El documento habla sobre aumentos de precios en Oaxaca, incluyendo el kilo de tortilla que subió de 16 a 18 pesos, el pan que subió de 1.50 a 3-4 pesos, y las tarifas de taxis que subieron hasta 5-15 pesos. También menciona que 42% de la policía de Oaxaca no ha renovado su certificado de confianza y que varias mujeres políticas han enfrentado amenazas e intimidación para impedir que asuman sus cargos.

2. Incrementan kilo de tortilla, pan y
transporte en Oaxaca
El titular de la Asociación de la Masa y Tortilla Tradicional, Jaime Eugenio Pascal, dijo que
el kilo subió dos pesos y el pan de 150 y dos pesos. Taxistas foráneos de la Etla subió 5
pesos su tarifa.
Taxistas de Etla colocan nueva tarifa a la vista de usuarios. (Óscar Rodríguez)
ÓSCAR RODRÍGUEZ11/01/2017 09:54 PM
Oaxaca
Por el aumento en la gasolina, el kilo de la tortilla se incrementó de 16 a 18 pesos y el pan
de 1.50 a tres o cuatro pesos, en algunas zonas de municipios y la capital del estado,
además dueños de taxistas también incrementaron ilegalmente sus tarifas.
El presidente de la Asociación de la Masa y la Tortilla Tradicional, Jaime Eugenio Pascal,
informó que a principios de diciembre del año pasado, la tonelada de harina de maíz tuvo
un incremento de 900 pesos, mientras que en la primera semana de este año aumentó la
factura del gas.
Agregó que en Puerto Escondido y Huatulco, el precio oscilará entre 18 y 20 pesos y en la
capital del estado en 17 pesos; de acuerdo con el costo de la energía eléctrica, el gas y de
los combustibles.
Entre el aumento de 12 y 18 de enero llega el recibo de pago de la energía eléctrica en este
2017, que implicaría un tercer aumento en sus costos de producción y del cual se estima
sea entre un 2.5 o 4.5 por ciento más y dependerá del "escaño" de cada tortillería.
El último incremento en los costos repone su "stock" de materia prima ya sea harina o maíz,
cuando se sabrá cuánto aumentó este insumo, así como el flete.
Pascual Eugenio agregó que hasta sus proveedores de grano afirman que aún no tienen un
nuevo precio, hasta que salga la producción de maíz del estado de Sinaloa, cuya cosecha
empieza en abril y mayo.
Pero desde febrero o marzo, apuntó, los empresarios de la tortilla ya conocen el nuevo
precio del maíz "porque desde abril y mayo ya empiezan a cosechar para embodegar y
tener más o menos un buen stock y que ya esté seco el grano, para no mandarlo tierno o
húmedo porque este granos aún no sirve".
Aceptó que en la ciudad de Oaxaca y en los municipios conurbados se consumen alrededor
43 mil 500 kilogramos de tortilla por día. La mediodía, la venta de este producto se duplica
con respecto a las de la mañana.
Mientras tanto las piezas de pan o "bolillo" llego a cotizarse en panaderías hasta en tres
pesos, cuando su precio era de 1.50 y dos pesos.
Por su parte los taxistas foráneos de la zona de Etla empezaron a cobrar hasta 15 pesos su
tarifa de la zona del Valle Central al mercado de abasto, cuando antes era de 10 pesos.
La misma ruta ejercieron transportistas de la empresa Halcón, que elevaron sus tarifas
hasta en 12 y 15 pesos el traslado de la ciudad los municipios colindantes con la ciudad de
Oaxaca.

3. Oaxaca "reprobada" en seguridad; 42% de
policías sin renovar certificado de confianza
CARLOS
HERNÁNDEZ LÓPEZ
Oaxaca es una de las entidades más rezagadas respecto al examen de control de
confianza y certificación de sus policías.
Juan Zavala
Con 42 por ciento, Oaxaca es la cuarta entidad del país por el mayor rezago de certificados
pendientes de renovación de los policías y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP),
según datos de la asociación civil Causa en Común.
En números absolutos, la organización coloca a la entidad en el tercer lugar de las entidades más
rezagadas con 1 mil 55 policías y mandos que no han renovado su certificado de control de
confianza.
Las 5 instituciones estatales de seguridad pública con mayor porcentaje de certificados
pendientes de renovación son las mismas que el mes de octubre: Tlaxcala 60.62%, 765 policías;
Guerrero 51.41%, 1 mil 643 policías; Michoacán 49.09%, 839 policías; Oaxaca 42.06%, 1, mil
555 policías y Sonora 40.32%, 450 policías.
La presidenta nacional de Causa en Común, María Elena Morera, agregó que en en el estado 8.5
por ciento de policías que reprobaron el examen de control de confianza, continúan en activo; es
decir, pese a no acreditar la prueba, aún son agentes de seguridad pública de la SSP.
De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los integrantes de las
corporaciones policiales de las entidades federativas deben acreditar o pasar tres pruebas: el
examen de control de confianza, de destrezas y habilidades y el de desempeño; de estas dos
últimas, ninguno de los gobiernos de los estados no proporcionan información sobre sus
resultados.
“Lo que nosotros creemos es que no cumplen con el requisito, porque si no la información sería
pública. Esto quiere decir que no está cumpliendo con la norma que los tiene que pasar por una re
certificación cada tres años”.
Elena Morera aseguró que este rezago en Oaxaca, al igual que en otras entidades del país, pone a
los “buenos policías” en desventaja porque desde la misma institución (SSP) genera ilegalidad y
al no cumplir con la norma hace “que los policías vean que no es importante cumplir” con la ley.
Mientras que para la ciudadanía, genera incertidumbre porque desconoce si los policías son o no
confiables. “Cuando los policías son maltratados al interior de la institución, ellos también
pierden legitimidad y los buenos policías, que yo creo que hay muchísimos y que creo son la
mayoría, pierden al no tener unas credibilidad pública”.

4. “Es una realidad, agregó, que los gobernadores no tienen un compromiso político para hacer que
las cosas mejoren, que a los gobernadores no les importan sus ciudadanos, porque si les
importara en lo primero que deberían de estar trabajando en su seguridad”.
Esta falta de incumplimiento en la norma, respecto al examen de control de confianza de los
policías estatales, queda en la impunidad porque los mismos gobernadores de protegen, aseguró
la presidenta de Causa en Común.
La activista Elena Morera apuntó que se supone deben retenerse recursos públicos a las entidades
que no cumplan con estos requisitos en sus corporaciones de seguridad pública; pero tampoco se
cumple.
“Porque si hubiera una retención de recursos, igual ya hubieran reaccionado. Nosotros hemos
pedido muchas veces a través del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública que
exista una sanción para los estados que no cumplen”.
Además, dijo, las prioridades en el Gobierno Federal cambiaron en el sexenio de Enrique Peña
Nieto, “y no es una prioridad para ellos darle seguimiento al Control de Confianza”.
“Lo que pensamos como organización es que no es que no sea lo que el gobierno quiera, sino que
está en la ley y la ley dice que deben estar aprobados para estar en funciones y tienen que renovar
sus exámenes de control de confianza. Si no están de acuerdo con eso, que se cambié la ley; pero
mientras está la ley, la deberían de cumplir”.
Los Estados con mayor porcentaje de
certificados pendientes de renovación
Tlaxcala 60.62%
Guerrero 51.41%
Michoacán 49.09%
Oaxaca 42.06% y
Sonora 40.32%
Policías reprobados en activo en Oaxaca
8.30% o 307 policías
Fuente: Causa en Común
Repunta violencia contra derechos políticos
de mujeres en Oaxaca
EMILIO MORALES PACHECO
No nos quieren en cargos de decisión, lamenta Anabel López.
Lizette Mendoza

5. Las presidentas muncipales, síndicas y regidoras de Hacienda, son las principales victimas de
violencia política. En el reciente relevo de autoridades se documentaron 5 casos cuyas mujeres
acudieron a instancias como el Tribunal Estatal Electoral (TEE) y la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), para la protección de sus derechos políticos.
“No nos quieren en donde se definen los recursos, no nos quieren en donde se toman las
decisiones que marcan y definen la ruta de una administración”, enfatizó la presidenta del
Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Anabel López Sánchez.
El pasado 1 de enero, al menos tres de las 38 presidentas municipales electas en Oaxaca y que
tomaron posesión a su cargo fueron amenazadas de muerte e intimidadas por parte de sus
verdugos, regidores y concejales hombres.
Los casos de Irma Aguilar Raymundo, alcaldesa de San Pedro Atoyac y el de la síndica
procuradora, Yareli Cariño López son sólo dos de las historias de mujeres vulneradas en sus
derechos políticos. En ambas situaciones los hombres de la comunidad e integrantes del Cabildo
les impiden ejercer el puesto para el que resultaron electas en las votaciones del 5 de junio de
2016.
Días antes del relevo de autoridades, Itaisa López Galvan, primera mujer electa como presidenta
municipal en Eloxochixtlán de Flores Magón, también fue victima de amenazas, en las que se
llegó a implicar a miembros de su familia.
50% de las mujeres no terminó el cargo
En Oaxaca, el año pasado, 40 candidatas a síndicas resultaron ganadoras, de ellas sólo 20
pudieron culminar con su encomienda. Mayormente los casos de violencia política se concentran
en la región de la Mixteca y en la Sierra Sur, destaca el Colectivo. Este año, de 570 municipios,
38 serán gobernados por mujeres.
“Es importante que las instituciones políticas, el Gobierno del Estado, los partidos y el Gobierno
federal asuman con responsabilidad el generar garantías para que las mujeres desempeñen sus
derechos políticos”, indicó la también ex titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO),
Anabel López Sánchez.
La defensora de las mujeres, advirtió que es necesario que se agilice de manera inmediata la
protección a las mujeres activas en la vida política, toda vez que en noviembre de este año se abre
un nuevo proceso electoral.
Informó que de 2015 a 2016 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(Fepade) atendió 141 denuncias de misoginia en las campañas y luego de darse a conocer los
resultados.
“Es fundamental que las instituciones acompañen la participación política de las mujeres para que
se generen garantías de seguridad y protección a sus derechos”.
Amenazan a alcaldesa de San Pedro Atoyac
para que abandone el cargo
LIZETTE MENDOZA ALAVEZ
La presidenta municipal de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, denuncia
agresiones en su contra.

6. Lizette Mendoza
La presidenta municipal de San Pedro Atoyac, en el distrito de Jamiltepec, Irma Aguilar
Raymundo, denunció haber sido amenazada de muerte por los integrantes de su propio cabildo,
para que renuncie al cargo que el pasado 5 de junio de 2016 ganó en las urnas.
Aseguró que el síndico de la comunidad, Gabriel Ángel Guzmán, le dio tres meses para “desistir
de sus intereses como munícipe de la comunidad”. Por estos hechos acudió a la Fiscalía
Especializada para Atención de Delitos Electorales (Fepade), donde ya se interpuso la denuncia
correspondiente.
Por esta situación, la edil emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acudió ayer
al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese instituto político para solicitar su apoyo y de esta
forma garantizar su seguridad, toda vez que no entregará su cargo.
Pide seguridad
“Fui nombrada por la asamblea, hice mi campaña. Me dicen que si logro convencer a nueve
integrantes del cabildo me puedo quedar como presidenta; si no, me tengo que ir; pero son mis
derechos y están abusando de ellos”, indicó la edil.
Además de pedir el apoyo de su partido, exigió al Gobierno de Oaxaca que garantice las
condiciones de seguridad para que pueda regresar a su comunidad y continúe con el cargo que le
dieron al votar por ella.
A petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que le dictó
medidas cautelares, Irma acudió acompañada de policías estatales al acto de toma de protesta de
su cargo en su municipio.
Agresiones del síndico
Pese a la seguridad, el 1 de enero al tomar protesta, la presidenta municipal fue agredida por los
familiares del síndico Gabriel Ángel Guzmán; además, fue obligada a firmar nombramientos a
los simpatizantes del cabildo que la rechaza.
Aguilar Raymundo denunció que el pasado 16 de noviembre de 2016, un grupo de personas
dispararon en su casa, acto que aseguró, fue denunciado ante las autoridades correspondientes.
Rechaza INE violencia política
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Oaxaca,
rechazó la violencia política en contra de mujeres que resultaron electas concejales, como en los
casos denunciados en San Pedro Atoyac y Pinotepa Nacional, motivo por el cual la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha solicitado al gobierno del estado medidas cautelares
para las afectadas.
El órgano electoral lamentó que las mujeres enfrenten obstáculos y amenazas en el legítimo
ejercicio de sus derechos político-electorales.
Segego se niega a reconocer
derechos de regidoras y
sindicas electas: CEN del PRD
Por Jaime Guerrero -

7. Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- La Secretaria Nacional de Igualdad de Género del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Castello Rebollar, anunció que
acudirán una delegación de perredistas a Oaxaca, en busca del gobernador, Alejandro
Murat Hinojosa y del secretario de gobierno, Alejandro Aviles Alvarez, debido a que
el responsable de la política interna de la entidad, ha negado el derecho a acceder a los
cargos que fueron electas mujeres del Sol Azteca.
Irma Aguilar Raymundo, presidenta municipal electa de San Pedro Atoyac,
Jamiltepec, Oaxaca y Yareli Cariño López, sindica electa del municipio de Pinotepa
Nacional sufren hostigamiento y hasta amenazas de muerte, refirió la dirigente
partidista.
Según, Castello Rebollar, ante la violencia política por razón de género que sufren
Aguilar Raymundo y Cariño López, acompañará topo tipo de acciones para hacer que
sus derechos políticos se respeten a cabalidad y se les brinden garantías para su
protección.
Anunció que en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en su sesión pasada acordó
tomar cartas en el asunto a raíz de la violencia de la que son víctima la alcaldesa y la
síndica perredista inclusive por militantes de este partido.
Recordó que ambas mujeres fueron electas el pasado junio del 2015, y en el caso de la
presidenta municipal de San Pedro Atoyac ha sido amenazada y ha sufrido agresiones
físicas porque el síndico de dicho municipio pretende ocupar el cargo de alcalde.

8. La síndica de Pinotepa Nacional a días de haber tomado protesta fue destituida de su
cargo por parte del presidente municipal dándole el cargo de regidora “cargo para el
cual no fue electa, es totalmente violatorio de la legislación electoral”.
“En el PRD por ello nos estamos haciendo cargo de este asunto a partir de estos
hechos y de que el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres ha denunciado en
medios de comunicación y han apoyado a nuestras compañeras militantes perredistas
que son víctimas de violencia política por parte de los propios militantes del mismo
partido”, dijo.
En conferencia de prensa añadió que debido a ambos casos de violencia política la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una solicitud de medidas
cautelares para que Irma Aguilar y Yareli Cariño tuvieran garantías para que se les
tomará protesta, lo cual ocurrió pero siguen siendo violentadas.
En Cámara del Congreso de la Unión, la Secretaria de Igualdad de Géneros,
refirió que las diputadas Hortensia Aragón, Cristina Gaytán y la senadora Angélica de
la Peña emitieron un exhorto al gobernador de Oaxaca y a las autoridades municipales
para que cese la violencia política contra las mujeres “que se garanticen sus derechos
para que ellas puedan desempeñar el cargo para el cual fueron electas”.
A pregunta expresa sobre alguna posible sanción hacia los militantes perredistas que
han ejercido violencia contra la presidenta municipal y la síndica, Claudia Castello
expresó que esa decisión es facultad de la Comisión Jurisdiccional de este instituto
político.
Anticipó que como Secretaria de Igualdad de Géneros junto con el presidente del
Consejo Nacional, Ángel Ávila, acudirán al estado de Oaxaca en busca del gobernador
y del secretario de gobierno para insistir que Yareli Cariño sea registrada como
síndica, quien en su momento ha acudido a dicha instancia a solicitarlo y se le ha sido
negado el derecho.
En su oportunidad, Beatriz Mojica Morga, señaló que el PRD respaldará a todas las
mujeres sin importar colores partidarios, al tiempo que este partido se compromete a
acompañar a Irma Aguilar y a Yareli Cariño a defender sus cargos que fueron
resultado de la voluntad de la gente.
“Estaremos pendientes de manera permanente, a veces esta situación involucra a
compañeros del propio partido. El llamado siempre va a ser el mismo, de nuestro

9. partido o de otros partidos, la participación política de las mujeres se fundamenta en la
defensa que tenemos que hacer de su derecho a participar ampliamente”, resaltó.
Por su parte, la diputada federal Hortensia Aragón reconoció a ambas mujeres por
denunciar lo que ocurre en un estado como Oaxaca, donde pareciera que los derechos
humanos están subordinados a intereses políticos.
“Reconozco a la dirección nacional por poner las cosas en su lugar y lo que se debe
entender es que la democracia no es que las mujeres peleen espacios y asuntos que le
corresponden a los hombres, sino incluir las dos visiones, la de los hombres y las
mujeres en los espacios de decisión”, refrendó.
La diputada agregó que legisladoras perredistas han puesto atención a estos y a otros
casos y han puesto énfasis al tema para dejar en claro que la paridad no tiene reversa.
“El PRD tendrá que enfrentar en congruencia una decisión que implica llamar desde el
propio partido a cuentas a aquellos que se niegan no sólo a respetar lo que ya establece
la norma interna del partido sino lo que ya está escrito en la Constitución”.
En tanto, Anabel López, integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres
indicó que la participación política de las mujeres es una tarea difícil, que en cuestión
de espacios a cargos de elección popular ha habido avances significados pero
lamentablemente la realidad es que a mayor participación de las mujeres, mayor
violencia de parte de los líderes partidistas.
En el estado, abundó, no sólo son dos casos, sino muchísimos más en donde las
mujeres son víctimas de hostigamiento en los ayuntamientos, regidurías y sindicaturas
por conformar la Comisión de Hacienda que es un espacio en el que se definen
recursos.
Subrayó que el Colectivo de la Ciudadanía para las Mujeres ha buscado acercamiento
con la Secretaría General del gobierno de Oaxaca quien no ha atendido la petición ni
ha respondido a las medidas cautelares de la CNDH. “hay una ausencia de parte del
gobierno y la lectura pareciera ser que las mujeres no formamos parte de la política
interna del estado”.
Declaró que ante estos dos casos se siguen dos rutas legales, la política que se
encuentra en la Fepade en donde se está investigando y la otra ruta son juicios de
derechos ciudadanos.

10. La presidenta municipal electa de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Irma Aguilar solicitó
apoyo para garantizar su integridad física y la de su familia ya que denunció que el
pasado 16 de noviembre dispararon con arma de fuego hacia su domicilio. “tomé
protesta el 1 de enero y me dicen que tengo tres meses para dejar el cargo para que el
síndico suba, me han amenazado de muerte”.
Finalmente la síndica de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño quien también tomó
protesta el 1 de enero manifestó que también fue amenazada para que no ocupara el
cargo para el cual fue electa porque se le argumentaba que ella no representaba a la
clase social del municipio.
Docentes de Telebachilleratos Comunitarios
cierran otra oficina educativa en Oaxaca
Ismael García
Oaxaca.- En su tercer día de protestas en la capital del estado, profesores del sistema
Telebachilleratos Comunitarios que no han cobrado sus sueldos desde hace más de seis meses,
cerraron otra oficina de la Coordinación General de Educación Media, Media Superior y Ciencia
y Tecnología, donde despachaba Jorge Villar Llorens, a “escondidas”.
Los docentes arribaron a la sede alterna, ubicada en la calle Linderos número 402, de la colonia
El Arenal, en inmediaciones de la agencia de Cinco Señores, al sur de la ciudad.
De acuerdo con los inconformes, hasta el momento Villar Llores ha evadido atender la
problemática salarial, por lo que insistieron en exigir una reunión con el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa.
Según los denunciantes, desde hace más de seis meses no les cubren el sueldo, además de que
carecen de prestaciones sociales, a pesar de ser una instancia que depende del Gobierno del
Estado de Oaxaca.

11. Bloquean la 190 en Nochixtlán; “quieren borrar
evidencias de enfrentamiento”, denuncian
>
REDACCIÓN
Oaxaca.- Pobladores de Asunción Nochixtlán iniciaron un bloqueo en la la carretera federal
190, Oaxaca-Cuacnopalan, en inmediaciones de dicha población, la tarde de este miércoles.
La movilización por parte del Comité de Víctimas del 19 de Junio, así como familiares de heridos
y fallecidos por el enfrentamiento de hace casi siete meses, se originó luego de que denunciaran,
tanto a autoridades locales como federales, de tratar de borrar y alterar las evidencias del hecho.
“El delegado de la PGR en Oaxaca, Javier Martín Villanueva Hernández, junto al edil Rubén
Alcides Miguel Miguel, realizaron una supuesta diligencia para entregar el Palacio Municipal, lo
cual realizaron con la intención de desaparecer las pruebas”, recalcaron los habitantes en un
comunicado.
Los manifestantes acusaron a los funcionarios de querer iniciar una confrontación para justificar
la desaparición de los documentos.
Ante ello, el comité responsabilizan al gobierno estatal de cualquier agresión a su integridad, así
como piden respeto a sus acuerdos de efectuar una investigación eficaz.
La carretera de cuota está cerrada en su totalidad. Sólo hay paso por la libre.
Continúa sin insumos y medicamentos
Hospital General de Juchitán
La UCIN quedó inconclusa, la obra se encuentra en un 30 por ciento de
avance
por Diana Manzo el Jueves 12 de enero de 2017 - 05:00:02
Juchitán.- Más de 300 pacientes son atendidos a diario en el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes
ubicado en esta ciudad zapoteca, de los cuales alrededor de 30 son mujeres embarazadas, el 50 por ciento de los
usuarios vienen de los 42 municipios del Istmo de Tehuantepec, inclusive de Chiapas y Veracruz, sin embargo
los insumos y medicamentos son pocos o inexistentes, la mujer que da a luz y se le practica una cesárea paga
entre 2 mil y 3 mil pesos para ser atendida.

12. Esta unidad de salud desde el año pasado vive un colapso en sus instalaciones, principalmente por la falta de
insumos y medicamentos, no es la única en el estado, sin embargo, por su tamaño y gran demanda a 40 días de
haber tomado protesta, la actual secretaria de Salud, Gabriela Velásquez Rosas, no ha dado a conocer qué
sucederá con esta unidad de salud, es un hospital en el que se resuelven problemas de toda una región
oaxaqueña.
Además de esta carencia, el año pasado también por indicaciones del entonces encargado de Salud, Germán
Tenorio Vasconcelos se comprometió a rehabilitar la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), el
plan era hacerlo más amplio para mejorar la atención, la obra se encuentra en un 30 por ciento y los bebés que
nacen y requieren este apoyo son atendidos en pasillos del área de pediatría sin el equipo necesario.
“Recientemente se nos solicitó atender a un bebé proveniente de la localidad de Tapanatepec que requería de
un ventilador mecánico para respirar, desafortunadamente falleció durante el traslado”, explicó Luis Aquino
Santiago, neonatólogo del hospital general.
Expresó que muchos padres de familia desconocen la situación de precariedad que atraviesa esta unidad de
salud, muchos los critican que en ocasiones no acepten que un bebé ingrese, pero lo que no saben es que no hay
UCIN y el bebé puede fallecer si hubiera complicaciones.
“Recibir tratamiento en la UCIN es altamente costoso, en la iniciativa privada un día oscila en los 60 mil pesos,
los recién nacidos tienen que permanecer un mes aproximadamente por lo menos para salir del peligro, por eso
es valioso que la obra concluya” recalcó.
La UCIN comenzó a rehabilitarse en el mes de marzo del 2015 y debió concluirse en junio del año pasado,
posteriormente el encargado del despacho de salud, Héctor González prometió concluirlo el 15 de septiembre
del 2015 y a la fecha se encuentra sin avances, la obra está en un 30 por ciento.
Las autoridades municipales deben priorizar el tema de salud como algo regional y no local, Luis Aquino,
neonatólogo del Hospital General reconoció que el Istmo de Tehuantepec es un foco rojo en la materia de
salud, y señaló que las autoridades municipales deberían analizar el tema de salud como algo regional, no
exclusivo de sus comunidades, porque es aquí en esta unidad donde intentan resolver los problemas de salud de
toda una región del estado.
“Al tratarse de vidas humanas no podemos parar, pero es una realidad que no basta con el sentido humano para
sanar vidas, no hay infraestructura, no existen condiciones óptimas, la salud es un derecho universal”, explicó
indignado.
Dijo que las autoridades municipales deben involucrase aportando recursos y levantar esta unidad para que
nuevamente vuelva a ser el hospital de excelencia que fue hace mucho años.
De igual forma precisó que la sociedad civil también debe involucrarse a través de un patronato y ser la
principal administradora de los recursos.
“Cuando se quiere, se puede, muchos dirán que es una idea loca o descabellada, pero es momento de que lo
alcaldes del Istmo volteen a esta unidad de salud, muchos nos envían a sus pacientes y quieren que les demos
un buen trato, el trato se da, pero las medicinas no, no las hay”.
Luis Aquino Santiago reconoció que los pensamientos deben cambiar y la sociedad y los gobernantes de los 42
municipios deben analizar que un hospital no es de un alcalde o un gobernador sino de la sociedad.
El hospital civil de Juchitán, fue fundado el 16 de octubre de 1991 y actualmente es catalogado como el
segundo nosocomio con mayor productividad del estado de Oaxaca, a pesar de que su capacidad se ha
duplicado a un 200 por ciento.
Este edificio de salud atiende a pacientes en el área de consulta externa y urgencias, cuenta con nueve
especialidades entre ginecología, pediatría, cirugía general, oftalmología hasta nutriología, además de brindar
servicio en el área de rayos X, laboratorio, puesto de sangrado, mastografía y una Unidad de Cuidados
intensivos Neonatales (UCIN).

