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1. TEMA 12
EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA
CONSTITUCIÓN DE 1978.-LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS
(1979-2000).-
PROGRAMACIÓN
I.-PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO:
1.-INICIOS DE LA TRANSICIÓN (1975-78):
A) INMOVILISMO, REFORMISMO Y RUPTURA
B) ADOLFO SUÁREZ Y EL CONSENSO
C) CONSTITUCIÓN DE 1978
D) LOS ENEMIGOS DEL PROCESO DEMOCRÁTICO
2.-CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA (1978-82):
A) DECLIVE DE LA UCD
B) GOLPE DE ESTADO DE TEJERO
C) VICTORIA DEL PSOE
3.-LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1982-2000)
II.-COMENTARIOS:
1.-CONSTITUCIÓN 1978
2.-PRIMER GOBIERNO SUÁREZ
3.-ESTADO AUTONÓMICO

2. Desarrollaremos los siguientes aspectos del tema:
1.-Iniciación de la transición (1975-78):
A) Inmovilismo, reformismo, ruptura
B) Adolfo Suárez
C) La Constitución de 1978
D) Enemigos de la transición
2.-Consolidación de la democracia (1978-82):
A) Declive de la UCD
B) El golpe de Estado de Tejero
C) Victoria electoral del PSOE
3.-Los gobiernos democráticos (1982-2000)
A) Hegemonía socialista (1982-96)
B) Vuelta de la derecha o PP (1996-2000)
Veamos, a continuación, los aspectos mencionados:
1.-
A la muerte de Franco, en 1975, se inició en nuestro país un complicado proceso de transición
política desde la dictadura a la democracia que, situado entre 1975-1982, con la subida al trono de
D. Juan Carlos I y el primer gobierno socialista del PSOE, representó una profunda modernización
del país tanto política, con la recuperación de la democracia y de la monarquía parlamentaria,
como económicamente, al sentar las bases del futuro Estado del bienestar.
Todo el proceso de transición fue dirigido y controlado desde el poder por los herederos
reformistas del régimen franquista puestos al servicio de la reciente monarquía, apoyados por la
oposición democrática y por la inmensa mayoría del pueblo español. En el éxito del proyecto
desempeñó, pues, un papel crucial el consenso logrado entre el rey, los reformistas del régimen
liderados por Adolfo Suárez, la oposición democrática y el pueblo, todos ellos enfrentados a los
inmovilistas del régimen, extrema derecha que soñaba con recuperar las esencias franquistas, y a los
terrorismos, de izquierda (GRAPO, FRAP, ETA) y de derecha (Guerrilleros de Cristo Rey), que
pretendían desestabilizar el proceso.
El proceso de transición suele dividirse en dos etapas: la 1ª, iniciación de la transición, se
extendería desde la muerte de Franco hasta la promulgación de la Constitución (1975-1978); la 2ª,
consolidación democrática, coincidiría con el declive de la UCD y el golpe de Estado de Tejero, que
terminaría con la victoria electoral del PSOE (1978-1982)
Durante la primera fase, el rey D. Juan Carlos I, elegido sucesor dos días después del
fallecimiento de Franco (22 noviembre 75) de acuerdo con la Ley de Sucesión franquista, dirigirá la
actualización del régimen franquista a la realidad española, que se hallaba dividida en tres opciones
políticas enfrentadas: inmovilistas del régimen, que defendían su continuidad; reformistas del
régimen, que promovían su democratización controlando el proceso por el propio régimen; y rupturistas
de la oposición (particularmente PSOE y PCE), partidarios de articular un nuevo sistema democrático
mediante un proceso constituyente, alejado del régimen y liderado por las fuerzas democráticas. En un
principio, el monarca eligió presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, quien, incapaz de reformar el
régimen al defender posturas inmovilistas, tuvo que cesarlo ante la alianza de toda la oposición en la
Coordinación Democrática (alianza de los integrantes de las anteriores Junta Democrática, creada en
1974 por el PCE, y Plataforma de Convergencia Democrática, en 1975, impulsada por el PSOE), las
constantes movilizaciones populares (en especial, durante 1975-76, en las que buena parte del país
exigía la democracia y la amnistía de presos políticos), huelgas obreras (sobre todo, en Cataluña, P.
Vasco y Madrid) y terrorismo (atentados de ETA y GRAPO). Con su sucesor, Adolfo Suárez (julio
1976), de la corriente reformista del régimen (procurador de las Cortes franquistas, desempeñó diversos

3. cargos dentro de la administración del régimen, entre los que destaca la Secretaría General del
Movimiento), comenzó verdaderamente la transición de la dictadura a la democracia al diseñar la Ley de
Reforma Política, las primeras elecciones generales, la Constitución de 1978 y las primeras
elecciones sindicales, que terminaron totalmente con la dictadura.
