1. POSICIONAMIENTO OFICIAL
Prospecciones petrolíferas en
Canarias
Agrupación Territorial C’s CANARIAS
Octubre 2014
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Agrupación Territorial de Canarias
canarias@ciudadanos-cs.org 1
2. PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN LAS COSTAS CANARIAS
UN NO CON ARGUMENTOS
El 16 de marzo del año 2012, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy aprobó en Consejo
de Ministros, la autorización para que las multinacionales Repsol, Woodside Petroleum
Ltd. y RWE AG inicien las prospecciones a escasos 60 kilómetros de las costas de
Lanzarote y Fuerteventura, donde esperan encontrar yacimientos que pudieran llegar a
producir en torno a los 100.000 barriles al día.
Esta iniciativa, que a priori, y sin analizar el contexto, pudiera suponer un importante
espaldarazo a la economía española, y por ende a la del archipiélago, ya fue rechazada
por el Tribunal Supremo en febrero de 2004, cuando el gobierno de José María Aznar
promovió la misma iniciativa, que fue contrarrestada por los recursos interpuestos por el
Cabildo de Lanzarote y el Partido Socialista de Canarias.
Esta vez, la oposición unánime de los partidos políticos en Canarias, a excepción del
Partido Popular, así como la masiva respuesta popular de rechazo a la posible extracción
de petróleo cerca de sus costas, no ha servido para impedir que de forma unilateral
haciendo uso de la mayoría parlamentaria, el Gobierno haya logrado sacar adelante los
permisos necesarios con una premura posiblemente condicionada por la cercanía de un
nuevo periodo electoral.
Pese a que se ha trasladado a la opinión pública que prácticamente será inocua para la
economía y el medioambiente canario la realización de prospecciones, la verdad es que
se deben poner sobre la mesa los siguientes puntos de vital importancia, que ponen de
manifiesto que realmente debe tenerse en cuenta en la toma de decisiones y la
explicación de las mismas a la opinión pública, que SÍ existe riesgo de accidente en
las prospecciones o futura extracción:
1. El petróleo no es un recurso infinito, y este factor hace que las empresas petroleras
y los gobiernos cada vez estén asumiendo mayores costos y riesgos para localizar
recursos de muy difícil acceso, obligándose las empresas a buscar en
localizaciones que requieren mayores dificultades tecnológicas, mayores
inversiones y obviamente mayores riesgos, tanto físicos y medioambientales, como
riesgos económicos al existir grandes posibilidades de fracaso en las
prospecciones iniciales.
2. La autorización publicada en el RD 547/2012 no limita el número de pozos a
gestionar, y cierra también el posterior derecho a la extracción a estas empresas
concesionarias. Esta búsqueda abarcará un área de unas 616.000 hectáreas, con
una profundidad de unos 1.500 metros, que deberán elevarse a los 2.000 metros
para perforar la placa rocosa, como paso necesario para alcanzar los hipotéticos
yacimientos. Este dato eleva considerablemente el riesgo de fugas incontroladas
de hidrocarburos desde las profundidades marinas, dado que a estas
profundidades existe una elevada dificultad técnica para contener este tipo de
accidentes. Es muy importante destacar el antecedente ocurrido en 2010, con la
plataforma Deep Water Horizon, cuya explosión y posterior hundimiento en aguas
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3. del Golfo de México, provocó el vertido más importante de la historia, estimado en
779.000 toneladas de crudo
3. La zona donde se realizarán los sondeos y posterior extracción es activa desde el
punto de vista sísmico, con innumerables movimientos registrados en los últimos
años por el Instituto Geográfico Nacional, donde han registrado movimientos que
rozan los 5 grados en la escala Richter.
Sabiendo esto, ¿cuáles son los argumentos que se esgrimen desde Canarias para
rechazar lo que parece ser una importante oportunidad económica para el Estado español
y para el propio archipiélago?
1. NO ES UNA OPORTUNIDAD ECONÓMICA PARA EL ESTADO Y LA
COMUNIDAD. La concesión y posterior explotación se ha realizado a un consorcio
de tres multinacionales (Repsol 50% - Woodside 30% - RWE 20%) con intereses
claramente privados, que en la cadena de valor difícilmente tributarán en España.
