El documento discute el papel que pueden desempeñar las empresas privadas locales en la construcción de paz en Colombia. Señala que las empresas se ven afectadas por el conflicto a través de la reducción de inversiones, daños a la infraestructura y pérdida de oportunidades. Sin embargo, también reconoce que algunas empresas han contribuido al conflicto a través de la financiación de grupos ilegales. El documento argumenta que las empresas privadas locales pueden desempeñar un papel positivo en la paz a través de su particip

1. Ursula Sola de Hinestrosa
Tema: Empresa y conflicto armado
Frente a la pregunta de cuál debe ser el papel que deben tener las empresas privadas – sus
dueños, directivos y trabajadores – en el conflicto armado colombiano para prevenir su
agudización y daños, para ayudar a superarlo y para construir la paz, la Universidad de los
Andes refirió los trabajos de investigación elaborados por la Fundación Ideas para la Paz en
asocio con Internacional Alert; de la Fundación Alvarice, de la Escuela de Cultura de Paz de la
Universidad Autónoma de Barcelona y de la propuesta presentada por la Delegación del
Gobierno Nacional para ser discutidos en la Mesa de Diálogo con el ELN en el encuentro de
abril de 2007.
La Presidencia de la República presentó en el primer semestre de 2003 La Estrategia de
Cooperación Internacional,1 como documento oficial del Estado Colombiano, para invitar a la
comunidad internacional a fortalecer la coalición internacional que viene trabajando por la paz
de Colombia, a través del apoyo decidido y concreto de la propuesta de cooperación que se
detalla en este documento.2 El documento, debatido y concertado con diferentes actores
nacionales, se presentó ante los representantes de la Mesa de Donantes de Londres 3, quienes
manifestaron su intención de revisar y reorientar los programas de cooperación oficial regular
con Colombia, con el fin de apoyar al Gobierno del Presidente Álvaro Uribe para encontrar una
solución negociada al conflicto colombiano, sobre la base del respeto de los derechos humanos
1
En el año 2006 Colombia fue clasificada en el puesto 73 sobre 177 en el índice de desarrollo humano –
IDH que publica anualmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. En aras de la
cooperación internacional, esto le permite acceder de manera limitada a las líneas de cooperación oficial
al desarrollo preestablecidas por las fuentes bilaterales y multilaterales en materia de ayudas al
desarrollo económico, ambiental y humano, ligadas a los Objetivos del Milenio – ODM de las Naciones
Unidas y a la búsqueda de la reducción de la pobreza y salvaguarda del medio ambiente. Además, el
conflicto armado colombiano y el negocio ilícito del tráfico de estupefacientes le ha permitido al país
direccionar la ayuda de cooperación internacional hacia las líneas programáticas en pro de los derechos
humanos y asuntos de gobernabilidad y democracia.
2
El Gobierno Nacional diseñó la propuesta sobre la base de seis líneas programáticas: 1) Consolidar El
Plan Nacional de Desarrollo Forestal en los ejes de ordenación, conservación y restauración de
ecosistemas forestales; promoción de cadenas forestales productivas y desarrollo institucional. 2) Paz y
reincorporación, en temas de prevención del reclutamiento, promoción de la desmovilización, atención
básica, reincorporación, fortalecimiento institucional, seguimiento, monitoreo y evaluación. 3)
Fortalecimiento del estado de Derecho, en las líneas de prevención e investigación y sanción, sistema
nacional de información sobre derechos humanos, minas antipersonales, acceso y fortalecimiento de la
justicia. 4) Desarrollo productivo y alternativo, en sustitución de cultivos, apoyo a las MIPYMES y
fortalecimiento de la capacidad comercial. 5) Programas regionales de desarrollo y paz. 6)
Desplazamiento forzoso y asistencia humanitaria en programas de coordinación y fortalecimiento
institucional, prevención y protección, transición socioeconómica, atención integral en salud, bienestar
familiar y seguridad alimentaria. Estrategia de Cooperación de la República de Colombia . Ministerio de
Relaciones Exteriores – ACCI. Bogotá, Junio de 2003.
http://www.minrelext.gov.co/mre/institucional/Estrategia Cooperación1.pdf
3
Mesa de Donantes de Londres – 10 de julio de 2003. Representantes de los gobiernos de Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Japón, México, Noruega, Suiza y Estados Unidos y de la Comisión Europea,
la ONU y sus instituciones, la CAF, el FMI y Banco Mundial, se reunieron para examinar la situación de
Colombia.

