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Publicación del Consejo Andaluz de IULV-CA   www.iuandalucia.org   Septiembre, 2012   Número 56

BANCO MALO (Y VALGA LA REDUNDANCIA)

                                                      La Consejera de Fomento y Vivienda lo
                                                      tiene claro. Elena Cortés, compañera
                                                      de Izquierda Unida en el gobierno
                                                      andaluz, considera que sacar el stock
                                                      de pisos de los balances para tapar las
                                                      vergüenzas de la banca y satisfacer a
                                                      sus acreedores no es la solución. Sacar
                                                      el stock de pisos en alquiler social
                                                      barato sí puede serlo. Eso sí sería un
                                                      banco bueno, ahí sí podríamos decir
                                                      que merece la pena hacer un esfuerzo
con dinero público. Cortés ha reclamado al Gobierno que exprima sus competencias para
garantizar el derecho a techo, poniendo en marcha una política de vivienda que pueda
convertirse además en un motor de empleo y actividad económica sostenible.

¿Será capaz el PP de votar en contra de la ILP de la dación en pago después de esto? La
Consejera le ha reclamado igualmente al Gobierno que se comprometa ya a votar a favor, por
decencia y dignidad política, por respeto a la ciudadanía.

El Gobierno debe contemplar otros usos para todo ese suelo distintos a su regreso al mercado.
Por este camino el Gobierno apuesta por mantener artificialmente alto el precio de la vivienda.
Es una agresión brutal al derecho a la vivienda, a los sufridores de la crisis, a los desempleados
con problemas para pagar su hipoteca, a los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, a
las familias en riesgo de desahucio... Tras el desahucio exprés para el alquiler, el Gobierno
sigue en la senda del castigo a las víctimas de la crisis.

El Gobierno ve el de la vivienda sólo como un problema contable. Viendo los recursos policiales
que dispone para realizar algunos desahucios, lo ve en todo caso como un problema policial.
Pero no lo ve como lo que es, un problema social. Lo que ocurre es que proteger el derecho a la
vivienda es la última de sus prioridades. Sólo
protege los intereses de los acreedores
extranjeros de la banca española.

Ahora que se supone que el Gobierno va a
extremar el control de la banca tiene la gran
oportunidad de exigirle la dación en pago y el
alquiler    social.   El     Gobierno    está
desaprovechando      una     tras   otra   las
oportunidades de embridar a la banca. Ahora
convierte la deuda privada en pública sin
ninguna contrapartida.


                                                                                             @iuandalucia
En la Consejería de Fomento y Vivienda
                                                        sí han establecido un diálogo exigente
                                                        con la banca. Por ejemplo, se le ha
                                                        reclamado que entreguen al registro
                                                        municipal     de    demandantes     las
                                                        viviendas    protegidas    embargadas,
                                                        advirtiéndoles que se exponen a
                                                        sanciones si no lo hacen. Es la prueba
                                                        de que hay vías para poner coto a las
                                                        prácticas antisociales del sector
                                                        financiero. Pero hace falta compromiso
                                                        político.

                                                          El Estado se convierte de facto en
                                                          propietario de la mayor inmobiliaria de
España. ¿No es obvio que en una situación en la que decenas de miles de familias están siendo
desahuciadas eso es una oportunidad? Pero la preocupación del Gobierno no parece estar en
las víctimas de la crisis, sino en los acreedores extranjeros de los maltrechos bancos españoles.
Los ciudadanos valemos sólo como pagadores.

El banco malo supone exponer dinero público a la decisión de inversores privados, puesto que
los inversores privados serán los que tomen las decisiones. El Gobierno demuestra no haber
aprendido nada por el camino. Asume unas viviendas comprándolas muy por encima de su valor
y se pone la tarea de recuperar algún día la inversión. ¿Acaso desea que se produzca una nueva
burbuja? Es posible.

