BOCG Proposición no de Ley relativa a la atención del Estado a los ciudadanos españoles condenados a muerte

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VIII LEGISLATURA
Serie D:
9 de mayo de 2006 Núm. 382GENERAL
ÍNDICE
Páginas
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión de Justicia
161/001690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
relativa a la atención del Estado a los ciudadanos españoles condenados a muerte o
acusados de delitos que conlleven la pena capital ......................................................... 4
Comisión de Interior
161/001677 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds, sobre regulación por ley de los centros de internamien-
to para inmigrantes ........................................................................................................ 5
Comisión de Defensa
Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la cesión del aeródromo de Ablitas (Navarra)
al Ayuntamiento para su uso industrial ......................................................................... 6
Comisión de Economía y Hacienda
161/001665 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
relativa a la nueva reorganización de sus servicios territoriales y, más concretamente,
de las administraciones de la Agencia Tributaria en Galicia ......................................... 6
161/001678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las Organizaciones de
Montes en Mano Común de Galicia .............................................................................. 7
sobre aplicación de tipos reducidos a la prestación de servicios por vía electrónica .... 7
161/001683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), relativa a la actualización de los conceptos y coeficientes de las tablas de amor-
tización lineal ................................................................................................................ 8
relativa a deducciones en la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados ..................................................................................... 9
BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES

Congreso 9 de mayo de 2006.—Serie D. Núm. 382
2
Páginas
relativa a la propuesta de reorganización de las administraciones de la Agencia Tributaria 9
Comisión de Fomento y Vivienda
161/001663 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republica-
na (ERC), por la que se propone la paralización del segundo by-pass por la comarca de
l’Horta ........................................................................................................................... 10
sobre el impulso a la construcción de la Línea de Alta Velocidad (LAV) a Galicia, en el
tramo Medina-Zamora-Lubián....................................................................................... 11
relativa a la eliminación del peaje de Rande (AP-9) ..................................................... 12
Comisión de Educación y Ciencia
sobre los investigadores del programa Ramón y Cajal ................................................. 13
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales
Iniciativa per Catalunya Verds, sobre ratificación de la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus
Familiares .................................................................................................................... 14
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/001691 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congre-
so, para apoyar la continuidad del Museo Minero con el fin de llegar a convertirse en
Parque Tecnológico ....................................................................................................... 14
Comisión de Cultura
sobre los hórreos como patrimonio cultural de Galicia ................................................ 15
sobre el patrimonio cultural de Galicia ......................................................................... 15
Comisión de Sanidad y Consumo
relativa al apoyo a los enfermos de esclerosis múltiple para su acceso a los servicios de
rehabilitación integral .................................................................................................... 16
Comisión de Medio Ambiente
relativa a medidas para impulsar las inversiones y la formación para mejorar el com-
portamiento medioambiental de las explotaciones agrícolas ........................................ 17
relativa a medidas para mejorar y preservar la biodiversidad y la riqueza paisajística ... 17
Comisión de Control Parlamentario de RTVE
relativa al mantenimiento de los Centros Territoriales de Televisión Española (TVE) 18
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la política del representante del Gobierno en el
Banco Mundial respecto de la malaria .......................................................................... 18
sobre la emisión por el Gobierno de un informe no vinculante para informar sobre los
instrumentos de la cooperación al desarrollo en los Planes Anuales de Cooperación .. 19

3
Páginas
relativa a la necesidad de adopción de medidas extraordinarias en la región de Katan-
ga, República del Congo, para contribuir a paliar la alta tasa de mortalidad infantil por
desnutrición en niños menores de cinco años ............................................................... 19
Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes
de Tráfico
161/001676 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), relativa a la mejora de la seguridad en los autocares a través del uso del cinturón
de seguridad .................................................................................................................. 20
Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad
relativa a la promoción de la accesibilidad de las personas discapacitadas a los Parado-
res Nacionales de Turismo ............................................................................................ 21
Preguntas para respuesta oral
181/002090 Pregunta formulada por el Diputado don César Antonio Rico Ruiz (GP), sobre valora-
ción por el Ministro del Interior de que, teniendo conocimiento de ello, la Subdelegada
del Gobierno en Burgos, no haya impedido la colocación de una bandera inconstitu-
cional republicana en el balcón del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) ........ 22
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/002088 Pregunta formulada por la Diputada doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP),
sobre novedades que contiene el plan de choque para la modernización y consolida-
ción de regadíos para el período de 2006-2007 ............................................................ 22
181/002089 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Ceferino Díaz Díaz (GS), sobre
medidas para eliminar el uso de la dinamita en la pesca ............................................... 22
181/002087 Pregunta formulada por la Diputada doña María Angels Ramón-Llin i Martínez (GP),
sobre novedades que contiene el plan de choque para la modernización y consolida-
ción de regadíos para el período de 2006-2007 ............................................................ 23
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/002091 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre valora-
ción del viaje que realizó a África el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
en diciembre de 2005 .................................................................................................... 23
181/002092 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre previ-
siones acerca de los nuevos proyectos relacionados con la inmigración que se van a
llevar a cabo en los países africanos visitados por el Ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación en diciembre de 2005 .......................................................................... 23
181/002093 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), relativa a
acuerdos sobre inmigración y comerciales alcanzados por el Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación con los países africanos visitados en diciembre de 2005 23

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy
ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194
del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley
y considerando que solicitan el debate de las iniciativas
en Comisión, disponer su conocimiento por las Comi-
siones que se indican, dando traslado al Gobierno y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Gene-
rales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publica-
ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo
de 2006.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Justicia
161/001690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la atención
del Estado a los ciudadanos españoles condenados a
muerte o acusados de delitos que conlleven la pena
capital para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Declaración Universal de Derechos Humanos
proclama el derecho a la vida y prohibe cualquier tor-
tura o trato cruel, inhumano o degradante. Los Trata-
dos Internacionales ratificados por España, tanto en el
ámbito del Consejo de Europa como en el de la Unión
Europea, reconocen el derecho a la vida y se declaran
en contra de la pena de muerte. El artículo 2 de la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
es taxativo cuando dice que «nadie podrá ser condena-
do a pena de muerte ni ejecutado».
El artículo 15 de la Constitución española garantiza
el derecho a la vida y proclama la abolición de la pena
de muerte «salvo lo que puedan disponer las leyes
penales militares para tiempos de guerra». La Constitu-
ción del año 1978 deroga la pena de muerte en el Esta-
do español.
En estos momentos, aunque más de la mitad de los
países del mundo han abolido la pena de muerte en la
legislación o en la práctica, quedan numerosos Estados
donde esta pena no sólo es contemplada, sino impuesta
y ejecutada. Como consecuencia de esta situación, dos
ciudadanos españoles están condénados a muerte y
sobre un tercero pesa una acusación que conlleva la
condena a la pena capital.
Nabil Nanakli Kasaypati se halla en prisión en
Yemen condenado a pena de muerte. Las noticias sobre
el proceso y la acusación son muy escasas, aunque
según algunas fuentes no oficiales se le acusó de cons-
piración para dar un golpe de Estado. A través de la
Embajada de España en Riad se informó que la primera
condena le fue impuesta en octubre de 1998 y fue con-
firmada por un Tribunal de Apelación. Las últimas
noticias de que disponemos apuntan a que se puso en
marcha una apelación ante el Tribunal Supremo de la
República, ignorando en estos momentos si la condena
es firme.
Julio Mora Zamora, se halla en prisión en el Esta-
do de Florida (EE.UU.), habiendo sido condenado a
pena de muerte por dos asesinatos. Fue sentenciado a
la pena capital en 1997, y contra la sentencia no cabe
recurso, por lo que permanece a la espera de ejecu-
ción.
Francisco Larrañaga se encuentra en Filipinas en
una situación jurídicamente imprecisa.
El artículo 24 de la Constitución española recono-
ce el derecho de todas las personas a un proceso con
todas las garantías, sin que en ningún caso pueda pro-
ducirse indefensión. El artículo 119 de la Constitu-
ción dispone que la justicia será gratuita, en todo
caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos
para litigar.
En los casos de los ciudadanos españoles detenidos
en el extranjero es claro el sometimiento personal a la
soberanía y a la jurisdicción del Estado en que se
encuentran. Ello no puede ser obstáculo para que el
Congreso de los Diputados promueva la protección del
derecho a la vida de los ciudadanos españoles en el
exterior.
En la actualidad existen una serie de medidas pro-
tectoras para los españoles acusados o en prisiones
extranjeras reguladas a través de Órdenes, Instruccio-
nes y Circulares emitidas por distintos Ministerios. En
concreto la Orden Circular núm. 3.106, de 11 de
diciembre de 1987, sobre «Protección a los detenidos
españoles en el extranjero» que regula las visitas de
las Oficinas consulares y la asistencia sanitaria y el
suministro de alimentos que deben ser prestados espe-