Sólo Repsol podría definirse como de interés nacional, aunque desentrañando un
poco su accionariado, más de la mitad de sus acciones están en manos extranjeras
(incluyendo a TOMASEK, fondo soberano de Singapur, o al banco americano de
inversión JP Morgan entre sus actuales accionistas de referencia) y las empresas
nacionales (Sacyr y Caixabank) tienen intereses claramente privados que escapan
de un control público en lo que respecta al uso de estos beneficios económicos.
2. En la concesión no existe regulación alguna sobre ningún tipo de impuesto especial
sobre cada barril extraído. Por lo tanto, no existe ninguna previsión de ingresos a
las arcas públicas, y mucho menos para la economía canaria.
3. El sector del Turismo es el sector más importante para la economía canaria, en lo
que respecta a generación de empleo y recursos económicos. Este sector sería el
principal perjudicado en caso de producirse un accidente derivado de la extracción
de crudo. El desastre ecológico del Golfo de México obligó a desembolsar a British
Petroleum (BP) casi 40.000 millones de dólares, de los que 4.500 millones fueron
en concepto de multa impuesta por el gobierno norteamericano, 14.000 millones
para las labores de limpieza y reconstrucción y 20.000 millones como fondo de
indemnización a afectados. Esta cantidad, muy próxima a los gastos que
ocasionaría un vertido de gran magnitud en las costas canarias, es muy superior al
valor total de REPSOL en bolsa: menos de 29.600 millones de USD (cotización del
13/10/14, www.bloomberg.com/quote. Esto lleva a preguntarnos ¿ha suscrito
Repsol garantías y seguros de responsabilidad civil de activación inmediata en
caso de catástrofe medioambiental, por valor asimilable a esos 40.000 millones
de USD, con alguna aseguradora contrastada y con experiencia en ese tipo de
magnitudes? Al respecto, el pasado mes de Agosto el Ministerio de Industria
autorizaba a Repsol a ejecutar hasta tres sondeos exploratorios en busca de
hidrocarburos en las aguas que separan Canarias de Marruecos, con la única
exigencia de constituir un seguro civil de 40 millones de euros y una garantía
financiera para riesgos medioambientales de 20 millones. Por muy bajo que sean
ambos importes (si los ponemos en relación con la multa de BP), el mero hecho de
haberse establecido contradice el argumento de que el riesgo de la actividad
exploratoria sea nulo (en cuyo caso, tanto el aval como la garantía deberían tener
también un valor nulo)
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4. 4. Sólo en pérdidas dentro del sector turístico, teniendo en cuenta sólo el gasto del
turismo extranjero en Canarias, podríamos hablar de unos 11. 500. millones de €
anuales (Nota: el gasto turístico oficial generado por los visitantes extranjeros que
visitaron Canarias en 2013, ascendió a 11.648 millones de €), y unos daños que se
prolongarían al menos dos o tres años.
5. Aproximadamente el 70% del agua consumida en Canarias proviene de la
desalación, es más, las islas de Lanzarote y Fuerteventura prácticamente
dependen al 100% de la desalación de agua de mar. Una catástrofe que provocara
la llegada de hidrocarburos a las costas canarias generaría un estado de
emergencia de magnitudes aún no vistas en España, dejando prácticamente sin
recursos hídricos a casi la totalidad de los habitantes de las islas. En este
punto no se puede permitir asumir ningún riesgo, por muy pequeño que pudiera
ser, sin antes valorar, mediante un comité de expertos, las consecuencias que
pudieran derivarse en este sector, y qué medios podrían disponerse, si es que los
hubiera, para no desabastecer de agua a la población en caso de accidente.
6. El actual gobierno español, y sobre todo la irresponsable política energética
impulsada tanto a nivel regional por el Gobierno Canario, como a nivel nacional por
el Ministerio de Industria están minando el desarrollo del sector renovable en las
islas. En esto es especialmente sensible el archipiélago canario, ya que Canarias
cuenta con el mejor y más estable régimen de vientos y de radiación solar de toda
Europa. Por otra parte, a nivel global se ha producido en los últimos años una
drástica ganancia en la eficiencia de los equipos de generación eólica y fotovoltaica
(proporcional a la abrupta disminución de sus costes). Ambos factores combinados
permitirían reducir la altísima factura eléctrica (subvencionada a través del sistema
estatal de compensación de los costes de los sistemas extrapeninsulares, en base
a un esquema de costes reconocidos de las centrales - parque de generación
obsoleto, inflexible e ineficiente, que en parte es de la época pre-constitucional).
