Resumen de las noticias internacionales más destacadas del 11 al 17 de marzo de 2019, elaborado por el departamento de Riesgo País de CESCE.

1. Dirección de Riesgo País y Gestión de Deuda
Del 11 al 17 de marzo
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El comercio mundial se desacelera. En el último trimestre de 2018, el comercio
internacional registró una caída del 0,9% debido, fundamentalmente, a los malos
datos de noviembre (-1,8%) y diciembre (-1,7%). Se trata de la mayor caída de dos
meses consecutivos desde febrero de 2009 y, en términos anuales, ha sido el primer
descenso desde enero de 2016. Este menor dinamismo se atribuye principalmente a la
pérdida de tracción comercial de China (responsable de un 36% del descenso), de
India (del 15%) y de EE.UU (del 11%). Sin embargo, la región que se ha visto más
afectada por la desaceleración del comercio internacional ha sido la eurozona debido
a que, en su conjunto, el peso de las exportaciones sobre el PIB supera al de Estados
Unidos o, incluso, China. Llama la atención que las importaciones en la zona euro no
presentaron apenas cambios respecto al año anterior (+0,9% interanual), mientras que
sus exportaciones se desplomaron un 2,9% interanual. Esta desfavorable evolución del
sector exterior ha motivado las revisiones a la baja del crecimiento de la Eurozona por
parte de la OCDE (del 1,8% estimado inicialmente al 1%), de la Comisión Europea (del
1,9% al 1,3%) como el BCE (del 1,7 al 1,1%). Entre las principales preocupaciones
figuran la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, la incertidumbre política en España e
Italia y la crisis de los “chalecos amarillos” de Francia. Otro factor que genera mucha
inquietud es cómo puede estar afectando la ralentización de China en las ventas de
Alemania. El gigante asiático ha registrado su peor tasa de crecimiento de las últimas
tres décadas lo que, indudablemente, hace resentirse a las importaciones. China
importa muchos bienes de equipo de la locomotora de Europa y también de Polonia,
Rumanía y Hungría. Conviene recordar que las ventas extracomunitarias de la zona
euro han crecido notablemente desde principios de este siglo, al pasar de representar
el 48% del total en el año 2000 al 55% en 2018. Así pues, la guerra comercial ya se está
cobrando su primera víctima, la eurozona, quien además, no pertenece a ninguno de
los dos bandos enfrentados.
EEECCCUUUAAADDDOOORRR
 Acuerdo con el Fondo. El Directorio del FMI ha aprobado el 11 de marzo el
programa “Extended Fund Facility”, por importe de 4.200 mill.$, suscrito con
Ecuador a mediados de febrero. Unos días después, el 15 de marzo, el gobierno
INTERNACIONAL
LATINOAMÉRICA

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ecuatoriano recibió 652 mill.$ correspondientes al primer desembolso del crédito. La
sintonía con el FMI contrasta con las tensas relaciones durante el mandato de Rafael
Correa. Además del acuerdo con el Fondo, Ecuador también ha firmado préstamos por
valor de 6.000 mill.$ con otros organismos multilaterales; entre ellos el Banco Mundial, el
Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Europeo de Inversiones. Estos fondos
contribuirán a financiar el plan del gobierno (sobre el papel razonable) para diversificar la
economía. De momento, el Ejecutivo de Lenín Moreno señaló que destinará, del primer
tramo del crédito con el FMI, 230 mill.$ al Plan Anual de Inversiones y 164,6 mill.$ a
mejorar el sistema sanitario.
 Ecuador se retira de Unasur. Lenín Moreno ha anunciado, el 13 de marzo, la retirada de
Ecuador de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y ha solicitado que se le devuelva la
propiedad del edificio donde funcionaba el ente regional, que significó para el país una
inversión de 40 mill.$. El bloque se creó en el año 2008 por iniciativa del fallecido
presidente venezolano Hugo Chávez, para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en
la región y cuando en Sudamérica gobernaban varios presidentes de izquierda. En abril de
2018, seis de los 12 países que la forman (Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y
Paraguay) ya anunciaron que dejarían de participar por tiempo indefinido, debido a que, en
su opinión, el organismo estaba acéfalo bajo la presidencia pro tempore de Bolivia, lo que
impedía tomar decisiones. Ahora es el turno de Ecuador, cuyo presidente lo tacha de
“plataforma política”. La decisión de Moreno no sorprende y está en línea con el vuelco
que ha dado en política exterior con respecto al presidente anterior, Rafael Correa.