5
cialmente en «aquellos países que no ofrecen a los
reclusos las condiciones mínimas dietéticas y sanita-
rias consideradas aceptables en nuestra sociedad».
Para estos fines, es práctica habitual de estas represen-
taciones la entrega de cantidades de dinero a los espa-
ñoles que no dispongan de recursos, para que puedan
tener un mínimo acceso a los alimentos y cuidados
sanitarios.
Esta Orden determina que «en los casos de notable
indefensión, posibilidad de grave condena o conoci-
miento de carencia de recursos económicos de los espa-
ñoles implicados en un procedimiento judicial penal o
que siendo civil pueda afectar a su libertad personal de
manera grave, se propondrá que la Dirección General
de Asuntos Consulares se haga cargo del pago total o
parcial de los honorarios del letrado que asuma o pueda
asumir la defensa».
Sin embargo es evidente que dicha normativa resulta
insatisfactoria a la hora de defender el derecho a la vida
de ciudadanos españoles en países extranjeros acusados
o condenados por delitos que conlleven la pena capital.
En muchos países los procesos judiciales y las garantías
de un juicio justo pasan por la contratación de profesio-
nales cuyos elevados honorarios no pueden ser sufraga-
dos por los acusados.
En consecuencia, dado que el Estado español se
declara en contra de la pena de muerte, y como quiera
que existe el deber de protección de los derechos de los
españoles en el extranjero, siendo el más preeminente y
fundamental el derecho a la vida, el Grupo Parlamenta-
rio Vasco (EAJ-PNV) propone al Pleno del Congreso
de los Diputados la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que, en defensa del derecho fundamental a la vida de
los ciudadanos españoles condenados a muerte, o
sobre los que pese solicitud de pena de muerte, adopte
cuantas medidas políticas y legislativas sean necesa-
rias para garantizar una asistencia jurídica de calidad
y capacidad suficientes, desde el primer momento
posible a partir de la detención, cuando se formule
acusación que pueda conllevar la petición de pena de
muerte, durante el procedimiento judicial y en la fase
posterior a la sentencia, cuando el condenado se
encuentre en el «corredor de la muerte», todo ello a
tenor de las disposiciones legales y de los usos jurídi-
cos del país de condena o en que se solicite la pena
capital».
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2006.—Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz
del Grupo ParlamentarioVasco (EAJ-PNV).
161/001677
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la regulación por ley de los centros de interna-
miento para inmigrantes, para su debate en la Comisión
de Interior.
El pasado mes de septiembre de 2005 la Sala 3.ª del
Tribunal Supremo anuló tres artículos (art. 30, aparta-
dos 1, 2, 3, 6, 8 y 9, art. 33.5 y art. 34) de la Orden
Ministerial del Partido Popular que regulaba el régimen
interior y de funcionamiento de los centros de interna-
miento para extranjeros por considerar que vulneraban
los derechos de los inmigrantes.
Dicha sentencia obliga a la restitución de los dere-
chos relacionados con la restricción de visitas de sus
familiares y abogados, la petición de protección, el
control de la correspondencia y la incautación de efec-
tos personales, además de considerar que los aspectos
relacionados con derechos fundamentales deben ser
regulados por ley y no por una orden que como en este
caso ha ocasionado indefensión jurídica, pues las per-
sonas inmigrantes están sometidas a condiciones más
duras que las que se encuentran en prisión.
Respecto este vacío legal, cabe destacar que el PSOE
ya en el año 2000 presentó una enmienda mediante la
cual se solicitaba la regulación por ley de los centros de
internamiento, sin embrago 6 años más tarde no se ha
realizado ninguna acción en este sentido.
El Informe Anual 2006 de SOS Racismo continúa
denunciando la situación en los centros de internamien-
to para extranjeros, en los cuales, y a pesar de la Sen-
tencia del Tribunal Supremo, una persona en situación
irregular puede permanecer hasta 40 días privada de
libertad por no tener papeles.
En cualquier caso, se debe finalizar con la dicha
incoherencia política, pues de un lado no dejamos que
tengan acceso legal a nuestro territorio y, del otro, vul-
neramos sus derechos más básicos cuando están en
España de manera irregular.
Es por lo que se presenta la siguiente,
tener en cuenta los derechos de las personas inmigran-
tes y que, para ello, se inicien los trámites necesarios
para regular mediante ley el funcionamiento de los cen-
tros de internamiento para extranjeros».
de 2006.—Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera
Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

6
Comisión de Defensa
161/001668
Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión
de Defensa.
El 4 de abril en las cercanías del aeródromo de Ablitas
(Navarra) un avión del Ejército delAire generó la caída de
una carga de 1.900 kilogramos sobre un tendido eléctrico
de Cascante. La situación, que no es excepcional, gracias
a la fortuna no ha tenido consecuencias graves.
El Ayuntamiento de Ablitas exigió explicaciones de
lo ocurrido ante el Ejército del Aire: manifestando su
preocupación por los riesgos para la seguridad y el sen-
timiento de malestar que producen sucesos como el
ocurrido. A esto, se le añade el escaso y obsoleto uso
del aeródromo.
Por todo ello, propone la siguiente,
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Iniciar las gestiones oportunas con el fin de realizar
la cesión del aeródromo al Ayuntamiento de Ablitas
para un uso industrial que favorezca el desarrollo eco-
nómico e industrial.»
Comisión de Economía y Hacienda
161/001665
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la nueva
reorganización de sus servicios territoriales y, más con-
cretamente, de las administraciones de la Agencia Tri-
butaria en Galicia, para su debate en Comisión.
La Agencia Tributaria ha realizado una propuesta de
Reordenación de las Administraciones de la Agencia
Tributaria que es un claro despropósito pues ha sido
realizada sin la más mínima coherencia y de modo tal
que supone un retroceso en la cercanía de la Adminis-
tración a los ciudadanos.
En la Comunidad Autónoma de Galicia, la pretendi-
da reorganización ha causado un hondo malestar por-
que perjudica a miles de ciudadanos que ven como las
Administraciones de sus localidades pierden compe-
tencias lo que les obligará a desplazarse para realizar
gestiones a localidades distantes en muchos casos a
bastantes kilómetros de distancia con el correspondien-
te perjuicio económico.
Sirva de ejemplo el caso ourensano de la Adminis-
tración de O Barco de Valdeorras que se pretende con la
nueva reorganización sea clasificada en el nivel funcio-
nal 2 lo que supondrá que los contribuyentes que que-
daran adscritos serán exclusivamente personas físicas
que no ejerzan actividades empresariales ni profesiona-
les, y agricultores en módulos que no ejercen otras
actividades empresariales.
Con el nuevo contenido de niveles funcionales que
se pretende implantar, la Administración de O Barco
pierde las funciones que tienen que ver con la mayoría
de los empresarios y profesionales que ejercen su acti-
vidad en los municipios actualmente adscritos a dicha
administración. De ello se derivan una serie de incon-
venientes, ya que si las razones que justifican la refor-
ma son la mejora e implantación de los medios telemá-
ticos que la Administración pone a disposición de los
ciudadanos, la realidad es que los agentes económicos
afectados tendrán que desplazarse a la capital de la pro-
vincia (distante a 100 km) si quieren seguir teniendo el
trato personal y regular en la tramitación de sus asuntos
tributarios. Conviene recordar que en la comarca de
Valdeorras hay 2.651 empresas y una pujante actividad
económica en torno al sector de la pizarra, que supone
el 41% de las exportaciones totales de la provincia de
Ourense.
El caso de esta Administración que pierde nivel es el
mismo que el de otras importantes localidades de Gali-
cia: Ribeira, Monforte, Verín, Celanova, Tui, Betanzos,
Ponteareas, etc.
En definitiva la reorganización propuesta por la
Agencia Tributaria es un despropósito que procede
corregir, que perjudica a miles de contribuyentes en
razón al lugar de su residencia quebrando el principio
de igualdad y también un paso atrás impropio de los
avances que debe ofrecer la Administración Tributaria
y que no se pueden solo limitar a potenciar las tan nece-
sarias nuevas tecnologías.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular pre-
senta la siguiente
dejar sin efecto la nueva reordenación de la Agencia

7
Tributaria prevista para Galicia de modo que se traiga
una propuesta razonable al Congreso que cuente con el
consenso de esta Cámara y que en ningún caso suponga
la eliminación de los servicios a los contribuyentes que
actualmente prestan las administraciones de la Agencia
Tributaria.»
de 2006.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Por-
tavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001678
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la
diputada María Olaia Fernández Davila (BNG), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a IRPF para
las Organizaciones de Montes en Mano Común de
Galicia, para su debate en Comisión.
Después de que en el Congreso fuera aprobada una
moción que instaba al gobierno al dialogo con las
Organizaciones de Montes en Mano Común de Galicia,
al objeto de buscar una solución a la demanda plantea-
da por la mismas al respecto del Impuesto de Socieda-
des al que están sujetas estas comunidades, cuando
desde el punto de vista de los comuneros, teniendo en
cuenta la función social que hacen estas organizacio-
nes, deberían estar exentas y, después del compromiso
de la Dirección General de Tributos ante representantes
de estas comunidades de montes de que serían consul-
tadas antes de la aprobación del proyecto de modifica-
ción del IRPF, el gobierno no dio cumplimiento a nin-
guno de estos compromisos.
Este incumplimiento del gobierno tiene para noso-
tros una especial significación dado que, en sede parla-
mentaria y en respuesta a una interpelación de la dipu-
tada que suscribe, en la que se planteaba la necesidad
de eximir a la comunidades de montes en mano común
del impuesto de sociedades, el vicepresidente y minis-
tro de economía manifestó que, si bien la exención a
estas organizaciones comunales del impuesto de socie-
dades le parecía «inadecuado», se podían buscar solu-
ciones a través del IRPF en la aplicación del mismo a
los comuneros.
Lo cierto es que en el proyecto de Reformas Fisca-
les presentado ante el Congreso, los montes vecinales
en mano común siguen siendo considerados sujetos
pasivos del impuesto sobre sociedades e incluso en lo
que a la reforma del IRPF se refiere los vecinos y veci-
nas comuneros que perciban rentas de ingresos de mon-
tes vecinales en mano común, tributarán como dividen-
dos de empresas en el tipo fijo del 18%.
Retirar a los montes vecinales en mano común
como sujetos pasivos en el impuesto sobre sociedades y
a elaborar una fiscalidad adecuada a esta figura de pro-
piedad, en atención a la demanda de las Organizaciones
de Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común
y al acuerdo adoptado en el Parlamento de Galicia.»
de 2006.—María Olaia Fernández Davila, Portavoz
del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001679
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes,
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre apli-
cación de tipos reducidos a la prestación de servicios
por vía electrónica para su debate en la Comisión de
Economía y Hacienda.
Uno de los principios rectores de la política econó-
mica y social aplicado por los Gobiernos del Partido
Popular en el período 1996-2004 fue el impulso de
medidas que favorecieran la aplicación de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en
España. En este sentido, se adoptaron en España medi-
das de fomento de la utilización de las TIC por las
empresas y los particulares, tanto en el ámbito fiscal
como en el financiero.
Podemos destacar a este respecto el establecimien-
to por los Gobiernos del Partido Popular a la Deduc-
ción en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas por
actividades de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica, que ha colocado a nuestro país a la van-
guardia de las medidas fiscales adoptadas por los
Estados miembros de la OCDE, de la Deducción para
el fomento de las tecnologías de la información y de
la comunicación aplicable por las PYMES, de la
Deducción por gastos de formación profesional apli-
cable a los gastos efectuados por las empresas con la
finalidad de habituar a los empleados en la utilización
de nuevas tecnologías, así como el establecimiento de
líneas de crédito específicas.