Sin embargo, los responsables en materia de política energética en Canarias
(Ministerio de Industria por una parte, y Consejería Regional de Industria por otra)
permiten que se siga manteniendo un infame sistema de generación eléctrica con
el coste de producción más alto de toda Europa (más de 220€ / Mwh en
promedio), y con un menor índice de penetración de energías renovables en el
mix de producción (un insultante 6%, pudiendo ser muy fácilmente del 40% como
mínimo), poniendo todos los obstáculos habidos y por haber para frenar el
desarrollo de un sector que sería absolutamente estratégico para las islas, más aún
teniendo en cuenta su altísima dependencia del consumo de hidrocarburos
importados (para generar casi un 95% de la energía eléctrica que se consume en
las islas). Es vital establecer políticas que estimulen la implantación de sistemas
renovables, sistemas Smart Grid que aúnen generación, almacenamiento, sistemas
de apoyo y consumos, teniendo en cuenta a su vez la debilidad de su red eléctrica
aislada.
7. Recientemente los sondeos promovidos por el gobierno marroquí, que sí dispone
de un control estatal de los beneficios (concretamente el 25% a través de la Oficina
Nacional de Hidrocarburos: ese es el % de participación que por Ley, el Gobierno
de Marruecos establece para cualquier empresa –o consorcio de empresas-interesada
en llevar a cabo prospecciones en el país. Para lo cual deberá constituir
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5. la correspondiente empresa filial con sede social en Marruecos, y con una
participación estatal del 25%), han sido negativos en zonas muy próximas a las
pretendidas por Repsol, debido a la enorme dificultad de acceso y gran gasto
requerido, lo que obligó a las concesionarias a buscar otra localización.
8. En un informe recibido en mayo pasado, el Instituto Geológico y Minero de España
(IGME) facilita dos estudios, uno denominado “Adecuación de los Estudios de
Sismicidad Natural e Inducida” y el otro “Adecuación de la Caracterización
Geológico-Geofísica del proyecto Perforación de Sondeos Exploratorios en los
Permisos de Investigación de Hidrocarburos Denominados Canarias 1 a 9”. Las
principales conclusiones de dicho informe fueron las siguientes:
1.- La zona está catalogada como de sismicidad baja pero hay que tener en cuenta que es una
zona poco investigada y que sólo cuenta con aportación científica ya anticuada.
2.- No se ha contemplado la sismicidad asociada al Volcanismo.
3.- La caracterización de las Fallas es muy resumida y sólo se centran en las principales, en
general muy alejadas de las zonas de los posibles emplazamientos. Se debería haber completado
con una caracterización de las Fallas en las zonas más próximas al emplazamiento.
4.- No conocen ningún caso de Sismicidad Inducida achacable a este tipo de actividad. Y en este
aspecto están de acuerdo con el promotor. (Están hablando del caso Español, no existe Sismicidad
“registrada” asociada a las prospecciones). Pero en EEUU, Canadá y Noruega sí y hay que tenerlo
en cuenta. Especialmente el caso de Canadá donde el punto en el que se han hecho prospecciones
ni es sísmico ni es volcánico. Aquí en Canarias sí, por tanto la Sismicidad Inducida sí que puede
ser mucho mayor. El proyecto Castor es una prueba de lo que puede suceder cuando en una
Declaración Ambiental aprobada no se apercibe de que existían una serie de fallas geológicas, una
de ellas sobre la que se asienta el proyecto. Tras un temblor de 4,2 grados de magnitud que hizo
temblar la tierra desde Tarragona hasta Castellón, y tras llevar a cabo un análisis en profundidad del
nivel de riesgos, se ordenó la paralización definitiva del proyecto de almacenamiento de gas, y la
fijación de una indemnización a sus promotores (Escal UGS, participada en un 66,67% por el Grupo
ACS) de 1.350 millones de €, que sufragarán todos los consumidores del sistema gasista nacional.
5.- Se considera que en la documentación presentada por el promotor en esta fase no se señalan,
en los detalles de las operaciones y fases del mismo, datos sobre parámetros como presiones de
agua involucradas, estado tensional, etc., que permitirían hacer una evaluación más completa.
