N20170621 al 27

1. 21 al 27 de junio de 2017
Contenido
IGLESIA........................................................................................................................2
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES CRISTIANOS DEL PERÚ MTC –
PERU. MANIFIESTO.................................................................................................2
María Rosa Lorbés (*): ¿Excomunión para los corruptos? .................................2
Mirko Lauer: Francisco en el Perú ..........................................................................4
Pedro Ricardo Barreto , Arzobispado De Huancayo Perú ..................................4
SOCIEDAD Y POLÍTICA......................................................................................6
Gustavo Gorriti: Lava Jato: Estado de la Cuestión ………………………………. 6
Mirko Lauer: Keiko 500 .........................................................................................8
La República, EDITORIAL: Táper o muerte
Denuncias constitucionales contra miembros del TC y el ministro Basombrío
................................................................................................................................10
Fernando Tuesta: Juego de tronos ...................................................................11
Gonzalo Portocarrero: Agresión y venganza...........................................................12
Sinesio López: Balance provisorio ....................................................................13
The Economist: Who governs Peru? The president must face down the
fujimorista congress ………………………………………………………….14
Santiago Pedraglio: Gabinete: economía al mando, política sin rumbo .....16
Juan de la Puente: La gobernabilidad primaria y populista ..........................16
Nelson Manrique: El momento de Pedro Pablo ..............................................18
POBREZA Y DESARROLLO...........................................................................19
Patricia del Río: Muertos de hambre ....................................................................19
Eduardo Dargent: La Tragedia es también Ideológica ......................................20
Anna Zucchetti: Nuevos aires en el Perú.............................................................21
Laura Grados. Esto es lo que pasa cuando escribes una editorial hablando
del "racismo" contra la gente blanca…………………………………………… 24

2. IGLESIA
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES CRISTIANOS DEL PERÚ MTC – PERU
MANIFIESTO
“50 AÑOS PROMOVIENDO VALORES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA
SOCIEDAD JUSTA FRATERNA Y SOLIDARIA”
A la opinión pública.
El Movimiento de Trabajadores Cristianos del Perú es un Movimiento de Iglesia,
su misión es llevar el evangelio al mundo del Trabajo y al mundo Popular;
reunidos en su Consejo Nacional el 24 y 25 de junio de 2017.
Manifestamos nuestra indignación y denuncia por las condiciones laborales
precarias y de esclavitud que se ha puesto en evidencia en el incendio en el
Centro Comercial Las Malvinas.
Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los damnificados y
nuestra gratitud al Cuerpo general de Bomberos del Perú por su entrega
generosa y desinteresada, gesto del Buen Samaritano.
Hacemos un llamado a las autoridades políticas, a las dirigencias sindicales y a
todos los trabajadores para:
- Tomar conciencia del valor de la vida de quienes generamos riquezas.
- Reaccionar y ver que esta situación laboral no es aislada, hay muchos
niños, niñas y adultos que trabajan en el Perú en condiciones precarias
y de esclavitud.
- Denunciar y luchar contra las condiciones de trabajo que atente contra
la Dignidad Humana.
CONSEJO NACIONAL MTC-PERU.
LaRepublica.pe, 23 de Junio de 2017 | LA PERIFERIA ES EL CENTRO
María Rosa Lorbés (*): ¿Excomunión para los corruptos?
La corrupción, junto con la inseguridad ciudadana, es uno de los problemas que
más preocupa a los peruanos. Lo peor es que no solamente atraviesa el campo
de la política, de la empresa privada y de las instituciones, sino que se ha
convertido en una especie de epidemia que se contagia y avanza
indefectiblemente en un tejido social que la tolera y que, aparentemente, tiene
las defensas muy bajas.
Esa tolerancia crece alentada por la idea de que la corrupción es normal, que
todo el mundo es corrupto y que nadie hace algo bueno por nada. Que siempre
hay detrás del bien aparente, un interés subalterno escondido y que así es y
siempre va a ser. De ahí se derivan otros males: la desconfianza en todo y de
todos; el desprestigio de la política, que deja de ser vista como un servicio al bien
común para convertirse en la posibilidad de ubicarse en un lugar desde el cual

3. puede conseguirse mayor poder y dinero en beneficio propio, a costa de lo que
es de todos.
La corrupción es un robo sin pistola, pero igualmente ruin y reprobable. Y
adquiere mayor carácter delictivo, si cabe, cuando el robo se produce en un país
en el que hay aún tanta pobreza y desigualdad como el nuestro. Porque el
corrupto lo que hace es meter la mano, a escondidas, en el bolsillo del Estado,
en la plata de todos los peruanos. Obviamente la corrupción, además, frena el
desarrollo.
Aunque por la naturaleza del delito es difícil tener datos muy precisos se estima
que cada año se van al menos 6 mil millones de soles en la corrupción, la mitad
del presupuesto que se invierte en educación. A mayor corrupción menos
escuelas, menos programas sociales, menos atención de salud, más hambre y
más pobreza.
Efectivamente: la corrupción corroe por dentro la democracia y el sistema de
derecho y entorpece el desarrollo. El Papa Francisco la acaba de calificar
recientemente como “la peor plaga social porque genera gravísimos problemas
y crímenes que implican a todos”.
En un Debate Internacional sobre las corrupción realizado hace unas semanas
en el Vaticano y que congregó a jueces y fiscales anti mafia y anti corrupción,
obispos, personalidades vaticanas, representantes de países de las Naciones
Unidas, y jefes de movimientos, victimas del flagelo, periodistas, estudiosos e
intelectuales, los participantes plantearon la propuesta de que la Iglesia Católica
sancione a los mafiosos, políticos corruptos y mercantes de seres humanos con
la excomunión. Pena con la cual se separaría a un católico corrupto de la
comunidad eclesial debido a esta falta, grave pública o privada.
En la sociedad la complicidad benevolente hacia los corruptos va disminuyendo
paulatinamente y la indignación ciudadana crece ante cada nuevo destape del
caso Odebrecht, por mencionar solo un caso emblemático. Pero el problema
continuará si nos limitamos a ser espectadores irritados de los que pasa y no nos
hacemos la pregunta de qué debemos hacer cada uno de los ciudadanos para
que este cáncer disminuya.
Porque los peruanos no somos, en esencia, ni más ni menos corruptos que los
suecos o los noruegos. Hay corrupción en todo el mundo. Los países menos
corruptos son, simplemente, aquellos en los que hay políticas orientadas a
controlar, prevenir, perseguir y sancionar la corrupción. Los corruptos solo dejan
de serlo cuando saben que hay un sistema de control y vigilancia que los rodea
y que delinquir les va a salir muy caro.
Uno de recursos legales que utilizan los corruptos es dejar pasar el tiempo de
diversas formas hasta que el delito prescribe, es decir, se borra legalmente. En
la legislación internacional hoy los únicos delitos que no prescriben son los de
lesa humanidad. En cuanto a los casos de corrupción, en muchos países la
tendencia es ampliar bastante los periodos de prescripción por corrupción y
caminar hacia la imprescriptibilidad.
Sin embargo esa es solo una medida dentro un Sistema de Lucha Contra la
Corrupción que supone, entre otras cosas, reformar y fortalecer instituciones
como la Contraloría, el Poder Judicial, la Policía, y los órganos de control interno
de las diferentes entidades del Estado. Pocas cosas podrán cambiar en este
ámbito si, como ciudadanos, no nos involucramos, con vigilancia, con denuncia
y con propuestas, para lograr una eficaz política anticorrupción que establezca