2. Ursula Sola de Hinestrosa
y del derecho internacional humanitario.4 La Estrategia fue consultada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la ACCI a entidades del orden nacional y concertada con las fuentes
cooperantes en Colombia, según los intereses estratégicos de cooperación en el país.
En 2005 se llevó a cabo el primer ejercicio de seguimiento por parte de las organizaciones de
la sociedad civil - OSC a la Declaración de la Mesa de Donantes de Londres y nuevas
declaraciones de consenso del sector empresarial privado, entre ellos, de la ANDI y del
Consejo Gremial Nacional y de las OSC, declaraciones que fueron calificadas como cargadas de
mayor madurez y de compromiso de los sectores no gubernamentales para conseguir una salida
negociada al conflicto armado colombiano, al asumir que la paz y la seguridad no son sólo como
responsabilidad estatal sino como un tejido cotidiano al que se suma la ciudadanía y el sector
privado.
En situaciones de guerra, las Naciones Unidas, los tratados internacionales de Derechos
Humanos y el llamado Derecho Internacional Humanitario, resaltan el rechazo a cualquier
forma de apoyo civil a grupos irregulares que participan en el conflicto armado y reconocen el
monopolio único y exclusivo de las armas por parte del Estado.
Sin proponérselo, las actividades de una compañía interactúan de muchas maneras en los
conflictos armados. Por ejemplo, sus inversiones pueden causar conflictos debido a
reasentamientos de poblaciones que generaran tensiones entre las comunidades locales y las
reubicadas, o pueden interactuar con tensiones preexistentes como el caso de la contratación
de grupos étnicos no locales que incrementa el riesgo de resentimiento en los demás; o cuando
las medidas de seguridad parecen favorecer a instituciones militares o políticas que son vistas
con sospecha por las comunidades locales. Al mismo tiempo, el conflicto puede afectar la
operación diaria y económica de las empresas al imponer costos no contemplados como al
ataque y posterior arreglo de las infraestructuras o secuestros de los trabajadores.
Pero igualmente, muchas empresas contribuyen de manera directa a perpetuar las causas y
consecuencias del conflicto. En la Serie FIP – Siguiendo el conflicto: hechos y análisis, los
investigadores Alexandra Guáqueta, Gerson Arias y Giovanni Mantilla analizan los dilemas de
los empresarios, grandes y pequeños, en el conflicto armado colombiano. En Colombia, casos
recientes como el de la Chiquita Brands y de la Drummond LTD, han puesto de manifiesto que
la extorsión llega a ser alrededor del 40 por ciento de los ingresos de los grupos ilegales del
país. Y Si bien es cierto que en Colombia existe una Política contra la extorsión y el secuestro
extorsivo5 y que las capacidades para combatirlo han sido mejoradas, aún el porcentaje de
4
Los acuerdos adicionales a los tratados bilaterales o multilaterales se revisan en comisiones bilaterales
anuales, bianuales o quinquenales y modifican las líneas programáticas, dependiendo del interés de la
Nación y de las diferentes fuentes públicas, bajo la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores y
con la participación de entidades nacionales según los temas propuestos en las mesas de negociación.
5
La legislación colombiana contempla el delito de financiación del terrorismo, creado por la Ley 1121 de
2006. Alguien financiaría terrorismo cuando “directa o indirectamente provea, recolecte, entregue,
reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que
promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de
la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o
extranjeros, o a actividades terroristas”. La ley otorga una pena de prisión mínima de 13 años y máxima
de 22 y una multa de 1.300 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes incurran en el

3. Ursula Sola de Hinestrosa
denuncia sigue siendo mínimo. Además, acudir a la protección de las Fuerza Pública tiene
riesgos adicionales, como por ejemplo el que sus miembros o contratistas de vigilancia privada
incurran en violaciones de derechos humanos o tenga vínculos con grupos armados ilegales, que
es lo que pudo haberle ocurrido a Drummond LTD.
