por nues-
tros candidatos. Además, a algunos de
nuestros candidatos los levantaban para
asustarlos.”
Asimismo, el crimen organizado logró
imponer a los jefes de la Policía Municipal
y a los agentes ministeriales.
“Los secuestros se repiten una y otra
vez. Muchos decían: ‘A mi hijo lo secuestra-
ron y cuando lo llevé al Ministerio Público
a ratificar la denuncia, se orinó en la puer-
ta porque los secuestradores eran ellos’.Al-
gunas gentes cuentan que los secuestraron
y los trajeron en una patrulla varios días,
mientras escuchaban por radio cuando le
decían a la policía del municipio: ¡Ábrame
cancha porque aquí traigo uno!”
En el proceso electoral estatal de 2011,
la situación fue parecida, advierte la sena-
dora. “Teníamos señales desde los cierres
de campaña; algunos candidatos nuestros
ya no llegaron. Después nos dijeron que
los habían levantado, que los mandaron
llamar para decirles: ‘¡Mejor ni se metan!’”.
“Ellos (los sicarios) dicen a quién van a
apoyar, y si a pesar de ello la gente participa
y gana, ellos van y cobran.Y deciden quién
debe quedar en la Policía Municipal.”
Y así como rechaza la idea de la
desaparición de poderes en Michoacán, se
muestra contraria a la realización de comi-
cios extraordinarios, porque, dice, es im-
posible llevarlos a cabo sin la injerencia de
Los Caballeros Templarios.Vallejo. Doblegado
NARCOTRÁFICO
22 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013

24. Cuando el crimen organizado se apoderó de Sauci-
llo, Chihuahua, los hermanos Ponce alzaron la voz
para quejarse e interponer denuncias ante unas
autoridades que al final nada hicieron. Eso selló su
destino. A partir de entonces fueron sometidos a
una serie de agresiones, amenazas... y asesinatos.
Tuvieron que abandonar sus propiedades y esca-
par de su tierra para conservar la vida. Ésta es una
de las miles de familias mexicanas a las que el Es-
tado les ha fallado en la materia más elemental: la
seguridad.
S
AUCILLO, CHIH.- Prósperos ganade-
ros, abarroteros, empresarios...
los nueve hijos e hijas de Jacob
Ponce Armendáriz supieron tra-
bajar el legado de su padre e hi-
cieron crecer negocios, familias
y propiedades al tiempo que daban empleo
a los habitantes de esta localidad y de la
vecina Delicias.
Pero hace cuatro meses casi todos los
miembros de este clan tuvieron que huir
del estado a toda prisa, prácticamente con
lo que traían puesto. Abandonaron casas,
negocios, ranchos, empleados; dejaron a
sus hijos sin escuela.
Una guerra sin cuartel se había desa-
tado contra ellos. En los últimos tres años
fueron víctimas de secuestros y homici-
dios (mataron a uno de los hermanos y a
dos de los miembros más jóvenes de la fa-
En Chihuahua, familias enteras
pulverizadas
VERÓNICA ESPINOSA Y PATRICIA MAYORGA
Foto:Especial
Los Ponce Ríos. Bajo asedio
24 1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013

25. milia). Sus propiedades –ahora lejos de su
vigilancia– han sido saqueadas e incendia-
das. Los ataques alcanzaron incluso a al-
gunos de sus empleados, quienes han si-
do asesinados.
A los Ponce Ríos los persigue la delin-
cuencia organizada que se asentó en esa
región del centro de Chihuahua hace más
de 20 años, pero que cobró fuerza el sexe-
nio pasado.
Su decisión de denunciar, de acudir a
todas las instancias estatales y federales,
su empeño de buscar justicia luego de los
primeros ataques en su contra se ha topa-
do con la sordera –si no es que complici-
dad con las mafias– de las autoridades, las
cuales incluso han pretendido hacer ver a
los Ponce Ríos como delincuentes impli-
cados en el trasiego de drogas.
La alternativa que les presentó el gobier-
no de Chihuahua –por conducto de la Fisca-
lía General (FG)– fue ofrecerles el traslado a
otro estado amparados en nuevas identida-
des. No aceptaron “por desconfianza”.