Ecuador lleva meses de distanciamiento de Venezuela y de acercamientos a Estados
Unidos. De hecho, está ahora iniciando los trámites para incorporarse a la Alianza del
Pacífico y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En
cuanto a la crisis de Venezuela, Quito ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de
Venezuela y ha condenado a Nicolás Maduro y el fracaso del modelo de gobierno de
izquierdas de la última década.
PPPEEERRRÚÚÚ
Nombramiento del Primer Ministro. Salvador del Solar ha jurado, el 11 de marzo, como
primer ministro ante el presidente de Perú, Martín Vizcarra. El abogado, actor y director de
cine, ha vuelto al poder Ejecutivo del país sudamericano tras 14 meses fuera de la vida política.
Anteriormente, ocupó la cartera de Cultura durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski,
cargo que desempeñó por un año, entre el 2016 y 2017, hasta su renuncia por discrepancias
contra el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Solar, de 48 años, tiene fama de político
dialogante, comprometido en la lucha contra la discriminación y favorable al modelo
económico que promueve las asociaciones público-privadas. Durante el año que fue ministro
de cultura quedó patente su voluntad de evitar enfrentamientos con la oposición fujimorista
del partido Fuerza Popular, e incluso buscar aproximaciones con la formación de corte
derechista. Del Solar reemplaza a César Villanueva quien dimitió, el 15 de marzo, tras casi un
año como primer ministro. Su renuncia se produjo en momentos en que el apoyo a la gestión
del presidente ha caído notablemente en las encuestas (cuenta con un 58% de aceptación, tras
alcanzar un pico de popularidad del 66%). El escenario político al que se enfrenta el nuevo
primer ministro no será fácil. El presidente Vizcarra no tiene una bancada significativa en el
Congreso, y la que fue la mayoría absoluta en el Parlamento, ahora se ha repartido en
pequeñas facciones. Por otro lado, las investigaciones fiscales por corrupción, ligada a la
constructora brasileña Odebrecht, han salpicado a casi todos los expresidentes y excandidatos
presidenciales lo que ha generado un fuerte descrédito de la clase política.

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Reestructuración del gobierno de Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha
pedido a todos sus ministros que dimitan de sus cargos, con el objetivo de realizar una
“reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento” de su gobierno. Con esta
iniciativa se pretende «blindar» al país «ante cualquier amenaza», en un intento más de
defender el liderazgo del chavismo ante la presión cada vez mayor no solo en el exterior sino
en su propio territorio. Se trata del primer cambio en el ejecutivo desde que Maduro inició su
segundo mandato, el 10 de enero pasado, y que no ha sido reconocido por la oposición y
buena parte de la comunidad internacional por haber surgido de elecciones cuestionadas. El
anuncio de la reestructuración se produjo el 7 de marzo tras un apagón que ha paralizado el
país durante una semana. El presidente lo atribuyó a "ciberataques" de Estados Unidos con
respaldo de la oposición aunque durante un recorrido por las principales centrales
hidroeléctricas, prometió llevar a cabo una transformación profunda de las empresas del
sector. Además, el régimen bolivariano volvió a poner en marcha el pasado fin de semana una
serie de ejercicios militares con los que pretende ‒según sus palabras‒ defenderse de un
supuesto ataque liderado por Estados Unidos, el primer país que ha reconocido a Guaidó como
presidente encargado tras autoproclamarse el 23 de enero pasado. El líder opositor, por su
parte, ha desmentido estas acusaciones y se ha mostrado totalmente contrario a una invasión
militar extranjera. En su opinión, Maduro es el único que puede llevar al país a una guerra.
