2. 1
Contenido
1. INTRODUCCION............................................................................................................................ 3
2. EL ESTADO AUTORITARIO PREBENDAL........................................................................................ 5
2.1 Derechos Humanos ................................................................................................................... 5
2.2 Libertad de Expresión................................................................................................................ 6
2.3 Justicia....................................................................................................................................... 7
2.4 Corrupción................................................................................................................................. 8
2.4 Autonomía............................................................................................................................... 11
2.5 Seguridad Ciudadana............................................................................................................... 11
2.6 Relaciones Internacionales...................................................................................................... 14
3. EL GRAN EMBUSTE SOBRE LA ECONOMÍA ................................................................................ 15
3.1 Crecimiento económico .......................................................................................................... 16
3.2 “Triplicamos el PIB” ¿Será cierto?.......................................................................................... 17
3.3 Salud de la economía .............................................................................................................. 18
3.4 Ingresos fiscales e inversión pública ....................................................................................... 18
3.5 Deuda pública.......................................................................................................................... 20
4. EL MODELO ECONÓMICO FALLIDO............................................................................................ 22
4.1 Modelo en contra-ruta............................................................................................................ 22
4.2 Sectores generadores de excedentes ..................................................................................... 22
4.2.1 Hidrocarburos................................................................................................................... 23
4.2.2 Energía.............................................................................................................................. 24
4.2.3 Minería............................................................................................................................. 25
4.3 Distribución del ingreso y estructura del empleo................................................................... 27
4.4 Sector agropecuario y forestal................................................................................................ 29
4.5 Colonización de las tierras bajas ............................................................................................. 31
5. LA PACHAMAMA TRAICIONADA................................................................................................ 32
5.1 Extractivismo acentuado......................................................................................................... 32
5.2 Matriz energética y devastación de áreas protegidas ............................................................ 32
5.3 Deforestación, Cambio Climático y provisión de agua............................................................ 33
5.4 Agropecuaria, degradación ambiental e inseguridad alimentaria.......................................... 34
5.5 Impacto de la explotación minera........................................................................................... 34
5.6 Impacto de la explotación de hidrocarburos .......................................................................... 35
3. 2
6. LOS POSTERGADOS, OLVIDADOS Y NINGUNEADOS DEL RÉGIMEN........................................... 36
5.1 Salud........................................................................................................................................ 36
5.2 Educación ................................................................................................................................ 37
5.3 Mujeres ................................................................................................................................... 39
5.4 Juventud.................................................................................................................................. 40
4. 3
1. INTRODUCCION
A 35 años de la reconquista de la democracia, hoy nos volvemos a presentar para
enfrentar y derrotar la prepotencia que amenaza nuestras libertades.
La lucha para derrocar a los dictadores fue larga, dolorosa y sangrienta. Muchos
sacrificaron sus carreras y sus patrimonios, vieron a sus familias divididas, tuvieron que
interrumpir sus sueños personales; sufrieron cárcel, persecución, exilio, desaparición
forzada, tortura, y a veces la muerte. Pero la voluntad democrática se impuso.
Esa voluntad democrática era imperfecta, porque nosotros somos imperfectos.
Precisamente por eso sabíamos que la construcción de la democracia debía ser
responsabilidad de todos y, con luces y sombras, los bolivianos trabajamos para ampliar
los derechos. Por eso, cuando los gobiernos de estos 35 años empobrecían o corrompían
la democracia, los ciudadanos salimos a defenderla.
Estos doce años, poco a poco, el gobierno se fue convirtiendo en el gobierno de una
persona; el régimen democrático fue rápidamente sustituido por un régimen autoritario.
El 18 de septiembre, al presentar la demanda de inconstitucionalidad contra la
Constitución, ha decidido recorrer el camino sin retorno hacia la dictadura. Porque son las
dictaduras las que desconocen la voluntad popular y la Constitución. Sólo una dictadura
intentaría burlar la voluntad soberana del 21 de febrero de 2016 encargando a un grupo
de empleados del Poder Ejecutivo, denominado Tribunal Constitucional, poner su
ambición privada por encima del bien común, de la sociedad y de la nación.
Pero una dictadura tiene un dictador. Alguien que se hace coronar. Alguien que se levanta
un museo a sí mismo. Alguien que se compra un avión privado, varios helicópteros,
muchos autos, una enorme seguridad privada. Alguien que promueve la invasión colonial
de cocaleros y petroleros. Alguien que ordena que le amarren los huatos. Alguien que
dirige el gobierno más inútil y corrupto de la historia. Alguien que se hace el ciego ante los
robos en el Fondo Indígena, contratos de YPFB, ENTEL, Bolivia TV, Banco Unión,
Ministerio de Defensa, la empresa china CAMCE, y tantísimos más. Alguien que traiciona a
su propia sangre en Chaparina, en Achacachi, en Caranavi, y podríamos continuar. Alguien
que, como es tan macho, ignora el incremento de feminicidios y quiere que en todas los
vientres embarazados diga: Evo cumple. Alguien que autoriza la represión a todas las
protestas (a los discapacitados, a los obreros, a los alteños). Alguien, un dictador, que
dicta el saqueo de Bolivia.
5. 4
Es el dictador puesto por los que recibieron el encargo de cambiar las cosas, de enterrar la
corrupción, de poner freno a los abusos, de recuperar los recursos de todos para todos, de
no amarrarse a los cargos. Los que se comprometieron a construir una nueva economía,
un nuevo Estado, impulsar la democracia, las autonomías indígenas y regionales, de poner
la educación por encima de la represión y la propaganda. Los que prometieron proteger
nuestros parques nacionales y cambiar nuestro modelo de desarrollo. Los que se
declararon gobierno indígena convirtiendo a tantos dirigentes indígenas y a demasiados
dirigentes campesinos en pongos del poder monárquico. Ellos, los que juraron defender la
Constitución y gobernar obedeciendo al pueblo, no aprendieron, no escucharon, no
corrigieron, no rindieron cuentas. Al contrario, empezaron a incumplir, olvidar, reprimir y
robar y robar y traicionar y traicionar. Y ahora ya no respetan nuestros votos, nuestra
voluntad, la Constitución y las leyes, porque ellos piensan quedarse quinientos años de
cualquier manera.
Por todo esto, finalmente, el movimiento ciudadano ha decidido presentar este informe
alternativo. Porque alguien que ha presentado sus informes sobre el estado de la nación
engañando a todos los bolivianos año tras año requiere una respuesta. Es tarde, lo
sabemos, pero más vale tarde que nunca. Pero, sobre todo, ahora estamos volviendo a
amanecer. Este informe lo demuestra.
6. 5
2. EL ESTADO AUTORITARIO PREBENDAL
El patrimonialismo y el prebendalismo no sólo han recuperado plena vigencia en Bolivia,
sino que además en los últimos doce años se han imbricado de manera perversa con otra
herencia nefasta del MAS: el autoritarismo disfrazado de democracia.
Pero aunque el MAS no ha inventado estos males, ha logrado perfeccionar e imponer esta
trilogía perversa, llevándola hasta extremos a los cuales los bolivianos no estábamos
acostumbrados en democracia.
Así, estas prácticas perversas han adquirido una renovada vigencia en Bolivia, al calor de la
ambición de la nueva oligarquía corporativa enquistada en el poder y a la chorrera de
dólares que le cayeron del cielo al gobierno, como resultado del boom internacional en el
precio de las materias primas.
La desinstitucionalización del estado boliviano, el manejo absolutamente discrecional de
los miles de millones de dólares en licitaciones públicas, la corrupción rampante y la
administración totalmente prebendal de más de 90 mil empleos públicos adicionales a los
25 000 con que contaba el gobierno en 2005, son algunas muestras palpables de este
nuevo modelo político instaurado en el país desde 2006.
Como si esto no fuera suficientemente escandaloso, este manejo patrimonial, prebendal y
autoritario de los recursos de todos los bolivianos ha servido para arrinconar a la sociedad
civil boliviana, cooptando sindicatos, acosando ONGs, intimidando voces disidentes,
reprimiendo indígenas de tierras bajas, asfixiando medios de prensa independientes y
enjuiciando opositores.
2.1 Derechos Humanos
Los derechos humanos fueron uno de los componentes fuertes del discurso del gobierno
cuando llegó al poder en enero de 2006. La reforma constitucional en esta materia tal vez
sea el punto más destacable. Desde 2010 una serie de normas secundarias, políticas y
prácticas han provocado que hoy el balance resulte negativo con relación al ejercicio,
protección y vigencia de los derechos humanos.
Las dos principales entidades de protección de los derechos fundamentales en el país, la
Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional Plurinacional, han dado muestras
irrefutables de su falta de independencia respecto al poder político. A esto debe sumarse
la decisión gubernamental unilateral de retirar del país a la OACNUDH, que para el tiempo
7. 6
que vivimos pudo haber sido la única instancia capaz de poner algún freno al abuso de
poder y de derechos.
Se han aprobado decenas de leyes con disposiciones incompatibles con los estándares
constitucionales e internacionales de derechos humanos. El nuevo código del sistema
penal es solo una más de esas normas. La sociedad civil organizada y las entidades
defensoras de derechos humanos han sido acosadas en todo este tiempo, en la misma
medida en que lo han sido la prensa y los periodistas independientes críticos del gobierno.
Consiguientemente, las libertades de asociación y expresión viven hoy su peor momento
en democracia, igual que los derechos políticos de quienes se oponen al MAS, de sus
disidentes y de quienes hacen pública su opinión y análisis de la situación actual. El
desconocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional del carácter vinculante del
referéndum del 21F, favoreciendo los supuestos derechos políticos de dos personas, en
detrimento de los mismos derechos de la mayoría ciudadana, ha sido el zenit del atropello
a los derechos políticos de las bolivianas y los bolivianas.
El discurso oficialista de los avances que habrían experimentado en estos años los
derechos económicos y sociales, sustentado en la bonanza económica o en la reducción
de la pobreza, es un discurso engañoso, que se funda únicamente en datos económicos,
no así en los verdaderos indicadores que se emplean para medir los avances y retrocesos
respecto a estos derechos en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
De igual forma, el discurso sobre el avance de los derechos de las minorías y de las
poblaciones en situación de vulnerabilidad en este proceso de cambio, no condice con
hechos reales que afectan a estos grupos, como la reducción de la edad mínima para el
trabajo a 10 años, la negación – discriminatoria – a la población LGBTI de la totalidad de
sus derechos fundamentales, la indolencia respecto a las personas con discapacidad, o la
vulneración de los derechos al territorio y a la consulta previa, libre e informada contra
muchas comunidades indígenas
2.2 Libertad de Expresión
Durante los últimos 12 años, el Gobierno de Evo Morales ha desarrollado una estrategia
para controlar a los medios de comunicación basada en varios aspectos, como los
siguientes: asfixia económica, presión indebida de Impuestos Nacionales, chantaje en la
entrega de publicidad estatal, amenaza de no renovar las licencias de funcionamiento a
radios y canales, y amedrentamiento verbal y amenazas de juicios contra periodistas y
propietarios de medios.
8. 7
También el Gobierno, como parte de su interés de controlar a los órganos de prensa,
decidió comprar a los más importantes, mediante empresarios amigos. El caso del
empresario venezolano Carlos Gill es uno de los más conocidos: gracias a su poder
económico, compró las redes ATB y PAT, además de los diarios La Razón y El Extra, cuyo
manejo entregó luego a las autoridades a cambio de realizar otros negocios con el Estado.