8
En la actualidad es preciso adoptar medidas que
permitan continuar la senda de progreso económico y
social de las dos últimas legislaturas, evitando la paráli-
sis que, en el último año y en materia económica, se ha
adueñado del Gobierno de España.
El apartado 3 del artículo 12 de la Sexta Directiva
del Consejo de 17 de mayo de 1977 en materia de
armonización de las legislaciones de los Estados miem-
bros relativas a los impuestos sobre el volumen de
negocios, por la que se regula el Impuesto sobre el
Valor Añadido, establece la posibilidad de aplicar los
tipos reducidos de este impuesto a las entregas de bie-
nes y a las prestaciones de servicios de las categorías
enumeradas en el anexo H de la citada Directiva.
El desarrollo en Europa de una auténtica industria
de prestación de servicios por vía electrónica exige que
se adopten medidas de fomento de la realización de
estas actividades por las empresas europeas, entre las
cuales se encuentra el establecimiento de un tipo redu-
cido a la prestación de estos servicios.
En la actualidad, la prestación de servicios electró-
nicos se encuentra, incluso, discriminada respecto de
la realización de actividades equiparables a través de
un medio material. Así, la prestación de servicios on-
line se grava con el tipo de gravamen general, que en
España es del 16%. Por ello, el suministro de informa-
ción por internet (el acceso a un periódico digital) se
encuentra gravado al 16% mientras que la adquisición
de un periódico en papel tributa al tipo súper reducido
del 4%.
Con el objetivo de aumentar la competitividad de las
empresas europeas en el ámbito de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC), se realiza
la siguiente
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de
la Nación a que realice las actuaciones oportunas ante
las instituciones de la Unión Europea que permitan a
los Estados Miembros la aplicación de los tipos reduci-
dos a la prestación de servicios por vía electrónica,
mediante su inclusión en la lista del Anexo H de la
Sexta Directiva.»
de 2006.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Por-
tavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001683
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-
gència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, presenta, para su discusión ante la Comisión de
Economía y Hacienda, la siguiente Proposición no de
Ley relativa a la actualización de los conceptos y
coeficientes de las tablas de amortización lineal.
Antecedentes
Las tablas de amortización vigentes en el Impuesto
sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, contempladas en el Anexo del Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, pro-
viene del anterior reglamento del mismo impuesto,
aprobado por el Real Decreto 53/1997, de 5 de marzo.
La Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas
de reforma económica, y el Real Decreto-Ley 2/2003,
de 25 de abril, de medidas de reforma económica,
proveyeron la posibilidad de aumentar el ritmo de
amortización, elevando en un 10 por 100 los coefi-
cientes máximos de amortización fijados en las tablas
autorizadas para los contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades. Esta medida se realizó con carácter
temporal, para aquellas adquisiciones de activos nue-
vos realizadas entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de
diciembre de 2004.
Dado el tiempo desde su última actualización, diver-
sos sectores económicos vienen reclamando la revisión
de los coeficientes de las mencionadas tablas, tanto por
razones basadas en los avances tecnológicos que preci-
san la mayoría de las inversiones que realizan las
empresas como por el valor de reposición que se precisa
en el momento que debe ser sustituido. Esta necesidad
se extiende, asimismo, a la actualización de los concep-
tos por los que se debe amortizar, que en muchos casos
se encuentran desfasados y obsoletos en sus propias
definiciones.
La actualización de los conceptos y coeficientes de las
tablas de amortización, además de acomodar las amortiza-
ciones fiscales a la vida útil de los activos de las empresas,
puede ser un elemento para favorecer, con ello, la inver-
sión productiva de las empresas. Este efecto coadyuvaría
al fomento de la renovación de los elementos del inmovi-
lizado de muchos sectores económicos y su adecuación a
las exigencias vigentes de la competencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Con-
vergència i Unió) presenta la siguiente
«El Congreso de los Diputados, a fin de acomodar
las amortizaciones fiscales a la vida útil de los activos
de las empresas y favorecer la inversión productiva de
las empresas, insta al Gobierno a revisar los conceptos
y coeficientes de las tablas de amortización contenidas
en el anexo del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio,

9
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades».
de 2006.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001685
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
deducciones en la cuota del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para
su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Uno de los logros de la política autonómica aplicada
por los Gobiernos del Partido Popular en el perío-
do 1996-2004 fue el establecimiento de un sistema
estable de financiación de las Comunidades Autónomas
de régimen común en España, aprobado por unanimi-
dad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su
reunión de 27 de julio de 2001. La plasmación de este
acuerdo unánime se efectuó a través de la reforma de la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas que realizó la Ley Orgánica 7/2001, de 27
de diciembre, y de la aprobación de la Ley 21/2001, de
27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fis-
cales y administrativas del nuevo sistema de financia-
ción de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
El sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas vigente desde el 1 de enero de 2002 tiene
vocación de permanencia y supone una importante pro-
fundización en el principio de corresponsabilidad fis-
cal. Para ello, se ha dotado a las Comunidades Autóno-
mas de mayores competencias normativas en relación
con los tributos cedidos.
En particular, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las
Comunidades Autónomas están facultadas desde el 1
de enero de 2002 para regular el tipo de gravamen apli-
cable en las transmisiones de bienes muebles e inmue-
bles y en la constitución y cesión de derechos reales
sobre ellos (salvo los de garantía), así como en el arren-
damiento de bienes muebles e inmuebles. Además,
pueden también regular deducciones y bonificaciones
aplicables en aquellas materias sobre las que tienen
capacidad normativa en materia de tipos de gravamen.
Para hacer efectivo el derecho constitucional de
acceso a la vivienda, determinadas Comunidades Autó-
nomas han aprobado tipos de gravamen reducidos apli-
cables a la adquisición de viviendas de protección
pública o a las adquisiciones realizadas por los jóvenes,
las familias numerosas y los minusválidos.
En la actualidad es preciso adoptar medidas que
permitan continuar la senda de progreso económico y
social de las dos últimas legislaturas, evitando la paráli-
sis que, en el último año y en materia económica, se ha
adueñado del Gobierno de España.
Con el objetivo de disminuir los efectos inflacionis-
tas que la imposición indirecta tiene en el mercado
inmobiliario, reduciendo la carga impositiva de las
transacciones inmobiliarias y evitando la doble imposi-
ción económica que se genera al haber tributado en su
adquisición anterior por un impuesto indirecto (sea IVA
o TPO), se realiza la siguiente
que, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, proponga a las Comunidades Autónomas que, en
el ejercicio de las competencias normativas que tienen
atribuidas, aprueben deducciones en la cuota de la moda-
lidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas” del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, que corrijan la doble imposi-
ción provocada por el devengo del Impuesto sobre el
Valor Añadido o del concepto “Transmisiones Patrimo-
niales Onerosas” soportados en la anterior adquisición
realizada por el transmitente del inmueble».
de 2006.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001692
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presen-
tar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la
propuesta de reorganización de las administraciones de
la Agencia Tributaria, para su debate en Comisión.
La propuesta de reorganización de las administra-
ciones de la Agencia Tributaria, de fecha 23 de noviem-
bre de 2005, supone un cambio en la concepción terri-
torial de la prestación de servicios al contribuyente, tal
y como hasta ahora se venía realizando por la Agencia
Tributaria.