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 Nueva Ley de Inversión Extranjera. El pasado 15 de marzo, la Asamblea Popular Nacional,
reunida en sesión plenaria, aprobó con más del 99% de los votos una nueva ley de
inversiones extranjeras, cuya entrada en vigor tendrá lugar el uno de enero de 2020. El
proceso de tramitación de la ley apenas ha durado tres meses, un plazo inusualmente corto
para lo que es habitual en China, lo que indica que las autoridades tenían mucho interés en
tener la ley aprobada cuanto antes para poderla esgrimir como argumento negociador en
los contenciosos que el país asiático mantiene en estos momentos con los EE.UU y, en
menor medida, con la Unión Europea. Tanto el uno como la otra acusan a China de falta de
reciprocidad en el acceso a su mercado, de obligar al socio extranjero en las “joint-
ventures” a realizar transferencias forzosas de tecnología al socio local y de dar un apoyo
financiero ilimitado a sus empresas, lo que les otorga un “músculo financiero” colosal para
poder adquirir compañías de otros países, creando así “campeones internacionales”.
Europa y los EE.UU difieren, sin embargo, en la estrategia a seguir ya que mientras que el
segundo ha optado por desencadenar una “guerra comercial” con China que todavía está
lejos de haber terminado, la primera se está dotando de mecanismos legales que le
permitirán vetar inversiones chinas en sectores que puedan comprometer la seguridad del
continente, pero sin por ello renunciar a cerrar pactos comerciales con el gigante asiático.
 El demonio puede estar en los detalles. Es cierto que la nueva ley recoge el principio de
igualdad de trato entre inversores extranjeros y locales, por ejemplo en los procesos de
licitación pública, al tiempo que prohíbe a la autoridad administrativa obligar a las
ASIA

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empresas extranjeras a transferir tecnología a los socios locales, estableciendo que la
cooperación tecnológica deberá siempre ser “equitativa”. Sin embargo, europeos y
estadounidenses se quejan, en primer lugar, de que el texto se haya aprobado por un
procedimiento casi de urgencia, sin respetar el habitual periodo de consultas, lo que
hubiera permitido estudiarlo más en detalle y, eventualmente, plantear objeciones. En
segundo término, la redacción del texto legal es, a propósito, vaga, dejando numerosas
zonas grises a la interpretación de los tribunales chinos, cuya imparcialidad es puesta en
duda por los inversores extranjeros quienes les acusan de favorecer a las empresas locales.
La aplicación de la norma puede verse restringida por razones de “seguridad nacional”, un
concepto calculadamente vago cuya interpretación queda igualmente en manos de las
autoridades. Por último, la ley todavía debe desarrollarse y concretarse en distintos
reglamentos que son los que los gobernantes deberán esforzarse en hacer cumplir, algo
siempre complicado en un país con el tamaño de un continente y en que son muchas veces
las autoridades locales, y no Pekín, quienes tienen la última palabra en sus respectivas
zonas de influencia. La música de la ley en principio parece sonar bien, pero como se suele
decir, el demonio suele esconderse en los detalles.
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La recesión ha llegado. Los últimos datos oficiales confirman una contracción del crecimiento
de la economía turca del 2,4% en el último trimestre de 2018 que sigue al retroceso del 1,6%
que se observó en el trimestre anterior. Estas cifras, peores de lo esperado, suponen que
Turquía entra oficialmente en recesión, al acumular dos trimestres consecutivos de
crecimiento negativo. Se trata de la primera recesión de los últimos diez años, la segunda bajo
el mandato de Erdogan. Sin embargo, mientras que la primera se dio en 2008 como resultado
de la crisis financiera internacional; en este caso la recesión tiene un origen claramente interno
que obedece a la crisis de la balanza de pagos y al desplome que sufrió la lira el verano pasado.