Actualmente se puede decir que los medios propiamente independientes son muy pocos y
entre ellos están los diarios de las principales ciudades, como Página Siete, Los Tiempos y
El Deber, además de la agencia de noticias ANF y un puñado de otros programas y medios.
La totalidad de las cadenas de TV y muchas radios están de alguna manera bajo control
gubernamental.
Ese 90% de medios oficialistas, especialmente los televisivos, persistieron durante 2017 en
su campaña para reducir la información política de sus noticieros y el aumento de los
espacios de crónica roja, espectáculos y programas conocidos como “TV basura”.
El empeoramiento de las libertades de expresión y de prensa ha sido reflejado a nivel
internacional. En 2017, Bolivia cayó 15 puestos en el ranking internacional de libertad de
expresión que realiza la entidad Freedom House, ocupando ahora el lugar número 111 del
mundo. En 2016 estaba en el lugar 96 y en 2015, en el 91, por lo que la caída es constante.
2.3 Justicia
Todos coincidimos en que la justicia boliviana se debate en una crisis profunda, resultado
de al menos siete grandes problemas y debilidades:
a) Masiva retardación de justicia. A diciembre de 2016, más de 640.000 juicios penales,
civiles, comerciales, familiares, etc., quedaron en la fase de inicio de investigaciones o
carentes de solución. Ello implica que más de un millón de personas, incluidas sus
familias, quedaron sin resolver los conflictos que les aquejan. Una de las causas de
este componente se encuentra en los defectos de la normativa procesal boliviana.
b) Corrupción funcionaria, fomentada por agentes dotados de poder económico y/o
poder político.
c) Sometimiento de los órganos judiciales al poder político.
d) Fuertes debilidades tecnológicas e infraestructurales.
e) Obsolescencia de los sistemas de gestión frente a la creciente carga procesal y a los
procedimientos orales.
f) Notorias debilidades en la gestión del capital humano y en la formación de jueces,
fiscales, peritos, personal de apoyo, etc.
9. 8
g) Severas restricciones presupuestarias. El presupuesto del Órgano Judicial no pasa del
0,34% del Presupuesto General del Estado, y el del Ministerio Público no llega ni al
0,1%.
Severas restricciones presupuestarias. El presupuesto del Órgano Judicial no pasa del
0,34% del Presupuesto General del Estado, y el del Ministerio Público no llega ni al 0,1%.
Si bien la acción simultánea y combinada de estos conjuntos de causas y factores tiene
larga data, es también innegable que su fuerza y persistencia se intensificaron en la última
década, durante el gobierno del MAS, cuyo principal objetivo fue el de tomar el control de
los servicios de justicia, antes que enfrentar sus debilidades y defectos.
La crisis de la justicia, por tanto, responde a un abanico multidimensional de causas. Por
este motivo, se debería diseñar e implementar un Plan Integral para Construir una Justicia
Eficiente, Independiente y Plural, basado en siete líneas estratégicas de acción, concebidas
para enfrentar: a) la retardación de justicia, b) la corrupción en los servicios judiciales, c)
elevar el perfil científico y técnico del capital humano sectorial, d) construir e implantar la
independencia judicial, incluyendo un nuevo método de selección y designación de las
más altas autoridades judiciales que deje atrás el cuoteo político e) corregir e innovar la
base normativa de la justicia, f) elevar sustancialmente el presupuesto destinado a la
justicia en el país, y g) racionalizar y desarrollar las relaciones, coordinación y cooperación
entre el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Jurisdicción Indígena-originaria.
El mencionado Plan Integral se encuentra ya diseñado en sus componentes centrales y
está integrado por 25 programas estratégicos y 119 proyectos y actividades, cuyo costo no
podrá ser cubierto si el presupuesto del Órgano Judicial no se eleva hasta un nivel ubicado
entre el 1.5% y el 2% del Presupuesto General del Estado y el del Ministerio Público hasta,
al menos, el 0,5% del mismo presupuesto, previa identificación de objetivos precisos,
metas mensurables e indicadores reales de medición.
2.4 Corrupción
La corrupción es sin duda uno de los aspectos que más preocupa a la población boliviana
con relación a la gestión del actual gobierno. Los frecuentes escándalos de corrupción
protagonizados por autoridades de diferentes niveles de gobierno han tenido gran
repercusión mediática, pero casi nunca han tenido un claro desenlace judicial. El desfalco
al fondo indígena, el robo al Banco Unión, el controvertido caso de la expareja del
Presidente y su relación con la empresa CAMC con más de 500 millones de dólares de
contratos con el Estado, la compra irregular de taladros en YPFB, las barcazas chinas, son
tan solo algunos de los casos de corrupción que han escandalizado a la opinión pública.
10. 9
En un intento por mostrar acciones en contra del flagelo de la corrupción, la mayoría
masista en la Asamblea Legislativa aprobó en septiembre de 2017 la Ley 974 (Ley de
Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción), que consiste básicamente en
instalar en las principales entidades públicas unas oficinas dotadas de facultades para
gestionar denuncias de posibles casos de corrupción, exigir información y documentación
a los servidores públicos, hacer seguimiento a los juicios instaurados como resultado de
las denuncias y más de una decena de otras funciones parecidas, repetitivas y hasta líricas
como “promover el desarrollo de la ética pública en las servidoras, servidores y personal
público”. Las “unidades de transparencia” creadas por la mencionada ley no son muy
diferentes a las unidades de auditoría interna creadas por la Ley 1178 (Ley SAFCO) en
1990, excepto en que dichas unidades no solo velan por la licitud y transparencia de todos
los actos de la entidad, sino también por el cumplimiento de los objetivos institucionales y
el uso eficiente de los recursos del Estado. Desde que llegó al gobierno en el 2006, el MAS
ha generado varias leyes que – además de la transparencia en la gestión pública –
pregonan el Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no
seas flojo), trilogía ancestral aymara con la cual han querido identificarse en su retórica
oficial. Entre dichas leyes y normas están la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz (febrero
2010), la Ley de Participación y Control Social (febrero 2013) y la Ley de la Procuraduría
General del Estado (diciembre 2015). Dichas leyes han sido discutidas y sancionadas por la
Asamblea Nacional y promulgadas por el Presidente Morales en medio de bombos y
platillos anunciando que “ahora sí” se lucha contra la corrupción, a diferencia de “antes”.
No obstante, las citadas leyes forman parte de un discurso falaz y no han sido
implementadas sino en contadas ocasiones y solo si se trataba de adversarios políticos del
gobierno, pues los casos de corrupción que han logrado salir a la luz pública son cada vez
más frecuentes, grandes y escandalosos, sin que la opinión pública conozca de sanciones
impuestas a los responsables.
Por otra parte y en forma paralela a sus leyes “anticorrupción”, el gobierno ha creado una
abundante y pesada normativa de contrataciones estatales, como el D.S. 181 (junio
2009), que establece las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios, definiendo diferentes modalidades de contratación, la mayoría de ellas
peligrosamente discrecionales. Antes de crear esa norma general que abre las
contrataciones públicas a la discrecionalidad, el Presidente Evo Morales promulgó el D.S.
9506 (julio 2007), que autoriza a YPFB a realizar contrataciones directas, luego el D.S. 981
(septiembre 2011), que autoriza al Ministerio de la Presidencia la “contratación directa de
obras, bienes y servicios para los proyectos y programas ejecutados por la Unidad de
Proyectos Especiales – UPRE” y el D.S. 1497 (febrero 2013), que establece que las
Empresas Públicas Nacionales y Estratégicas “deberán realizar todos sus procesos de
11. 10
contratación de bienes y servicios de manera directa”. Morales también promulgó el D.S.
2294 (marzo 2015), que autoriza a los Gobiernos Autónomos Municipales más grandes, al
Ministerio de Comunicación, al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y al Ministerio de
Medio Ambiente y Agua, realizar la contratación directa de bienes, obras y/o servicios
generales. Como se puede apreciar, la lógica prevalente del Gobierno es ejecutar la mayor
parte del gasto y la inversión pública mediante “contrataciones directas”, lo cual en
cualquier país del mundo suele ser una rara excepción y nunca la regla, pues el enorme
nivel de discrecionalidad que una contratación directa implica abre de par en par las
puertas de la corrupción y evita una sana competencia que pueda resultar en
contrataciones con proveedores de alta calidad, seriedad y solvencia. Esto es
particularmente peligroso para las contrataciones de entidades que concentran el grueso
de la inversión pública, como son YPFB, ENDE y la ABC, las cuales son precisamente las
que han protagonizado los más recientes escándalos de corrupción y proyectos
fracasados: la compra irregular de tres taladros de perforación; la frustrada contratación
“llave en mano” por 2,200 millones de dólares de la planta de polipropileno a la misma
empresa que había elaborado el pre-diseño y los términos de referencia del proceso de
contratación directa; el proyecto hidroeléctrico de Miguillas de 400 millones de dólares y
la carretera San Buenaventura – Ixiamas de 137 millones de dólares, ambos proyectos
abandonados por la empresa española CORSAN-CORVIAM, después de haber recibido más
de 100 millones de dólares en anticipos y haber firmado – antes de ser contratada por
ENDE y ABC - un contrato privado con unos diligentes “consultores”, comprometiéndose a
pagar el 3,5% y el 5% por la adjudicación de dichos contratos, como ha sido públicamente
denunciado por el Senador opositor Yerko Nuñez, con documentación en mano.
Por si fuera poco, el Gobierno no solo ha decretado que los principales contratos de
inversión pública se hagan mediante contrataciones directas y métodos discrecionales,
sino también ha decidido nombrar a dedo a las autoridades de las principales entidades
públicas, como las ya mencionadas YPFB, ENDE y ABC, pese a que la ley establece que la
Máxima Autoridad Ejecutiva de dichas entidades debe ser nombrada a partir de una terna
aprobada por 2/3 dela Cámara de Diputados. Luego del gran escándalo en YPFB que
terminó con la destitución de su máximo ejecutivo, Guillermo Achá, el presidente Morales
optó por violar la ley una vez más y designar a dedo a su sucesor. El Presidente hizo lo
propio con la ex-presidente de ABC, Noemí Villegas, a quien destituyó en medio de un
escándalo relacionado con los contratos con la contratista española CORSAN-CORVIAM,
designando también a dedo a su sucesor. Si es verdad que el Gobierno busca
transparencia en las contrataciones estatales, debería comenzar por nombrar a las
autoridades de acuerdo a Ley y adoptar un sistema de contrataciones estatales donde la
discrecionalidad y subjetividad no sean la norma.
12. 11
La “Agenda Patriótica 2025”, tan publicitada por el gobierno como su prematura oferta
electoral orientada a que la ciudadanía acepte su inconstitucional prorrogismo, además de
proponer una ambiciosa como irreal inversión pública en varios sectores, dice
textualmente: “debemos tener claro que no puede haber Estado fuerte si no hay
transparencia, ética y moral en la administración pública. Un estado con funcionarios
públicos corruptos, oportunistas, ladrones y flojos es un Estado antipatria”. La gran ironía
es que con el discrecional sistema de compras estatales y la arbitrariedad con la que
designa a las máximas autoridades de las principales entidades públicas, el gobierno
masista ha creado un verdadero Estado antipatria por diseño y legalizado en la norma.
