El comunicado condena el asesinato de un abogado defensor de derechos humanos y los ataques armados contra campesinos y pescadores que se oponen a proyectos eólicos. Señala que estos hechos son resultado de la impunidad de que gozan las bandas criminales que operan en Oaxaca. También critica que la violencia contra opositores a los proyectos eólicos forma parte de una política estatal para imponer dichos proyectos a toda costa, incluso con métodos de terror. La organización exige el fin de la criminal