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El impuesto a las transacciones financieras hoy
Daniel Vila - Economía Exterior 60
Catedrático del IES Fortuny y miembro de Attac.
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El ITF se dirige a las transacciones financieras. No es un impuesto a las instituciones financieras
sino a sus operaciones. No grava el patrimonio invertido en activos, ni los rendimientos del capital
financiero. No es una tasa a los bancos. Es un impuesto que penaliza el vértigo especulativo.
scribir hoy sobre el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), popularizado a principios de este
siglo como la tasa Tobin por la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la
Ayuda a los Ciudadanos (Attac), incita a una inversión del texto. Empezando por el final, ¿qué
argumentan quienes se oponen a su implantación?
A mi juicio es tan manifiesta la deshonestidad intelectual de muchos discursos que rechazan su utilidad,
cuando no descalifican su mera formulación con el argumento de inaplicable, que es útil desgranar
algunas de las ideas que subyacen a las opiniones en contra del ITF.
Más aún teniendo en cuenta que el 28 de septiembre de 2011, en cumplimiento de una votación anterior
del Parlamento Europeo, el Consejo elaboró una propuesta de Directiva relativa a un sistema común de
Impuesto sobre Transacciones Financieras (modificada el 9 de noviembre de 2011) que desmonta el
argumento de su dificultad técnica. A pesar de la insuficiencia de la propuesta de Directiva, su mera
existencia desplaza al terreno político la cuestión de la aplicabilidad del ITF. La madurez técnico-jurídica
de la propuesta es indudable, su madurez política dependerá de la capacidad de la ciudadanía de exigir un
cambio de agenda en las prioridades para afrontar la crisis. Sin olvidar que la profundidad y persistencia
del caos financiero actual hace imprescindible que los gobiernos europeos (y no solo europeos) actúen,
recuperando la iniciativa en el doble sentido de regular los mercados financieros y de posibilitar una
recaudación que no solo haga frente a importantes necesidades sociales y ambientales, sino que exija su
cuota a quienes han originado la actual crisis sistémica.
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Bajo el título de “La tasa Tobin no es la solución”, El País publicó en enero en su sección económica
dominical, la opinión de varios economistas y expertos que nos permiten glosar algunas ideas que han
calado en una ciudadanía bombardeada previamente por los ideologemas del ultraliberalismo económico.
El argumento menos consistente de los expuestos es el que afirma que “establecer un ITF del modo que se
está planteando no parece lo más adecuado en estos momentos”. Como hay que descartar que se esté
haciendo referencia a la conveniencia de haberlo implantado hace 10 años, lo que en realidad se dice es
que nunca será el momento y, en este sentido se habla, conscientemente o no, en nombre del lobby
financiero cuyos beneficios de origen especulativo se verían afectados por el ITF.
Más consistencia parece en principio que tienen quienes afirman que “al trasladarse al consumidor final se
convertiría simplemente en una mayor penalización por utilizar los servicios de la banca”. Se trata, en el
mejor de los casos, de una originalidad si lo que se quiere afirmar es que los particulares y empresas que
utilizan los servicios de banca comercial van a pagar por operaciones que en realidad no realizan ellos,
sino que son concertadas en los mercados entre intermediarios financieros. Más que un impuesto
indirecto, se trataría, según esta interpretación, de un nuevo y singular tipo de impuesto que podríamos
denominar “impuesto rebote” o, lo que sería inaceptable, un chantaje a la ciudadanía ante la amenaza que
supone el ITF de reducir los negocios especulativos.
“El establecimiento de forma unilateral en Europa generaría diferencias sustanciales con otras plazas
financieras y posibilidades de arbitraje que derivarían en una canalización de transacciones financieras
hacia otras localidades financieras, [con lo que habría] más distorsión”, afirman con contundencia quienes
se aferran a los modelos teóricos de la eficiencia en los mercados de capitales, como si el arbitraje no se
confundiera a menudo con la especulación a través de la negociación de alta frecuencia (high frecuency
trading, en inglés) y la raíz de casi todas las distorsiones no procediera de los propios mercados
financieros desregulados.