13. Redacción del Piñero | @elpinero | 11, enero 2017
Cué endeuda a Oaxaca con 16 mil
millones de pesos
Oaxaca, México.- Oaxaca figura dentro de los 10 estados en donde la deuda pública se
disparó en los últimos años, cuya administración fue encabezada por el perredista Gabino
Cué Monteagudo (2010 – 2016).
De acuerdo a una evaluación de la organización México ¿cómo vamos?, “metas para
transformar al país”, la entidad presenta un aumento de la deuda que deberá ser pagada
por los ciudadanos hasta en un 14.6% más con relación a otros periodos de gobierno.
Es importante mencionar que se ubica sólo por debajo de estados como Chihuahua, quien
aumentó su deuda pública en 23.4%, Coahuila con 52.2%, Zacatecas con el 81.9%,
Campeche con el 39.3% y Morelos con el 28.3%.
Otro factor que se fue hasta las nubes en la administración que concluyó el ex Convergente
Cué Monteagudo es la pobreza laboral, pues aquí los niveles de Oaxaca son por encima de
la media nacional.
México ¿cómo vamos? Establece que el estado tiene una pobreza laboral del 62.7% es
decir casi 7 de 10 oaxaqueños carecen de un empleo formal, lo cual se refleja en la falta de
alimentación, comida, vestido y educación.

14. El estado que gobernó el ex presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago) comparte las cifras fatídicas de desarrollo con estados como Guerrero, Chiapas,
quienes lo superan por unos puntos.
Mientras que el estado de Guerrero rebasa el 52% en pobreza laboral.
Por lo que la actual administración estatal encabezada por Alejandro Murat Hinojosa deberá
redoblar esfuerzos y planes y proyectos para que los ciudadanos resientan poco la deuda
pública y salir con el apoyo de la federación de los bajos índices de desarrollo.
Y es que la deuda pública heredada por Gabino Cué Monteagudo supera los 16 mil
millones de pesos, sumado a los escandalosos casos de presunta corrupción y desvíos en
los Servicios de Salud de Oaxaca y Sinfra.
La alternancia no ha inhibido la
corrupción; desde 1989, 7 mandatarios
han pisado la cárcel
El mal uso de recursos por parte de los gobiernos estatales no es exclusivo de
un solo partido, pues en 19 entidades que han experimentado la transición
política hay denuncias penales por irregularidades
12/01/2017 05:56 LETICIA ROBLES DE LA ROSA Y TANIA ROSAS
CIUDAD DE MÉXICO.

15. La alternancia política en los gobiernos estatales no se tradujo, hasta el momento, en la
garantía de acabar con la corrupción en el uso de los recursos públicos, pues en 19 de las
26 entidades federativas que enfrentan 273 denuncias por manejos irregulares del
presupuesto federal, los votantes decidieron por un cambio de partido en el gobierno.
Michoacán es la segunda entidad con el mayor número de denuncias de hechos por actos
de corrupción, desde los años en que el perredista Leonel Godoy lo gobernó. La población
votó por un cambio y el PRI regresó al gobierno con Fausto Vallejo, pero eso no canceló
las irregularidades, que siguieron hasta la administración de Salvador Jara.
El estado está implicado en 21 denuncias penales, el desvío fue de 33 mil 742 millones
258 mil pesos durante los gobiernos de Leonel Godoy, Fausto Vallejo y Jesús Reyna.
Además, es la entidad número dos en el monto de dinero federal que le entregó la
Secretaría de Hacienda, entre 2011 y 2014, y que la revisión de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) generó 208 acciones, que están en seguimiento, para comprobar que
se utilizó de manera correcta un total de 12 mil 595 millones 600 mil pesos.
Después de 80 años de gobiernos del PRI, en Oaxaca se registró la alternancia en el
gobierno. El expriista y entonces militante del Partido Convergencia, hoy conocido como
Movimiento Ciudadano, Gabino Cué, ganó la gubernatura, con el ofrecimiento de una
forma de trabajar diferente a la priista y acabar con la corrupción.
Hace unas semanas terminó su gobierno y Oaxaca mantiene los problemas de corrupción
en el manejo de sus finanzas.
Enfrenta ocho denuncias federales de hechos por la malversación de 10 mil 980 millones
115 mil 700 pesos, de los cuales ocho mil 655 millones están relacionadas con la llamada
simulación de reintegros, que es reponer dinero faltante detectado por la Auditoría
Superior de la Federación, y después volverlos a tomar.
Sumado a eso, Oaxaca tiene vivas 115 acciones de seguimiento por parte de la ASF, que
involucran un total de tres mil 376 millones 300 mil pesos por pagos irregulares a los
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Baja California Sur es un estado que ha sido gobernado por los tres principales partidos
políticos del país.
A finales de los noventa, el PRD le ganó por primera vez la gubernatura al PRI, con
Leonel Cota Montaño; luego llegó otro perredista, Narciso Agúndez; ambos gobiernos
fueron acusados de corrupción. Ganó el PAN, después, con Marco Covarrubias y
actualmente está el panista Carlos Mendoza Davis.
Pero esa alternancia no se tradujo en garantizar un manejo pulcro de las finanzas. La ASF
le detectó al estado una simulación de reintegros por cuatro mil 671 millones 500 mil
pesos, lo que llevó a la presentación de 11 denuncias penales, a las cuales se suman tres
más por otro tipo de desvíos, para hacer un total de cinco mil 740 millones 778 mil 600
pesos, amén de que están bajo sospecha otros mil 624 millones 500 mil pesos. Y todo este
dinero se refiere a los gobiernos de Agúndez y de Covarrubias.
Chiapas es otra entidad gobernada por políticos que han llegado con siglas diferentes a las
del PRI, pero todos ellos desarrollaron su trabajo bajo la sospecha de la corrupción. De
hecho, Pablo Salazar Mendiguchía, que llegó apoyado por el PRD y una coalición de
partidos, terminó su gobierno y fue a la cárcel, donde salió, según él mismo dijo, por un
acuerdo con su sucesor, Juan Sabines.
Juan Sabines también llegó con el apoyo del PRD y una coalición de partidos. Su
gobierno estuvo señalado por corrupción y hace dos años su nombre fue mencionado
como posible objetivo judicial para encarcelarlo.
Justamente por los manejos presupuestales de Juan Sabines y del actual gobierno que
encabeza Manuel Velasco, militante del Partido Verde, Chiapas enfrenta un total de 15
demandas federales de hechos por un monto de 16 mil 28 millones 505 mil 200 pesos y la
ASF le da seguimiento a 114 acciones que involucran otros tres mil 785 millones 300 mil
pesos.

16. Zeferino Torreblanca llegó al gobierno de Guerrero en 2005, con el ofrecimiento de
terminar con la corrupción del histórico gobierno priista. Llegó con las siglas del PRD y
ese partido refrendó la gubernatura con Ángel Heladio Aguirre, en 2011, pero sus
administraciones también incurrieron en malversaciones y, por eso, la ASF presentó 10
denuncias de hecho por un total de 12 mil 826 millones 749 mil pesos, y están en revisión
otros dos mil 243 millones 200 mil pesos.
Desde hace varios meses el caso de Sonora acapara la atención nacional. En 2009 el
panista Guillermo Padrés le arrebató la gubernatura al PRI, para terminar con las
irregularidades que, según él, ya tenían harta a la población.
Pero Guillermo Padrés terminó su gobierno rodeado de numerosas denuncias por
corrupción y enriquecimiento personal. En su estado enfrenta demandas por 30 mil
millones de pesos, pero, además, la ASF tiene una denuncia penal por 92 millones 300
mil pesos y da seguimiento a 239 acciones que implican mil 144 millones 500 mil pesos.
Jalisco es uno de los estados más grandes del país. Cuando el PAN le ganó la gubernatura
al PRI se abrieron las expectativas de una forma diferente de gobernar, pero el panismo
incurrió en diferentes malversaciones que llevaron a la población a votar nuevamente por
el PRI, que actualmente gobierna.
El exgobierno de Emilio González Márquez y el actual de Aristóteles Sandoval registran
23 denuncias penales por actos de corrupción que involucran tres mil 603 millones 500
mil pesos, y están vivas 205 acciones de seguimiento por otros seis mil 153 millones 700
mil pesos.
Cuando en 1989 el PAN abrió la era de la alternancia en los estados, Baja California
inscribió en la historia nacional la primera hazaña política de ganarle al PRI. La entidad
tiene ya 27 años de gobiernos priistas, pero eso no significó un manejo pulcro de las
finanzas. Actualmente tiene dos denuncias penales por cinco mil 438 millones 500 mil
pesos y la vigilancia a otros dos mil 702 millones 600 mil pesos, que pueden generar más
demandas penales.
Guanajuato, que es la segunda entidad que vivió la alternancia política, es gobernada por
el PAN y, desde la administración de Juan Manuel Oliva hasta la actual, ha incurrido en
actos de corrupción por nueve mil 345 millones 552 mil pesos y tienen en revisión otros
mil 558 millones 300 mil pesos.
Morelos es gobernado actualmente por el perredista Graco Ramírez; su antecesor fue el
panista Marco Adame y antes de él fue el también panista Sergio Estrada Cajigal, quien se
hizo famoso, entre otras cosas, por el uso del llamado Helicóptero del Amor, que era una
aeronave del gobierno, utilizado para pasear a su entonces joven novia.
El estado enfrenta 19 denuncias penales por los malos manejos de cinco mil 123 millones
320 mil pesos de origen federal y la Auditoría Superior de la Federal (ASF) le vigila otros
mil 509 millones 700 mil pesos.
Tlaxcala es otra entidad que ha sido gobernada por las tres principales fuerzas políticas.
Fue el PRD el que rompió el monopolio priista en la entidad, con Alfonso Sánchez; le
siguió el panista Héctor Ortiz y acaba de terminar el gobierno del priista Mariano
González Zarur. Tiene vivas 11 demandas penales a nivel federal, por el uso incorrecto de
12 millones 356 mil pesos y están en vigilancia otros 123 millones 500 mil pesos, desde
el gobierno de Ortiz.
Sinaloa también vivió la alternancia en el gobierno, con Mario López Valdez, quien llegó
apoyado por una coalición de partidos, luego de que el PRI no le dio la candidatura.
Termina su gobierno con uso irregular de recursos y ocho denuncias de hecho por el mal
manejo de siete mil 381 millones 894 mil 200 pesos, que pueden aumentar, dado que
están bajo verificación otros dos mil 931 millones 400 mil pesos.
Zacatecas está en la escena mediática, porque su exgobernador, el priista Miguel Alonso
Reyes, es señalado por incurrir en actos de corrupción, Pero las irregularidades rebasan a
su gobierno y tocan el de la perredista Amalia García; el estado tiene 11 denuncias
federales de hechos en su contra, por cinco mil 709 millones de pesos y la ASF le da
seguimiento al uso de otros dos mil 201 millones 100 mil pesos.