Este pésimo banco creado con nuestro dinero servirá para que los activos sanos mantengan su
precio. El Gobierno y los bancos se alían para evitar una caída de los precios usando el dinero
de todos los contribuyentes. Pero que no se confundan. La lucha aumenta en la calle.




                                                                             Corrala “La Alegría”


2                                                                                      @iuandalucía

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  • 1. Publicación del Consejo Andaluz de IULV-CA www.iuandalucia.org Septiembre, 2012 Número 56 BANCO MALO (Y VALGA LA REDUNDANCIA) La Consejera de Fomento y Vivienda lo tiene claro. Elena Cortés, compañera de Izquierda Unida en el gobierno andaluz, considera que sacar el stock de pisos de los balances para tapar las vergüenzas de la banca y satisfacer a sus acreedores no es la solución. Sacar el stock de pisos en alquiler social barato sí puede serlo. Eso sí sería un banco bueno, ahí sí podríamos decir que merece la pena hacer un esfuerzo con dinero público. Cortés ha reclamado al Gobierno que exprima sus competencias para garantizar el derecho a techo, poniendo en marcha una política de vivienda que pueda convertirse además en un motor de empleo y actividad económica sostenible. ¿Será capaz el PP de votar en contra de la ILP de la dación en pago después de esto? La Consejera le ha reclamado igualmente al Gobierno que se comprometa ya a votar a favor, por decencia y dignidad política, por respeto a la ciudadanía. El Gobierno debe contemplar otros usos para todo ese suelo distintos a su regreso al mercado. Por este camino el Gobierno apuesta por mantener artificialmente alto el precio de la vivienda. Es una agresión brutal al derecho a la vivienda, a los sufridores de la crisis, a los desempleados con problemas para pagar su hipoteca, a los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, a las familias en riesgo de desahucio... Tras el desahucio exprés para el alquiler, el Gobierno sigue en la senda del castigo a las víctimas de la crisis. El Gobierno ve el de la vivienda sólo como un problema contable. Viendo los recursos policiales que dispone para realizar algunos desahucios, lo ve en todo caso como un problema policial. Pero no lo ve como lo que es, un problema social. Lo que ocurre es que proteger el derecho a la vivienda es la última de sus prioridades. Sólo protege los intereses de los acreedores extranjeros de la banca española. Ahora que se supone que el Gobierno va a extremar el control de la banca tiene la gran oportunidad de exigirle la dación en pago y el alquiler social. El Gobierno está desaprovechando una tras otra las oportunidades de embridar a la banca. Ahora convierte la deuda privada en pública sin ninguna contrapartida. @iuandalucia
  • 2. En la Consejería de Fomento y Vivienda sí han establecido un diálogo exigente con la banca. Por ejemplo, se le ha reclamado que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas, advirtiéndoles que se exponen a sanciones si no lo hacen. Es la prueba de que hay vías para poner coto a las prácticas antisociales del sector financiero. Pero hace falta compromiso político. El Estado se convierte de facto en propietario de la mayor inmobiliaria de España. ¿No es obvio que en una situación en la que decenas de miles de familias están siendo desahuciadas eso es una oportunidad? Pero la preocupación del Gobierno no parece estar en las víctimas de la crisis, sino en los acreedores extranjeros de los maltrechos bancos españoles. Los ciudadanos valemos sólo como pagadores. El banco malo supone exponer dinero público a la decisión de inversores privados, puesto que los inversores privados serán los que tomen las decisiones. El Gobierno demuestra no haber aprendido nada por el camino. Asume unas viviendas comprándolas muy por encima de su valor y se pone la tarea de recuperar algún día la inversión. ¿Acaso desea que se produzca una nueva burbuja? Es posible. Este pésimo banco creado con nuestro dinero servirá para que los activos sanos mantengan su precio. El Gobierno y los bancos se alían para evitar una caída de los precios usando el dinero de todos los contribuyentes. Pero que no se confundan. La lucha aumenta en la calle. Corrala “La Alegría” 2 @iuandalucía