Por su cuenta, en distintas fechas en-
tre marzo y abril de este año, 48 integran-
tes de la familia Ponce Ríos abandonaron
todo y se reunieron fuera de Chihuahua.
En su improvisado refugio hablaron con
Proceso de sus vidas trastocadas, su in-
certidumbre, su dolor y su coraje.
Sentados alrededor de una mesa en
una de las viviendas donde literalmente
se amontonan, están los hermanos Pon-
ce Ríos: Víctor Manuel, Saúl, Armando, Jai-
me, Dora Elba y Jacobo junto con su ma-
dre, María de Jesús Ríos viuda de Ponce.
Faltan Magdalena y Jorge Luis. Sigifredo,
séptimo de los nueve hermanos, fue ase-
sinado el pasado 11 de marzo último.
“Emocionalmente está uno como en
arresto domiciliario; dañado, encerrado y
sin poder hacer nada”, describe uno de los
hijos de Dora Elba, quien salió de Chihua-
hua con su esposa e hijos tras malbaratar
su empresa de poliuretano.
Duermen sobre colchones y colcho-
netas amontonados en el piso. Hay herra-
mientas y algunos aparatos eléctricos que
alcanzaron a sacar de sus negocios. Con-
siguieron dos casas en un fraccionamien-
to con vigilancia, aunque eso no amaina
el desasosiego. Uno de ellos pudo instalar
un pequeño supermercado, en el cual tra-
tan de ocuparse todos,“porque si nos que-
damos quietos o se acaba el trabajo, nada
más estamos piense y piense”.
Tienen las huellas del trabajo rudo en
las manos. Todos nacieron en Estación
Conchos, comunidad de Saucillo donde su
abuelo vendía carne en un carretón y lue-
go su padre abrió la primera carnicería local.
Luego se hicieron productores de car-
ne, abarroteros y hasta exportadores. Dora
Elba optó por las boutiques.Ya tenía varias.
Pero en los ochenta llegó a Saucillo la
familia Gandarilla García y con ellos co-
menzaron a tener lugar algunas activi-
dades clandestinas: carreras de caballos,
juego y distribución de drogas. El panora-
ma local cambió.
Dos de los hermanos Ponce quisieron
incursionar en política y contendieron por
algunos cargos públicos. Jacobo, por ejem-
plo, fue candidato del PAN a la presidencia
municipal en 2004.
“Nunca nos han gustado las injusticias;
siempre hemos puesto el dedo en la llaga y
eso no les ha gustado a muchos”, dice Jaco-
bo. “Al exgobernador Patricio Martínez nos
lo echamos encima cuando tomé la caseta
de peaje Saucillo-Delicias en protesta por
el cobro”.
“En los municipios de Saucillo y aleda-
ños (Julimes, Meoqui, Rosales y Delicias) se
vive un clima de inseguridad, horror, in-
gobernabilidad y muerte presentes en su
máximo nivel... extorsión, secuestro, ro-
bos, cobro de cuotas, amenazas, incendio
de negocios y asesinatos es con lo que está
viviendo la sociedad de estos municipios y
vemos que día a día van en incremento”,
dice uno de los tantos escritos del grueso
expediente con el que los Ponce Ríos han
acudido ante la FG, la Procuraduría General
de la República (PGR), la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos,la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) y la Ofici-
na de la Presidencia, entre otras instancias.
“Las autoridades están al servicio de es-
tas personas que tienen el control de Sau-
cillo, los hermanos Abel y Félix Gandari-
lla García, que llegaron al estado huyendo
porque uno de sus hermanos mató a una
persona importante... tienen sicarios a su
servicio y se dedican al crimen organizado,
narcotráfico, abigeato, secuestros; desgra-
ciadamente nadie de sus víctimas se atre-
ve a denunciarlos”, refieren estos escritos
en poder de la Fiscalía Especializada en In-
vestigación y Persecución del Delito (de la
FG) y de la Sedena.
A los Gandarilla –de quienes se dice
que están al servicio del Cártel de Sina-
loa– y sus lugartenientes se les suele ver
en las cabalgatas tradicionales que tie-
nen lugar en los municipios de la región,
acompañando a presidentes municipales
y a diputados locales y federales.