17. Una situación similar ocurre en los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Nayarit,
Nuevo León, Querétaro y Tabasco, donde la alternancia no ha implicado la anulación del
uso incorrecto de dinero; tan sólo estas seis entidades enfrentan, juntas, 33 denuncias
penales, por un total de 10 mil 199 millones 998 mil 700 pesos.
La sospecha pluripartidista
Desde que el PRI perdió por primera vez una gubernatura —y con eso comenzó la era de
la transición política a nivel de estados— 182 personas han gobernado las 32 entidades
federativas del país, y aunque, sin excepción alguna, concluyen sus administraciones en
medio de polémicas, 66 de ellos lo han hecho rodeados de acusaciones tan graves que
algunos están en la cárcel, otros enfrentan procesos en su contra y los demás han debido
apostar a la muerte del escándalo mediático para reactivarse políticamente.
El recuento histórico de los 178 hombres y sólo cuatro mujeres que han gobernado las 32
entidades federativas desde 1989, cuando el PRI perdió la primera gubernatura, deja ver
que el fenómeno de la mala fama de los gobernadores no es ya exclusiva del PRI, sino
que toca a todos los partidos que han tenido una labor de gobierno estatal: PRI, PAN,
PRD y Partido Verde y Movimiento Ciudadano.
De los 66 gobernadores que han sido señalados de abusos de poder, nexos con el crimen
organizado, enriquecimiento ilícito, impericia para gobernar y hasta cinismo para aceptar
sus deficiencias, 34 llegaron al poder con las siglas del PRI; 16 fueron impulsados por el
PAN, 15 por el PRD y uno por el Partido Verde.
Hasta el momento, sólo siete han pisado la cárcel, como son los casos del panista
Armando Reynoso Femat, quien este lunes fue sentenciado por el Juzgado Segundo de lo
Penal a seis años nueve meses de prisión por peculado y ejercicio indebido del servicio
público; el perredista Narciso Agúndez, quien salió bajo fianza; igual que el perredista
Pablo Salazar; el priista Jesús Reyna sigue en la cárcel, igual que sus correligionarios
Mario Villanueva, Andrés Granier y Guillermo Padrés; Marcelo de los Santos, quien
gobernó con las siglas del PAN en San Luis Potosí, está inhabilitado por 20 años por
fraudes y desvíos de dinero público.
Hay otro grupo que enfrenta acusaciones formales, como los priistas César Duarte,
Humberto Moreira, Fausto Vallejo, Rodrigo Medina, Manuel Cavazos, Tomás
Yarrington, Eugenio Hernández y Javier Duarte; los perredistas Marcelo Ebrard y Ángel
Aguirre.
El resto de los 66 ha sido señalado por diferentes irregularidades, pero que no han entrado
al terreno judicial; Andrés Manuel López Obrador, por aumentar de manera acelerada la
deuda de la capital del país; Miguel Ángel Mancera, por equivocaciones constantes en su
forma de gobernar la Ciudad de México; Amalia García, por irregularidades
administrativas y crecimiento del crimen organizado en Zacatecas.
Roberto Madrazo y Manuel Andrade, por pésimos gobiernos en Tabasco; Juan Sabines,
por desvío de fondos destinados al Seguro Popular en Chiapas; Francisco Barrio por el
crecimiento de la inseguridad en Chihuahua; Arturo Montiel por el aumento de la
corrupción en el Estado de México, lo mismo que los panistas Juan Manuel Oliva y
Miguel Márquez en Guanajuato y Emilio González en Jalisco, entre otros.
Resultados “modestos”
En 1989 se dio la primera alternancia a nivel estatal en México, al perder el PRI la
gubernatura de Baja California, a manos del panista Ernesto Ruffo.
“La victoria en las urnas del candidato panista de Baja California abrió una vía inédita en
el sistema electoral de México”, expresa Victor Alejandro Espinoza en el
libro Alternancia y transición política: ¿cómo gobierna la oposición en México?
“La alternancia de partidos al frente de gobiernos estatales ha sido interpretada como un
indicador del proceso de transición democrática en México”, señala Ana Díaz en el
mismo libro.
Sin embargo, el potencial de desarrollo de nuevas formas de gobierno es “modesto” frente
a lo que se proclama en las campañas electorales, concluye.

18. Tipo de cambio refleja un escenario muy
pesimista: Meade
Le secretario de Hacienda indicó que la caída del peso, que el miércoles tocó un mínimo
histórico, hará que exista un panorama difícil para la llegada de nuevas inversiones al país.
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade. (@ITAM_mx)
REUTERS12/01/2017 11:04 AM
Ciudad de México
La cotización del peso mexicano, que el miércoles se depreció a un mínimo histórico, refleja
un panorama muy pesimista en torno a la llegada de nuevas inversiones al país, dijo este
jueves el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.
"Hoy el tipo de cambio refleja un escenario muy pesimista respecto a la capacidad que
tendremos para atraer inversión", dijo el funcionario en el seminario Perspectivas
Económicas 2017, “Retos y Oportunidades ante el nuevo entorno internacional”, que
organiza el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
La volatilidad mundial y los temores de que el nuevo gobierno de Estados Unidos pueda
tomar medidas adversas para México, llevaron al peso a mínimos históricos esta semana
para acumular una depreciación frente al dólar de casi cinco por ciento en lo que va del
año. En 2016 la moneda se debilitó 20 por ciento.
Redacción del Piñero | @elpinero | 11, enero 2017

19. TREN PARLAMENTARIO: La ley de la
militarización del país y el
apagamiento atroz de las refinerías
VICENTE BELLO
México.- Súbitamente un comentario de Rocío Nahle García estremecía al Pleno de la
Comisión Permanente: “Tenemos que ir a utilizar nuestras refinerías al 100 por ciento,
nadie menciona eso, nadie lo menciona”. Y apostillaba la diputada federal de Morena:
“Todo mundo habla de la importación y la importación, y nadie ha discutido que se debe
disminuir el porcentaje de importación de gasolina”.
El gasolinazo era, desde el principio, el tema fundamental del sesionar de la Comisión
Permanente. Pero, desde que irrumpió en la vida de la República este aumento del precio
de las gasolinas, que se recuerde, nadie había hablado de la imperiosa necesidad de que
las refinerías que ya tiene el país sean reactivadas a velocidad de vértigo. Y para ello es
que proponía Nahle, desde la tribuna, que el Congreso de la Unión se meta en un periodo
extraordinario de sesiones, para revisar todos las varias propuestas de modificación del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).
El PAN ya planteó –y ayer lo refrendaba- que el IEPS sea recortado a la mitad: 50 por
ciento; es decir, si el impuesto de marras hizo que las gasolinas y el diesel subieran en su
precio más de 4 pesos por litro, entonces el aumento sólo rondaría los 2 pesos, para que la
gasolina que anda por los 18.40 pesos, baje a 16.40. Y así la otra y el diesel.
El PRD salió desde que comenzó el año como madre ardiendo (fue uno de los que
agarraron la pata a la vaca, cuando el PRI insufló la reforma a la ley de Ingresos de la
Federación 2017 y a la Ley de Ingresos en Materia de Hidrocarburos para que quedase el
Ieps insertado a los litros de gasolinas, a partir de este 1 de enero) con la propuesta de que
el susodicho Ieps bajase al 10 por ciento, como estaba hasta 2015.
El Partido Movimiento Ciudadano propuso ayer que el Ieps sea recortado 37 por ciento. Y el
Morena planteó este miércoles que sea recortado 60 por ciento.
De veras que en el Congreso muy poco hacen los diputados y senadores por recordar que,
en el estado de Hidalgo, quedó un terrenote sin utilizar, y apenas con la barda, que costó
millones de pesos. Era el sitio con que Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de
México, dijo que sería construida una refinería, para incrementar la producción de gasolina,
que entonces (2009, año en que se hablaba de la construcción aquella) andaba por una
importación del 47 por ciento.
Ocho años después, México importa el 64 por ciento de la gasolina que se consume; 90 por
ciento, proveniente de refinerías de los Estados Unidos de América, según datos de la
Secretaría de Energía.
Ayer, en la sesión de la Permanente, el senador Manuel Bartlett Díaz recriminó al Senado
por haber asegurado que se instalaba una mesa de trabajo para revisar el tema de la
seguridad interior, con fines de iniciar la discusión de cuatro iniciativas encaminadas a crear
la Ley General de Seguridad Interior, con la que se pretendería militarizar al país.
Bartlett dijo: “Cuando tenía que haberse llevado a cabo hubo una cuestión ahí extraña, no
se llevó a cabo la sesión y, sin embargo, en la tarde saca un boletín que dice que al término
de la reunión, ¿verdad?, se estableció otra con carácter privado, que sostuvieron los
representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores, con carácter privado.
“Por lo que simplemente no se llevó a ninguna discusión y se prepara ya abiertamente el
militarizar el país sin ninguna participación de ningún tipo, habiendo sido acordado al
término de una reunión de carácter privado, y no es de carácter privado discutir si este país
va a entrar en un proceso de régimen policiaco militar o no. Es una situación muy grave”.
El tema de la militarización del país encaja en el contexto del aumento de las gasolinas, del
que se han derivado reclamos muy airados de grandes sectores de la población.
Por cierto, no pasó desapercibido ayer en el Congreso el gesto de rebeldía de la Coparmex,
que ha comenzado a plantear soluciones literalmente iguales a las que ha estado
proponiendo el partido de Andrés Manuel López Obrador.
Miguel Barbosa Huerta, senador del PRD, dijo, a propósito del tema de seguridad interior:

20. “¿Se necesita una regulación? Sí. Los temas de seguridad pública siempre estarán a cargo
de las autoridades civiles. Que no se piense que una ley de seguridad interior va a ser
aquella que permita a los militares, que permita al Ejército manejar el proceso indagatorio y
de investigación y de todo lo relacionado a la persecución de delitos.
En opinión de Rocío Nahle, todos esto forma parte de una estrategia planeada desde que
comenzó el sexenio. Y ejemplificaba con lo del aumento de las gasolinas: “¿Qué quiere
decir? Que esto ya lo tenían previsto, que esto no es porque vino del exterior, que esto no
es porque aumentó el precio del petróleo, esto ya lo tenían previsto. Eso no es lo peor, lo
peor es que todavía nos esperan tres gasolinazos más en febrero: el 4 de febrero, el 11 de
febrero y el 18 de febrero, de acuerdo a lo que publicó a finales de diciembre la propia
Secretaría de Hacienda”.
Y es en febrero, da la casualidad, en que el PRI tiene planeado aprobar la Ley General de
Seguridad Interior, que voces como la de Manuel Bartlett califican como la ley de la
militarización del país.
Coches, publicidad, bonos: los gastos
que le exigen recortar al gobierno
Si tanto gobierno federal, como legisladores y partidos políticos recortaran los gastos que
hacen en conceptos como publicidad institucional, o en premios millonarios por
simplemente acudir a su puesto de trabajo, entre otros podrían ahorrar hasta 126 mil
millones de pesos.
Protestas por el alza a la gasolina en Jalisco.Cuartoscuro
Manu Ureste (@ManuVPC)
enero 12 2017 02:00
FONDEA el periodismo independiente
Diversos sectores de la sociedad civil han criticado que el gobierno federal
aumentara la presión fiscal sobre los mexicanos sin antes haber hecho
un“ejercicio profundo” de recorte del gasto público, que podría haber aliviado el
impacto del aumento a los precios de la gasolina.
¿Pero dónde recortar? ¿Dónde hacer ajustes que permitan tener una alternativa
sin afectar los bolsillos de millones de mexicanos?
Animal Político hizo un análisis de cómo gastan las autoridades el dinero público, y
detectó gastos de, al menos, 126 mil millones de pesos que podrían reducirse sin