En la misma línea se dice que “Europa no puede de ningún modo adoptar la tasa unilateralmente, puesto
que distorsionaría los mercados internacionales y, además, crearía un incentivo para que inversores y
bancos se trasladen fuera de la Unión”. La deslocalización ya existe debido a los paraísos fiscales
(probablemente los mercados de capitales “más desarrollados”) y a la competencia fiscal entre Estados
fomentada por las grandes corporaciones globales. Además, como señala Frank Engel, ponente de la
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo: “Si su gravamen
condujera a la deslocalización de ciertos elementos del mercado de derivados, incluso en la categoría de la
negociación de alta frecuencia, tal deslocalización no sería perjudicial para el desarrollo del mercado
único europeo de capital”. No parece que se pueda encontrar mayor distorsión, salvo que solo se quiera
ver la paja en el ojo ajeno.
Para finalizar este corto recorrido por algunas opiniones de expertos expresadas en la prensa
especializada, una perla que desnuda con crudeza el trasfondo ideológico de muchas de ellas: “… Como
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siempre, la reflexión serena que sigue a los primeros impulsos acaba ratificando la lógica económica y
devolviendo la tasa al baúl de la buena conciencia social”. Confiar en que la búsqueda de la rentabilidad
financiera a corto plazo expresa la lógica económica y, lo que es más definitivo, que la lógica económica
tiene carta de naturaleza, es la otra cara de la reducción de lo social a una cuestión de (buena) conciencia,
clausurando cualquier debate con quienes defendemos una perspectiva social de los problemas
económicos.
Antes de exponer nuestra propuesta de un ITF en el marco del actual debate, resumiremos las premisas de
quienes se oponen a su implantación, con el fin de situar mejor el sentido de nuestra opinión.
El núcleo del argumento sería: la liquidez facilita la formación de los precios en torno a los equilibrios
económicos fundamentales garantizando la calidad de los precios de los activos, por lo que la asignación
eficiente de los recursos productivos se logra favoreciendo la libre circulación de capitales. Una buena
parte de las operaciones a corto plazo se utiliza para “distribuir” riesgos, y la aplicación del ITF no solo
aumentaría los costes de transacción en los mercados financieros, sino que sería fácil de eludir ya que los
bancos y las grandes corporaciones pueden sortearlo, en gran parte con la ayuda de prácticas financieras
cada vez más sofisticadas e ingeniosas.
Varias preguntas ponen en cuarentena todo el párrafo anterior: ¿Dónde está la liquidez hoy? ¿Por qué no
viene en nuestro auxilio para resolver los graves problemas económicos y sociales que sus excesos, vía
apalancamiento descontrolado y creación de activos financieros tóxicos, abonaron en las décadas pasadas
hasta implosionar en 2007? ¿Quién sabe delimitar cuándo un problema de liquidez se transforma en un
problema de solvencia cuando se trata de las finanzas, actividad que depende críticamente de la
confianza? ¿A qué regulación le pueden echar la culpa, cuando quienes deberían regular están dedicados
en exclusiva a salvar el negocio financiero? ¿Qué asignación eficiente es posible existiendo una
competencia desleal entre las Bolsas de Valores y las plataformas de negociación privadas? ¿A cuánto
ascienden los costes de la falta de supervisión de las prácticas financieras imprudentes? ¿Por qué llaman
prácticas financieras sofisticadas e ingeniosas a lo que no son sino ingeniería contable y financiera
tramposa?
Y en términos de corrupción del lenguaje, ¿Por qué se dice libertad cuando se quiere decir impunidad?
¿Desde cuándo se habla, contra toda evidencia, de distribuir riesgos, cuando se trata de un contagio?
Puede parecer de Perogrullo pero hay que hablar de lo evidente: el ITF es un impuesto. Quiere decir que
se trata de una herramienta de regulación, de redistribución y, en su caso, de sanción. Reivindica su papel
en la búsqueda de la justicia económica global, a través de su función tanto reguladora de la actividad
económica como redistributiva de recursos a nivel global. En la medida en que la estabilidad financiera y
la adecuada asignación de recursos financieros es un bien común global, el ITF internaliza externalidades
negativas y busca la corrección de fallos del mercado financiero; en este sentido se trata de un impuesto
pigouviano (con permiso de Ronald Coase y su teoría de los costes sociales).