2.4 Autonomía
La Bolivia autonómica es en la actualidad tan solo un buen propósito carente de
contenido. Conforme al desinterés del gobierno en el tema, pues nunca creyó en las
autonomías sino en la más pura visión centralista del poder y del desarrollo, la Ley Marco
de Autonomía y Descentralización de 2010 ha resultado ser efectivamente un
impedimento para el desarrollo de las regiones y gobiernos locales. El proceso se ha
concentrado sobre los requerimientos burocráticos y normativos, haciendo de la
elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas el fin y no el medio. El engorroso marco
también ha servido para que no existan más autonomías indígena originario campesinas y
para impedir la reorganización territorial del Estado: no ha habido ningún cambio de
límites para consolidar los territorios indígenas, ni un referendo por límites. Finalmente,
su proceso de Pacto Fiscal es una farsa, donde se reúne dos veces por año a autoridades
subnacionales para revisar estadísticas y normas, pero donde no hay la más mínima
voluntad de cambiar la asignación presupuestaria de un solo centavo a las autonomías, a
las cuales ya se las ha perjudicado confiscándoles recursos año tras año, perpetuando el
régimen tributario neoliberal de 1986 heredado del MNR. Cómo único acto honesto, ha
eliminado el Ministerio de Autonomías, que no había producido nada relevante los
últimos siete años, mostrando el estado en coma de las autonomías, estado en el que
deseaban tener al proceso autonómico.
Para reconducir el proceso, se debe reformar la Ley Marco de Autonomías, detener la
centralización de los recursos y de las competencias, pero no será este gobierno quién lo
haga, desde el centralismo anti-metropolitano, anti-indígena y anti-regionalista.
2.5 Seguridad Ciudadana
En lo que respecta a la inseguridad ciudadana, lo poco que se conoce es a través de los
medios de comunicación, donde las denuncias que logran visibilizarse son únicamente
debido a su dramatismo o sordidez, ocultando la realidad de una sociedad impotente y
13. 12
desprotegida ante la creciente ola delictiva. Por ello, no llama la atención que en 2014, de
acuerdo a encuestas de percepción (Ipsos, PADEM y LAPOP), la inseguridad ciudadana
ocupaba los primeros lugares entre las mayores preocupaciones de los ciudadanos, por
encima del desempleo y la corrupción.
Sin embargo, el Gobierno se niega sistemáticamente a aceptar el dramático incremento
de la delincuencia en la última década, y que los delitos conexos al narcotráfico se deben
en gran medida a los cárteles de la droga transnacional que operan en Bolivia.
Si bien la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes durante el periodo 2005-2015
en Bolivia no fue la más alta de los países andinos (ver gráfico a continuación), Bolivia fue
uno de los países de este grupo de naciones que experimentó el crecimiento más
constante. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el
2006 la tasa de homicidios era de 6,4. En contraste, en 2012 (el último año del que la
UNODC tiene datos para Bolivia) la tasa llegó a 12,4, habiendo crecido casi el doble en un
periodo de apenas seis años.
Tasa de Homicidios Países Andinos por cada 100,000 habitantes, 2005-2015
Fuente: En base a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) procesados
por el Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial
La inversión en seguridad ciudadana con relación a la inversión pública ejecutada total es
insignificante. En 2015, cuando la inversión total ejecutada llegó a su máximo (4,892
millones de dólares) en seguridad ciudadana sólo se invirtió la suma de 24 millones de
dólares, lo que equivale a 0.049% de la inversión total ejecutada. En el siguiente gráfico se
0
10
20
30
40
50
60
70
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
14. 13
observa el comportamiento de la inversión en seguridad ciudadana y de la inversión
pública ejecutada total durante el periodo 2007-2015.
Inversión en Seguridad Ciudadana y Ejecutada Total, 2007-2015 (en millones de dólares)
Fuente: En base a datos del VIPFE.
Y si bien el equipamiento es muy importante para un mejor trabajo de la Policía, la actual
crisis de inseguridad ciudadana exige respuestas mucho más integrales que las
tradicionales entregas de motos y laques para la Policía en cada aniversario de la
institución.
En este sentido, la reforma policial sigue siendo una de las grandes tareas inconclusas de
los últimos 30 años. El gobierno del MAS tuvo condiciones casi ideales para realizar dicha
reforma: tiempo, recursos económicos, estabilidad política y apoyo ciudadano, pero no
tuvo la visión estratégica para encarar esta reforma crucial exigida por la sociedad
boliviana. No es pues una casualidad que la Policía Nacional inevitablemente salga ubicada
entre las instituciones con peor imagen ante la opinión pública.
Lamentablemente, el MAS prefirió mantener a la Policía como una guardia pretoriana que
los proteja del descontento popular, a tener una policía al servicio de los ciudadanos. La
extrema politización que instauró el MAS para mantener el control de la Policía Nacional
ha acabado erosionando gravemente su institucionalidad, autoestima y profesionalidad.
En este sentido, resulta algo irónico que a pesar de que la Policía fue el pilar represivo más
importante del gobierno, éste privilegió a las Fuerzas Armadas tanto en salarios,
presupuestos y equipo.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Seguridad Ciudadana
Total Ejecutada
15. 14
Por ello es que uno de los cambios mas importantes en materia de seguridad ciudadana es
hacer de la Policía una institución dedicada a proteger a los ciudadanos y no al poder
político.
Consecuentemente, para mejorar la seguridad ciudadana de manera integral y no
solamente seguir haciendo más de lo mismo, se deberá revertir la desinstitucionalición y
politización que ha sufrido la Policía en estos 12 años, iniciar un proceso de nivelación
salarial entre la Policía y las Fuerzas Armadas, readecuar los criterios de selección del
personal policial, iniciar un proceso radical de descentralización del personal policial,
adecuar los programas de estudio de la Policía a las necesidades de la ciudadanía, quebrar
la lógica de confrontación con las policías municipales y hacer del uso de métodos
científicos una constante en el trabajo policial.
2.6 Relaciones Internacionales
En el área internacional, la gestión de Evo Morales se caracterizó por privilegiar su agenda
ideológica y partidaria por encima de los intereses nacionales. Esto nos ha llevado a
perder grandes mercados para nuestros productores y artesanos, y a un creciente
aislamiento y desprestigio internacional, debido a la tozudez del Gobierno en relacionarse
preferentemente con dictaduras como la venezolana o la de Guinea Ecuatorial, en
detrimento de otras naciones democráticas.
Tampoco puede entenderse la nula voluntad política del Gobierno boliviano para mejorar
sus relaciones bilaterales con países claves para nuestras exportaciones, como ser Brasil y
Argentina, naciones con las que en el corto plazo tendremos que renegociar los contratos
de exportación de gas natural. Como si esto no fuera suficiente, estos países acogen a
millones de migrantes bolivianos, quienes se beneficiarían de un mejor relacionamiento
con los gobiernos de las naciones que los acogen.
A pesar del apoyo interno que generó la demanda boliviana ante la Corte Internacional de
La Haya para lograr una salida soberana al mar, Evo Morales ha politizado dicha gestión
hasta un extremo tal, que la credibilidad del Gobierno para concluir esta demanda ha
quedado en entredicho. Esta falta de legitimidad se ha visto empeorada por la decisión del
Gobierno de violar la Constitución para reelegir a Evo Morales. La demanda marítima es
una política del Estado boliviano y de todos los ciudadanos de este país, no de un
gobierno.
La solución a nuestro aislamiento pasa por desideologizar las relaciones internacionales de
Bolivia y vincularnos nuevamente con países clave para nuestros intereses nacionales.
Uno de los instrumentos centrales para lograr esta reinserción internacional es recuperar
16. 15
una carrera diplomática profesional, la cual fue destruida por el Gobierno del MAS, como
parte de un proceso mayor de desinstitucionalizacion del Estado boliviano.
3. EL GRAN EMBUSTE SOBRE LA ECONOMÍA
La economía boliviana experimentó entre el 2006 y el 2014 el shock externo positivo más
prolongado y significativo desde la fundación de la república. Dicho shock externo fue el
resultado de un incremento sustancial en el precio internacional de nuestras
exportaciones, lo cual trajo al país una bonanza sin precedentes, la cual ha sido
irresponsablemente desaprovechada por el gobierno del MAS. Por si fuera poco, Evo
Morales y la cúpula oficialista no han escatimado oportunidades ni recursos públicos para
desplegar una propaganda que atribuye el espectacular incremento en los ingresos
fiscales a la “nacionalización de los hidrocarburos”, medida dictada por el D.S. 28701 de
mayo de 2006. Muy al contrario de lo que pregona el gobierno, la mayor parte de los
ingresos fiscales provenientes de la renta gasífera, obtenidos durante la última década, se
deriva de las regalías (existentes desde hace más de 50 años) y del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH), establecido mediante la Ley 3058 de mayo de 2005. Pero lo más
importante es que el aumento de los ingresos gasíferos se debió de manera principal al
incremento en los precios de exportación del gas, como se refleja en el siguiente gráfico:
Composición de la renta gasífera
Fuente: “Breve Análisis del Sector de Hidrocarburos en Bolivia”, Mauricio Medinaceli , octubre 2016 en base
a datos oficiales de YPFB, SIN y Ministerio de Energía e Hidrocarburos
El segmento azul de las barras del gráfico corresponde a los ingresos atribuibles a la
llamada “nacionalización”, en tanto los segmentos rojo y verde corresponden a los
ingresos atribuibles a IDH y regalías, ambos existentes antes de la llegada de Evo Morales
al Gobierno. Una rápida mirada al gráfico nos revela que los ingresos atribuibles a la
17. 16
“nacionalización” son un componente minoritario, además de estar destinados de manera
exclusiva a la estatal YPFB y no a los ingresos del Tesoro General de la Nación.
3.1 Crecimiento económico
El promedio de crecimiento del PIB durante el periodo 2000-2006 fue de 3,3%, comparado
con un promedio de 5,1% para el periodo 2007-2016. No obstante, si bien el crecimiento
promedio del PIB durante la década del gobierno del Presidente Morales fue superior al
del periodo anterior, el crecimiento del PIB boliviano en la década comentada es
comparable con el crecimiento económico que han experimentado los países de la región
sudamericana, como refleja el siguiente gráfico:
Crecimiento del PIB en Sudamérica:
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BO
El promedio de crecimiento de 5.1% del PIB boliviano entre 2007 y 2016 es apenas
ligeramente superior al promedio general de la región sudamericana para el mismo
periodo, que fue de 4,8%. El país que menor crecimiento tuvo durante el periodo en
cuestión fue Venezuela, registrando un promedio de 2,1%, en tanto que el Perú tuvo el
mayor crecimiento en la región, registrando un promedio de 5,7%. Es interesante notar
que, en términos generales, los países sudamericanos que han tenido gobiernos de
“izquierda” y se han caracterizado por una intensa colaboración política y afinidad
ideológica entre ellos en torno al “Socialismo del Siglo XXI”, (Venezuela, Ecuador,
Argentina y Brasil), registraron crecimientos promedio menores a los registrados por los
países cuyos gobiernos han tenido tendencias más moderadas hacia el centro-izquierda y
centro-derecha política (Colombia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay).
18. 17
Los datos anteriores prueban que el crecimiento económico que ha experimentado Bolivia
ha sido el resultado del crecimiento de los precios internacionales de sus exportaciones,
en mucha mayor medida que a consecuencia de políticas económicas o sociales que haya
aplicado o dejado de aplicar el gobierno. De hecho, la última vez que Bolivia experimentó
un shock externo positivo, en la forma de un periodo prolongado de altos precios
internacionales para sus productos de exportación, fue en la década de los 70’s del siglo
pasado, durante la dictadura del Gral. Hugo Banzer. Durante los 7 años (1971 – 1978) de la
dictadura banzerista el PIB creció en un promedio de 5,5%, comparado con el 5,1% de
promedio durante los primeros 7 años de gobierno del Presidente Evo Morales (2007 –
2013). El siguiente gráfico refleja el crecimiento del PIB en estos dos periodos de la
historia económica boliviana, tan diferentes en su concepción política – una dictadura
militar de derecha y un gobierno ‘izquierdista’ que pregona “el socialismo del siglo XXI”:
Crecimiento del PIB durante los últimos dos shocks externos:
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BO
Como se puede observar, durante el banzerato el crecimiento del PIB alcanzó un 8.0% en
su segundo año (1973), porcentaje muy superior al máximo de 6,7% experimentado
durante los años de gobierno de Evo Morales. Este gráfico demuestra que el crecimiento
del PIB en Bolivia, en ambos casos, ha tenido mucho más que ver con los altos precios
internacionales de nuestras exportaciones, que con las políticas económicas y sociales de
ambos gobiernos.