La Ley de Reforma Política, que defendía un proyecto democrático para el país (restablecía las
Cortes bicamerales, con un Congreso elegido por sufragio universal), fue aprobada por mayoría del
pueblo (81% de los españoles, siendo la abstención, defendida por la izquierda, minoritaria, cerca del
30%) en referéndum (15 diciembre 1976). A continuación, preparó las condiciones para que pudieran
celebrarse las elecciones generales, en especial la recuperación de las libertades (principalmente,
libertad sindical, legalización de los partidos políticos y más tarde, en abril del 77, también el PCE;
amplía amnistía), para las que se preparan todos los partidos, incluidos los dos nuevos creados por la
derecha, tanto Alianza Popular (liderada por Fraga Iribarne, creada en octubre del 76, representaba el
inmovilismo) como la Unión de Centro Democrático (por Adolfo Suárez, incluía a los reformistas del
régimen, básicamente liberales y democristianos), ambos surgidos del desmantelamiento del régimen,
junto a los partidos históricos del PSOE (renovado y dirigido por Felipe González) y el PCE (liderado por
el histórico Santiago Carrillo), ambos moderados, y los partidos nacionalistas: en el País Vasco, PNV
(derecha) y Herri Batasuna (formación política de ETA); en Cataluña, CiU (Convergencia i Unió, de
Jordi Puyol). Celebradas el 15 de junio de 1977, las primeras elecciones democráticas fueron ganadas
por la UCD (166 diputados de un total de 350=34%), seguida del PSOE (118 =29%), PCE (19=9%) y
AP (16=8%), que permitieron a Suárez constituir el primer gobierno democrático y las primeras
Cortes democráticas después de la dictadura, que se convirtieron en constituyentes al encargarse de
elaborar la futura Constitución, redactada por una comisión representativa de aquellas Cortes (menos la
minoría vasca, que renunció), cuyo éxito fue posible mediante el consenso o acuerdo negociado entre
todas las fuerzas políticas participantes, ya que cada una renunció a aquellas ideas de su ideología
imposibles de ser admitidas por las otras con el objeto de avanzar hacia la democracia; por ello, la
Constitución resultó una amalgama de artículos progresistas que recogían la diversidad ideológica de
todos los partidos políticos participantes. Mientras la derecha renunciaba al régimen franquista, la
izquierda tuvo que hacer lo mismo con parte de su ideario político, en especial su republicanismo (aceptó
la monarquía borbónica impuesta por Franco), la revolución social, la independencia de Cataluña y el País
Vasco o la exigencia de responsabilidades a los herederos del franquismo por la brutal represión de la
oposición durante todo el franquismo.
Aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y vigente aún hoy, nuestra Constitución
defiende la soberanía popular, la monarquía parlamentaria como forma de Estado (el rey posee sólo
funciones representativas, necesitando el refrendo para intervenir directamente en la vida política),
separación de poderes, amplios derechos y libertades democráticos (incluidos los de huelga y
sindicación), la no confesionalidad del Estado, abolición de la pena de muerte, la posibilidad de
intervención del Estado en la propiedad en defensa del interés público, el Tribunal Constitucional,
el Defensor del Pueblo, el plurilingüismo (el castellano, lengua oficial; las demás, en sus respectivas
comunidades) y la organización autonómica del Estado, abierta a todas las regiones, a la que se podía
acceder bien por la vía “rápida” del artículo 151 (comunidades históricas; Andalucía donde, además de su
aprobación por cada provincia, tuvo que ratificarse en referéndum; caso especial de la foralidad Navarra)
o la vía “lenta” del artículo 143 (restantes). Cada Comunidad aseguraba su autogobierno y competencias
dentro de su territorio, recogidos en sus respectivos Estatutos, promulgados en 1979 (Cataluña y País
Vasco), 1981 (Galicia y Andalucía), 1982-83 (las restantes) y 1995 (Ceuta y Melilla).
Finalmente, también a fines del 78, se celebraron las primeras elecciones sindicales de la
democracia, que apuntillaron el Sindicato Vertical franquista, ganadas por CCOO (Comisiones Obreras,
34%), UGT (21%) y USO (Unión Sindical Obrera, 3,9%), aunque parte de los trabajadores electos (30%)
no estaban afiliados a ningún sindicato.
