Resumen de las noticias internacionales más destacadas del 25 al 31 de marzo de 2019, elaborado por el departamento de Riesgo País de CESCE.

1. Dirección de Riesgo País y Gestión de Deuda
Del 25 al 31 de marzo
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Cambios regulatorios a la vista. La Organización Marítima Internacional (OMI), una
agencia de la ONU, tiene intención de prohibir, a partir del próximo uno de enero, el
uso de fuel con alto contenido en sulfuro a los grandes buques. Las emisiones
provocadas por este tipo de combustibles, además de provocar asma, son uno de los
principales agentes causantes del fenómeno conocido como lluvia ácida. En estos
momentos, la flota mundial de buques mercantes consume al día unos 4 millones de
barriles de fuel oil con alto contenido en sulfuro, que deberá ser progresivamente
sustituido por gasoil, un tipo de combustible que sí cumple con las especificaciones
exigidas por la OMI. Teniendo en cuenta, además, que aproximadamente un 90% del
comercio mundial se hace por vía marítima, la entrada en vigor de la nueva normativa
provocará consecuencias de bastante calado en varios frentes, entre los que destacan
el del mercado de productos refinados y el del petróleo propiamente dicho. Respecto
del primero, el muy probable aumento de la demanda de gasoil provocará un fuerte
incremento de su precio, que podría pasar de los 250$ por tonelada actuales a 380$ a
principios de 2020. Una pregunta obligada es si el mercado del refino estará en
condiciones de responder a esa mayor demanda de gasoil, ya que hay muchas
refinerías pequeñas que, por su elevado coste, simplemente no pueden hacer la
reconversión tecnológica necesaria para producir derivados con menos sulfuros. Sin
embargo, lo que parece evidente es que la manera más simple para que las refinerías
produzcan combustibles con menos sulfuro es que compren y refinen crudos que, a su
vez, contengan menos sulfuro. Este hecho impulsará el precio de los crudos ligeros,
como es el caso del de la variedad “Brent” y, en sentido inverso, dará lugar a una caída
de la demanda de petróleos pesados, con alto contenido en sulfuro, lo que afectará
negativamente a los grandes productores del Golfo Pérsico, así como a México,
Ecuador o Venezuela. En estos momentos, el barril de petróleo producido en estos
países cotiza en el mercado 3 o 4 dólares por debajo del de la variedad “Brent”, un
diferencial que, sin duda, aumentará a partir del próximo día uno de enero.
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Se reabren heridas no cicatrizadas. La aplicación del histórico Acuerdo de paz con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las FARC), firmado en noviembre de
2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos, podría estar en riesgo. La
decisión del presidente Iván Duque de cambiar la ley sobre el funcionamiento y las
LATINOAMÉRICA
INTERNACIONAL

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competencias de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar,
juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en medio del conflicto, ha
generado duras críticas entre los defensores del pacto y exlíderes rebeldes. El mandatario
ha presentado objeciones a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP por
considerar que no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y
no repetición que forman parte del Acuerdo. Los puntos más controvertidos, que ya lo
fueron durante las largas negociaciones, son los relacionados con la reparación económica
de las víctimas y la extradición. En el primero, el presidente pide que los condenados sean
los que realicen la reparación "con sus bienes y activos", algo que en su criterio no está
especificado porque la ley se limita a señalar "reparación integral". En cuanto a la
extradición, Duque rechaza que la JEP tenga la potestad de decidir cuándo procede o no
extraditar a una persona juzgada en los tribunales especiales. Este tema ha adquirido
especial relevancia recientemente dado que un excomandante de las FARC, Jesús Santrich,
se encuentra detenido desde hace un año por narcotráfico y con una solicitud de
extradición de EE.UU. en suspenso por haberse sometido a la justicia especial. En opinión
del mandatario, suspender extradiciones, que puedan resultar de investigaciones
internacionales, puede conllevar que Colombia incumpla acuerdos con la comunidad
internacional en materia de lucha contra el crimen. Además, Duque también considera
"inconveniente" que la Fiscalía se abstenga de seguir investigando casos abiertos y que
ahora se juzgan en la justicia especial.