21. afectar los programas sociales dirigidos a las personas de escasos recursos. Y esto,
sin contar el respiro que supondría para el erario que el gobierno federal
realmente se ajustara el cinturón y dejara de gastar miles de millones más de lo
presupuestado.
Veamos algunos de estos gastos.
¿Recortes? No para el Gobierno: gasta 359 mil millones de más en dos
años
La promesa del gobierno federal de recortar gastos inició en 2014. Sin embargo,
en estos dos últimos años, el Ejecutivo ha sido una máquina de devorar millones.
Por ejemplo, en 2015 Hacienda anunció un recorte al gasto de 52 mil millones de
pesos. Pero ese año el Gobierno acabó gastándose 185 mil millones más de lo
presupuestado, según cifras de la Cuenta Pública.
Mientras que de enero a septiembre de 2016, el gobierno ya gastó 174 mil 507
millones más de lo que la Cámara de Diputados le asignó. Es decir, gastó 359
millones de más en solo dos años.
Para dimensionar estos datos: solo con los 180 mil millones ‘extra’ de 2015, se
cubriría buena parte de los 200 mil millones que, según dijo Peña Nieto en su
mensaje de año nuevo, el Gobierno tendría que gastar de haber continuado
subsidiando la gasolina este 2017.
Presidencia gasta mil millones más de lo presupuestado
Entre las instancias del Gobierno que gastan más de lo presupuestado destaca el
caso de la oficina de la Presidencia de la República. Solo en los seis primeros
meses de 2016, Los Pinos derrochó mil 011 millones de pesos más de lo
etiquetado; un 63% más. De hecho, Presidencia es la instancia que, en términos
proporcionales, más aumentó su gasto argumentando “actividades de seguridad”
para garantizar la integridad del Ejecutivo.
Pero Presidencia no es la única dependencia que no se ajusta al
presupuesto.Hasta septiembre de 2016, la Secretaría de Turismo aumentó su
gasto en 2 mil millones (50% más de lo etiquetado). La propia Secretaría de
Hacienda gastó 11 mil 049 millones de más (49%), y la Secretaría de Gobernación
lleva 13 mil 262 millones de sobregasto (29.3%).
Aprueban 500 millones para operativos, y gastan casi 5 mil
Mientras que el Gobierno, en tan solo los primeros cinco meses de
2015,multiplicó por siete el monto que la Cámara de Diputados le aprobó para
operativos de seguridad pública de riesgo o encubiertos. Hasta mayo, el gasto en
esas operaciones confidenciales ascendía a 4 mil 728 millones de pesos, aunque el
Congreso sólo le asignó 560; un aumento de 740%.
Prometen recorte a publicidad, pero gastan 7 mil millones más
Otro de los rubros que prometió recortar el gobierno federal es el del gasto en
comunicación social y publicidad. El entonces secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, prometió a inicios de 2015 que recortaría este gasto un 10%

22. Sin embargo, la Cuenta Pública 2015 –la de 2016 se dará a conocer en abril de
este 2017-, reveló que el gobierno gastó 7 mil 547 millones más de lo
presupuestado (2 mil 695 millones); es decir, 65.8% más. Casi se triplicó.
72 mil millones en fideicomisos opacos
El maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, Leonardo Núñez,
explica que “una de las áreas más opacas” del gasto público es de transferencias a
fideicomisos; concepto que pasó de tener 36 mil millones presupuestados a 109
millones gastados en la realidad; un incremento de 72 mil millones.
Hay crisis, pero la burocracia crece: 24 mil millones más
Por otra parte, a pesar de que el 6 de enero Peña Nieto dijo que, a la fecha, han
eliminado alrededor de 20 mil plazas laborales, “lo que representa una reducción
en sueldos y prestaciones de más de 7 mil 700 millones”, los datos de su propio
gobierno dicen otra cosa.
Según cifras de Hacienda, hasta noviembre de 2016 el gobierno pagó 944 mil 641
millones a sus funcionarios. Este monto es superior por 24 mil 235 millones de
pesos a lo que se pagó en el mismo periodo del año anterior.
Prestaciones: 15 mil millones solo por ir a trabajar y ser puntual
En cuanto a las prestaciones que dedica el Ejecutivo para ‘apapachar’ a
sus burócratas, las cifras oficiales también revelan que los “recortes” anunciados
por Hacienda no les afecta. De hecho, en 2016 el gasto del Gobierno en
“remuneraciones extraordinarias” y “estímulos” fue de 51 mil 253 millones; 661
millones más que en 2015.
Dentro de esta categoría de “estímulos”, cabe analizar varias partidas. Por
ejemplo, hasta el tercer trimestre de 2016 la Secretaría de Hacienda reporta un
gasto de 8 mil 199 millones en premiar la ‘puntualidad’. Mientras que en el
mismo periodo, destinó 7 mil 498 millones para recompensar a los funcionarios
que asisten a su trabajo con regularidad.
400 millones en “empleados del mes” y recompensas
Asimismo, el gobierno federal pagó hasta noviembre de 2016 casi 100 millones de
pesos (94 millones 553 mil) en primas para agasajar a sus “empleados del mes”. Y
en la partida ‘premios, estímulos y recompensas’, dedicó otros 331 millones 827
mil pesos.
Ciudadanos marchan en Puebla contra el alza en el
precio de la gasolina.

23. 890 millones por ‘perseverar’
En cuanto a las prestaciones de ‘condiciones generales, contratos colectivos y
otras’ –es decir, además de las prestaciones de ley, estas otras prestaciones son las
que reciben los funcionarios del Gobierno porque así está estipulado en su
contrato colectivo-, existen otras partidas millonarias a analizar.
Por ejemplo, además de asistir al trabajo y ser puntual, para el Ejecutivo también
es importante que el funcionario persevere en su desempeño. Por eso, hasta
noviembre de 2016 destinó 890 millones 505 mil pesos a otorgar a sus empleados
una “prima de perseverancia”.
2 mil millones para compensar la “vida cara” y celebrar Reyes
Otras partidas dentro de este rubro: el gobierno federal también ayuda a sus
empleados a superar los embates de la economía y el alza de los precios. Al tercer
trimestre de 2016, gastó mil 600 millones en la prestación denominada
‘Compensación por vida cara’.
Además, dio 94 millones en ‘ayuda por uso de vehículo’, y gastó 422 millones en
sus empleados por conceptos como ‘Día de Reyes’, ‘Día de la Secretaria’, ‘Día del
Trabajador Institucional’, o por los cumpleaños.
10 mil millones en ayudas para libros, dote matrimonial y economía
familiar
Sumado a estos gastos que publica Hacienda, Valeria Mendiola, de la
organización México como Vamos, identificó en los nueve primeros meses de 2016
otras prestaciones “que, o bien no se entienden, o bien son superfluas”, como
‘ayuda para libros’ (2 mil 646 millones), ‘asignaciones para el apoyo a la economía
familiar’ (8 mil 348 millones); ‘dote matrimonial’ (5 millones 432 mil); ‘nota
buena’ (43 millones 536 mil); o ‘notas de mérito’ (21 millones 487 mil).
Compras ruinosas: 6 mil millones por una empresa ‘chatarra’
Otro ‘agujero negro’ por el que se malgastan millones del erario público son
algunas de las compras que ha hecho el gobierno en los últimos años.
Por ejemplo, en diciembre de 2013, Petróleos Mexicanos (Pemex) gastó 475
millones de dólares, unos 6 mil 300 millones de pesos –en ese entonces, el tipo de
cambio estaba en 13.346 pesos el dólar-, para la adquisición y rehabilitación de la
planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.
La compra de la planta, ubicada en el complejo Petroquímico de Pajaritos,
Veracruz, se produjo a pesar de que las instalaciones y maquinaria tenían más de
30 años de antigüedad y los últimos 15 estuvo inactiva. De hecho, en 1999 la
compañía cerró sus puertas luego de que Pemex le suspendiera el suministro de
amoniaco por adeudos millonarios. Y además, enfrentó una huelga de sus
empleados por falta de pagos.
“Se desconoce la motivación que Pemex tuvo para comprar una planta obsoleta e
inoperable”, apuntó el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, Roberto Gil, quien pidió en un punto de acuerdo que la Auditoría

24. Superior de la Federación investigue la compra de esta compañía que, dos años
después de su adquisición, sigue sin operar.
Peña Nieto dijo que el país no cuenta con los
recursos para subsidiar el precio de la gasolina.
Más dinero para los partidos: 5 mil 700 millones extra
¿Y los partidos políticos? Lejos de recortarse el gasto, también se aumentaron el
dinero que reciben.
Así, aunque en 2014 los partidos aprobaron una reforma electoral que –dijeron-
abarataría los comicios electorales, dos años después el resultado fue un aumento
de 5 mil 700 millones en prerrogativas. Hace dos años tenían 6 mil 195 millones
de pesos, un año después –gracias a la reforma- obtuvieron 9 mil 649 millones
(56% más) y en este 2016 recibieron 8 mil 447 millones (30% más).
Aumenta 832 millones el presupuesto para legisladores
Quienes tampoco se recortan el gasto son diputados ni senadores: este 2017, los
diputados tendrán un presupuesto de 8 mil 051 millones; 492 millones más que
en 2016. Mientras que los senadores tienen asignado 4 mil 761 millones; 340
millones más que el año anterior.
136 millones para bonos navideños y reparación de autos
Además, los diputados también gozan de jugosas prestaciones. Solo en la pasada
Navidad, se aprobaron en primera instancia un bono de 75 millones de pesos por
“asistencia legislativa” –es decir, por ir a trabajar-, y pocos días antes de terminar
el año dieron luz verde a otra tajada de 54.6 millones de pesos adicionales.
El pasado 19 de diciembre –poco antes del primer gasolinazo de 2017-, la Cámara
de Diputados también adjudicó una licitación por hasta cuatro millones 400 mil
pesos para el mantenimiento y reparación de los 121 vehículos que tienen a su
disposición.
Proviene de 24 alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco
Recibe la Corte la primera demanda legal en contra del alza a
combustibles
JESÚS ARANDA

25. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió ayer la primera demanda legal en
contra del gasolinazo, donde 24 alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara presentaron
controversias constitucionales en contra del incremento al precio de las gasolinas y demandaron
un trato ‘‘equitativo’’ al que se da a municipios de Veracruz, que es donde los combustibles
tienen un costo menor a escala nacional.
Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, en representación de 23 de sus homólogos pertenecientes a
Movimiento Ciudadano, dijo que la intención de las controversias no es combatir el aumento
generalizado en los combustibles, sino exigir un trato igual al de los municipios que se ven
favorecidos con un costo menor de éstos.
Además, solicitaron una suspensión provisional para que en los ayuntamientos quejosos el
costo de la gasolina Magna sea un peso 20 centavos menor al precio actual, lo que significaría un
ahorro importante para los habitantes de la zona, dijo. En Zapopan, por ejemplo, las gasolinas
Magna, Premium y el diésel cuestan 16.53, 18.41 y 17.26 pesos, respectivamente, mientras que
en Veracruz los costos son de 15.33, 17.11 y 16.41.
Lemus argumentó que el gasolinazoes inconstitucional porque el Ejecutivo no tenía
facultades para implementarlo, pues es competencia del Congreso, además de que el Presidente
no cumplió con las formalidades legales que se requieren para llevar a cabo esa medida.
En más de 460 gasolineras te han
vendido litros incompletos desde el 2012
En promedio cada tercer día se descubre una nueva gasolinera con irregularidades. La
ley en México permite vender litros incompletos, pero solo con diferencia del 1.5%.
Arturo Angel (@arturoangel20)
enero 12 2017 07:52
FONDEA el periodismo independiente
La posibilidad de pagar por litros de gasolina que estén incompletos ya es un riesgo que existe en
todo el país. En los últimos cuatro años las autoridades han confirmado irregularidades en
estaciones de servicio (gasolinería) de las 32 entidades federativas. En promedio, cada tres días
se descubre y sanciona una nueva gasolinera.
Datos oficiales de la Procuraduría Federal del Consumidor revelados vía transparencia indican que de
enero de 2012 a julio del 2016 fueron descubiertas y sancionadas un total de 463 estaciones de
servicio por irregularidades descubiertas en sus bombas despachadoras de combustible. Las multas
impuestas por esta actividad superan los 68 millones de pesos.
Desde enero de 2016 hubo reformas legales que convirtieron el vender litros de gasolina
incompletos en un delito federal que se castiga con penas incluso de cárcel. Pero los datos no
evidencian que esta actividad fraudulenta haya disminuido.
Tan solo de enero a julio del mismo 2016 ya sumaban 76 las estaciones de servicio sancionadas
por la Procuraduría Federal del Consumidor por anomalías en sus medidores colocados en las
bombas despachadoras. Dicha cifra es superior a las gasolineras multadas en todo el 2012 (62
estaciones) o en todo el 2014 (39 estaciones).
Incluso, si se toma en cuenta que aún falta que se transparenten los resultados de los últimos
cinco meses de 2016, la cantidad de gasolineras con irregularidades descubiertas el año pasado
podría superar también a las 91 registradas en 2015.
En el último año y medio las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor han
descubierto, ya sea por denuncias o por operativos de verificación sorpresa, irregularidades en