10
En el citado documento se establecen tres tipos de
administraciones: de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3. En
las administraciones de nivel 2 se dejan de efectuar
determinadas funciones: control sobre empresarios y
profesionales, recaudación y recursos, declaraciones
informativas, censo de empresarios, profesionales y
retenedores y unidad de módulos. Las administraciones
de nivel 3 van a tener competencias únicamente para
registro, información básica y venta de impresos.
Esta propuesta de reorganización ha causado una
gran preocupación, ya que afecta prácticamente a todas
las Comunidades Autónomas del territorio español y a
un gran número de contribuyentes, que se verían perju-
dicados, suponiéndoles mayores desplazamientos y por
tanto mayores costes indirectos en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales. Es importante tener en cuenta
que una parte importante de ciudadanos aún no tienen
acceso al uso de las nuevas tecnologías, a pesar del
importantísimo impulso dado a las mismas en los últi-
mos años por parte de la Agencia Tributaria.
En la comparecencia que efectuó el Director Gene-
ral de la Agencia Estatal, de la Administración Tributa-
ria el pasado 22 de febrero de 2006, en la Comisión de
Economía y Hacienda, a petición del Grupo Parlamen-
tario Popular para explicar este proceso de reorganiza-
ción de las administraciones, puso de manifiesto que
algunos de los criterios expuestos en el documento
de 23 de noviembre habían sido posteriormente modifi-
cados. Sin embargo, creemos importante y oportuna la
presentación de esta iniciativa para que los contribu-
yentes sigan recibiendo el mismo nivel de servicios que
en la actualidad, residan en el territorio donde residan,
garantizando así el principio constitucional de igualdad
de todos los españoles con unas administraciones de la
Agencia Tributaria próximas a los ciudadanos que faci-
liten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
al mismo tiempo garanticen la eficacia en la lucha con-
tra el fraude fiscal.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, presenta la siguiente
1. Retirar la propuesta de reorganización de las
administraciones de la Agencia Tributaria de 23 de
noviembre de 2005 y establecer los cauces adecuados
de diálogo con las Comunidades Autónomas, de mane-
ra que la nueva reorganización que se plantee sea acor-
dada previamente con las mismas, según las necesida-
des geográficas y demográficas de su territorio.
2. Garantizar que la nueva reorganización de las
administraciones que se establezca, no suponga una
discriminación del nivel de servicios y funciones que se
prestan actualmente en cada una de ellas.
3. Que las personas físicas y pequeños empresa-
rios no tengan que realizar desplazamientos a adminis-
traciones más alejadas geográficamente de su domicilio
fiscal actual, evitando aumentar las incomodidades y
más mayores costes fiscales indirectos a este tipo de
contribuyentes.»
Comisión de Fomento y Vivienda
161/001663
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a
instancia del diputado Agustí Cerdà i Argent, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Pro-
posición no de Ley por la que se propone la paraliza-
ción del segundo by-pass por la comarca de l’Horta,
para su debate en Comisión.
En 1994 la Demarcación de Carreteras del Estado
de Valencia realizó un estudio de alternativas de actua-
ción en la circunvalación de Valencia de la Autopista
A-7 por el que se reservaron quinientos metros a cada
lado de la circunvalación actual.
En el año 2003, bajo el mandato del Partido Popular
se decide iniciar el proyecto redactando un estudio infor-
mativo. En julio de 2004, ya en la actual legislatura, el
Ministerio de Fomento ha externalizado en una consul-
tora la elaboración de un estudio informativo para la
construcción de la circunvalación exterior de la ciudad
de Valencia, también conocido como segundo By-Pass.
El estudio informativo de la Circunvalación exte-
rior de Valencia plantea dos posibles corredores y una
tercera opción mixta. En concreto valora que el Corre-
dor 1 es el más adecuado desde el punto de vista fun-
cional, de impacto ambiental y de planeamiento viario
y urbanístico. Pero es necesario tener en cuenta que
esta opción en sus dos variantes atravesarían el bos-
que de la Vallesa que tiene una superficie arbórea de
900 hectáreas de las cuales 600 están en el municipio
de Paterna. La ciudadanía de Paterna y en concreto la
Coordinadora para la Defensa de la Vallesa y las Ribe-
ras del Túria y la recientemente creada Junta de Barrio
de la Canyada han manifestado su oposición al pro-
yecto y reivindicado la protección del bosque por su
alto valor ecológico, cultural y patrimonial ante las
previsiones de urbanización y de construcción de esta
circunvalación. Así el Ayuntamiento de Paterna apro-

11
bó por unanimidad una moción el pasado 23 de febre-
ro de 2006 que instaba a que «el Ministerio de Fomen-
to descarte cualquier trazado que afecte a Paterna,
como las soluciones 1A y 1B del estudio informativo»
y en el punto segundo instaba «a los presidentes del
gobierno central y de la Generalitat Valenciana a que
se pronuncien en contra de una solución del trazado
de la circunvalación exterior de Valencia, que afecte
gravemente al municipio de Paterna.»
El mismo presidente del gobierno español manifes-
tó antes de ser elegido que: «nuestra postura es clara,
nos oponemos a esta ampliación. Así lo ha expresado
tanto el PSPV como el ayuntamiento de Paterna que
también está en contra».
En el mismo sentido, la administración autonómica
como la local se han acordado comprar los terrenos de
la Vallesa tal y como publicaba el diario Levante-Emv
el pasado 19 de abril. La reivindicación eterna es que el
bosque de la Vallesa sea declarado Paraje Natural.
El impacto medioambiental es pues el principal
motivo por el cual debería fundamentarse el rechazo de
la opción lA y lB del estudio informativo.
Pero además, tal y como recogen las alegaciones
presentadas por Els Verds-Los Verdes y por la Junta de
Barrio de la Canyada, que agrupa a la mayoría de aso-
ciaciones locales, existen también razones fundadas
sobre el impacto acústico y atmosférico que el segundo
by pass generaría sobre Paterna y los pueblos por los
que pasa.
Así mismo, el estudio del proyecto no contempla
ningún plan de movilidad que justifique y estudie el
conjunto de transportes del área metropolitana de
Valencia. La construcción de una nueva circunvala-
ción no tiene porqué ser la solución a la saturación del
tráfico.
Entendemos que la solución pasa por la realización
de un estudio de movilidad del área metropolitana del
Cap i Casal que incorpore como objetivo básico la ade-
cuación de la movilidad a criterios de sostenibilidad
ambiental. Debe potenciarse el uso del transporte
colectivo y público en el área metropolitana de la ciu-
dad de Valencia tales como el autobús, la mejora de la
red existente de ferrocarril y la ampliación del número,
frecuencia y capacidad de los ferrocarriles de la Gene-
ralitat y de cercanías.
Así mismo en la comarca de l’Horta, debería favore-
cerse la intermodalidad entre los diferentes modelos de
transporte, especialmente entre el bus y ferrocarril, de
manera que los autobuses tengan como destino las esta-
ciones de ferrocarril de manera ágil y frecuente, coordi-
nando los horarios y enlaces con los de otros medios de
transporte y trayectos, así como con el Puerto de Valen-
cia y el Aeropuerto de Manises, facilitando también el
transporte de mercancías.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana presenta la siguiente
«El Congreso de los Diputados y Diputadas insta al
Gobierno español a:
1. Descartar el estudio informativo de corredores
para la construcción de la circunvalación exterior de
Valencia, conocido como segundo by-pass, a su paso
por Paterna y la comarca de I’Horta.
2. Realizar, en colaboración con la Generalitat
Valenciana y las administraciones locales afectadas, un
plan de movilidad sostenible del área metropolitana de
la ciudad de Valencia que tenga como principales obje-
tivos reducir la movilidad motorizada en vehículo pri-
vado y que potencie el transporte colectivo y público y
favorezca la intermodalidad entre los diferentes mode-
los de transporte, adaptando los horarios a las conexio-
nes y los enlaces con otros medios de transporte y tra-
yectos.»
de 2006.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.—Joan
Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamen-
tario de Esquerra Republicana (ERC).
161/001669
presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su
debate en Comisión de Fomento, sobre el impulso a la
construcción de L.A.V. a Galicia, en el tramo Medina-
Zamora-Lubián.
El acceso por ferrocarril desde Madrid a Galicia, a
través de una línea de alta capacidad, supone un hecho
trascendental en todo el desarrollo económico y social
por el que transcurre su trazado y, muy concretamente,
en la provincia de Zamora, como así lo demanda la
sociedad zamorana.
En el Consejo de Ministros celebrado en León el
día 23 de julio de 2004 se acordó una inversión para el
tren de alta velocidad Olmedo-Zamora-Lubián-Ouren-
se con el objeto de que esté finalizada en el año 2009.
la Ministra de Fomento ha anunciado que el AVE que
unirá Madrid con Galicia estará operativo antes de que
concluya el año 2010 garantizando que esta fecha de
apertura se cumplirá pese a que para ello sería necesa-
rio invertir al menos 2.736 millones de euros solo en el
período 2007-2010 y entre Medina del Campo y
Ourense.