La tendencia internacional es la del rechazo a conductas empresariales que perpetúen el
conflicto y una creciente aceptación de que las empresas, tanto multinacionales como locales
pueden y deben hacer más en materia de promoción y respeto de los derechos humanos y
adoptando el principio de no hacer daño. Igualmente, la adopción de códigos voluntarios,
manuales de procedimientos de organismos internacionales y estándares de calidad con impacto
real
En el artículo Las empresas locales y la paz: el potencial de construcción de paz del sector
empresarial nacional publicado por el FIP e Internacional Alert en la Revista Punto de
Encuentro No. 40, el análisis llega más allá del mero impacto económico que genera el conflicto
al sector privado local: en dondequiera que haya guerra o inestabilidad, el sector empresarial
local se ve enormemente afectado. Experimenta una reducción en la inversión, daños a la
infraestructura, ataques directos, pérdida de oportunidades, empleos, capital y acceso a los
mercados; costos relacionados con la imprevisibilidad o la operación en ambientes conflictivos.
A diferencia de los inversionistas extranjeros, los empresarios locales a menudo no están en
condiciones de responder simplemente reubicando su inversión.
Para el FIP, dos corrientes de pensamiento apoyan formulación de políticas públicas respecto a
la participación del sector privado en la construcción de estrategias de paz. La primera se
sustenta sobre el predominio de la economía del libre mercado liderado por las inversiones del
sector empresarial, extranjero o local, como motor de desarrollo y reducción de la pobreza. La
segunda corriente debilita el impacto positivo de las empresas y de la actividad económica
privada y las relaciona con la economía de guerra, en donde el foco se pone sobre los grupos
armados que se benefician de la guerra y los patrones de comercio que proveen una fuente de
financiación para sostenerla. La evidencia cada vez mayor que ciertos tipos de actividad
empresarial desempeñan una papel poderosos en determinar la duración, la intensidad y el
carácter del conflicto propició que varias ONG’s internacionales, acompañadas de la academia
y de los gobiernos locales, iniciaran una serie de investigaciones para dar respuesta y limitar la
dinámica destructiva de las economías de guerra.
Igualmente, el análisis de varios conflictos internacionales 6 pone de manifiesto que las
intervenciones en materia de construcción de paz por parte de cualquier actor, sea local o
internacional, tienen que estar informadas por una comprensión adecuada de su relación con el
contexto del conflicto y de sus temas subyacentes. 7 Sin lo anterior, cualquier esfuerzo por
construir la paz puede ser deficiente o incluso podrá hacer más mal que bien. Por lo tanto, si
delito.
6
Como Local Business, Local Peace, elaborado por Internacional Alert o el Anuario de Procesos de Paz
2007. de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona – UAB.
7
Las causas del conflicto son múltiples, multidimensionales, y cambian con el
tiempo e incluyen la interacción de factores sociales, culturales, políticos, de
seguridad, económicos, ideológicos y geográficos. Involucran a una gran variedad

4. Ursula Sola de Hinestrosa
bien la construcción de paz exige un análisis concreto de la situación específica, existen cuatro
grandes categorías de estrategias interdependientes para la construcción de paz: la política, la
económica, de seguridad y de reconciliación, sobre el consenso de que la responsabilidad
principal en el proceso de construcción de paz recae sobre los actores locales.
¿Qué motiva al empresario a iniciar acciones de paz? ¿Qué impulsa al emprendimiento
concertado? Para Internacional Alert son cuatro factores claves: 1) los costos del conflicto 8,
en donde la toma de conciencia, la investigación y la sensibilización se convierten en
herramientas esenciales para promover el compromiso del sector empresarial. 2) El imperativo
moral, que pone de manifiesto la diferencia entre el compromiso de la empresa local y de la
inversión foránea, en donde los empresarios locales hacen parte del tejido social y
experimentan cotidianamente el trauma del conflicto y el deterioro de las relaciones de
vecindad. 3) las oportunidades exitosas y catalizadas por otros que convocan a los empresarios
locales a participar en espacios de diálogo. 4) La adopción de estándares internacionales de
responsabilidad social empresarial, que abordan ciertos temas que son causas directas de
conflicto, como la corrupción o las prácticas de empleo injustas, que permiten alterar las
percepciones negativas de las empresas como impulsoras de los enfrentamientos.