Un secuestro, tres asesinatos
La pesadilla comenzó el 14 de noviembre
de 2010 con el secuestro de Víctor Manuel
Ponce Reyes (hijo de Víctor Manuel Pon-
ce Ríos), quien estuvo cuatro días en po-
der de sus plagiarios. La FG envió a una
negociadora para apoyar a los padres, pe-
ro éstos prefirieron actuar por sus propios
medios.“Supimos quiénes fueron”, dice el
padre del muchacho.
A Jacobo le mataron dos hijos.
En 2011 Bersaín Gerardo, de 32 años, fue
molido a golpes y abandonado afuera de un
inmuebleenlaAvenida11yEjidodeSaucillo.
Al respecto, Eduardo Esparza Rodríguez,
portavoz de la Fiscalía Zona Centro informa
a Proceso que el dueño de la vivienda afue-
ra de la cual encontraron el cadáver, Pedro
Guadalupe Ochoa Salinas, aseguró que es-
tuvo ingiriendo bebidas con Gerardo y acep-
tó que lo mató, aunque no se sabe la causa.
Para despistar, el homicida dejó un
mensaje cerca del cuerpo: “Por ser línea y
a todos los del Chapo”, pero según la inda-
gatoria se encontraron manchas de sangre
en su ropa y en su casa, por lo que fue dete-
nido –un año después del asesinato– y sen-
tenciado a ocho años de prisión. Los Ponce
identifican a Pedro Guadalupe como hijo
de Toribio Ochoa, quien años antes fue si-
cario de los Gandarilla.
“Gerardo fue asesinado por los mismos
integrantes de la delincuencia y el narco-
tráfico ya señalados, pero le dieron otra lí-
nea a la investigación”, afirma Jacobo.
Otro hijo de Jacobo, Jonathan Ponce
Carrasco, de 14 años, murió acribillado en
la camioneta en la que viajaba el pasado 8
de febrero junto con su primo Víctor Ma-
nuel, quien aparentemente era el blanco
del ataque.
Horas antes había sido asesinado en
Delicias Abel Gandarilla García –a quien
señalan como el jefe del grupo delictivo
que asuela la región– aparentemente por
un grupo rival.
Su tienda en Saucillo. Quemada y tiroteada
Foto:Especial
NARCOTRÁFICO
1918 / 4 DE AGOSTO DE 2013 25

26. Los Ponce Ríos asumen que en una ac-
ción de represalia, el grupo de Abel persi-
guió la camioneta en la que viajaban Víc-
tor y Jonathan –y en la cual habían ido a
entregar ganado al rastro de Camargo–
hasta que los hicieron chocar.
Víctor escapó y corrió hasta ser resca-
tado por unos soldados. Su primo quedó
hecho un ovillo en el vehículo.
Sobre este caso el vocero de la fiscalía
indica que según el expediente 95-31/2013
un juez de garantía giró órdenes de apre-
hensión contra las dos personas identifi-
cadas como las agresoras.
Tras el segundo ataque contra su hijo
y puesto que recibió amenazas de muer-
te, Víctor Manuel Ponce Ríos fue el prime-
ro en salir de Chihuahua el 16 de febrero.
“Recibimos llamadas y a nuestros ami-
gos les llegaban versiones de que querían
acabar con todos los Ponce; mi hijo había
reconocido a los que iban por él y preferí
darle seguridad”.
El 11 de marzo, mientras Jacobo y otros
S
AUCILLO, CHIH.- El año pasado el
campo de batalla entre los cárteles
de Juárez y de Sinaloa –los cuales se
disputan una ruta privilegiada para el
trasiego de drogas hacia Estados Unidos–
se desplazó de Ciudad Juárez y de la capi-
tal estatal a la zona centro-sur y a la región
serrana de Chihuahua.
Los homicidios dolosos aumentaron en
esta región desde 2012, sobre todo en Ca-
margo, Delicias, Meoqui, Rosales y Saucillo.
El pasado febrero el Observatorio Ciudada-
no de Prevención, Seguridad y Justicia de
Chihuahua informó que el año anterior se in-
crementó ese delito en 24 municipios.
Entre ellos se menciona a Jiménez, Ca-
margo, Delicias (de la zona centro-sur), Gua-
chochi y Guadalupe y Calvo (de la Sierra Ta-
rahumara), con una tasa superior a 100 ho-
micidios por cada 100 mil habitantes.
