Robin Hood Tax is still demanded by civil society

1. MANUEL DE LA ROCHA VÁZQUEZ / CARLES CAMPUZANO / NACHO ÁLVAREZ PERALTA / JOSÉ ANTONIO GARCÍA
RUBIO 6 OCT 2015 - 00:00 CEST
La tasa afectaría a entidades
bancarias, gestores de fondos
de alto riesgo y otras
instituciones financieras; no
a los ciudadanos
OPINIÓN
TRIBUNA
Por un Impuesto a las Transacciones Financieras ambicioso y justo
La recaudación de la “Tasa Robin Hood” debería ir destinada a paliar los efectos de la crisis, luchar contra la pobreza
y combatir el cambio climático
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Los tiempos de crisis son los más propicios para realizar ajustes para paliar o corregir fallos en el
sistema. El contexto actual, por lo tanto, es quizás el idóneo para implementar al fin y de la manera
más ambiciosa posible el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF). Así se demostraría, por
un lado, la necesidad de poner más regulaciones al mercado financiero y, por otro, más autoridad por
parte de los Gobiernos frente a los mercados.
El impuesto, también conocido como Tasa Robin Hood, sigue siendo objeto de negociaciones en
busca de su diseño final. El más ambicioso, y por el que apostamos algunos partidos y la sociedad
civil, es el propuesto por la Comisión Europea en 2011, que consiste en aplicar un pequeño impuesto
(0,1%) sobre la compra y venta de acciones y bonos, y otro (0,01%) sobre los productos derivados.
Un ITF bien diseñado e implementado no sólo ayudará a controlar, registrar y desincentivar las
transacciones más especulativas sino que, además, supondrá un ingreso extra para las arcas de los
países en los que se aplique. Esta recaudación, idealmente, debería ir destinada a paliar los efectos de
la crisis y a luchar contra la pobreza –tanto en los países que apliquen la tasa como en países
empobrecidos –, y también a combatir los efectos del cambio climático. Cabe destacar que los
presidentes de España y Francia se comprometieron públicamente el pasado diciembre a destinar
parte de los fondos a estos fines.
En un primer momento se aplicaría en los 11 países de la UE que están decididos a implementarla:
Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia,
aunque lo ideal sería que con el tiempo se aplicase en el resto de países de la Unión. Y siempre se
haría bajo los "principios de emisión y establecimiento": pagarán la tasa las entidades bancarias,
gestores de fondos de alto riesgo y otras instituciones financieras (no los ciudadanos) que tengan
domicilio fiscal en alguno de estos países y los productos que emitan en ellos.
Al apoyo de importantísimas instituciones (la ONU, el G20, la Comisión
Europea, el Parlamento Europeo y el FMI) hay que sumar un gran
respaldo popular, que quedó demostrado hace poco más de un mes con la
entrega en diferentes Gobiernos y Parlamentos europeos (incluido el
español) de más de un millón de firmas ciudadanas pidiendo la
implementación del impuesto.
Este millón de firmas debe recordar a todos los ministros de estos países
que han de pactar sin demora un acuerdo histórico. Para que el impuesto sea eficaz, el acuerdo debe
cerrarse con una versión lo más ambiciosa posible, y no con una versión minimalista fruto de los
temores y las influencias de la banca y del sector financiero.
El último ECOFIN de septiembre no ha servido para alcanzar un principio de acuerdo como se
esperaba, debido al gran número de asuntos técnicos que quedan por resolver. Si bien sabemos que
se han llegado a acuerdos sobre algunos temas importantes, la decisión final aún parece lejana. Hoy,

2. 6 de octubre, habrá un nuevo ECOFIN donde los ministros de los 11 países se reunirán. Es otra gran
ocasión para alcanzar un acuerdo ambicioso en cuanto al porcentaje del impuesto y el destino de los
fondos y, sin embargo, parece que no habrá avances en este aspecto: ni siquiera está incluido en la
agenda. Mientras no exista determinación para poner el impuesto en marcha, millones de euros se
dejan de ingresar en los diferentes países que han de implementarlo, muchos de ellos castigados por
la crisis y las medidas de austeridad.
El Impuesto a las Transacciones Financieras, pese a todo, no es la panacea: no va a acabar con ciertas
prácticas negativas del mercado financiero ni ha de concebirse como la solución definitiva; acaso
como un avance en el necesario control de este tipo de transacciones. Y también, por supuesto, como
una importantísima fuente de recaudación: se estima que Europa podría recaudar entre 30.000 y
35.000 millones de euros al año; 5.000 millones en España. Una suma de dinero importantísima que
ayudaría a luchar de una manera decisiva contra las desigualdades sociales y el cambio climático.
Manuel de la Rocha es secretario de Economía del PSOE; Nacho Álvarez es responsable de Economía de Podemos; José Antonio García Rubio
es secretario ejecutivo de Economía y Empleo de IU federal, y Carles Campuzano es diputado de Convergencia y portavoz de la comisión de
Cooperación.
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