España ha incumplido con sus obligaciones de reducir el déficit fiscal. La reducción llevada a cabo ha sido desigual.

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INSOBORNABLE DEFICIT FISCAL.
Manfred Nolte
El ejercicio económico de 2015 ha contado para la economía española con
importantes elementos positivos y también con algunas sombras desafiantes.
Una de estas últimas se refiere al déficit fiscal que afecta automáticamente al
volumen del endeudamiento público. El dato del déficit presupuestario
correspondiente al pasado curso es ya prácticamente definitivo: un 5% del PIB.
La referida tasa supone una desviación sobre presupuestos muy superior a la
planificada, confirmando el tono expansivo de la política fiscal del periodo.
Bien es verdad que el desequilibrio del conjunto de las administraciones
públicas, es decir, del Estado, de los organismos de la Administración central,
de las comunidades autónomas, de las Corporaciones locales y de la Seguridad
Social se redujo en 0,9 puntos en relación a 2014, quedando en unos 54.155
millones de euros, siempre por encima del 4,2% apalabrado con Bruselas. Pero
lo ha hecho de modo insuficiente y al margen de la inercia de la coyuntura. La
notable recuperación de la demanda, la significativa disminución del coste de
financiación de la deuda y las menores prestaciones de desempleo han
contribuida ellas solas a reducir el déficit como efecto directo en 1,9 puntos de
PIB. Quiere esto decir que la expansión fiscal en otros capítulos presupuestarios
ha sido del orden de un punto porcentual de PIB. Entre los principales se
pueden citar la rebaja del IRPF, la devolución de la paga extraordinaria retenida
a los funcionarios públicos en 2012 y otras operaciones no recurrentes que
tienen relación con contratos de colaboración público-privada o el coste de
adquisición de vacunas para la Hepatitis C.
Básicamente las responsables han sido las cuentas de las Comunidades
autónomas y de la Seguridad social. En 2015 el conjunto de las Comunidades
autónomas registraron un déficit del 1,66 % del PIB, casi un 1% por encima del
0,7 % comprometido con Bruselas. En el caso de la Seguridad social la
desviación ha sido de un 0,3% del PIB sobre sus previsiones, aunque el

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problema de las pensiones sea otro, y ya, de naturaleza crítica.
El tema del déficit es espinoso ya que contempla aspectos más contradictorios
que complementarios. En un mundo idílico irreal sería interesante tener un
déficit sustancial y permanente que nos fuera financiado por los diversos
agentes económicos públicos y privados, nacionales e internacionales,
permitiendo a los residentes en España compensar, sine die, con deuda, el
exceso del gasto fiscal sobre los ingresos impositivos. No sé si tal situación
contribuiría a fomentar la productividad de los factores y la competitividad del
País. Más bien pienso todo lo contrario. Pero en cualquier caso estamos
planteando un ejercicio de ciencia ficción. Si una economía lograra instalarse en
la utopía descrita sería inmediatamente copiado por todos los demás, lo que
llevaría a la extinción del absurdo narrado. Pero además somos socios de un
Club de países desarrollados y hemos firmado un pacto fiscal anclado en la regla
de oro de la contención del déficit. Un tres por ciento del PIB como máximo y
preferiblemente un guarismo menor.
La lógica, de una parte y el cumplimiento del estatuto europeo de otra, nos
llevan sin alternativa a la reducción del déficit. Otro tema es como se lleva a
cabo el acercamiento entre la cifra de ingresos y de gastos presupuestarios.
Conviene recordar cual ha sido y de qué naturaleza el esfuerzo de reconciliación
de la brecha fiscal. No es lo mismo analizar la evolución de la legislatura popular
(2011-2015) que realizar una reflexión más global comparando la situación
actual con el ejercicio de 2008, año del estallido de la crisis. En este año el
presupuesto fiscal era ligeramente superavitario y ambas magnitudes, ingresos