El proceso de transición, sin embargo, también contó con sus enemigos, tanto económicos
como políticos. Los primeros, representados por la crisis económica internacional (1975-79) provocada
por la subida de los precios del petróleo, fue acompañada de una elevada inflación (20% anual) que, al
provocar la reducción de las exportaciones (se duplicó el déficit de la balanza comercial), provocó una
profunda crisis industrial (además de elevar sus costes, disminuyen sus ventas o beneficios),
acompañada de paro (10% en 1979) y disminución de la renta “per cápita”, aunque paliado, sólo
parcialmente, por la depreciación de la peseta, los ingresos por turismo y las inversiones de capital
extranjero. Para disminuir sus efectos, los principales partidos políticos, siguiendo con el exitoso
consenso político, lo extendieron a la economía, firmando los Pactos de la Moncloa (octubre 1977),
donde, al lado de medidas económicas (devaluación monetaria, crecimiento moderado de salarios,
reducción del gasto público…), se reformaron la Seguridad Social (se incrementó la financiación por
parte del Estado, lo que permitió amentar las pensiones por jubilación y mayor extensión del seguro de

4. desempleo) y el régimen fiscal, apareciendo los nuevos impuestos sobre el patrimonio (Impuesto
Extraordinario sobre el Patrimonio, 1977) y el IRPF (Impuesto Renta de las Personas Físicas, 1978, un
siglo más tarde que en Europa, por el que todas las rentas, y no sólo las asalariadas como antes,
contribuían por su trabajo). El conjunto de medidas permitiría sentar las bases del futuro Estado del
bienestar. Los segundos, los enemigos políticos, una minoría que trató de desestabilizar el proceso
democrático, incluían el secuestro, atentados y terrorismo, en especial sobre fuerzas del orden público
y militares, tanto desde la extrema derecha (colectivos de pistoleros que añoraban el pasado dictatorial
franquista, como los Guerrilleros de Cristo Rey, Triple A o Batallón Vasco Español, cuyo atentado
más sangriento fue el asesinato de cinco abogados laboralistas en Madrid, vinculados a CCOO) como de
la extrema izquierda (que también añoraban las pasadas dictaduras de Stalin o Mao o el pensamiento
anarquista (GRAPO, Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre, secuestraron a dos
altos cargos del Estado, Oriol y al teniente general Villaescusa; FRAP, Frente Revolucionario
Antifascista y Patriota) o la independencia (Terra Lliure, en Cataluña; en el P. Vasco, ETA, la más
sanguinaria, autora de 77 asesinatos en 1979 y 95 en 1980).
2.-
La segunda fase del proceso de transición o consolidación de la democracia, situado entre
1978-1982, estuvo vinculada con el declive de la UCD, la superación del golpe de Estado de Tejero y la
victoria electoral del PSOE.
Aprobada la Constitución y disueltas las Cortes constituyentes, se convocaron las elecciones
legislativas (marzo 1979), también ganadas por la UCD (168 diputados), seguida del PSOE (121), del
PCE (23) y de Coalición Democrática (anterior Alianza Popular, con 10). Sin embargo, la inestabilidad de
los gobiernos de Suárez, su relativo fracaso en las primeras elecciones municipales democráticas (abril
1979: la izquierda controlaría los ayuntamientos de las grandes ciudades), y en las autonómicas en el
País Vasco y Cataluña (marzo 1980: perdió la mitad de los votos conseguidos en el 1979), junto con la
contestación de su liderazgo en el interior del partido y las presiones recibidas por parte del ejército,
motivaron su dimisión, enero 1981, tanto como presidente del partido como del gobierno, creando su
nuevo partido, Centro Democrático y Social (CDS), en julio de 1982. El declive de la UCD, ahora con
Leopoldo Calvo Sotelo de presidente, y a pesar de sus logros (desarrollo del Estado autonómico, Estatuto
de los Trabajadores, Ley del Divorcio, ingreso en la OTAN) resultó progresivo, hasta las nuevas
elecciones generales (octubre 1982), ganadas por el PSOE (202 diputados) frente a una coalición de la
derecha (106 dip.) y el descalabro electoral tanto de la UCD (12 tan solo) como del CDS (sólo 2).
La victoria del PSOE supuso la consolidación definitiva tanto de la democracia al acceder al
poder la izquierda moderada por primera vez desde la dictadura, como del sistema bipartidista,
caracterizado por la alternancia democrática de la derecha e izquierda moderadas, acompañadas del
debilitamiento de la izquierda radical (en especial, PCE, 4 diputados) y de la fuerza de partidos
nacionalistas de ámbito autonómico: en Cataluña, CiU (12 diputados) y ERC (Esquerra Republicana de
Catalunya, radical, 1 diputado); en el P. Vasco, PNV ( 8 diputados) y los radicales HB (Herri Batasuna, 2)
y EE (Euskadiko Ezquerra, 1).