12
Si valoramos los Presupuestos Generales del Estado
para estos dos años, 2005 y 2006, observamos que en el
año 2005 teníamos una partida presupuestaria para la
provincia de Zamora de 6.114,05 miles de euros y en el
año 2006 aparece una partida presupuestaria para el
mismo epígrafe de 975,00 miles de euros, sin cantida-
des plurianuales para los próximos ejercicios, siendo
así pues, reducido el presupuesto en un 75% entre lo
previsto en el año 2005 y lo asignado en el 2006.
El coste total del tramo de alta velocidad en el año
2005 era evaluado en 1.187 millones de euros en el
tramo zamorano, más otros 287 millones en la parte de
obras que corresponde a la provincia de Valladolid. Un
año después, en los Presupuestos Generales del Estado,
el coste del proyecto identificado con el mismo epígra-
fe se ha reducido a 277 millones en el tramo de Zamora
y a 85 en el de Valladolid.
El L.A.V. a Galicia (Medina-Zamora-Lubián) está
dividido en nueve tramos a la espera de ser licitados:
Olmedo-Villaverde de Medina, Villaverde-Villafranca,
Villafranca-Coreses, Accesos a Zamora, Zamora - Peri-
lla de Castro, Perilla de Castro-Otero de Bodas, Otero-
Cernadilla, Cernadilla-Pedralba de la Pradería, Pedral-
ba de la Pradería-Lubián.
Existe un compromiso del máximo nivel aprobado
en forma de Moción el 22 de junio de 2004 en el Pleno
del Congreso por unanimidad, a instancia del Grupo
Parlamentario Popular, de que el AVE entre Lubián y
Ourense estará operativo en el año 2009, entendiendo
que el tramo de Medina del Campo-Zamora-Lubián
estaría ya en funcionamiento.
A ello hay que añadir las incertidumbres que se
están generando en la sociedad zamorana sobre cuáles
van a ser las características de esta línea ferroviaria en
cuanto al ancho de sus raíles, la velocidad que va a
alcanzar, cómo va a estar electrificada, si va a ser de
una vía o doble vía, es decir: si va a tener todas las
características de la alta velocidad o, por el contrario,
va a ser un «TALGO de vía única».
Toda esta situación de inestabilidad y de anuncios
incumplidos ha provocado una reacción unánime de
indignación de la sociedad zamorana y de las fuerzas
políticas auténticamente comprometidas con su progre-
so que no pueden tolerar tanta indolencia, falta de com-
promiso y marginación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Puesta en servicio del tramo Medina-Zamora-
Lubián en el año 2009 con características de alta velo-
cidad y doble vía electrificada en todo su trazado.
2. A acelerar administrativamente y dotar presu-
puestariamente este proyecto, de modo que el aludido
tramo esté en obras en el 2007 y operativo en el 2009».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo
161/001670
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la elimina-
ción del peaje de Rande (AP-9), para su debate en
Comisión.
La reducción e incluso eliminación de los peajes de
la AP-9 en los entornos periurbanos de las ciudades de
A Coruña y Vigo es una demanda social desde hace
muchos años.
Fue el Partido Popular, tanto desde el Gobierno del
Estado como desde la Xunta de Galicia, quienes empe-
zaron a adoptar medidas en este sentido, llegando
incluso a poner en marcha mecanismos provisionales
para eliminar el impacto de los peajes entre sus usua-
rios.
Así, en 2002 se puso en marcha un sistema, conoci-
do como bono-peaje y financiado por la Xunta de Gali-
cia y las Diputaciones Provinciales de A Coruña y
Pontevedra, para garantizar la gratuidad de estos tra-
yectos a sus usuarios.
En esta línea de buscar una solución definitiva a este
problema, hace escasamente un año la Xunta de Galicia
formuló una nueva propuesta, que se haría efectiva a
partir del año 2010. Esta consistía básicamente en
suprimir definitiva y universalmente el peaje entre Pon-
tevedra y Vigo en la AP-9 a cambio de que la nueva
Autovía de conexión interior entre Pontevedra-Vigo en
la A-52 (prevista en el Plan Galicia y con plazo de fina-
lización en el 2010) pasase a ser autopista de peaje
explotada por AUDASA.
Poco después de ser presentada esta propuesta por la
Xunta de Galicia, el Secretario General del PSOE de
Galicia y hoy Presidente de la Xunta de Galicia, formuló
una propuesta semejante junto con el Secretario General
de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Quedaba
claro pues el consenso básico en una solución que per-
mitía suprimir definitivamente el peaje entre Pontevedra
y Vigo a partir del 2010, sin que a partir de ese año la
Junta de Galicia tuviese que asumir ningún coste.

13
El pasado día 3 de abril de 2006 en una visita de la
Ministra de Fomento a Galicia, la Xunta de Galicia
anuncia un acuerdo para la supresión de los peajes de
Rande y a Barcala. Según los datos que fueron ofreci-
dos, el sistema consistiría en que la Xunta de Galicia y
el Ministerio de Fomento se harían cargo (a partes
iguales) del coste de estos peajes hasta el año 2048. El
coste para el vigente año se calcula en un total de 6
millones de euros que podría incrementarse a lo largo
del tiempo en función tanto de los previsibles incre-
mentos de tráfico como de los incrementos anuales que
registran las tarifas.
En el Grupo Parlamentario Popular estamos a favor
de que el Ministerio de Fomento cofinancie con la
Xunta de Galicia el coste del peaje para garantizar la
gratuidad del trayecto entre el Morrazo y Vigo, pero
siempre que esta cofinanciación no se extienda más allá
del 2010, fecha en que —de acuerdo con los compro-
misos asumidos por el Ministerio de Fomento— debe-
ría estar en servicio la autovía alternativa entre Ponte-
vedra y Vigo por el interior.
Por lo tanto, dado que la solución presentada por la
Ministra de Fomento y el Presidente de la Xunta es cla-
ramente contraria a los intereses generales de Galicia; y
teniendo en cuenta que al parecer estos acuerdos con el
Ministerio de Fomento aun no han sido firmados, y con
el fin de evitar que la Comunidad Autónoma de Galicia
tenga que abonar durante 42 años estos costes, el Grupo
Parlamentario Popular presenta la siguiente
que el acuerdo entre el Ministerio de Fomento y la
Xunta de Galicia, para la supresión de los peajes en la
AP-9, esté sujeto a las siguientes condiciones:
1. Que se garantice el cumplimiento por parte del
Ministerio de Fomento de los compromisos adquiridos
en el Plan Galicia, de forma que en 2010 entre en servi-
cio la nueva autovía alternativa entre Pontevedra y Vigo
por el interior.
2. Que se inicie de inmediato la negociación entre
la Administración del Estado y la empresa concesiona-
ria de la AP-9 para proceder antes del año 2010 al
acuerdo de permuta de la autopista actual entre Ponte-
vedra y Vigo por la explotación en régimen de peaje de
la nueva autovía interior.
3. Que se levanten con carácter indefinido todas
las cabinas de peaje en todos los trayectos entre Ponte-
vedra-Vilaboa-Vigo en el año 2010.
4. En el supuesto de que la autovía interior entre
Pontevedra y Vigo no entrase en servicio en el año
2010, se garantice que —a partir de esa fecha hasta la
entrada en servicio efectiva de esta infraestructura— la
financiación del levantamiento de todos los peajes ante-
dichos corra exclusivamente a cargo de los departa-
mentos correspondientes de la Administración General
del Estado».
Comisión de Educación y Ciencia
161/001675
siguiente Proposición no de Ley, sobre los investigado-
res del programa Ramón y Cajal, para su debate en la
Comisión de Educación y Ciencia.
El programa Ramón y Cajal fue creado en el año
2001 con el objetivo fundamental de impulsar la carre-
ra científica en España, dotando de estabilidad a los
investigadores que hubieran acreditado un nivel de
excelencia tanto dentro como fuera de España, y conso-
lidando de esta manera la carrera del investigador en
nuestro país, como pieza fundamental del sistema de
ciencia y tecnología.
El programa fue acogido con satisfacción por la
comunidad investigadora, y se ha consolidado como
uno de los elementos clave del sistema, al que se han
ido incorporando otros programas complementarios
con el fin de dar continuidad a los beneficiarios del
Ramón y Cajal, fundamentalmente. Destaca en este
sentido el programa 13 lanzado por el actual Ministerio
de Educación y Ciencia, financiado a través de conve-
nios firmados entre el Ministerio y las comunidades
autónomas, y con una dotación presupuestaria para este
año 2006 de 35 millones de euros.
A punto de concluir el primer periodo de convocato-
ria de este programa, y atendiendo al espíritu del mismo
en cuanto a la incorporación estable y permanente de
los investigadores al sistema de ciencia, tecnología y
empresa, es necesario plantear soluciones a los proble-
mas que existen para responder satisfactoriamente a
este objetivo compartido por la comunidad científica y
por la mayoría de las fuerzas políticas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular pre-
senta la siguiente
adoptar las medidas necesarias para que aquellos inves-