La misma organización reveló que tam-
bién se incrementaron los secuestros en los
municipios de Delicias, Camargo, Jiménez,
Cuauhtémoc, Guachochi, Nuevo Casas
Grandes y Chihuahua.
En contraste, en el municipio de Juárez
los homicidios disminuyeron 35% de 2011
a 2012.
Saucillo vio incrementada la violencia en
2010, cuando se reportaron 23 asesinatos.
En 2011 fueron 27. Durante 2012 la estadís-
tica disminuyó a ocho, pero este año el ín-
dice volvió a aumentar con por lo menos 13
asesinatos. En este municipio no hay regis-
tros de homicidios antes de 2007.
Una consulta al sistema de transparen-
cia Infomex revela que más de 70% de las
víctimas de asesinato en Chihuahua eran
trabajadores agrícolas; el resto eran comer-
ciantes, electricistas, mecánicos y un rotu-
lista. De 10% no se conoce el oficio.
En más de 75% de los casos no hay
consignados.
La región centro-sur de Chihuahua es pa-
so obligado para trasladarse de Juárez y de
la capital estatal hacia el centro y sur del país.
Durante los primeros años de la guerra
contra el narcotráfico, 2007 y 2008, el índice
de homicidios en esta región era muy bajo.
Por ejemplo, Camargo no registró nin-
guno en 2007; en 2008, cuando se recrude-
ció la violencia en Juárez, sólo dio cuenta de
nueve; en 2009 fueron 51; en 2010, 70; en
2011, 65, y en 2012, 90.
Una de las muchas víctimas recientes en
esta región fue el exalcalde panista de Juli-
mes, David Carrasco Carnero, de 52 años,
muerto a tiros el pasado 24 de febrero; su ca-
dáver fue hallado bajo un puente varias horas
después de reportada su desaparición.
Carrasco aspiraba nuevamente a la al-
caldía. Dedicado a la agricultura, había de-
nunciado las acciones criminales de un gru-
po delictivo que operaba en la región.
Nuevos embates
El discurso del gobierno del estado es “dis-
tante de la sociedad”, señalan pobladores
del municipio de Camargo, pues el goberna-
dor se ha empeñado en declarar que la en-
tidad está en paz gracias a su estrategia de
seguridad.
Habitantes de la región centro-sur del
estado coinciden en que el año pasado hu-
bo un breve periodo de “paz aparente” lue-
go de la captura del presunto jefe del Cártel
de Sinaloa en el sur del estado, Lamberto
Gurrola, El Gato.
La gente trató de recomponer la econo-
mía y su vida, pero la violencia los atacó de
hermanos estaban en la Comisión de De-
rechos Humanos de Chihuahua para inter-
poner una queja contra la FG, fueron avisa-
dos del asesinato de su hermano Sigifredo.
“Sigifredo era el ángel de la familia; al-
truista y generoso, ayudaba a todo el mun-
do. Ese día estaba en su negocio, en un lo-
cal que rentaba en un centro comercial de
Delicias, y llegaron varios hombres en un
vehículo; dos entraron y le preguntaron:
‘¿Tú eres Sigifredo Ponce Ríos?’. Cuando
respondió afirmativamente le dispararon
en la cabeza, frente a sus empleadas”, na-
rra Víctor Manuel.
De la investigación del homicidio de Si-
gifredo Ponce –expediente 9663-461/2013–
el vocero de la FG consultado por Proceso
no dio información.
Sólo mencionó que el día de este ho-
micidio, en un rancho propiedad de Víc-
tor Manuel Ponce Ríos fueron asesinados
otros cuatro hombres y que en ese mismo
sitio las autoridades decomisaron mari-
guana, armas y “parque” de diferentes ca-
libres –incluso del conocido como matapo-
licías– y uniformes de equipo táctico.
Víctor Ponce Ríos muestra a las repor-
teras las declaraciones ministeriales y ofi-
cios donde denuncia que el armamento,
los uniformes y la droga fueron “sembra-
dos”, pues los sicarios ratificaron su ame-
naza de acabar con toda la familia.
“Por no callarnos, porque no nos deja-
La región se inunda de sangrePATRICIA MAYORGA
Foto:Especial
Casa de Dora Elba. Abandono