Finalmente, la superación pacífica del golpe de Estado del teniente coronel Tejero (23 febrero
1981) afianzó aún más todo el proceso democrático. Aprovechando la votación en el Congreso sobre la
investidura de Calvo Sotelo como sucesor de Suárez, un grupo de 200 guardias civiles al mando de
Tejero, interrumpió la votación por la violencia secuestrando a los diputados, mientras el capitán general
Milans del Bosch se sublevaba en Valencia, en connivencia con la extrema derecha y altos jefes
militares, en especial el general Armada. La descalificación de los golpistas por parte del rey y del
pueblo español, abortaron el golpe. La intentona, que simbolizaba el descontento de una minoría del
ejército frente a todo el proceso de transición, no contó con el apoyo de los altos mandos militares,
manteniéndose la democracia hasta hoy.

5. 3.-
Durante la larga hegemonía socialista por cuatro legislaturas consecutivas (14 años), liderada por
Felipe González, el país se modernizó profundamente, se consolidó el estado del bienestar y pudo
superarse definitivamente su anterior imagen de subdesarrollo.
Durante la primera legislatura (1982-86), marcada por una gravísima crisis económica, que
exigió una dura reconversión de las industrias siderometalúrgica y naval estatales y un plan de
estabilización (devaluación monetaria, subida de impuestos y de tipo de interés, devaluación
monetaria…), que rebajaron la calidad de vida e incrementaron el paro, fueron acompañadas de
reformas muy importantes, que afectaron a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(reducción de plantillas y relegación de franquistas), al sistema educativo básico (LODE, enseñanza
obligatoria y gratuita hasta los 16 años) y al universitario (mayor autonomía y mejoras laborales del
profesorado), junto con la despenalización del aborto y, muy especialmente, con nuestro ingreso en la
CEE (enero 1986) y nuestra permanencia en la OTAN (marzo 1986), tan decisivas en nuestro futuro
desarrollo económico y modernización de nuestras F. Armadas.
Durante la segunda legislatura (1986-89), en la que el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta
y apareció la coalición IU (Izquierda Unida) como tercera fuerza de ámbito nacional, las reformas
económicas anteriores permitieron la ampliación del estado del bienestar (modernización de
infraestructuras, ampliación de las coberturas educativas y sanitarias) y la configuración definitiva del
Estado autonómico. Sin embargo, su política económica de liberalización laboral y enormes diferencias
de calidad de vida entre las categorías sociales fueron contestadas por los sindicatos UGT y CCOO con la
huelga general de 1988 (14/XII), tan exitosa que obligaron al gobierno a rectificar su programa
económico.
La tercera legislatura (1989-93), marcada por el avance en el estado del bienestar (completar
infraestructuras y servicios sociales), la inversión educativa (construcción de nuevos centros escolares,
de nuevas universidades, ampliación de becas) y nuestra participación en la guerra del Golfo como
miembro de la OTAN, tuvo en la Exposición Internacional de Sevilla y en los Juegos Olímpicos de
Barcelona, ambos en el 92, los dos acontecimientos extraordinarios del período. Ambos supusieron
cuantiosas inversiones en modernizar ambas ciudades y sus medios de transporte (en especial el AVE
Madrid-Sevilla), que difundieron mundialmente la imagen moderna de nuestro país, rompiendo con el
tópico de país atrasado que todavía dominaba. Al final de la legislatura, aparecen los primeros
escándalos, que debilitarían lentamente al PSOE, especialmente el caso Filesa, trama de empresas de
financiación ilegal del PSOE, y sobre todo, el GAL, grupo armado antietarra formado por miembros de
las fuerzas de seguridad y mercenarios, que atentaron, ya desde la primera legislatura, contra etarras.
La cuarta legislatura (1993-96), finalmente, de nuevo ganada por el PSOE pero sin mayoría
absoluta y dependiente del pacto parlamentario con CIU, a pesar de algunas aportaciones positivas como
el Pacto de Toledo (gran acuerdo entre partidos, sindicatos y patronal para garantizar la prestación de las
pensiones), se halló dominada por los continuos escándalos de corrupción, que terminarían provocando
el descrédito de Felipe González y de todo su gobierno: el caso Luis Roldán y, muy especialmente, la
localización de los cadáveres de los etarras Lasa y Zabala, secuestrados en Francia en 1985. Luis
Roldán, un alto cargo del gobierno (director general de la Guardia Civil), acusado de haber estafado cerca
de 5.000 millones de pesetas de los fondos reservados (destinados a operaciones secretas) y de
comisiones por obras en las casa-cuartel, logró huir de España. Las investigaciones sobre Lasa y Zabala
demostraron que, traídos a San Sebastián, fueron torturados y asesinados por miembros de la Guardia
Civil y con conocimiento de los responsables políticos. CIU dejó de apoyar al gobierno, obligándole a
adelantar las elecciones para mayo del 96, ganadas por el PP (Partido Popular), liderado por José Mª
Aznar.