Los desafíos que enfrenta actualmente la economía son muy distintos a aquellos que surgieron
hace diez años al ser las causas de naturaleza muy diferente. El programa de estímulo fiscal
que aplicó el Gobierno, tras la asonada de julio de 2016, provocó un sobrecalentamiento de la
economía que ya adolecía de un excesivo endeudamiento exterior a corto plazo (en inversión
en cartera). Como resultado, el país presentaba una mayor vulnerabilidad a las variaciones en
la confianza de los inversores. La disputa diplomática entre Estados Unidos y Turquía, el verano
pasado, hizo saltar las alarmas de los inversores internacionales y provocó una auténtica
estampida de capitales con la consecuente caída de la lira. Las medidas del Banco Central de
Turquía, que elevó los tipos hasta el 24%, permitieron recuperar parte de la credibilidad de
cara a los mercados internacionales y estabilizar la moneda. Sin embargo, la espiral
inflacionista en la que entró el país junto a los elevados tipos de interés han terminado por
penalizar el crecimiento. Prueba de ello, es la dramática desaceleración que se ha registrado
en 2018, en que la actividad creció tan solo un 2,6%, casi cinco puntos porcentuales por debajo
del año anterior (7,4%). La contracción económica llega en un momento muy inoportuno para
EUROPA DEL ESTE - CEI

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el presidente Erdogan embarcado en la campaña electoral para los comicios regionales que
tendrán lugar el próximo 31 de marzo. Durante los últimos 16 años su formación política, el
AKP, ha cosechado sucesivas victorias en las principales ciudades respaldado por años de
prosperidad y elevado crecimiento económico; habrá que ver si ese capital político se
mantiene cuando la recesión acecha.
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Acabar con el régimen. El pasado 11 de marzo, Buteflika retiró su candidatura a un quinto
mandato presidencial y propuso una serie de reformas, entre las que destaca la celebración de
una conferencia nacional encargada de determinar el futuro modelo político del país. Se
desconoce la fecha en que tendrá lugar esa conferencia, su duración, quién la presidirá e,
incluso, cuál es su verdadero objetivo, más allá de tratar de apaciguar a los ciudadanos y ganar
algo de tiempo. Las elecciones presidenciales, que inicialmente estaban previstas para el 28 de
abril, quedaron pospuestas hasta la celebración de la citada conferencia. El régimen argelino
pensó que con éstas medidas y alguna más, como la dimisión del muy impopular Primer
Ministro Ahmed Ouyahia, iba a acabar con las manifestaciones que, desde hace más de tres
semanas, tienen lugar cada viernes en las principales ciudades del país. Sin embargo, los
manifestantes, en su mayoría jóvenes, ven en las medidas arriba expuestas un intento de
ganar tiempo, introduciendo cambios cosméticos para que, al final, nada cambie. Por lo tanto,
las protestas ciudadanas, con toda probabilidad, continuarán ya que el objetivo de las mismas
no es simplemente impedir la candidatura de Buteflika, sino acabar con un régimen percibido
como esclerótico y corrupto.
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Repunte de la inflación. La inflación egipcia repuntó, con cierta intensidad, el pasado febrero
para situarse en el 14,35% en tasa interanual, superior en 1,6 puntos porcentuales a la
correspondiente al mes de enero. El crecimiento mensual, del 1,7%, fue, por su parte, el más
alto desde el pasado mes de octubre. Los principales culpables del fuerte repunte de los
precios han sido los alimentos frescos, con un gran peso en la “cesta de precios” de las
familias. El año 2018 finalizó con una inflación del 11,97% en tasa interanual, que, aunque por
escaso margen, se situó dentro de la tasa-objetivo del banco central del 9%±3%, la misma que
rige en 2019. El repunte de los precios supone una doble complicación para las autoridades. En
primer término, porque éstas tienen previsto llevar a cabo en 2019 una nueva tanda de
recortes de los subsidios sobre el fuel, lo que también presionará al alza los precios. En
segundo lugar, porque hace más difícil que el Banco Central vuelva a recortar su tipo de interés
de referencia en su próxima reunión, que tendrá lugar el 28 de marzo, tras haberlo hecho de
manera inesperada en un punto porcentual, hasta el 15,75%, el pasado mes de febrero. Se da,
por último, la circunstancia de que el repunte de los precios sobreviene en un momento en el
que la cotización de la libra frente al dólar se encuentra en su nivel más alto en dos años. Su
apreciación obedece, entre otros factores, al aumento de las compras por parte de inversores
no residentes de deuda pública denominada en la divisa local.