 ¿Prosperarán las objeciones? Si las dos cámaras rechazan los cambios, el presidente no
tendrá más opción que sancionar la ley original. Pero si al menos una de las dos los apoya,
Duque podría lograr su cometido. El mandatario no tiene una sólida mayoría ni en el
Senado ni en la Cámara de Representantes con lo que es posible que su polémica iniciativa,
gran promesa de su campaña, fracase. Todo apunta a que los votos del Cambio Radical,
partido del excandidato a la presidencia Germán Vargas Lleras, serán definitivos y, en el
momento de redacción de estas líneas, lo más probable es que se decante por el No.
 La JEP bajo sospecha. Por si la polémica anterior no fuera suficiente, en las últimas
semanas la JEP se ha visto envuelta en otra controversia. El Ministerio Público ha iniciado
una investigación a uno de los jueces por presuntamente recibir sobornos para entorpecer
la extradición del exguerrillero Jesús Santrich. Conforme ha avanzado la investigación,
también se ha señalado a personas vinculadas a la política.
 La sociedad continúa polarizada. Las reacciones a la iniciativa de Duque no tardaron en
llegar, claro reflejo de que la fuerte polarización social que caracterizó todo el proceso de
negociación sigue viva. Al poco de anunciar el mandatario su decisión, los defensores del
Acuerdo salieron las calles en su defensa. Algunas voces incluso señalan que las objeciones
son inconstitucionales y que pueden minar la confianza de los excombatientes que buscan
la reincorporación. En cambio, desde el partido oficialista, el Centro Democrático (liderado
por Uribe), expresaron su satisfacción por la decisión del Presidente.
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Aumento de la informalidad. La proporción de mexicanos trabajando en el sector informal
representó el 57,73% de toda la fuerza laboral en febrero, el nivel más alto desde agosto de
2016 (57,83%). Ello supone un retroceso preocupante en materia laboral ya que implica un
incremento de trabajadores bajo esquemas de desprotección social y/o económicamente
vulnerables. Conviene recordar que la elevada proporción de trabajadores en la economía
informal es un problema estructural del país desde hace décadas. Su origen obedece, en gran
parte, a las distorsiones del sistema tributario, que incentiva a las empresas a permanecer
pequeñas para beneficiarse de las ventajas fiscales que existen para este tipo de sociedades. El

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impuesto a las nóminas ilustra muy bien esta problemática. Muchas empresas han optado por
crearse bajo la figura de cooperativas o negocios familiares, por lo que legalmente sus
trabajadores no reciben sueldo y por lo tanto no se debe pagar dicho tributo. Además, un
tamaño menor facilita la evasión de impuestos, al resultar muy costoso para el gobierno
realizar los controles necesarios para detectar el fraude y la evasión. Como resultado, en
México el 95% de las empresas tiene menos de cinco empleados frente a Estados Unidos en
que esta cifra es del 40%. La informalidad y el reducido tamaño de las empresas inciden muy
negativamente en la productividad. De acuerdo con datos de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la productividad laboral en México creció
apenas un 0,3 % en promedio anual entre 2002 y 2016, muy por debajo del 1,2 % del conjunto
de la organización. Se considera que el crecimiento total podría incrementarse hasta en un
punto porcentual si la informalidad se redujera un 10%.
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 Guaidó inhabilitado. La tensión política en Venezuela continúa aumentando. El régimen de
Nicolás Maduro ha dado un paso más, el 28 de marzo, en su intento de neutralizar al
opositor Juan Guaidó. La Contraloría General, organismo controlado por el chavismo
encargado de fiscalizar las instituciones públicas, inhabilitó al reconocido como presidente
interino por más de 50 Gobiernos, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años. La
decisión obedece a la presunta falsificación u ocultación de su patrimonio. Aseguran que
Guaidó realizó desde 2015 más de 90 viajes al exterior con un coste superior a los 310
millones de bolívares (unos 94.000 dólares americanos) sin aclarar cómo pudo costear estos
gastos. No es la primera vez que el régimen chavista inhabilita a opositores. Henrique
Capriles, rival de Chávez y Maduro en sendas elecciones presidenciales, fue inhabilitado en
2017 por supuestas irregularidades presupuestarias cometidas en su época de gobernador
del Estado Miranda. El líder opositor no tardó en responder a las acusaciones señalando
que difícilmente podría haber cometido irregularidades con su sueldo de diputado si ni él ni
el resto de legisladores no chavistas lo perciben desde 2016. Varios países manifestaron
nuevamente su apoyo incondicional a Guaidó y a su investidura presidencial. En particular,
el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, advirtió directamente al Gobierno de
Maduro de que no toque al presidente de la Asamblea, porque podría ser “la última
decisión que tome”.