4. medidas preventivas de control y de transparencia así como sanciones
adecuadas y ejemplares.
(*) Educadora y comunicadora
La República, el miércoles 21 de junio de mayo de 2017
Mirko Lauer: Francisco en el Perú
La visita del Papa Francisco al Perú a comienzos del 2018 no parece tener un
propósito particular. No nos visitó en la gira por América Latina del 2015, y ya
nos toca. La idea general es estrechar lazos con el mundo católico, más algunos
gestos puntuales, que pueden ser leídos como mensajes específicos.
Quizás para los peruanos lo más saltante es la pascana en Puerto Maldonado,
que ya está siendo interpretada como producto de su preocupación por el medio
ambiente: defender la Amazonía desde uno de sus puntos más biodiversos y
más amenazados por la minería ilegal. Mucho más octanaje que la visita de Juan
Pablo II a Iquitos en 1985.
La elección de Trujillo como destino es menos descifrable. La primera explicación
que viene a la mente es la atención a una zona donde acaba de darse una
enorme catástrofe, y donde abundan los damnificados. Quizás también le resulte
más cómodo acudir a Trujillo que a la vecina Piura, donde es tan influyente el
Opus Dei.
Para nadie es un secreto que entre Francisco y el Cardenal Juan Luis Cipriani
hay diferencias de perspectiva y estilo. Lo cual sugiere que el Papa buscará la
manera de contrapesar los contactos con el Cardenal mediante la visita a
algunas diócesismás afines a su posición. No será nada polémico, pero sí quizás
cargado de intención.
Cipriani ha llamado a la unidad política para recibir al Papa. Pero también será
necesario promover unidad en una parte de la feligresía intensamente cruzada
por el conservadurismo y el derechismo social. Es de suponer que el intenso
entusiasmo por la visita misma pondrá de lado este tipo de diferencias.
Francisco viene de una Europa donde, como lo pone James Politi para The
Financial Times, "sus posiciones en temas sociales, incluido su apoyo a los
refugiados musulmanes, está creando oposición entre los católicos
conservadores dentro y fuera del Vaticano". Una discrepancia que incluye a sus
iniciativas sobre el matrimonio y la familia.
Los disparos le llueven de todas partes. Incluso una personalidad definida como
"agnóstico militante", como Mario VargasLlosa acaba de preguntarse si el Papa
hace más de lo que dice, y se ha respondido a sí mismo que no.
Pedro RicardoBarreto compartió la publicación de Arzobispado De Huancayo Perú ,
23 de junio ·
Queridos Hermanos y Hermanas:
Hacemos extensivo el comunicado de prensa de Adveniat y Misereor. El
silencioso exterminio de los pueblos indígenas en la Amazonia.

5. "La comunidad global tiene que responder por las violaciones a la dignidad
humana y la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como por la
destrucción de la biodiversidad de la Amazonia"
El Papa Francisco ha exhortado encarecidamente a los países industrializados
al respecto de en su encíclica de corte social y medioambiental Laudato Si.
Agradecemos su atención y difusión.
El gemido de la hermana tierra se une a los gemidos de los abandonados del
Mundo.

6. SOCIEDAD Y POLÍTICA
Caretas Nº 2493, el jueves 22 de junio de mayo de 2017
Gustavo Gorriti: Lava Jato: Estado de la Cuestión
Es muy probable que en los próximos días y semanas se amplíe, quizá en forma
considerable, el conocimiento sobre el caso Lava Jato en el Perú.
Pero antes de entrar en esos capítulos, que serán trepidantes y sorprendentes
(aunque quizá no del todo inesperados), es muy útil repasar y revisar dónde
estamos en cuanto a la investigación y el conocimiento del caso.
Mi primera impresión es que corremos el riesgo de olvidarnos que este es el
caso Lava Jato y no solamente Odebrecht. Hace pocos días me pasaron la
foto de una sanguchería en la avenida Bolívar, en Pueblo Libre, donde ofrecen
ahora los "combos Odebrecht", ilustrados con las figuras de Toledo, García y
Nadine Heredia. Hay dos opciones de precio. Si fuera el "combo Lava Jato"
tendrían para un menú entero.
¿Qué sabemos hasta ahora? Mucho más que antes, pero estamos muy lejos
todavía del cuadro completo de los hechos. La torrencial delación corporativa
de Odebrecht ha encauzado un más bien anémico riachuelo informativo
hacia nuestro país. Las confesiones de los principales funcionarios de
Odebrecht (Jorge Barata y Ricardo Boleira) durante los gobiernos de Toledo,
García y Humala atestiguan el pago de coimas millonarias a Alejandro Toledo;
contribuciones electorales igualmente millonarias y no declaradas a Ollanta
Humala; sobornos menores a funcionarios de segundo y tercer nivel durante el
gobierno de García; coimas a dos gobernadores regionales (Moreno y Acurio)
con la participación de intermediarios pitucos con offshore propia (Shavit,
Zaragozá y Salazar), por alrededor de treinta millones de dólares; es decir, la
suma grosso modo confesada en el acuerdo de reconocimiento de culpa con el
Departamento de Justicia de Estados Unidos.
¿Corresponde esa confesión a la realidad? Estoy seguro que no, que la
cifra global de las coimas pagadas por Odebrecht en el Perú es varias
veces superior. Creo que eso se puede demostrar y que se demostrará.
Pero ¿no era que los delatores estaban obligados a decir toda la verdad, a riesgo
de perder todos los beneficios de la delación? Sí, pero no a contestar lo que
no se les preguntó. Pueden además omitir la revelación de aquello que no
se les inquirió en forma concreta y puntual.
Toda la información base sobre la que se sustentan hasta ahora los casos aquí
se produjo en Brasil, en respuesta a las investigaciones y las preguntas de
investigadores brasileños, que conocían muy bien su realidad y muy poco la
de los otros países involucrados en el caso. Por eso, la calidad de la
información sobre Brasil es enteramente diferente y muy superior a la que
existe sobre los otros países latinoamericanos, incluyendo el nuestro.
De manera que las confesiones de Odebrecht sobre los casos de
corrupción en el Perú no terminan sino apenas comienzan el caso. Hay una

7. larga investigación pendiente, que logrará muchas más revelaciones
confesionales (bajo el régimen brasileño) en cuanto empiece a agarrar tracción.
Dicho lo cual, es necesario observar la otra cara de la moneda: Es cierto que
la confesión de Odebrecht es hasta ahora insuficiente, pero es la que hay y es,
por eso, la única fuente de conocimiento puntual sobre el caso Lava Jato en el
Perú. Las otras compañías, tanto las brasileñas como las peruanas, no revelan
ni confiesan y parecen, más bien, esperar a que las investigaciones fiscales, la
atención pública y, sobre todo, el castigo, se concentren en Odebrecht y
encapsulen el caso y toda la carga de culpas en él y en los denunciados hasta
ahora.
La pachocha con la que la fiscalía de la Nación lleva el caso, pronostica un
desenlace sin gloria y sin justicia. El fiscal Hamilton Castro no solo es más
lento que el caballo del malo en sus investigaciones sino tampoco las hace
bien, como demostró la puesta en libertad de Félix Moreno por las fallas
gruesas en el procedimiento que señaló la sentencia en mayoría. No solo eso:
Castro no tiene los medios ni la jerarquía para manejar una investigación
muy compleja, que requiere un número mucho mayor de fiscales de gran
calificación, dirigidos con energía y visión de conjunto por un fiscal superior que
pueda compararse en calidad y dinamismo con los brasileños.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, puede tener buenas intenciones pero no
pone fuerza ni decisión en la más importante responsabilidad que ha
enfrentado hasta ahora su cargo desde los tiempos de Gonzalo Ortiz de
Zevallos. Debajo de él hierven las intrigas y enfrentamientos. En el proceso,
buenos fiscales han sido apartados de casos importantes, en cuanto parecían
tener buenos resultados y otros no han sido considerados para la misión, pese
a la gran necesidad que existe de incorporar a los mejores.
No solo eso. El peso de personajes influyentes que intentan favorecer a los
investigados, se hace sentir con fuerza. Por ejemplo, el ex presidente del
Consejo Nacional de la Magistratura y ex juez, Pablo Talavera, ha llevado a
cabo gestiones judiciales y fiscales a favor de la empresa Camargo Correa.
Muchos fiscales y jueces que tienen que ver con el caso, fueron nombrados o
confirmados cuando Talavera ejercía protagonismo central en el CNM.
¿Sorprenden las decisiones recientes a favor de Camargo Correa y de su ex
empleado, Marcos de Moura Wanderley, una de las personas que tendría más
historias que contar sobre Lava Jato? No sorprenden. Y desde el juego doble o
triple de abogados hasta las estrategias de las camarillas corruptas de
influencia dentro de la Fiscalía y el Poder Judicial, habrá mucho más que decir
en el ámbito deprimente de la doblez y la hipocresía en el proceso legal de la
lucha anticorrupción. Por eso, entre otras razones, es evidente que en la
transición de Brasil a Perú ha habido una degradación investigativa de
Lava Jato.
Volvamos a las empresas involucradas. Está claro que la confesión es vital en
el caso Lava Jato. Y, pese a sus limitaciones, Odebrecht es la única que ha
delatado hasta ahora en el Perú. Se entiende que la confesión debe ser premiada
para estimular a otros a hacerla también, mientras se concentra la presión en los
que, pese a las evidencias, no confiesan.
Pero aquí no se ha tocado a quienes buscan la impunidad y se ha concentrado
la acción punitiva contra Odebrecht.
Si se quiere cerrar a Odebrecht y proteger a las demás compañías, las que no
han confesado, el único mensaje que emerge con claridad es que se castiga