3.2 “Triplicamos el PIB” ¿Será cierto?
El gobierno del MAS se ufana de haber “triplicado el PIB”, confundiendo a la población al
presentar el PIB nominal (a precios corrientes), pero expresándolo en dólares a un tipo de
cambio artificialmente sub-valuado, lo cual resulta en un PIB en dólares sustancialmente
19. 18
inflado. Si el gobierno de la UDP hubiera utilizado tan falaz método de cálculo, hubiera
podido ufanarse de haber hecho crecer el PIB 18 veces entre 1982 y 1985. Este engaño
numérico ha tenido para Evo Morales múltiples beneficios, pues lo ha hecho aparecer
falsamente como un estadista preclaro que sacó a su país y a millones de bolivianos de la
pobreza, que el PIB per cápita subió de 900 a más de 3000 dólares y que la deuda externa
es del 23% del PIB. Algunos economistas ortodoxos podrían argumentar que si el tipo de
cambio, aunque subvaluado, puede ser sostenido por una balanza de pagos y un nivel de
reservas internacionales adecuado, el PIB expresado en dólares es ni más ni menos aquel
que resulte de dividir el PIB en bolivianos corrientes por el tipo de cambio vigente. No
obstante, este resultado nos da un PIB nominal en dólares bastante hinchado con la
inflación boliviana. Indistintamente del método utilizado para medir el tamaño del PIB,
la realidad es que lo que verdaderamente se triplicó fue le deuda pública boliviana.
3.3 Salud de la economía
En contraste con la propaganda oficial, el crecimiento del PIB no refleja la construcción de
una economía saludable y sostenible. Mientras la economía real (que genera el ingreso de
la sociedad mediante el valor agregado, el empleo y las exportaciones) aportaba el 75%
del crecimiento del PIB en 2005, a junio de 2016 su aporte al crecimiento se ha reducido al
44%; por el contrario, la economía rentista formada por los servicios financieros, la
administración pública, y los impuestos (sectores que no generan valor sino que se nutren
del ingreso que genera la economía real) contablemente duplicaron del 25% al 56% su
aporte al crecimiento en el mismo período.
Esta tendencia muestra la reducción de las actividades productivas (cierre de empresas) y
es la causa fundamental para que la economía boliviana pierda su capacidad de generar
los puestos de trabajo y las oportunidades de empleo productivo que permitan incorporar
dignamente al mercado laboral a todas las y los bolivianos, obligando a los jóvenes y a la
creciente masa de desempleados a la precariedad del “cuentapropismo”. Por tanto,
alienta de forma prebendal la “parásito-burocracia” corrupta, ineficiente y
profundamente anti-productiva y anti-emprendedora, mientras que cada año el sistema
financiero capta rentas (intereses) por más de 3.000 millones de dólares.
3.4 Ingresos fiscales e inversión pública
El gobierno del MAS se benefició con un crecimiento espectacular de los ingresos fiscales,
pero dedicó sólo un 21% a la inversión pública, destinando el 79% a gastos corrientes que
no han mejorado en nada los servicios de la administración pública. El crecimiento de los
ingresos fiscales no fue el resultado de ninguna de sus políticas económicas sino la
consecuencia del crecimiento del valor de las exportaciones bolivianas, las cuales a su vez
20. 19
se tradujeron en un incremento similar en el valor de las importaciones. Este significativo
incremento del valor de nuestro comercio exterior repercutió de manera similar en los
ingresos fiscales (recaudaciones), los cuales subieron de 2,000 millones de dólares en el
2005 a 9,000 millones el 2014. Con un nivel sin precedentes de ingresos fiscales, el
gobierno del MAS incrementó sustancialmente el gasto corriente (sueldos de la
administración pública, viajes y viáticos, servicios, propaganda gubernamental, cumbres
sociales, viajes de avión y helicópteros, etc.), pero solo incrementó marginalmente la
inversión pública, como se refleja en el siguiente gráfico:
Comercio exterior, recaudaciones e inversión pública
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, UDAPE, VIPFE e
INE.
Entre el 2006 y el 2016, el gobierno del MAS recibió 66,474 millones de dólares de
ingresos fiscales, pero sólo destinó 29,520 millones a la inversión pública. Sin embargo,
15,575 millones de esa inversión fueron financiados con crédito externo, crédito interno y
donaciones, por lo que tan solo 13,945 millones (21%) de los ingresos fiscales fueron
destinados a la inversión pública. Para colmo, durante el gobierno del MAS la prioridad de
la inversión pública y la consiguiente asignación de recursos se desplazó del sector social
hacia el sector productivo irresponsable e ineficientemente gestionado. En el 2006 la
inversión productiva representaba el 16% del total y en el 2016 esa participación subió al
37%, concentrada notablemente en hidrocarburos (YPFB) con el 14% y en energía (ENDE)
con el 9% del total invertido entre el 2006 y el 2016. Desde su “re-fundación” en el 2007,
tanto YPFB como ENDE han demostrado serias deficiencias de gestión y capacidad técnica
en la ejecución de la inversión pública, además de haber protagonizado problemas de
21. 20
falta de transparencia y escándalos de corrupción. Lo peor es que los planes futuros del
gobierno del MAS en su “Agenda Patriótica 2025” apuntan a inversiones productivas
mucho mayores - financiadas con mayor endeudamiento público – pese a los muy serios
cuestionamientos sobre la pertinencia y rentabilidad de los proyectos productivos.
Por otro lado, el 90% de la inversión pública en infraestructura va al subsector de
transporte, del cual la ABC ha ejecutado solo el 45% – equivalente a menos de 3.000
millones de dólares desde el 2006 y a un promedio anual que no llega a los 600 millones
de dólares – que es menos de la tercera parte de los que en repetidas ocasiones ha
informado el Gobierno. La gestión y eficiencia de la ABC dista mucho de lo que muestra la
propaganda oficial, puesto que la agencia vial ha fracasado en 33 proyectos carreteros que
terminaron con las obras abandonadas y resolución de contratos por más de 1,300
millones de dólares. Por si fuera poco, a febrero de 2017, la institución tenía una cartera
de 88 proyectos por más de 5,000 millones de dólares sin terminar, algunos de los cuales
se iniciaron antes de la fundación de la ABC el año 2006.
Pese a los anuncios del gobierno, en sentido de estar aplicando políticas “anti-cíclicas” con
la inversión pública para estimular la demanda agregada, ha priorizado las inversiones
intensivas en capital (energía e hidrocarburos) en detrimento de la inversión intensiva en
mano de obra y generadora de empleo (inversión social y de infraestructura). Por otro
lado, pese a haberse aprobado una CPE autonómica en 2009 y la Ley Marco de
Autonomías el 2010, la concentración de la inversión pública en el nivel central era de 43%
en el 2006 y llegó al 82% en el 2016.
3.5 Deuda pública
La creciente deuda externa que Bolivia ha contraído en la última década merece nuestra
atención. Sin embargo, primero es relevante hacer una breve revisión de nuestra historia.
Durante el gobierno de Banzer la deuda externa creció dramáticamente. Esta creciente
acumulación tenía los siguientes objetivos: financiar proyectos de infraestructura (de los
cuales algunos fueron fallidos, como el intento de producir petróleo crudo), y de
enriquecer una pequeña parte de intereses privados que tenían acceso al sector público.
Este nivel alto de endeudamiento externo causó grandes estragos en la economía
boliviana en las siguientes tres décadas. Tras un largo proceso de desendeudamiento, el
cual inició en 1985, finalmente el 2007 la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral
perdonó casi un 60% de la deuda y así Bolivia pasó de tener una deuda de 4,942 millones
de dólares a 2,065 millones de dólares.
22. 21
Desde el 2007, la deuda externa boliviana se multiplicó por 4.28 veces, subiendo a 8,844
millones de dólares al mes de septiembre de 2017. Como porcentaje del PIB la deuda
externa mostró un incremento sostenido a partir de 2012, llegando a representar 24% en
septiembre de 2017. A pesar de que este nivel de endeudamiento no es extremadamente
alto, lo que preocupa sobremanera es el constante crecimiento y el destino de esta deuda.
Este crecimiento responde a la caída de los precios de las materias primas y a una
necesidad del gobierno de mantener los mismos niveles de inversión pública. Cabe
recalcar que el nivel de endeudamiento que el gobierno está contrayendo está en función
de una expectativa de precios más altos de las materias primas o un incremento de la
demanda de gas en un próximo futuro. Sin embargo, es muy difícil asegurar esta situación.
Los principales acreedores son los organismos financieros internacionales. De los cuales, la
mayoría de los créditos fueron destinados a proyectos que sufrieron escándalos de
corrupción y presentaron fallas significativas poco después de ser entregados (las
carreteras Quiquibey-Yucumo y la doble vía La Paz-Oruro son sólo ejemplos). En otras
palabras, la deuda externa no es una deuda que está dejando proyectos de infraestructura
que aseguren desarrollo y crecimiento económico para las futuras generaciones, sino es
una deuda que contraemos que se va al agua, y que en el futuro tendremos que pagar con
interes. Se estima que en términos consecionales se tendrá que pagar aproximadamente
45 millones de dólares por año sólo en intereses.
Por otra parte la deuda interna, sin contar la deuda del TGN, llegó a 4,789 millones de
dólares el 2016. En resumen, la deuda pública al 31 de diciembre de 2016 alcanzó los
siguientes niveles:
Deuda interna del TGN $ 4,321 millones
Deuda interna de otras entidades públicas $ 4,789 millones
Sub- total deuda interna $ 9,110 millones
Más: deuda externa $ 7,268 millones
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA $16,378 millones
Se podría argumentar que los recursos de la deuda pública fueron invertidos para generar
un mejor futuro para los bolivianos, al igual que una familia que se presta dinero para
invertir en un buen negocio, pero basta una mirada a los proyectos de inversión pública
para identificar la irresponsabilidad, la corrupción y el desplifarro en la inversión. No
obstante, esta descomunal deuda pública la tendremos que pagar los contribuyentes
bolivianos, en particular los jóvenes que acaban de ingresar al mercado laboral y los
consumidores formales urbanos. Como están las cosas y el sistema tributario, “la factura y
los platos rotos” no la van a pagar las cooporaciones privilegiadas por el gobierno del MAS
con el gasto público, como ser los cocaleros del Chapare, quienes no contribuyen con
23. 22
nada al erario nacional pero han recibido miles de millones de dólares en inversión y gasto
público en los últimos 12 años.
4. EL MODELO ECONÓMICO FALLIDO
Junto a la supuesta “nacionalización de los recursos naturales”, el gobierno ha utilizado su
“Modelo Económico Social Comunitario Productivo” para intentar atribuirse los méritos,
que no le corresponden, por los ‘buenos’ indicadores económicos y la bonanza vivida la
última década.