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El ITF se dirige exclusivamente a las transacciones financieras, aquellas que suponen la compraventa de
activos financieros; no es un impuesto a las instituciones financieras sino a las operaciones financieras que
realizan. No es un impuesto a las inversiones financieras ya que no grava el patrimonio invertido en
activos financieros. Tampoco es un impuesto a los beneficios ya que no grava los rendimientos del capital
financiero. No es una tasa a los bancos. Es, en suma, un impuesto indirecto que pretende,
fundamentalmente, penalizar el vértigo especulativo.
Se excluyen, entre otras, las operaciones al contado, para no afectar a las transacciones particulares. Se
excluyen los préstamos interbancarios a corto plazo que dotan de liquidez al sistema en su conjunto y que
suponen enormes movimientos de dinero por razones coyunturales de desequilibrios bancarios. Se
excluyen las operaciones entre bancos centrales que se llevan a cabo en función de las respectivas
políticas monetarias.3 Por el momento, no es posible incluir instrumentos financieros negociados entre
dos partes en mercados extrabursátiles y over the counter (OTC), que se realizan sin vigilancia y
supervisión. Es una tarea urgente que estas operaciones se registren a través de Cámaras de Compensación
y un avance importante, tras implantarse el ITF sería la definición de una figura delictiva fiscal que
permita perseguir estas prácticas en tanto que estarían evadiendo un impuesto.
Las propuestas del tipo impositivo varían significativamente entre quienes proponen el ITF, aunque su
insignificancia en cuanto a porcentaje (van desde el 0,01 por cien para los derivados propuesto por el
Consejo hasta el 0,5 por cien de la propuesta inicial de Attac) se explica por el enorme volumen de
operaciones que se realiza en la actualidad en los mercados financieros, lo que permitiría una gran
recaudación y, en segundo lugar, por el objetivo expreso de no penalizar aquellas operaciones que
posibilitan directamente la financiación de actividades productivas y del consumo e inversión de los
particulares.4 El ITF penaliza la repetición de operaciones financieras que son característica de los
movimientos especulativos a corto plazo, sin incidir prácticamente en operaciones puntuales.5 El tipo
impositivo que se establezca debería estar sujeto a revisión trianual y podría subir excepcionalmente para
neutralizar ataques especulativos a monedas.
Llegamos así a dos cuestiones que preocupan con razón a quienes enfocan el ITF desde el pragmatismo de
la actual estructura institucional mundial, desconfiando de los organismos internacionales que en la
actualidad gestionan los asuntos mundiales: ¿Quién y cómo se recauda el impuesto? Y, más importante si
cabe: ¿a qué se destina?
Este juego de preguntas tiene el enorme valor de colocar en primer plano la cuestión del gobierno mundial
y de las estrategias que, desde hace décadas, se están desarrollando para su constitución. A la propuesta de
una “gobernanza” global que pivote sobre las grandes corporaciones globales, los fondos financieros
globales y las instituciones globales independientes del escrutinio y control político asignando a los
Estados nacionales un papel cada vez más subsidiario y residual, la implantación del ITF sitúa un
impuesto en la base de la gestión democrática de los asuntos globales. Quizá aquí está una de las claves
del rechazo a su implantación: la deliberación democrática sobre quién recauda el impuesto, cómo y para
qué, desvela un atisbo de proceso constituyente global frente al hecho que se nos quiere vender como
inevitable de las finanzas constituidas como única posibilidad de gobierno global.
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Aún así y de inmediato, como las transacciones financieras que se verían sometidas al impuesto transitan a
través de pocos carriles, el uso reformulado de las actuales Cámaras de Compensación privadas, de las
Bolsas de Valores y la intervención en asuntos fiscales de los bancos centrales permitiría cobrar el ITF,
trasladando su recaudación a un organismo dependiente directamente de las Naciones Unidas.6 Esto
requiere un alto grado de coordinación y cooperación impositiva, al tiempo que una mayor armonización e
integración fiscal.