 Apagones y manifestaciones. Maduro ha anunciado, el 31 de marzo, un plan de
racionamiento eléctrico de 30 días debido a los apagones masivos que se vienen
produciendo desde el pasado 7 de marzo y que continúan afectando a al menos 20 estados.
El chavismo atribuye los cortes eléctricos a ataques de la oposición y Estados Unidos. Los
detalles sobre cómo se aplicará el racionamiento no se conocen pero lo que sí se sabe es
que se reducirán las horas de trabajo (la jornada finalizará a las 2 de la tarde en
instituciones públicas y privadas). La situación económica cada vez es más dramática.
Millones de venezolanos han salido a las calles exigiendo la restitución del servicio eléctrico
y mostrando su apoyo al autoproclamado presidente. Al mismo tiempo, en otra parte de
Caracas, los seguidores de Maduro caminaron vistiendo el característico color rojo de la
llamada revolución bolivariana., como gesto de respaldo al presidente chavista.

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La incertidumbre política permanece una semana después de las elecciones legislativas. El
pasado fin de semana, Tailandia celebró sus primeras elecciones legislativas desde 2014, el año
en el que los militares se hicieron con el poder tras un golpe de Estado incruento con el que
pusieron fin a una situación de grave crisis política. Debe señalarse que si hay un país en el
mundo con amplia tradición golpista éste es Tailandia, por lo que la asonada militar apenas
causó conmoción y enseguida se volvió al “business as usual”. Volviendo a los comicios del
pasado fin de semana, los principales contendientes fueron, por un lado, el partido pro-junta
militar Palang Pracharath, y, por otro, una coalición anti-junta militar integrada por siete
formaciones, siendo la más importante de ellas el partido Pheu Thai, cuyo líder es Thaksin
Shinawatra, un ex Primer Ministro actualmente exiliado en Dubai, adonde huyó para evitar ser
encarcelado en su país tras ser acusado por un delito de corrupción. Cuando ha transcurrido
más de una semana desde las elecciones, todavía no hay resultados definitivos, lo que está
dando lugar a todo tipo de especulaciones y a no tan veladas acusaciones por parte de los
líderes de la oposición de que se pudiera estar “cocinando” un posible fraude electoral. Por
esa razón, y para aclarar definitivamente las cosas, la Comisión Electoral deberá presentar los
resultados definitivos de los comicios antes del próximo 9 de mayo. Unas semanas después
será la cámara de Representantes junto con el Senado quienes investirán al Primer Ministro.
No obstante, llegados a este punto, los militares cuentan con un as en la manga. Tras la
reforma de la Constitución en 2016, el resultado de la votación de los ciudadanos tailandeses
tiene mucho menos peso a la hora de decidir quién será el primer ministro y cómo se
conformará el nuevo ejecutivo. El resultado de la votación popular determina tan solo la
distribución de los 500 escaños que conforman la Cámara de Representantes, pero la decisión
final sobre quién será el nuevo primer ministro será adoptada por esta cámara junto con el
Senado, cuyos 250 miembros son elegidos por las Fuerzas Armadas. En consecuencia, el
general Prayuth podría imponerse en la votación del Parlamento y ser investido como primer
ministro contando únicamente con el respaldo de 126 diputados (de elección popular) y de los
250 senadores elegidos por las Fuerzas Armadas, a pesar de que Thaksin Shinawatra haya
contado con más apoyo popular. Para que éste último acceda al poder necesitaría una mayoría
de 376 diputados de un total de 500 en las elecciones del domingo, lo que parece muy poco
probable. La reforma de 2016, por tanto, no hizo sino reforzar todavía más el papel de las
Fuerzas Armadas en la esfera política en detrimento de la Cámara de Representantes,
haciendo muy difícil, casi imposible, el nombramiento de un primer Ministro ajeno al ejército.
No se puede excluir, sin embargo, que la oposición no se conforme con esta situación,
especialmente si, como se prevé, el resultado de las elecciones acaba siendo ajustado. De ser
así, podría darse un aumento de la conflictividad en las regiones campesinas del nordeste,
donde la coalición que preside el partido Pheu Thai cuenta con un amplio vivero de seguidores.