NORTE DE ÁFRICA - ORIENTE MEDIO

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Bajo los efectos de las inundaciones. Las lluvias tropicales y la llegada del ciclón Idai han
golpeado con dureza el sur de Malaui, gran parte de Mozambique y el este de Zimbabue. Se
calcula que las inundaciones han provocado más de doscientos fallecidos. Sin embargo, se
teme que el número de víctimas aumente en los próximos días, dado que el acceso a parte de
las áreas afectadas es extremadamente complejo, lo que está dificultando el operativo de
rescate. El ciclón entró en el litoral africano el pasado 14 de marzo cerca de la ciudad
mozambiqueña de Beira, una de las mayores del país, con 500.000 habitantes. La información
preliminar sobre los daños materiales causados en dicha localidad es dramática. La Federación
Internacional de la Cruz Roja (FICR) estima que cerca del 90% de Beira está prácticamente
destruida. Según los expertos, el riesgo de formación de fenómenos atmosféricos extremos en
la cuenca del suroeste del océano Índico suele ser especialmente elevado durante el primer
trimestre del año.
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En la cuerda floja. Casi seis meses después de la firma del acuerdo de paz entre el presidente
del país, Salva Kiir, y el líder de la oposición armada, Riek Marchar, apenas se ha avanzado en
los objetivos marcados. Uno de los principales compromisos, hasta ahora incumplidos, es la
reorganización de las Fuerzas Armadas para integrar a miembros de los dos bandos. El
Ejecutivo alega que los escasos avances se deben a la falta de financiación internacional; un
argumento que la oposición considera poco creíble. La creación de un ejército de unidad
nacional constituye un requisito ineludible para la formación de un nuevo gobierno de
coalición. Así pues, el riesgo de una ruptura del acuerdo continúa siendo considerable. Como
se recordará, el origen del conflicto se remonta a diciembre de 2013, cuando militares leales a
Riek Marchar, ex vicepresidente del gobierno, efectuaron un golpe de Estado que resultó
fallido. La guerra, con tintes étnicos, ha causado más de 10.000 víctimas muertos y cuatro
millones de desplazados.
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¿Vientos de cambio? El nuevo presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix
Tshisekedi, ha ordenado la liberación de 700 presos políticos encarcelados durante el gobierno
de Joseph Kabila. Así pues, el mandatario cumple con una de las promesas que anunció cuando
juró el cargo el 24 de enero. Tshisekedi, hijo de un histórico líder de la oposición, ganó las
elecciones presidenciales celebradas a finales de diciembre, con el 38,57% de los votos. El
resultado de los comicios fue sorprendente, no solo por la derrota del delfín de Joseph Kabila
(en el poder desde 2001), sino, también, porque ganó el opositor que, aparentemente, tenía
menos opciones. Estos datos generaron todo tipo de especulaciones y, el principal candidato
de la oposición, Martin Fayulu, acuso a Tshisekedi de haber alcanzado un acuerdo con Kabila
para alterar el proceso electoral y repartirse el poder. Incluso la Conferencia Episcopal de
Congo, considerada la principal institución no gubernamental que supervisó los comicios,
señaló que los resultados oficiales no coincidían con sus conclusiones. La formación de un
gobierno de coalición entre Tshisekedi y el partido de Kabila, el Frente Común para el Congo
(FCC), no ha despejado estas dudas. De hecho el FCC será el encargado de elegir al Primer
ÁFRICA SUBSAHARIANA

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Ministro. La influencia de Kabila en la administración se refuerza, además, con la amplia
mayoría de su partido en el Senado. En este contexto, la liberación de presos políticos rompe
con el autoritarismo del anterior gobierno; ahora bien, parece poco probable que esto sea el
inicio de un cambio profundo en el marco político congoleño.