8. al que reveló, aunque sea en parte, los delitos; y se protege al que calló y
encubrió a los delincuentes. Es decir, la omerta en lugar de la justicia.
Exactamente lo opuesto de lo que se debe hacer.
¿Qué se debe hacer? Los cambios organizativos y de liderazgo que lleven
a una investigación rápida, eficaz, para forzar a buena parte de los
delincuentes corporativos a capitular y delatar. Los principales culpables
deben ir a prisión. Pero aún dentro de ese grupo, como en Brasil, debe
reducirse las penas en proporción a lo confesado.
A la vez, las compañías que luego de confesar emprendan las reformas
profundas anticorrupción en sus operaciones bajo el modelo establecido
por casos como los de Siemens o Alstom, debencontinuar trabajando, para
que, precisamente, no se estanque la economía, no se rompa la cadena de
pagos, no se pierdan puestos de trabajo ni se deje de hacer obras
necesarias. Deben ser consideradas como compañías reformadas (si
mantienen las reformas bien) en todo menos en la obligación de pagar sus
multas a partir de sus utilidades hasta cancelarlas.
La República, el domingo 25 de junio de mayo de 2017
Mirko Lauer: Keiko 500
Las delaciones brasileñas parecían camino de agotarse, pero acaban de dar un
respingo desde unas anotaciones de Marcelo Odebrecht. Es un texto más bien
telegráfico, lleno de alusiones a políticos peruanos, oportunidades comerciales y
de cosas por hacer. El típico recordaris de un ejecutivo en movimiento.
El hallazgo de la policía brasileña, y publicado aquí por IDL Reporteros, es
brevísimo pero denso. Tan así que la prensa local lo está tratando en el modo
condicional y con la palabra supuesto. Dos novedades destacan: la
abreviación AG aparece dentro de una serie de nombres de políticos
peruanos, y el nombre Keiko figura con todas sus letras.
Esta última parte es clara: "aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita". Es decir:
aumentarle a Keiko a 500 y yo hacer una visita". IDL estima que la nota es de
fines del 2010 o comienzos del 2011, es decir en el fragor de una campaña
electoral. Fuerza Popular ha dicho que su ex candidata no conoce a Odebrecht
ni ha recibido nada de él.
En efecto este tipo de anotación, intensamente privada, siempre se presta a
interpretaciones. Aumentarle puede significar añadirle dinero a un donativo ya
hecho, hasta completar 500. Pero también puede significar mejorar una oferta,
que puede haber sido aceptada o no. Tema para lingüistas forenses.
En cierto modo Nadine Heredia ahora tiene una socia en lo de las acusaciones,
pues una parte de su caso reposa sobre la interpretación de unas anotaciones
privadas (en este caso las suyas). Lo anotado al vuelo no siempre es recordado
por quien lo escribió. Apunta en una dirección, pero no siempre demuestra, y
tolera variadas lecturas.
Una lectura más amplia de la anotación da a entender que Odebrecht está
repartiendo fondos electorales: una yapa o una mejor oferta para Keiko, en
ese momento la virtual ganadora, y un signo de interrogación en "Humala?", a

9. quien no se le veía posibilidades de ganar sino hasta su alianza con la derecha
en el último momento.
En el caso de Odebrecht, sería de suma utilidad que aclarara su enrevesado
automensaje. Podría comenzar haciendo memoria, fundamentada en la medida
de lo posible, sobre si se reunió con Keiko o no. De no ser así, por lo menos con
quién o con quiénes se pudo reunir en Lima. Una presencia tan importante no
puede pasar inadvertida.
jueves 22 de junio de mayo de 2017
La República, EDITORIAL: Táper o muerte
Una "reforma" que deja intactas las prácticas electorales nocivas e ilegales
Si el Código Electoral se hubiese empezado a debatir hace 35 días, cuando fue
entregado por el grupo de trabajo multipartidario presidido por la legisladora
Patricia Donayre, se estaría ad portas de su aprobación final. Sin embargo, a
pocos días del cierre de la legislatura, se ha avanzado poco sobre los cambios,
aun en el modelo de parches legislativos impuesto por el presidente de la
Comisión de Constitución, Miguel Torres.
En un reciente episodio, un predictamen que Torres pretendía se apruebe sin
debate, aprovechando el descuido parlamentario que provocan los casos de los
ministros Thorne y Basombrío, retiraba del texto original la prohibición de
que los acusados de narcotráfico, terrorismo y lavado de activos financien
campañas electorales.
Extraña coincidencia: el mismo día en que la bancada de Fuerza Popular
interpela al ministro del Interior acusándolo de no lograr avances en la lucha
contra el delito, entre ellos el narcotráfico, la misma bancada pretende que el
narcotráfico siga financiando campañas electorales.
Asistimos entonces a una danza de perfectos disfraces. Por un lado se ha
hecho cuestión de Estado en un supuesto fracaso del gobierno respecto a la
seguridad ciudadana y al mismo tiempo se intenta legislar para mantener activa
la capacidad del delito de infiltrarse en la política.
La razón de esta omisión no es ni doctrinaria ni gratuita -habida cuenta de
que la prohibición propuesta no lesiona ningún derecho político o civil- sino
obedece a que, como se recuerda, varios legisladores de Fuerza Popular
son investigados o acusados de lavado de activos provenientes de
actividades ilícitas, y lo mismo sucede con la alta cúpula de esta organización.
Otra omisión se refiere a la entrega de dádivas. En la propuesta de Código
Electoral que ha rechazado la mayoría fujimorista se consideraba la prohibición
de la entrega de dádivas o de otros de naturaleza económica a través de
terceros, so pena de amonestación o multa de 30 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT) en caso de reincidencia.
El predictamen Torres ha omitido esta regulación, de modo que se corre el
riesgo de que en los próximos procesos electorales se prosiga con la práctica
populista y nefasta de regalar tápers (tuppers), prendas de vestir y artefactos
eléctricos para ganar el voto popular. Como se sabe, esta práctica que encarece
las campañas y envilece la democracia ha sido la principal forma de campaña
electoral del fujimorismo en las elecciones de los años 1985, 2000, 2006, 2011
y 2016.

10. Fuerza Popular ha logrado detener el proceso de reforma electoral, un
conjunto de cambios que el sistema reclama y que lo podrían encarar
exitosamente considerando el número de votos con el que cuenta. No obstante,
al paso de los días se desvelan los verdaderos motivos: no es la falta de
tiempo, no es la necesidad de la gradualidad de los cambios, y no son las
prioridades del debate parlamentario. Se trata de evitar legislar contra los
intereses de la mayoría parlamentaria.
La República, el martes 27 de junio de mayo de 2017
Denuncias constitucionales contra miembros del TC y el ministro Basombrío
 Con su decisión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
convierte a jueces del Tribunal Constitucional en procesados y podrían
aprobar su destitución.
 De proceder la acusación constitucional, el fujimorismo podría tener
un Tribunal Constitucional a su medida.
Por Liliana Rojas
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría los
informes de calificación de 11 denuncias constitucionales contra diversas
autoridades, entre ellas cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y el
ministro del Interior, Carlos Basombrío, informó su presidenta Karina Beteta.
Solo el legislador oficialista Gino Costa mostró su oposición a los informes que
convierten a los jueces del TC y a los demás en procesados constitucionalmente.
La decisión del grupo congresal que preside la fujimorista Beteta ya era
cantada. Hace un mes La República advirtió que el fujimorismo podría utilizar
su mayoría para alterar la composición del máximo organismo
jurisdiccional con el fin de lograr la libertad del ex presidente Alberto
Fujimori.
La demanda está dirigida contra los magistrados Manuel Miranda Canales,
Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña.
Un grupo de ex marinos del Caso El Frontón los acusa de infracción
constitucional, prevaricato y delito de función, al haber dejado sin efecto una
resolución anterior del TC que señalaba que la matanza ocurrida durante el
gobierno de Alan García no era delito de lesa humanidad.
Habiendo prosperado el informe de calificación, el fujimorismo tiene la mayoría
para aprobar el informe definitivo y para que este pase a la Comisión
Permanente, donde también la bancada naranja suele imponerse. Esto
significaría la destitución de los cuatro magistrados, con lo que se abriría la
posibilidad para el fujimorismo de nombrar a jueces afines.
"Esto sería muy grave", señaló el abogado Carlos Rivera, quien destacó que
también se ha admitido a trámite una denuncia contra Óscar Urviola Hani, otro
miembro del TC…….
El Comercio, el jueves 22 de junio de mayo de 2017