ASIA

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La situación económica pasa factura a Erdogán. El pasado 31 de marzo los turcos estaban
llamados a las urnas para elegir cerca de 1.400 alcaldes, más de 20.000 concejales y 1.250
consejeros provinciales. No se trataba de unas elecciones municipales al uso; la crisis
económica que atraviesa actualmente el país y las controvertidas medidas que ha tomado el
Gobierno para atajarla, las convertía en un plebiscito sobre el presidente Recep Tayyip
Erdogan. Durante la semana anterior a la cita electoral, el Ejecutivo intervino en el mercado de
divisas para sostener la lira pero cuando los inversores internacionales se percataron de la
caída del nivel de reservas, se produjo el efecto contrario. La pérdida de credibilidad del
Gobierno se vio reflejada en una acusada fuga de capitales que hizo que la lira cayese hasta un
6% el jueves 28, a menos de dos días de la cita electoral. Éste ha sido solo un episodio más del
deterioro generalizado de la situación económica que, sin duda alguna, ha condicionado la cita
electoral. La formación política del presidente, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), ha
sido el más votado en todo el país pero ha perdido el control de importantes alcaldías. Sin ir
más lejos, Ankara, bajo control de los islamistas desde 1994, pasa a ser ahora de los
socialdemócratas Partido Republicano del Pueblo (CHP). El varapalo ha sido generalizado para
el partido de Erdogan; tras los comicios el CHP gobernará en 5 de las 10 ciudades más grandes
del país, cuando hasta el momento solo poseía una (Esmirna). En Estambul se ha producido un
empate técnico y ambos candidatos se han proclamado vencedores por lo que el resultado se
decidirá en los tribunales tras un nuevo escrutinio. Ahora el Presidente deberá lidiar con este
nuevo escenario político. Pese a que este cambio de fuerzas no es suficiente para frenar
nuevas iniciativas presidenciales, es un claro castigo a su gestión. Durante meses los mercados
internacionales han alertado del deterioro económico que sufre el país con fuertes presiones a
la baja sobre la divisa, ahora es el pueblo el que manifiesta su descontento.
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Elecciones marcadas por la comedia. Con el 55% del voto escrutado, los resultados de la
primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ucrania dan por vencedor a Volodymyr
Zelensky con el 30% de los votos. Zelensky, un cómico de 41 años sin experiencia previa en
política, ha centrado su discurso en combatir la corrupción y poner fin al conflicto en la región
este del país. El cómico ha concentrado el voto protesta de una población hastiada de la
continuada pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la elevada inflación (8% en
2018) y la continua depreciación de la grivna. El actual presidente Petro Poroshenko, ha
quedado en segundo lugar con el 17% de los apoyos y se enfrentará a Zelensky en la segunda
vuelta el próximo 21 de abril. De poco le ha servido al mandatario el capital político
conseguido tras volver a situar al país en la senda del crecimiento económico (3,5% en 2018),
lograr la escisión de la iglesia ortodoxa ucraniana de la rusa o la firma del Acuerdo de
Asociación con la UE que permite a los ucranianos viajar a los países de la Unión sin visado. La
población, cansada del discurso nacionalista y militarista del presidente, le han penalizado por
no aplicar una mano más dura contra la corrupción. La tercera candidata en discordia, la que
fuera primera ministra en dos ocasiones Yulia Tymoshenko, ha obtenido el respaldo del 13%
del electorado lo que la deja fuera de la carrera por la presidencia. Tras conocer los resultados,
Tymoshenko ha puesto en duda la credibilidad de los comicios y ha llamado a sus seguidores a
EUROPA DEL ESTE - CEI

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salir a la calle y garantizar la limpieza del recuento. A la espera de los resultados definitivos,
parece que Ucrania se suma así a la lista de países cuya población ha decidido dar portazo a la
clase política tradicional con la elección de un candidato, cuanto menos, peculiar.