4.1 Modelo en contra-ruta
El modelo se basa sobre la premisa fundamental de que el país tiene “sectores
estratégicos generadores de excedentes”, que son los hidrocarburos, la minería y la
electricidad. Los excedentes producidos por dichos sectores estratégicos pasan - con la
intermediación del Estado - a los “sectores generadores de ingreso y empleo”,
compuestos por la industria manufacturera, la agricultura, comercio, transporte,
construcción, etc. En su calidad de propietario de los sectores estratégicos, el Estado
redistribuye los excedentes entre dichos sectores estratégicos y aquellos sectores
generadores de ingresos y empleo, además de los sectores sociales más vulnerables, con
el propósito de reducir la pobreza. Esta redistribución se logra mediante transferencias
condicionales como el Bono Juancito Pinto, el Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy. La
redistribución también se logra mediante subvenciones cruzadas y políticas sociales. Por
su parte, la transferencia de excedentes de los sectores estratégicos a los sectores
generadores de ingreso y empleo, llevaría a la industrialización de los sectores
productivos.
Sin embargo, la realidad es diametralmente opuesta al discurso, puesto que los ingresos
operativos del conjunto de la empresas públicas totalizaron 3,709 millones de dólares
entre el 2011 y el 2016, en tanto la inversión estatal en las empresas públicas de los
“sectores estratégicos generadores de excedentes” fue de 5,704 millones dólares. Es
decir, por cada dólar que los sectores estratégicos aportaron al “Estado redistribuidor”,
éste invirtió un dólar y medio en dichos sectores. El medio dólar de diferencia provino del
sector privado, es decir, de las empresas y los ciudadanos bolivianos. En otras palabras, el
modelo económico del gobierno del MAS está avanzando en contra-ruta sobre la base de
la deuda y nuestros impuestos.
4.2 Sectores generadores de excedentes
Pese a que los recursos que han recibido del Estado son mayores a las utilidades que han
generado, los “sectores estratégicos generadores de excedentes” se encuentran en
24. 23
estado crítico luego de 12 años de políticas erráticas, voluntaristas y desacertadas del
gobierno del MAS.
4.2.1 Hidrocarburos
Desde 2006 a la fecha YPFB ha tenido ocho Presidentes Ejecutivos, lo cual refleja los
tropiezos que el gobierno enfrenta en el manejo de nuestros hidrocarburos. Muchos
hechos de corrupción y ningún descubrimiento de YPFB como operador son el resultado
más llamativo de este periodo, acentuado por los dos fracasos exploratorios de YPFB
Petroandina SAM (Timboy y Lliquimuni). Dos certificaciones de reservas en las gestiones
2009 y 2013 prueban que nuestras reservas están estancadas en 10 TCF y que la atracción
de inversión privada en exploración es baja y la estatal petrolera fomenta el crecimiento
irracional de la producción, y en consecuencia consume nuestro gas más rápido
generando que campos importantes como San Alberto o Itau se encuentren en
declinación y que empresas transnacionales como Repsol, Petrobras y Total sean
fundamentales para que este barco no se hunda.
En cuanto a la comercialización, el gobierno no ha podido frenar la subvención y debido a
la bajada del precio internacional del petróleo nuestra renta petrolera en 2017 ha caído
más del 65% respecto a 2014, lo cual muestra que los más de 30.000 millones de dólares
en ingresos fueron en mayor medida por efectos del precio y no de la nacionalización.
Respecto a la “industrialización”, tenemos dos plantas de separación de líquidos que
funcionan con capacidad ociosa y una planta de Urea y Amoniaco que ha registrado fallas
a pocos meses de comenzar la producción, ineficiente en la generación de valor debido a
una inadecuada localización en Bulo Bulo cuando el producto se vende al mercado
brasilero principalmente.
Asimismo, el gobierno en doce años aun no ha podido definir las competencias de los
actores del sector mediante una Ley de Hidrocarburos que reemplace a la Ley 3058 de
2005 obsoleta en esta coyuntura. Como consuelo ha promulgado una Ley de Incentivos
que genera más dudas que certezas en los inversores privados y en las regiones
productoras, que solamente favorece a empresas que ya están en producción como
Repsol, otorgándoles la posibilidad de extender sus contratos actuales a más de 40 años y
que ha retrasado la firma de importantes contratos de exploración que YPFB tenía
negociados desde 2013 como es el caso de Astillero y San Telmo.
Cifras extraordinarias de inversión extranjera y renta petrolera futura son la manera en la
que el gobierno pretende minimizar el retraso de la actividad petrolera en los últimos
años, lo que no dice el Ministro es que no todos los proyectos exploratorios serán exitosos
y por ende esas cifras se reducirán hasta en un 80%. Un mediocre Foro de Paises
25. 24
Exportadores de Gas donde ofrecimos hasta el altiplano pese a no tener certeza sobre su
potencial y donde se obtuvo un acuerdo de cooperación con Guinea Ecuatorial, país con
menos expertise que nosotros son el “cherry sobre la torta”, como diría el Ministro
Sanchez.1
Finalmente, tres taladros chinos comprados por 60 millones de dólares que funcionan con
fallas y otros tres que no pudo adjudicarse a Tecnimont y que dejó a dieciocho personas
procesadas por indicios de corrupción incluido el ex Presidente Ejecutivo Guillermo Achá
fueron una muestra del mal manejo administrativo de la estatal petrolera, que además
incrementó el salario de sus trabajadores en 250% en los últimos 10 años e incrementó 10
veces su planilla de trabajadores, la mayoría a contrato de plazo fijo y sin goce de
vacaciones.
4.2.2 Energía
El plan de reelección perpetua, denominado Agenda 2025 (o ¿patriótica?) revela su
carácter regresivo, anacrónico y depredador en su sección dedicada a energía e
hidrocarburos, tanto como en los planes acompañantes contenidos en el PGDES 2015 a
2020.
De todo su contenido puede rescatarse el objetivo de transformar la matriz eléctrica,
desplazándola de su actual 70% quema de combustibles fósiles vs 30% hidro, mediante la
construcción de pequeñas y medianas generadoras que ya deberían estar concluidas, para
poder reemplazar las termoeléctricas.
En contraste, los 27.000 millones de dólares asignados a mega-hidroeléctricas (Chepete,
Rositas, Cachuela Esperanza) para exportar electricidad en casi todos los casos,
representan el mayor riesgo afrontado por nuestro país, en toda su historia, de adquirir
una deuda gigantesca (el doble o más del doble de lo proyectado, como enseña la
experiencia de construir mega-represas en el mundo y cualquier obra pública en Bolivia) y
con ella una dependencia financiera, económica y política asfixiantes; todo para
supuestamente vender una electricidad a precios ínfimos e incluso subvencionados,
porque ninguna de estas obras ha sido pactada con los posibles compradores.
Además de esa catástrofe y por encima de ella, la construcción de estas obras que solo
significan beneficios para los financiadores, empresas constructoras y burocracia corrupta
que las negocia, significa daños letales sobre las dos mayores cuencas que son las de los
ríos Beni (Chepete-Bala) y Mamoré (Rositas al afectar al río Grande) y sobre una
1
Energy Press Nro 880 - Enero 2018
26. 25
gigantesca área de influencia de estos ríos, con eliminación de bosques, erradicación de
pueblos indígenas, liquidación de biodiversidad y todas las consecuencias que eso acarrea.
El uso integral de los recursos de estas cuencas, sin mega-represas, desbosques y éxodo
de pueblos, con una estrategia de convivencia armónica y respetuosa puede convertirse
en la base de una economía distinta, no propuesta hasta hoy ni por el MAS, ni por ninguno
de los partidos políticos que compiten con él.
Convertir a Bolivia en el primer país sudamericano que planifique salir de la dependencia
de los combustibles fósiles y que apueste a colocarse en el uso e investigación de energías
eólica, solar y otras energías limpias es una alternativa real y compleja pero alcanzable,
que puede permitirnos el cambio de matriz energética, productiva y de horizonte de vida
de nuestra sociedad.
4.2.3 Minería
En el Siglo XXI la minería mundial transcurrirá dentro de una perspectiva de continua
innovación tecnológica y productiva y de incorporación de valor agregado, buscando
además un enfoque integrador de desarrollo humano, que considera a la vez los objetivos
económicos, sociales, ambientales y de gobernabilidad. Esas condiciones no se dan
actualmente en Bolivia.
Pese a la variedad y al potencial de los recursos mineralógicos del territorio boliviano, la
minería boliviana dista mucho de adecuarse a las tendencias y desafíos de la minería
mundial del siglo XXI para una minería sustentable. El sector minero se encuentra sumido
en una crisis profunda provocada por la total incoherencia de la gestión y políticas
públicas sectoriales de los últimos 12 años. Como resultado de ello, el sector está
compuesto actualmente por un minúsculo número de operaciones mineras formales ( no
más de seis) y por un gran número de minas pequeñas (más de mil), operadas en su
inmensa mayoría por cooperativas mineras, que realizan sus actividades en el margen de
la informalidad.
El minúsculo grupo de operaciones mineras formales se caracteriza por un cierto grado de
innovación tecnológica, productividad, aprovechamiento racional de sus recursos
minerales, empleo formal, protección del medio ambiente, seguridad y capacitación
laboral, responsabilidad social empresarial y generación de ingresos fiscales. Estas
empresas mineras contribuyen con aproximadamente el 60% de las exportaciones
mineras de Bolivia pero emplean tan solo al 4,2% de la fuerza laboral del sector. En razón
a la inseguridad jurídica del país, dichas empresas no están invirtiendo en exploración; sus
esfuerzos se limitan tan solo a explotar las reservas con las que ya cuentan. En
27. 26
consecuencia, los horizontes de estas empresas en el país están limitados a la vida útil de
sus actuales operaciones, algunas de las cuales ya están en etapa de agotamiento. Por
consiguiente, sus actividades no son sustentables.
Por otro lado, la inmensa mayoría de las operaciones mineras se caracteriza por la
depredación y parcelación de los yacimientos minerales, fuerte contaminación ambiental,
condiciones inhumanas de trabajo, falta de capacitación y seguridad laboral; carecen de
asesoramiento y asistencia técnica y su acceso a fuentes formales de financiamiento es
casi nulo. La contribución de estas minas a los ingresos fiscales es mínima y su efecto en el
desarrollo humano de las regiones es negativo. Sin embargo, este sector contribuye con
aproximadamente el 34 % de las exportaciones mineras y ocupa el 91 % de la fuerza
laboral de la minería boliviana. No obstante su importancia en la producción de minerales
y en la generación de empleo, la actividad de las cooperativas mineras es altamente
dependiente de las cotizaciones y de la accesibilidad a sus parajes mineralizados y no se
vislumbra que sea sustentable en el mediano plazo en las condiciones bajo las cuales se
desempeña, propiciadas por la actual gestión pública.
Por su parte, la minería estatal (COMIBOL) es cada vez más deficitaria y se encuentra
atravesando, nuevamente, por una aguda crisis provocada por factores negativos, entre
los cuales están su rezago tecnológico, la falta de exploración y desarrollo de reservas
minerales, burocracia superlativa, inadecuadas prácticas de comercialización, corrupción,
proyectos mal dimensionados e irrentables, problemas laborales y de gestión
administrativa y operativa, deficiente gestión ambiental, carencia de recursos humanos y
otras, que se manifiestan en excesivos costos de producción, inversiones irrentables y en
la acumulación de pasivos ambientales.