La propuesta original de Attac planteaba que los fondos recaudados debían dedicarse a la lucha contra la
pobreza, la prevención del cambio climático y el impulso de una economía sostenible, la erradicación de
enfermedades como la tuberculosis y la malaria, la lucha contra el sida y otras prioridades que se deben
definir mediante procesos de consulta a las organizaciones sociales y de deliberación política
democrática7. El desarrollo de la crisis en Europa plantea la necesidad de debatir acerca de la
conveniencia de que una parte de lo recaudado inicialmente se utilice para restituir a los contribuyentes
europeos parte de la aportación que sus gobiernos les han exigido para salvar a la banca a costa de los
servicios públicos y el empleo, no siendo admisible que se pretenda aplicar estos fondos al salvamento
futuro de los bancos.
En estos últimos meses diversos dirigentes y gobernantes han planteado la aplicación de alguna variante
del ITF. Descontando la indudable demagogia que subyace a varias propuestas presentadas en plenas
campañas electorales o en momentos críticos de la crisis, es muy útil que se sitúe en el debate público la
posibilidad real de implantar el ITF. Este es posible; que sea probable es una tarea política urgente. Su
aplicación a nivel nacional (como sugiere Nicolas Sarkozy para Francia) puede servir como aldabonazo,
pero es la zona euro el ámbito mínimo de aplicación, y para que sea eficaz en los términos planteados por
nuestra propuesta debería aplicarse a toda la Unión Europea.
En todo caso, el ITF es parte de la solución, pero no es la solución definitiva. Para que sea una
herramienta que permita, además, combatir la especulación financiera mediante la reducción de las
transacciones a cortísimo plazo y la consiguiente reducción de la volatilidad de los precios de los activos a
largo plazo, debe estar acompañada de un bloque de medidas que, en conjunto, coloquen las finanzas
globales al servicio de la actividad productiva de bienes y servicios que satisfagan las necesidades
humanas:
– Prohibición de negociar con derivados en mercados de materias primas y energéticas que requieren de
cobertura pero no de la especulación a corto plazo.
– Separación entre la banca comercial y la banca de inversión para garantizar los ahorros de los
particulares y gestionar adecuadamente los créditos a particulares y empresas.
– Modificación del papel y autonomía del BCE para que intervenga directamente en las políticas de
creación de empleo y deba rendir cuentas a la ciudadanía europea.
– Limitar el apalancamiento financiero para reconducir el excesivo endeudamiento que está en la base de
la crisis financiera.
– Regulación de la banca en la sombra y supresión de los paraísos fiscales externos e internos.
– Mayor progresividad fiscal y equiparación de los tipos impositivos a los rendimientos del capital y del
trabajo.
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– Creación de una banca pública nacional. En el caso español, utilizando la base que existe en la
participación estatal en el salvamento de las cajas de ahorros, replanteando su funcionamiento para que
sea transparente y rinda cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.
– Penalización de las “megasueldos” a los gestores financieros que, además de injustos, han contribuido a
crear incentivos perversos en el comportamiento gerencial de empresas que han recibido beneficios
fiscales.
– Garantizar servicios públicos universales y de calidad que sean financiados con la recaudación fiscal y
no con el crédito.
– Armonización fiscal que impida la elusión de impuestos por parte de las grandes corporaciones que
deslocalizan sus domicilios fiscales y su negocio por internet.
– Defensa del sistema público de pensiones como instrumento de cohesión y justicia social.
Esta enumeración no exhaustiva de propuestas quiere arropar la implantación del ITF en la línea que
impulsa Attac: recuperar la gestión de los asuntos económicos de las manos de los intereses financieros y,
lo que es cada vez más acuciante, impedir que las finanzas nos gobiernen suplantando las relaciones
sociales y políticas por unas relaciones financieras totalizadoras, peligrosa antesala de un nuevo
totalitarismo tecnocrático.
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