AAARRRGGGEEELLLIIIAAA
Los manifestantes piden un cambio de régimen. El jefe del Estado Mayor y viceministro de
Defensa, Ahmed Gaid Salah, solicitó el pasado día 27 de marzo la aplicación del artículo 102 de
la Constitución en el que se recoge la posibilidad de relevo cuando el presidente de la
República se encuentra, como es actualmente el caso, totalmente imposibilitado para ejercer
sus funciones. Ello supone que el Ejército, el verdadero poder en la sombra en Argelia, ha
optado por retirar su apoyo a Buteflika para tratar de poner fin a las protestas multitudinarias
que, de manera mayoritariamente pacífica, vienen sucediéndose desde hace algo más de un
mes en las principales ciudades argelinas, incluida la capital, Argel. Según la Constitución, el
Consejo Constitucional deberá proponer al Parlamento la inhabilitación del Presidente. Si el
poder legislativo la aprueba, algo que se da por sentado, el presidente del Senado, Abdelkáder
Bensalá, asumirá la presidencia interina del país y deberá organizar unas elecciones
presidenciales en un periodo máximo de 135 días. Si Gaid Salah esperaba que “la calle”
argelina se conformaría con esta medida, su error de cálculo ha sido mayúsculo. El pasado
viernes 29, los manifestantes volvieron a tomar las calles en número muy elevado para
rechazar su propuesta y pedir su marcha, así como la del propio Buteflika. Sin embargo, el jefe
de las FF.AA ha desafiado a la población al afirmar que su propuesta de transición es
inalterable. La situación, pues, se está tensando de manera preocupante porque los
manifestantes ven en la maniobra del jefe del Estado Mayor un intento del régimen por
perpetuarse a sí mismo. Pero los argelinos quieren ir mucho más allá y no cesarán en sus
protestas en tanto no haya un cambio de régimen.
SSSIIIRRRIIIAAA
El fin territorial del Califato. La ofensiva final contra el control territorial por parte de Daesh ha
tenido lugar en las últimas semanas, concentrado en torno a la ciudad de Baguz, al noreste de
Siria. Finalmente, el pasado 23 de marzo, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS o SDF, por sus
siglas en inglés; una alianza de milicias kurdas y árabes, fundamentalmente, que luchan por
formar una Siria secular, democrática y federal y que cuentan con el respaldo de EEUU)
anunciaron que habían recuperado las últimas posiciones (la extensión bajo control directo del
Daesh se ha ido reduciendo desde los 90.800 km2
a comienzos de 2015 hasta apenas uno). En
estas semanas se han rendido decenas de miles de combatientes del Daesh y sus familias, que
actualmente se hacinan en campos de refugiados; se cree que otros muchos están
desperdigados en zonas menos accesibles de Siria e Iraq. A partir de este momento se
plantean dos problemas principales: el futuro de Daesh y el futuro de las milicias sirias. Que el
Estado Islámico haya perdido el territorio no significa que haya cesado su actividad; pueden
seguir produciéndose atentados en Siria, en Iraq o en otros países, donde la capacidad de
ataque de los simpatizantes del movimiento se verá reforzada por los que huyen de Siria;
puede aumentar la actividad de captación por parte de “células durmientes”, que procurarán
NORTE DE ÁFRICA - ORIENTE MEDIO

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reconstruir la redes de apoyo entre las comunidades suníes; y habrá que acometer el
tratamiento de los detenidos y sus familias. Se calcula que unos mil combatientes son de
origen occidental; su internamiento en cárceles de sus países de origen puede aumentar los
casos de radicalización en las prisiones y una vez fuera reforzar la capacidad de las redes
yihadistas en Europa. Por otra parte, las milicias sirias se enfrentan a partir de ahora a la
necesidad de “normalizar” la situación del territorio y es muy posible que se produzcan
divisiones en sus filas como consecuencia de la diversidad de intereses. Para empezar, las
facciones kurdas parecen dispuestas a llegar a un compromiso con Damasco y Moscú, aunque
solo sea para evitar el avance de las fuerzas turcas, como ocurrió en 2018 con la región de
Afrin. En cambio, para los grupos árabes suníes el gobierno sirio sigue siendo su principal
enemigo, e intentarán asegurar los territorios al este del Éufrates, donde controlan algunos
yacimientos de gas y petróleo
AAANNNGGGOOOLLLAAA
Excarcelación de los acusados de malversación del fondo soberano. La reciente puesta en
libertad de José Filomeno dos Santos (hijo del expresidente José Eduardo dos Santos) y del
empresario Jean-Claude Bastos de Morais, encarcelados desde septiembre de 2018 por la
transferencia ilegal de 500 mill.$ del fondo soberano del país a una cuenta en Reino Unido,
ofrece una idea de cómo ha evolucionado la política contra la corrupción y las redes
clientelares que lanzó el actual presidente Joao Lourenço a su llegada al cargo. En el momento
de la detención, José Filomeno dos Santos dirigía el fondo soberano del país, y la empresa de
Bastos de Morais, Quantum Global Group, gestionaba alrededor del 70% de los 5.000 mill.$ de
activos que atesoraba el fondo. Ahora la empresa ha llegado a un acuerdo confidencial con el
fondo que ha permitido la salida de la cárcel del empresario el pasado 22 de marzo; en el caso
de Dos Santos, aunque ha sido puesto en libertad, no se han retirado los cargos contra él. El
arranque de la política anticorrupción suscitó amplias expectativas; ahora parece, sin embargo,
que se ha atemperado, en parte, por la necesidad de Lourenço de garantizar su supervivencia
política, pero también porque se está dando prioridad a recuperar la mayor cantidad de dinero
posible por encima de castigar a los responsables.