26. gasolineras de cinco entidades donde no se habían descubierto antes: Aguascalientes, Nayarit,
Tamaulipas, Zacatecas y Chiapas.
La Ciudad de México concentra el mayor número de estaciones de servicio sancionadas del
2012 a la fecha con 106, seguida del estado de México con 86. En estas dos entidades se han
descubierto de forma interrumpida gasolineras con anomalías todos los años, aunque también son
los estados que cuentan con mayor número de estaciones debido a su elevando parque vehicular.
La Profeco ha sancionado 25 gasolineras en Jalisco, lo que pone a esa entidad como la tercera
con el mayor número de estaciones irregulares, y después viene Nuevo León con 23, Coahuila
con 20, Sinaloa con 17, y Sonora y Veracruz ambas con 15.
Para 2016 no existe una sola entidad en donde no se hayan descubierto estaciones de
servicio con bombas de gasolina que presentan irregularidades en sus medidores.
Además de lo anterior, la Profeco también ha descubierto en algunas de estas gasolineras otras
anomalías que van desde especificaciones técnicas que no se cumplen en los instrumento de
medición hasta irregularidades en los precios fijados al público.

27. Litros incompletos: legales e ilegales
En México las leyes permiten que se vendan litros incompletos de gasolina sin que sea
considerado incorrecto o un delito pero solo hasta cierto punto.
En respuesta a la solicitud de información 1031500046016 la Procuraduría Federal del
Consumidor explica que las verificaciones se realizan en base a las tolerancias establecidas en los
numerales 3.10, 5.1, 5.1.1., 10.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2011 para
instrumentos de medición.
De acuerdo con dichos numerales existe algo denominado Error Máximo Tolerado (EMT) que se
calcula mediante una fórmula y establece una tolerancia de error en el despacho de combustible
de acuerdo con la cantidad que se despacha en el momento.
“El error máximo tolerado metodológicamente evalúa las características de exactitud de los
sistemas de despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, es decir, que tan cerca se
encuentra el valor obtenido del valor buscado (valor despachado)” indica la Profeco.
La dependencia indica, como ejemplo, que si se venden 20 litros de gasolina (20 mil mililitros),
hay una tolerancia en la diferencia de despacho de 100 mililitros de diferencia, es decir, que si se
venden 19 mil 900 milímetros la diferencia es tolerada aunque lo que se cobre al consumidor
sean 20 litros.
En caso de que se despache una cantidad por debajo de ese límite entonces si representa una
irregularidad, que debe ser sancionada, indica la Profeco.
Para que lo anterior se cumpla la Procuraduría realiza verificaciones tanto periódicas como
extraordinarias. La dependencia establece que no es su función determinar si “en todo momento”
las gasolinerías venden litros que no son de litros, pero si es su tarea verificar si los aparatos de
medición no entregan la cantidad que dicen despachar de acuerdo con el referido error tolerado
EMT.
Por otro lado la Ley Federal para Sancionar delitos cometidos en Materia de
Hidrocarburos también establece una tolerancia en la venta de litros incompletos de combustible
para considerar cuando se comete un delito y cuando no. De acuerdo con dicha ley, mientras la
diferencia no sea mayor a 1.5 por ciento de la cantidad que se despacha no existe una
irregularidad que perseguir.
Lo anterior significa que si se entregan hasta 985 mililitros de gasolina a una persona que esté
pagando por 1000 mililitros no se comete un delito. Solamente si se entrega un promedio por
debajo de este parámetro la ley entonces si lo considera un hecho ilegal que de confirmarse en un
juicio, puede alcanzar una pena de tres a seis años de prisión.
Previo a la expedición de la Ley Federal para Sancionar delitos cometidos en Materia de
Hidrocarburos en enero de 2015, la venta de litros incompletos de gasolina en las estaciones de
servicio no estaba penada específicamente como un delito.
Empresas involucradas
De acuerdo con los datos de la Procuraduría Federal del Consumidor hay más de 400 empresas
sancionadas económicamente que son propietarias de las estaciones de servicio donde se
descubrieron irregularidades. Destacan algunas compañías que han recibido varias sanciones.
Por ejemplo la empresa Operadora Gasoil SA de CV es la que acumula el mayor número de
sanciones por nueve irregularidades detectadas en sus gasolinerías. Cuatro de esas sanciones
corresponden a la misma estación con número 2503 y dos más a la número 5300, todas ellas
ubicadas en la Ciudad de México.
Las otras tres sanciones aplicadas a este grupo corresponden a las gasolinerías número 272, 6791
y 7854, estas localizadas en el estado de México.
Grupo Gas Nuevo Milenio SA de CV es la segunda que más sanciones de Profeco acumula en los
últimos cuatro años con seis, todas ellas por estaciones ubicadas en Nuevo León. En ese mismo
estado otra compañía denominada Petromax SA de CV acumula también tres sanciones por
irregularidades en los medidores de sus bombas de gasolina.

28. Estas dos compañías, al igual que otra denominada Servicios Gasolineros de México SA de CV
que acumula dios multas no solo han sido reprendidas por la Procuraduría debido a las anomalías
técnicas en las que incurrieron sino incluso por obstaculizar el trabajo de los verificadores de la
dependencia.
La información publicada en julio de 2016 revela que estas empresas estaban en riesgo de perder
sus concesiones para vender gasolina, debido a que “en reiteradas ocasiones” en los últimos 18
meses habían impedido la revisión en varias de sus estaciones.
Otra empresa con varias sanciones por irregularidades en sus bombas de despacho es Consorcio
Gasolinero Plus SA de CV mejor conocida comoHidrosina. Las cinco gasolinerías sancionadas
que están concesionadas a esta empresa se encuentran en la Ciudad de México y son las números
69,106, 174, 191 y una más cuyo número no fue detallado.
Cabe señalar que Consorcio Gasolinero Plus SA de CV es el principal abastecedor de
combustible de los vehículos oficiales del gobierno de la Ciudad de México. Solo en 2016 la
administración capitalina pagó más de 855 millones de pesos a esta empresa pro compra de
gasolina y diésel.
Hay dos empresas más que han recibido tres sanciones. Una es Mordup Combustibles SA de CV
con gasolinerías en el estado de México y al otra es Servicios Neza SA de CV también con
estaciones de servicio en esa entidad.
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Hace un año Osorio Chong festinó el fin de los
gasolinazos… hoy guarda silencio
POR ÁLVARO DELGADO , 11 ENERO, 2017NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación
y señalado como aspirante presidencial, ha guardado silencio sobre el alza de más de 20%
en las gasolinas, medida que ha detonado la furia popular, pero hace un año prometió que
gracias a las reformas del presidente Enrique Peña Nieto ya no habría más gasolinazos y
que inclusive bajaría el precio de las mismas, el gas y la energía eléctrica.
El 5 de enero de 2016, Osorio encabezó en Veracruz la toma de protesta de Vanguardia Juvenil
Agrarista de la priista Confederación Nacional Campesina (CNC) y, ante el entonces gobernador
Javier Duarte –hoy prófugo acusado de saquear al estado–, ensalzó las reformas de Peña y sus
efectos:
“Hoy se acabaron eso que sufríamos año tras año, mes tras mes: hace un año que se acabaron en
este país los gasolinazos. Ya no sube la gasolina, todo lo contrario, va a haber competencia para
que bajen los precios de la gasolina. Ha bajado el gas, la energía eléctrica”.
También subrayó ante la audiencia de priistas: “Esos son los beneficios de las reformas que a
veces no se han podido explicar, pero eso es lo que quiere el presidente Peña a partir de las
reformas que envió al Congreso”.
Entusiasmado, Osorio Chong contagió a los presentes: “Y viene lo mejor, viene lo mejor porque
por esas reformas se va a generar inversión que se va a dar en los estados, en el campo. Y se van
a dar los empleos bien remunerados que todas y todos estamos deseando para las y los
mexicanos”.
En su discurso, aplaudido por Duarte, Osorio Chong destacó que Peña impulsó las reformas para
beneficio de los mexicanos:

29. “Ese es el objetivo fundamental. El presidente no pensó ni en su imagen ni en las encuestas;
pensó en el beneficio para las mexicanas y para los mexicanos. Algunos de esos beneficios no le
va a tocar verlos al presidente como presidente, pero van a llegar esos beneficios al paso de los
años. Eso es pensar por México, eso es pensar para las y los mexicanos”.
Y puntualizó que las reformas permiten hacer una transformación para ayudar a los que
verdaderamente lo necesitan: “Menos discursos y más hechos; más acciones en las que los
recursos que están en el presupuesto lleguen al campo, lleguen al ejido, lleguen a la comunidad”.
Peña Nieto recortó programas sociales antes del gasolinazo
POR MATHIEU TOURLIERE , 11 ENERO, 2017REPORTAJE ESPECIAL
El sombrío panorama que pintó el presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje a la nación el
jueves 5 en caso de no incrementar los precios de las gasolinas –los dramáticos recortes a los
principales programas sociales y el aumento de impuestos– es parte de la realidad mexicana
desde hace al menos dos años. El gobierno federal no sólo ha recortado los programas de apoyo
a sectores vulnerables, sino otros rubros del gasto social, mientras en la Sedesol y otras
dependencias sólo crece una partida: la de servicios personales, de donde cobran los titulares y
sus allegados.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En los últimos dos años el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto abandonó a la población más vulnerable del país, al privar de 9 mil 292 millones de
pesos a diferentes programas administrados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Ese recorte presupuestal, equivalente a 8.6% de las partidas de la Sedesol destinadas a los
subsidios, contradice el mensaje que Peña Nieto dirigió a la nación el pasado jueves 5, tras varios
días de protestas y saqueos por el gasolinazo en varias entidades: argumentó que mantener los
precios subsidiados de las gasolinas hubiera obligado a que su administración recortara los
programas sociales.
Concretamente, Peña Nieto sostuvo que “mantener un precio artificial de la gasolina” equivaldría
a “suspender tres años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 50 millones de
mexicanos”. Sin embargo, no mencionó que para 2017 su administración recortó 5 mil 454
millones de pesos del presupuesto de ese programa, es decir, 9.1%.
El contexto es sumamente desfavorable a las duras medidas. Analistas y agencias de notación
financiera auguran un mal año económico para México, con una tasa de inflación que puede
superar 4%, el crecimiento económico reducido a 1.3 % y el valor del peso en caída frente al
dólar.
Durante la primera semana del año, varias organizaciones empresariales aseguraron que los
sucesivos incrementos del precio de las gasolinas jalarán al alza el transporte y los alimentos
básicos.
Prevén que la situación afecte principalmente a los más vulnerables, pues de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2014, los 6 millones 300 mil hogares
más pobres del país gastan en promedio una quinta parte de su ingreso en transporte y en
cereales, principalmente maíz.
Además persiste el temor por las políticas de Donald Trump cuando tome posesión como
presidente de Estados Unidos, el próximo viernes 20. Durante su campaña, el republicano
prometió deportar al menos a 3 millones de migrantes indocumentados, aplicar aranceles a las
exportaciones mexicanas y recaudar impuestos sobre las remesas. De nuevo los mexicanos más
pobres quedarán en la primera línea de la guerra económica y política.
El gobierno mexicano no tiene cómo atenuar esos daños. El 12 de octubre pasado, al comparecer
en el Senado, el titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, aseveró que en 2017 quedarían