11. Fernando Tuesta: Juego de tronos
De los cuatro ministros salientes, tres fueron producto de la relación tensa que
se ha construido entre el Ejecutivo y Legislativo. Uno fue censurado (Jaime
Saavedra), otro obligado a renunciar (Martín Vizcarra) y, finalmente, al último se
le ha negado el voto de confianza (Alfredo Thorne). Todo esto en menos de un
año, desde que PPK asumió la Presidencia de la República.
¿A cuántos ministros puede negar la confianza el Congreso? ¿Cuántos ministros
pueden ser censurados por el Congreso? En rigor, el número total de ministros,
excluyendo al primer ministro. Es decir, el Congreso puede censurar o negar
la confianza a todos los ministros que crea conveniente. Lo único que debe
cuidar es que esto no suceda con el primer ministro. En este caso, solo
puede hacerlo una vez. Si lo hace otra más, el presidente puede disolver el
Congreso y convocar elecciones. Esto nunca ha sucedido. Nunca se ha disuelto
constitucionalmente el Congreso, pues lo que hizo Fujimori fue un golpe de
Estado.
Los probables escenarios de caídas de ministros se evitarán solo si la oposición
se autocontrola, si la opinión pública decide movilizarse (‘ley pulpín’, la repartija)
o el presidente solicita una cuestión de confianza de todo el Gabinete como
mecanismo de freno, aun cuando con esto pueda quedarse sin varios ministros
importantes.
Todo esto ocurre porque nuestro diseño institucional contiene todos los
mecanismos de los regímenes parlamentarios, siendo el nuestro
presidencialista: primer ministro, voto de censura, de confianza, de investidura,
interpelación, disolución del Parlamento. El resultado es un híbrido con caras
perversas. Pero la gran diferencia es que, en los regímenes parlamentarios, el
gobierno no puede tener al frente a una oposición con mayoría parlamentaria,
pues justamente el gobierno nace de un partido o coalición de partidos.
En consecuencia, el escenario que vivimos no lo vive un país con sistema
presidencialista. Incluso en Estados Unidos cuando Barack Obama tenía
ambas cámaras con mayorías opositoras podía gobernar con su personal
de confianza, sin que el Congreso se encargue de separarlos. No existen en el
país del norte figuras como la censura o el voto de confianza.
Somos, pues, un ave rara, que ha configurado un híbrido que muestra su
peor cara cuando las fuerzas políticas están ordenadas como las de ahora, en
donde el gobierno es extremadamente débil y al que se le debilita más,
reduciendo su capacidad de gobernar.
Fuerza Popular ha logrado la mayoría aplastante de manera legítima, lo que en
nuestro diseño institucional lo conduce, rápidamente, a usar casi sin límites ese
poder. Le ocurriría a cualquier partido en su lugar. Así pasó con el Apra en la
década del sesenta con el gobierno de Belaunde, donde censuró a diez
ministros, interpeló a muchos más y debilitó tanto al gobierno, produciéndose
niveles de ingobernabilidad y posterior golpe de Estado.
Una oposición con esa fuerza siempre verá, imaginando que es sincera, que su
labor es profiláctica y justiciera. Si ahora se salvó Basombrío es porque estuvo
cerca de la salida de Thorne. En cada ministro hay, pues, un potencial títere sin
cabeza. El camino que se está trazando es de un juego extremadamente
peligroso, más si faltan cuatro años de gobierno. Un juego donde nadie gana y
todos pierden. Un juego de tronos.

12. El Comercio, el miércoles 21 de junio de mayo de 2017
Gonzalo Portocarrero: Agresión y venganza
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo
Este gobierno se inició con gran apoyo de la población. El 28 de julio del
2016 reinaba un sentimiento de optimismo y confianza en las nuevas
autoridades. No había diferencias programáticas significativas entre las
fuerzas políticas más importantes, de modo que un acuerdo de fondo parecía lo
más sensato y probable.
En su logrado discurso al jurar como presidente, Pedro Pablo Kuczynski
revisó la historia del Perú con la expectativa de identificar los factores que
retardan el desarrollo. Sus conclusiones tendrían que ser las premisas de la
acción política del nuevo gobierno.
La más importante responsabilizó a la fragmentación social de las
dificultades para el progreso del país. Por tanto, lo fundamental era lograr
una nueva actitud entre los peruanos: "Sí a la paz, sí a la unión, no al
enfrentamiento, no a la división […] quiero una revolución social para mi país.
Anhelo que en cinco años el Perú sea un país moderno, más justo, más
equitativo y más solidario". Y la condición básica para que todo ello fuera
posible es la lucha contra la corrupción, lograr que la ley prevalezca en la
sociedad peruana.
No habiendo diferencias programáticas de envergadura entre las fuerzas
políticas, se esperó una relación de colaboración entre el Ejecutivo y el
Congreso. Entendimientos en lugar de la confrontación perpetua que domina la
política peruana. Esta ilusión no duró mucho, pues ya en diciembre del 2016,
Fuerza Popular hostilizó primero, y luego censuró al entonces ministro de
Educación, Jaime Saavedra.
A cierta distancia se hace más evidente que no existían argumentos significativos
para exigir la renuncia del ministro Saavedra, uno de los más populares y
eficientes del gobierno. Entonces, ¿por qué la censura? Hay varias razones
posibles. La primera es el miedo de Fuerza Popular a perder iniciativa política
y convertirse en furgón de cola de un Ejecutivo exitoso. Una segunda razón es
el deseo de venganza de Keiko Fujimori, quien ya se daba por ganadora de la
segunda vuelta.
Sea como fuera, la caída de Saavedra marcó un antes y un después. Hizo
evidente que Fuerza Popular no quería que la gestión del nuevo gobierno
tuviera éxito. Aunque tampoco le conviniera del todo un gobierno débil,
sujeto a un caos permanente, incapaz de mantener el orden.
La salida a este dilema fue una política de obstrucción que no se presenta
como tal sino como de defensa de los intereses de la ciudadanía.
Establecida esta dinámica, hechos nimios adquieren trascendencia, pues se
convierten en arena de un enfrentamiento donde se puede ganar o perder
prestigio. Entonces, el diálogo se debilita, pues lo importante no es llegar a
un acuerdo que favorezca al país, sino desprestigiar al contrincante para
lograr una clara primacía.
En realidad, tener un gobierno con dos cabezas es complicado. Los
antecedentes en el Perú son poco auspiciosos. El Frente Democrático
Nacional llegó al poder en 1945 gracias a la convergencia del Apra con otras

13. fuerzas progresistas. Pero no hubo la voluntad de llegar a acuerdos. Primó la
lógica de destruir al otro; hecho que finalmente llevó al deterioro de la autoridad
del gobierno de Bustamante y Rivero y a un golpe militar que entronizó al
general Odría por ocho largos años.
Una situación similar se produjo en el primer gobierno de Belaunde, que no
contaba con una mayoría parlamentaria y que tuvo que enfrentar a la alianza
entre el Apra y el odriismo, interesados en el fracaso del Ejecutivo. El resultado
de esta miopía fue el desprestigio del gobierno y el golpe del general Velasco en
1968.
En el Perú, la cultura del diálogo es muy incipiente. La imposiciónes la tendencia
histórica. Siglos de racismo han producido brechas profundas que
dificultan la cristalización del sentimiento de ser una colectividad regida
por las mismas leyes, a la búsqueda de construir un futuro satisfactorio
para todos. Aunque esta situación va siendo superada, es un hecho que su
persistencia representa un trasfondo de animosidad que resurge
constantemente en nuestra vida cotidiana. Parece haber mucho de esta
situación en el enfrentamiento del ministro Alfredo Thorne, perteneciente a
una familia limeña y aristocrática, con el contralor Edgar Alarcón, ex alumno
de un colegio nacional.
Quizá haya aún oportunidad para lograr acuerdos que impidan que la
dinámica de la agresión y la venganza terminen por socavar todo intento
de gobernabilidad.
La República, el jueves 22 de junio de mayo de 2017
Sinesio López: Balance provisorio
Faltando un mes para un año del gobierno de PPK, ya se puede hacer un balance
provisorio:
1. El gobierno tiene un bajo nivel de desempeño (en unos ministerios más
bajo que en otros) que obedece no solo a un difícil contexto internacional y
nacional, sino también a los errores y a la debilidad del gobierno, a su
incapacidad para limitar la voracidad política y la arbitrariedad del fujimorismo en
el Congreso, a los problemas que plantea un gobierno dividido en un
presidencialismo parlamentarizado y a la debilidad del Estado.
2. El agotamiento del boom exportador produjo una drástica disminución
de la inversión privada (nacional y extranjera) y una errática inversión
pública. El diagnóstico equivocado del gobierno (y de las derechas) sostenía
que la disminución de la inversión privada se debía a las trabas burocráticas y
sociales y apostó a acabar con ellas. El gobierno ha fracasado en esta tarea,
porque las trabas son más políticas que burocráticas y sociales, pero mostró
rapidez y eficacia en el manejo de El Niño costero.
3. El gobierno ha mostrado una debilidad extrema en el ejercicio del poder,
porque es un actor político muy débil. No tiene partido que lo sostenga, su
bancada parlamentaria es minoritaria y poco articulada, su gabinete está
integrado principalmente por tecnócratas (algunos de ellos excelentes) y
empresarios, con muy poca participación de buenos políticos cuando más los
necesita. Las políticas públicas pueden tener éxito si hay un gran respaldo