14
tigadores del Ramón y Cajal que hayan obtenido ade-
más de las evaluaciones periódicas del propio progra-
ma, la evaluación positiva de la ANEP, puedan
continuar con carácter estable sus tareas de investiga-
ción y sus proyectos».
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales
161/001673
Cámara se presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y
de sus Familiares, para su debate en comisión.
La Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de
sus Familiares, fue firmada por los miembros responsa-
bles de la ONU en el año 1990, pero entró en vigor el 1
de julio de 2003. Desde esta fecha tan sólo 34 países lo
han ratificado, y ninguno de ellos corresponde a la
Unión Europea, a pesar de la contribución de los traba-
jadores inmigrantes a sus economías, quizás por temor
a reconocer derechos a personas inmigrantes de forma
irregular.
Dicha Convención tiene como principal finalidad el
fomento del respeto de los derechos humanos de los
trabajadores inmigrantes, aspecto que hoy cobra espe-
cial relevancia, pues tanto la inseguridad económica
como las nuevas formas de terrorismo, sitúan en el epi-
centro del problema a los inmigrantes, haciendo toda-
vía más necesaria esta especial protección de cara a
evitar abusos y arbitrariedades.
Todavía hoy, la legislación actual de Extranjería en
España no garantiza de forma amplia la protección de
los derechos humanos de los migrantes, por ello se esti-
ma oportuno que España disponga de un instrumento
para hacer frente a los retos que los procesos migrato-
rios nos plantean hoy en día.
Es por lo que se presenta la siguiente
que ratifique la Convención sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus
Familiares de la ONU que entró en vigor el pasado 1 de
julio de 2003 y que tiene como finalidad prevenir y eli-
minar abusos a personas migrantes, indiferentemente de
su situación jurídica, fijando unas normas internaciona-
les para un trato justo y sin abusos para todos ellos».
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/001691
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo
el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley relativa a apoyar la
continuidad del Museo Minero con el fin de llegar a
convertirse en Parque Tecnológico, para su debate en la
Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
La diversidad geográfica del territorio comarcal de
Andorra Sierra de Arcos, determina un devenir históri-
co variado y complejo; y en el que el periodo de la
Edad Media, se configura como el escenario ideal para
la definitiva formación de los pueblos que la compo-
nen: Andorra, Alloza, Ariño, Alacón, Gargallo, Ejulve,
Crivillén, Estercuel y Oliete.
El tranquilo devenir de estas tierras, sufre una trans-
formación significativa a principios del siglo xx, con el
descubrimiento de las minas de lignito, cuya explota-
ción, auténtico motor del desarrollo económico y
demográfico de la comarca durante décadas, ha legado
a la comarca un abundante y particular patrimonio
industrial en torno a la minería.
Actualmente, junto a las edificaciones de viviendas
asentadas en los barrios obreros de Ariño y Andorra, se
ha conservado no solamente el paisaje restaurado de los
desmontes, sino también interesantes estructuras indus-
triales, instalaciones mineras y antiguos castilletes de
los años 50; que en el caso de Ariño, marca la entrada al
barrio minero, y en el caso de Andorra, actúa como un
eficaz reclamo para conocer el parque minero-tecnoló-
gico; el cual, con motivo de la celebración de las Jorna-
das de Homenaje al Oficio del Minero, se construyó a
través de la Administración Comarcal y con la colabo-
ración del Ayuntamiento, empresas mineras, sindicatos
y los propios trabajadores mineros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
que en el marco del Plan 2006-2012 de la Minería del

15
Carbón, apoye a la Administración Comarcal para que
el Museo Minero de Andorra tenga continuidad y pueda
convertirse en un Parque Tecnológico sobre el oficio
minero.»
de 2006.—Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista del Congreso.
Comisión de Cultura
161/001687
tar la siguiente Proposición no de Ley, sobre los hórreos
como patrimonio cultural de Galicia, para su debate en
la Comisión de Cultura.
Los molinos y los hórreos de Galicia han pasado de
ser construcciones que formaban parte de la economía
familiar rural, a cambiar su papel y ser elementos fun-
damentales de la cultura y el paisaje gallegos hasta
convertirse en verdaderos símbolos.
En los hórreos se guardaba el grano que se cultiva-
ba, mientras que en los molinos (la mayoría de agua) se
convertía en harina y que serviría para hacer el pan.
Junto a estos elementos, también se encuentran
otras construcciones típicas y comunes en toda la geo-
grafía gallega, como son los hornos y los palomares.
Este conjunto de construcciones está tomando un
nuevo valor artístico y suponen un importante atractivo
turístico. En muchas zonas de Galicia se están rehabili-
tando para convertirse en reclamo por su arquitectura, y
por encontrarse ubicados en unas zonas de gran belleza
paisajística que estaban siendo ignoradas en muchas
ocasiones, por lo que significan un nuevo descubri-
miento y están siendo un gran revulsivo para la econo-
mía local donde se encuentran emplazadas.
Por eso es necesario realizar inventarios de molinos,
hórreos, hornos y palomares y comprobar en qué esta-
do se encuentran, así como proceder a realizar su res-
tauración cuando fuese necesario.
colaborar con la Xunta de Galicia a proceder a la elabo-
ración de un inventario de los hórreos, molinos, hornos
y palomares de Galicia, con el fin de conocer su ubica-
ción y estado de conservación actual, con la colabora-
ción de los municipios y proceder a habilitar ayudas
para que sea factible esa conservación y restauración.»
161/001688
tar la siguiente Proposición no de Ley, sobre el patri-
monio cultural de Galicia, para su debate en la Comi-
sión de Cultura.
Los «cruceiros» son símbolos religiosos amplia-
mente extendidos por toda Galicia, siendo considerados
como una manifestación genuina de la arquitectura
popular gallega. En los lugares donde se ubican estas
cruces, los vecinos se sienten muy unidos a esta repre-
sentación.
Su origen se remonta muchos siglos atrás con la llega-
da del cristianismo. Estas cruces están formadas por una
plataforma, un pedestal, un varal, un capitel y una cruz.
Existen cientos de «cruceiros» por los caminos y los
lugares sagrados de toda la Comunidad Autónoma.
Estos elementos sagrados han sobrepasado su mera
simbología religiosa para formar parte de una manera
muy destacada de la cultura propia de Galicia, inclu-
yéndose ya como parte de su patrimonio cultural.
Los cruceiros han sido incluso objeto de estudio por
parte de gallegos ilustres, como el caso de Alfonso
Rodríguez Castelao, que realizó un exhaustivo recopila-
torio y que recogió en «As Cruces de Pedra na Galiza».
Paralelamente a los «cruceiros» encontramos en Gali-
cia los «petos de ánimas», también de simbología religio-
sa y también muy ligada a la tradición y cultura gallegas.
Estas importantes manifestaciones culturales han de
ser preservadas desde las Administraciones públicas,
que deben actualizar su inventario, analizar su estado
actual y, en los casos que fuera necesario, proceder a su
restauración y mejora.
colaborar con la Xunta de Galicia a realizar un inventa-

16
rio actualizado de las “Cruces de Pedra” y “Petos de
Ánimas” ubicados en Galicia, proceder al análisis de su
situación y estado de conservación y a publicar este
estudio con el fin de darlo a conocer a la ciudadanía,
con el objetivo de que Galicia considere, valore y prote-
ja este patrimonio histórico-artístico.»
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001674
presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa al
apoyo a los enfermos de esclerosis múltiple para su
acceso a los servicios de rehabilitación integral, para su
debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
La esclerosis múltiple es una enfermedad del siste-
ma nervioso central, que varía en función de diferentes
grados y distintos tipos de evolución, de modo que
algunos de los pacientes únicamente se ven levemente
afectados por la enfermedad, pero en el peor de los
casos, el enfermo puede desarrollar una dependencia
grave, pues la dolencia puede llegar a impedirle realizar
de forma autónoma las actividades básicas de la vida
diaria.
La diversidad de síntomas a través de los que se
manifiesta la esclerosis (fatiga, dolor, debilidad muscu-
lar, trastornos psíquicos o sensoriales,...) dificulta el
diagnóstico, por lo que es difícil determinar con preci-
sión cuántas personas padecen esclerosis múltiple. Se
puede afirmar, sin embargo, que en nuestro país existen
cerca de 40.000 enfermos de esclerosis múltiple. De este
modo, la tasa de prevalencia de esclerosis múltiple en
España es de 60 casos por cada 100.000 habitantes.
La esclerosis múltiple es más frecuente en adultos
jóvenes, en particular, y según algunos estudios, la
mayoría de las personas empiezan a sentir los primeros
síntomas de la enfermedad entre los veinte y los cua-
renta años.
Consecuentemente, y teniendo en cuenta que la
esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que se
padece durante toda la vida, y que suele ser diagnosti-
cada en edades muy tempranas, el coste personal, social
y sanitario de la enfermedad suele ser muy elevado.
La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica
que carece de una cura universalmente eficaz. De todos
modos, existen diferentes tratamientos y terapias para
tratar la enfermedad, y para controlar los síntomas en
los que se manifiesta, sin desencadenar efectos secun-
darios perjudiciales.
En cualquier caso, para el tratamiento y recupera-
ción de un paciente, así como para mejorar su calidad
de vida, es muy importante un tratamiento integral que
comprenda fisioterapia, psicología, logopedia, terapia
ocupacional, etc.
La rehabilitación es fundamental para los enfermos
de esclerosis múltiple porque, aun en los casos más
leves, se pueden generar secuelas físicas que requieren
de recuperación, además de los beneficios psicológicos
que pueden derivar de este tratamiento.
Sin embargo, la complejidad de la rehabilitación
—que comprende tanto recuperación física como psi-
cológica, además de social—, unida a su larga dura-
ción —puesto que se prolonga de por vida—, hace de
los servicios de rehabilitación, de carácter periódico o
continuo, el punto más débil en la asistencia médica
especializada a los enfermos de esclerosis múltiple que
vienen realizando los centros del sistema público de
nuestro país.
La mayoría de los servicios sanitarios públicos de
rehabilitación están diseñados únicamente para atender
enfermos de gravedad y durante un tiempo limitado y
no pueden abarcar, por falta de recursos, la demanda de
tratamiento crónico de todos los enfermos de esclerosis
múltiple.
Por todo ello, desde el ámbito asociativo, en el que
se integran los afectados por esta enfermedad, y que ha
suplido en muchas ocasiones esta carencia, se viene
reclamando, desde hace tiempo, el derecho a la rehabi-
litación integral, de cara a que la Administración asuma
los costes derivados de este tratamiento, o al menos, los
subvencione.
A tenor de lo expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente
adoptar medidas dirigidas a facilitar la prestación, de
modo gratuito y permanente, de los servicios de rehabi-
litación integral a los enfermos de esclerosis múltiple
que soliciten este tipo de atención, de modo que:
1. Debe facilitarse el acceso de los pacientes de
esclerosis múltiple a una rehabilitación integral, compren-
diendo servicios de fisioterapia, asistencia social y neu-
ropsicología, en el marco del Sistema Nacional de Salud.
2. Debe habilitarse de modo permanente y conti-
nuado, precisamente porque los enfermos de esclerosis
múltiple son enfermos crónicos que padecen la enfer-
medad durante toda su vida.