El documento Local Business, Local Peace, elaborado por Internacional Alert describe a su vez
cuatro papeles fundamentales que las empresas locales pueden desempeñar en su participación
para la construcción de paz. El primero de ellos se refiere al papel de dichas empresas en las
negociaciones formales de paz, en donde pueden cumplir o un papel de apoyo, como parte del
equipo de negociación, o un papel de movilización de la opinión pública, prestando asesoría,
haciendo cabildeo a favor de la paz o mediante funciones de apoyo administrativo y logístico.
de actores, percepciones y agendas. Por lo tanto, abordar las diferentes
dimensiones del conflicto demuestra que la construcción de paz es un proceso a
largo plazo con diversas actividades que buscan “fomentar el desarrollo de las
condiciones estructurales, actitudes y modos de comportamiento político que
permitan un desarrollo social y económico pacífico, estable y en último término
próspero.
8
La contracción de la actividad económica; la pérdida de inversiones; la destrucción de infraestructura;
el daño producido al capital y las fuerzas laborales; el daño ocasionado a socios comerciales de bandos
contrarios; la falta de seguridad en el entorno de operaciones y la falta de oportunidades de crecimiento,
son algunos de los impactos más directos que sufren los negocios durante un conflicto. Para Angélica
Rettberg, Directora de CONPAZ, el hecho de que una empresa no haya sido blanco de ataques directos
no implica que ésta no esté asumiendo los altos costos asociados a la guerra. Por ejemplo en la encuesta
realizada con el apoyo del CEDE, de la Universidad de los Andes, de Internacional Alert y de CONPAZ, se
demostró que la pérdida de oportunidades de negocio, el retraso en la entrega de mercancías porque las
redes de distribución y transporte no estén funcionando, entre otras, son consecuencias no directas del
conflicto que asume el empresario privado.

5. Ursula Sola de Hinestrosa
Acciones de paz y ejemplos de intervenciones
El segundo, hace relación a las empresas locales y a las dimensiones económicas de la
construcción de la paz, en donde se hace un llamado a las empresas a conocer las causas del
conflicto y a analizar si su actuación limita por ejemplo la participación de grupos étnicos o
minorías sociales a los recursos, empleos y otras oportunidades derivadas del negocio, para
adoptar políticas internas de inclusión social en los territorios de influencia, so pena de
generar mayores resentimientos, distorsionar el desarrollo y conducir a situaciones de
violencia.
El tercer papel del sector empresarial hace referencia a la contribución que éstas pueden
hacer para reparar los lazos rotos en comunidades enfrentadas. El estudio de Internacional
Alert demostró que las empresas pueden aportar a la reconstrucción de relaciones duraderas y
amables entre las comunidades en conflicto. Por lo general, los negocios son uno de los pocos
puntos en contacto entre dos partes en conflicto y, son igualmente las primeras relaciones que
se reestablecen una vez éste termina.
El cuarto papel invita a las empresas a reflexionar sobre la seguridad en el contexto del
conflicto y del posconflicto, procurando ofrecer empleos a ex combatientes, ya sea como parte
de un programa nacional de desarme, desmovilización y reinserción9 o como mecanismo propio.
Cabe resaltar el llamado de atención de Internacional Alert frente a éste papel de actuación
empresarial específico, debido que cuando no existe un entorno de seguridad confiable o las
fuerzas estatales no operan adecuadamente, a menudo las empresas se sienten motivadas a
proveerse su propia seguridad, ya sea contratando compañías de seguridad privadas o
mediante grupos de vigilancia. Aunque esto puede tener beneficios positivos al ofrecer empleo
9
Aportando financiación y logística para programas de entrega de armas ligeras y de bajo calibre;
fortalecer las estructuras de seguridad oficiales; y operar a manera de fuentes de información de alerta
temprana sobre recurrencia del conflicto y deterioro de la seguridad a nivel comunitario.

6. Ursula Sola de Hinestrosa
no militar a ex combatientes, también puede significar una erosión adicional de una fuerza de
seguridad incluyente y que pueda rendir cuentas. Este tema debe ser manejado con sumo
cuidado por las empresas que busquen contribuir a una estabilidad a más largo plazo. 10
¿Cómo participar en la construcción de paz de manera concreta? Internacional Alert insta a
analizar los factores internos, como el liderazgo y compromiso de las cabezas empresariales, la
acción colectiva, intersectorial, participativa y cohesionada, la legitimidad, 11 el análisis del
conflicto y autorreflexión sobre el actuar empresarial y el tamaño y el sector empresarial al
que pertenece. Y como factores externos, el entorno empresarial, el contexto político y el
apoyo externo para conocer alternativas para la construcción de paz y seguridad duradera.