Tampoco contempla la Declaración de Impacto Ambiental la zona de corrientes y vientos que
propiciarían que las islas se vieran afectadas frente a un eventual vertido.
6.- En relación con la Peligrosidad Sísmica Natural se concluye que la zona donde se enmarcan los
Permisos de Investigación Canarias 1 9 es de baja actividad sísmica tanto a nivel regional como a
nivel local. Según los estudios más recientes y completos realizados hasta la fecha, el máximo
sismo esperable causado en la zona por fenómenos naturales en los “próximos dos años” sería de
magnitud 5,2.
Conclusiones:
- la Declaración de Impacto Ambiental no tiene en cuenta los peores escenarios, casos
hipotéticos pero reales que podrían darse, lo que somete a la población local a una
vulnerabilidad máxima.
- No se puede descartar que se hayan manipulado datos para que la probabilidad sea de
0,0000% frente a la real de 4,48% de riesgo de sismicidad al utilizar un período de tiempo de
tan sólo dos años para el cálculo de probabilidades.
- No se puede descartar que se hayan manipulado los datos del modelo numérico; tanto en
viento, como probabilidad de ocurrencia, caudal de derrame y tipo de crudo, de forma que sólo
se han tenido en consideración los escenarios más benévolos que podrían darse.
- Se han minimizado los riesgos geológicos (sísmicos y volcánicos) haciéndolos prácticamente
inexistentes en la Declaración de Impacto Ambiental y además sin contemplar el peligro que
existe “per se” en la zona de prospecciones, teniendo además en cuenta que jamás un período
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6. de retorno en sismicidad se calcula para menos de 50 años, y en este caso, lo han calculado
para 2 años, de forma que la cifra de probabilidad puede ser considerada de falsa.
- No se ha tenido en cuenta la presión ejercida por la columna de agua en el lecho rocoso en el
momento de la perforación lo que es un gran riesgo si no se controla.
- El plan de contingencia y emergencia es prácticamente inocuo en un vertido de tipo medio y
alto, ya que no cuenta con medidas para el abastecimiento de agua en islas completamente
dependientes de desaladoras lo que supone un alto riesgo en la población local.
- Este tipo de políticas y modelo energético va en contra de lo que pide las Naciones Unidas, ya
que en su 5ª Informe del Cambio Climático, pide a las grandes potencias eliminar cuanto antes
la quema de combustibles fósiles en pro de las energías renovables, pues el calentamiento
global está siendo un reto mundial.
Debido a estos argumentos, se debe exigir al actual gobierno español rectifique sobre
esta decisión tomada con demasiada premura, y establezca un diálogo con las
instituciones canarias, apoyados de una mesa de expertos que establezcan los pros y
contras de la explotación de los recursos petrolíferos, así como reorientar la participación
pública de los posibles beneficios que dicha acción generara, pudiéndose activar con ello
políticas de implantación de renovables y almacenamiento.
De esta forma, con todas las cartas sobre la mesa, y siempre que los ciudadanos
canarios, conociendo los riesgos así como el uso público de los beneficios, decidieran por
mayoría activar nuevamente el proyecto, sería valorada la oportunidad o no de seguir
adelante con esta iniciativa.
Y en todo caso, si una parte del apoyo brindado a una multinacional como Repsol, el
Gobierno de España la dedicara a propiciar el necesario cambio en el sistema de
generación eléctrica de Canarias (uno de los más caros, subvencionados, sucios e
ineficientes en toda Europa, y cuyo déficit de tarifa -más de 1.000 millones de € anuales-pagan
todos los españoles), con el factible objetivo de que la penetración de energías
renovables (fundamentalmente eólica, pero también fotovoltaica) aumenten su peso en el
mix general hasta un nivel acorde a su potencial (40-45%, con un adecuado sistema de
regulación y reserva), el beneficio que ello supondría para España en general (drástica
disminución del déficit de tarifa por sobrecoste del sistema eléctrico canario) y Canarias
en particular (generación de empleo cualificado, potenciación de imagen como destino
sostenible, reducción de la dependencia de combustibles fósiles, etc.), entonces sí
podríamos pensar que la política energética cuenta con un eficiente diseño, estando
además plenamente alineada con el interés general.
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