14. político que las haga viables: correlaciones de fuerza, coaliciones, capacidad de
administrar al adversario, voluntad firme, virtud política.
4. PPK ha sido incapaz de poner límites a la arbitrariedad y a la voracidad
política de la mayoría fujimorista en el Congreso. Tenía y tiene dos formas
de hacerlo. La primera es la concertación en ciertos temas centrales (inversión,
crecimiento económico y empleo, seguridad ciudadana, educación, salud y
reconstrucción con cambios) en la que ambos ganen. La segunda es trazar la
cancha para frenar el obstruccionismo del fujimorismo (y de sus apéndices en
que se han convertido los otros grupos de oposición, incluido el FA), a través del
recurso constitucional del voto de confianza. La indefinición ha producido un
gobierno inestable y a la deriva.
5. Un gobierno dividido (en el cual el Ejecutivo está en manos de un partido
y el Congreso es controlado por otro) en un presidencialismo
parlamentarizado (en el que el Ejecutivo está sometido a excesivos controles
del Congreso) genera una aguda polarización política, afecta el buen desempeño
del gobierno, anula la división de poderes y produce inestabilidad en el régimen
democrático. El problema no es el gobierno dividido, sino el
presidencialismo parlamentarizado. El presidencialismo puro de EEUU ha
tenido cincuenta años de exitosos gobiernos divididos.
6. La debilidad del Estado (debido a sus pocas capacidades coercitivas,
legales, burocráticas, impositivas, de provisión de bienes públicos en todo
el territorio, etc.) incide en el bajo desempeño del gobierno. PPK era
consciente de este déficit, pero nada ha hecho hasta ahora para superarlo.
economist.com/news/americas/21723880-president-must-face-down-
fujimorista-congress-who-governs-peru
Jun 22nd 2017
Who governs Peru? The president must face down the fujimorista congress
tO LOSE a minister to congressional censure is a normal hazard of democratic
life. For a government to lose four in its first year, including the ministers of finance
and the interior, on spurious grounds smacks of a parliamentary conspiracy. That
is the drama that may soon face Pedro Pablo Kuczynski, Peru’s president.
A year ago Mr Kuczynski, a former investment banker, narrowly won a run-off
election because slightly more Peruvians abhorred his opponent, Keiko Fujimori,
than supported her. In an election for congress two months before, his political
group had won just 18 of the 130 seats while Ms Fujimori’s Popular Force won
73 (partly because less populated regions are over-represented).
Popular Force, helped by opportunistic allies, has made its majority felt with
spoiling operations. In December congress censured Jaime Saavedra, the
capable education minister, who was promptly hired to run the World Bank’s
global education division. Last month the transport minister resigned rather
than face censure over a (justified) revision to a contract for a new airport for
Cusco, the former Inca capital. On June 21st congress voted to sack Alfredo
Thorne, the finance minister; it is poised to do the same to Carlos Basombrío,
the interior minister.
Mr Basombrío’s sins include not arresting a few peaceful demonstrators carrying
pictures of Abimael Guzmán, the jailed leader of the Shining Path terrorist group.

15. Mr Thorne’s troubles began after he received the comptroller-general, Edgar
Alarcón. The encounter was surreptitiously taped, apparently by Mr Alarcón.
During it, Mr Thorne mentioned the comptroller’s budget and urged him to
approve the contract for the Cusco airport. It was politically maladroit to discuss
the two issues in the same meeting. But it is Mr Alarcón, not Mr Thorne, who is
ethically challenged. The comptroller, who has aligned himself with the
fujimoristas, is being investigated for illicitly dealing in cars and using public
money to pay off a former mistress (which he denies).
The differences between the government and the fujimoristas are not ideological,
according to Mr Kuczynski. "Here we have a group that resents my being the
president," he told Bello. "They have collaborated on the big stuff but they like
little gestures that show their dissatisfaction with not being in the palace." Ms
Fujimori has taken defeat hard. She has barely appeared in public in the past
year. She has had only one conversation with Mr Kuczynski, and that had to be
arranged by Lima’s Catholic archbishop.
Mr Kuczynski inherited a slowing economy. He wanted to speed up public
investment and move forward stalled mining projects. He and the country
suffered a double dose of bad luck. An admission of corruption by
Odebrecht, a Brazilian contractor, forced the suspension of several big
infrastructure projects in Peru. Then floods killed 147 people, washed away
roads and, reckons the president, reduced annual economic growth by a
percentage point, to 3%. Reconstruction will take two years and cost $6.5bn, he
says. The climate of suspicion in congress slows new government contracts,
while political uncertainty discourages private investment. Plans to reform
Peru’s corrupt and inefficient judiciary have been stymied, a case of "bigstuff"
being blocked by the opposition.
Mr Kuczynski faces a choice. He could seek a grand bargain, for example
by pardoning Ms Fujimori’s father, Alberto, an autocratic former president
jailed for abuses of power. But that would alienate the anti-fujimoristas
whose votes won him the presidency. A better strategy would be to call his
opponents’ bluff. Peru’s constitution allows the president to turn a ministerial
censure into a matter of confidence in the government as a whole. If two
successive cabinets are rejected by congress, the president can call a fresh
legislative election, in which the fujimoristas would probably lose seats.
Mr Kuczynski seems to be following both tracks. He says he is looking at
the possibility of pardoning Mr Fujimori: "The time to do it is about now."
But he also says that he will "definitely" make Mr Basombrío’s permanence
a matter of confidence. Do that, and "they are unlikely to censure anyone",
he declared.
Some of his travails are his fault. Although he has government experience, Mr
Kuczynski is not a political animal. His cabinet consists of technocrats and
business people. The result is an administration that lacks a political strategy and
discipline in the way it communicates. Find them, and Mr Kuczynski -and Peru-
can win this battle against pique and obstruction. The alternative is to drift on, like
a rudderless boat whose occupants are picked off by sniper fire.
Perú.21, el viernes 23 de junio de mayo de 2017