Por su lado, CONPAZ, de la Universidad de los Andes propone al los empresarios invertir en
las comunidades de influencia en proyectos de desarrollo productivo, brindar programas de
capacitación a comunidades, más allá de las propias actividades educativas para sus
trabajadores, cumplir con las normas ambientales, con las condiciones y requisitos laborales y
pagar los impuestos y contribuciones de su resorte.
Por último, el FIP invita al sector empresarial a sumarse a las iniciativas de paz y a operar en
las zonas de conflicto y de gobernabilidad frágil mediante la adopción de las guías prácticas
para empresas de los sectores extractivos de petróleo, minas y gas o a la adopción de las guías
adaptadas para empresas de los sectores no extractivos, como propuesta concreta para
asimilar códigos y estándares de conducta que permitan superar las dificultades en las zonas
de conflicto.
10
Las empresas locales y la paz: el potencial de construcción de paz del sector empresarial nacional
publicado por el FIP e Internacional Alert en la Revista Punto de Encuentro No. 40. Página 31
11
Adquirir legitimidad puede constituir un reto para el sector empresarial si algunas empresas han
desempeñado -o así se las percibe- un papel en la perpetuación del conflicto. Los esfuerzos por
comprometer a la comunidad empresarial deben abordar las percepciones negativas.

7. Ursula Sola de Hinestrosa
Ficha Técnica
Documentos de la III Sesión – Proceso de Paz: sector privado y la construcción de
compromisos ciudadanos por la Paz. Centro de educación Ejecutiva. Presidentes de
Empresa. Facultad de Administración. Universidad de los Andes. Bogotá, 9 de mayo de
2007.
Revista Punto de Encuentro No. 40. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –
INDEPAZ. Octubre – Noviembre de 2006. Páginas 1 – 48.
http://indepaz.org.co/revistas/penc40/penc40.pdf
Guáqueta, Alexandra; Arias, Gerson; Mantilla, Giovanni. Relaciones peligrosas: Los dilemas
de los empresarios en el conflicto . Revista Siguiendo el conflicto: hechos y análisis Número
49. Fundación Ideas para la Paz – FIP. Bogotá, abril de 2007. Páginas 1-6.
http://www.ideaspaz.org/new_site/secciones/publicaciones/download_boletines/boletin_confl
icto49.pdf
Fisas, Vicenç. Anuario de Procesos de Paz 2007. Escola de Cultura de Pau de la
Universidad Autónoma de Barcelona – UAB. Editorial Icaria. Barcelona, 2007. Páginas
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Encuentro para la negociación del acuerdo base. Propuesta metodológica y operativa.
Documento propuesto por la Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogo de
la Habana. Presidencia de la República de Colombia. Alto Comisionado para la Paz.
Bogotá, abril de 2007.
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2007/abril/documentos/Propuesta%20al
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Rojas Rentaría, Oscar. El Sector Privado y la sociedad . Fundación Alvaralice. Presentación
PowerPoint. Enero de 2007. Filminas 1 – 42.
Guáqueta, Alexandra. Operando en medio del conflicto: construcción de paz y
algunas mejores prácticas de empresas colombianas. Edición Especial. Serie
Working Papers FIP No. 2. Fundación Ideas para la Paz – FIP & Internacional
Alert. Bogotá, Agosto de 2006. Páginas 1-22
http://www.ideaspaz.org/new_site/secciones/publicaciones/download_papers_fip/working_pa
pers_fip2.pdf
Guáqueta, Alexandra. Operaciones en zonas de conflicto y gobernabilidad
frágil: guías prácticas para empresas en sectores no extractivos.
Serie Propuestas No. 2. Fundación Ideas para la Paz – FIP. Bogotá,
noviembre de 2006. Páginas 5 – 39
http://www.ideaspaz.org/new_site/secciones/publicaciones/download_propuestas/propuesta_
2.pdf