CCCOOOMMMOOORRRAAASSS
Elecciones. Tal como se esperaba, el presidente Azali Assoumani ganó las elecciones
celebradas el pasado 24 de marzo. Según los datos facilitados por la Comisión Electoral, el
mandatario obtuvo el 60,77% de los votos, seguido de Mahamudu Ahamada, con el 14,62%. Al
superar la mayoría no será necesaria la celebración de una segunda vuelta. La oposición ha
denunciado que el proceso ha sido alterado por las autoridades. Observadores de la Unión
Africana señalaron que los comicios han estado marcados por las irregularidades y la falta de
transparencia. Los doce opositores que concurrieron a la elección han anunciado la creación
de un organismo, el Consejo Nacional de Transición, para apartar a Assoumani de la Jefatura
del Estado y han establecido el 3 de abril como fecha límite para que el resultado de las
elecciones sea invalidado. La capacidad de la oposición de lograr tal fin es limitada, teniendo
en cuenta el férreo control de las instituciones por parte del Presidente. Ahora bien, el riesgo
de que se produzcan revueltas sociales es considerable.
ÁFRICA SUBSAHARIANA

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Grave episodio de violencia en el centro de Mali. El pasado 23 de marzo tuvo lugar una
masacre en una aldea del centro del país. Se calcula que fueron asesinadas al menos 157
personas pertenecientes a la etnia fulani, al menos un tercio de ellos niños, según la ONU.
Aunque ningún grupo ha reivindicado la autoría, se cree que los asesinatos fueron cometidos
por el “grupo de autodefensa” Dan an Amassagou, cuyos integrantes son mayoritariamente de
etnia dogon. La región central de Mali sufre desde hace varios años una intensificación de los
episodios de violencia, en los que se mezclan los enfrentamientos de raíz étnica con el
yihadismo e incluso con las disputas por los recursos entre comunidades con diferentes estilos
de vida (los fulani son seminómadas y se dedican principalmente al pastoreo; los dogon, y
otros grupos como los bambara son agricultores y más sedentarios). Los fulani son
identificados con el yihadismo por parte de otros grupos debido la cercanía de algunos
miembros de dicha etnia con el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental
(Mujao) – un movimiento local que prevaleció principalmente entre 2011 y 2013. La expansión
de este tipo de movimientos en la región dio lugar al surgimiento de milicias locales para
combatirlos (los llamados “grupos de autodefensa”). La situación de inseguridad se ha visto
agravada por la falta de presencia del Estado en algunas regiones del centro del país, lo que
facilita la proliferación del vandalismo y el crimen organizado. Según la Misión de la ONU en
Mali, este tipo de asaltos ha provocado la muerte de 600 personas en el último año (un tercio
solo en lo que va de 2019), así como miles de desplazados.