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y gastos se situaban en torno al 39% del PIB. Entre 2007 y 2009 y como efecto
de la gran crisis padecida los ingresos fiscales caen seis puntos porcentuales del
PIB, unos 60.000 millones de euros. Las correspondientes políticas anticíclicas
de expansión fiscal llevaron los gastos hasta el 46% del PIB, siete puntos de PIB,
en análogo periodo: 70.000 millones de euros. El bache fiscal se elevó en
consecuencia al 11% del PIB aproximadamente.
Entre 2009 y 2015 el déficit se ha enjugado en seis puntos porcentuales de PIB,
hasta el 5%. La distribución del ajuste se ha realizado con un aumento de
impuestos del 3% y una disminución de gastos del 2% de nuestro PIB. Si
queremos referirnos en exclusiva a la última legislatura, entre 2011 y 2015 los
gastos públicos, excluidas las transferencias puntuales a entidades financieras
consecuencia de la reforma del sistema bancario , han disminuido en 16.000
millones de euros, mientras que los ingresos aumentaron en 25.000 millones,
un 54,1% más que la disminución de los gastos. Es evidente que tanto los gastos
como los ingresos han ayudado a rebajar el déficit público, pero hay que señalar
que el esfuerzo mayor ha venido por el lado de los impuestos. En otras palabras:
el peso del ajuste ha recaído básicamente en los contribuyentes en mayor
medida que en los beneficiarios de los programas sociales públicos. Un año
electoral como 2015 se tenía que distinguir por una mayor flexibilidad y así ha
sido. El déficit se ha reducido solamente en 6.000 millones de euros a pesar de
que los ingresos han crecido en 13.500 millones, porque los gastos, a su vez, no
han disminuido sino que han crecido en 7.200 millones de euros.
Si contemplamos el ajuste a lo largo de los nueve últimos años, hemos
conseguido igualar el gasto publico per capital real del que disfrutábamos en
2007. Y a pesar de los recortes infringidos transitoriamente en las grandes
rubricas sociales , a finales de 2015 todas las grandes partidas presupuestarias
como son Sanidad, Educación y mucho más en el caso de las Pensiones están
por encima de los niveles anteriores a la crisis. Los grandes recortes se han
consolidado en otros ámbitos de menor incidencia social, destacando en
especial el colapso sufrido por la inversión publica.
Es menester continuar con el ajuste fiscal aunque alguna flexibilidad (¿la
enésima?) nos pueda ser acordada por Bruselas. Ante el enfado de la Comisión
europea por nuestros endebles resultados, el ministro en funciones se ha
apresurado a llamar a capítulo a las Comunidades autónomas activando
competencias nunca utilizadas en la complejo régimen de financiación de las
mismas. Se habla de una rebelión en las Comunidades que, sin duda, habrá de
ser reconducida a través de la maduración del razonamiento. Tal vez el cuerpo
doctrinal entero que rige la financiación de estos Entes descentralizados deba
ser rediseñado y modernizado desde el realismo y el consenso. El 8 de abril
pasado Montoro anunciaba la constitución de un Comité de expertos que siente
las bases de un futuro modelo de financiación. Salvando los regímenes forales
uno tiene la impresión de que la descentralización española es cara, clientelar,
anárquica, descontrolada y poco productiva. Y tampoco cabe olvidar los océanos
de economía sumergida que habría que reducir y finalmente desecar. Todo ello
cabe, bien entendido, en la iniciativa de una profunda reforma fiscal, que
incluya el futuro de las pensiones y de la seguridad social.
Pero, en economía de mercado, hay que ir al corazón del problema. Si España

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fuese capaz de reducir permanentemente, hasta erradicarla, su tasa de
desempleo estructural (entre 12 y 18 puntos) hasta acercarla a los niveles de los
países más avanzados, dispondríamos de al menos 10 puntos adicionales de PIB
de forma permanente para políticas fiscales, ya sean de aumento de gasto o de
recorte de impuestos. Para ello –y lo hemos repetido sin descanso- es preciso
acometer una gigantesca revolución cultural, sabiendo que a medio plazo los
dividendos serán del ciento por uno.
18.04.16.