La estrecha victoria del PP, que le obligó a sellar un pacto de gobernabilidad con CIU y
Coalición Canaria, y que ampliaría con importantes victorias en las municipales y autonómicas
posteriores (dominaría la mayoría de las capitales de provincia y de las comunidades, salvo Andalucía,
Extremadura y Castilla La Mancha), favorecido por la falta de liderazgo dentro del PSOE, le permitieron,
además de la profesionalización de las Fuerzas Armadas y de la futura extinción del servicio militar
obligatorio, imponer una política económica neoliberal, encaminada a la reducción brutal del gasto
público para beneficiar a la empresa privada, que provocó graves insuficiencias en los servicios
públicos (sanitario, tercera edad, escuela pública, investigación…) y una mayor desigualdad social. La
política incluía también la privatización de las mejores empresas estatales (Telefónica, Repsol,

6. Argentaria) cuyos ingresos, al lado de los fondos de cohesión europeos, permitieron sostener las
pensiones y reducir el paro. El gobierno popular preparó, por otro lado, la puesta en circulación del
euro, que entraría en vigor en 2002. El terrorismo etarra, finalmente, seguía representado un gravísimo
problema: los asesinatos de Fco. Tomás y Valiente, en 1996 (expresidente del Tb. Constitucional) y del
concejal del PP, Blanco, en 1997, provocaron las mayores movilizaciones sociales en todo el país y el
distanciamiento de muchos vascos respecto de ETA, a pesar de lo cual los partidos nacionalistas vascos
acordaron avanzar juntos hacia la independencia (Pacto de Lizarra), mientras ETA declaraba una tregua
unilateral en 1998 ( duraría un año), iniciándose su progresivo debilitamiento.
II.-COMENTARIOS:
1.-Constitución de 1978 (p. 312)
2.-Fotografía del primer gobierno de Adolfo Suárez, 1976 (p.290)
3.-Mapa del Estado Autonómico (p. 298)
4.-Los cuatro primeros presidentes en Moncloa (Akal, p. 354)
-----------------------------------------------------------------------
TEMPORALIZACIÓN
BCT MIX BCS B
Días Contenidos Días Contenidos Días Contenidos
29/abril I 30/abril I 30/abril I
4/mayo II.1 Laura L.
(TODOS)
2 Julio M.
3 Triana V.
4/mayo II.1 Adrián B.
(TODOS)
2 Adrián M.
3 Fco.J.Martín
4/mayo II.1 Esther R.
(TODOS)
2 Esperanza G.
3 Jésica A.
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7. Argentaria) cuyos ingresos, al lado de los fondos de cohesión europeos, permitieron sostener las
pensiones y reducir el paro. El gobierno popular preparó, por otro lado, la puesta en circulación del
euro, que entraría en vigor en 2002. El terrorismo etarra, finalmente, seguía representado un gravísimo
problema: los asesinatos de Fco. Tomás y Valiente, en 1996 (expresidente del Tb. Constitucional) y del
concejal del PP, Blanco, en 1997, provocaron las mayores movilizaciones sociales en todo el país y el
distanciamiento de muchos vascos respecto de ETA, a pesar de lo cual los partidos nacionalistas vascos
acordaron avanzar juntos hacia la independencia (Pacto de Lizarra), mientras ETA declaraba una tregua
unilateral en 1998 ( duraría un año), iniciándose su progresivo debilitamiento.
II.-COMENTARIOS:
1.-Constitución de 1978 (p. 312)
2.-Fotografía del primer gobierno de Adolfo Suárez, 1976 (p.290)
3.-Mapa del Estado Autonómico (p. 298)
4.-Los cuatro primeros presidentes en Moncloa (Akal, p. 354)
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TEMPORALIZACIÓN
BCT MIX BCS B
Días Contenidos Días Contenidos Días Contenidos
29/abril I 30/abril I 30/abril I
4/mayo II.1 Laura L.
(TODOS)
2 Julio M.
3 Triana V.
4/mayo II.1 Adrián B.
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2 Adrián M.
3 Fco.J.Martín
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