Este documento discute el derecho humano a comunicar y propone un modelo estratégico para abordarlo con tres dimensiones: el ámbito jurídico, las políticas culturales y de comunicación, e instituciones gubernamentales. Reconoce que la incorporación de este derecho no es sencilla debido a diversos intereses y su aplicación depende de la voluntad política, ciudadana y mediática, ya que los derechos de las audiencias no son un tema urgente en México.