Este panorama desolador contrasta dramáticamente con la pujanza de los sectores
mineros de países andinos vecinos nuestros (Chile, Perú y ahora Argentina), con
producciones e inversiones multibillonarias durante los últimos años, las cuales están
contribuyendo substancialmente al progreso y bienestar de su población. Es imperioso por
lo tanto emprender, cuanto antes, una profunda rehabilitación y reestructuración del
sector minero, con la visión de lograr para Bolivia una minería acorde con los desafíos del
Siglo XXI. Lo prioritario es lograr un aprovechamiento racional de nuestros recursos
minerales. Se deberá modificar el marco normativo del sector, su sistema impositivo y
recomponer y fortalecer las instituciones del sector minero, que han generado tanta
inseguridad jurídica y una sequía de inversiones nacionales y extranjeras, condenando a la
minería boliviana a un rezago tecnológico y económico. Las experiencias de países
exitosos en minería, así como las lecciones aprendidas de nuestros fracasos, deberán
conducirnos a la adopción de un marco jurídico e institucional con reglas y políticas claras
28. 27
y transparentes, competitivas y estables, que promuevan y garanticen inversiones serias y
de largo plazo en el sector, en condiciones equitativas para el país y para los
inversionistas.
4.3 Distribución del ingreso y estructura del empleo
Según el fallido modelo económico del MAS, parte de los excedentes generados por los
sectores estratégicos estatales, deberían ser destinados a los “sectores productivos
generadores de ingreso y empleo” para lograr su industrialización. Sin embargo, la
realidad de la economía ha producido resultados muy diferentes.
En Bolivia, la distribución primaria del ingreso está entre las más inequitativas del mundo.
Dos son las causas principales que explican esta realidad: la equitativa remuneración al
trabajo no es un valor social ni una prioridad de las políticas de desarrollo; y la muy baja
productividad del aparato productivo boliviano que, con los datos de CEPAL, ocupa el
último lugar en Latinoamérica.
El excedente bruto de las empresas se ha mantenido alrededor del 50% del valor agregado
global (PIB) desde 1990; pero mientras en economías con alto desarrollo la remuneración
al trabajo puede llegar al 60% del PIB, en Bolivia esta participación ha pasado del 35% en
1990 al 36.1% en el 2000 para desde entonces bajar al 24,9% en 2014, mientras el Estado
ha aumentado su tajada de participación en el PIB desde el 8% en 1990 al 25,4% en 2014.
La participación de los impuestos en la distribución del ingreso está fuera de proporción y
de racionalidad, contribuyendo significativamente a la reducción del poder adquisitivo por
la naturaleza regresiva de la mayoría de los impuestos. Las políticas tributarias generan
fuertes desincentivos a las actividades creadoras de valor y empleo; en general, el manejo
fiscal ha respondido a las metas de recaudación, pero no se plantean metas de gasto que
reflejen claridad y coherencia con una estrategia de desarrollo.
Tampoco es cierto que las recaudaciones permiten la redistribución del ingreso: si entre
2006 y 2014 se habría mantenido la participación de las remuneraciones en el 36% del PIB
(alcanzado en el año 2000), los asalariados habría recibido algo más de 140 mil millones
de bolivianos adicionales a lo que efectivamente recibieron; frente a ello, el total de las
transferencias por la Renta Dignidad, y de los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, sólo
llega a 14 mil millones, la décima parte de las “remuneraciones confiscadas” por la política
fiscal a los asalariados en la distribución del ingreso.
Paradójicamente, considerando el origen del reciente conflicto social, el sector más
injustamente tratados por el fisco son los profesionales independientes que, lejos de ser
apoyados por el Estado al haberlo liberado de su responsabilidad de generarles puestos de
29. 28
trabajo y ofrecerles las redes de protección social que garantiza la CPE, son el único sector
sujeto a un impuesto al ingreso que ni siquiera está contemplado en el Código Tributario.
Por otra parte, la baja productividad global del trabajo es el resultado esperado porque la
mayor parte de la fuerza laboral está ocupada en actividades de sobrevivencia (produce
bienes o servicios de muy poco valor); bajo el eufemismo de “emprendedorismo”, el
Estado promueve el “cuenta-propismo forzado” alentando actividades económicas de
muy baja productividad y con alta precariedad del empleo.
Clasificado por actividad económica, el 61% del empleo total está en concentrado en
actividades agropecuaria, comercio y servicios, cuya productividad es menos de la mitad
de la (ya muy) baja productividad global promedio; para las mujeres, estos 3 sectores
concentran el 73% del empleo; por categoría en el empleo, el 83% del total se concentra
en trabajador por cuenta propia, empleado, y trabajador sin remuneración; para las
mujeres estos 3 segmentos representan el 90% del empleo.
En promedios, del período 2005-2009 al 2011-2014, la población ocupada aumentó en
492.000 personas. El 13% de ese total, 66 mil personas, accedió a empleo en actividades
de alta productividad concentrado en actividades extractivas (fundamentalmente 44.000
obreros en minería) y en servicios financiaros (18.000), segmentos que se caracterizan
porque los beneficios de la alta productividad tienden a concentrarse en los dueños del
capital. Al otro extremo, 380.000 personas (el 77%) se incorporaron en actividades de baja
productividad; en particular, el empleo agropecuario cae en 25.000 personas que se
habrían reubicado hacia actividades mineras; el empleo industrial tiene una ligera caída (-
1.000), sugiriendo que el crecimiento del sector industrial no se debe a la diversificación
productiva sino, por ejemplo, al incremento de la utilización de la capacidad instalada.
En general, el período de mayor crecimiento atribuido al modelo habría incorporado a la
población ocupada solo algo más de la mitad que las personas ocupadas desde la
transición del epílogo neoliberal al proceso de cambio (2005-2009 respecto a 1996-2003)
que, con datos de las encuestas de hogares, alcanzó a 850.000 personas.
Estas tendencias evidencian la ausencia de políticas destinadas a mejorar la productividad;
por el contario, se han creado nuevas y mayores regulaciones a los emprendimientos
productivos, incrementando los costos directos y los de transacción, con lo que se
reducen aún más el valor agregado, la productividad y la calidad del empleo.
Fuera de proyectos de empleos de emergencia, no se ha encarado el desafío de adoptar
políticas reales de creación de empleo productivo, de incentivar la remuneración justa del
trabajo y la equitativa distribución del producto. De hecho, también en este ámbito la
tendencia ha sido la contraria: penalizar la creación de empleo y afectar la capacidad de
30. 29
consumo de los hogares y el poder adquisitivo real de los salarios, acciones todas que van
en sentido contrario al propósito del modelo económico social comunitario productivo.
En síntesis, en lugar de avanzar en la institucionalización de su modelo promoviendo el
fortalecimiento de actividades generadoras de ingreso y empleo como las dinamizadoras
del crecimiento, para lo que se habría esperado que se privilegie la mejor distribución
primaria del ingreso en favor del salario de los trabajadores a fin de mejorar su capacidad
de consumo y expandir la demanda productiva interna, se optó por una financiarización
que alienta la especulación y el endeudamiento, y una ciega política tributaria centrada
solo en metas de recaudación, con el agravante de que la mayoría de los impuestos son
indirectos (regresivos), bajando aún más la capacidad de consumo de los asalariados (con
lo que se reduce el mercado interno para la producción nacional).
El resultado es una estructura productiva incapaz de generar las oportunidades de empleo
digno que demanda el crecimiento vegetativo de la población boliviana, que se traduce en
cerca de 200.000 nuevos entrantes al mercado laboral cada año.
El análisis realizado ratifica que el empleo precario o la falta de empleo – causas directas
de la pobreza, la desigualdad y la marginalidad – no son inexorables consecuencias de las
leyes económicas, sino resultado de políticas concretas: el desempleo es una preferencia
política que se oculta con sofismas económicos afincados en la preeminencia del capital
sobre el trabajo como el factor determinante del crecimiento.
4.4 Sector agropecuario y forestal
El gobierno del MAS no solo no ha hecho nada significativo para detener la deforestación,
sino que la ha acelerado. Ahora Bolivia es uno de los países que más deforesta en el
mundo (tasa actual: > 200 mil/ ha/ año) y uno de los que más emisiones de dióxido de
carbono genera per cápita (1,9 tn/persona/año), precisamente debido a la deforestación.
Si no hubiera deforestación, generaríamos sólo 0,3 per cápita, o quizá menos.
Así, Bolivia perdió su posición de primer país con superficie certificada de manejo forestal
y cadena de custodia segura. Alcanzó esa posición hacia 2005 con 2.2 millones de
hectáreas y actualmente sólo tiene un poco más de 130 mil, que son los residuos de
certificaciones anteriores y que ya están caducando.
En este sentido, tampoco sorprende que el gobierno ha dejado crecer el stock de
plaguicidas obsoletos, dispersos en innumerables sitios, que entran a las cadenas
alimentarias y terminan en los cuerpos de los consumidores, causando problemas de
salud muy grandes por su interferencia en la formación de tejidos.
31. 30
Paralelamente, desde Enero de 2006 hasta el presente, las importaciones de alimentos se
han multiplicado por un factor de 3.6. Si bien la población ha crecido, lo que explica el
crecimiento de las importaciones es la apreciación del tipo de cambio, que genera
importaciones más baratas y por tanto desincentiva la producción y transformación de
alimentos en el país.
En esta línea, en los últimos once años el gobierno ha gastado más de 3500 millones de
dólares de dólares (sin contar financiamiento externo), principalmente para subsidiar
insumos y evitar el incremento de precios de los productos agrícolas (principalmente
alimentos). Si bien eso beneficia al comprador industrial y al consumidor en el corto plazo,
tiende a distorsionar los precios en el largo, generando una presión inflacionaria que
podría tornarse muy grave en el mediano plazo.
Consecuentemente, Bolivia ha dejado de ser el primer país productor de quinua del
mundo. Esta posición le ha sido arrebatada por Perú. Pronto ingresarán a los mercados
mundiales las producciones de los nuevos países quinueros (Chile, Argentina, Estados
Unidos, Australia, Indonesia, Pakistán y China), que podrían desplazar aun mas a Bolivia.
Asimismo, los rendimientos agrícolas y ganaderos de Bolivia se mantienen por debajo de
los promedios latinoamericanos.
En cuanto a las labores de saneamiento de títulos de la propiedad agraria, estas casi han
finalizado (hay más de 95% de avance), pero los títulos otorgados no otorgan derechos
propietarios plenos al pequeño productor.
En resumen, el gobierno no puede presentar ningún logro importante en el área
agropecuaria y forestal. En cambio, en el mismo período, Perú pasó a ser el segundo
productor mundial de arándanos y el primero de espárragos; Chile logró exceder la meta
de 2500 millones de dólares anuales en exportaciones de salmón y Uruguay logró
establecer el primer sistema mundial de trazado del ganado “de la mesa a la granja”.
Una política agropecuaria responsable debería dirigirse hacia la formación de una
agricultura rentable y sostenible. Es decir, que la agricultura debería generar más
producto, más ingresos, elevar su contribución al PIB y a las exportaciones, sin dañar la
base de recursos naturales, ni contaminar el medio ambiente, ni causar problemas de
salud en los consumidores.
Tal política incluiría institucionalizar el servicio público dedicado a temas agropecuarios,
asegurar que se cumplan los límites máximos a la superficie de tierra por propiedad,
32. 31
suspender los incentivos a la deforestación, redirigir el gasto público para pasar de la
donación de insumos a la inversión en bienes públicos agrarios, apoyar el desarrollo de la
agricultura orgánica, apoyar la agregación de valor a los productos agropecuarios y
establecer las bases para reducir los impactos ambientales de la producción agropecuaria.