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Empeoramiento de la situación. La actividad de la miríada de grupos armados en la región del
Sahel se ha incrementado en los últimos meses. Desde noviembre se han registrado más de
2.000 ataques que han causado más de 700 víctimas mortales. Tan solo en Mali en los últimos
cinco meses se han cuadriplicado los atentados terroristas en comparación con las cifras del
año anterior. Según los expertos, el norte de dicho país se ha convertido en un nido de milicias
islamistas, desde donde lanzan ataques a las vecinas Burkina Faso y Níger. La dificultad del
escenario se agrava con la rivalidad entre los diversos grupos étnicos y, también, las fricciones
entre los pastores y agricultores. Pese al importante despliegue militar de la ONU (misión
MINUSMA), y de fuerzas europeas, la estabilización del Sahel resulta enormemente compleja,
debido a la enorme extensión geográfica, la fragilidad de los países de la zona y la porosidad de
las fronteras.
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 Eslovaquia. La corrupción determina el voto. Zuzana Caputova ha sido la vencedora de la
segunda vuelta de los comicios presidenciales que tuvieron lugar el pasado 31 de marzo en
Eslovaquia. A diferencia de otros países de Europa central, los eslovacos han elegido, con el
58,4% de los votos, a una abogada anticorrupción con un marcado discurso progresista y
pro europeo. Caputova, desconocida hace tan solo un año, ha conseguido desbancar a
Maros Sefcovic, candidato del partido Smer, la mayor formación política del país. Pese a
OCDE

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que Sefcovic intentó acortar distancias con Caputova, conocida por su constante defensa
de los derechos LGTBI y del aborto, apelando al voto católico conservador, finalmente no
tuvo éxito. La participación únicamente alcanzó el 41,8% del electorado, la más baja de la
historia del país; la eliminación de los candidatos neo fascistas, que representaron
alrededor del 25% del voto en la primera vuelta de los comicios, explica la elevada
abstención. Eslovaquia comienza así una nueva etapa de su corta historia democrática con
una nueva mandataria que pondrá el foco en la reforma de la justicia para garantizar la
independencia judicial. Este tema es muy candente en el país tras el asesinato del
periodista Jan Kuciak y su pareja el año pasado cuando estaba investigando una trama de
corrupción política. El caso desató las mayores protestas que ha vivido el país desde 1989 y
forzó la dimisión de Robert Fico que llevaba ocupando la posición de primer ministro desde
hacía una década.
 Reino Unido. Triple rechazo al plan de May. El pasado 29 de marzo, fecha en la que estaba
previsto que Reino Unido abandonase la UE, los diputados británicos rechazaron por
tercera vez (344 votos en contra y 286 a favor) el Acuerdo de Salida que habían firmado en
noviembre la primera ministra, Theresa May y los Veintisiete líderes de la UE. May, que
había conseguido una extensión del Art.50 hasta el 22 de mayo si obtenía el apoyo de la
Cámara de los Comunes a su plan, había ofrecido incluso su dimisión a cambio del voto
favorable al Acuerdo. Sin embargo, ni esta opción sirvió para convencer al ala más dura de
los conservadores euroescépticos a quien solo parece contentarles una salida abrupta de la
UE. La primera ministra había logrado sortear la prohibición del Presidente del Parlamento,
el conservador John Bercow, quien había advertido que no podía volver a presentar a
votación el mismo texto sin cambios sustanciales. En una magistral maniobra política, de
una legalidad cuestionable, la mandataria decidió someter a votación sólo una de las dos
partes que conforman el Acuerdo; esto es, el Acuerdo de Salida en sí y no la Declaración
Política, que establece las directrices para la relación futura con la UE. Este resultado pone
al país al borde del abismo, el enésimo en los últimos meses; ya que, de no solicitar una
nueva extensión del Art. 50, Reino Unido se enfrentará el próximo día 12 de abril a una
salida desordenada de la UE. Mientras tanto en Bruselas ya se preparan para lo peor, el
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha convocado una reunión extraordinaria
para el 10 de abril, a 48 horas de que expire la prórroga concedida a Londres. Se prevé que
en este Consejo los Veintisiete acuerden una postura común y fijen las condiciones de un
nuevo aplazamiento del Art. 50, si es que éste llega. Francia, España y Bélgica encabezan el
ala más dura y supeditan la prórroga a que Reino Unido participe en las elecciones al
Parlamento; Alemania, Holanda y el propio presidente del Consejo, Tusk, insisten en apurar
al máximo las posibilidades, incluso la opción de revocar el Art.50, una posibilidad
inverosímil actualmente en Reino Unido.
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