¡PAREN EL GENOCIDIO! PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y RECLAMANTES DE TIERRAS.

1. ¡PAREN EL GENOCIDIO!
PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS Y RECLAMANTES DE TIERRAS.
"No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy,
pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser
arrancada por la soberbia del poder."
EZLN, Febrero, 1994
Los grupos de investigación de varias universidades públicas y privadas, estudiantes de
postgrados en Desarrollo Rural en Colombia y otras Universidades Latinoamericanas y
centros de investigación rural, que desde hace varias décadas investigamos los problemas
rurales y apoyamos los procesos sociales y los movimientos campesinos, étnicos y populares
que buscan con sus luchas salir de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, política y
económica, nos sumamos a las múltiples voces que han rechazado públicamente los
asesinatos y atentados que se han producido en las últimas semanas de noviembre de 2016,
contra líderes sociales y campesinos, defensores de derechos humanos y reclamantes de
tierras, que les fueron arrebatadas por el paramilitarismo y los terratenientes a sangre y fuego.
En solo una semana cinco líderes campesinos del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica fueron asesinados: Didier Losada, en La Macarena (Meta); Erley Monroy, en San
Vicente del Caguán (Caquetá); Jhon Jairo Rodríguez y José Antonio Velasco en Caloto
(Cauca); Rodrigo Cabrera en Policarpa, (Nariño); y han atentado contra la vida de Danilo
Bolaños Díaz (Nariño), Hugo Cuéllar (Caquetá) y Argemiro Lara, líder de restitución de
tierras en Ovejas (Sucre). En lo que va corrido de este año, 70 miembros de esta organización
han sido asesinados y desde que se creó ese movimiento en el año 2012 un total de 128
militantes de la Marcha Patriótica han sido asesinados.

2. Además, el fin de semana pasado atentaron contra Martha Díaz en Barranquilla (Atlántico)
líder de las madres víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos
positivos”; el 25 de noviembre de este año, día internacional de la No Violencia Contra la
Mujer, fue asesinada Marcelina Canacue en presencia de su nieta de 9 años en Neiva (Huila)
quien hacía parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Versalles, y en un planfeto
firmado por el grupo paramilitar “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” amenazan de
muerte y ofrece recompensa económica para quien atente contra la vida de Piedad Córdoba,
vocera de la Marcha Patriótica y de varios defensores de derechos humanos como Lilia Peña,
quien hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes
de Estado en el Magdalena Medio.
Estos hechos de violencia política en contra de los luchadores por la paz y la reconciliación
nacional de los colombianos, tienen por objetivo principal ahogar en sangre y sabotear la
firma del Acuerdo Final para terminar el conflicto armado entre el gobierno de Juan Manuel
Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, aún después de que
dicho acuerdo fue renegociado y a pesar de que la mayoría de las objeciones de todos los
sectores que se opusieron a él en el pasado plebiscito del 2 de octubre, fueron incluidas en el
nuevo acuerdo. Buscan además, crear un clima de zozobra, miedo y terror para seguir
legitimando las salidas militares a los conflictos agrarios, territoriales y socio-ecológicos,
profundizar el clima de polarización y con ello, aumentar la crisis de gobernabilidad política
del presidente Santos y sumar fuerzas para una candidatura de la Ultraderecha en las
próximas elecciones presidenciales de 2018.
En esencia, los más radicales opositores al acuerdo de paz, retoman la estrategia violenta y
sistemática que emplearon contra la Unión Patriótica, organización política que surgió
posterior a los acuerdos de paz firmados en el municipio de La Uribe (Meta) en los años
ochenta entre el presidente Belisario Betancur y las FARC-EP, a la que le asesinaron más de
tres mil quinientos (3.500) militantes, hecho que se convirtió en uno de los más lamentables

3. genocidios políticos conocidos en la historia reciente de los colombianos y la humanidad por
lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano.
En efecto, la Ultraderecha opositora a los acuerdos de paz, implementa de nuevo esa perversa
estrategia de manera sistemática, organizada, consiente y planificada. No son hechos
aislados; nadie podrá creer que se trata de acciones aisladas, o de delitos comunes, como lo
quieren hacer creer algunos medios de comunicación y organismos estatales. Los líderes
sociales, campesinos y comunitarios, los defensores de derechos humanos y los reclamantes
de tierras asesinados en las últimas semanas y meses vivían y luchaban por mejorar las
condiciones de vida de sus comunidades y lograr las transformaciones necesarias para una
paz estable y duradera en distintos municipios de ocho departamentos del país (Caquetá,
Meta, Nariño, Bolívar, Cauca, Cesar, Sucre y Antioquia).
Los responsables directos de los recientes asesinatos no son aquellos famosos “enemigos
agazapados de la paz”, son fuerzas organizadas política y militarmente que las comunidades
y los líderes en los municipios, corregimientos y veredas identifican porque han llegado hasta
sus moradas a notificar las amenazas. Pero también hay otros responsables indirectos, se trata
de aquellos que desde sus tribunas políticas, con cargos y responsabilidades públicas
territoriales o parlamentarias, atizan la hoguera de la violencia, estigmatizan a las
comunidades y sus líderes, los vinculan con los grupos guerrilleros y crean mantos de duda
sobre la sinceridad de sus resistencias y la autenticidades de sus demandas y reivindicaciones
sociales con lo cual, como se dice coloquialmente les “cuelgan una lapida en el pecho”. De
esta manera, esa difusa pero identificable ultraderecha, condena a muerte a quienes sólo
reclaman sus derechos y se convierten en responsables políticos de ese nuevo genocidio con
el que quieren sabotear los acuerdos de paz a costa de sacrificar la vida de personas humildes,
valiosas y altruistas que han sido excluidos de toda posibilidad de alcanzar sus proyectos de
vida y que han luchado por una sociedad más democrática, justa e incluyente.
Desde estas páginas queremos rendirles un póstumo homenaje a los líderes asesinados,
queremos, aún desde la distancia, acompañar a sus familias, organizaciones y amigos.
Exaltamos sus virtudes cívicas, les expresamos nuestra más profunda solidaridad y aún en
sus tumbas les diremos que sus luchas y sacrificios no han sido en vano, que recordaremos
sus enseñanzas, su dedicación, su capacidad de sacrificio personal en aras de los intereses y
objetivos sociales, comunitarios y colectivos. Siempre seguirán presentes en nuestras vidas
y luchas aún así no los hayamos conocido personalmente.
Finalmente hacemos un llamado a toda la población colombiana, a manifestar su voz de
inconformidad contra los hechos violentos que están sucediendo en el país, a solidarizarse
con quienes luchan día a día por cambiar las condiciones de inequidad y desigualdad que
vive el pueblo colombiano y exigimos respuestas inmediatas y contundentes del gobierno
nacional frente a los culpables de estas acciones violentas.

4. GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONFLICTO, REGIÓN Y SOCIEDADES RURALES DE
LA UNIVERSIDAD JAVERIANA SEDE BOGOTÁ
LABORATORIO ECONOMÍA ESPACIO Y PODER (LE2P) DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA
INVESTIGADORES RURALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAO PAULO, BRASIL
INVESTIGADORES RURALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO -
UNIDAD XOCHIMILCO