16. Santiago Pedraglio: Gabinete: economía al mando, política sin rumbo
Tres economistas, vinculados al mundo financiero y empresarial, ocupan -
o han ocupado hasta hace muy poco- los cargos políticamente más
importantes del Ejecutivo: presidente de la República, premier y ministro de
Economía y Finanzas.
Esta sobrecargada mirada económica y financiera del país -en desmedro
de una conducción política- tiene un impacto decisivo en cómo se maneja
el gobierno. El "destrabe económico", por ejemplo, es el eje del discurso político
gubernamental. Una de las pocas promesas de campaña del actual
presidente, agua y desagüe para todos, parece haberse extraviado en el
corto camino recorrido. Y, más aún, el principal problema político del gobierno
de PPK, el caso Chinchero, está vinculado a un manejo equivocado que
involucró a los tres funcionarios mencionados.
Los desastres naturales no justifican la falta de iniciativa política ni la
pérdida de vista de la principal promesa electoral. Tampoco las continuas
interpelaciones, ni la presión por la renuncia de algún ministro, ni la agresividad
de la bancada de Fuerza Popular. Los errores del propio gobierno son
reiterados.
En el centro de estos problemas está la falta de manejo político del equipo
central del gobierno. No es casual que el presidente de la República declare
una mañana que tiene sustituto ante una posible censura a su ministro de
Economía y más tarde afirme que le da todo su apoyo. Lo mismo cuando dice
primero que "el momento de hacerlo [considerar el indulto a Fujimori] ya es
ahora" y horas después se rectifica. ¿Era el contexto apropiado para plantear el
tema, justo cuando estaban interpelando a sus ministros? Tal parece que no,
porque la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le contestó sin concesión, en
tono autoritario y provocador: "Lleva meses evaluando el caso, llegó la hora de
actuar. Haga uso de su potestad de presidente. Indúltelo". Algo así como "sobre
piedras, palos".
La República, el viernes 23 de junio de mayo de 2017
Juan de la Puente: La gobernabilidad primaria y populista
La idea de gobernabilidad, predominante en estos días, donde los poderes
no se atacan y los políticos no se agreden, o en la que se canjean intereses, es
primaria, por básica, e incompleta. No es democrática y, en cambio, es un
ejercicio populista.
Desde 1980, cada vez que las tensiones en la cúpula del poder llegan a mayores,
el grito más escuchado es diálogo. Así, hemos tenido 37 años de diálogos que
surgieron de las patadas, porque solo fueron eso, diálogos, no
entendimientos.
Sentar a la mesa a los adversarios rebaja las tensiones y frena las pasiones,
pero no resuelve los problemas de la agenda pública dispersa y antagónica. En
cambio, fueron más prometedores los diálogos/pacto o diálogos/acuerdo, aun en
los casos en que al final no se alcanzaron consensos.

17. No es extraño que en el Perú se demande diálogo solo después de cada
borrasca y no en otros momentos, una tradición que es más expresión de la
resaca del pleito o un "dejen de pelear, chicos" que un movimiento de Estado.
Esto se debe probablemente a la fobia nacional a los pactos. De hecho,
somos una república sin pactos y sin consensos expresos, y por eso
acumulamos 12 textos constitucionales y solo dos pactos generales: la
Convención de Partidos de 1915 y el Acuerdo Nacional del 2002. Ramiro Prialé,
histórico líder del Apra, fue víctima de esa cultura; para esconder el
entendimiento tuvo que acuñar una frase incompleta, "conversar no es pactar",
cuando debió proclamar "conversar para pactar".
Esa forma de diálogo ha vuelto estos días con varias opciones:
1) la ilusión del cogobierno (el ministro Olaechea y varios columnistas);
2) el gabinete multipartidario (el dirigente máximo del partido de gobierno,
Gilbert Violeta);
3) el simple cara a cara entre PPK y Keiko Fujimori, una reedición del
encuentro de diciembre que tuvo al cardenal Cipriani en medio; y
4) el diálogo como negocio, es decir, el indulto a Alberto Fujimori (por el
mismo PPK en una entrevista al semanario The Economist).
Tres de esas formas de diálogo no son ni útiles, ni ahora posibles. Fuerza
Popular jamás entrará a un gobierno de PPK ni patrocinará un gabinete
parlamentario aun así indulten a Fujimori, porque entre otras razones lo
democrático es su derecho a ser oposición. Por otro lado, un gabinete de
ancha base o de cercanos a partidos, lo tuvimos en 1990 (el primero de
Fujimori) y el 2000 (el de Paniagua y Pérez de Cuéllar), siendo ahora poco
rentable para todos. Los partidos pequeños suman poco y el gobierno de los
chiquitos no es una receta contra el fujimorismo.
Es extraño en cambio la insistencia de un diálogo en las alturas apartando
a los otros actores. Dos poderes precarios criticados por el pueblo han
hegemonizado el escenario de confrontación y ahora, cuando parecen
desbordarse las aguas, creen que solo en ellos, en los dos, está la solución.
Muy rápido para desentenderse de la otra mitad de ese original modelo con
tres mitades -sorry, Euclides- la tercera de las cuales, dispersa y
contradictoria, es la clave de la gobernabilidad desde el 2001, al punto que
su actividad derribó a por los menos 8 de los 17 gabinetes en tres períodos
constitucionales.
La tercera mitad importa porque la agenda también importa, y porque en un
diálogo de los poderes con los empresarios, trabajadores, regiones, colegios
profesionales, comunidades nativas, padres de familia y otras formas de la
sociedad civil, quienes tuvieron un activo rol en el proceso electoral, se puede
volver a los contenidos de la reforma institucional y la transparencia
prometida en la campaña electoral.
Finalmente, en las últimas horas, se pretende convencer al país de que la
gobernabilidad depende de una paz entre los políticos lograda a cualquier
precio, incluido el negocio, es decir, el toma y daca sin principios, sin
programa y sin respeto por las ofertas electorales. Eso puede pasar como
diálogo al inicio, pero luego de concretarse no lo será, y en cambio generará el
voto de desconfianza en la sociedad.

18. La República, el martes 27 de junio de mayo de 2017
Nelson Manrique: El momento de Pedro Pablo
Hoy somos un país convulsionado por las terribles imágenes de los
adolescentes encerrados por sus patrones bajo llave sufriendo una muerte
atroz; un brutal recordatorio de a dónde nos han llevado 25 años del
neoliberalismo instaurado en la Constitución de 1993.
En este escenario el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha anunciado que "es el
momento" de ver el indulto para el autor de este orden económico y esa
Constitución: Alberto Fujimori. No entra en consideración que este esté
sentenciado a prisión por delitos de lesa humanidad (imprescriptibles) y por
corrupción. Para evitar complicaciones legales se recurriría a la figura del
indulto humanitario. Ya Kuczynski ofreció su apoyo a Keiko en la campaña
presidencial del 2011 sin que el oscuro pasado del fujimorismo le perturbara y
no es de esperar que lo haga ahora.
Fuentes aparentemente bien informadas han asegurado a la revista Hildebrandt
en sus 13 que el indulto es ya una decisión tomada por el gobierno y Augusto
Álvarez Rodrich lo da como un hecho, advirtiéndole a Kuczynski acerca el
riesgo que corre de perder el respaldo de quienes lo apoyan, sin ganar el amor
de quienes lo atacan. La palabra de orden "es asegurar la gobernabilidad del
país", en un diseño cuyo trasfondo último es el cogobierno entre PPK y los
fujimoristas, algo entusiastamente demandado durante este último año por un
importante sector de la derecha. Los más entusiastas ppkausas sostienen que
así se rompería la bancada fujimorista, dejando a Keiko sin mayoría en el
Parlamento. Total, soñar no cuesta nada. Queda la ilusión de vivir una feliz luna
de miel, síndrome de Estocolmo de por medio.
El tema va más allá de lo coyuntural y tiene sus raíces en la composición del
movimiento PPK y los intereses que se mueven en el entorno inmediato del
Presidente; el de sus asesores personales. Rosa María Palacios sugiere a
Kuczynski librarse "del asesor que le mete preguntas del indulto en cuanto
focus group manda a hacer el gobierno y le aconseja indultar a Fujimori cada vez
que viaja o está con prensa extranjera". La alusión está dirigida a Alberto
Cabello, convocado por Kuczynski como miembro del directorio de Editora Perú
(El Peruano y la Agencia Andina), ex presidente de la Sociedad Nacional de
Radio y TV y ex gerente de Panamericana, Canal N y Latina. Laura Grados
precisa en un interesante artículo que Palacio de Gobierno realiza focus group
al menos dos veces por mes y que Cabello ha ordenado desde abril colocar
regularmente la pregunta sobre el indulto en las mediciones de la evolución del
estado de la opinión pública.
El tema del indulto no es pues simplemente una respuesta a la ofensiva
fujimorista contra el consejo de ministros sino una bandera permanente de
un grupo de asesores de Kuczynski, entre los cuales se señala como los
más destacados a la lobista Cecilia Blume, a Freddy Chirinos -ex asesor de
campañas políticas del Apra y de Mercedes Aráoz- y, por sus antecedentes, a
Cayetana Aljovín. Ellos dan por hecho que el indulto provocará resistencias y
desencadenará grandes movilizaciones, pero creen que el gobierno puede
resistirlas. No razonan en términos de si el indulto aplacaría o no a los
fujimoristas sino andan a la búsqueda del "momento adecuado" para
lanzarlo. La oposición vendría de algunos ministros, siendo la más decidida la

19. ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. El premier, Fernando Zavala, hoy en
la oposición, podría allanarse si eso asegura su continuidad en el cargo.
Funcionarios del gobierno que se oponen al indulto, como el congresista Alberto
de Belaunde y el asesor de la PCM, David Rivera, han sido apartados del tema
hace ya varias semanas; una buena manera de asegurar que llegue "el
momento".
Para PPK, descartada la expectativa de ir a la reelección en 2021 por una
cuestión de edad, el atractivo del cogobierno sería poder llevar la fiesta en
paz y concluir satisfactoriamente los cuatro años de gobierno que le quedan.
Para los tecnócratas que ha nucleado el escenario sería también favorable; se
sentirían igualmente cómodos trabajando para Keiko Fujimori. Es distinto
el caso de los cuadros políticos, ministros y parlamentarios, que tienen
expectativas de continuar en la política activa. Para ellos no es en absoluto
indiferente qué vaya a pasar con el movimiento PPK, salvo para los que desde
tan temprano como el día siguiente de las elecciones vienen coqueteando con el
fujimorismo. Para los más lúcidos el indulto podría constituir la partida de
defunción de su movimiento.
Queda por ver cómo se manifiesta el país en las calles. Allí nos veremos.
POBREZA Y DESARROLLO
El Comercio, el jueves 22 de junio de mayo de 2017
Patricia del Río: Muertos de hambre
"Más del 40% de los niños menores de 3 años tienen anemia.
En regiones como Loreto y Pasco las cifras superan el 60%"
Las cifras son de espanto. Propias de los países más pobres del mundo y no de
uno como el nuestro que, a pesar de sus contratiempos, sigue siendo un ejemplo
de crecimiento. Más del 40% de los niños menores de 3 años tienen anemia. En
regiones como Loreto y Pasco las cifras superan el 60%. En Puno siete de cada
diez menores son anémicos. La falta de hierro, la escasez de proteína animal en
la dieta diaria, la falta de agua, la propensión a enfermedades diarreicas y las
infecciones parasitarias se combinan con la pobreza y la nula asistencia del
Estado para dar como resultado este pavoroso panorama.
Y parece que a nadie le importara mucho. Nos felicitamos cada vez que
reducimos los índices de pobreza, y no nos ponemos a pensar que, en esa
familia que estadísticamente ya no es pobre, crecen niños con deficiencias
nutricionales que los marcarán toda su vida. Nos quejamos amargamente del
fracaso del sistema educativo, pero nadie relaciona el hecho de que la anemia
afecta las habilidades psicomotrices, cognitivas y de socialización de los
escolares. Nos alarmamos cuando nuestros índices de productividad son
pésimos, y obviamos el hecho de que un adulto mal alimentado se ve limitado

20. en su capacidad de realizar eficientemente trabajos manuales o actividad física
intensa.
Terrible, pero, ya que los dramas sociales no parecen calar ni en la opinión
pública ni en nuestras autoridades, hablemos entonces de números. Según un
importante estudio de Grade sobre el impacto de la anemia en nuestra economía,
entre el 2009 y 2010, la anemia le costó al Perú la friolera de S/2.777 millones; y
no porque eso se haya invertido en combatirla, o en destinar recursos en
suplementos alimenticios, bueno fuera. Esa cifra considera las pérdidas que
significaron al Estado Peruano el abandono escolar, las enfermedades, las
muertes, los partos prematuros y la falta de productividad de los niños y adultos
afectados por algo tan salvajemente inhumano como la mala y pobre
alimentación.
Ayer en el Congreso se perdieron horas interpelando al ministro del Interior.
Mañana tal vez sea la ministra de Salud la que tenga que responder pliegos
interminables de tediosas preguntas. Dentro de unos días el contralor saldrá a
contarnos del fierro último modelo que se compró para pasear al perro. En
cualquier momento salta una denuncia porque los alcaldes se roban la plata, los
regidores se emborrachan o los puentes se caen. Y así, seguiremos mirándonos
el ombligo mientras nuestros niños crecen muriéndose de hambre, hipotecando
su futuro y el de todo un país que se jacta de estar creciendo y mejorando cuando
mantiene niveles de anemia solo comparables con los de los países más pobres
del África.
La República, el sábado 24 de junio de mayo de 2017
Eduardo Dargent: La Tragedia es también Ideológica
La tragedia de la Galería Nicolini nos muestra los costos de la
desregulación e informalidad que campea en el Perú. Reglamentos de
seguridad que no se cumplen, construcciones precarias a vista de todo el mundo
y almacenamiento de inflamables en una zona urbana.
Personas trabajando en semi-esclavitud, atrapados en una jaula de fierro por
codiciosos empresarios que saben que pueden hacer casi lo que quieran, pues
nunca llegará un fiscalizador laboral. La foto es la de un Estado sin dientes, cuya
amenaza de sanción no se cumple o que incluso es detenido por otros órganos
estatales corruptos. Todo a un par de kilómetros de Palacio de Gobierno.Y a
pesar de esta evidencia trágica no se sorprenda si en los próximos días
usted siga escuchando que en el Perú el problema es la sobre-regulación
que entorpece la formalización. La cantaleta continúa, desde los noventa
va más o menos así: lo que bloquea la formalización es un Estado-problema
que afecta la voluntad de los informales de legalizar y proteger su propiedad. Si
el Estado simplificara trámites para que sean realistas y flexibles, la formalización
avanzaría pues favorece al informal, le da seguridad y valor a sus bienes. Aplique
el mismo argumento al comercio informal, empleo, control de la minería ilegal,
transporte, entre otros. La regulación excesiva y el Estado problema es la causa
de que el potencial revolucionario de los derechos de propiedad no se concrete.
El argumento contiene una parte de verdad, pero también una enorme
falsedad. Contiene verdad pues, en efecto, hay mil maneras en que el Estado

21. puede entorpecer la vida de las personas, desde permisos imposibles y papeleos
absurdos, hasta cogollos de corrupción. Quienes critican al Estado y sus
trampas, coimas y abusos cuentan con abundante evidencia que mostrar y hay
que tenerla en cuenta.
Pero la enorme falsedad está en creer que el problema es la mala o excesiva
regulación que se solucionará acabando con esas barreras estatales. Por
algo que debería ser evidente: para una gran cantidad de peruanos ese
Leviatán regulador no existe fuera del papel, la realidad del jueves muestra
que hoy no está en los cálculos y decisiones de los ciudadanos. La
desregulación será igual que nada, pues hoy esa regulación no existe.
Y ello porque no hay algo así como un incentivo evidente para la
formalización. Sí, puede dar ciertos beneficios, pero se exagera en su atractivo.
Es falso que los que carecen de propiedad formal no tengan otras formas de
seguridad y de darle valor a su propiedad, desde arreglos sociales hasta mafias
que te rompen los huesos si se incumple un contrato. Y siempre habrá costos
que pagar al formalizarse, no solo beneficios.
Si nada me obliga a cumplir las normas, los costos de la formalización
serán siempre mayores. Más si, como muestra la evidencia, las entidades
financieras son muy conservadoras al apoyar a ese nuevo sector formal. La
compleja realidad de la informalidad hace que sin un Estado presente, capaz
de regular y sancionar efectivamente, de proveer incentivos reales que
hagan atractiva la formalización, las cosas seguirán igual.
Esa discusión no está en el centro del debate en el Perú. Por el contrario, seguro
a raíz del incendio se volverá a discutir en forma abstracta si es mejor el control
previo para otorgar certificados de defensa civil o si la fiscalización posterior es
más efectiva. Pero esa discusión pierde el punto principal: sea antes o después,
la realidad es que no hay un Estado que fiscalice si se cumplen las normas.
Sin suficientes funcionarios y recursos ninguna forma de control
funcionará. Podemos darle puntos imaginarios a uno u otro, pero sin reconocer
esa ausencia el debate es absurdo.
La bala de plata de la formalización simplificadora se ha probado falsa y
aquí sigue llenando editoriales, programas de gobierno y discusiones
abstractas marcadas por la ideología. Se denuncia a un Estado que entorpece
la creatividad y el emprendedurismo, cuando es necesario partir de reconocer
que lo que hay es un Estado incapaz de cumplir funciones básicas. Aunque
sea obvio hay que repetirlo: el Estado no es solo problema, es también
posibilidad.
El Comercio, el jueves 22 de junio de mayo de 2017
Anna Zucchetti: Nuevos aires en el Perú
Los nuevos estándares de calidad ambiental del Perú
Para subastar el Complejo Metalúrgico de La Oroya y fomentar la inversión
en otras operaciones mineras e industriales, hace unos días el gobierno
‘sinceró’ los estándares de calidad ambiental (ECA) para el aire del país. La
medida es positiva en tanto incluye parámetros que estaban mal definidos o
excluidos (como el mercurio), establece plazos para definir un protocolo nacional
de monitoreo, define la necesidad de priorizar las zonas de atención crítica y
transfiere al Ministerio del Ambiente (Minam) el liderazgo del Comité de Aire