4.5 Colonización de las tierras bajas
El ataque continuo, obsesivo y rabioso sobre los pueblos y el Territorio Parque Nacional
Isiboro Secure (TIPNIS) prueba de manera irrefutable cómo el gobierno del MAS y su
agenda patriótica – de reelección perpetua del actual presidente – representan una
visión sobrepasada por la historia, compartida por aquello que el MAS llama
neoliberalismo y no solo una garantía de dos o más décadas de extractivismo-
desarrollismo, que terminarán de empobrecer y postrar a Bolivia.
Desde su ascenso el MAS dirige, impulsa y acelera un programa de colonización
programada de territorios del Este y Norte del país, iniciada con un plan intensivo en
Pando, con la expansión de las antiguas zonas de colonización en las tierras bajas del Este,
en Santa Cruz, y acompañada con la colonización del TIPNIS, de otros parques y reservas
nacionales y finalmente con el nuevo Plan de Uso del Suelo del Beni. Se trata en esencia
de combinar la continua migración de familias campesinas cocaleras hacia áreas
protegidas con la ampliación de la frontera agrícola hasta en 15 millones de hectáreas,
para uso fundamental de cultivos de soyas, otros similares y en general para la expansión
de agro-negocios, incluyendo la ganadería.
Impulsan este proyecto, sólidamente unidos, los agro-exportadores de Santa Cruz (sector
fuertemente globalizado y controlado por capitales externos), productores medianos de
soya (ex-colonizadores ahora mecanizados y con propiedades relativamente extensas), los
cocaleros del Chapare, que apuestan a diversificar sus actividades incluyendo cultivos
industriales, ganadería, transporte y dirigentes colonizadores (equívocamente llamados
interculturales). Todos están interesados en beneficiarse con la expansión del mercado de
tierras que permitirá vender, comprar, alquilar y especular con tierras arrebatadas a las
reservas naturales de todos los bolivianos.
Este pilar central de la Agenda Patriótica 2025, incluye la presión para generalizar el uso
de semillas transgénicas y agroquímicos, cuenta con el respaldo entusiasta de la burguesía
burocrática de Estado, generada en 12 de años de gobierno del MAS, y representa una
apuesta de corto alcance para el beneficio restringido y restrictivo de estos sectores, en
perjuicio del resto de la sociedad, del país, la región y el planeta porque equivale a darle
un impulso mayor al cambio climático.
33. 32
5. LA PACHAMAMA TRAICIONADA
La concepción del desarrollo tradicional ha devastado y devasta sistemáticamente el
planeta. Es factor principal de la actual situación de múltiples crisis ambientales que se
retroalimentan y agravan. A pesar de todas las señales, apenas comenzamos a tomar
conciencia colectiva y a comprender nuestra capacidad de desbaratar equilibrios
milenarios del sistema de la vida del que somos parte y del que dependemos
radicalmente. Así, el siglo XXI trae consigo sus desafíos propios, adicionales y vitales.
Como el resto de la humanidad, los y las bolivianas debemos aprender muy rápidamente a
habitar la Tierra respetando sus límites biofísicos y apuntalando las capacidades
regenerativas de sus ecosistemas. A pesar del discurso del “Vivir Bien” y la “Madre Tierra”,
el gobierno de Evo Morales no sólo ha sido incapaz de asumir estos retos, sino que los
ignora a pesar de las graves y peligrosas consecuencias presentes y futuras de esta opción
que afecta y afectará a todos/as sin excepción. La visión de desarrollo caduca contenida
en la Agenda 2025 determina las políticas públicas del gobierno, especialmente en
materia energética y productiva que nos conducen en dirección opuesta a la debida,
poniendo en riesgo nuestras condiciones y calidad de vida, así como cualquier posibilidad
de un futuro no sólo mejor sino viable.
5.1 Extractivismo acentuado
El crecimiento del PIB se sustenta en la explotación intensiva y contaminante de la
naturaleza. Desde 2005, la matriz económica boliviana ha agudizado su dependencia del
tradicional extractivismo. Según el CEDLA, las exportaciones asociadas a minerales e
hidrocarburos del último quinquenio (2010-2015) alcanzaron 69% del total. Estas mismas
se situaban en torno al 47% entre 2001-2005. El gobierno celebra como logros el aumento
de volúmenes de recursos naturales exportados y los ingresos derivados, pero no
contabiliza costos ambientales como la contaminación y sus efectos en la salud y la
productividad.
5.2 Matriz energética y devastación de áreas protegidas
Lejos de aprovechar las inmejorables potencialidades del país y los precios competitivos
de energías limpias y renovables para potenciar y diversificar la producción en el país
(solar, eólica, etc.), el gobierno apuesta por invertir el grueso del presupuesto de inversión
pública en exploración y explotación de hidrocarburos en pleno proceso de Cambio
Climático.
34. 33
Así, agudiza nuestra dependencia del extractivismo, destruye equilibrios naturales
indispensables y retrasa pero también dificulta la debida transición energética hacia las
renovables. Con decretos como el 2366 (2015-16) alrededor de 24 millones de hectáreas
(cerca del 22% del total del territorio nacional) han sido habilitadas como parte de la
nueva frontera petrolera que se superpone sobre 11 de las 22 áreas protegidas existentes
en el país declaradas como tales para preservar procesos ecológicos vitales.
La política de “Bolivia corazón energético de la región”, además de ser económicamente
inviable por previsible falta de competitividad, se sustenta en la construcción de
megarepresas en tierras bajas (deforestación adicional) que alterarán significativamente
milenarias, frágiles y complejas dinámicas hídricas y biológicas de las cuencas amazónica y
del Plata. También impactarán irreversiblemente en la vida y cultura de las comunidades,
a menudo indígenas, que habitan a la vera de sus ríos. Para poder avanzar en este sentido
las normas y política gubernamentales para el sector implican retrocesos y
desconocimiento del derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas
(Art.352 de la CPE).
5.3 Deforestación, cambio climático y provisión de agua
Las emisiones de CO2 per capita de Bolivia se comparan a las de países petroleros e
industrializados, debido principalmente a las altas tasas de deforestación anual: entre 200
a 400 mil hectáreas de bosques, según la fuente de información y el año. A través de
acuerdos y normas sectoriales, el gobierno promueve el incremento de esta deforestación
a razón de 1 millón de hectáreas/año, por 10 años, como parte de su política de expansión
de la frontera agrícola.
Los bosques de la cuenca amazónica, incluidos los Yungas, son la fuente, el origen, de la
mayor parte de las precipitaciones, del agua, del país (cuenca amazónica, buena parte del
altiplano, valles y tres zonas metropolitanas). La pésima gestión pública agravó
condiciones de crisis ambiental (Cambio Climático, ENSO y deforestación) creando la
primera crisis de abastecimiento de agua en La Paz (2016-2017). Esta se sumó a crisis
crónicas en capitales como Cochabamba, Sucre y Potosí. Este escenario sólo se repetirá y
agravará si no se detiene la deforestación derivada de la política de ampliación de la
frontera agropecuaria para los monocultivos de exportación, los asentamientos ilegales y
cultivos de coca en áreas protegidas, o el extractivismo minero e hidrocarburífero. Ya
disponemos de estudios empíricos que demuestran la relación directa entre deforestación
para cultivos en Yungas la y reducción significativa de generación de las nubes cuyas
precipitaciones alimentan represas como la de Misicuni, o las de La Paz, por dar un par de
ejemplos. Es una cuestión de prioridades vitales.
35. 34
El bosque en pie es, además, nuestra mejor defensa ante los efectos del Cambio Climático
(olas de calor, sequías, incendios, inundaciones, pérdida de biodiversidad y suelos entre
otros) y sus impactos socioeconómicos directos, indirectos, inmediatos y posteriores. La
selva no sólo protege los pobres y frágiles suelos tropicales sino que los hace fecundos. El
caso de la dramática caída de la cosecha y exportación de castaña y cacao son ejemplos e
indicios de riesgos futuros ampliados y crónicos en la esfera socioeconómica.
Destruir nuestro mejor aliado para afrontar en mejores condiciones el siglo XXI (resiliencia
ante el Cambio Climático y potencial fuente de innovación biotecnológica y productiva) es
el colmo de la necedad y es suicida.
5.4 Agropecuaria, degradación ambiental e inseguridad alimentaria
En la actualidad aproximadamente 60% de la superficie boliviana es susceptible a los
procesos de erosión, es decir, la pérdida de capacidad productiva, entre otros. Los suelos
deforestados están entre los más propensos a la erosión.
Además de la promoción de la deforestación de cerca de 10 millones de hectáreas
adicionales, la actividad agropecuaria – –incluyendo los monocultivos de exportación – –
sigue careciendo de normativa y controles ambientales destinados a minimizar la
degradación de tierras por mal manejo o por contaminación de suelos, aire y aguas con
agroquímicos tóxicos. Así, por ejemplo, la mayor parte de los cuerpos de agua del
Departamento de Santa Cruz están contaminados por pesticidas prohibidos en otros
países. El caso del glifosato, herbicida asociado al cultivo de soja transgénica, amplia y
crecientemente utilizado en la agroindustria en el país, ha sido catalogado en la categoría
más severa de sustancias “potencialmente cancerígenas” por la Organización Mundial de
la Salud.
La política pública del gobierno ha incluido, además, la significativa reducción de multas
por el desbosque ilegal de cerca de 1 millón de hectáreas, gracias a la Ley de Apoyo a la
Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, aprobada en 2013. Al mismo tiempo,
la importación de alimentos la que ha aumentado en 93% entre 2010 y 2015, lo que
demuestra el rotundo fracaso de la gubernamental política de “soberanía alimentaria”.
5.5 Impacto de la explotación minera
La ley de Minería y Metalurgia (2014) autoriza la explotación en áreas protegidas y
glaciares (fuentes críticas de provisión de agua en la época seca de la región andina). No
establece suficientes restricciones por el uso intensivo y contaminante del agua. Tampoco
están adecuadamente regulados los procesos de cierres de minas, a fin de minimizar los
36. 35
pasivos ambientales que implican costos a menudo impagables para la sociedad y el
Estado. Según LIDEMA2, cuatro de los nueve Departamentos del país, ya poseen niveles
críticos de contaminación minera.
Los efectos de la contaminación del agua afectan al conjunto de los ecosistemas. Un
64,5% de la Cuenca Endorreica y 50,6% de la del Amazonas están comprometidas por
actividades mineras actual o futuras. Una cuarta parte de las microcuencas del país (510)
están afectadas por derechos mineros. El agua de la represa Milluni (La Paz), por ejemplo,
debe lidiar (sin resultados óptimos) con parte de la contaminación (con sustancia como
arsénico y cadmio) de la actividad minera pasada y presente.
La actual expansión de la minería hacia las tierras bajas tiene graves consecuencias
actuales y futuras para la salud de la población y para los ecosistemas. Es el caso de la
minería, mayormente ilegal del oro, que hace amplio uso del ultracontaminante mercurio
en la región amazónica. Un claro indicador de esta situación radica en el hecho que, de
acuerdo a un estudio del CEDIB (2015) la importación del mercurio haya crecido en más
de 20 veces, entre 2010 y 2015. Hasta el momento, no hay medidas estatales de control y
protección, ni suficientes estudios sistématicos de sus efectos sobre la salud de las
personas.
De acuerdo al informe anual 2017 presentado por el Ministerio de Minería y Metalurgia,
podemos establecer que el Estado se quedó con 11% (450 millones de dólares por
concepto de regalías e impuestos) de la riqueza total producida por la minería (3645
millones de dólares); el 89% quedó en manos de empresas transnacionales y mineros
locales. Pero aún ese 11% quedaría reducido a cifras rojas si se contabilizara, como
debido, los costos como la contaminación y sus efectos en la salud y la productividad del
país. De hecho, ignorando por completo el histórico drama socioambiental de crecientes
zonas de sacrificio, como las 510 subcuencas afectadas por la minería, incluida la del
Poopó, el gobierno celebra como grandes logros el mero aumento de volúmenes de
recursos naturales no renovables exportados y los ingresos. Los pasivos ambientales y
sociales son costos reales y cotidianos, pagados de múltiples formas por las personas,
especialmente por los más pobres, y por el Estado (costos colectivos).