17
3. Debe priorizarse la creación de unidades espe-
cializadas en esclerosis múltiple, para posibilitar una
atención continuada y multidisciplinar de los pacientes
afectados por esclerosis múltiple.
4. Debe fomentarse la formación de especialistas
en neurología, fisioterapia y rehabilitación en la aten-
ción a pacientes afectados por esclerosis múltiple.»
161/001666
del vigente reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a impulsar las
inversiones y la formación para mejorar el comporta-
miento medioambiental de las explotaciones agrícolas,
para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
Las prioridades de la UE en materia de desarrollo
rural se han centrado en las Conclusiones de los conse-
jos europeos de Lisboa y Gotemburgo. Dichas priorida-
des deben impulsar a los estados miembros a poner en
marcha acciones fundamentales que conviertan las
zonas rurales europeas en lugares con todo su potencial
desarrollado, atractivas como lugares en los que inver-
tir, trabajar y vivir, respetando siempre el principio de
desarrollo sostenible marcado desde la Unión.
Así, España que es un país con una economía sus-
tentada en gran parte en el sector primario, forma parte
del conjunto de países europeos más interesados en
promocionar y potenciar dicho sector. Nuestros secto-
res agrícola y agroalimentario manufacturan productos
de muy elevada calidad y de gran valor añadido cuya
competitividad en el resto de países europeos y del
mundo aún no ha alcanzado cifras máximas.
La protección al medio ambiente es una prioridad
relativamente reciente en las políticas de los países per-
tenecientes a la Unión. España ha realizado en las últi-
mas dos décadas grandes avances para conseguir insta-
lar las políticas medioambientales y de desarrollo
sostenible en todos los sectores productivos; sin embar-
go, la falta de inversión en nuevo capital humano y
físico, la escasez de innovación y la carencia de una
formación adecuada en el sector agrario y agroalimen-
tario español dificultan la adecuación de estos sectores
a prácticas protectoras con el medio ambiente.
Las mejoras que se conseguirían si la protección al
medio ambiente se generaliza entre las explotaciones
de las zonas rurales no sólo se refieren a alcanzar el
desarrollo sostenible, sino a optimizar la productividad
y lograr una mayor proyección internacional de nues-
tros productos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular for-
mula la siguiente
— Proporcionar herramientas a los pequeños pro-
ductores y dueños de explotaciones agrícolas y agroali-
mentarias de las zonas rurales de España para darles a
conocer las ventajas de convertir al desarrollo sosteni-
ble en principio rector de todos sus procesos producti-
vos.
— Facilitar el acceso a una financiación favorable
para todos aquellos que quieran invertir en la adapta-
ción medioambiental de su explotación.
— Proponer la creación de un distintivo empresa-
rial válido para el territorio de la Unión Europea que
acredite a las empresas agrícolas y agroalimentarias
que persiguen el desarrollo sostenible de su entorno, la
explotación respetuosa, de recursos naturales y el
estricto cumplimiento de las normas de la UE.»
161/001667
del vigente reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a mejorar y
preservar la biodiversidad y la riqueza paisajística, para
su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
En la actualidad, algunas de las prioridades funda-
mentales de la Unión Europea en materia de desarrollo
rural son la biodiversidad, la preservación de los siste-
mas agrarios y forestales de gran valor medioambien-
tal, el agua y el cambio climático. Las medidas y políti-
cas que han de articularse en los estados miembros para
la consecución de estos objetivos, deben contribuir a la
realización de la red agraria y forestal Natura 2000, al
compromiso de Gotemburgo y a los objetivos de la
Directiva marco del agua y del Protocolo de Kioto.

18
La sequía, la escasez de agua en muchas zonas de
nuestro país y el cambio climático, ponen en serio peli-
gro la preservación de agrosistemas de alto valor medio-
ambiental y la biodiversidad. Las perspectivas en el
horizonte a medio plazo no son en absoluto halagüeñas.
El panorama en España para la preservación del
medio ambiente y la biodiversidad es sombrío. Máxime
cuando las inversiones en mejorar la rentabilidad ecoló-
gica de muchas explotaciones son escasas y la investiga-
ción sobre fuentes de energía alternativas y su aplica-
ción práctica dejan mucho que desear en nuestro país.
El interés en la protección del medioambiente radi-
ca fundamentalmente en garantizar un desarrollo soste-
nible que asegure el avance del mundo rural a largo
plazo y para generaciones venideras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular for-
mula la siguiente
— Fomentar con programas específicos los servi-
cios medioambientales de asesoramiento y las prácticas
agropecuarias respetuosas con el medio ambiente.
— Proteger el entorno rural, poniendo en marcha,
en colaboración con ayuntamientos y comunidades
autónomas, planes para la conservación del patrimonio
natural.
— Luchar contra el cambio climático trabajando en
el desarrollo de fuentes renovables de energía que
reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero,
incrementando las partidas presupuestarias para fomen-
tar la investigación científica.
— Hacer más visible la contribución de la agricul-
tura ecológica o sostenible del medio ambiente.»
Comisión de Control Parlamentario de RTVE
161/001671
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Regla-
mento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa al mantenimien-
to de los Centros Territoriales de TVE, para su debate en
la Comisión de Control Parlamentario de RTVE.
Los Centros Territoriales desempeñan una función
básica dentro del servicio público que tiene asignado el
ente RTVE. La participación de estos centros en el con-
junto de la programación, por una parte, y en la activi-
dad general de RTVE, por otra, respondiendo a las
demandas de cohesión, de vertebración y de difusión
territoriales, es un hecho que ofrece unas posibilidades
inmensas en orden a hacer rentable socialmente y a
justificar plenamente los recursos humanos y técnicos
de que disponen.
El llamado «Plan de Saneamiento de RTVE», y de
manera concreta los recortes previstos en su capacidad,
han provocado una reacción extendida y generalizada
de protesta que coincide básicamente en apostar por el
mantenimiento y potenciación de los Centros Territo-
riales de RTVE.
Los Centros Territoriales de RTVE están asociados
de forma muy principal al cometido estratégico que
desempeña RTVE, como único proveedor de un servi-
cio público nacional de radio y televisión en todo el
territorio nacional, de tal forma que su continuidad,
reforzada con una adecuada iniciativa de colaboracio-
nes institucionales, no debe ponerse en duda.
Congreso presenta la siguiente
«El Congreso de los Diputados insta a la Dirección
General de RTVE a iniciar una amplia negociación res-
pecto al futuro de los Centros Territoriales y las emiso-
ras de RTVE en todas las Comunidades y Ciudades
Autónomas que, en el marco de la reforma legal de
RTVE, contribuya a su continuidad, utilidad y máxima
rentabilidad sociales.»
Comisión de Cooperación Internacional
para el Desarrollo
161/001682
Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la política del representan-
te del Gobierno en el Banco Mundial respecto de la
malaria, para su debate en Comisión de Cooperación
Internacional al Desarrollo.
Las recientes acusaciones al Banco Mundial realiza-
das en The Lancet por 13 expertos en salud pública de
varios países acerca del programa para combatir la
malaria ponen de manifiesto la necesidad de un mayor

19
control sobre los fondos para combatir dicha enferme-
dad que hoy en día afecta todavía a 300 millones de
personas al año y representa la primera causa de muerte
infantil en muchas zonas africanas.
Dichas denuncias se centran tanto en las aportacio-
nes económicas del Banco Mundial a dicho programa
como en la falta de transparencia en la distribución de
dichos fondos. En el año 2000 el Banco Mundial se
comprometió a destinar ayudas de entre 240 y 400
millones de euros en un período de 5 años y, sin embar-
go, esta cantidad se vio reducida el año 2002 a 160
millones de euros, y entre 2004-2005 esta aportación
disminuyó unos 100 millones de euros.
Otras críticas versan sobre el uso de tratamientos
obsoletos y medicinas poco efectivas, tales como la clo-
roquina, el personal dedicado a este programa —actual-
mente no hay ninguna persona adscrita— y el falseo de
datos, concretamente los relativos a India y Brasil.
Por todo ello se presenta la siguiente
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
que promueva a través de su representante en el Banco
Mundial las acciones necesarias para que se modifi-
quen las políticas que se están desarrollando contra la
malaria de forma que resulten efectivas.»
161/001686
tar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la emisión
al Gobierno de un informe no vinculante para informar
sobre los instrumentos de la cooperación al desarrollo
en los Planes Anuales de Cooperación, para su debate
en la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
En Cooperación española intervienen distintos acto-
res: Gobierno, Comunidades Autónomas, Corporacio-
nes Locales, sociedad civil, etc.
En la elaboración de los Planes Anuales de Coope-
ración, y teniendo en cuenta esta pluralidad de actores,
existe el Consejo de Cooperación al Desarrollo donde a
parte de la Administración, participan agentes sociales,
expertos, organizaciones no gubernamentales especia-
lizadas e instituciones y organismos de carácter privado
presentes en el campo de la ayuda al desarrollo. Por
otro lado, se encuentra la Comisión Interterritorial de
cooperación para el desarrollo donde intervienen
Comunidades Autónomas y Entidades locales. Y, por
último, tenemos la Comisión Interministerial de
Cooperación Internacional. En la elaboración de los
Planes Anuales de Cooperación, la participación de
todos estos actores tiene un carácter previo.
Sin embargo, aunque está prevista la participación
del Parlamento, ésta se desarrolla «a posteriori» dado
que interviene cuando los Planes Anuales de Coopera-
ción ya han sido debatidos. Esta actuación posterior del
parlamento, aunque se ajusta a la ley, contraría este
espíritu participativo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular pre-
senta la siguiente
que previa a la tramitación del informe de los Planes
Anuales de Cooperación por parte de la Secretaría de
Estado de Cooperación, en el uso de las facultades que
le confiere el reglamento de la Cámara, remita una
comunicación a la misma, conforme a los artículos 196
y siguientes del Reglamento, que haga posible la parti-
cipación de los distintos grupos parlamentarios en la
elaboración de dichos Planes Anuales a través de las
correspondientes propuestas de resolución.»
161/001689
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la necesidad
de adopción de medidas extraordinarias en la región de
Katanga, República del Congo, para contribuir a paliar la
alta tasa de mortalidad infantil por desnutrición en niños
menores de cinco años, para su debate en Comisión.
En la región de Katanga, se ha constatado que en los
últimos tres meses, los niños menores de cinco años
sufren una tasa de mortalidad seis veces por encima de
la que correspondería a una situación de emergencia.
Recientemente, Médicos Sin Fronteras, realizó una
encuesta nutricional en tres campos de desplazados