22. Limpio de Lima y Callao que estaba aletargado en el Ministerio de Vivienda.
Estos pasos son necesarios para encarar técnica y eficazmente la gestión de la
calidad del aire en el Perú.
Pero tiene su envés, pues se ha aumentado el estándar de dióxido de azufre
de 20 a 250 microgramos por metro cúbico por día. Si bien este
‘sinceramiento’ pone al Perú al mismo nivel de todos los países
latinoamericanos que tienen estándares entre 150 (República Dominicana) y
365 microgramos por metro cúbico por día (Panamá, Brasil, Costa Rica, Bolivia,
entre otros), es ciertamente un retroceso desde el punto de vista de la
protección de los ecosistemas y de la salud pública (el dióxido de azufre en
el aire está asociado al incremento de asma, alergias y enfermedades
respiratorias, así como a la acidificación de las lluvias, las aguas y el suelo).
El impacto más inmediato será, probablemente, que se logre subastar la
fundición de La Oroya y recuperen el empleo unos 1.500 trabajadores
vinculados con esta operación, a costa de la salud ya deteriorada de la población
local. Pero siendo un estándar nacional, tendrá un impacto negativo en la
calidad del aire en varias zonas críticas del país, particularmente donde
existen fundiciones, refinerías y concentraciones de operaciones
industriales con calderos obsoletos (Ilo, Lima, Callao, Talara, Arequipa,
Trujillo, Chimbote, entre otras) que no tendrán incentivos para la mejora de su
eficiencia.
El discurso inicial de la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, sobre la
necesidad de adecuar los estándares a las diversas realidades del país, fue
un subterfugio que se hizo manifiesto con la aprobación de un estándar tan alto.
¿Era necesario un salto tan acrobático para todo el país? ¿Por qué no se optó
por estándares diferenciados o por los objetivos intermedios recomendados por
la OMS (125 microgramos por metro cúbico por día)? ¿Qué argumentos
económicos y qué estudios epidemiológicos sustentaron la decisión de
adoptar valores tan estrictos en el 2008 y de relajarlos ahora? Las
respuestas a estas preguntas no quedan claras.
La protección de la calidad del aire debería ir más allá de la definición de los
ECA. El Minam debería empezar un trabajo serio en colaboración con otros
ministerios (Energía y Minas, Transportes, Producción) para definir una
estrategia nacional de calidad del aire asociada a la estrategia de cambio
climático y para trabajar estrechamente con las autoridades regionales y locales
a través de planes que sean eficaces hojas de ruta para mejorar el aire que
respiramos.
Esto pasa por implementar redes de monitoreo funcionales, definir protocolos de
medición estándar, modelizar la calidad del aire, informar adecuadamente a los
ciudadanos e implementar medidas correctas de gestión (desde mejoras del
tránsito urbano, revisiones técnicas vehiculares eficaces hasta incentivos
económicos a operaciones industriales limpias).
También se requiere, junto con el Ministerio de Salud, el Concytec y la academia,
promover estudios epidemiológicos que muestren la poco estudiada relación
entre contaminación e incidencia de patologías respiratorias o cardiovasculares
en nuestras ciudades. Solo una estrategia nacional bien sustentada e
implementada nos dará confianza, a todos los ciudadanos, de que las nuevas
normas no son únicamente un regalo para los inversionistas y una cachetada a
la salud pública, sino un paso hacia la mejor gestión de la calidad del aire.

23. utero.pe, el martes 27 de junio de mayo de 2017
Laura Grados. Esto es lo que pasa cuando escribes una editorial hablando del
"racismo" contra la gente blanca
Durante todo el día, en muchas ventanas de conversación estuvo circulando la
reciente editorial del diario más importante del país. A pesar de ello, pocos han
salido a comentar lo que puede ser considerada la columna más polémica de la
semana.
Bajo el nombre de "Todas las sangres menos una", la editorial de hoy de El
Comercio llama a la reflexión acerca de un presunto racismo inverso. Racismo
contra la gente de piel blanca. Racismo contra quienes tienen en el ADN una
notable ascendencia europea. Racismo contra el color de piel que domina el
mundo (¿?).
Con solo dos ejemplos
Aunque suene extraño, el diario comparó la reacción airada sobre las frases
violentas contra las personas afrodescendientes pronunciadas por el
conductor de radio Phillip Butters, con el mutis ante las expresiones de dos
congresistas de la República. Según ellos, en el segundo caso nadie advirtió
el racismo contra los blancos. Y no, no es una broma. Tampoco fue una columna
irónica.
¿Qué fue exactamente?
Dos hechos puntuales:
Cuando discutían la acusación contra la legisladora del Frente Amplio, Marisa
Glave, sobre el falso pedido de separar el uso del baño entre trabajadoras y
congresistas, su compañero de bancada, Justiniano Apaza, le increpó un
"complejo de superioridad" y la llamó "blanquiñosa".
Por otro lado, durante la presentación del ministro del Interior, Carlos Basombrío
en el Congreso, el parlamentario fujimorista Bienvenido Ramírez pronunció esta
frase que El Comercio califica de racista:
"Por respeto a los peruanos, porque los peruanos no somos gringos como
usted, señor ministro, los peruanos merecemos respeto".
¿Racismo?
Con esto, el diario concluye que existe un doble rasero y que así como nos
indignamos con los calificativos de Butters contra los afrodescendientes también
debemos criticar el racismo contra la gente blanca y rubia. Felizmente algunos,
como el ex viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, respondieron.
"Amigos de El Comercio, lo que tratan en este editorial no se llama
discriminación. Se trata del uso de estereotipos: si una persona tiene la piel
más clara es que tiene más dinero o se cree superior. O ambas cosas. Desde
luego es malo usar estereotipos, por más que resulte que sí hay una correlación
fuerte entre la piel más clara y tener más recursos (…) Pero entiendo su queja
por el uso de los estereotipos. Porque es duro que a alguien le digan que por su
piel alba seguro tiene mucha plata y se creen superiores cuando no es cierto.
Imaginen lo que es que piensen que por nuestro color de piel somos pobres e
inferiores. Y claro, además nos quitan nuestras tierras, nos limitan el derecho al
voto, nos dicen incivilizados, y encima nos brindan un trato peor por nuestro color
de piel, o nos excluyen del acceso a un buen puesto a pesar de tener todos los
merecimientos para ello -eso sí es discriminación-".

24. ¿Se sufre mucho siendo blanco en una sociedad como la peruana?
Nosotros le pedimos ayuda a nuestra amiga Regina Limo para poder explicar
mejor por qué los dos hechos que describieron en la editorial de El
Comercio no pueden aplicar como racismo propiamente dicho.
Para empezar, como dijo el profe Iván Lanegra, se trata de frases basadas en
prejuicios. Esto también es condenable, por cierto, pero no puede ser tan
fácilmente llamado "racismo".
Segundo, el calificativo de "blanquiñoso" es, una vez más, basado en un prejuicio
pero no reproduce ningún sistema de d i s c r i m i n a c i ó n.
No lo reduce a un animal (mono, auquénido).
No apela a su poca capacidad intelectual (los negros piensan hasta las 12).
No hace referencia a sus problemas de salud (te muerde y te da ébola).
Es, como mucho, atribuirle privilegios a alguien (que puede o no tenerlos)
pero no denigrarlo.
Y así podríamos tener una larga lista de lo que genera el racismo y la histórica
discriminación que han sufrido, a lo largo de la historia de la humanidad, aquellas
personas que no tienen la piel blanca. Si hablamos de racismo, evoquemos
sistemas construidos para que prevalezca una raza sobre las demás y que
arrastra consigo otro tipo de exclusiones como las de clase o sexo, que no
hace más que agudizarla violencia en nuestro entorno. No se puede analizar
una tara de la sociedad a partir de una falacia sobre imaginarios dobles raseros.
A veces los privilegios son más imperceptibles que la realidad, todo
depende desde qué color de piel se miren.