5.6 Impacto de la explotación de hidrocarburos
Los problemas socio-ambientales y económicos derivan del aporte de los hidrocarburos al
Cambio Climático con todos sus efectos sistémicos, pero también, el desbosque y pérdida
de ecosistemas asociado a la construcción de caminos en zonas frágiles y a menudo
reservadas para la protección (áreas protegidas y territorios indígenas), así como a la
2
Liga de Defensa del Medio Ambiente.
37. 36
contaminación de aguas, suelo y aire por procesos estándar o accidentes en los sitios de
exploración, en los campos de explotación hidrocarburíferas o a lo largo de los ductos
(caso derrame Desaguadero).
Áreas protegidas como el Aguaragüe, crítica para la provisión de agua y otros servicios
ambientales indispensables para la región y el país, cuenta ya con cientos de pasivos
ambientales dejados por la actividad petrolera previa. Que al menos 3 millones de
hectáreas de concesiones hidrocarburíferas de estas áreas se encuentren sobrepuestas a
áreas protegidas y territorios indígenas nos dan una medida de las prioridades del país
que sacrifica lo indispensable en aras de consideraciones económicas irresponsables, de
corto plazo y sin visión estratégica e integral.
6. LOS POSTERGADOS, OLVIDADOS Y NINGUNEADOS DEL RÉGIMEN
Uno de los éxitos de este régimen ha sido hacer creer a los bolivianos que la contradicción
principal en el pais era entre pobres y ricos, o peor, entre blancos e indios. Pero la cruda
realidad de estos doce años de masismo se ha encargado de negar esta falsa premisa.
La realidad de la corrupción, abuso, autoritarismo y manejo prebendal del estado, nos ha
mostrado que la contradicción real en Bolivia es, en realidad, entre una nueva oligarquía
enquistada en el estado y los postergados, olvidados y ninguneados de la sociedad.
Los postergados, olvidados y ninguneados de este régimen son muchos. A riesgo de estar
dejando de lado a sectores tan importantes como los indígenas de tierras bajas, los
cocaleros de Yungas, sargentos y suboficiales de las Fuerzas Armadas y Policia, etc, etc,
por razones de espacio en este informe nos vamos a referir solo a cinco sectores que ya
sea fueron postergados, olvidados o ninguneados por el régimen de Evo Morales: salud,
educación, mujeres, jóvenes y clases medias urbanas.
5.1 Salud
El año 2013 el presupuesto llegaba a 84 dólares por persona al año; subió a 92 en 2015,
pero sigue siendo el menor en América del Sur, seguido por Ecuador y Paraguay, que
gastan 126, y Venezuela, 138. Uruguay gasta 678 dólares por persona. Los países
desarrollados destinan a salud más de 3.000 a 4.000 dólares por persona, año.
Bolivia tiene, entre los países de América del Sur, uno de los índices más bajos en cuanto
a número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes; datos del Ministerio de Salud
y el Instituto Nacional de Estadística establecen que la capacidad hospitalaria del Sistema
de Salud en Bolivia alcanza a 12.000 camas para una población estimada en 11 millones de
38. 37
habitantes, lo que determina una relación de 1,1 camas por cada mil habitantes y sitúa al
país en el penúltimo lugar en América del Sur. La Norma Internacional de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) establece de 2,5 a 4 camas por mil habitantes.
En 2013 teníamos 18,539 médicos generales y apenas 3.152 especialistas, relación que
muestra, de acuerdo a las cifras, la necesidad de una política de salud que enfatice en la
formación de especialistas, si se quiere encarar la atención de las nuevas patologías
prevalentes en salud y el funcionamiento de centros de salud especializados denominados
también hospitales de cuarto nivel.
Entre 4 y 5 mujeres mueren al día por cáncer de cuello uterino en Bolivia, una de las más
altas tasas de incidencia y mortalidad a nivel mundial y la más alta de América Latina,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los datos oficiales muestran que Bolivia
tiene la tasa de mortalidad por este tipo de cáncer más alta de América (26,3 por cada 100
mil mujeres) y la segunda tasa de incidencia (56,55 por cada 100 mil mujeres).
El dato que reúne toda esta precariedad es el monto destinado a salud en el presupuesto
general de la nación: apenas el 6%. Sin embargo, esta precariedad, a pesar de su
indudable gravedad, esconde el problema de fondo: la ausencia de un seguro de salud
universal y gratuito. Como la medicina en Bolivia es prohibitiva y el gobierno no hizo nada
para universalizar el servicio público ni para sustituir el paradigma curativo por el
preventivo –si fueran socialistas lo hubieran hecho- intentó encubrir su negligencia
acusando a los médicos de negligentes.
La responsabilidad estatal es elaborar una Ley general de salud que ponga en el centro la
prevención y a la gente. Que esa Ley desnude en su exposición de motivos la precariedad
de nuestro sistema de salud. Que incorpore un código de ética que sancione la negligencia
y premie la excelencia. Que determine un presupuesto de transición y de emergencia para
dotar de cargos, equipamiento y medicamentos al actual sistema durante los siguientes
dos años congelando todos los gastos suntuarios del gobierno. Que elaboren la ley en
consulta con la gente. Que propongan que la norma debe ser la excelencia del servicio
público, gratuito y universal, y la excepción el servicio privado regulado.
Esta propuesta mínima no resuelve, todavía, los asuntos de fondo de la salud y su íntima
relación con el desarrollo humano. Sin embargo, permite encarar una transición inevitable
porque el gobierno no hizo nada durante estos doce años.
5.2 Educación
La educación no es una prioridad en Bolivia. El gobierno sólo destina el 7.8% del PIB (poco
menos de 2,800 millones de dólares anuales) a educación sin tomar en cuenta el gasto
que los hogares destinan al mismo fin. Si además se tiene en cuenta que alrededor del
39. 38
30% de los estudiantes están en el sistema privado o semi-privado, el monto para
educación es ciertamente escaso. Estos datos, sin embargo, no tienen mayor relevancia a
pesar de que demuestran el escaso interés gubernamental en el desarrollo estratégico de
aquello que los economistas ortodoxos denominan recursos humanos.
Un dato más dramático es que un bachiller no tiene un ingreso superior a un trabajador
con un año de educación. Esto prueba que la educación formal no sólo no contribuye a
incrementar la productividad y que su casi nulo retorno la ha desprestigiado socialmente,
sino que esa inversión estatal podría terminar siendo insostenible en términos
estrictamente económicos.
El modelo socio-comunitario productivo que supuestamente es el sustento de la actual ley
educativa no ha alcanzado ninguno de los objetivos que semejante nombre pretende
encarnar. Ninguno de los 36 currículos regionalizados ha superado el nivel de adorno para
integrarse a la vida diaria de la escuela y por consiguiente, la posibilidad de una educación
intercultural bilingüe se ha convertido en una posibilidad más remota todavía. Las
escuelas de formación de maestros no pueden todavía incorporar la educación técnica
imprescindible para contribuir a la mejora de la productividad de los bachilleres. Sólo
alrededor del 50% de los 180 000 maestros de la educación pública han obtenido la
licenciatura durante estos años, grado académico que, por otra parte, dado su carácter
académicamente tan endogámico que siempre ha caracterizado a esa corporación
sindical, no ha contribuido en absoluto a una mejora significativa de la calidad educativa.
Estas mismas escuelas, finalmente, continúan alimentando la tradición corporativa;
magisterio y ministerio se siguen distribuyendo la asignación de ítems.
El fracaso sustantivo, sin embargo, está referido a la calidad educativa. Hace un tiempo
atrás, la Alcaldía de La Paz hizo semipúblico un documento de diciembre de 2015 en el
que explicó la medición de la calidad educativa en el municipio. Como utilizó la
herramienta más reconocida en el mundo para medir las aptitudes de los estudiantes de
secundaria –y, con otra herramienta equivalente, evaluó la primaria- los resultados son
comparables internacionalmente.
República Dominicana, el país con los peores resultados en la última medición PISA
publicada, obtuvo 56% como promedio en las tres pruebas (hay que considerar, para una
buena comprensión, que la puntuación media entre los 72 países es 82% y que, por tanto,
República Dominicana está más o menos 26% por debajo de la media y que el 70% de los
estudiantes dominicanos no alcanzaron siquiera el nivel 2 de cinco posibles). (Debe
resaltarse que aún si hay una relación positiva entre el Producto Interno Bruto (PIB) por
persona y los puntajes en la prueba de lectura, ésta sólo explica el 6% de la variación de
los promedios entre las naciones. El 94% restante es atribuible a otros factores: las
40. 39
políticas públicas, los recursos disponibles en los colegios, las prácticas escolares, el
ambiente escolar y, sobre todo, la calidad de los profesores).
En el municipio de La Paz, los resultados equivalentes –resultados para tercero de
secundaria- fueron 17% en matemáticas y 39% en lectura. Si la medición hubiera sido
nacional este tan patético resultado sería, sin duda, trágico. Y si se calcula los años de
escolarización adicional que requeriría un estudiante paceño para alcanzar a los
estudiantes de Shangai, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Finlandia o Japón, la tragedia del
presente y del futuro de nuestro país es evidente. El informe advierte, también, que “el
porcentaje de reprobación debiera ser cercano al 60% en primaria y 70% en secundaria.
Esta suerte de promoción “automática” que se aplica en Bolivia tiene consecuencias
importantes, ya que los niños se ven enfrentados a un currículo y textos para los cuales no
están preparados y dada la naturaleza acumulativa de los conocimientos los déficits
aumentan exponencialmente cada año”.
La causa fundamental que explica la calidad educativa es la formación de los maestros; es
por esto que puede afirmarse que tras doce años de reforma educativa la calidad no ha
mejorado y que esto se debe a la pésima formación del magisterio. No es la pobreza
general de un país, el ingreso económico de los padres, la infraestructura de las escuelas,
ni siquiera el diseño curricular. Si los maestros tienen una mala formación y a eso se añade
una política de Estado que ha determinado esconder los resultados de todas las
investigaciones, padres y madres seguirán viviendo ciegos ante esa esterilización
estructural en lo educativo, intelectual y ético de sus hijos.
5.3 Mujeres
En lo que corresponde a la situación de las mujeres, el primer dato es que no hay datos
confiables, están demasiado escondidos, y los pocos que existen son dudosos porque no
se explicitan fuentes ni métodos de obtención. Los que tienen fiabilidad, y que se exponen
en páginas más accesibles como la del Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la
CEPAL (https://oig.cepal.org), son de data variable, entre 2012 y 2016 a lo sumo.
Un avance que suele ser publicitado es el de la participación política, como si fuese mérito
del “proceso de cambio” y no el resultado de largas luchas de los movimientos de mujeres
por el reconocimiento del derecho a su ciudadanía plena. El 53,1% en el órgano legislativo,
el 33,3% en el judicial (autoridades) y 29,2% en el ejecutivo (gabinete ministerial) indican
que vamos bien en el ámbito de representación política; pero, el presidente incumple el
numeral 22 del artículo 172 (sus atribuciones), que establece “designar a las Ministras y a
los Ministros de Estado, respetando el carácter plurinacional y la equidad de género en la
composición del gabinete ministerial”.