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 Reino Unido. ¿A la tercera va la vencida? La semana pasada el Brexit atravesó su enésima
semana decisiva desde la celebración del referéndum en junio de 2016. Tras el abrumador
rechazo del Parlamento británico, el pasado enero, al acuerdo que Theresa May había
firmado con la Unión Europea, la primera ministra regresó a Bruselas con el mandato de
renegociar la cláusula de salvaguarda irlandesa. El objetivo de esta medida es evitar el
restablecimiento de controles fronterizos entre las dos partes de la isla de Irlanda para, de
esta forma, preservar la paz social del Ulster. Según lo establecido en el Acuerdo si, una vez
cumplido el período de transición, Reino Unido y la UE no han consensuado qué tipo de
relación mantendrán a futuro, se activará automáticamente la cláusula de salvaguarda. De
esta forma, se creará una unión aduanera temporal en la que Irlanda del Norte deberá
cumplir ciertas normas comunitarias en materia de regulación comercial que no aplicarán al
resto del país. En la práctica, la frontera se trasladaría de la isla de Irlanda al mar de
Inglaterra ya que habría que realizar controles aduaneros dentro del propio Reino Unido. El
mandato del Parlamento británico a May contemplaba que la primera ministra consiguiese
garantías legales de Bruselas para asegurar que Reino Unido no quedaba atrapado
indefinidamente en la unión aduanera.
 Retorno a las negociaciones. Tras varias semanas de negociaciones técnicas entre el
representante europeo, Michel Barnier, y el abogado general del Estado británico, Geoffrey
Cox, finalmente May consiguió arrancar in extremis una serie de concesiones al presidente
de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que subrayaban la temporalidad de la
salvaguarda irlandesa. Pese a que Bruselas advirtió que esta sería la última oportunidad
para evitar una salida desordenada de Reino Unido de la UE, el Parlamento británico volvió
a rechazar el Acuerdo con 391 votos en contra frente a 242 a favor (una diferencia menor al
resultado de enero cuando obtuvo 432 votos en contra y 202 a favor). A esta votación le
siguió otra al día siguiente en la que una mayoría de los diputados rechazaron una salida a
las bravas del bloque comunitario. Ello explica que el jueves 14 de marzo, tal y como se
esperaba, el Parlamento ordenase al Ejecutivo extender la vigencia del Artículo 50 (lo que
evitaría la salida abrupta). Sin embargo, la Cámara puso condiciones a la duración de la
prórroga: si antes del jueves 21 de marzo (cuando está previsto que se celebre el Consejo
Europeo) el Parlamento había avalado el texto, la prórroga sería tan solo de unos meses, lo
suficiente para poder trasladar el Acuerdo a la legislación británica (se barajaba el 30 de
junio como fecha máxima). Si, por el contrario, el Parlamento volvía a rechazar el Acuerdo,
la prórroga podría ser mucho mayor (se hablaba de 2020).
 Nuevos obstáculos. El escenario anterior exige, pues, una tercera votación en el
Parlamento británico y una nueva prueba para May. A lo largo de estos meses la primera
ministra ha mantenido su incansable estrategia política de poner contra las cuerdas a los
diputados británicos para intentar así forzar el apoyo a su plan. Esta estrategia, cuyo éxito a
OCDE

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la vista de los resultados es más que cuestionable, pretendía por un lado granjearse el
apoyo de los diputados favorables a la permanencia ante la alternativa de un Brexit sin
acuerdo y, por el otro, pedía el voto de los euroescépticos ante la posibilidad de
permanecer en la UE. May pensaba que apuntando a ambos bandos, alguno terminaría por
ceder. De hecho, parecía que, en esta ocasión, el ala dura de los conservadores más los 10
diputados del Partido Unionista Norirlandés estarían dispuestos a apoyar el texto en una
tercera votación en el Parlamento. Sin embargo, el portavoz de la Cámara, John Bercow, ha
asestado un nuevo revés al plan de la primera ministra al recordar al Gobierno que no
puede someter el texto a una tercera votación sin incluir “cambios sustanciales”. Parece
que en esta ocasión tampoco se cumplirá aquello de “a la tercera va la vencida”.
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