30. intactos “el programa de adultos mayores, el programa de Prospera, el programa de mujeres
jóvenes o seguro de mujeres jóvenes y el programa de estancias infantiles”. Añadió: “Tenemos
una buena noticia: no vamos a disminuir los gastos en desarrollo social”.
Aparte de que la Sedesol no tiene ningún programa ni “seguro de mujeres jóvenes”, Miranda
torció la realidad: después de sendos recortes en 2015 y 2016, de 8.6% y 2.3% respectivamente –
y sin tomar en cuenta la inflación–, para este año la secretaría a su cargo dispondrá de 97 mil 860
millones de pesos para subsidios.
Sin embargo, la tijera no cortó parejo. La oficina de Miranda ejercerá este año 44 millones 687
mil pesos para “Servicios Personales”, 7 millones 211 mil pesos más que el monto asignado a su
predecesor, José Antonio Meade Kuribreña. Además Miranda dispondrá de 25 millones 295 mil
pesos en la partida de “Otros” gastos.
El Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal (COGAPF) incluye
en la partida “Servicios Personales” las remuneraciones al personal y los pagos de seguridad
social, así como estímulos a los servidores públicos.
Entre el año pasado y el entrante, la única partida que creció en el gasto general de la Sedesol fue
precisamente la de servicios personales, que para 2017 tiene 2 mil 913 millones de pesos, o sea
83 millones más que en 2016.
De acuerdo con un análisis de los presupuestos de egresos de la federación de los últimos tres
años, realizado por Proceso, todos los subsidios a los programas sociales de la Sedesol sufrieron
recortes este año, con excepción de los destinados a las tiendas Diconsa, al programa de
abastecimiento de leche Liconsa y al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que
nominalmente conservaron sus presupuestos idénticos a los de 2016.
En contraparte, en dos años la Sedesol perdió mil millones de pesos para sus gastos de operación,
por lo que sólo dispondrá de 2 mil 887 millones de pesos: 15% menos que en 2016.
En su mencionada comparecencia, Miranda omitió que para 2017 perdieron 143 millones de
pesos los subsidios asignados a la coordinación nacional de Prospera, programa con 6 millones
43 mil afiliados, según el padrón disponible en la página de la secretaría.
A su vez, este año el programa de Pensión para Adultos Mayores operará con 38 mil 981
millones de pesos, pues se le retiraron 386 millones. Este monto bastaría para entregar 580 pesos
cada mes a 55 mil 459 ancianos durante un año.
De igual forma, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras perdió
41 millones 331 mil pesos en 2017, ya que el gobierno federal le asignó sólo 3 mil 864 millones
de pesos.
Según el COGAPF, a diferencia de los servicios personales, los subsidios están destinados a la
ciudadanía “para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general”.
Gasto social atrofiado
El pasado 6 de mayo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Congreso el
documento Consideraciones para el presupuesto 2017, en el que enlistó los 83 programas y
acciones operados por 18 dependencias federales, los cuales considera “prioritarios” en materia
de derechos sociales.
El consejo urgió a la SHCP a valorar dos objetivos “primordiales” al diseñar el gasto social para
2017: reducir la pobreza, especialmente la extrema, e incrementar el “acceso efectivo a los
derechos sociales”.

31. El 8 de septiembre, un día después de que fue nombrado titular de la SHCP, Meade Kuribreña
entregó el proyecto de paquete económico 2017 al Congreso para su discusión y posterior
votación. El artífice del proyecto fue Luis Videgaray Caso, su predecesor en Hacienda y a quien
Peña Nieto designó secretario de Relaciones Exteriores el pasado miércoles 4.
De acuerdo con un documento que publicó el Coneval ese mismo 8 de septiembre, el proyecto de
presupuesto de Videgaray pretendía eliminar 10.48% del gasto social (98 mil 541 millones de
pesos), mientras que el total del gasto federal únicamente disminuía en 4.41%.
En otras palabras: el plan de “austeridad” del actual canciller resultaba 2.4 veces más severo para
la política social que para el gasto federal en su totalidad.
Los diputados corrigieron parcialmente ese proyecto: reasignaron 67 mil 707 millones de pesos al
desarrollo social, campo, justicia, combate a la corrupción, infraestructura y federalismo. Aun así,
el gasto social salió perjudicado.
De los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
México es el que menos invierte en gasto social público: le destina apenas 7.4% del PIB, cuando
el promedio en la OCDE es de 20.7%. México también tiene el índice más alto de desigualdad de
los miembros de la OCDE, sólo después de Chile.
Recortes contradictorios
Según el Coneval, 55.3 millones de mexicanos vivían en pobreza en 2014, de los cuales 11.4
millones sufrían pobreza extrema. Otras 39.5 millones de personas se encontraban en la delgada
línea de “vulnerabilidad” por carencias sociales o por su escaso ingreso, es decir, en riesgo de
caer en pobreza.
En cuanto al Programa de Empleo Temporal, que el año pasado benefició a 38 mil 205 personas,
sufrió un drástico golpe: de los mil 412 millones de pesos que ejerció el año pasado, bajó a 706
millones en 2017; apenas la mitad. El Coneval considera que este programa es prioritario.
En un boletín emitido el pasado jueves 5, la Sedesol alabó los logros del Programa 3 por 1 para
Migrantes, mediante el cual los tres órdenes de gobierno apoyan proyectos diseñados y
fabricados por migrantes mexicanos en Estados Unidos. En 2017 este programa dispondrá de 464
millones de pesos mientras que el año pasado operó con 592 millones, es decir, tendrá que
conformarse con 127 millones menos.
También de un año para el otro se le retiraron 950 millones de pesos de subsidios a programas
como el de Fomento a la Economía Social; de Jornaleros Agrícolas y de Coinversión Social. Los
subsidios para Programas a Jóvenes fueron reducidos a la mitad (35 millones) y el de comedores
comunitarios sufrió un tijeretazo de 90 millones.
El recorte también le pegó a las delegaciones de la Sedesol, que en 2017 entregarán 2 mil 745
millones de pesos en subsidios, es decir 663 millones de pesos menos que en 2016. También se
repitió la correlación de gasto de otras dependencias federales: los gastos de servicios personales
crecieron en 26 delegaciones, mientras que sus gastos de operación bajaron 10%.
Específicamente la delegación de la Sedesol en Chiapas –la entidad con mayor población en
pobreza extrema– operará este año con 107 millones de pesos para subsidios, 25 millones menos
que en 2016. En tanto, la delegación en el Estado de México perdió 79 millones de pesos de
subsidios, a pesar de que esa entidad cuenta oficialmente con 8 millones 269 mil pobres.
Otra dependencia federal afectada por el recorte al gasto social es la Secretaría de Salud (SS), que
opera el Seguro Popular y el Seguro Médico Siglo XXI, y la cual este año perdió 7 mil 58
millones de pesos para subsidios, en tanto que el recorte total en la SS fue de 7.9% (10 mil 399
millones).
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue otra víctima de la
mutilación presupuestal –esa que pudo ocurrir si no se “liberaban” los precios de las gasolinas–,

32. pese a que siete de cada 10 hablantes de lenguas indígenas sufren de pobreza y tres de pobreza
extrema, según el Coneval.
Entre 2016 y 2017, la SHCP eliminó 6 mil 100 millones de pesos a los subsidios de la CDI,
equivalentes a 60%. El Programa de Apoyo a la Infraestructura Indígena funcionará con 2 mil
204 millones de pesos, una tercera parte del subsidio de 2016, y el presupuesto del Programa de
Mejoramiento a la Producción y la Productividad Indígena fue reducido a la mitad.
No obstante, en la partida de servicios personales la CDI obtuvo un incremento de 6 millones 107
mil pesos.
El gobierno federal también redujo el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), cuya titular es Rosario Robles Berlanga, al retirarle 9 mil 394
millones de pesos a los subsidios y 42% de su presupuesto.
El Programa de Infraestructura, a través del cual la Sedatu mejora los espacios urbanos en zonas
humildes, perdió 5 mil 299 millones de pesos de subsidios, mientras el Programa de Acceso a
Financiamiento para Soluciones Habitacionales, cuyo objetivo es ayudar a las familias en la
compra de casas, sufrió un recorte de 3 mil millones de pesos, y el de Apoyo a la Vivienda –para
que familias de escasos recursos construyan, amplíen o mejoren sus casas– fue despojado de 500
millones de pesos.
No obstante, la partida de servicios personales de la Sedatu creció en 90 millones de pesos, cuatro
de los cuales fueron directamente a la oficina de la secretaria Robles Berlanga, es decir, sólo ella
con su secretario particular y sus asesores dispondrán este año de 41 millones 884 mil pesos.
Este reportaje se programó originalmente en la edición 2097 de la revista Proceso,
actualmente en circulación.
INE en “austeridad”: suspende construcción de torres
gemelas de su nueva sede
POR ROSALÍA VERGARA , 11 ENERO, 2017NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció las
medidas de austeridad que aplicará para “afrontar el delicado momento que vive
el país”, que incluyen la suspensión de las nuevas instalaciones que
involucraban la erogación de recursos por mil 70 millones de pesos.
El consejero presidente Lorenzo Córdova leyó el pronunciamiento aprobado por los
consejeros electorales, donde se incluyen cinco medidas, y puso a disposición de la
SHCP esos recursos que fueron aprobados entre 2015 y 2016 por la Cámara de
Diputados.
En primer lugar, se destaca en el documento, “el INE decide suspender la construcción
de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan. Vale la
pena recordar que en los presupuestos de 2015 y de 2016 la Cámara de Diputados
aprobó los recursos para ser destinados a dicha edificación”.

33. Luego admite que el INE “pone a disposición de las autoridades hacendarias de la
Federación ese dinero para que tenga el destino que sea determinado por las mismas
y, en su caso, sea definida su nueva asignación en áreas prioritarias de gasto del
Estado. Los montos disponibles en el instituto para este fin ascienden, al día de hoy, a
mil 70 millones de pesos”.
Aclara que “también concluirá la etapa de planeación ya en curso del plan de inversión
inmobiliaria, consistente en la elaboración del Proyecto Ejecutivo de las nuevas
instalaciones a efecto de que, junto con el Plan Maestro finalizado en 2016, sean un
insumo disponible para cuando, si un contexto económico favorable del país lo permite,
se realice la edificación planeada”.
Asimismo, se abunda en el pronunciamiento, “para contribuir a la política de austeridad
en el gasto se ha decidido que las remuneraciones de los consejeros electorales y de
los integrantes de la Junta General Ejecutiva ampliada se reduzcan 10%, con
independencia de que las remuneraciones de los consejeros no han tenido ningún
incremento nominal en los últimos cinco años”.
Además, los consejeros electorales y los integrantes de la Junta General Ejecutiva
“renuncian a la prestación de telefonía celular, asumiendo cada uno de ellos, desde
ahora, los gastos por ese concepto”.
Incluso, destacó el INE, para reforzar la política de transparencia y rendición de cuentas
“hará público el ejercicio de su presupuesto cada trimestre; esto es, durante el propio
ejercicio fiscal y no hasta su conclusión, con lo que se dará cuenta puntual de cómo se
utilizan los recursos públicos que recibe. Con ello se pretende establecer un inédito
mecanismo de rendición de cuentas a la sociedad mexicana”.
Por último la Junta General Ejecutiva, al revisar las partidas presupuestales de este
año, “aprobará y presentará al Consejo General para su aprobación en el mes de
febrero un conjunto adicional de medidas de austeridad, racionalidad y economía en el
ejercicio del gasto que puedan significar economías adicionales para las finanzas
públicas del país”.
En ese sentido, puntualizó el INE, “se hará una profunda revisión de la política de uso
de los vehículos oficiales y, además, a pesar del aumento en los precios del
combustible, en el instituto no se incrementarán los montos asignados para gasto de
gasolina en todos esos vehículos”.
Luego refrendó que centrará sus recursos en las elecciones en cuatro entidades del
país: Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, por lo que 19.9 millones de

34. mexicanos, la cuarta parte del padrón electoral nacional, podrán votar para definir quién
los gobierna y los representa.
También subrayó que en el mes de septiembre del año en curso da inicio formal el
proceso electoral federal 2017-2018 con el que se renovarán el Congreso de la Unión y
la Presidencia de la República.
Manifestantes obligan a los
diputados de Sinaloa a renunciar
a sus vales de gasolina
Por Redacción / Sin Embargo enero 11, 2017 - 3:59 pm • 10 Comentarios
Los legisladores fueron sacados del recinto parlamentario bajo
presión de los presentes. Desde las gradas, los manifestantes les
exigían disminuirse los salarios y renunciar a los vales de
gasolina; Pedían que se sumaran al reclamo nacional de echar
abajo el “gasolinazo”. Los servidores se vieron en la necesidad de
crear una comisión para atenderlos y así tranquilizar a los
denunciantes.
Foto: Noroeste
Por Jose Alfredo Beltran
Ciudad de México, 11 de enero (Noroeste/SinEmbargo).- Acorralados.
Humillados. Acusados. Era la imagen de la hilera de diputados y diputadas
del PRI, PAN, PAS, Morena, PRD, que golpeaban el piso con sus zapatos,
mientras escuchaban de parte de ciudadanos una avalancha de reclamos,
epítetos, insultos, advertencias.
Ante ellos, en su propia cara, decenas les exigían se sumaran al reclamo
nacional de echar abajo el “gasolinazo”.