20
congoleños entorno a la ciudad de Dubie, cerca del
lago Mwer, en la provincia de Katanga, obteniendo
unos alarmantes resultados con una prevalencia de des-
nutrición global del 19,2% y una desnutrición severa
aguda del 5%.
Una desnutrición global entre el 10 y 15% indica
una crisis de seguridad alimentaria.
A través de información obtenida directamente de la
población de los campos, se puso de manifiesto que en
Dubie no hay suficientes alimentos, ni acceso a ellos.
La mayoría de las personas a lo sumo comen sólo una
vez al día, una comida que normalmente consiste en
hojas de mandioca o piel de mandioca seca.
Junto con la encuesta, MSF también realizó un estu-
dio retrospectivo de la mortalidad que incluyó 563
familias. Debido a las intervenciones médicas se consi-
guió reducir las tasas de mortalidad por debajo de los
niveles iniciales, pero, sin embargo, la continua escasez
de alimentos, ha ocasionado esta crisis nutricional.
La ayuda internacional enviada hasta ahora es a todas
luces insuficiente para atender a la población actual, y es
de prever que se agrave la situación de malnutrición
debido al incremento de población registrado en los
campos de refugiados próximos a Dubie, más de 90.000
personas desplazadas a causa de los enfrentamientos
entre las tropas congoleñas y tropas rebeldes.
La población de estos campos de refugiados cuenta
únicamente con la ayuda de unas ONGs que se ven
desbordadas ante la imposibilidad de corregir los défi-
cit nutricionales al no llegar ayuda de emergencia de
los países donantes.
que, en colaboración con el resto de países de la Unión
Europea, habilite una ayuda de emergencia para cubrir
las necesidades alimenticias básicas de la población refu-
giada en la región de Katanga, República del Congo.»
Comisión no permanente sobre Seguridad
Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico
161/001676
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergèn-
cia i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión en la Comisión de Fomento,
una Proposición no de Ley relativa a la mejora de la
seguridad en los autocares a través del uso del cinturón
de seguridad.
Antecedentes
La Fundación Real Automóvil Club de Catalunya
(RACC) ha realizado recientemente un estudio sobre la
seguridad en los autocares que contiene algunos datos
preocupantes: España es el primer país de la UE de los
quince en número de muertos por accidente de autocar
desde 1994, con 404 fallecidos, y la principal causa de
muerte es salir proyectado del asiento e impactar contra
los elementos o personas del propio vehículo o salir
proyectado hacia el exterior (más del 80% de las vícti-
mas mortales se producen por una proyección hacia el
exterior del autocar).
Este estudio revela también que el 60% de los
56.957 autocares que circulan por el Estado están equi-
pados con cinturones de seguridad, aunque su uso no es
obligatorio, excepto en el asiento encarado a pasillo
que no disponga de ninguna barrera física delante. Esta
cifra está relacionada con la antigüedad del parque de
autocares que según el estudio del RACC tiene una
media de 9,4 años, frente a los 8,4 de los turismos y que
un 25% de ellos tienen más de 15 años.
Pese a que el autocar es un medio de transporte
seguro, ya que el riesgo de sufrir un accidente es treinta
veces inferior al del turismo y los muertos en acciden-
tes de autocar representan sólo el 0,6 por ciento de las
víctimas mortales en carretera, es necesario establecer
medidas que contribuyan a disminuir las lesiones pro-
ducidas en los accidentes para hacer de los autocares un
medio de transporte más seguro.
En este contexto, la Directiva 2003/20 relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de
seguridad, obliga a todos los ocupantes de tres o más
años a utilizar los cinturones en vehículos como el
autocar. El periodo de transposición de esta Directiva
termina el 9 de mayo de 2006 sin que su incorporación
al ordenamiento interno tenga una fecha prevista.
Igualmente, en mayo de 2005, el Parlamento Euro-
peo aprobó un paquete de tres Directivas que obliga a la
instalación de cinturones de seguridad en todo tipo de
vehículos, aplicándose primero a los nuevos vehículos
y luego a los vehículos cuyo modelo ya esté en produc-
ción. El periodo de transposición de estas Directivas
termina el 19 y 20 de abril de 2006, previendo la posi-
bilidad de establecer dos años de transición.
El retraso de la legislación española en materia
de seguridad en los autocares frente a otros países
europeos es evidente y esto repercute directamente
en la seguridad de este tipo de transporte.

21
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Con-
vergència i Unió) presenta la siguiente
impulsar las modificaciones legislativas necesarias para
mejorar la seguridad en los autocares, que entre otras
medidas incluyan:
1. La incorporación al ordenamiento interno de
las Directivas relacionadas con el uso del cinturón en
los vehículos, especialmente de la Directiva 2003/98
que obliga al uso de cinturones de seguridad en los
autocares.
2. Establecer, en un plazo de seis meses, un plan
PREVER para promover la renovación de la actual
flota de autocares.»
de 2006.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad
161/001664
presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
la promoción de la accesibilidad de las personas disca-
pacitadas a los Paradores Nacionales de Turismo, para
su debate en la Comisión no permanente para las políti-
cas integrales de la discapacidad.
El turismo y el ocio son dos condiciones esenciales
para la calidad de vida de las personas y, por ello, repre-
sentan también una necesidad de primer orden para las
personas que padecen algún tipo de discapacidad.
Sin embargo, en muchas ocasiones resulta difícil
dar respuesta a esta necesidad, pues las personas disca-
pacitadas se encuentran con dificultades físicas para el
acceso a los lugares y edificios dedicados a servicios de
alojamiento disponibles en nuestro país, que impide a
estas personas disfrutar del turismo en igualdad de con-
diciones con el resto de la población.
Entre las actividades turísticas más importantes de
España está el disfrute de nuestros Paradores Naciona-
les. En la actualidad existen 86 Paradores Nacionales
de Turismo en España. Son hoteles, de propiedad y ges-
tión pública, que están ubicados en edificios históricos
(castillos, palacios, conventos, casas señoriales) o en
entornos naturales destacados.
Teniendo en cuenta las evaluaciones recogidas en el
Libro Verde de la Accesibilidad en España, presentado
en 2002 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, que somete a análisis los niveles de accesibilidad
de una muestra de hoteles de cuatro y cinco estrellas y
Paradores Nacionales de Turismo, el grado de accesibi-
lidad de estos establecimientos deja mucho que desear.
Partiendo de un análisis de la accesibilidad por
dependencias o servicios, se concluye que si bien los
Paradores Nacionales disponen de mejores condiciones
de accesibilidad en el caso de la entrada principal y de
los espacios de recepción y acogida (sólo un 7% de los
Paradores cuenta con una recepción inaccesible en
todos los casos). En cuanto a los aparcamientos, el
grado de accesibilidad depende del establecimiento, y
no se registran diferencias importantes entre Paradores
Nacionales y hoteles de cuatro y cinco estrellas.
Sin embargo, en el resto de espacios, la accesibili-
dad de los Paradores suele ser más limitada que la de
los hoteles de cuatro y cinco estrellas: la accesibilidad a
los ascensores resulta peor (un 33% no son accesibles),
las habitaciones son menos accesibles (en un 37% de
los casos no se satisfacen las necesidades de los disca-
pacitados), también lo son el restaurante y la cafetería,
los aseos públicos o incluso el entorno urbanístico. Los
Paradores Nacionales resultan también menos prepara-
dos que los hoteles de cuatro y cinco estrellas para
acoger reuniones o actividades en las que puedan parti-
cipar personas con problemas de movilidad.
La conclusión de estas evaluaciones es que la Red
de Paradores Nacionales plantea problemas de adapta-
ción importantes por la antigüedad y protección de
muchos de sus edificios, que se une a la mayor propor-
ción de inaccesibilidad que se manifiesta en muchos de
sus espacios.
En el Plan Estratégico de Paradores 2004-2008 se
incluía el Plan de Accesibilidad Universal de Paradores
(PAUP), con el objetivo de garantizar la accesibilidad
de todas las personas a todos los servicios e instalacio-
nes, en el plazo máximo de cuatro años.
A tenor de lo expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente
1. Mejorar las condiciones de accesibilidad de los
Paradores Nacionales, adaptando sus instalaciones a las
necesidades de las personas que padecen algún tipo de
discapacidad. A pesar de las dificultades añadidas que,
en muchos casos, se derivan de la antigüedad de las
edificaciones.

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