35. Los legisladores fueron sacados del recinto parlamentario a base de presiones.
Desde las gradas, los manifestantes les exigían bajarse los salarios, renunciar
a los vales de gasolina, las canonjías. Para atenderlos, formaron una comisión.
“¿Diputados de qué lado están, sirven al pueblo, o se sirven de él?
#Noalgasolinazo”, preguntaban en una manta, que desplegaron en el recinto.
“¡NOSOTROS SOMOS SUS PATRONES!”
Los reclamos iniciaron con el profesionista Abel Jacobo Miller.
“¡Estamos encabronados! No nos alcanza el dinero ya. Nosotros somos sus
patrones, ¡entiéndalo! No puede haber ya gente que gana 200 mil pesos”,
reprochaba al tiempo que les exigía subir en línea cada factura de gastos que
realizan, a cargo del erario.
Miller enumeraba todas las prestaciones de los representantes.
“¡Aparte de lo que se roban!”, secundó un manifestante.
Serios, los diputados les escuchaban, mientras las exigencias subían de tono.
Al punto, de que les demandaban un “sí” o un “no”, a bocajarro, ante la
exigencia de que se bajaran sus sueldos en un 60 por ciento.
Francisco Monárrez, empresario, lanzó una pregunta al aire a los asistentes.
“¿Están orgullosos de nuestros representantes?”.
Un “¡¡Noooo!!!” estruendoso equiparó a otra bofetada para los legisladores.
“El pueblo stá muy lastimado, a mí en lo particular me dan asco, me da asco
de tantas cochinadas que hacen, su labor que hacen nos tienen muy mal al
pueblo”, les manifestó, con micrófono en mano.
Y sacó una larga lista de impuestos -nóminas, gasolinas, IVA, ISR y tantos
más- que los están ahorcando.
Carlos Salcedo, otro empresario, relató cómo muchos han tenido que cerrar
negocios, bodegas y realizar sus operaciones desde sus casas, porque no les
alcanza ya para las rentas, pagos de luz, de teléfono.
“¡No alcanza el pinche dinero señores, ustedes también ajústense el
cinturón!”, espetó.
A punto del llanto, un joven, les preguntó: “¿Ustedes creen que nos alcanza
para vivir?”.
Sergio Inzunza también les reprochó la insensibilidad.

36. “Se llevan ‘whatsapeando’, ‘botaneando’, ganando dinero. Y Paola Gárate
(Diputada local del PRI) dice ‘asimílenlo’ (el gasolinazo). ¡Qué fácil, reciben
15 mil pesos sólo para gasolina al mes!”.
“¡Paguen su gasolina, que no les den bonos!”, gritó una mujer en la sala
donde eran atendidos.
Gabriel Campos, veterinario, se sumó a las “regañadas”.
“Ahorita el pueblo les está reclamando, siempre aprueban sin leer ¡el país está
en ruinas por gente como ustedes! ¡Pónganse a trabajar, bájense el sueldo!.
Ustedes los priistas, los panistas y de todos los partidos han hecho lo que
quieren con el pueblo, no nos vamos a dejar, es una lucha que apenas
comenzamos”, les advirtió.
Intervino luego una maestra jubilada, Guadalupe Gamboa, quien narró que 40
años de su vida había dado clase en las aulas, por educar a los niños y a sus
hijos, que hoy no encuentran oportunidades.
Fidel Meza, comerciante, abogado, les dijo, de plano, que ellos no
representaban al pueblo.
“Representan a sus partidos”, reprochó.
“¡VAMOS A VOLVER!”
Atónitos, incómodos, desarmados. Para destensar la reunión, que amenazaba
con prolongarse, Roberto Cruz, presidente de la Mesa Directiva, les informó
que el punto sería abordado en tribuna.
Ya en l sesión, los manifestantes volvieron a arremeter contra los
legisladores, cuando éstos no lograban ponerse de acuerdo para reducirse
vales de gasolina y transportes.
Pero, sobre todo, para emitir un pronunciamiento en contra del Gobierno
federal y un exhorto al Presidente Enrique Peña, de dar un revés al
“gasolinazo”.
Ante las constantes interpelaciones de los manifestantes a diputados en
tribuna, se terminó de manera abrupta la reunión.
El receso se prolongaría por más de cinco horas.
Ya por la noche, los legisladores aprobaban, finalmente, renunciar a los 15
mil pesos mensuales de gasolina y 12 mil 500 por transporte.
Pero los ecos, la ira de los manifestantes, aún sonaba, como ruidos de
tormenta, en el oído de los diputados: “¡Vamos a volver!”.

37. Gigantes privados que no pagan
impuestos ganan del gasolinazo,
afirman académicos de la UNAM
Por Redacción / Sin Embargo enero 12, 2017 - 11:54 am • 0 Comentarios
La semana pasada, Estados Unidos procesó más crudo que nunca
debido a la demanda en México, cifra que coincide con la
Onexpo, que afirmó que el país vecino del norte suministró
alrededor de 70 por ciento del combustible utilizado por los
consumidores mexicanos en diciembre.
Académicos de la UNAM dicen, en tanto, que el aumento al
precio de la gasolina se aceleró porque la crisis financiera ya
asoma de nuevo la cabeza sobre las finanzas públicas y privadas
de los grandes corporativos. Para los especialistas del CIDE,
ITAM e IMCO entre las causas por las que el llamado
“gasolinazo” está impactando al bolsillo de los mexicanos es que
la dicha reforma no consideró el gasto social. La semana pasada,
Estados Unidos procesó más crudo que nunca debido a la
demanda en México, cifra que coincide con la Onexpo, que
afirmó que el país vecino del norte suministró alrededor de 70
por ciento del combustible utilizado por los consumidores
mexicanos en diciembre.

38. ADEMÁS
El colmo de la dependencia a EU es que México, país
petrolero, le compre gasolina, dicen analistas
Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La Reforma Energética es un
“fracaso” y la crisis financiera ya asoma de nuevo la cabeza sobre las finanzas
públicas y privadas de los grandes corporativos, por ello, el Gobierno
adelantó la liberalización del precio de la gasolina, la cual sólo beneficia a
grandes grupos monopólicos privados nacionales y extranjeros, coincidieron
académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para los especialistas del CIDE, ITAM e IMCO entre las causas por las que el
llamado “gasolinazo” está impactando al bolsillo de los mexicanos es que la
Reforma Energética no consideró el gasto social.
Bloomberg, un medio especializado en negocios, destacó que la semana
pasada Estados Unidos procesó más crudo que nunca debido a la demanda en
México. “El país vecino del norte suministró alrededor de 70 por ciento de la
gasolina utilizada por los consumidores mexicanos en diciembre”, dijo el
martes José Ángel García, presidente de la Organización Nacional de
Expendedores de Petróleo (Onexpo), en un evento en la Ciudad de México.
Alejandro Álvarez, académico de la Facultad de Economía (FE), recordó que
cuando se aprobó la Reforma Energética el gobierno argumentó que ya no
habría más aumentos en la gasolina. Ahora sube en promedio entre 15 y más
de 20 por ciento.
“Y si estimamos que un tercio del precio de la gasolina va al impuesto
especial a producción de servicios y al IVA, eso significa que con la
liberalización en realidad el gobierno recaudará en impuestos alrededor de
300 mil millones de pesos, y poco más que eso se van a echar a la bolsa los
grandes grupos privados que, además, no pagan impuestos”, resaltó durante la
conferencia El gasolinazo y las reformas estructurales, efectuada en el aula
magna Jesús Silva Herzog de la UNAM.
Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas, junto con
Alejandro Álvarez y María de la Luz Arriaga, también de la FE de la UNAM,
urgieron a disminuir el consumo de hidrocarburos, pues el progreso de un

39. país se calcula en la medida en que se transite a nuevas fuentes de energía, y
con la dependencia cada vez menor del modelo fósil.
Para mejorar la oferta de combustibles en el país, propusieron rehabilitar las
seis refinerías existentes, a fin de aumentar la producción y el abasto nacional
de hidrocarburos. “Sólo esta medida permitiría incrementar el abasto en un
volumen equivalente a una nueva refinería de 250 mil barriles diarios”,
afirmó Barbosa.
Los especialistas señalaron la necesidad de construir nuevas “plantas de
refinación pequeñas” y abandonar los proyectos “faraónicos”; además, en un
programa de emergencia, intentar incluir a pequeñas industrias. “La
generación de combustibles sólo es positiva cuando se permite participar en el
abasto y proveeduría a pequeñas y medianas empresas”.
De igual manera, alertaron sobre la extrema vulnerabilidad de nuestra
economía y la dependencia indignante frente a la estadounidense. “No
podemos decir que ha sido aleatorio, son políticas deliberadas”, destacó
Barbosa.
El desmantelamiento de la industria petrolera y la no inversión en refinerías,
llevando al uso de su capacidad instalada a sólo un 40 por ciento, han sido
políticas intencionales para entregar el petróleo nacional a las empresas
transnacionales, acotó.
Álvarez comentó que el aumento al precio de las gasolinas de hasta 24 por
ciento a partir del primero de enero, es una muestra contundente del fracaso
de las reformas energética y hacendaria. Asimismo, destacó la contradicción
flagrante del discurso oficial. “Todo esto explica la protesta social por todos
los rincones del país”.
DEMANDA DE GASOLINA IMPULSA PRODUCCIÓN EN EU
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Aún con el dólar más caro, para los fronterizos resulta
más barato ir a EU por gasolina

40. Bloomberg destacó que la semana pasada Estados Unidos procesó más crudo
que nunca, mientras México dependía cada vez más de su vecino del Norte
para el suministro de gasolina.
Las refinerías estadounidenses alcanzaron la semana pasada un récord al
transformar 17.1 millones de barriles diarios de crudo en gasolina y otros
combustibles, según los últimos datos de la Administración de Información
Energética citados por el medio. “Las exportaciones de gasolina casi se
duplicaron en diciembre respecto al año anterior”, expuso.
“Estados Unidos suministró alrededor de 70 por ciento de la gasolina
utilizada por los consumidores mexicanos en diciembre”, dijo el martes José
Ángel García, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de
Petróleo (Onexpo), en un evento en la Ciudad de México.
“La demanda en México es muy fuerte”, dijo a Bloomberg Robert Campbell,
responsable de análisis de productos petroleros de Energy Aspects Ltd. en
Nueva York, en una entrevista telefónica. Las refinerías “que no están
haciendo mantenimiento están funcionando con dificultades”.
La entrada de crudo en las refinerías estadounidenses repuntó más del 11 por
ciento desde octubre, debido a que las exportaciones de gasolina han tocado
tres récords desde principios de noviembre. Las refinerías de la Costa del
Golfo lideraron la producción del país, con entradas de crudo que escalaron
desde los 261 mil barriles diarios la semana pasada a un récord de 9.26
millones.
Las ventas de combustible en México alcanzaron un máximo de cinco meses
en noviembre, subiendo más de 5.0 por ciento respecto al mismo período del
año anterior, según los últimos datos de la Agencia de Seguridad, Energía y
Medio Ambiente de México.
“La renuncia de Peña Nieto”, artículo de
Alfredo Lecona
Para la libertad por Alfredo Lecona
Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro
enero 12, 2017 7:01 am
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